Introducción 

Los mercados agrícolas, como prácticamente todos los mercados del mundo, están sufriendo profundas transformaciones en los últimos años. Algunas de las características centrales de este proceso de transformación son la creciente concentración tanto en la producción agrícola como en las diversas fases de transformación y comercialización, así como también la creciente intensificación de los nexos verticales a través de las cadenas agroalimentarias a nivel mundial. Thomas Urban popularizó el término “industrialización de la agricultura” en 1994, para referirse a este fenómeno. El proceso de industrialización de la agricultura responde a un conjunto de fenómenos de desarrollo económico y tecnológico, especialmente por la demanda de los consumidores de productos más diferenciados, y la capacidad de la oferta de proveer esos productos diferenciados. Este proceso conduce necesariamente  a una fragmentación de los mercados, donde para cada producto específico existirían cada vez menos oferentes y demandantes, haciendo con que os mercados se segmenten entre los mercados de productos diferenciados y los de  commodities ( Vargas y Frazer: 2000).

En este artículo, mas allá del significado que la agricultura representa en términos de PIB, empleo y exportaciones para un país como Chile, que busca adaptarse a ese proceso, se pretende analizar la transformación de la agricultura, colocando énfasis en el proceso de cambio en la estructura de poder en las relaciones agrarias, en la modernización tecnológica e institucional, en la medida que esta transformación a conducido a un industrialización en sectores de la agricultura chilena. Como parte de ese proceso  se discute lo que es la consecuencia normal del tipo de trasformación que conduce a la inserción de la agricultura en el proceso más general de modernización de la economía chilena. A partir de esto se retiran conclusiones sobre las dificultades que representa la modernización agraria para la situación económica y social de los agricultores.

Antecedentes Históricos

La discusión sobre necesidad de una reforma agraria, el grande tema de debate y de reestructuración agraria que se planteaba a partir de fines de los años cincuenta, en Chile, resucita la pasión de los que transcurridas tres décadas no consiguieron olvidar sus efectos. La reforma agraria fue una realidad en todo el periodo que va desde 1964 a 1973, modificando profundamente la tenencia de la tierra y las relaciones de poder en la agricultura. De allí la controversia que provocó el documento Para una mejor distribución de la tierra, el reto de la reforma agraria[1], emitido en pasado reciente, al detonar una polémica que parecía dormida y provocó una profunda división entre los chilenos. La controversia se convirtió en estos días en preocupación cuando las tomas de tierras en la Novena Región por mapuches provocaron la violenta reacción de sus propietarios, quienes se organizaron y anunciaron que defenderán sus tierras.

Aunque las discrepancias sobre el modo en que se hizo la reforma perduran, el diagnóstico que la originó era compartido por la mayoría de los chilenos. El agro chileno estaba, ya a finales de los ‘50, en una grave rotura. Alfonso Márquez de la Plata, ex ministro de Agricultura durante el régimen militar y reconocido adversario de la reforma agraria, diagnosticaba que el retraso agrícola se debió a las barreras arancelarias que impedían aplicar tecnología internacional, a un cambio irreal que sólo permitía exportar contados productos y a una desleal competencia. En ese entonces Chile gastaba 130 millones de dólares en importar alimentos. 

Para la Democracia Cristiana, en un abordaje económico y social humanista y comunitario, señalaba que el gran culpable del atraso residía en una estructura de propiedad, cuya extensión de la tierra atentaba contra la intensidad de su explotación[2]. A los factores institucionales se sumaban los factores de poder social, el alto analfabetismo, un sistema electoral fraudulento que excluía de hecho la participación de los campesinos y la prohibición de los campesinos para organizarse, un dominio tradicional del electorado de las zonas agrícolas entre liberales y conservadores, fruto de la articulación política entre la burguesía agraria y minera, con la burguesía urbana industrial.

Los diagnósticos sobre la necesidad del cambio fueron reforzados, en la época, por un clima social que anunciaba profundas transformaciones, pues la experiencia cubana era próxima y parecía radicalizar la lucha política en América Latina, transformándola en un arsenal a punto de reventar. Desde Estados Unidos surgió la “Alianza Para el Progreso” de Presidente Kennedy, mediante la cual se ofreció a los gobiernos ayuda económica a cambio de ejecutar correcciones en la posesión de la tierra, lo que obligaba a reformar la propiedad de la tierra  a fin de contener la revolución. Un argumento oficial reforzó la ideas de los partidarios de la reforma agraria. El censo del ‘55 reveló que 10 mil grandes heredades ocupaban el 81 por ciento de la superficie agraria y 15 mil predios de explotación familiar solo el 7,4 por ciento. A eso se agregó que en la discusión política y académica el término “propiedad privada” era fuertemente impugnado por comunistas, socialistas y también por amplios sectores DC. Si la izquierda chilena tenía una fuerte idea colectivista, la DC creía mayoritariamente en. el modelo de propiedad comunitaria, la mayoría de sociedad política y social clamaba por transformaciones.

Jorge Alessandri es el primer mandatario en enviar al Congreso un proyecto de Reforma Agraria: la Ley 15.020, aprobada el 27 de noviembre de 1962. La norma facultó al gobierno la fragmentación de propiedades y para facilitar su compra, el Estado dispuso un pago diferenciado: los expropiados recibirían un 10 por ciento de la tasación agrícola de la propiedad al contado y el saldo en bonos a 20 años plazo. En una avaluación a posteriori, para la derecha política, éste fue el gran error histórico del liberal y tecnócrata político Jorge Alessandri, porque aunque esta ley no avanzó durante su gobierno[3], dio a la gobierno DC, el instrumento para comenzar las expropiaciones. Así, Frei Montalva expropió más de un millón de hectáreas y 495 predios utilizando esa ley, esperando la  conclusión de un nuevo proyecto.

La nueva ley estableció un derecho a reserva para los expropiados siempre que explotaran en forma directa y eficiente el campo. El valor de las expropiaciones era equivalente al avalúo del predio para efectos de la contribución, los que se pagarían con una parte muy diminuta al contado (de un 1 a un 10 por ciento) y el saldo en bonos a largo plazo no reajustables, lo que era visto como una expropiación vía inflacionaria[4].

