Revista académica de economía
con el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas  ISSN 1696-8352

Economía de Argentina

 

El problema de la inflación en la Argentina

Fernando H. Laveglia (CV)
 

 

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Laveglia, Fernando H.: "El problema de la inflación en la Argentina" en Observatorio de la Economía Latinoamericana Nº 85, septiembre 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ar/

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En un artículo anterior de enero de 2006 que denominé: “Inflación. La nueva cara de la realidad argentina” (Observatorio de la Economía Latinoamericana – OEL 54), dejaba planteado algunas consideraciones que hacían, de algún modo, al desenvolvimiento futuro del proceso de suba de precios que ya en ese momento comenzaba a insinuarse en nuestro país. El presente podría considerarse como una continuación de aquel, aunque avanza también en algunas otras cuestiones.

El gobierno nacional utilizó dos instrumentos cuando percibió que los precios de la economía comenzaban un proceso ascendente; ambos de “control”: el primero y por su orden cronológico fueron los “acuerdos de precios” que inevitablemente fueron desencadenando en “controles de precios” y hasta en algunos casos en “sugerencias” de precios máximos para ciertos productos; el segundo y a partir de enero de 2007, el control del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de la “intervención” del área del INDEC[1] responsable de su cálculo; este indicador es el utilizado convencionalmente para medir la tasa de inflación[2]. Según el mismo, la inflación en la argentina en los primeros ocho meses del corriente año sería del 5%, lo que mostraría una tasa de inflación anualizada menor al 9%, cuando los analistas más serios plantean que la misma estaría superando el 15%.

A pesar de esta gala de creatividad de política económica atribuida básicamente en su concepción tanto ideológica como instrumental al Secretario de Comercio, resulta claro que existe la inevitable percepción que la inflación se ha instalado en la economía argentina; esto es un problema. Un problema fundamentalmente macroeconómico.

Los motivos por los cuales los precios de la economía de un país comienzan un proceso ascendente han sido estudiado en profundidad por la teoría económica, tanto para países desarrollados como para los países en desarrollo o subdesarrollados. Obviamente que esto no significa que no puedan alcanzarse nuevas formulaciones que indaguen desde diferentes ópticas esta cuestión. Pero, independientemente de ello, lo cierto es que acertar en el diagnóstico es el requisito esencial para avanzar en su solución.

La cuestión básica es que una vez que la inflación gana las expectativas de los agentes económicos comienza un escenario diferente.

Antes de dejar su cargo en julio del corriente año, la ex Ministra de Economía Lic. Miceli afirmaba que “hay empresas que hacen previsiones inflacionarias que no tienen razón de ser”; de alguna manera nos decía que para ella existe una inflación injustificada, pero lo cierto es que hablar de inflación injustificada es similar a decir que hace frío injustificado en invierno. La inflación existe porque necesariamente existen causas que la motorizan y nuevamente es necesario reafirmar que estas causas devienen de cuestiones macroeconómicas.

De este modo, parece que el tema fundamental, a mi entender, pasa por determinar si a raíz de una suba generalizada de precios se producen distorsiones en los mecanismos de formación de los precios de algunos mercados o si estos mecanismos generan la suba de los precios.

Resulta claro que un comerciante, empresario, empleado o rentista pretenderá mejorar el precio de su producto o servicio que venda (el empleado vende el factor de producción “trabajo”) en un mercado. En tanto y en cuanto exista alguien dispuesto a adquirirlo, ellos intentarán lograr el máximo posible en una suerte de tanteo o “prueba y error” hasta alcanzar el precio deseado y que en definitiva maximice sus ganancias.

Así, la suba de los precios se corresponde con la demanda de los bienes, y ningún margen de rentabilidad sobre la venta de cualquier producto es convalidado antes de que tal producto sea adquirido. Por lo tanto cualquier suba de precios es meramente teórica a menos que el producto en cuestión se venda.

