Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

Economía de Colombia

REFLEXIONES SOBRE DERECHOS HUMANOS, MEMORIA Y CALIDAD DE VIDA. UNA APROXIMACIÓN AL CASO COLOMBIANO

José Leopoldo Montesino Jerez (CV)
poloporo@gmail.com
 

Introducción

El tema de los derechos humanos corresponde a una materia extremadamente amplia y que ha cobrado una importancia cada vez más relevante en el desarrollo económico y social de cualquier sociedad. El fenómeno de la globalización como tantas veces se ha comentado, ha puesto en el tapete de la discusión los avances y retrocesos, las alegrías y las penas, la cultura y la tragedia que ha ocurrido y sigue ocurriendo en distintas partes del mundo.

En la actualidad, los pueblos de uno u otro lugar del mundo saben lo que acontece en otras partes y muchos grupos sociales no permanecen impávidos ante las crudas realidades de otras partes del mundo. Esto quizás explique al menos en parte el interés por los derechos humanos e incluso derechos de los animales de manera cada vez más creciente. En otras palabras, aunque muchas personas y países tienen altos estándares de vida y tienen la opción de vivir con tranquilidad su cotidianeidad, no aceptan los sufrimientos ni ven con buenos ojos las desdichas de seres humanos semejantes aunque vivan en lugares lejanos.

En las noticias matinales, antes de comenzar a escribir estas líneas, escuchaba que Estados Unidos llevaba ya cuatro años ocupando el territorio iraquí, zona en que en dicho lapso habrían muerto unas 650 mil personas, producto de la invasión y la guerra civil interna. La cantidad de conflictos y situaciones de inseguridad en que viven grandes grupos de personas es un problema real y vivo hoy en día.

En verdad no sólo se trata de una situación humanitaria, de derecho a la vida, o de derechos humanos como también podríamos denominar, sino también un problema de dignidad, de vergüenza del resto de los países que viven sus realidades tan alejadas de estos problemas y que podrían colaborar a solucionar estas crisis. En otras palabras, en mi opinión es un problema de calidad de vida, en último término, que no ha sido atendido como se merece.

En este trabajo me propongo examinar los antecedentes básicos de los problemas de derechos humanos que han vivido una sociedad latinoamericana importante como es Colombia, respecto a la evolución de los temas de derechos humanos, memoria y calidad de vida, en particular en lo tocante a la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI de la era Cristiana.

Me permito adelantar la hipótesis de que, si bien históricamente los derechos humanos y el rescate de la memoria no parecen haber ocupado un lugar central dentro de las prioridades políticas, sociales o económicas de Colombia, más recientemente algunos académicos y autoridades han aumentado el interés por conocer y avanzar en la solución de problemas relacionados con la ciudadanía víctima de la violencia. Como corolario se establece que la preocupación por los derechos humanos y la memoria histórica están pasando desde un terreno inicialmente político a uno más bien técnico y preocupado de otorgar una mayor calidad de vida a la población afectada.

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Montesino Jerez, J.L.: “Reflexiones sobre derechos humanos, memoria y calidad de vida. Una aproximación al caso colombiano" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 97, 2008. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/co/

En esta parte del trabajo revisaré los conceptos de derechos humanos, memoria y calidad de vida a la luz de algunas investigaciones recientes. Sobre el primero de los términos indicados se han escrito bastante en estos últimos años, no obstante que ya se hablaba de derechos humanos a partir de la declaración de los derechos del hombre en la época de la Revolución Francesa.

Derechos Humanos

La profesora Magdalena Aguilar ha descrito la evolución del concepto de derechos humanos en tres enfoques, uno de los cuales denomina “historicista”, otro está fundamentado en la idea de “jerarquía” y un tercero es conocido como el de las “tres generaciones”. En este último se establecen las categorías indicadas en el Cuadro Nº 1.

Primera Generación surge en la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. Se encuentra integrada por los denominados derechos civiles y políticos. Imponen al Estado respetar siempre los Derechos Fundamentales del ser humano (a la vida, la libertad, la igualdad, etc.)Segunda GeneraciónLa constituyen los derechos de tipo colectivo, los Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Surgen como resultado de la Revolución Industrial. En México la Constitución de 1917 incluyó los Derechos Sociales por primera vez en el mundo. Constituyen una obligación de hacer del Estado y son de satisfacción progresiva de acuerdo a las posibilidades económicas del mismo.Tercera GeneraciónSe forma por los llamados Derechos de los Pueblos o Solidaridad. Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como los distintos grupos que las integran.Fuente: MAGDALENA AGUILAR, (s/a: 93).

El cuadro anterior nos permite comprender que la concepción misma de derechos humanos ha ido evolucionando en el tiempo y a través de los años, producto de la realidad y del grado civilizador de cada época. La denominada Declaración Universal de los Derechos Humanos, por otra parte, fue adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948, en un acto considerado histórico. En la ocasión la Asamblea solicitó a los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios".

La Declaración en sí consta de un total de 30 artículos, todos relevantes, pero que no es posible detallar aquí. Sin embargo, creo conveniente recordar algunos pues orientan hacia la comprensión del sentido moderno de los derechos humanos. En el Cuadro Nº 2 se incluye una selección de ellos:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Nº 21. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Nº 3Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nº 4Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Nº 5Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nº 7Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Nº 9Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Nº 131. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Nº 161. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Nº 171. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Nº 18Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Nº 19Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Continúa -->

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Nº 22Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Nº 231. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Nº 251. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. Nº 261. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Fuente: Véanse: (a) RICHARD JOLLY; SAKIKO FUKUDA-PARR; MAR MALLOCH BROWN et al, (2000: 14-15) o bien en (b) S/A, 50 Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, en el sitio de Internet http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm, 1998.

Los antecedentes antes expuestos amplían la mirada de los derechos humanos a los acontecimientos que ocurren en nuestro tiempo. Es indudable que todos ellos apuntan hacia un sentido civilizador de la humanidad y, de un rápido vistazo, vemos que lo hacen directamente en contra de situaciones conflictivas, de carácter bélico en general, ya sea por guerras ideológicas y civiles, o guerras más conocidas como de tipo convencional, en que se enfrentan dos ejército regulares en campos de batalla alejados de las ciudades.

Es fácil percatarse además, de la lectura de los artículos incluidos en el Cuadro Nº 2, que los derechos humanos tocan temas no relacionados con la guerra necesariamente pero de alta sensibilidad social. Uno de estos temas aún vigente y de compleja solución en el mundo es el Nº 4 que establece como inaceptable la esclavitud o formas de explotación similares. Hace unos años, específicamente en septiembre del 2003, una de las revistas de mayor prestigio en el mundo como es el “National Geographic”, ahora afortunadamente también en español, titulaba su edición con la frase: “Esclavos 27 millones ocultos a plena vista”. El reportaje es ciertamente bastante fuerte y no deja de sorprender, al tratar sobre millones de personas que en todo el mundo son compradas, vendidas, mantenidas en cautiverio, maltratadas y explotadas con fines económicos. No puedo ahondar en los detalles de esta referencia, pues me aleja del tema central en desarrollo, pero puedo asegurar que fotos como las de un niño de 4 ó 5 años trabajando en un sucio taller mecánico de automóviles conmueven a cualquiera.

La actualidad de esta faceta de los derechos humanos lo confirman otros dos artículos más recientes. El primero de ellos se refiere a la presencia de miles de indocumentados que viven en condiciones miserables en Buenos Aires y Sao Paulo, en particular bolivianos, que trabajan en talleres ilegales cosiendo prendas de vestir desde las 7:00 A.M. y hasta las 2:00 A.M. del día siguiente (unas 20 horas diarias), siempre en el mismo lugar, sin ver la luz solar y casi sin salir del edificio, a menos que se enfermen de gravedad.

En el segundo se informa de que, a pesar de que la esclavitud es ilegal en todos los países del mundo, la historia de una mujer nigeriana llamada Sara que entre los 12 y 18 años se vio obligada a trabajar en condiciones de esclavitud para una familia de inmigrantes de su propia nacionalidad, en la ciudad de Londres, refleja la existencia de esta terrible realidad escondida. En este último reportaje se anotan algunas cifras: entre 600.000 y 800.00 personas son objeto de tráfico humano cada año; el 80% de ellos son mujeres y niños; el tráfico de mujeres para fines sexuales mueve anualmente US $ 6 mil millones en todo el mundo.

