Revista académica de economía
con
el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN
1696-8352
LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LAS NACIONALIZACIONES
Ricardo Tito Atahuichi Salvatierra (CV)
ricardotito39@hotmail.com
La revolución boliviana tiene hechos trascendentes que han dejado huella en la historia nacional y mundial. Por ejemplo la nacionalización del petróleo, efectuada por el gobierno socialista de David Toro en 1937, tuvo como resultado la expulsión de la Standart Oil del país y la fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que influyó en la decisión del gobierno nacionalista revolucionario de Lázaro Cárdenas que nacionalizó y creo la empresa petrolera estatal mexicana en 1938.
Otro caso lo constituye la nacionalización de las minas, producida el 31 de
Octubre de 1952 por voluntad, acción y decisión del pueblo insurgente que
liquidó el poder de la oligarquía minero feudal y determinó la conformación de
la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) como empresa estatal resultante de la
expropiación de las empresas de los “barones del Estaño” que definían la vida
política y económica del Estado Semifeudal.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Tito Atahuichi Salvatierra, R. “Las reformas constitucionales y las nacionalizaciones" en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 122, noviembre 2009. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/bo/
Los sucesos señalados tienen características comunes y particulares por las expropiaciones que se hicieron de los bienes correspondientes a las empresas que fueron nacionalizadas y la manifestación de la continuidad de la voluntad y el deseo histórico del pueblo boliviano por alcanzar el desarrollo industrial y la diversificación económica como un medio dirigido a vencer el atraso y la pobreza, fortalecer la soberanía del Estado y alcanzar la inclusión e integración social sólida de La Nación boliviana hoy debilitada por haber sido divida en 36 “naciones inexistentes” por efecto de las reformas constitucionales incorporadas en la denominada “Nueva Constitución”.
El gobierno ignora las experiencias históricas realizadas por los sindicatos y la población nacional pero el pueblo no, porque sus direcciones retoman permanentemente el sentido de la revolución de Abril que profundizó y generalizó la experiencia de 1937 constituyendo el Estado revolucionario sustentado en la propiedad estatizada. La aprobación de La Agenda de Octubre (industrialización del gas, etc.) el año 2003 es una muestra de esa voluntad y deseo histórico de la población boliviana.
Si el Movimiento Al Socialismo (MAS – IPSP) ganó las elecciones fue porque se apoyó en el sentimiento antiimperialista y el deseo que tiene el pueblo boliviano por alcanzar la industrialización y la diversificación económica, al comprometerse a cumplir La Agenda de Octubre en sus discursos electorales. Pero ocurre que, una vez en el gobierno, olvidó su compromiso y adecuó su política general aplicada a la neoliberal, contenida en el DS 21060, y a la indigenista radical que propugna la vuelta al incario (Tawantinsuyo) correspondiente a una organización social, política y económica del comunismo primitivo (estadio medio de la barbarie) a nombre de una integración e inclusión de las “naciones originarias” (indígenas). Ignorando la decisión de los sindicatos agrarios, mineros, juntas vecinales; congresos de la COB, tesis mineras de la FSTMB; federaciones y confederaciones de trabajadores campesinos; fuerzas progresistas, políticas, estudiantiles y la población empobrecida que le brindó su apoyo con su voto.
Si se compara la nacionalización del petróleo efectuada el año 1937 y la de Mayo del 2006 la diferencia es clara porque el gobierno simplemente compró algunas acciones de propiedad de las transnacionales que sumadas a las que pertenecían al pueblo alcanzaron el 51% del total de las acciones en favor del Estado. Acto comercial que fue presentado al pueblo como una medida trascendentalmente revolucionaria correspondiente al socialismo del siglo XXI, fuera de haberse legalizado los contratos petroleros y entregado nuevamente por 30 años mas la explotación de los hidrocarburos a las transnacionales.
No obstante, que el Estado es el propietario del 51 % de las acciones, en algunas empresas, YPFB no tiene el control de la comercialización, exploración y explotación de los hidrocarburos menos un solo pozo en explotación razón porque la FSTMB, el sindicato de Huanuni, las organizaciones cívicas de Camiri y otros plantean la verdadera nacionalización de los hidrocarburos y la refundación de YPFB como empresa nacional capaz de registrar las reservas del petróleo en la bolsa de valores.
