Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352
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La economía de Ushuaia
desde una perspectiva histórica

Miguel A. Mastrocello (CV)
mmast en indec.mecon.gov.ar

 

Resumen

Ushuaia, capital de la provincia más joven de la Argentina —Tierra del Fuego, que adquirió ese status recién en 1991— está considerada la ciudad más austral del planeta. Fundada en 1884, por casi cien años fue poco más que una aldea, enclavada en un bellísimo entorno montañoso a orillas del Canal Beagle, en el extremo del Cono Sur americano. A partir de la década de 1980 experimentó un vigoroso proceso de crecimiento económico y demográfico, estimulado por un sistema promocional, cuya motivación estuvo basada en consideraciones de orden geopolítico.

En este trabajo, que compila una serie de notas periodísticas publicadas en “El Diario del Fin del Mundo”, de Ushuaia, entre el 15 y el 22 de diciembre de 2003, se efectúa una reseña histórica de la evolución económica de la ciudad, aproximándose al análisis del papel desempeñado por el marco institucional.

I
En el origen, el Presidio y la Base Naval

Lo primero que surge cuando se pretende enfocar la economía de Ushuaia con la lente de la perspectiva histórica, es que desde sus propios orígenes y durante prácticamente todo su desarrollo, el Estado ha tenido aquí un papel decisivo. Por cierto, las cosas se dieron de un modo bastante distinto en la zona norte de la isla, [1] donde el sector privado (después del impulso dado por la política de adjudicación de tierras fiscales del gobierno nacional, a fines del Siglo XIX) debió transitar durante muchos años sin el apoyo de la muleta estatal. Un reflejo de ello es que el Banco de la Nación Argentina (de propiedad oficial) ya había inaugurado una sucursal en Ushuaia en 1914, mientras que en Río Grande lo hizo recién en 1935.

• Las doce cosechas

Sin olvidar la actividad de los navegantes de diversas nacionalidades, de los loberos y balleneros y de los misioneros anglicanos, es indudable que el primer impulso firme para desarrollar la economía ushuaiense lo configuró la creación en 1896 del penal, a instancias de Julio A. Roca, quien era por entonces presidente provisional del Senado y estaba a cargo temporariamente del Poder Ejecutivo. Es cierto que tiempo antes la iniciativa privada ya había dado algunos pasos, como los de don Luis Fique cuando abrió su negocio de ramos generales “El Primer Argentino” en 1888, y cuando dos años más tarde instaló una envasadora de cholgas y mejillones que quizá haya sido el primer establecimiento industrial fueguino.

Pero el asentamiento de la cárcel tuvo una importancia decisiva en nuestra región, empezando por el proceso de inversión necesario para levantar el edificio, y siguiendo con el efecto multiplicador de las “doce cosechas”, que —según cuenta J.C. García Basalo— era como llamaban los escasos comerciantes de la época a la paga mensual de salarios al personal carcelario. Para apreciar la trascendencia de la institución, hay que tener en cuenta que el director de la cárcel manejaba un presupuesto mayor que el que administraba el propio gobernador del territorio, y que había más guardiacárceles que policías.

Por cierto, la política de colonización a través de la creación de establecimientos penales constituía una fórmula bastante común para la época en otras partes del mundo, habiendo sido aplicada con éxito por los ingleses en Australia y por los franceses en Nueva Caledonia (isla de la Melanesia).

Además, la instalación del penal benefició a la que por entonces no pasaba de ser una pequeña aldea, con la instalación de un sistema de suministro de electricidad, una primitiva red telefónica, un servicio médico, una farmacia y diversos talleres de zapatería, imprenta, fotografía, etc. La prueba del efecto significativo que todo esto tuvo es que el número de habitantes de Ushuaia creció entre los censos de 1895 y 1914 a una tasa anual media cercana al 103‰, mientras que la población total del país —que en ese mismo período registró una formidable expansión— lo hacía “apenas” al 36‰. Este no es un hecho muy conocido, quizá porque nuestra ciudad tenía por aquellos años menos de 1.500 habitantes; sin embargo, en términos relativos fue la primera “explosión demográfica” fueguina, seis décadas antes del fenómeno de crecimiento que tantos comentarios ha suscitado.

Que el origen de Ushuaia haya tenido la impronta de un rol estatal preponderante no debería asombrarnos, ni siquiera por haber ocurrido durante una época de la historia argentina a la que la memoria popular le asigna el paradigma del liberalismo económico puro. Recordemos que la llamada Generación del Progreso, que tuvo al mencionado Roca como mentor en lo político y a Carlos Pellegrini en lo económico, no dejó los destinos del país exclusivamente en las manos de las fuerzas del mercado. Esos gobiernos —que lograron un crecimiento económico excepcional con el esquema que se conoce como “Modelo Agroexportador”— estimularon las inversiones en el país con exenciones impositivas y otras medidas de aliento (configurando lo que hoy se denominaría “políticas activas”) que se agregaron a los grandes planes de obras públicas que habían comenzado con la presidencia de Sarmiento (ver “El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas”, de Pablo Gerchunoff y Lucas Llach, Ed. Ariel, Buenos Aires, 2003).

Volviendo a Ushuaia, digamos que la presencia de la cárcel alentó no sólo el poblamiento con inmigrantes chilenos, españoles, alemanes, croatas, etc., sino también el uso de la moneda argentina en la región, antes de que —como se señala más arriba— la ciudad contara con la primera institución bancaria.

Sin embargo, después de ese notable crecimiento a comienzos del Siglo XX, Ushuaia entraría en una prolongada etapa de estancamiento. En efecto, en el período de más de treinta años que transcurrió hasta el siguiente censo, levantado en 1947, su población aumentó a un muy modesto ritmo anual inferior al 10‰, mientras que para el total del país esa tasa fue el doble. Un año más tarde llegaría un contingente de inmigrantes italianos [2] alentados por otra política activa, como fue el decreto presidencial que establecía un plan de fomento mediante préstamos del Banco de Crédito Industrial. Es de imaginar, por cierto, el fuerte impacto que habrá tenido ese flujo migratorio de 850 personas en una población de apenas 2.200. (ver “Los italianos del fin del mundo”, de Leonardo L. Lupiano, Ed. Dunken, Bs. As., 1998).