El cuadro Nº 2, por otra parte, nos revela otra faceta de los derechos humanos y que nos aproxima al concepto de calidad de vida. Los derechos estipulados en la declaración que dicen relación con asuntos como trato degradante (Artículo Nº 5), a la protección contra toda clase de discriminación (Artículo Nº 7) y el respeto por la propiedad individual o colectiva (Artículo Nº 17), entre otros, coinciden totalmente con temas que son propios del ámbito de la calidad de vida de las personas.

Esta ampliación de la concepción de los derechos humanos no está exenta de dificultades practicas y ética lo que causa polémica, por ejemplo, en materias que afectan la vida de las mujeres o del bebé por nacer. Me refiero al caso de los derechos humanos y el aborto. La agrupación Human Rights Watch mantiene una posición preferente en defensa de la integridad de las mujeres y, por tanto, a favor del aborto:

“El acceso a un aborto seguro y legal puede salvar la vida y facilitar la igualdad de las mujeres. Las decisiones de mujeres en materia de aborto no tiene que ver solamente con sus cuerpos en términos abstractos, sino que, en términos más amplios, se encuentran relacionadas con sus derechos humanos inherentes a su condición de persona, a su dignidad y su privacidad. Los obstáculos existentes para este tipo de decisiones en América Latina interfieren con la capacidad de las mujeres de ejercer sus derechos, dando lugar a prácticas clandestinas e inseguras que constituyen una de las principales causas de mortalidad materna en gran parte de la región”.

Es indudable que este tema es tremendamente delicado pues si bien la legalización evitaría el aborto clandestino, queda pendiente el reconocimiento de la validez ética de un acto en el cual la vida de la mujer no está en juego y en que la razón de fondo es un embarazo no deseado por razones económicas o sociológicas. La televisión también ha mostrado imágenes que impactan a la opinión pública por su crudeza y en las cuales aparece un feto que trata de evitar las tenazas que lo extirparán del vientre de su madre y aferrándose a la vida hasta el último instante.

En otro ámbito del concepto, la profesora Isabel Piper ha destacado los derechos humanos en un contexto conflictivo del Chile posterior al golpe militar del año 1973. En este caso se refiere a como atender la situación traumática de aquellos quienes fueron víctimas de derechos humanos. Citando a Agger y Jensen identifica un modelo chileno del trato requerido para resolver, desde el punto de vista psicológico, el daño infringido. Interpretando este modelo, diríamos que se centra en atender o mejorar los derechos humanos de las víctimas después de haber sido transgredidos sus derechos humanos por una situación de conflictiva determinada. Este enfoque que llegaría a llamarse de “diagnóstico situacional”, fue desarrollado por el Instituto de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS), difiere de los tradicionales al aislar el acontecimiento político que lo rodea.

Memoria

La idea de memoria también tiene varias acepciones. El término suele ser utilizado de distintos modos y con fines diversos, según la materia en cuestión. En el lenguaje cotidiano se suelen escuchar expresiones como: “memoria de elefante” (alguien con mucha capacidad de recuerdo); “memoria RAM” ó “memoria del disco duro” (capacidades de almacenamiento en los ordenadores); “aprender de memoria” (leer un texto y recordarlo en detalle pero sin entenderlo necesariamente); “escribir mis memorias” (redactar una autobiografía), etc.

El concepto de memoria asociado a temas de derechos humanos, sin embargo, alcanza otros significados. El término se ha constituido en un elemento de articulación entre las desgracias sufridas por víctimas de acontecimientos sociales conflictivos y la necesidad de recuperación de condiciones de salud física y mental. Como la profesora Isabel Piper ha señalado, la Psicología ha ocupado esta palabra para referirse a una experiencia del pasado que puede ser revivida (una buena memoria que permite recuperar lo ocurrido) o que puede desvanecerse (una mala memoria que desemboca en el olvido).

La comprensión del fenómeno de la memoria ha obligado además a definir otras acepciones como: memoria social, cuando algún evento es recordado por gran parte de la población, por ejemplo un terremoto; memoria histórica, que enfatiza un contenido relacionado con la Historia; memoria colectiva, cuando un grupo o conjunto de personas recuerda acontecimientos que le son comunes.

La terminología aún parece plantear algunas dificultades en el actual estado de la discusión teórica. En un esfuerzo por comprender y relacionar los derechos humanos con la idea de memoria, es que un grupo de discusión encabezado por Isabel Piper se ha planteado un diálogo en este sentido:

“Sol: Yo me pregunto cuál es el nexo entre memoria y derechos humanos. ¿Es simplemente conceptual?, La memoria en sí puede ser memoria de cualquier cosa, o de cualquier acontecimiento histórico, puede ser individual y puede ser colectiva. Los derechos humanos suelen ser vistos en sus violaciones, y en el contexto de América Latina eso se une a la memoria de manera natural.”

“Isabel: He pensado bastante en esta relación y no creo que sea una relación natural, tampoco aquí en América Latina. Pienso que el tema de la memoria, o de la memoria colectiva, o de la memoria histórica, como la llaman en algunos lugares, se ha ido instalando en las discusiones de las ciencias sociales latinoamericanas a propósito de los acuerdos de paz y las transiciones a la democracia. La existencia de conflictos violentos, de guerras civiles y/o de dictaduras militares ha sido común a las distintas sociedades latinoamericanas, y hay un cierto acuerdo en que la violencia ha tenido un impacto importante sobre el cual es necesario reflexionar, conceptualizar e intervenir”.

Además de los conceptos anteriores, la literatura incluye otros relacionados con los temas que nos preocupan y que también presentan algunas dificultades necesarias de aclarar, como por ejemplo los de recuerdo y olvido. Si bien estas palabras parecen como dos antónimos o, simplemente, como contrapuestas, en el ámbito de los acontecimientos conflictivos y en un contexto de violaciones a los derechos humanos su significado suele asociarse a la idea de “quedarse en el pasado” o, por el contrario “dar vuelta la página” y seguir mirando al futuro.

El punto anterior, en mi opinión, cobra relevancia desde el punto de vista de la calidad de vida que una persona agobiada por violaciones de derechos humanos ocurridos en el pasado pueda alcanzar. Por un lado, y desde el punto de vista psicológico tal vez sea bueno recordar, rememorar o aclarar lo acontecido. En otras palabras sincerar el pasado si bien nunca conseguirá recuperar el afecto de seres que se han ido, al menos podrá cicatrizar, -y reitero es una opinión personal-, parte de las heridas sufridas.

El recordar y aclarar el pasado ha sido la posición invariable, en el caso chileno, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos:

“EL conocimiento de la verdad es indispensable para fortalecer la conciencia nacional en el respeto de los derechos humanos. La reconstrucción de la memoria histórica, al permitir identificar y condenar pública y masivamente los factores responsables de las violaciones, constituye un valioso elemento pedagógico para la formación de un juicio histórico sobre el sentido y alcance de los atropellos y para el desarrollo de una conciencia ciudadana alerta y vigilante frente a la reaparición de gérmenes contrarios a los valores de los derechos humanos. La verdad es un acto básico de reconocimiento de los hechos e implica socializar una historia vivida pero no reconocida en toda su dimensión. Necesitamos construir una memoria colectiva que eduque a las futuras generaciones en valores tales que impidan que la fuerza triunfe sobre la razón, que el crimen sobre la vida, que la mentira sobre la verdad, que la impunidad sobre la justicia, la verdad debe constituirse en una de las fuerzas que guíe la conducta de la sociedad”.

La conducta y aspiración de varias mujeres que debieron enfrentar la pérdida de seres queridos con motivo del golpe militar de 1973 en Chile parece haber sido siempre la misma: la de no olvidar lo sucedido. Es el caso de Hortensia Bussi, viuda del Presidente Salvador Allende; de Fabiola Letelier, hermana del ex ministro de Defensa Orlando Letelier y asesinado en Washington en 1976; de Joan Jara, esposa del cantante Víctor Jara quien fuera torturado salvajemente y también asesinado; de Carmen Soria, hija del español Carmelo Soria y asesinado en Santiago por la DINA (policía secreta de Pinochet), Carmen Vivanco, esposa, madre, hermana, cuñada y tía de varios chilenos desaparecidos.

Una larga lista de otras señoras como Ana María Fresno, Gregoria Peña Herreros, María Angélica y Sofía Prats, Silvia Vera, Hilda Zaldívar, Sola Sierra, Miereia García, Lucía Seguel, Violeta Zúñiga, Adriana Benavides, Carmen Gloria, Lorena Díaz, Violeta Morales, Sofía Donoso, Lidia Griceño, Quintana, Estela Ortiz de Parada, etc. sufrieron diversos tipos de desgracias relacionadas con seres queridos y que, incluso en la práctica, les ha sido imposible olvidar. Esto debido a las interminables batallas legales que han debido enfrentar y que se han constituido en otro tipo martirio a que sus vidas se han visto ligadas.