La nueva ley fue promulgada el 28 de julio de 1967 y para que entrara en vigencia se debió reformar el artículo 10 de la Constitución, en lo relativo al derecho de propiedad.  La Constitución ya no asegura la inviolabilidad de la propiedad, señala José Garrido, director de la Oficina de Planificación del ministerio de Agricultura (ODEPA) durante el régimen militar y autor del libro “Reforma agraria en Chile”.

La situación política en las zonas rurales era inquieta,  aunque los gobernantes anunciaron que sólo serían expropiadas 3 mil 500 propiedades de las 261.346 existentes. Seis años después ya se habían expropiados 5 mil 809 predios, los que fueron organizados en un sistema de explotación colectiva: los “asentamientos”. El trabajo colectivo era supervisado por un administrador nombrado por la CORA.

Los agricultores sintieron que estaba en causa su supervivencia, visto que no contaron con el apoyo político de los grandes empresarios; incluso hasta 1969 los empresarios agrícolas no contaron con el respaldo de las otras organizaciones, señala José Garrido. “La Cámara Chilena de la Construcción criticó la campaña que emprendieron las organizaciones agrícolas, la SOFOFA se mantuvo distante y la SNA (Sociedad Nacional de Agricultura), si bien defendía a su gremio, estaba más dedicada a los agricultores de la zona central ( Garrido:1998)[5].

En un comienzo, la mayoría de los agricultores acudían a los tribunales de justicia, pues no sabían bien qué fuerza tenían las reformas políticas del gobierno de la DC. En realidad fue la etapa más pacífica del proceso de Reforma Agraria. Los expropiados tenían derecho a una reserva de 80 hectáreas y obedecían a los preceptos legales de buena gestión de los campos, podían llegar a 320 hectáreas. Al final del gobierno de Frei, la división política al interior de la DC se repercutió también en los equipos agrícolas del gobierno. Un importante sector -aquéllos que posteriormente formarían el MAPU y después la IC- no querían propiedad individual de los campesinos, sino alguna forma de colectivismo, aproximándose de las tesis de los partidos de izquierda.

Entre noviembre del ‘64 y septiembre del ‘69 se expropiaron dos millones y medio de hectáreas y mil predios fueron incorporados al proceso, 750 de ellos constituidos en asentamientos o preasentamientos. Para la derecha chilena Frei fracasó en sus dos metas: aumentar la producción (el déficit de alimentos que había heredado aumentó en un 30 por ciento) y dar tierra a 100 mil campesinos. Sólo 28.700 familias se beneficiaron, pero entre ellas muy pocas recibieron títulos de propiedad sobre la tierra. Pero para los que estaban a favor del proceso, la organización del campesinado aumentaba notablemente. Según cifras de INPROA, en 1973 existían 308 cooperativas campesinas con más de 90 mil socios, 207 cooperativas de reforma agraria con 9.900 socios, 2.811 asentamientos y 870 sindicatos con 229 mil afiliados.  Esto significa que en agosto del ‘73, el 65 por ciento del campesinado estaba organizado. 

 El proceso se aceleró cuando Allende ingresó a La Moneda. Se formaron ‘centros de reforma agraria’ (CERAS) y ‘centros de producción’ (CEPROS), para entonces era Jacques Chonchol el que dirigía el proceso de reforma agraria. El gobierno apoyaba la tesis de que la reserva no debía ser fijada sólo por la CORA, sino también por los campesinos del fundo expropiado. La SNA, la Confederación de Sindicatos de Agricultores de Manuel Valdés y el Consorcio de Sociedades Agrícolas del Sur, de Domingo Durán, asumieron la defensa enérgica del gremio.

Hasta 1973 se habían expropiado 5 mil 809 predios equivalentes a casi 10 millones de hectáreas. Para los reformistas agrarios, el proceso que encabezaron permitió el actual auge de la agricultura chilena al pasar de cultivos extensivos a intensivos, reduciendo el tamaño de los predios.

Las 5 709 explotaciones, en su mayoría latifundistas, de una superficie promedio de 154,2 HRB, son reemplazadas por 52 418 explotaciones de 17 HRB de promedio, en las que el uso de la tierra es regulado por el mercado de la tierra. El resultado en materia de transformación de la estructura de tenencia resulta incluso mucho más redistributivo a favor de las pequeñas explotaciones. Éstas aumentaron sustancialmente su importancia relativa, de un 22.4% a un 41,1% y las medianas pasaron de un 22,2% a un 31%.

 La junta militar que tomó el poder mediante el golpe de Septiembre 1973 no se propuso volver a la precedente situación, aunque la llegada del régimen militar apaciguó a los agricultores. El 20 de septiembre del ‘73 se formó la Oficina de Planificación (ODEPA) del Ministerio de Agricultura,  para dar una salida a la reforma agraria y hacer propietarios individuales al mayor número de campesinos. Según cifras del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), entre el ‘73 y el ‘81 se entregaron 36.987 títulos de propiedad, aunque muchos agricultores vieron la oportunidad de recuperar sus propiedades.  El cuadro  muestra como la tenencia de la tierra evoluciona en el período entre 1965 y 1987, desde una predominancia del latifundio en 1965, para una predominancia de las propiedades hasta 80 hectáreas en 1987, lo que representa una profunda modificación de las estructuras agrarias y una consolidación del proceso de modificación de la tenencia de la tierra, que un mucho condicionó su evolución y modernización en todo el período del gobierno de Pinochet y en los años del regreso a la democracia y el gobierno de los partidos de la concertación

 

 

 

La reforma había eliminado la presencia del latifundio improductivo. Este hecho le evitó al régimen militar un conflicto político de proporciones con los sectores tradicionales en el agro, ya que no hubiese podido nunca iniciar un proceso de expropiaciones para racionalizar la estructura de la tenencia de la tierra, en el marco de una modernización capitalista.