• El papel de la Marina

El otro ente estatal que tuvo un papel fundamental en el desenvolvimiento inicial ushuaiense fue la Marina, lo cual estuvo obviamente determinado por la localización geográfica y la condición insular de Tierra del Fuego. Recordemos que la institución naval estuvo vinculada con la región austral desde las expediciones de Luis Piedra Buena y Giácomo Bove, y que una subprefectura fundada en 1884 por el comodoro Augusto Lasserre por disposición del gobierno nacional fue, junto con la misión de pastores anglicanos ingleses dirigida por el Rvdo. Lucas Bridges, el germen de nuestra ciudad.

Con el cierre de la cárcel a fines de los años cuarenta, la Armada tomó la posta como principal impulsora del crecimiento. El edificio carcelario se convirtió en sede de la Base de la institución, y allí empezó a funcionar, asimismo, el Hospital Naval, lo cual contribuiría notablemente a mejorar la calidad de vida de la población. También hay que recordar el aporte al comercio y a la vida económica en general de los buques de Transportes Navales, tanto como el que más tarde le dieron sus aviones, que asimismo se ocupaban del traslado de pasajeros.

Durante el período de 1943 a 1955 la jurisdicción se transformó directamente en Gobernación Marítima, e incluso cuando adquirió el status de Territorio Nacional, los gobernadores asentados en Ushuaia siguieron siendo marinos. Esto fue así no sólo durante los períodos lamentablemente frecuentes de gobiernos de facto: por ejemplo, Ernesto Campos, designado gobernador por el presidente constitucional Arturo Frondizi, era marino, y fue durante su administración que se construyó el hotel Albatros, con la intención de fomentar el turismo.

Todo esto está reflejado en las estadísticas, que muestran cómo a partir de 1947 el ritmo anual de crecimiento de la población de la ciudad se fue acentuando notablemente, siendo siempre superior a la tasa para todo el país: casi 42‰ entre 1947 y 1960, y 47‰ en la década subsiguiente.

El Presidio y la Base Naval fueron, entonces, los primeros íconos de la fuerte participación estatal en la vida económica y social de Ushuaia, aunque hubo otro elemento más, llamado a tener una influencia decisiva.

 

II
El impacto de la promoción económica

En 1972 el gobierno nacional sancionó un régimen de promoción económica basado en exenciones arancelarias e impositivas, la famosa ley 19.640, que iba a tener un peso notable en el devenir económico futuro de la región fueguina. El principal eje motivador estaba determinado por un enfoque predominante en esa época, que prestaba atención a las consecuencias políticas de los aspectos geográficos: en una palabra, por la geopolítica.

• El marco geopolítico

Las relaciones fronterizas entre Argentina y Chile tenían en aquel tiempo una tradición conflictiva que se acentuaba a medida que se avanzaba hacia el sur del continente. La escasa población (además, con alta proporción de extranjeros) de la región austral argentina era vista como una debilidad importante, y por ese motivo en el gobierno militar de entonces prendió la idea de utilizar una herramienta económica como medio para impulsar la migración interna hacia la zona.

Mucho se ha polemizado en Tierra del Fuego sobre si fue o no un acierto tomar esa decisión. Sus críticos señalan, con acierto, el costo de oportunidad constituido por el desordenado flujo migratorio y la presión sobre el medio ambiente. Quien esto escribe considera, aún sin desconocer este hecho, que es necesario tomar en cuenta el contexto histórico, en cuyo marco el propósito de fortalecer la presencia argentina en el lugar mediante el asentamiento de actividades productivas y la radicación de población trabajadora, resulta bastante más racional que sostenerla con una escalada armamentista. Dicho de otro modo: levantar fábricas y traer máquinas y operarios parece una decisión bastante menos cuestionable que ampliar cuarteles y trasladar armas y soldados, idea que probablemente haya pasado por la mente de más de un militar de aquella época.

La significación que este régimen ha tenido sobre la vida de toda la jurisdicción, y por supuesto sobre la de Ushuaia, es tan grande que conviene detenerse un momento para analizas sus características.

Su motivación, como vimos, fue de índole geopolítica, y el objetivo central de su sanción era el incremento de la población. Debe señalarse además que si bien la promulgó un gobierno militar, el Congreso Nacional la ratificó en 1974. Veamos ahora el contexto económico en el que fue diseñada.

• El contexto económico nacional

La Argentina de los años setenta tenía una economía cerrada, que es como designan los economistas a los países que comercian poco o nada con el resto del mundo. El nuestro se había cerrado económicamente cuando la Gran Depresión de 1930 hizo entrar en crisis a su modelo agroexportador, basado en la venta al exterior de productos primarios (mayoritariamente, a Gran Bretaña) y en la importación de manufacturas. Idéntica actitud tuvieron muchas otras naciones occidentales, tratando de evitar el contagio de la “enfermedad recesiva” que las asolaba, con lo cual el comercio mundial se contrajo de manera brusca.

Las nuevas condiciones indujeron al país a tratar de sustituir las importaciones fabriles por producción local, lo cual resultó el justificativo de una política proteccionista, orientada a resguardar a la incipiente industria argentina de la competencia externa. Fue una postura generalizada, insisto, en muchos países a partir del colapso de Wall Street, aunque luego de la Segunda Guerra Mundial el comercio internacional fue creciendo paulatinamente, al compás de políticas liberalizadoras. Sin embargo, no pocas naciones industriales han continuado protegiendo a determinados sectores económicos internos, según sus intereses.

Pero en el caso argentino, el cierre al intercambio con el resto del mundo fue drástico, ya que no solamente se aplicó una política de aranceles muy altos a la importación, sino que se llegó hasta las prohibiciones lisas y llanas para importar determinados artículos. Así fue que comenzó la etapa conocida como ISI, sigla de Industrialización Sustitutiva de Importaciones, en cuya primera fase se desarrollaron las industrias livianas (alimentos, bebidas, textiles, etc.); ello fue posible por tratarse de ramas que no requerían inversiones muy grandes y porque el país disponía de las materias primas necesarias, aunque es necesario reconocer que crecieron con un cierto grado de ineficiencia debido a la falta de competencia determinada por el acceso a un mercado interno cautivo.