Sin embargo y por otro lado el olvidar también puede contribuir, en cierta medida, a facilitar un efecto terapéutico. Pongo de ejemplo mi caso personal, en que reconozco tener preferencias por olvidar lo sucedido. Este es mi recuerdo:

“Mi madre llegó a ser Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile en la época de la Unidad Popular. Las enfermeras se supone que ayudan a la gente enferma, sin importar el color político. Cierto día, un grupo de matones encapuchados y armados se fue a “tomar la escuela” ubicada en calle Santos Dumont. Mi madre, que entonces estaba acompañada de mi padrastro y un matrimonio amigo se opuso. Recibió por ello no sólo el insulto: “Toma vieja de m...”, sino además un cobarde golpe con un linchaco que le hirió su cabeza, le produjo un profundo tajo y casi la mata. Algo parecido les ocurrió a sus acompañantes que debieron ser atendidos en los hospitales cercanos. La verdad es que me afectó mucho este hecho. En esos años yo era muy joven, pero hubiese querido matar a esos tipos. Con el paso del tiempo ya no deseo recordar ni hablar de lo ocurrido. Hasta me molesta. Agradezco a Dios que no le sucedió nada malo a mi madre ni a sus amigos, que también lograron salvarse. Hoy prefiero olvidar lo ocurrido.”

El recuerdo y el olvido en mi opinión son ambos necesarios y dependerá del contexto o situación particular de quienes han sido afectados por problemas de derechos humanos en el pasado. Para quienes confesamos la Fe cristiana el olvidar es también parte del perdón, de un sacrificio o esfuerzo personal en pos de terminar odiosos ciclos de represalias y venganzas que sólo perpetúan las tragedias. Esto no es contradictorio, ciertamente, con no renunciar a la búsqueda de la verdad, al otorgamiento de justicia de parte de la sociedad civil e incluso al merecido recuerdo de quienes vivieron momentos aciagos.

La pregunta que cabe es: ¿Cuál es el justo punto de equilibrio entre el recordar y el olvidar?. No puede existir una respuesta fácil o única para esto y dependerá de cada persona.

El cristiano conoce su lugar, no busca olvidar como si nada hubiese ocurrido, pero confía en la justicia divina. No busca arriesgar la tranquilidad y la paz de sus semejantes para satisfacer sus necesidades de justicia. Simplemente reconoce las palabras de Jesús y sabe que la venganza es solo del Señor.

El cristiano, por lo demás, acostumbra recordar a sus muertos. Cuenta con fechas en su calendario como el día 1º de Noviembre, conocido como de “Todos los Santos”, en que las familias del mundo católico concurren masivamente a los cementerios a visitar a sus parientes fallecidos. En mi opinión un buen cristiano también hace suyo un dicho de los malgaches de Madagascar y que dice:

“Un muerto nunca está muerto mientras haya un vivo que lo recuerde”.

Las consecuencias que dejan los procesos conflictivos, por otra parte, nos lleva a conocer las nociones de trauma y de conflictos de memoria. La primera hace alusión a una herida, una “lesión duradera producido por un agente externo, un choque emocional duradero”. Desde una perspectiva proveniente de la Psicología, se constituye en “una experiencia o vivencia que afecta de tal manera a las personas que las deja marcadas y les deja un residuo negativo que es permanente”. La segunda noción en referencia, conflictos de memoria, es decir la existencia de controversias que permiten construir memoria, las cuales pueden apuntar a un consenso o a un disenso.

La memoria como acción social, por otra parte, ha sido estudiada por Félix Vásquez sugiriendo que para su estudio es conveniente tener incluso presente la literatura. Reconoce que la literatura no agota lo que pueda ser escrito sobre memoria y olvido, pues también el cine, los testimonios orales y la propia Historia. Un paso más allá lo constituye el estudio de la memoria y el olvido como actividades propiamente sociales, que poseen prácticas y discursos cotidianos en un planteamiento que ha sido estudiado en el pasado y que es posible rescatarlos en autores como Frederic Bartlett, Denise Jodelet y Maurice Halbwachs:

“Uno de los aspectos más notoriamente señalados, como ya había hecho Halbwachs (1950), es la importancia asignada a los grupos (Jodelet 1992, 1993; Páez, Insúa, Vergara, 1992 a,b), al lenguaje y a la comunicación (Páez, Insúa, Vergara 1992a,b; Páez, Besabé, 1993) tanto en la conservación como en la transmisión de la memoria. Es a través de los grupos, como desarrollan la articulación entre la memoria individual, entendida como pensamiento social. Como sostiene Denise Jodelet: “la pertenencia social aporta a la memoria individual sus marcos y los puntales de su estabilidad: el lenguaje, la escritura, sus cristalizaciones (orales, espaciales, materiales, corporales, costumbres, etc.) de la vida social y cultural, las cuales son también los lugares de permanencia de la memoria social (Connerton, 1989). Pero estas mismas inscripciones permanecen vivas, solamente porque ellas se asocian al dinamismo de la vida mental y encuentran su energía en la vida de grupo ...”. (Jodelet, 1993, pág. 58).”

Esta nueva faceta de la memoria y el olvido, en que lo colectivo se sobrepone a lo individual, abre la posibilidad del paso de la memoria como representación a la memoria como acción social. En opinión de varios autores, para reconocer como se adecua la memoria se requiere apelar a las convenciones sociales, pues la aceptación o por el contrario, la disconformidad sobre lo pertinente de lo que decidimos recordar, sólo se puede obtener procediendo a través de la vida social.

El recuerdo y el olvido plantean otro tipo de consideraciones teóricas más complejas y menos conocidas que dicen relación con el grado de verdad o verosimilitud. Esto ha planteado desde tiempos antiguos, desde los inicios de la Filosofía en la Grecia Clásica, la cuestión de la realidad de lo que observamos: ¿dónde está la realidad?; ¿en la mente?; ¿en los objetos que observamos?. Hoy en día el hombre moderno acepta como válida la aseveración de los astrónomos de que la luz del sol demora unos ocho minutos en llegar a la tierra. Por tanto, la realidad del sol que vemos ¿es la del momento o la de hace ocho minutos?. ¿Cuál es la realidad entonces?. Vemos que bajo esta perspectiva la realidad ya está distorsionada desde el momento que la observamos.

Es quizás en esta línea que los investigadores de la mente humana y de las relaciones entre un individuo y su entorno social se han planteado los límites de la memoria. Maurice Halbwachs por ejemplo ha escrito sobre el recuerdo individual como límite de las interferencias colectivas. Entre otras consideraciones están las de la capacidad de persuasión de un individuo frente a un grupo, de la pureza de pensamiento frente a la influencia de las influencias sociales, de la complicación que pueda representar la edad frente a un hecho –un niño frente a una situación que no es propia de su edad- y también la propia capacidad de recordar. La memoria colectiva, por otra parte, puede estar apoyada por el recuerdo de varios individuos y que no coinciden en la misma intensidad. Esto lleva a que se produzcan diversas combinaciones de índole social que, de algún modo, influyen en la sucesión de recuerdos personales.

Halbwachs también ha hecho notar, ciertamente, la influencia de la memoria colectiva en la memoria individual al referirse a los ritos, creencias y costumbres adquiridas a través del tiempo tanto por tribus ancestrales, como las familias y hasta grupos sociales de distintos credos o religiones como el caso de la Iglesia Cristiana.

El profesor Pablo Fernández, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos explica que Halbwachs denominó “los marcos sociales de la memoria” a una serie de acontecimientos superpuestos como en capas estratigráficas de un terreno arqueológico y que consisten en el conjunto del lenguaje, fechas, actividades y espacios. Estos últimos se conservan desde el origen de los grupos y se ubican en su interior, reconstituyendo y vitalizando un recuerdo de ese grupo. Aclara con un ejemplo: cuando el calendario marca 24 de diciembre, la gente entra en un generalizado ambiente navideño, lo que impulsa el recuerdo del evento que se festeja.

