"Contribuciones a la Economía" es una revista académica con el
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas
ISSN 16968360

 

DEMOCRACIA Y MERCADO

 

MAURICIO ANDRÉS RAMÍREZ GÓMEZ .[1] 
maramire@eafit.edu.co

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RESUMEN:

El trabajo parte de una pregunta fundamental: ¿La democracia es funcional a la racionalidad propuesta a las sociedades desde la economía de mercado capitalista?. Darle salida a este interrogante exige asumir dos presupuestos teóricos: 1) no asumir una equiparación lineal y estática entre capitalismo y mercado, es decir, el mercado no se puede reconocer como una condición exclusiva del capitalismo.[2] 2) Lo que se ha llamado Estado capitalista,  ha sufrido transformaciones en su organización institucional a lo largo de la evolución del capitalismo, matizándolo con formas altamente intervencionistas (Estado Benefactor) y formas de Estados liberales (Estados Gendarmes).

 

Lo anterior remite a sustentar la conclusión final que hace explícito  el  reconocimiento de la existencia de democracia dentro del contexto de la economía de mercado, fundamentalmente en las economías de corte social, cuyo escenario de realización se formaliza en el rol del Estado intervencionista, que actualmente se le ha pretendido renovar desde distintas acepciones teóricas inscritas en enfoques neokeynesianos, postcapitalistas y socialdemócratas, identificándose escenarios de democratización de la sociedad en los que conceptos como el de sociedad civil y ciudadanía adquiere un papel clave en su explicación. 

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CONSIDERACIONES GENERALES

La lógica del capitalismo bajo la visión contemporánea ha propuesto como aspiración normativa el despojar de manera absoluta a la economía de la "dañina" intervención del Estado, en sus distintos escenarios. Un Estado que ha actuado directamente  como empresario; regulador de la actividad económica, por la vía de la política fiscal, monetaria o sectorial; prestador de servicios productivos e improductivos en el ámbito de los servicios públicos y de infraestructura;  garante de la reproducción de la fuerza de trabajo por medio de la legislación laboral y la seguridad social. En este sentido el sustrato de  la preocupación radica entonces en la construcción de Estados despolitizados  de corte tecnocrático que garantice las condiciones de reproducción estables de los patrones de acumulación y apropiación individual del capital. 

Es en este sentido que el neoliberalismo se  presenta como la versión extrema de la economía de mercado, en el que el capital  adquiere centralidad como factor predominante en el proceso productivo. En esta lógica quedan inscritas las políticas de privatización y desregulación del mercado que pretenden ampliar el espacio de desenvolvimiento del factor capital para que este pueda desarrollarse. Bajo este contexto se pretende desarrollar mecanismos de flexibilización institucional, que aspiran al reordenamiento de la esfera estatal bajo la lógica de generar un dimensionamiento pragmático en términos de la articulación orgánica de la dupla Estado-mercado. El Estado bajo esta relación dual, adquiere la connotación de ser un ente hegemónico con capacidad de garantizar y ordenar los procesos económicos bajo el carácter legal que lo reviste, y su reconocimiento legítimo en medio de las concepciones democráticas representativas más ideales. 

En este orden de ideas se identifica la transformación funcional que adquiere el Estado, perfilándose como un ente ordenador de la economía bajo la connotación de ser garante de los procesos de reproducción del capital, en este sentido el economista colombiano Jorge Child  anota lo siguiente:

Parte de la nueva filosofía política consiste en llevar los principios de la administración de la empresa privada a la gerencia del Estado y a la administración pública en general. Esto implica un cambio radical en la filosofía del Estado que ya no se concibe dentro de los paradigmas teóricos convencionales....la teoría democrática del Estado, por el contrario proyecta una administración pública abierta a los cambios  de la opinión y de las fuerzas políticas que compiten dentro del sistema electoral de la democracia política ( CHILD 1993 pag. 17  ) 

Ahora bien, si reconocemos la existencia de un funcionamiento autónomo del mercado, el papel que se le podría asignar a la esfera estatal  como expresión formal del poder social, estaría determinado por la asignación del rol fundamental en función de la dinámica económica capitalista,  en cuanto se convierte en el garante institucional del régimen de propiedad, de las reglas “equitativas” de la pugna competitiva, y estará atento a las fallas del sistema para removerlas, es decir trata de resolver o minimizar las contradicciones del sistema, fortaleciendo de paso los intereses de sectores sociales específicos. 

Es claro, bajo este estado de cosas, que si bien el capitalismo contemporáneo se ha despojado de cualquier tipo de vínculos con el Estado, también es cierto que se ha garantizado para si el rodearse de una gama de opciones de derechos, controles y defensas que dan pie a pensar  que su preocupación radica no en la prevención de la contradicción social sino en la corrección y ajuste de la contradicción que el mismo sistema por su naturaleza genera. 