Esto hubiese sido en contra de sus postulados principales que es la defensa de la propiedad privada y se habría logrado la enemistad de uno de los sectores sociales que si bien no constituye su aliado principal, apoyó decididamente al régimen militar desde un primer momento. La junta implementaba la vía liberal de desarrollo de una "economía de mercado" donde éste regularía el uso de los factores de la producción, y en particular el de la tierra. Para ello era necesario ampliar al máximo la fracción mercantil de los intercambios de tierra, muy reducida anteriormente por las características del latifundio, forma de propiedad poco intercambiada según los mecanismos del mercado ( Kay : 2002).

La reforma agraria había además retirado del mercado las tierras afectadas por ella: su venta estaba estrictamente prohibida, y hay indicios de que no se haya respetado esta disposición entre 1967 y 1973. Para alcanzar su objetivo, la junta hizo posible, ya en diciembre de 1973, la venta de las tierras asignadas en forma individual o de los derechos sobre la tierra asignada en copropiedad. No existe evaluación precisa del resultado de estas medidas, debido a que numerosas ventas de parcelas no han sido registradas. Se estima en un 30% del total la superficie vendida de tierras asignadas por la reforma agraria entre 1974 y 1979, según datos de ICIRA.

 

Caracterización general de la agricultura chilena

 

Desde el punto de vista geográfico, el país presenta recursos variados que sirven de base a la actividad silvoagropecuaria. De 75 millones de hectáreas que conforman la superficie continental del país, existen 4,5 millones de hectáreas arables, de las cuales 1,2 millones son de riego permanente y 0,6 millones de riego eventual; adicionalmente, el secano arable, de adonde se concluye, de acuerdo a la disponibilidad  del recurso de hectáreas, que el máximo potencial regable de Chile alcanza a 2,5 millones de hectáreas. A ello se suman 11,5 millones de aptitud florestal, 8,5 millones de aptitud ganadera y 14 millones de áreas de protección ( Plano Agrícola Nacional: 2002).

En torno al año 1996, la agricultura en Chile producía, directamente, el 4.4% del PIB, empleaba 14.8% de la población económicamente activa (PEA) y exportaba 4.8% de las exportaciones totales. Además, según el censo agropecuario de 1997, las explotaciones silvoagropecuarias ocupaban el 48.5% del territorio nacional. El cuadro nos muestra la evolución del PIB de la agricultura, que ha sido en los años noventa del siglo pasado claramente positivo y creciente, contribuyendo para el crecimiento notable de la economía chilena en general, excepto el año 1999, donde acompaño la caída del PIB, afectado por la menor demanda de la zona asiática

Tomando en cuenta las conexiones productivas directas de la agricultura con la industria manufacturera hacia la cual va un 82.0% de la demanda intermedia agrícola, lo que representa el 19.4% de los insumos intermedios totales nacionales de la industria manufacturera, lo que añade aproximadamente 10.7% al PIB, 7.3% al empleo y 15.1% a las exportaciones. Se llega entonces a una participación conjunta de la agricultura más la industria manufacturera directamente ligada a ella de 15.1% en el PIB, de 22.1% en el empleo y de 19.9% en las exportaciones, es decir, multiplicadores de 3.4, 1.5 y 4.1 respecto a la contribución directa de la agricultura. Se trata de multiplicadores nada despreciables, sobre todo por ser sólo parciales ya que no toman en cuenta los encadenamientos con el comercio, el transporte, los servicios financieros, los servicios públicos, etc., por el lado de la producción agrícola, ni tampoco los encadenamientos producidos por el consumo de los hogares que obtienen sus ingresos de la agricultura (Errázuriz  y Muchnik: 1996). [6]

La transformación que la reforma provoca permite una caracterización diferente de las estructuras agrícolas. El Censo de 1997 revela que en Chile existían 330.000 explotaciones  agrícolas,  de las cuales, según un estudio de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA: 2000), aproximadamente 100.000 eran explotaciones campesinas de subsistencia y 176.000 explotaciones campesinas con potencial de desarrollo agrícola. El sector campesino controla cerca del 45% de los suelos dedicados a cultivos anuales y de hortalizas, una proporción algo inferior (43%) del ganado bovino y lechero nacional, un 40% de la superficie con viñas, un 30% de los frutales, algo menos de un 50% de los cerdos y sobre un 60% del ganado caprino nacional.

Esta distribución revela una creciente especialización de este sector en aquellas rúbricas que le permite asegurarse la alimentación básica familiar, así como en aquellos donde presentan claras ventajas, tales como productos de ciclo productivo corto o continuo, que requieren una dedicación especial y permanente del propietario y su familia, como hortalizas y flores, lecherías (bovinas, ovinas y caprinas), frutales menores, apicultura y producción orgánica, entre otros. El cuadro a seguir nos da una idea mejor de la distribución territorial de las explotaciones agrícolas, por nº de actividades, por exploraciones, considerando en tamaño de las unidades agrícolas, a dimensión social y tipo de propiedad, que contrarresta absolutamente con lo que existía antes de la reforma agraria, y permite apreciar la distribución de la tierra  y sus transformaciones actuales, donde permanecen factores preocupantes como la existencia de unidades inframarginales de subsistencia, de baja capacidad agrícola, ganadera y forestal[7].

 

 

 

El sector empresarial, se compone de 17.000 medianas explotaciones empresariales y 9.500 grandes explotaciones, a las cuales se suma un saldo de aproximadamente 25.000 explotaciones sin actividad o sin clasificar. Las medianas y grandes empresas controlan el 77% de la superficie agrícola utilizable, la cual se destina preferentemente a la silvicultura, donde controlan el 84% de las plantaciones forestales; fruticultura, con un 70% de la superficie plantada; ganadería, con un 76% de las praderas sembradas y el 57% de las vacas lecheras, y cultivos anuales, en los que controlan el 56% de la superficie sembrada.  En el cuadro que se sigue se presenta la estructura por uso específico, donde se puede ver, que si de un lado la superficie de cultivos disminuye en general, considerando cada rubro en particular, y sobre todo rubros claramente dirigidos a la exportación como frutales, viñas, hortalizas, flores, o conectados  a la industrialización de la agricultura, como praderas artificiales, barbechos,  praderas mejoradas y toda la filiere forestal. Este es un hecho marcante: hubo no solo un cambio en la propiedad de la tierra, como una mudanza en su uso en un breve espacio de tiempo.