En términos sencillos, e interpretando a Halbwachs, las experiencias que recibimos individualmente de la vida cotidiana a través del medio social condicionan nuestra capacidad de hacer memoria, de recordar con más o menos verosimilitud lo acontecido. Así, desde la perspectiva de la búsqueda de la verdad en un proceso de recuperación del trauma provocado por algún conflicto, este punto ciertamente que adquiere relevancia.

Calidad de vida

El término calidad de vida se entiende como el estado de desarrollo económico que puede alcanzar una sociedad en un momento del tiempo determinado. Por tanto es una idea, un concepto que apunta a revisar el grado de avance de una nación en función de un conjunto amplio de parámetros que miden el nivel de satisfacción de diferentes necesidades humanas. En una línea de investigación de varios años que he desarrollado sobre calidad de vida, a algunas de estas necesidades las he clasificado como de alta prioridad social, mientras que a las un grupo más amplio las he definido como de menor prioridad social aparente.

De acuerdo a un trabajo de clasificación de información de algunos periódicos sobre distintos temas que afectan día a día el bienestar de la gente común, los resultados indican que para el caso de la Región Metropolitana de Santiago en la época del cambio del milenio, lo relacionado con salud, vivienda, legislación-justicia, transporte y cultura alcanzó un alto nivel de alta prioridad social. En el Cuadro Nº 4 se aprecian estos resultados. Si bien educación no aparece en esta selección, en otros meses como marzo y mayo del 2000 superó a transporte y vivienda en el caso del diario La Cuarta. Por otra parte, temas referentes a adultos mayores, cultura, violencia intrafamiliar, inmigrantes, etc. parecen tomarse menos en cuenta a la luz de lo que recibe la opinión pública y los hemos clasificado de menor prioridad social aparente.

Antes de efectuar esta revisión documental debo aclarar que, de acuerdo a estudios realizados para el caso chileno y según determinados tipos de metodologías aplicados a información de prensa (para dos diarios populares de entonces, La Cuarta y El Metropolitano), la clasificación de temas prioritarios y menos prioritarios nos ha entregado una serie de cuadros estadísticos para los años indicados y, a manera de ejemplo, consideramos el cuadro Nº 3.

A partir de éste se ha procedido al cálculo del puntaje representativo del grado de prioridad alcanzado por cada noticia sobre calidad de vida incluida en la base de datos. Para ello se ha incluido una variable denominada “Puntaje” que pondera los distintos elementos incluidos en las fichas de acuerdo a la siguiente fórmula general:

PUNTAJE = (PAGINAS FORMULA) + (TAMAÑO TEXTO) + (FOTO COLOR) x 2 + (FOTO B/N) + (PAGINA PRINCIPAL) x 3

El significado de las variables es el siguiente: PUNTAJE = indicador de prioridad e importancia del tema de calidad de vida; PAGINAS FORMULA = número de páginas en las que aparece la noticia; TAMAÑO TEXTO = tamaño relativo de la noticia en relación al tamaño de la página del periódico; FOTO COLOR = número de fotos en colores que incluye la noticia; FOTO B/N = número de fotos en blanco y negro que incluye la noticia y PAGINA PRINCIPAL = variable dicotómica que señala la presencia o ausencia de la noticia en la página de portada del periódico. La fórmula aplicada ha buscado asignar puntajes que reflejen la relevancia de la noticia en función de los parámetros indicados, de acuerdo a un criterio particular de entre muchos alternativos.

En esta ocasión me ha parecido más relevante el hecho de que la noticia incluya una foto en color que una en blanco y negro, puesto que la probabilidad de llamar más la atención del lector es más alta; por esta razón se le ha asignado un coeficiente de ponderación igual a dos (“2”). Del mismo modo, noticias que ocupaban dos, tres o más páginas como las de anegamientos en épocas lluviosas, es evidente que marcan un punto de interés mayor que las demás, cobrando importancia la variable “Tamaño de la noticia”. Una noticia aparecida en la primera página ha sido ponderada por un coeficiente igual a tres (“3”), pues de alguna manera refleja un alto interés tanto para los representantes del medio informativo como para el público en general, el cual tiene la posibilidad de conocer el hecho en forma sintética incluso sin adquirir el diario, pues puede leer las portadas en los quioscos de venta.

El cuadro Nº 4 fue elaborado a partir de una selección mensual de informaciones relacionadas con calidad de vida en la Región Metropolitana de Santiago, a las cuales se les aplicó una metodología orientada a establecer niveles de prioridad según el impacto probable de los hechos noticiosos en la opinión pública. De un total de 9 categorías principales de noticias sobre temas de calidad de vida, entre ellas Adultos Mayores, Cultura, Educación, Legislación-Justicia, Medio Ambiente, Salud, Transporte, Vivienda-Urbanismo y Otros Temas, se obtuvo que las relacionadas con “Legislación y Justicia” resultaron en primer lugar y lejos, en una proporción aproximada de puntaje de tres a uno.

Sin entrar en detalle respecto a la distribución del número de noticias detectado y el puntaje obtenido según las categorías secundarias incorporadas en el estudio, el cuadro Nº 4 nos revela además que la categoría principal de “Cultura” (incluía deportes y recreación) obtuvo importantes lugares de prioridad en al menos tres de los cuatro meses elegidos de modo aleatorio para el cálculo. Si bien este tema de calidad de vida aparenta incluso hoy presentar un bajo perfil y poco significado, la realidad es muy diferente. Además, dos importantes grupos de temas como “Medio Ambiente”, “Adultos Mayores” simplemente quedaron en posiciones de menor interés prioritario. Cabe hacer notar que en la categoría “Otros Temas” se anotarían sólo aquellas noticias que no pudieran agruparse en las señaladas en la lista principal, pero en la práctica quedó aproximadamente el 98% ó 99% dentro de esta última.

Desde el punto de vista del enfoque que nos interesa para el presente trabajo, las noticias en la prensa chilena referentes a derechos humanos y memoria eventualmente fueron agrupadas junto a las de legislación y justicia o, simplemente, se ignoraron. Debo reconocer que al comenzar la investigación sobre calidad de vida, no me interesaban aquellos temas relacionados con la economía (agricultura, minería, industria, bancos, etc.) ni con la política. Sin embargo hoy tengo el convencimiento de que en esta última categoría existen al menos dos instancias que si son importantes desde el punto de vista del bienestar social, como es la tolerancia (o intolerancia) y los derechos humanos.

Cabe señalar que Francisco Jeanneret y Sofía Retamal, por ejemplo, han destacado las acepciones del término “violencia” en la prensa chilena, con denominaciones como maltrato infantil, vandalismo, violencia delictual y violencia política.

Pero existe además un nexo muy importante entre estas dos categorías y otro gran tema que permanentemente aporta una gran cantidad de noticias que se relacionan con la calidad de vida de un gran número de compatriotas: el mundo de las instituciones militares. En efecto, las múltiples actividades de este actor social inciden de diversos modos en el desenvolvimiento del común de los chilenos. Lo bueno y lo malo: desde una tocata efectuada por una banda militar en una plaza pública, que entretiene al público presente en una mañana de domingo, pasando por los rescates en helicóptero a personas perdidas en la alta montaña y hasta asesinatos perpetrados por uniformados debido a razones políticas que han dejado familias enteras deshechas en medio de una tragedia.

La calidad de vida de los grupos que han sido víctimas de situaciones conflictivas y en las cuales se han pasado a llevar sus derechos fundamentales es afectada seriamente. La sensación de temor en momentos posteriores a los hechos a una ruptura política, la incertidumbre e inseguridad del futuro social y económico de quienes forman parte de su entorno familiar, la necesidad de rehacer su vida en caso de una emigración forzosa, nos da una idea de la magnitud del impacto. En un estudio sobre violencia en varios países latinoamericanos, Ximena Tocornal y María Paz Vergara se han referido a familias chilenas que vivieron la violencia política entre los años 1973-1990:

“Además, el exilio complejizó (sic) las dinámicas familiares, sumándose a la detención, el secuestro o la desaparición de uno o ambos padres. El conjunto de la familia vivió el desarraigo inserta en una cultura, muchas veces ajena en su totalidad, y con un serio aislamiento social debido al desconocimiento del idioma local. Por otra parte, cuando las familias permanecieron en el país, se empobrecieron y aislaron, producto del estigma social y del miedo adscritos a la condición de familiares de personas perseguidas por la dictadura militar.”