Cuando la industrialización buscó abarcar ramas más complejas, como las químicas, petroquímicas, siderúrgicas, de maquinarias y vehículos, etc. se encontró con que carecía de los grandes capitales necesarios para ello, por lo que se tomó la decisión estratégica de asignar al Estado un rol sumamente activo. El esquema funcionó con escasas interrupciones (gobierno de Arturo Frondizi, 1958-1962) hasta mediados de los años setenta, pero más tarde los recurrentes desequilibrios fiscales lo condicionaron fuertemente; luego, a comienzos de los ochenta, el péndulo de la política económica se volcó hacia el otro extremo, volviendo a abrir la economía a la competencia externa. (ver “Política económica argentina contemporánea”, de Ricardo J. Ferrucci, Ed. Macchi, Buenos Aires 1990)

Fue en ese contexto que la ley 19.640 estableció, en 1972, un sistema de exenciones tributarias para las actividades llevadas a cabo dentro de la denominada Área Aduanera Especial (AAE), a la que definía como la porción argentina de la Isla Grande de Tierra del Fuego. En el AAE no se pagan impuestos nacionales, incluyendo los aranceles por la importación de bienes. Estos atributos fueron los estímulos para la radicación de industrias, ya que permitieron la elaboración de artículos en Tierra del Fuego a partir de materias primas importadas, y también posibilitaron la “exportación” de esos productos al territorio continental nacional sin que su primera venta fuera gravada por el IVA. Recordemos también que las ventas realizadas desde el territorio continental nacional a la isla se asimilan a las exportaciones al extranjero, con el requisito de cumplir con la normativa aduanera, y por lo tanto se benefician con las exenciones y reintegros del régimen general que alienta las operaciones de comercio exterior.

Sin embargo, el sistema no tuvo el efecto deseado durante casi toda su primera década de existencia, en que se registraron sólo unas pocas radicaciones industriales. Recién empezó a haber movimientos significativos de empresas a comienzos de los ochenta, cuando —como se señaló anteriormente— el gobierno nacional instrumentó una política de apertura de la economía casi “salvaje”. El país pasó de un proteccionismo férreo a una desprotección prácticamente total que derivó en una grave crisis de muchas ramas industriales, que no estaban preparadas para resistir la competencia extranjera.

Una de esas ramas fue la electrónica, asentada en el llamado cordón industrial del Gran Buenos Aires. Eran empresas con una larga tradición en el país, productoras de radios y otros aparatos eléctricos, que de buenas a primeras se encontraron con una avalancha de artículos importados con cuyos precios no podían competir. Entonces, alguien se acordó de Tierra del Fuego y de su ley de promoción.

Hacia 1981 comenzó el gran flujo de radicaciones fabriles en la isla, muchas de ellas en Ushuaia. Varias de esas iniciativas no prosperaron por distintos motivos, pero otras lo lograron con empuje, invirtiendo en la construcción de plantas modernas y bien equipadas, de manera que cuando un par de años más tarde —con un nuevo movimiento del péndulo— la política económica nacional determinó una vuelta al proteccionismo, continuarían radicadas en Ushuaia

III
La ley 19.640 como mecanismo de redistribución de ingresos

A partir de los ochenta, junto con las empresas llegaron a Ushuaia los trabajadores que ellas necesitaban, ya que la población radicada con anterioridad —los NyC, como ellos mismos se denominaban, sigla de “nacidos y criados” en la zona, por contraste con los “recién venidos”— no era suficiente para responder a esa fenomenal demanda de fuerza de trabajo. Y en este punto el lector me tolerará una pequeña digresión de carácter teórico.

Los economistas decimos que existen unos recursos que son necesarios para llevar a cabo toda actividad económica, a los que llamamos factores productivos: se trata de la tierra (lo que abarca también a los recursos del subsuelo y del medio hídrico), el capital (es decir, las máquinas y la infraestructura) y el trabajo. Esta clasificación, que data del tiempo de los economistas clásicos [3], se completa modernamente incluyendo los conocimientos humanos (asociados al factor trabajo) y la tecnología (incorporada al capital).

Las empresas utilizan esos factores para producir bienes y servicios, y para disponer de ellos pagan a las personas que detentan la propiedad de los mismos las retribuciones correspondientes.

Visto de otro modo, tales precios que las empresas deben pagar para acceder a los factores productivos constituyen los ingresos de los individuos. De ello se deduce que las personas perciben ingresos según la función que cumplen en el proceso productivo: si son propietarias de la tierra, se les paga una renta; los trabajadores cobran un salario por aportar su fuerza de trabajo; y los dueños del capital, es decir de la maquinaria y la infraestructura, reciben una retribución que se llama interés. Esto es lo que la teoría económica llama distribución funcional del ingreso. Hay otras maneras de estudiar cómo se reparte la riqueza, tales como la distribución personal o familiar, la sectorial y la regional, pero en este caso nos concentraremos en la funcional.

Lógicamente, las empresas resuelven en qué proporciones los combinarán según los precios que tengan los distintos factores, tratando de alcanzar la composición que represente el costo más bajo posible. En consecuencia, deciden al respecto según consideraciones de mercado, y al hacerlo también determinan —implícitamente— la cuantía de las remuneraciones o ingresos de las personas, según su función en el proceso productivo. En otras palabras, cuando una empresa decide fabricar su producto empleando determinadas proporciones de horas-máquina y de horas-hombre, está también definiendo las retribuciones que recibirán los propietarios del capital y los que ofrecen mano de obra.

El régimen de la ley 19.640 tuvo el objeto geopolítico, como dijimos, de aumentar la población en la isla. Por ese motivo, establecía que para que las empresas radicadas en la Isla pudieran acreditar el origen fueguino de sus productos, debían agregar localmente una determinada proporción de su valor final, y además determinaba que de ese valor agregado local, un cierto porcentaje tenía que estar constituido por sueldos al personal. Así que, expresado en términos de la teoría económica, el sistema funcionó como un mecanismo de redistribución funcional del ingreso, a favor de los trabajadores. Las empresas no podían decidir sobre ese tema en base a consideraciones de mercado, porque una regulación (o, si se quiere, una política activa, ya que el régimen promocional no es otra cosa que eso) no se los permitía. Estaban obligadas a llevar a cabo procesos de producción trabajo-intensivos.

Este es el motivo por el cual se trasladó tanta gente a trabajar en las plantas de Tierra del Fuego, y también la explicación de por qué los salarios que percibían esos trabajadores eran más altos que los que pagaba la industria en el resto del país.

Naturalmente que, dado el avance de la tecnología, el uso de máquinas con mayor intensidad le hubiera permitido a la industria ser más eficiente, produciendo a costos más bajos; pero ello en principio no ocurrió, como hemos visto, porque el propio régimen promocional lo impedía. En rigor, si aceptamos que —como lo dicen los libros— la eficiencia económica consiste en lograr la mayor producción al menor costo posible, habría que reconocer que el sistema posibilitaba una cierta ineficiencia. La pregunta, entonces, es la siguiente: ¿quién pagó esa ineficiencia?