 

 Estas diferentes categorías de explotaciones revelan la fuerte heterogeneidad social que presenta hoy la agricultura chilena, muy diferente de la que era al inicio de los años sesenta, lo que se refleja en que, para los mismos rubros productivos, exista una gran dispersión en las escalas de producción, los niveles de capitalización y las prácticas productivas de los agricultores y, por consiguiente, en los rendimientos físicos y resultados económicos de sus explotaciones[8].

Dicha heterogeneidad también está determinada por las variadas condiciones agroecológicas que presenta el agro nacional, lo que en los últimos años ha implicado fuertes procesos de diferenciación regional en las áreas regadas de las regiones del centro y el norte del país se ha consolidado una agricultura moderna orientada a la exportación, mientras que en las regiones del sur se ha desarrollado una agricultura que sustituye importaciones y que, a pesar de experimentar un genuino proceso de modernización y de cambio tecnológico, ha debido soportar una fuerte baja de los precios internacionales de los productos que genera[9].

Esta agricultura del sur enfrenta problemas de carácter más estructural, originados por la existencia de fuertes subsidios que distorsionan el comercio mundial y, al mismo tiempo, por la competencia de muchos países del sur, cuyas agriculturas tienen ventajas competitivas por los bajos salarios y no necesariamente reciben grandes montos de subsidios.

En las áreas de secano interior y costero, finalmente, la agricultura coexiste con un sector forestal fuerte y dinámico, que se originó gracias a la existencia de ventajas competitivas y de una política forestal implementada durante años.  Aunque este sector presenta fortalezas y muchos lo creen consolidado, es un hecho que en el corto plazo enfrenta grandes desafíos (económicos, tecnológicos, ambientales, sociales), de los cuales depende su proyección en el mediano y largo plazo (Bravo-Ureta et ali: 1994).

Una razón poderosa para no lograr los objetivos de un desarrollo productivo territorialmente más balanceado, es la fuerza de algunas políticas macroeconómicas, sectoriales y tributarias en asignar los recursos a través del espacio y que actúa en dirección opuesta a la descentralización económica (PNUD, 2000)[10]. A lo anterior se suma la insuficiente calidad de los recursos humanos, aun cuando indudablemente ésta es un área en la que es necesario recuperar con relación a las necesidades: del total de jefes de explotación censados en 1997, el 11,6% no tenía ningún tipo de estudios, el 65% tenía estudios básicos, el 16,4% tenía estudios medios y sólo el 6,5% tenía estudios universitarios.

El lo que respecta a la evolución de las exportaciones del sector silvoagropecuario, particularmente en la hortofruticultura y en lo forestal como consecuencia de las ventajas competitivas logradas por Chile, es un ejemplo que buscan imitar países que persiguen una inserción exitosa en los mercados internacionales y una respuesta al desafío de la globalización económica y la apertura comercial.

Constituye una buena performance, por ejemplo que en un decenio (1985-1994) el saldo total de la balanza comercial de productos silvoagropecuarios, se haya elevado de 567 a 2,467 millones de dólares. El saldo creció a una tasa anual promedio de 17.7%. Resultado derivado del incremento extraordinario de las exportaciones tanto primarias como agroindustriales del sector silvoagropecuario: el valor de las mismas se elevó de 820,913 a 3,274,523 millones de dólares; un crecimiento de casi 300% en 10 años.

 

 

                                     Fuente ODEPA

En ese lapso, tiene particular relevancia el crecimiento del valor de las exportaciones agrícolas (de 487,244 a 1,721,035 millones de dólares) y de las exportaciones forestales (de 302,576 a 1,450,523 millones de dólares en 1994). El modelo es perfectible, subsisten lagunas, vulnerabilidades, existen amenazas y aún no se ha extendido y generalizado a todo el agro. En todo caso, el desafío que plantean los procesos de integración económica ofrece otra oportunidad para dar un nuevo impulso y para avanzar hacia una etapa que permita aprovechar al máximo el potencial que tiene el aparato productivo agrícola chileno.

 

 

En el cuadro anterior es observable el peso que tiene un conjunto de cultivos y culturas que han sido fomentados a partir de la distribución de la tierra, su uso, las expectativas de ventajas comparativas:  son productos de origen forestal de grande demanda internacional y elasticidad precio, son productos de demanda desde los países desarrollados de alta renta. Todos los factores antes enunciados se han conjugado para generar un sector silvoagropecuario que, a pesar de sus problemas estructurales, de su apertura al exterior y de la competencia externa, ha sido capaz de crecer a una tasa anual de 3,4% durante la última década –tasa comparativamente alta a escala mundial-, ocupando al 14% de la fuerza de trabajo total (784.000 empleos directos) e incrementando en forma sostenida su productividad. Como efecto del crecimiento económico del país, el sector pasó de aportar un 8,0% del PIB en 1990 a un 5,7% en 1999, siguiendo la tendencia internacional de otras economías que han evolucionado en forma similar.

De acuerdo a la matriz de insumo-producto de 1996, recientemente publicada por el Banco Central, el principal subsector de la actividad silvoagropecuaria es la fruticultura (30% de participación), seguida por el subsector agrícola sin frutas (27%), el subsector pecuario (25%) y finalmente la silvicultura, con el restante 18%. A ello se deben agregar los encadenamientos del sector agrícola primario con los otros eslabones del sector industrial, comercial y servicios.

 Desde otro punto de vista, la agricultura y la silvicultura, como sector primario, representan 25 a 35% del PIB en muchas regiones del país (IV, VI, VII, IX, X, XI regiones). Finalmente, desde el ángulo del comercio internacional, el sector exportó una cifra récord de US$ 4.982 millones en el año 2000, con un saldo positivo cercano a los US$ 3.800 millones en la balanza comercial.