Obviamente que tal situación no se da en mercados puramente monopólicos y oligopólicos que, en la argentina actual, los primeros lo ostentan las grandes empresas principalmente de servicios públicos cuyas tarifas están controladas por el Gobierno y los segundos, también principalmente grandes empresas de bienes semidurables (caso de automóviles), algunas productoras de materia prima (acero) y productoras de bienes alimenticios (caso, por ejemplo, de frigoríficos). Pero aún en estos casos existe lo que se denomina “competencia oligopólica”; sin entrar en tecnicismos microeconómicos, baste señalar que un mercado oligopólico tiene un punto máximo de fijación de un precio por encima del establecido y en el caso que pretenda seguir los mismos principios que los monopolistas para fijar sus precios tratando de obtener ganancias máximas, se encontrará condicionado en buena medida a las reacciones que puedan tener los demás oligopolios[3]; es decir, si intentara aumentar los precios, los restantes oligopolistas no le seguirían por lo que las ventas disminuirían fuertemente: la demanda para precios superiores al establecido es muy elástica[4].

 Incluso e independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, si existe la posibilidad que los agentes económicos inicien una suba en los precios de los productos que producen, comercialicen o que prestan servicios, es fundamentalmente porque las condiciones macroeconómicas han abierto una senda favorable para tal comportamiento.

De allí que cuando se genera confusión sobre los determinantes mediatos e inmediatos de la inflación, asumiendo que ésta se resuelve interviniendo sobre las decisiones de formación de precios, dejando todo lo demás constante, en donde la demanda agregada aumenta más que la oferta, la oferta monetaria crece significativamente y el conflicto distributivo amenaza con crear una espiral entre los precios y los salarios, nos encontramos en una situación particularmente conflictiva.

¿Entonces, cuales serían estas condiciones macroeconómicas que están generando el movimiento ascendente de los precios, según lo indicado en el párrafo precedente? En primer lugar debe señalarse que todas están interrelacionadas y proceden de un mismo elemento común que más adelante se comentará.

 La demanda agregada lleva casi cinco años consecutivos de aumento. En un principio, el consumo privado fue la que la impulsó fuertemente, y en 2006 y primer trimestre de 2007 vuelve a crecer a similares niveles que el Producto Interno Bruto (PIB); a partir de 2005, el gasto público pasa a ser un elemento determinante: éste creció en el primer trimestre de 2007 un 4,2% más que el incremento del PIB; y en el último año la inversión resulta el factor más importante: en 2006 creció un 18,7% empujada principalmente por la construcción privada y pública, pasando a ser muy significativo el aumento en “equipos durables” en el primer trimestre de 2007 respecto a igual período del año anterior[5].

La oferta alcanza en estos momentos niveles máximos de producción y no alcanza a satisfacer este incremento de demanda; en principio, el ajuste debe ser vía precios.

La base monetaria (variable que afecta directamente a la oferta monetaria) pasó en el primer trimestre de 2006 de $ 58.700 millones a $ 77.800 millones en el primer trimestre de 2007. De igual manera, de $ 61.432 millones en el segundo trimestre de 2006, el segundo de 2007 la encuentra en un nivel de $ 81.477 millones (crecimientos nominales de 32,4% y 32,6%, respectivamente). Se sabe que cualquiera sea la causa determinante de la inflación, ésta se manifiesta en términos monetarios. Se demuestra fácilmente que cuando la base monetaria comienza un crecimiento pronunciado el índice de precios también crece fuertemente.

Resulta lógico que los trabajadores estén preocupados por mantener su posición relativa en términos de poder adquisitivo de su salario y en esta inteligencia los sindicatos tienen un poder de monopolio sobre el factor trabajo. Sin embargo cuando pueden conseguir mejoras salariales en proporción mayor al aumento de la productividad laboral[6], el resto de los perceptores de renta pretenderán incrementar sus ingresos para no perder la participación original a través del incremento de los precios. Los trabajadores responderán con mayores reivindicaciones desencadenándose así una espiral salarios-precios.

En este punto es necesario aún acercar algunos interesantes elementos: según el último informe del INDEC respecto a variaciones salariales “los sueldos ya crecieron un 100,7% en los últimos cinco años y medio, en un panorama que sigue teniendo entre los más favorecidos a los trabajadores privados registrados. El sueldo de los empleados en blanco creció en promedio desde la devaluación un 140,46%. Detrás vienen los trabajadores en negro, con un 73,23%; por último, los estatales, con un 52,34%.”[7]  Sin embargo, desde la devaluación y considerando en la medición los índices oficiales del INDEC de estos últimos cinco meses (con todas las dificultades que tiene considerar a los mismos), la inflación creció un 98,6%. O sea, aún los trabajadores en negro y los estatales no han conseguido mantener el poder adquisitivo pre-devaluación. Esto augura nuevas presiones salariales. A esto debe agregarse aún un aspecto a considerar más adelante.