• Seguir al péndulo

La respuesta está, una vez más, en los vaivenes de la política económica nacional. Recordemos que con el advenimiento de la democracia en 1983, el país volvió a un esquema proteccionista, de manera que las industrias radicadas en Tierra del Fuego, que hasta ese momento habían encontrado en el régimen promocional un refugio para protegerse de la competencia extranjera, tuvieron acceso otra vez a un mercado cautivo (protegido), al que pudieron vender sus productos a pesar de que todavía tenían precios internacionalmente muy altos. Los consumidores del mercado interno argentino fueron, entonces, los que posibilitaron esa redistribución del ingreso; desde una óptica, digamos, ortodoxa, se podría decir que esos consumidores fueron los que financiaron la ineficiencia de la industria fueguina en esa etapa. Los partidarios del régimen, en cambio, sostienen que el país hizo un esfuerzo para poblar una región casi deshabitada, desbaratando por esa vía una hipótesis de conflicto externo y sosteniendo con relativo éxito un conjunto de actividades productivas que de no haber existido este sistema, muy probablemente hubieran desaparecido del mapa económico nacional, incrementando el desempleo.

Sin embargo, algunos años más tarde el péndulo de la política económica volvió a moverse hacia el extremo opuesto, y nuevamente se hizo una apertura brusca de la economía, acompañando el plan de convertibilidad de principios de los noventa. Esa nueva orientación duraría una década, por lo que la industria fueguina tuvo necesariamente que adecuarse. También lo hizo la reglamentación del régimen promocional al modificarse el mecanismo de acreditación del origen fueguino de los productos terminados, pasando del criterio del valor agregado al análisis técnico del proceso productivo. Esa transición fue muy dura y costosa, porque las industrias tuvieron que disminuir sus dotaciones de personal, aunque como contrapartida ello les posibilitó finalmente colocar sus productos en el mercado nacional (ahora, desprotegido) a precios competitivos con los de los artículos importados, manteniéndose en actividad. Esto, en una síntesis obligadamente apretada, fue lo que ocurrió durante los noventa, hasta la profunda debacle de fines de 2001 a la que nos referiremos más adelante.

En términos de población, el resultado de esta etapa fue una formidable aceleración de la tasa anual media de crecimiento, llegando al excepcional valor de 93‰ entre 1980 y 1991.

IV
El sector público y su financiamiento

Un aspecto muy importante a considerar es el del financiamiento del sector público, tanto en el nivel provincial como en el municipal, ya que ambos desempeñan roles significativos en la vida económica de Ushuaia.

Para analizar este asunto, puede ser interesante enfocarlo desde el ángulo de una de las opiniones quizá más fuertemente arraigadas entre la población fueguina en general, y por lo tanto también en la de Ushuaia, como es la sensación de que el gobierno nacional nunca se acuerda de nosotros: henos aquí, en el confín del mundo, abandonados a nuestra suerte por los del “norte” [4]. Es un sentimiento muchas veces justificado, pero que desde la perspectiva “del norte” probablemente no sea compartido, y veremos por qué.

Empecemos diciendo que el financiamiento de los presupuestos provinciales en la Argentina depende, básicamente, del llamado Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, que también es un mecanismo de redistribución de ingresos, aunque no orientado al aspecto funcional sino al regional. Se trata de un esquema diseñado de tal modo que la masa impositiva, que en su mayor parte se recauda en las jurisdicciones más desarrolladas (Provincia y Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Mendoza), se reparte en todo el país con un determinado criterio de compensación de las desigualdades regionales.

Los impuestos que se coparticipan son, básicamente, el IVA y Ganancias, junto con otros de menor cuantía; entre los que no se coparticipan, los más importantes son los que se aplican al comercio exterior, como los aranceles a las importaciones y las retenciones a las exportaciones. De la masa total coparticipable, deducidas las asignaciones a la seguridad social y otros conceptos, alrededor del 40% va al Tesoro Nacional y el resto pasa a las Provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, grupo que obviamente incluye a Tierra del Fuego.

Aquí no debe pasarse por alto un detalle importante: nuestra provincia no aporta a esa masa coparticipable, ya que aquí no se pagan los impuestos nacionales mencionados, porque así lo dispone la ley 19.640. Somos lo que en la jerga de los economistas se denomina “free-riders”, algo así como “pasajeros que no pagan boleto”, lo cual en criollo quiere decir que sacamos plata de un pozo común a cuya formación no contribuimos absolutamente con nada. Esto no ocurre con ninguna otra jurisdicción política del país, ni siquiera con aquellas más pobres, lo cual puede que haga entender a muchos que desde la Nación no se comparta totalmente nuestro sentimiento de abandono…

Y ya que estamos ocupándonos de sentimientos, los fueguinos tenemos también enraizada una opinión que se relaciona con la cuestión impositiva, como es que la ley 19.640 sólo beneficiaría a las empresas industriales promovidas. Sin embargo ya vimos que, por un lado, el régimen operó durante un cierto período como redistribuidor de ingresos a favor del sector del trabajo. Pero, además, hay que recordar que exime del pago del IVA a las actividades locales, y que este es un impuesto indirecto que afecta principalmente a los consumidores. Ahora bien, si se le pregunta a un ciudadano común qué beneficios obtiene de la promoción por el hecho de vivir aquí, es muy probable que conteste que ninguno, pese a que cuando consume no lo alcanza el IVA, que además en la Argentina tiene una tasa elevada.

Por otra parte, los empresarios fueguinos no vinculados a la industria de materias primas extrarregionales también están exentos de pagar el Impuesto a las Ganancias. Y este beneficio no se limita sólo a los patrones: si cayera esa exención, probablemente muchos dueños de pequeños y medianos negocios de nuestro medio deberían optar entre cumplir con el fisco o reducir su plantel de personal. De nuevo, recordemos que esta situación no se da en el resto de nuestro país.

• Las relaciones financieras Provincia – Municipalidades

Otro aspecto significativo del financiamiento del Estado tiene que ver con las relaciones entre la Provincia y las Municipalidades, ya que así como la Nación coparticipa ingresos a las provincias, éstas a su vez lo hacen con los municipios. En este plano, veremos que Tierra del Fuego también se destaca.