La razones de la transformación capitalista de la agricultura

El principal factor que permite la adaptación de la agricultura actual al proceso de industrialización es que tiene una zona de producción con características típicamente mediterráneas, acercándola de la demanda europea, lo que da una gama de producción bastante amplia; además que existen condiciones para una mayor capacidad de control fitosanitario, en relación con los países con climas más húmedos que los nuestros. Por la extensión del país y por las características de su geografía, esta superficie de uso silvoagropecuario se ubica en diferentes ecosistemas que permiten una amplia diversificación de la oferta de productos. Esta es una de las principales ventajas que Chile tiene en comparación con las agriculturas de otros países: existe un mosaico de agro ecosistemas que permite el desarrollo de múltiples rubros productivos, en distintas calidades y condiciones. La ubicación en el hemisferio sur, la variedad de suelos y de climas, la disponibilidad de agua para el riego, nuestra condición sanitaria y la existencia de una rica tradición agrícola, son todos factores de éxito que permiten pensar en una adecuada proyección del sector. Trata-se de ventajas comparativas de base natural, que permiten una especialización productiva en productos de consumo universal

Un segundo factor, por veces menospreciado en la avaluación, es que a partir del proceso de reforma agraria se generaron condiciones que favorecieron el proceso de modernización de la agricultura, aunque varios años después. No es imaginable un proceso de modernización con las grandes haciendas, con relaciones de producción precapitalistas y feudales, que se tenía en los años 50 y hasta comienzos de los 60.

 A partir del proceso de reforma agraria se crearon escalas de producción intermedias y muchas de ellas son asumidas por capitales que no son de la agricultura tradicional sino que vienen del sector financiero, comercial e industrial, con dinámica y visión de la aplicación de capital y de relaciones laborales muy distintas de la que tenían los agricultores tradicionales.
A este elemento caracterizador se une una voluntad histórica de modernización y búsqueda de bienestar para las clases trabajadoras, unido a la búsqueda de autosuficiencia alimentar, característica más bien política. Grandes cambios experimentó la agricultura chilena en el lapso transcurrido desde en 1964, en un período en que el sector rural chileno presentaba grave retraso en lo productivo e importante marginalidad en lo social. El conjunto de las instituciones y programas del sector público, y el esfuerzo y aporte del sector privado, ha contribuido a este constante desarrollo agrícola del país. De hecho el país es autosuficiente en la mayoría de los rubros alimentarios, y por ello puede buscar enfrentar el mercado global en condiciones de competitividad e igualdad.

Para mucha gente la modernización de la agricultura chilena comienza con la dictadura militar. Cuando se habla del proceso de modernización de la agricultura en Chile tenemos que remontarnos a esfuerzos que comenzaron a partir del año 38, cuando asumió la presidencia del país Don Pedro Aguirre Cerda, quien permitió la estructuración de las primeras agroindustrias en el país. Desde entonces hubo un esfuerzo del Estado apreciable, no sólo en facilitar o aportar capital para la modernización sino que muchas de las agroindustrias se constituyeron como empresas estatales. Es el caso de la industria azucarera nacional, la IANSA, y el de toda la industria lechera; en este caso no como empresas del Estado sino como cooperativas a las cuales el Estado contribuyó con más del 90% de su financiamiento, así como el de agroindustrias ligadas a la carne u otros en las cuales el Estado jugó un papel importante hasta los años 80. El  plan frutícola chileno, que fue la base de inicio de las exportaciones, se estableció a comienzos de los años 60. Se planteaba en esos momentos llegar en cinco años a 40 mil hectáreas de frutales fundamentalmente orientados a la exportación, lo que se ha hoy largamente superado.

El retirarse del Estado se dio progresivamente durante el periodo de la dictadura, que deja de intervenir no sólo en la producción directa, sino también se resta del apoyo en servicios a muchos aspectos de la producción. Disminuye el presupuesto para la investigación, disminuye absolutamente la asistencia técnica a los pequeños agricultores, disminuye al mínimo el crédito para los pequeños agricultores, desaparecen instituciones estatales creadas para la promoción de la agricultura. De acuerdo a los presupuestos del modelo liberal, el  Estado se limita a su rol subsidiario en la economía, abandonando todas las actividades productivas, por lo que tanto las empresas agroindustriales estatales se privatizan, como  aquellas que eran de las cooperativas fueron muy presionados para que ser entregadas a empresas particulares privadas. También fueron grandes agricultores y  socios de las cooperativas lecheras quienes decidieron transferir la propiedad a la Nestlé, la Parmalat, a la New Zeland Dayri Board ( Taller de Política Agraria: , 2000)[11]

 

En la producción agrícola directa no es importante la presencia de las multinacionales, pero sí en la agroindustria y especialmente en las cadenas de comercialización, como la Dole, que está presente en el rubro frutícola, La Chiquita, que es una de las grandes multinacionales en el mercadeo de frutas y hortalizas, la Nestlé en el mercado de la leche y de sus derivados. 
Se podría afirmar que la presencia de multinacionales del agrobusiness en Chile en general ha sido positiva, pero este juicio depende de los sectores en los cuales se encuentran. En el caso de los lácteos, por ejemplo, cuatro empresas multinacionales controlan el 65 % del mercado. En ese caso el aporte de estas empresas multinacionales ha sido negativo porque manejan los precios de la leche no en función de los intereses internos nuestros, sino en función de los mercados que ellos manejan en todo el mundo. Si tienen excedentes de leche en Nueva Zelandia, en Argentina u otro país, van a traer esos excedentes a Chile y tiran los precios al suelo y ellas mismas, como tienen el poder comprador, son las que fijan los precios  Pero además esas empresas tienen influencias en los países ricos, donde residen  sus capitales y oficinas centrales; y en los países pobres, donde su influencia  comienza con los sobornos y termina con el poder político (Gomez Cerda: 2002).