Una vez pasado el tiempo y restituida la normalidad de las sociedades que han vivido un conflicto de sangre, retorna el pleno ejercicio de los derechos civiles y comienzan los juicios en contra de quienes tienen responsabilidades por uso de fuerza indebida. Esto trae aparejado un consiguiente deterioro de la calidad de vida de otros grupos familiares, de aquellos que han formado parte del entorno del ahora enjuiciado. En suma, el conflicto político acuña una moneda de dos caras muy desagradables e injustas para quienes sus únicas faltas o pecados han sido simplemente tener una relación de parentesco con la víctima o el victimario.

Las aseveraciones que expuse en párrafos anteriores demuestran además de alguna manera la relación que puede darse entre calidad de vida, derechos humanos y memoria. Este aspecto del bienestar social se ha visto cada vez más reconocido en medios políticos, académicos y en particular por mis colegas economistas especializados en temas del desarrollo. Una prueba de ello es la inclusión de temas de alto contenido social relacionados con derechos humanos en el “Primer Informe Nacional II Cumbre de las Américas 1998-1999”, en que el capítulo II está destinado enteramente a la preservación y fortalecimiento de la Democracia, la Justicia y los Derechos Humanos.

La revisión del contenido de este capítulo nos revela que los derechos humanos tienen un alcance bien definido en el campo de la calidad de vida, al coincidir en temas como: educación; derechos de la mujer; corrupción; consumo indebido de estupefacientes; terrorismo; fortalecimiento del sistema de justicia; fomento de la transparencia en materia de políticas de defensa; prohibición de empleo, almacenamiento y transferencia de minas antipersonales; protección de los derechos de la infancia y modernización del Estado en materias laborales, entre otros.

Pero el mundo político internacional no ha estado solo en este reconocimiento de los derechos humanos como un aspecto fundamental del bienestar social. El mundo académico también lo ha hecho a través de una concepción de la calidad de vida que ha sido más conocida como desarrollo humano. Este término ha sido aceptado en círculos académicos cada vez más amplios y proviene tanto del trabajo teórico como de campo iniciado por el destacado economista y Premio Nobel de Economía 1998, de origen indio, Amartya Sen. Al margen de ser uno de los inspiradores del llamado “Índice de Desarrollo Humano”, Sen se ha referido con una gran amplitud teórica al concepto de calidad de vida.

Hoy en día el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha incorporado cabalmente las ideas de sen con respecto a las capacidades de los individuos y sus posibilidades de desarrollo. El enfoque seniano (por Amartya Sen) sobrepasa la idea de asistencialismo y reconoce el esfuerzo de los individuos que, a través de la educación o capacitación, consiguen logros u objetivos. Sin entrar en detalles sobre su teoría, debo aclarar que la calidad de vida en Sen y otros autores, entre los que me incluyo, es solo una idea aproximada de bienestar. Por de pronto, a inicios del tercer milenio, el PNUD presentaba una sinopsis de la relación entre los derechos humanos y desarrollo humano:

“Los derechos humanos y el desarrollo humano tienen una visión común y un propósito común: velar por la libertad, el bienestar y la dignidad de todos en todas partes. Velar por:

1-) Libertad de la discriminación, ya sea en razón del género, la raza, el origen nacional o étnico o la religión.

2-) Libertad de la necesidad, para disfrutar de un nivel decente de vida.

3-) Libertad para desarrollarse y hacer realidad la potencialidad humana de cada uno.

4-) Libertad del temor, de las amenazas contra la seguridad personal, de la tortura, de la detención arbitraria y otros actos violentos.

5-) Libertad de las injusticias y de las violaciones del imperio de la ley.

6-) Libertad para participar en la adopción de decisiones, expresar opiniones y formar asociaciones.

7-) Libertad para tener un trabajo decente, sin explotación.”

Esta preocupación por las siete libertades básicas de los individuos fundamenta de paso el tema puntual que nos preocupa: los derechos humanos. La violencia física es una realidad que agobia a numerosos grupos sociales o bien se presenta como una amenaza latente: esto es válido tanto para países ricos como pobres. La delincuencia común, la existencia de torturas efectivas y de conflictos armados, el apremio ilegítimo a mujeres en su vida familiar, la trata de millones de menores de 18 años cada año en todo el mundo y de decenas de millones de niños trabajando en la calle son cuestiones candentes. Cifras como las de 300.000 niños soldados en el decenio de 1990 y seis millones de ellos que resultaron heridos por guerras inaceptables nos dan una idea del enorme trabajo pendiente para poder solucionar estas ignominias.

Colombia, historia, violencia

El estudio de los derechos humanos de la Colombia actual obliga a mirar su pasado reciente al menos desde la segunda mitad del siglo XX. Según Alvaro Tirado, investigador del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, el estudio de la realidad histórica colombiana ha sido poco fructífero, quizás por tratarse de una nación muy metida en sí misma, sin grandes movimientos de inmigración, con una economía más bien modesta, ausencia de dictadores que llamen la atención, un sistema bipartidista con tradición electoral y partidos políticos de entre los más antiguos de Occidente. Señala además que algo asombroso del caso colombiano es que en las últimas décadas han coexistido las instituciones propias de una democracia liberal junto a una enorme violencia.

La historia de Colombia señala a los años 1946 a 1957 como la “Era de la Violencia”. Este período se inició con la presidencia de Mariano Ospina Pérez, reconocido como un buen conciliador que posibilitaría la transición de un entonces cambio de partido gobernante. Para ello recurrió a formar una coalición en la que los liberales estuvieron representados ampliamente. Sin embargo, después del cambio de mando, los conservadores triunfantes provocaron estallidos de violencia al salir a cobrar viejas deudas y ofensas acumuladas en los años del anterior predominio de los liberales. Este fenómeno político había tenido un antecedente similar hacia 1930, pero esta vez la violencia desatada no acabaría pronto, sino que se extendería hasta alcanzar casi todo el país.

Este proceso de carácter político permitió el surgimiento de la figura de Jorge Eliécer Gaitán en los derrotados liberales, pero que desconfiaba de los líderes de ambos partidos. En cierto momento retiró a su partido del pacto de coalición dejando a las masas liberales a merced del oficialismo conservador, lo que trajo no sólo graves desórdenes sociales, sino el asesinato del propio Gaitán el 9 de abril de 1948. Esta fecha sería desde entonces conocida como la del bogotazo, aunque el estallido de violencia ocurrió en todo el país: en Puerto Tejada, por ejemplo, sobre el río Cauca, airados liberales mataron a algunos conservadores respetables, los decapitaron y luego jugaron fútbol con sus cabezas en la plaza del pueblo. En Bogotá, en tanto, el centro quedó destruido y hubo asaltos a un buen número de almacenes, quizás para apoderarse de los “mal habidos” bienes de los oligarcas que odiaban.

La consecuencia de todo esto fue, indudablemente, un sostenido deterioro de la tranquilidad y orden público que duraría hasta comienzos de la década de 1960. Por ejemplo desde 1950 a 1953 prácticamente todas las zonas del país se vieron afectadas por confrontaciones derivadas de tensiones políticas. Aunque la mayoría de los incidentes eran de carácter rural y no urbano, exceptuando eso sí el bogotazo, no deja de sorprender el fenómeno de surgimiento de bandas organizadas de guerrilleros liberales que hostigaban a representantes del gobierno y sus simpatizantes, por un lado, así como grupos de vigilantes gobiernistas que fueran conocidos por sus curiosos nombres de “chulavitas” y “pájaros”. Estos últimos cometían asesinatos y asaltos con toda impunidad. El conjunto de ataques mutuos y represalias constituye una historia espantosa, con una cifra estimada y no definitiva de entre 100.000 y 200.000 colombianos muertos en esos años.

Las explicaciones de tanta violencia desatada en Colombia y a partir de esos años son variadas, pero las más probables dejarían perplejos a los adeptos de las ideas de Thomas Hobbes. Varios de los hechos violentos no fueron otra cosa que actos de bandidaje efectuados por delincuentes expertos, por liberales (o conservadores) que habían sido previamente expulsados de sus tierras por el partido rival y que optaron por la vida criminal como una manera de sobrevivir. En otros casos se utilizaron motivos políticos como una pantalla para ocultar bajas pasiones de ambición económica de terratenientes codiciosos o campesinos cegados por deseos de venganza o bien para apropiarse indebidamente de tierras ajenas.