Otro aspecto sobre el que también resulta necesario realizar algunas consideraciones se refiere a la actual situación energética en nuestro país. No resulta plausible atribuir los movimientos ascendentes de los precios de la economía exclusivamente a un problema energético, como pareció insinuarse en algún momento.

Los insumos de energía forman parte de la función de producción de las empresas, una insuficiencia de éstos afecta como es obvio la capacidad de producción de bienes y servicios. O sea, una oferta limitada, como parece ser el caso, ante una demanda creciente, genera inevitablemente un desacople o desequilibrio entre oferta y demanda de factores de producción que se traslada directamente al mercado de bienes y servicios. Nuevamente nos estaríamos encontrando con una mayor demanda, en este caso, de energía, sobre la oferta disponible. En otras palabras, aparece nuevamente el problema estructural de la economía argentina.

Las medidas de política económica post-devaluación realizadas en un principio por el gobierno (independientemente de otras consideraciones) respondían a la necesidad de adecuar rápidamente los desequilibrios económicos sociales que se habían producido, apuntando a incluir en el circuito económico a una amplia franja de población que habían sido excluidas o no estaban en él por la fuerte recesión sufrida desde 1998. Los efectos han sido, en términos de crecimiento, desempleo y pobreza (entre otros), positivos.

La teoría de los “ciclos económicos” también ha sido profusamente estudiada; sólo se mencionará que parecería que indefectiblemente las mieles positivas siempre alcanzan un máximo a partir del cual comienza un período, diríamos, de dificultades. El punto está en qué para mantener un desarrollo sustentable o sostenible en el tiempo se actúe adecuadamente en el momento oportuno para que los ciclos negativos sean, en términos de períodos y cuantitativamente, lo menos y menor posible y el comienzo del siguiente encuentre a la economía en un estadio superior.

El actual programa económico descansa principalmente en:

• Tipo de cambio alto.
• Superávit gemelos. O sea, superávit fiscal y superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos.
• Incentivación del consumo

El tipo de cambio alto, cuyo principal  objetivo es incentivar las exportaciones y la sustitución de importaciones, promueve fundamentalmente la exportación de alimentos que se consumen en el  mercado interno y genera presión sobre precios y el salario real[8]. Se tratan básicamente de exportaciones “bienes-salarios”. O sea, son productos que se exportan y tienen un alto consumo interno (excepto la soja). Agregándose a esto la suba de estos productos en los mercados internacionales. Esto genera que las empresas exportadoras, como resulta obvio, prefieran vender sus productos a valores internacionales en el exterior que venderlos en el mercado interno cuyo precio no tiene valor dólar. Nuevamente comenzamos a ver una insuficiencia de oferta interna.

 

Los superávit gemelos generan ahorro en las cuentas públicas y ahorro del sector externo. Estos ahorros fortalecen a la economía y le brindan seguridad para evitar que una fuerte expansión de la economía finalice en una profunda recesión (tema de los ciclos, ya comentado) y a afrontar crisis externas. El tema es que para el caso del primero el aumento del gasto primario en el primer trimestre de 2007 fue del 46,7% y sólo 35,7% fue el alza de los ingresos en el mismo período. Esta apareciendo un problema cuya tendencia, por lo menos para lo que resta del año, no parece que vaya a cambiar. Desde el punto de vista macroeconómico, la reducción del ahorro fiscal impacta positivamente en el crecimiento de la demanda agregada y tiene un efecto alcista sobre los precios.

 

Asimismo, los datos indican que la reducción de la brecha positiva en el frente externo ya viene produciéndose desde hace aproximadamente tres años, habiéndose profundizado en el primer trimestre de este año. En este período las exportaciones crecieron un 11%, pero las importaciones lo hicieron un 24%, y el aumento de bienes importados es, en este esquema, inflacionario. Es cierto que si nuestras exportaciones fueran de 100.000 millones de dólares con el nivel actual de nuestro PIB, no sería problemático una saldo de balanza comercial equilibrado o un pequeño déficit, pero la cuestión es que nuestras exportaciones alcanzan a sólo 46.000 millones de dólares, aproximadamente.