La gran mayoría de las provincias transfiere a sus municipalidades entre el 10 y 15% de sus ingresos por coparticipación federal: la nuestra reparte el 25%, lo que constituye la proporción más alta del país. Tengamos en cuenta, además, que la coparticipación representa alrededor de la mitad de los recursos totales de nuestra administración provincial.

Por otra parte, las jurisdicciones que tienen en sus territorios explotaciones petrolíferas y/o gasíferas, redistribuyen también las regalías que les pagan las empresas productoras, desde un máximo de 50% (Entre Ríos, cuyos ingresos por este concepto son muy bajos) hasta un mínimo de 7% (Santa Cruz, que es una provincia petrolera por excelencia). Tierra del Fuego, para la cual las regalías conforman una significativa quinta parte de sus recursos totales, transfiere a sus municipios el 20% de ese monto, el cual es el segundo porcentaje más elevado del país.

Por último, nuestra provincia ocupa también el primer lugar en el hipotético ranking de coparticipación a las municipalidades del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con el 45%, mientras la mayoría de las jurisdicciones transfiere entre 10 y 20%. Además, lo recaudado por este impuesto equivale a más de un décimo de los ingresos fiscales provinciales.

Para completar la información, recordemos que la nuestra es la jurisdicción que tiene el menor número de municipios, y que las municipalidades perciben la totalidad del impuesto automotor y del inmobiliario urbano, lo cual también ocurre en varias de las demás provincias.

V
El presente

Hasta aquí hemos analizado la evolución de la economía ushuaiense, dando un breve pantallazo histórico y haciendo hincapié en el tema de la particular inserción fueguina en el sistema impositivo nacional.

Ahora intentaremos ver cuál es la situación de la ciudad en el presente, apoyándonos en algunos datos estadísticos, pero sin abundar en la exposición detallada de cifras —que por otra parte son públicas y por lo tanto cualquier interesado en los pormenores puede consultar— sino concentrándonos en las tendencias.

• La población

Lo primero que debe interesarnos es, lógicamente, la población, respecto de cuyo número creciente ya hemos hecho algunos comentarios. Podemos agregar aquí algo interesante: el último censo, realizado en 2001, permitió comprobar que el ritmo de aumento de la población provincial se moderó muchísimo (la de Ushuaia mostró la misma tendencia); aunque siguió siendo el más alto del país por jurisdicción, bajó del casi 94‰ registrado entre 1980 y 1991, a menos del 44‰ en la década siguiente. Se trata del quiebre de una tendencia que venía caracterizando nuestra composición demográfica.

De todos modos, en los últimos veinte años y hasta la actualidad, nuestra población se caracteriza por conformar lo que los demógrafos llaman una pirámide de base ancha, o sea con muchos individuos en los grupos de edad menores. Esto explica la intensidad y el crecimiento de la demanda por servicios como los de educación y salud.

Los siguientes elementos que surgen son la alta desocupación, por un lado, junto con la comprobación de que este flagelo afecta fuertemente a los jóvenes que buscan insertarse por primera vez en el mundo del trabajo. Y además, que muchos de esos jóvenes tampoco estudian.

No puede servirnos de consuelo, lógicamente, saber que estos males los compartimos con el resto del país, ni tampoco que algunos guarismos sean aquí relativamente más bajos que en otros lugares. Se trata de un problema muy serio, ya que las personas desocupadas que no poseen un determinado nivel de instrucción, tendrán graves dificultades para trabajar aún cuando la economía sostenga una recuperación y la demanda de empleo por parte de las empresas aumente; son desocupados estructurales, porque carecen de la principal herramienta que necesitan, que es justamente el conjunto de atributos que sólo se adquieren mediante la educación.

La conclusión al mismo tiempo sencilla y dramática que surge del análisis de estos dos aspectos se resume en pocas palabras: la educación tiene que ser una cuestión prioritaria para nuestra sociedad.

Por cierto, también son porcentajes altos los de subocupados, personas que desean trabajar por un tiempo mayor al que lo están haciendo, y los de sobreocupados, que no suelen aparecer en las informaciones estadísticas, pero que constituyen un fenómeno considerado como representativo de precariedad laboral. Cerca de un tercio de las personas que trabajan en Ushuaia lo hacen por más de 45 horas semanales, y quisieran trabajar menos tiempo.

Acercando un poco más la lente a los ocupados, veremos otros datos que nos van a llamar la atención. Por ejemplo, que el sector del comercio (incluyendo restaurantes y hoteles) es un importante demandante de empleo, y no sólo ahora, sino que siempre lo fue, aún en las épocas de auge de la industria.

Otra mirada, que habilita para algunas conclusiones optimistas, es la que se da sobre la población ocupada según nivel de educación. En este caso, los guarismos son mejores que los registrados para Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, tomando los ocupados que han completado el nivel secundario, más los que tienen estudios universitarios (completos e incompletos). Es un dato que nos está marcando un nivel de calificación de la mano de obra ocupada muy interesante, cercano al registrado en la ciudad de Buenos Aires.

Por otro lado, la proporción de empleados de la administración pública en Ushuaia es similar a la de Río Gallegos, donde como todos sabemos el empleo estatal es considerado alto. Prácticamente una tercera parte de la mano de obra ocupada en nuestra ciudad, lo está en el ámbito estatal.

Todas estas cuestiones muestran que la sociedad ushuaiense y su economía están fuertemente subordinadas al desempeño financiero estatal, ya que de las arcas públicas —en sus niveles nacional, provincial y municipal— dependen en altas proporciones el empleo, la educación, la salud, la asistencia social y el sistema jubilatorio.

Este dato es preocupante, por una cuestión de carácter pragmático. Como hemos visto, tanto el sector público provincial como el municipal dependen en una medida importante del financiamiento que les brinda la coparticipación federal de impuestos; en otros términos, ello significa que ambos niveles gubernamentales tienen una capacidad de financiamiento propio (es decir, una relación entre los ingresos netamente locales del fisco y sus gastos corrientes) que es relativamente baja. Por el contrario, según mencionamos en la nota anterior de esta serie, la porción de la torta impositiva nacional que nos toca casi podría ser calificada de suculenta en la visión “del norte”. Y este, justamente, es un tema que está en discusión en el ámbito nacional desde hace tiempo.

En efecto, son varias las provincias, entre ellas principalmente las de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que vienen reclamando por una recomposición de la distribución de impuestos, y como también es prácticamente imposible que la Nación acepte reducir su porción, el tema está ahí, como una espada de Damocles sobre las finanzas de la provincia y de la ciudad. De hecho, el asunto integra la agenda económica para 2004 del gobierno nacional, está incluido en el acuerdo con el FMI, y se han iniciado tratativas entre funcionarios del ministerio de economía con autoridades legislativas y provinciales. Será una discusión cuyo saldo tendrá una importancia crucial para los fueguinos.