 Respecto al agua, durante el gobierno militar se separó la propiedad de la tierra de la propiedad del agua y se produjo un conflicto en la asignación de derechos de agua. El Estado en Chile fue el gran motor de la irrigación, en general de la grandes obras de riego y de infraestructura de comunicación. Muchos derechos de agua que estaban atribuidos a la irrigación fueron usados en la minería o en la generación de energía porque como se transaba independientemente de la tierra el mercado de aguas se activó y por lo tanto uno podía comprar derechos a quien quisiera vendérselos. Si bien se produjeron una gran cantidad de abusos en la asignación de los derechos del agua, hoy día podemos rescatar de que por el hecho de que el agua es un bien transable que se está cuidando más de lo que antes se cuidaba. 
En cuanto al riego predial hay una ley de fomento que comenzó en los últimos años de la dictadura y se ha ido perfeccionando y que permite a los agricultores concursar a fondos que subsidian porcentajes del costo de un sistema de riego, que en el caso de los pequeños agricultores puede llegar al 75%. 

En el sector forestal Chile tiene alrededor de 2 millones de hectáreas plantadas principalmente con eucaliptos y pinos subsidiados por el Estado. Esto ha significado terminar con cientos de miles de hectáreas de bosques nativos que han producido grandes desequilibrios tanto para la flora como la fauna, y ahí podríamos decir que sí hubo efectos perversos, negativos. Sin embargo, hay suelos que fueron deforestados antes y la reforestación ha permitido recuperar esos espacios.

Uno de los efectos perversos que se generaron durante el gobierno militar es que sólo cuatro o cinco empresas fueron las que aprovecharon más del 70% del subsidio forestal, lo cual hizo que esas empresas presionaran a la venta de tierras de pequeños productores que fueron desplazados sin destino o a través de planos  programa de "securitización" forestal, por el cual pequeños propietarios se aseguran de que podrán entregar la tierra a una empresa forestal y que a partir del tercer o cuarto año, dependiendo de la especie forestal que se plante, les comiencen a pagar en cuotas anuales hasta el 70% del valor final estimado de la producción, el 30% restante se entrega de una sola vez al momento de la explotación. Esa es una forma para que muchos pequeños productores cuyas tierras tienen aptitud forestal puedan incorporarse a la producción forestal. 

Teniendo en cuenta este cuadro de propósitos, podemos analizar el comportamiento actual de los principales cultivos, que permita escrutar la situación y la previsión de su evolución. En general se puede decir que se observa claramente una  situación de mudanza muy importante, aunque la área sembrada sea menor para la mayoría de los cultivos y disminuya la intensidad de su uso, la productividad de la mano de obra agrícola ha aumentado y la productividad de los cultivos por hectárea aumento considerablemente.

 

 

 

Esto explica que se haya conseguido aumentar la producción de los cultivos tradicionales, hortofrutícolas y forestales, los cuales  vieron aumentar sus resultados modo visible y que explica las exportaciones crecientes, como podemos ver en pormenor en los cuadros siguientes.

 

 

 

 

Un análisis sectorial nos puede dar luces sobre el proceso de modernización  y transformación agrícola. El sector lechero se compone de 22.000 productores, con aproximadamente 600.000 vacas lecheras. En la última década ha experimentado un fuerte proceso de modernización productiva, lo se refleja en las cifras de producción, que han pasado de 1.380 millones de litros en 1990 a 2.050 millones en 1999[12].

El sector de carnes ha experimentado un proceso de expansión, lo que se refleja en un pequeño incremento de los beneficios durante la última década, y en una alza del consumo interno; el sector ha tenido una tasa de crecimiento anual del 14% durante la década pasada, donde la producción de aves y cerdos ha logrado un alto nivel de progreso, que se refleja en un crecimiento del orden de 10 % anual en la última década, basado en un proceso de modernización tecnológica, integración vertical, aumento de escalas de producción y penetración de mercados externos.

De los cultivos tradicionales, los cereales y la remolacha son favorecidos actualmente de una política de ayuda a través de bandas de precios. En el caso del trigo, este cultivo es practicado por alrededor de 80.000 productores, la gran mayoría de los cuales han incrementado sus niveles de eficiencia productiva, como lo atestigua el incremento de los rendimientos físicos, que han pasado de 30 a 43 qq/ha entre 1990 y 1998. Ello es así considerando el gran potencial de muchas áreas en el sur del país, y la necesidad de enfrentar la competencia externa. La remolacha es un rubro en que participan alrededor de 8.000 productores, de los cuales el 73% corresponde a pequeños propietarios. Con el apoyo de la industria, la remolacha también ha experimentado un proceso de modernización en los últimos años, el cual se refleja en los rendimientos obtenidos en la temporada 2000/2001, de 64 ton/ha, comparativamente altos en el ámbito mundial[13].  En el caso del azúcar,  la manutención de este producto requiere del sistema de bandas de precios -el mercado mundial del azúcar está fuertemente distorsionado-, mecanismo que deber ser complementado con programas dirigidos a aumentar la eficiencia productiva (genética, riego, fertilización, mecanización, control de malezas, plagas y enfermedades), hasta alcanzar hacia el año 2005 niveles de 72 ton/ha en remolacha, de acuerdo al plano agrícola[14].

El maíz es cultivado  por alrededor de 26.000 productores, con una superficie que ha fluctuado entre 50.000 y 100.000 hectáreas anuales, y que se localiza preferentemente en áreas de riego de la V a la VII regiones. Estas zonas tienen un alto potencial, lo que se refleja en los rendimientos de maíz para grano seco -94,3 qq/ha de promedio nacional en 2001- que están entre los más altos del mundo. En cuanto al maíz destinado a la producción de semillas, Chile se ha consolidado como un eficiente y confiable proveedor de semillas a los países del hemisferio norte y Europa[15].

 

 

 

En el cultivo del arroz participan alrededor de 2.500 productores, con una superficie que durante la década ha fluctuado entre las 18.000 a 30.000 hectáreas cada año, dependiendo de la evolución de los precios internacionales y de la disponibilidad de agua de riego. Este rubro tiene la particularidad de ser prácticamente la única opción productiva para algunos suelos ubicados entre la VI y la VIII Región que tienen serias limitantes para otros cultivos.