Debe dejarse en claro que, independientemente del efecto precio, la disminución de ambos superávit no presentan todavía una preocupación relevante en el sentido que no desaparecerá este superávit de manera inmediata.

El consumo crece, como se mencionó anteriormente, de manera sostenida producto del crecimiento de la economía. Con el consumo en alza la política macroeconómica incentivó innecesariamente la demanda, con costo en materia de inflación. Pero no sólo crece la demanda  de bienes y servicios privados, sino también de los servicios públicos: los problemas con el gas y la electricidad; la falta de gas oil en no pocas oportunidades; los inconvenientes en los medios de transporte de carretera, ferroviarios y aéreos, etc. son básicamente problemas de una oferta limitada. El caso de la energía es un ejemplo elocuente: cuando la generación de la misma aumentó un 2,6% en abril de este año respecto a mismo mes del año anterior, la demanda lo hizo en un 7,5% (datos del Indicador Sintético de Servicios Públicos –INDEC).

 

A modo de Conclusión

En todo lo expuesto precedentemente no se mencionó un aspecto que comienza a ser importante: la macroeconomía está empujando a los precios hacia su equivalencia en dólar. Según Rogelio Frigerio (h) "Los elevados precios internacionales y el tipo de cambio depreciado hacen subir los precios de los bienes domésticos exportables, acelerando la inflación". Esto tiene su contrapartida en el sentido que aún el superávit fiscal ayuda a que no se dolaricen todavía todos los precios, básicamente los de los bienes “no transables” (caso de las tarifas a partir de la cantidad de subsidios gubernamentales).

La teoría económica nos dice que la relación entre los niveles de precios en dos países y el tipo de cambio entre sus monedas se llama paridad de poder adquisitivo, PPA, o paridad  del  poder  de  compra. El postulado de esta teoría es que los productos idénticos deben tener el mismo precio, o un precio único, en diferentes países en  términos de una misma moneda. En la práctica la ley del precio único no  puede  cumplirse,  por  las  barreras  arancelarias  y  los  costos  de  transporte.

No obstante esta circunstancia, es posible acercar algún elemento que puede ayudar a comprender cual es la relación que existe entre, por ejemplo, el peso y el dólar estadounidense. Para ello es útil utilizar el indicador que desde 1986 utiliza  la  revista  inglesa  The  Economist. Este indicador está referenciado a la hamburguesa Big Mac de McDonald’s. Este producto es lo que se denomina un “bien homogéneo” (en todas partes tiene los mismos insumos con pequeñas diferencias). Con el precio de 8,25 pesos y el dólar a 3,09, que registró la revista en su último informe, resulta un precio en dólares de 2,67, mientras que en los Estados Unidos el Big Mac se vende a 3,41. De esta forma, para igualar el precio del Big Mac local en dólares al de referencia, el tipo de cambio argentino tendría que ser de 2,42 pesos por dólar[9]. O sea que nuestro peso se encuentra subvaluado un 22% o el tipo de cambio está sobrevaluado en un 27,7%.

Puntos más o menos por la incidencia de los costos de transporte u otras variables, lo cierto es que, o el tipo de cambio debería ser igual a un valor cercano a 2,42 o el precio de la hamburguesa debería ser de $10,5. Teniendo en cuenta que la política económica está orientada a mantener un tipo de cambio alto, se deduce que los precios internos tenderían a subir.

El problema es que la suba de los precios internos esterilizan la ventaja artificialmente competitiva en los mercados externos. Y esto podría llevar, siguiendo con la política oficial, a nuevas devaluaciones de la moneda, pudiéndose producir en consecuencia una espiral precios-devaluación.

Históricamente nuestro país para hacer competitiva la producción local y así aumentar las exportaciones, a apelado a mantener un dólar alto y un salario real deprimido, cuando en realidad la competitividad real se consigue mejorando la eficiencia local a través de una mejora en la productividad. Esto significa, como lo demuestran muchos países del mundo desarrollado como en vías de desarrollo, que no es necesario mantener artificialmente un dólar alto para ser competitivos internacionalmente sino que se requiere enfrentar los problemas estructurales de eficiencia y productividad. O sea, si somos competitivos no es necesario un tipo de cambio artificialmente elevado. Esto a su vez, permitiría reducir los costos de producción internos, bajar los precios en el mercado interno y mejorar el salario real de los asalariados.