Va de suyo, entonces, que una administración austera de los recursos fiscales en todos los órdenes es una cuestión central, así potenciar iniciativas de la sociedad civil que descompriman la presión que el Estado tiene en algunos campos claves.

• La producción

En cuanto a las actividades productivas, lo primero que podemos decir es obvio: que todas fueron afectadas por la monumental crisis que estalló a fines de 2001 en nuestro país, aunque de distinto modo.

Pero antes de avanzar en este análisis, retomemos a la industria manufacturera fuegina en el punto donde la dejamos antes: la década de los noventa. Dijimos que con la nueva apertura económica, las fábricas tuvieron que adaptarse, con la lamentable secuela de una disminución en la ocupación de mano de obra que tuvo su contrapartida en una mayor tecnificación de los procesos y en la permanencia de las empresas más eficientes.

Pero asimismo, y especialmente en la primera mitad de la década, el postergado consumo del mercado interno argentino se expandió de manera espectacular, lo cual constituyó el motor que movilizó a la industria fueguina en esos años. Los televisores, videocaseteras, radiograbadores, hornos a microondas y otros electrodomésticos empezaron a venderse a crédito (una modalidad que había desaparecido con la hiperinflación de fines de los ochenta), y la actividad se recuperó.

Así que la industria, aunque con varios traspiés, consiguió sostener su funcionamiento y una tendencia que, como se ve en el gráfico que muestra la evolución del Producto Bruto industrial, fue creciente.

Y obsérvese en el gráfico siguiente lo que pasó con el Producto Bruto provincial: siguió prácticamente la misma tendencia que el producto fabril. Hay una correlación muy fuerte entre uno y otro indicador, mostrando lo que los economistas llamamos una elasticidad-producto de la industria muy alta. En otras palabras: para donde iba la industria, iba la economía provincial.

Hasta que llegó diciembre de 2001 y todo se volatilizó... Los costos de los insumos de la industria, con la devaluación [5], se multiplicaron por cuatro casi de un día para otro, al mismo tiempo que el mercado interno argentino implosionaba junto con los mecanismos de crédito. Una historia que todos recordamos muy bien y con dolor, seguramente.

En cambio, la evolución de la actividad comercial ha sido diferente. Sufrió de una manera directa los largos años de recesión a partir de 1998, en los que además hubo una deflación que impactó sobre la rentabilidad empresaria, todo lo cual determinó que muchas firmas entraran en un peligroso endeudamiento o, directamente, desaparecieran; recordemos que salvo en los casos de filiales de cadenas nacionales, el sector está compuesto mayoritariamente por empresas de pequeño tamaño, a las que resultó muy dificultoso soportar la retracción en las ventas y los crecientes costos financieros. Y pensemos también que ha sido un sector que tradicionalmente dio ocupación a un segmento significativo de la fuerza de trabajo, por lo que su achicamiento explica en proporción importante el aumento de la desocupación.

Pero con la devaluación, el desempeño de este rubro empezó a mostrar algunas señales positivas, por el efecto de esa medida sobre el turismo proveniente del exterior. Tal como ocurrió con otras economías regionales con actividades exportadoras, el abaratamiento de sus precios, vía el tipo de cambio, les posibilitó cobrar impulso aún careciendo de herramientas de financiamiento.

El efecto no fue inmediato, lógicamente. En el verano 2001/2002 el país estaba prácticamente incendiado, lo cual por cierto no constituía un atractivo para los viajeros. Pero poco tiempo después la demanda de servicios turísticos se recuperó y se ha sostenido hasta ahora. Aumentó el número de arribos de los grandes cruceros a nuestro puerto, pero también el de los turistas alojados en hoteles. Y esta inyección de divisas se notó mucho en la ciudad, multiplicando sus efectos sobre la actividad comercial y de servicios en general.

En el próximo gráfico vemos una comparación de los primeros trimestres de 2000 a 2003, en la que se observa el notable repunte del número de turistas alojados en hoteles.

Otro sector importante es el de la pesca, que tuvo su auge en la primera mitad de la década de los noventa, cuando Ushuaia se convirtió en uno de los puertos pesqueros más importantes del país. Sin embargo, cabe hacer aquí dos observaciones. Por un lado, hubo una presión muy fuerte sobre los caladeros de merluza hubssi, lo que determinó la necesidad de establecer una política moderadora de las capturas; y por el otro, las empresas de este sector han organizado de tal manera su política de personal (que es reclutado fuera del ámbito provincial) que aún sus épocas de auge han tenido un efecto bastante moderado sobre el nivel de empleo local.

La construcción, por su parte, está atada al papel del gasto estatal en materia de infraestructura. Como este último se redujo en los últimos años, la actividad sufrió un achicamiento importante, pero es importante tener en cuenta que se trata de una actividad sumamente dinámica, en el sentido que responde de modo muy rápido al aporte de financiamiento.

En cuanto al Estado provincial, por un lado la devaluación mejoró su nivel de ingresos por regalías, aunque también tuvo un impacto negativo sobre su endeudamiento, por la parte tomada en moneda extranjera; ello lo obligó a renegociar la estructura de la misma, lo que parece haber llegado a buen término hacia fines de 2003. Por otra parte, sus ingresos coparticipados han crecido, como consecuencia de la mejoría que experimenta la recaudación tributaria nacional, y también han mejorado moderadamente sus ingresos por impuestos locales, por la reactivación local.

VI
El mañana

John Maynard Keynes, el brillante economista nacido en Cambridge, escribió alguna vez que aquellos que ejercemos esta profesión debemos tener la capacidad de estudiar el presente a la luz del pasado y con vistas al futuro. Esta última condición se ha tornado particularmente difícil de satisfacer en la Argentina, donde tantas veces lo que era cierto y aceptado por la mañana, termina catalogado como falso o injustificado esa misma noche. Con las reservas del caso, entonces, y asumiendo algunos riesgos, intentaremos —como quería el maestro británico— fijar la vista en el futuro.

Lo primero que podemos decir, aunque suene a obviedad, es que nuestra suerte en materia económica estará ligada a la del país en su conjunto. En años anteriores las recurrentes crisis económicas argentinas parecían incapaces de cruzar el estrecho de Magallanes, pero todo indica que esas épocas no volverán.