 En los últimos años se ha podido apreciar un mejoramiento moderado de la productividad por hectárea (el rendimiento promedio fue de 52,2 qq/ha en 2001) a lo que se agregan avances en el rendimiento industrial del grano[16]. A los rubros comentados se suman otros cultivos relevantes, tales como la cebada, la avena, las papas, los productos orgánicos, las flores y bulbos, la ganadería de camélidos, entre otros, todos los cuales están experimentando procesos de modernización productiva y tienen un gran potencial de desarrollo, que se expresará en plenitud en los próximos años, dependiendo de la orientación y pertinencia de las políticas agrícolas implementadas y de la capacidad de gestión de los agricultores y sus asociaciones.

El sector de frutas, uno de los más dinámicos,  está conformado por alrededor de 14.000 productores, alcanzando actualmente 200.000 hectáreas plantadas y una alta inserción en los mercados externos (exportaciones por US$ 1.500 millones. La Agroindustria hortofrutícola es un sector que ha alcanzado un alto nivel de desarrollo en la última década, el cual se refleja en los incrementos de la superficie sembrada, en la continua instalación de agroindustrias, de vital importancia para incorporar valor a la producción primaria, y en el incremento de las exportaciones, que alcanzaron a los US$ 500 millones en 2000. No obstante ello, la fruticultura enfrenta crecientes desafíos para proyectarse en el mediano plazo, entre los que se cuentan la profundización de los cambios tecnológicos (incorporación de nuevas variedades, mecanización, sanidad vegetal, tecnologías de postcosecha), los que son indispensables para enfrentar la creciente competencia de los otros países productores del hemisferio sur.

El sector vitivinícola es quizás el más dinámico de los últimos años, lo que se ha traducido en un incremento explosivo de la superficie plantada (30.000 hectáreas entre 1996 y 1999), y de las exportaciones, que en el año 2000 bordearon los US$ 600 millones. Entre los principales desafíos del sector se cuenta, por una parte, el incremento de las inversiones para ampliar las capacidades de vinificación, mejorando, al mismo tiempo, los estándares de calidad que faciliten la competencia de nuestros vinos en los mercados mundiales[17].

La actividad pisquera, estructurada principalmente a través de un sistema cooperativo que agrupa a cerca de 2.900 productores de vides para pisco, tuvo un crecimiento sostenido de superficie hasta 1997, cuando llegó a ocupar 10 mil hectáreas de plantaciones en la III y IV regiones, la misma superficie que cubre en la actualidad. Como consecuencia de ello hubo un aumento considerable de la oferta hasta alcanzar en el año 2000 a 170 millones de litros de vino pisquero y unos 40 millones de litros de pisco equivalente a 30°.

 

El  futuro de la agricultura y el desarrollo

 

Considerando las tendencias de la agricultura mundial, es relevante señalar que en relación con la estrategia de largo plazo, los agricultores chilenos y en concordancia con el plano agrícola aprobado el año pasado por todas las partes integradas en este proceso por el gobierno, buscan profundizar el proceso de apertura externa, pero reconociendo que parte importante de la agricultura chilena continuará especializada en productos que sustituyen importaciones, hecho que ha sido vehemente explicado por los protagonistas políticos y gremiales de esos sectores, buscando una posición de defensa de una agricultura tradicional pero moderna.

Esta concepción implica una superación del modelo de «reconversión productiva”, demasiado apoyado en la doctrina de las ventajas comparativas,  que predominó en el debate agrario de principios de la década del 90: el verdadero dilema es ser competitivo en toda la gama de rubros, sean éstos de exportación o substituidores de importaciones. En tal sentido, el objetivo estratégico de la política agrícola chilena es lograr una modernización global de todos los rubros productivos, de manera de crear las condiciones para un desarrollo agrícola y rural sostenido en el tiempo y equilibrado desde el punto de vista ambiental, económico, social y regional ( Plano Agrícola:2002)[18].

Pero la condición de país pequeño como es Chile, con los potenciales productivos que se han ido desarrollando, es vital la política comercial exterior, lo que implica pensar en alianzas que van más allá que las organizaciones regionales. Chile es un país que exporta productos con baja agregación de valor, exporta productos altamente perecibles y necesita disponer en un corto plazo de mercados importantes, especialmente para las frutas, hortalizas o el salmón. Por eso para Chile es indispensable tener acceso a mayores acuerdos comerciales posible, sea con Europa que ya se firmó, ahora con Estados Unidos y en el Mercosur.

Ahora, hay un gran signo de interrogación sobre los efectos inmediatos de los resultados de la negociación con contrapartes que tienen un peso tan grande desde el punto de vista económico, de mercado, de la influencia política mundial y geoestratégica. Probablemente el gobierno y los agricultores chilenos tendrán  que aceptar algunas imposiciones no deseadas para la economía que pueden afectar a algunos sectores. Por ejemplo, cómo se protege el mercado interno en relación con la producción agropecuaria que resulta de las políticas de subsidios que practican Estados Unidos, Europa y Canadá? A partir del gobierno militar Chile abre su mercado sin muchas condiciones, por lo tanto cuando se firman los acuerdos de la OMC el piso arancelario del que parte Chile para cualquier negociación es muy desfavorable, muy bajo, salvo para algunos productos, como el trigo y azúcar que tienen una banda de precios, la cual será eliminada mas tarde o más temprano de acuerdo a si se trate de acuerdos con la UE, EEUU o el Mercosur.

En las negociaciones del ALCA, Estados Unidos ha justificado su proteccionismo en los subsidios, que otorgan otros países industrializados, principalmente la Unión Europea y Japón. Por ello plantea que el tema se vea en la OMC, donde está en curso una nueva ronda de negociaciones para profundizar el libre comercio. Pero al igual que en el ALCA, el tema de los subsidios agrícolas también enreda las negociaciones de la OMC. Los países industrializados negocian en qué porcentajes disminuyen sus subsidios, pero no su supresión ( Guanzironi: (2002).