El analfabetismo predominante en el campo, las matanzas en pequeñas localidades caracterizadas por pobreza extrema, agresiones a comunidades de protestantes religiosos (por ser liberales), un sorprendente crecimiento económico del país, a una tasa anual de un 5% anual entre 1945 y 1955, junto a la increíble participación de un batallón y un barco de guerra colombiano en una guerra librada al otro lado del mundo (en Corea), terminaban por conformar un panorama aún más complejo de lo que cualquier analista cauto pudiese imaginar y comentar. Otro aspecto paradójico era que quien apoyó a Estados Unidos en esta guerra, el Presidente Laureano Gómez, había sido un opositor a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Una de las miradas al proceso político colombiano y el fenómeno de la Violencia, que se diera con mayor fuerza destructiva entre 1948 y 1953 pero que continuó hacia 1964 a través de redes partidistas y facciones de connotaciones más bien mafiosas, señala que dicho fenómeno presenta cierta dificultad para ser sintetizado y comprendido a cabalidad. Esto debido a que, por un lado, sería el resultado de una confrontación de elites para imponer desde el Estado un modelo de modernización, en base a diseños liberales o conservadores, y por otro la consecuencia de sectarismos localistas que asfixiaban a todos los grupos partícipes.

Además, la guerra fría a nivel mundial contribuyó a caldear aún más los ánimos y profundizó la división liberal-conservadora a través de la escala social. Esta mezcla de elementos detonantes terminó por dar a la Violencia un significado ambiguo, debido a cambios de valores y costumbres de los ciudadanos urbanos, que iban de la mano con una mayor desorientación de la clase gobernante.

En lo político cabe destacar la presidencia del ex comandante de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Rojas Pinilla, quien llegó a ser destituido por el anterior gobernante, Laureano Gómez. En la práctica sucedió lo contrario, pues Roja Pinilla consiguió el apoyo casi total de la entonces oposición liberal y casi todos los conservadores, pues se exceptuaban los más cercanos a Gómez. A partir de este momento se pensaba que el nuevo Presidente podría poner fin al derramamiento de sangre y comenzar a reconstruir el país, pero el lapso durante el que Rojas Pinilla gobernó se caracterizó por un nuevo tipo de fracaso: el del populismo militar.

La personalidad de Rojas Pinilla incluía una adhesión a las ideas cristianas y bolivarianas. El ex general creía en la cooperación estrecha entre el Estado y la Iglesia católica, con lo que las escuelas y fieles a la Fe protestante debieron sufrir consecuencias de naturaleza intolerante. Su idea de lo “bolivariano”, por otra parte, era bastante imprecisa: algo de patriota, ser valiente, leal y sincero, cualidades a las que nadie tenía por qué oponerse. El resultado de sus buenas intenciones por lograr la pacificación, intentando incluso un ofrecimiento de amnistía a grupos liberales guerrilleros a cambio de la entrega de armas, fue que el recrudecimiento de la violencia continuó y el estado de sitio no fue levantado.

Con el paso del tiempo, el desgaste político de Rojas Pinilla fue aumentando, tal vez por la naturaleza un tanto arbitraria de algunas de sus medidas y que perjudicaron a la oposición. Entre las más obvias estaban el deterioro de la libertad de prensa, que llevó a la suspensión del periódico El Tiempo en 1955, que reapareció poco después con el nombre Intermedio. Hubo además otros hechos, que hoy nos parecen brutales y groseros, como la “masacre de la Plaza de Toros”, en que un piquete de fanáticos rojistas, molestos porque la multitud presente se negaba a gritar vivas en favor de Rojas Pinilla, tomaron represalias agrediendo a la multitud con la consecuencia de ocho personas muertas. Esto ocurrió en Bogotá, en febrero de 1956.

En el frente armado mismo, las guerrillas nunca entraron en confianza con el Presidente como éste hubiese querido. La promesa que había hecho de poner fin a la violencia no se pudo cumplir por un eventual mal manejo de la situación, aunque también cabe reconocer que hubo un núcleo de guerrilleros que no aceptó la amnistía. Entre los que mantuvieron la resistencia estaban los miembros de los recintos campesinos comunistas de Alto Magdalena, otros grupos armados que habían evolucionado decididamente hacia la criminalidad y un tercer contingente que estaba a la expectativa y un tanto indeciso a la espera de lo que sucediera. La mala situación económica de Colombia a mediados de la década, en particular por los bajos precios del principal producto exportable como era el café, terminaron por debilitar definitivamente un gobierno que llegaría a tener ciertos rasgos de carácter dictatorial.

El período 1954-1964 colombiano ha sido denominado como el de la Violencia mafiosa, pues se trató de acciones criminales con móviles y objetivos netamente económicos. En este lapso se alcanzó un alto grado de conflictividad especialmente en zonas como las del Gran Caldas, el norte del Valle del Cauca y el norte de Tolima. Entre las razones que estuvieron detrás de todo este fenómeno violento estaban los resabios de conflictos aún más antiguos, desde la época de colonización de estas tierras, por luchas de intereses entre pequeños o medios propietarios y compañías organizadas de terratenientes. Las diferencias ocurrían por disputas de linderos, homicidios por regateos y luchas en las que se veían involucrados alcaldes, policías, notarios, jueces, tinterillos y hasta agrimensores. Detrás de ellos, un tanto ocultos en las sombras, los gamonales, fonderos, arrieros y hasta curas párrocos también intervenían de algún modo, bajo ideas de patriotismo municipal, de populismo agrario, de aspiraciones de ascenso social y una institucionalidad estatal extremadamente débil que, de hecho, posibilitó un tipo de Violencia inusitada y que fue legitimada por intermediarios políticos.

Al revisar esta parte de la historia colombiana, llama la atención que un aspecto tan fundamental como la adecuada definición y respeto de los derechos de propiedad está una vez más detrás del fenómeno de la Violencia. Cabe aquí quizás una disgresión: recordar que el “monstruo de la guerra” para algunos se inició en la antigua Sumeria, cuando grupos organizados debieron luchar por cuestiones de lindes y derechos de agua no respetados en las riberas de los ríos Eufrates y Tigris.

El paisaje de la Colombia rural de mediados del siglo XX, por otra parte, combinaba un Estado central ineficiente y lejano, omnipresencia de redes políticas en medio de plantaciones cafeteras, fragilidad de derechos de propiedad, administración de grupos que amenazaban con el objeto de forzar traspasos de fincas y, en síntesis en una frase atribuida a Carlos Miguel Ortiz, el resultado de “la Violencia como un negocio”:

“Característica del cinturón cafetero colombiano fue la temprana consolidación de un tapiz de pequeñas ciudades y pueblos, bien comunicados e integrados al circuito del comercio del café y con alta capacidad de compra. Allí prosiguió el negocio de la violencia. Una modalidad, la del pájaro, el asesino a sueldo que se originó en el norte del Valle del Cauca en el período anterior, reapareció en el viejo Caldas, dando credibilidad a sistemas mafiosos de control del comercio de las ciudades y expulsando o eliminando a los competidores. En algunas ciudades operó un sistema que ahora conocen muchos habitantes de Cúcuta o Medellín. Líneas invisibles que se trazan en una calle y que alguien considerado enemigo no puede cruzar a riesgo de caer asesinado.”

La Violencia transformada en negocio se plasmaría además en las zonas productoras de esmeraldas de Boyacá con Efraín González, un mítico jefe de bandas conservadoras y que sentarían el precedente de otras organizaciones paramilitares de la década de1980. Poco a poco se fue preparando el escenario para el surgimiento de las guerrillas revolucionarias del período 1961-1989. Una vez que el ejército liquidó las últimas bandas conocidas como las de “Sangrenegra” y “Desquite” al norte de Tolima, comenzó la trama del denominado “período del conflicto armado”, lucha de facciones guerrilleras cuyo fin ha sido la transformación del orden social existente. Fue justamente entre los años 1962 y 1966 que se fundaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dos organizaciones insurgentes que siguen combatiendo a inicios del siglo XXI. Otro grupo que apareció en la década de 1960 fue el Ejército Popular de Liberación (EPL), que compartió rasgos agrario-comunistas de las FARC y foquistas (con ideas de la revolución cubana) del ELN.

Las FARC nacieron hacia 1964 de un grupo de organizaciones conocidas como Autodefensas Campesinas, que habían luchado por la defensa de sus derechos sobre la tierra y colonización autónoma desde los años veinte. En sus inicios no se orientaban al sabotaje ni al terrorismo, sólo a proteger comunidades campesinas que, indebidamente, alimentaban conflictos con otras agrupaciones de campesinos que estaban protegidas por otras fuerzas también armadas. Después de pasar duros aprietos por ataques contrainsurgentes como la ofensiva militar conocida como el “Plan Laso”, las FARC dejaron de estar sujetas al partido Comunista (PC) hacia la década de 1980. En este cambio influyeron los acuerdos de paz con el gobierno en 1984, el aniquilamiento de la Unión Patriótica (UP), el colapso financiero de la ex Unión Soviética y la irrupción de los narcotraficantes en el mundo del latifundismo ganadero.