Entonces, habrá que ver cómo va resolviendo el país las cuestiones económicas de fondo, para que la reactivación se convierta en crecimiento. Un ejemplo un tanto escabroso quizá permita visualizar la diferencia entre ambos conceptos. El organismo económico argentino entró hacia fines de 1998 en una especie de estado comatoso, por lo que durante los siguientes tres años subsistió con pérdida de tonicidad muscular y de peso, degradándose dramáticamente; a fines de 2001, además, sufrió un colapso terrible por el cual sus signos vitales cayeron a niveles casi inexistentes. Desde mediados de 2002, en manos de un médico que se reveló competente para la emergencia (Lavagna), está “entubado” —devaluación, aumento de los precios internacionales de la soja, acuerdo con el FMI— y ha empezado a recuperar peso corporal y tono muscular: se está reactivando. Todavía no funciona normalmente su esencial sistema circulatorio —el crédito para la producción y el consumo— y no puede valerse por sí mismo; para que ello ocurra necesita de la inversión, que es lo que le permitirá aspirar al crecimiento.

En otras palabras, es necesario que fluya dinero hacia la construcción de infraestructura y la compra de equipo nuevo de producción, para que las empresas puedan producir más y de ese modo generar empleo, ya que eso significa crecer. Y esa inversión tiene que estar financiada con el ahorro de las familias y las empresas, que deben volver a confiar en el país y en el sistema financiero para animarse a entregar sus excedentes precisamente a los bancos, para que estos a su vez los presten a otras empresas. Pero además de ese ahorro interno, que resultaría insuficiente en el mediano plazo, es necesario contar con ahorro externo, para lo cual habrá que normalizar alguna vez las relaciones con el mundo y permitir entonces que el sector privado recupere el acceso a los mercados internacionales de capital. Es un camino sumamente difícil de transitar, pero ineludible.

Por otra parte, nos convendría que el gobierno nacional negociara en el ámbito del Mercosur la extensión de nuestro régimen promocional. Tal vez deba pedir disculpas al lector por volver con este tema, pero es que en realidad lo considero muy importante. Tanto que, en mi particular modo de ver, es probable que hoy Tierra del Fuego posea el status jurídico de provincia debido a su influencia, ya que difícilmente ello hubiera ocurrido si esta región hubiera mantenido la escasísima población que tenía veinticinco o treinta años atrás.

Pero más allá de esta suposición mía, cuya veracidad por otra parte es incomprobable, lo que resulta axiomático es que el régimen ha tenido y tiene una gran importancia en el plano económico. A esta altura del texto, espero que el lector coincida conmigo en que sus beneficios no se han limitado exclusivamente a los bolsillos de unos pocos empresarios que ni siquiera residen aquí, sino que también nuestra población los ha recibido en determinada medida. Y que sus exenciones impositivas también son estimulantes para invertir en la construcción de un hotel o en la instalación y el funcionamiento de un comercio.

Los beneficios del régimen para la producción industrial tienen un plazo de vencimiento en el 2013, lo que constituye un horizonte demasiado cercano para potenciales inversores de riesgo. Sin embargo, hay una posibilidad de ampliar ese plazo, en el marco de las relaciones con Brasil, país que tiene un régimen similar en la ciudad de Manaos cuya duración está fijada hasta 2023.

Pero mientras ello ocurre, los fueguinos no tenemos que quedarnos cruzados de brazos.

Por un lado, ¿qué puede hacer el Estado, en sus niveles provincial y municipal? Por cierto que ambos no tienen muchas herramientas de política económica a su alcance. En realidad, se diría que disponen prácticamente de un único instrumento directo, que es el que surge del presupuesto. En otras palabras, la herramienta principal para los dos niveles es la política fiscal, es decir la que se ocupa de los impuestos y de los gastos estatales. De cualquier manera no se trata de un tema menor, si se piensa que los servicios del gobierno representan alrededor del 14% del producto bruto provincial, y además se recuerda el dato sobre el alto nivel del empleo público en la ciudad.

Una opción, entonces, es orientar una porción significativa del gasto a obras de infraestructura, lo cual además de mejorar ese aspecto, revitalizaría al sector de la construcción. Sin olvidar, claro, el apoyo del Estado a la educación y la salud, y la asistencia a las personas que están soportando males como la desocupación y la pobreza, por supuesto que en un marco de transparencia que impida prácticas “clientelísticas”, cuyos nocivos efectos están patéticamente expuestos en nuestro país.

Existe sin embargo otra herramienta, que es indirecta y en cierta manera deriva de la primera, que consiste en la creación de lo que podríamos llamar “un ambiente de negocios”. La transparencia del gasto, la buena calidad de los servicios que el Estado presta a las empresas y los particulares, el acertado direccionamiento de la inversión en infraestructura, y también la asistencia técnica y financiera para los emprendimientos, son elementos que estimulan a los inversores y, por consiguiente, marcan un sendero propicio para el crecimiento económico. Para decirlo en otras palabras, las administraciones provincial y municipal deben ser eficientes proveedoras de bienes públicos y favorecedoras del desarrollo de proyectos productivos en la ciudad.

• Fortalezas y debilidades

La perspectiva se puede completar si analizamos algunas cuestiones enfocándolas con el análisis FODA, es decir, el que se ocupa de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene nuestra ciudad en materia económica.

Empezaremos por una debilidad que podríamos calificar de clásica, como lo es nuestra localización geográfica alejada de los grandes centros poblacionales, en el extremo del continente y con un clima riguroso. Sin embargo, esta característica también puede ser vista como una fortaleza, teniendo en cuenta que la lejanía, esa especie de exotismo o encanto que tiene el nombre de Ushuaia, junto con el entorno que combina el paisaje montañoso con el marítimo y la nieve, configuran una atracción singular para el turismo.

Otra fortaleza está constituida por la infraestructura de excelente nivel en materia de transporte, representada principalmente por el puerto marítimo y el aeropuerto internacional, aunque esta última ventaja se ve amenazada por el carácter oligopólico del mercado aéreo argentino.

A ello se agrega el complejo de deportes invernales del Cerro Castor, que opera también como un fuerte atractivo turístico. En conjunto son elementos que permiten pensar en un desarrollo sostenido del turismo y, también, en iniciativas ambiciosas como la proyección hacia la Antártida, que sin duda es una oportunidad.