Por otro lado, los diversos estudios realizados por organismos internacionales, entre ellos el FMI, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han mostrado que desde la firma de los acuerdos de la OMC en 1994, los países industrializados no mantuvieron sus compromisos de cortar los subsidios a la agricultura. Por el contrario, los han aumentado en forma directa o disfrazada. La nueva ley agrícola estadounidense ("farm bill") que el presidente George Bush firmó como un asunto de "seguridad nacional", aumentó el presupuesto de ayuda a su sector agropecuario a 180 mil milllones de dólares para los próximos diez años, cerca de 20 mil millones anuales. La Unión Europea, por su parte, destina cerca de 44 mil millones de dólares en subsidios. Gracias a estos millonarios presupuestos los productores agropecuarios de Estados Unidos o la Unión Europea logran excedentes de producción en trigo, maíz, leche o algodón, que se colocan en los mercados mundiales a precios muy por debajo de lo que cuesta producirlos. La diferencia entre el precio de exportación y el costo de producción se los paga su Estado.

En las negociaciones del ALCA, Estados Unidos tal vez reduzca o incluso elimine sus barreras arancelarias para importaciones de América Latina, pero tampoco se puede confiar en que cumpla sus compromisos. Por último, las negociaciones al interior del ALCA están mostrando que más son las diferencias que los acuerdos sobre el tema agrícola. Basta ver los borradores publicados para comprobar que prácticamente todas las secciones aparecen entre corchetes, y con textos alternativos, lo cual hace incierto que se pueda llegar al Acuerdo de Libre Comercio en el plazo previsto. Este desafío central dice relación con la forma de enfrentar en el largo plazo las distorsiones del mercado mundial que originan, por ejemplo, los lácteos de la UE y de EE.UU., así como la apertura del sector frente a la Argentina y Uruguay (pactada en el Acuerdo con MERCOSUR) y frente a otros países del hemisferio sur, tales como Nueva Zelandia y Australia[19] ( La Revista Agraria: 2002)

La agricultura chilena para proyectarse hacia el mediano plazo, debe intensificar su proceso de modernización, incrementando los estándares de calidad y la eficiencia productiva al nivel de predios pequeños, medianos y grandes, para lo cual es imprescindible bajar costos de producción. Nada de esto es posible conseguir y mantener sin una correcta conducción de la política macroeconómica que permita mantener precios estables en relación con los costos de los factores, estabilizar el financiamiento de las exportaciones y asegurar cambios institucionales en el comercio mundial, que diminuyan los efectos de las fluctuaciones en la demanda mundial. Adicionalmente, se precisa un mejoramiento de la eficiencia productiva a escala industrial, así como potenciar el desarrollo de una estrategia exportadora que permita colocar los eventuales excedentes en el mercado mundial. Chile no es un país que tenga condiciones para subsidiar los rubros tradicionales donde las ventajas comparativas pertenecen a otros países, existen tímidos programas de ayudas al riego, a la forestación, tendientes a crear ventajas competitivas. Por lo tanto los acuerdos que se  celebran deben permitir competir en las condiciones más igualitarias posibles, en una base de cooperación y equilibrio de intereses

 

Referencias 

Bravo-Ureta Boris E. et ali, (2000), Rentabilidad Histórica de los Principales Cultivos Anuales en la Agricultura Chilena.

Errázuriz S. L. Felipe y Muchnik Eugenia ( 1996),  Estudios Públicos, 61 (verano 1996). Trabajo presentado en seminario organizado por el Centro de Estudios Públicos el 30 de enero de 1996.

José Gómez Cerda (2002),  “Las empresas multinacionales, las relaciones de la union europea con america latina y el caribe, en materia de agricultura, alimentación y turismo.” III Conferencia Electrónica de la FEMTAA , del 04 al 15 de Marzo 2002.

Gómez Sergio( 2003), Democratización y globalización: nuevos dilemas para la agricultura chilena y sus organizaciones rurales, Documento Trabalho, Universidade de São Paulo. 

Guanzironi Carlos (2002),  O porque da Reforma Agraria,  Economica, vol. 4, nº 1, pp 5-24, 2002. 

 Kay, C.(2002), Chile´s Neoliberal Agrarian  Transformation and the Peasentry, Journal of Economical Change, vol. 2, nº 4, pp. 464-501, 2003 

La agricultura chilena (2002),  La Revista Agraria Nº 40 - Lima-Perú, octubre 2002 

ODEPA(2001), Inserción de la agricultura chilena en los mercados internacionales Documento de Trabajo, Serie comercio exterior n° 3, Diciembre 2001 

 (ODEPA: 2003), Estadísticas de la Agricultura Chilena, in http://www.odepa.gob.cl/base-datos/ 

http://www.odepa.gob.cl/servicios-informacion/publica/Agricultura-2010.pdf

Ortega, E. El Momento Actual en la Agricultura. ODEPA, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Temporada Agrícola No. 4, 1994.

Plano Agrícola nacional (2002), Una Política de Estado para la Agricultura Chilena, Período 2000-2010, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile, (PNUD, 2000) Los encadenamientos de la agricultura chilena -acercamiento a una medición- Martine Dirven, Unidad de Desarrollo Agrícola.  

Ramírez, E. Análisis Económico de la Producción de Cultivos Anuales en el Valle de Riego de la Provincia de Talca. Tesis de Grado, Escuela de Administración, Universidad de Talca, 1996. 

Reforma agraria en Chile ( 1998)  Editorial Tiempo Presente Ltda., file:///H|/TESE/Artigos/COSAS Online -Edición 563.  

Ribero Daniel(1996), La agricultura Chilena en el umbral del tercer milenio, Comunica, Año 1,  Nº 1. Junio 1996, in http://www.iicanet.org/comuniica/n_1/espanol/indice.htm 

Vargas Gonzalo y Foster William (2000), Concentración y Coordinación Vertical en la Agricultura Chilena,  in  “Concentración de los segmentos de transformación y mercadeo del sistema agroalimentario y sus efectos sobre los pobres rurales”; Santiago de Chile 27-28 de Noviembre de 2000, Departamento de Economía Agraria, Pontificia Universidad Católica de Chile.