A pesar de que las FARC junto al ELN y la facción más pequeña del EPL tuvieron rondas de negociaciones de paz con el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), tras cuatro rondas de deliberaciones no se alcanzó el éxito. Así, en la década de 1990 continuaron ejerciendo un rol de vanguardia armada en medio de una época de difícil situación económica en el país. En este contexto se produjo una fusión de sólida base social entre las FARC y los cocaleros, fortaleciendo de paso su aparato militar al quedar respaldado por recursos provenientes del secuestro y la extorsión, de rentas petroleras, de ingresos municipales, de protección a cultivadores y del comercio de drogas ilícitas.

Al margen del interés que pueda representar la estremecedora historia de una serie de grupos u organizaciones insurgentes colombianas como ELN, ELP, el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (MOEC), el Frente Unido del Pueblo (FU), el M-19, la Autodefensa Obrera (ADO), el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR – Patria Libre), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), los paramilitares, etc., lo que interesa respecto a derechos humanos, memoria y calidad de vida es destacar que, entre los años 1990 y 1999, murieron unos 260.690 colombianos víctimas de homicidios.

La realidad de lo que estaba sucediendo en Colombia, a fines del segundo milenio de la era cristiana, se aclara con los siguientes párrafos escogidos:

“Aunque todavía no se han establecido con suficiente precisión las conexiones entre diversos tipos de violencia, las hipótesis más aceptadas apuntan al narcotráfico organizado como el gatillo que disparó os índices de criminalidad. Bogotá, Medellín y Cali concentran cerca del 70 por ciento de los homicidios y asesinatos. La mayoría de estos crímenes son perpetrados en calles y bares, con armas de fuego ilegales, en barrios en descomposición o en barrios populares, y sus móviles aparentes son, primero que todo, ajustes de cuentas entre bandas; pero también riñas bajo la influencia del alcohol y atracos...”.

“En cuanto a los delitos contra el patrimonio, también es incuestionable la centralidad que adquirió el crimen organizado; entre 1991 y 1996 los delitos que más crecieron fueron la piratería terrestre, los atracos a bancos y el robo de automóviles...”

“Según los análisis políticos más recientes entre los que se destacan los de los investigadores del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional, IEPRI, las guerrillas ya no son portadoras de un proyecto político nacional. Por el contrario, se distinguen por su localismo y bandolerización. Ya no buscan el poder para hacer la revolución socialista, sino que se dedican al control clientelar de muchos gobiernos locales para ampliar el control territorial y negociar mejor la desmovilización cuando llegue el momento oportuno. De ser agrupaciones compuestas por campesino y universitarios altruistas, deseosos de acelerar el cambio social, las actuales guerrillas serían una próspera empresa militar de combatientes a sueldo.”

Con el paso de los años, la situación de derechos humanos en Colombia ha pasado en la actualidad a constituir una de las más delicadas del mundo. En un libro de William Ospina denominado “La Franja Amarilla” expresa que “Colombia es hoy el país con más alto índice de criminalidad en el planeta, tiene la mitad de su población en condiciones de extrema pobreza, de 35.000.000 de habitantes su riqueza está en manos de 5.000.000. En Colombia, por cada 100.000 habitantes la tasa de muertes violentas es de 207 en Medellín, 41 en Bogotá y 89 en Cali. En Medellín, en los últimos seis años se han producido aproximadamente 25.000 muertes, de las cuales el 88% son hombres jóvenes entre 14 y 25 años.”

Colombia, derechos humanos, memoria, calidad de vida

Las transgresiones que se han cometido a los derechos humanos en Colombia durante los últimos cincuenta años han sido innumerables. Cada persona fallecida a causa de un asesinato u homicidio, cada individuo que ha sido despojado de sus bienes adquiridos con el esfuerzo de su trabajo, cada mujer violada y golpeada o cada familia que debió abandonar su hogar por motivos de guerras insensatas es simplemente una víctima más que ve conculcados sus derechos fundamentales.

De acuerdo a lo anterior no resulta difícil percatarse de la gravedad que ha alcanzado la lucha armada interna en Colombia, ni tampoco imaginar las dolorosas experiencias en términos de bienestar que, de manera colateral, han afectado a toda la sociedad de aquel país.

En la actualidad la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, ha reconocido que el fin de la Violencia y el tratamiento de los derechos humanos que han sido violados en Colombia requieren de un enfoque más integrador, que no sólo ponga término a una situación de por sí insostenible, sino que además imparta justicia, posibilite el hacer memoria y encause a la sociedad de una senda definitiva de mejora en su calidad de vida. Este enfoque se ha visto reflejado en el llamado Informe Nacional de Desarrollo Humano publicado en el año 2003, que no sólo considera la relevancia de los indicadores económicos tradicionales de mejora en las condiciones de vida, sino otros aspectos del bienestar como protección de minorías, víctimas de la violencia, desvinculación de combatientes, prevención de reclutamiento, combate al narcotráfico y fomento de las negociaciones de paz.

Por otra parte, en las últimas décadas se ha acentuado la preocupación mundial por los derechos humanos, como una manera de incorporar a la necesaria condición de paz del planeta el respeto por la dignidad humana y la democracia. Entre los programas que las Naciones Unidas ha impulsado están lo referente a los derechos de las mujeres y niñas, la eliminación de toda forma de violencia hacia ellas y de su utilización como arma de guerra. Un informe elaborado por la Relatora Especial Radhika Coomaraswamy sobre la mujer en tiempos de conflictos armados, lleva a pensar lo que también pudo haber sucedido en el caso colombiano. Entre otras barbaridades que se cometen con ellas, basta mencionar la violencia sexual, las violaciones sistemáticas o casuales, la prostitución forzada y hasta la esclavitud de las mujeres del enemigo. La fecundación forzada es otra forma de humillar al contrario, al obligar a la víctima a engendrar un hijo del victimario.

Las mujeres forzadas a una relación sexual con un soldado enemigo a cambio de alimentos, vestido o protección, sumado al aborto forzado, trabajos domésticos expuestos al castigo físico, en un ambiente de permanentes movilizaciones y éxodos masivos de los territorios en disputa, suelen agravar este panorama infernal. Las mujeres desplazadas se exponen a resentir su salud física y mental, a embarazos no deseados, a infección en los abortos, a enfermedades de transmisión sexual, a traumas psicológicos, a depresiones, pesadillas, insomnios, miedo crónico y hasta suicidios. La situación para la compañera del combatiente no suele ser mucho mejor, pues si bien su condición no es de esclavitud, vive prácticamente condenada a la pobreza. Debe asumir la jefatura del hogar, sufrir restricciones de acceso a los alimentos y soportar toda clase de ignominias para que sus hijos, si es posible, accedan a servicios de salud o educación.

En el caso colombiano la guerra ha tenido particularidades según regiones pero sus efectos y consecuencias han sido relativamente parejos en todo el país. Ente otros cabe señalar: (a) la incorporación de los hijos a la guerra y el aumento del reclutamiento forzado de mujeres menores de edad; (b) la negativa del derecho a enterrar a los hijos, pues si se reclama el cadáver se sufren represalias; (c) el cuerpo de la mujer ha sido utilizado como instrumento de guerra y de venganza, pues queda sometido a exacerbar conductas que terminar por degradar su cuerpo y atentar contra su dignidad; (d) golpizas públicas contra mujeres justificadas paradójicamente por “conducta inmoral”, tras acusaciones tanto de la guerrilla como de los paramilitares; (e) quedar obligadas a elegir entre ser asesinadas o desplazarse; (f) los actores armados de los dos bandos infectan la vida cotidiana, no sólo en términos de abusos corporales de todo tipo, sino en la transmisión de “nuevos valores” respecto del hombre y la mujer; (g) el genocidio y aculturación de los pueblos indígenas termina por reducir a sus mujeres a condiciones de pobreza extrema y a mendigar en las ciudades; (h) el incremento de la impunidad y la violación del derecho al debido proceso, así como las garantías judiciales, repercute fuertemente en las mujeres, pues son las encargadas de denunciar las muertes de sus seres queridos y llevar la carga de los procesos.