Un aspecto que se ha dejado para el final es la cuestión monetaria. La misión primaria y fundamental de los Bancos Centrales modernos es “preservar el valor de la moneda” (así lo establece la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina). Es decir que son los encargados de controlar la inflación y para ello cuenta con instrumentos de política monetaria (el BCRA lo establece específicamente entre sus funciones). La cuestión fundamental pasa porque la política monetaria actual en nuestro país, no se condice con una tasa de inflación del 10% anual (ya de por sí, alta) sino con una mayor.

La política monetaria expansiva fue acertada durante 2003-2005. En aquel entonces fue posible estimular la demanda agregada sin consecuencias inflacionarias, dada la alta capacidad ociosa de la economía y la fuerte monetización. Pero a partir de mediados de 2005, la situación cambió: la política monetaria expansiva dejó de ser acertada.

Actualmente el Banco Central interviene comprando moneda internacional para sostener el tipo de cambio y para acumular reservas. Con ello el Banco pretende no perder el control de la oferta monetaria y la tasa de interés de corto plazo. El banco expande la base monetaria cuando compra dólares (lo que induciría la baja de la tasa de interés). Pero trata de compensar esta expansión (y mantener consecuentemente inalterada la tasa de interés) absorbiendo el incremento de liquidez generado en la intervención cambiaria a partir de la colocación de títulos y bonos (Lebacs y Nobacs). Esto se denomina técnicamente intervención esterilizada. Pero esta política tiene dos aspectos: el primero es que la cantidad nominal de valores de los títulos colocados no esteriliza completamente lo obtenido por la compra de dólares (cómo se vio anteriormente) ya que la tasa de crecimiento nominal de la oferta monetaria resulta mayor que la tasa de crecimiento nominal del PIB. Consecuentemente e irremediablemente lo que habrá es mayor liquidez en el mercado de dinero. Esto incentivará la demanda agregada y como la oferta está alcanzando situaciones límites, el ajuste se realizará vía precios.

El segundo aspecto es que el Banco compra dólares y se endeuda en pesos a una tasa de mercado, o sea genera un egreso futuro para cancelar esas obligaciones. Esta operatoria se realiza al costo financiero de un endeudamiento “cuasi-fiscal”. Este endeudamiento es inflacionario, tal como lo ha demostrado la experiencia argentina.

El 13 de septiembre el presidente del Banco Central (BCRA) “admitió en Gran Bretaña que la inflación en la Argentina es una preocupación, en momentos en que los precios al consumidor crecen a un ritmo cercano al 9% anual, según el dato oficial. En una conferencia organizada por la publicación Euromoney, dijo: "El Banco Central está profundamente preocupado por el nivel actual de la inflación en la Argentina"”[10].

En algún aspecto resulta curiosa esta afirmación. En efecto, la imagen que se presenta es como si el presidente del BCRA y más precisamente el organismo que dirige no tendría nada que ver con la inflación, como si fuese una cuestión ajena a él y sólo resultaría un observador de la misma, cuando en realidad debería ser el custodio de que la suba de precios no se descontrole. Puede que en realidad sea así, los funcionarios de primer nivel del gobierno nacional negaron que en el país exista un proceso inflacionario y se argumenta: “"tiene la inflación que debe esperarse" por el nivel de crecimiento”. Demás está decir, por todo lo expuesto, que si esto es así, la política monetaria debería actuar inmediatamente; el crecimiento no debería implicar inflación[11] porque lo que conlleva es una extraordinaria concentración de la renta nacional.

En conclusión, de acuerdo a lo reseñado hasta aquí, las condiciones macroeconómicas atribuibles tanto a la política fiscal como monetaria son las que están creando las condiciones para que los formadores de precios busquen “cubrirse” a través de sus políticas de precios. La economía es como un curso de agua en un terreno: por la ley de gravedad indefectiblemente buscará la mayor pendiente para deslizarse; podríamos desconocerla o ignorarla adrede, pero no podemos evitar que exista. Lo que sí puede hacerse es crear las condiciones favorables para que ese curso transite por una senda que no produzca consecuencias negativas o, al menos, tratar de evitarla.