En cuanto al castigado y disminuido sector industrial, resulta positivo advertir que posee plantas modernas, y que el incipiente crecimiento del consumo puede abrirle algunas oportunidades para sustituir importaciones. Además, su mano de obra tiene buena calificación y experiencia. Sin embargo, el mantenimiento y la extensión del régimen promocional dependen del gobierno nacional, y asimismo sus propietarios no residen en la provincia. Estas debilidades se combinan con la desaparición de la motivación geopolítica vigente hace treinta años, y también, con los cambios en la estructura arancelaria de nuestro país, que al ser muy baja ha eliminado el potencial estímulo para nuevas radicaciones que constituía la exención de esos gravámenes. Sin olvidar, por cierto, un detalle importantísimo: las nuevas radicaciones están prohibidas por las autoridades nacionales desde hace varios años.

Pormenorizando las debilidades, encontramos otro clásico: nuestras vías de comunicación terrestre con el resto del país son todavía deficientes, por lo que el anuncio de la pavimentación de los tramos faltantes de la ruta nacional Nro. 3 adquiere el carácter de oportunidad. Además, necesitamos inversión para aumentar la magnitud y mejorar la calidad de nuestra oferta hotelera. Y en esta misma línea, es necesario enfatizar sobre la importancia de mejorar nuestros servicios turísticos. Me refiero a que el crecimiento de la actividad no puede basarse exclusivamente en la oportunidad que ha brindado el tipo de cambio favorable: es necesario trabajar hacia la calidad, buscando alinearse con las pautas que se siguen en los países líderes en esta materia.

Una amenaza concreta para nuestras perspectivas es la existencia de un segmento de la población que, además de padecer la desocupación, sólo ha alcanzado un bajo nivel de instrucción, lo que define tanto un problema desde el punto de vista económico como un compromiso desde el ángulo social. La educación, una vez más, aparece como una cuestión de Estado, en el sentido que no debiera preocupar solamente al gobierno, ya que también sería deseable que se involucren en ella todos los estamentos de la sociedad.

Y ya que mencionamos al Estado, recordemos que una alta proporción del empleo está en sus manos, y que su esquema de financiamiento está amenazado por su dependencia de las decisiones que se tomen en torno al sistema de coparticipación de impuestos nacionales. Por otra parte, la devaluación y la reactivación, señaladas en notas precedentes, han operado como oportunidades para recomponer sus ingresos.

Seguramente el lector tendrá en mente otras fortalezas y debilidades. Entre tanto las que mencionamos hasta aquí se resumen en el cuadro siguiente, planteado como una matriz FODA:

 

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Localización geográfica. Infraestructura de comunicaciones: aeropuerto, puerto marítimo. Plantas fabriles modernas. Fuerza de trabajo calificada. Régimen promocional para inversiones. Complejo de deportes invernales de buen nivel internacional.	Tipo de cambio peso/dólar (turismo, regalías). Crecimiento del consumo y posibilidades de sustituir importaciones Mejora en la recaudación tributaria nacional. Proyección hacia la Antártida. Proyecto de pavimentación ruta 3
DEBILIDADES	AMENAZAS
Localización geográfica. Deficientes vías de comunicación terrestre Dependencia de decisiones de política económica nacional. Propietarios de fábricas no residentes. Mercado oligopólico de transporte aéreo Insuficiente oferta hotelera. Calidad de los servicios turísticos en comparación con los parámetros internacionales. Alta proporción de empleo estatal.	Vencimiento del régimen promocional fabril en 2013. Desocupación, pobreza. Régimen de Coparticipación Federal en discusión con la Nación y las otras jurisdicciones.

Pero fundamentalmente el futuro de nuestra economía dependerá de nosotros, o sea: de que los empresarios y los trabajadores tengamos fuerza, iniciativa, dedicación. Que haya gente que se arriesgue a invertir, que se imaginen nuevos negocios y que pensemos que alcanzar el éxito puede demorar años, por lo que hay que tener constancia. Esto puede ser una fortaleza, si lo tenemos, o una debilidad si se trata de una carencia.

Sería bueno también que abandonemos definitivamente la cultura de esperarlo todo del gobierno de turno, la idea de la solución mágica y salvadora proveniente de “papá-Estado”, que —como hemos procurado señalar a lo largo de esta serie de artículos— está instalada como una institución, consecuentemente con nuestra propia evolución histórica. Que empecemos a afianzar un modelo de comunidad en que se premie al esfuerzo, en que la iniciativa y el espíritu emprendedor sean valores reconocidos y apoyados. Esa convicción para ponerse a trabajar es más necesaria, más importante, que cualquier planificación o medida de gobierno. También servirá que tengamos determinación para sacudirnos el pesimismo, lo que nos permitirá sostener el avance hacia una situación que no será ideal, pero que seguramente puede ser mejor.

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NOTAS

1 La mayor parte de la población de la provincia de Tierra del Fuego, así como prácticamente la totalidad de sus unidades productivas, se asientan en los 21.000 km² que conforman la porción argentina de la Isla Grande, a la que sus habitantes denominan, simplemente, “la isla”. Sobre su costa sur está ubicada la capital histórica, Ushuaia, mientras que en la zona norte se halla Río Grande, la ciudad más poblada. Sólo existe otra localidad urbana, la pequeña Tolhuin, en el centro de la isla.

2 En 1948, el Ministerio de Marina celebró un contrato con una empresa constructora italiana, para la realización de diversas obras públicas en Ushuaia. La contratista debía llevar a cabo las tareas con personal propio, que reclutó en su país de origen. El primer contingente llegó a Ushuaia el 28 de octubre de 1948, mientras que el 6 de septiembre de 1949 arribó otro grupo, conformado principalmente por esposas e hijos de los que habían llegado el año anterior.

3 Adam Smith y David Ricardo, los principales exponentes de esta escuela, escribieron entre fines del Siglo XVIII y principios del siguiente.

4 La situación geográfica de Tierra del Fuego en el extremo sur argentino, determina que sus pobladores suelan aludir al resto del país, simplemente, como “el norte”.

5 A principios de 2001 el gobierno del presidente Eduardo Duhalde dispuso una devaluación de más del 70% del peso argentino, llevando la paridad “uno a uno” que había estado vigente por diez años, a $ 1,40 por dólar. Al poco tiempo, estableció un mecanismo de flotación del tipo de cambio, como consecuencia de lo cual el dólar llegó a cotizarse a $ 4.-, aunque hacia mediados de ese año se ubicó en torno a un valor de $ 3.- que se ha mantenido hasta la actualidad.