El desplazamiento de masas de población ocasionado por las disputas de poder político y económico entre los actores armados (guerrillas, autodefensas y ejército) se enmarca en un contexto de violencia, amenazas y miedo generado por estos mismos referentes. Las consecuencias de los desplazamientos alcanzan niveles de increíble sufrimiento para quienes caen en este tipo de desgracias, situación que resulta de difícil solución y reparación en términos de los que hemos discutido hasta aquí, como es la noción de calidad de vida.

Con los desplazamientos de población forzada ocurren al menos los siguientes flagelos: (a) se destruyen vínculos afectivos, económicos, culturales, políticos; (b) surgen las hambrunas y el desempleo en lugares que no permiten vivir con dignidad; (c) los desplazamientos suelen ser precedidos de hechos violentos, como masacres, muerte de algún ser querido, violaciones de mujeres y reclutamiento forzado de niños; (d) las condiciones de vida de las mujeres, como anticipamos en párrafos anteriores, empeoran notoriamente y se vuelven indignas; (e) surgen grupos de población desplazados que son marcados como “peligrosos”, lo que produce desconfianza hacia ellos; (f) hay pruebas de que la violencia intrafamiliar aumenta debido a la mayor carga emocional y física de la mujer abandonada; (g) aumentan los índices de viudez y se trastocan los roles de niños y jóvenes que deben asumir responsabilidades que no son propias de su edad.

El tema de la memoria, en el caso colombiano, no parece tener un sentido simbólico de recordar y rescatar los valores que pudieron conducir las víctimas del conflicto. Sin embargo la desaparición forzada y los secuestros llevó a la elaboración de una ley, la Nº 589 del año 2000, que apoya más bien planes de búsqueda y conforma grupos de trabajo específicos en torno a este tema. El apoyo institucional viene dado por el Defensor del Pueblo y dos ONG especializadas en derechos humanos. La misma ley ha creado además el Registro Nacional de Desaparecidos, con el objeto de aglutinar información sobre estos y los cadáveres que no han podido ser identificados. A ello se suma la orden de lleva en red el cómputo de personas capturadas o detenidas. En otras palabras, la naturaleza del conflicto colombiano parece requerir la prioridad de sus políticas de memoria en cuestiones más bien prácticas y de urgencia lógica, que es primero encontrar a las víctimas.

En Colombia, además, han existido una serie de dificultades prácticas para cumplir el propósito de la ley, debido a falta de formularios estandarizados, falta de personal calificado, dificultades de comunicaciones entre reparticiones públicas y hasta cuestiones como la resistencia de funcionarios a trabajar más estrechamente con familiares de las víctimas. Más aún en el caso de los secuestros, en que la víctima no está necesariamente muerta pero sí privada de su libertad y sometida a condiciones de vida inhumanas, la política existente se propone reducir la probabilidad de que dichos eventos ocurran. De producirse el hecho, se presenta una disyuntiva, pues cuando se hace énfasis en el rescate se pone en riesgo la vida del secuestrado y no en la investigación, que es la que permite desarticular las bandas. Los familiares de las víctimas han reclamado, además, que la política anti-secuestro no incluye reparaciones para el afectado ni reinserción social ni psicológica.

El concepto de calidad de vida y respecto a la Violencia vivida en Colombia desde hace más de medio siglo, pero que repercute en su actual devenir, resulta un tanto difícil de incorporarlo dado el bajo estándar de bienestar social observado en amplios grupos sociales afectados por la guerra. El lector se percatará que resulta tal vez inoficioso intentar hablar de una idea, la calidad de vida, que apunta a alcanzar los estándares más altos de bienestar social no sólo en lo referente a los tradicionales parámetros económicos como PGB, ingreso per cápita y una serie de indicadores relacionados con materias relevantes como la educación, salud, transporte, vivienda, etc. Aún así, la sociedad colombiana puede y debe mejorar en alcanzar un grado de desarrollo acorde con sus enormes riquezas naturales y la calidez de su pueblo.

El hecho es que Colombia, a juicio de quien escribe estas líneas, se encuentra en un peldaño más atrás y en particular con la materia que aquí nos preocupa, los derechos humanos fundamentales. Pero esto, por complicado y difícil que parezca, puede tener solución en un futuro quizás no cercano, pero posible.

Las autoridades colombianas y eruditos extranjeros han estado preocupados de cómo salir de este embrollo actual. Existen planteamientos, ideas y propuestas para deshacer los ejércitos, desvincular a los combatientes y reinsertar a jóvenes inocentes envueltos en el conflicto por cosas del destino. También ya existen planes para prevenir y evitar el reclutamiento, con alternativas educativas para los niños y jóvenes en una proyección de cobertura que pueda ir creciendo, o bien a través de oportunidades laborales. Pero además se conocen estudios que apuntan a desfinanciar la guerra, a empequeñecer los ingresos de los grupos armados que, mediante el narcotráfico, la extorsión y el secuestro obtienen importantes sumas de dinero para adquirir armamento y continuar con esta vorágine de desgracias e injusticias.

Una vez resueltos los problemas básicos antes descritos y con mayores grados de libertad de parte de las autoridades políticas respecto al tema de la guerrilla, quedarán una mayor cantidad de fondos y recursos disponibles para atender prioridades sociales de salud, educación, reparación de víctimas, etnias, adultos mayores y otros temas de alta prioridad social que, una vez resueltos, contribuirán a elevar la calidad de vida del pueblo colombiano.

Conclusiones

La concepción de derechos humanos ha evolucionado recientemente y cada vez más en un sentido de convergencia con el de calidad de vida o desarrollo humano. La noción primaria parecía apuntar a cuestiones de naturaleza más bien básica, derechos de libertad, seguridad personal, accesibilidad al trabajo, no discriminación y asuntos relacionados. El paso del tiempo y de la historia, sin embargo, fue trasformando este paradigma en otro más complejo y que, de hecho, fue incorporando elementos propios del bienestar social que no parecían claramente indicados en la carta fundamental del año 1948.

Los acontecimientos históricos mismos, probablemente, fueron superando las palabras y buenas intenciones establecidas en aquella fecha ahora simbólica y que sentó el primer gran precedente moderno desde la época de la Revolución Francesa hasta nuestros días, sobre la cuestión de los derechos del hombre.

Las guerra fría y los conflictos ocurridos de todo tipo, sean religiosos, económicos o hasta mafiosos como hemos examinado en este trabajo, han obligado a redefinir y reexaminar los derechos fundamentales del hombre a la luz de nuevas realidades. Entre ellos se han visto afectados el derecho a reunión, a profesar un Fe, a moverse libremente entre países debido a muros u otros impedimentos de carácter legal o físico. Más aún, las numerosas guerras y guerrillas después de la segunda guerra mundial, así como conflictos ideológicos, se han convertido en grandes enemigos de la libertad y dignidad humana.

Los conflictos en general suelen ocurrir por malos entendidos que son subsanables de manera civilizada, al menos en lo que atañe a aspectos de carácter económico. Las luchas religiosas que llevan años de enfrentamiento son más difíciles de resolver, tal vez por su naturaleza, a través de acercamientos e intermediación de terceros que es lo aconsejable. Aún así es posible, en mi opinión, lograr algunos avances significativos, que pueden tomar su tiempo. Demás está decir, y lo hemos demostrado a través del texto, que todas estas disputas son fuente de interminables desgracias que alejan al Hombre de su verdadera naturaleza como ser inteligente que conduce el proceso civilizador en la tierra.

En esta ocasión hemos podido comprobar, al menos en una primera aproximación, de que los derechos humanos y el rescate de la memoria no parece haber ocupado un lugar central dentro de las prioridades políticas, sociales y económicas en países como Colombia, y hasta me atrevería a afirmar que también en Chile a pesar de las pocas referencias y pruebas que aportamos para este último caso. Sin embargo, en años más recientes el interés de académicos y autoridades han impulsado cada vez más el conocimiento y solución de problemas relacionados con ciudadanos víctimas de la violencia política y social.

En términos generales se puede afirmar que, al menos en el caso colombiano, la preocupación de los derechos humanos ha pasado de un terreno político a uno más bien técnico, dado que los conflictos actuales presentan altos matices de carácter delictivo y no defensivo-revolucionario, como ocurrió en las primeras décadas a partir de su inicio. En el caso chileno, al menos por la lectura de los antecedentes bibliográficos aportados en esta monografía, la connotación del tema de los derechos humanos indudablemente está adquiriendo cada vez más un matiz de carácter técnico-profesional, en vez de político.

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