El sociólogo francés, Alain Touraine, hace un llamado de atención cuando puntualiza la diferencia de asumir  la economía como libre de toda interferencia de gestión ineficiente del Estado, a mostrarla como una economía que se autorregula lejos de toda interferencia exógena. Y es bajo esta última consideración, que Touraine describe la esencia del capitalismo hoy:

...capitalismo, que no es otra cosa sino esta mundialización de la economía de la cual se habla mucho sin detenerse a caracterizarla. El capitalismo supone una economía de mercado en cuanto que ésta rechaza cualquier control exterior, pues por el contrario, busca actuar sobre la sociedad en bloque en función de sus propios intereses. El capitalismo significa que la sociedad se ve dominada por la economía. (TOURAINE, 1999.Pag 20) 

Esta puntualización remite al debate de Estado versus el mercado, el cual creó una falsa disyuntiva en términos de la exclusión o supremacía y anulación del mercado respecto al Estado. Y resultó ser una falacia discursiva dado que las fronteras nítidas entre los papeles funcionales asignados, tanto para el primero como  para el segundo, han sido traspasadas, dado el incumplimiento de la promesa de un mundo armónico, pletórico de  satisfacciones y de un crecimiento económico ilimitado. 

En este sentido es importante visualizar como las asimetrías en las economías de mercado actuales, han determinado distintos escenarios de disyuntiva entre lo económico y lo social, quedando cuestionada la real capacidad de creación de espacios de participación democrática, los que se confrontan con una realidad que niega constantemente los derechos fundamentales de los individuos. 

DEMOCRACIA. ¿ANTÍTESIS DEL CAPITALISMO?

Los incrementos de la población pobre en el mundo, el deterioro creciente del medio ambiente, los conflictos étnicos y religiosos, los aumentos de la criminalidad, la exclusión política, económica y social y, en general,  el deterioro de la calidad de vida,  han sido el caldo de cultivo para la eclosión de movimientos sociales que, bajo el amparo de la participación democrática, han colocado entre el deseo y la realidad la viabilidad de la homogeneización económica propuesta desde el  capitalismo donde el desarrollo se presenta como una consecuencia lógica de la implementación absoluta del llamado “libre mercado”. 

El sociólogo chileno Luis Razeto formula al respecto la siguiente idea:

La crisis del desarrollo de que hablamos la podemos expresar en estos términos concisos: mientras la economía mundial continua su proceso de expansión y crecimiento global, una visión de conjunto del mundo permite ver que estamos avanzando hacia un colapso de la misma civilización que se está expandiendo y creciendo. Crisis del desarrollo no significa, pues, que lo que hemos entendido como desarrollo esté dejando de verificarse, sino al contrario, que mientras mas avanzamos por el camino de ese desarrollo, más se agudizan los problemas y contradicciones de la sociedad y más nos acercamos al punto en que continuar por dicha senda de desarrollo  resultará imposible. (RAZETO, 2000. Pag 11). 

Ahora bien, si  se coloca la discusión no en el ámbito de lo real, leído desde las crisis, sino desde las aspiraciones ideales de construir sociedades democráticas, encontramos autores como Norberto Bobbio,  quien aísla el problema de la contradicción entre Estado versus el  mercado de la discusión convencional, y le coloca una extensión a la disyuntiva que se formula en términos de un Estado democrático versus el mercado. Para Bobbio el asunto de la democracia no es solamente un problema de mayorías absolutas o la existencia de un marco legal que garantiza la existencia de reglas y procedimientos, es importante además tener las garantías reales de ejercicio de la democracia que han de estar consignados en los llamados derechos fundamentales (de libertad,  opinión,  expresión,  asociación y reunión), que solo pueden ser dados en el seno del  Estado liberal, aquel que no solo ejerce un poder de sometimiento a la ley sino que esta limitado por el reconocimiento constitucional de los llamados derechos inviolables del individuo.

De ahí que el Estado liberal no solamente es el supuesto histórico sino también jurídico del estado democrático. El Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes en dos formas: 1) en la línea que va del liberalismo a la democracia, en el sentido que son necesarias ciertas libertades para el correcto ejercicio del poder democrático; 2) en línea opuesta, la que va de la democracia al liberalismo, en el sentido de que es indispensable el poder democrático para garantizar la existencia y persistencia de las libertades fundamentales. En otras palabras: es improbable que un Estado no liberal pueda asegurar un correcto funcionamiento de la democracia, y por otra parte es poco probable que un Estado no democrático sea capaz de garantizar las libertades fundamentales. (BOBBIO, 1984. Pag 26)  

Bajo esta lógica se  podría inferir un paradigma de sociedad democrática que se sustenta sobre la correlación directa entre desarrollo económico y democracia; dicha connotación  va de la mano con la idea que la industrialización que conduce al capitalismo de la misma manera debe de conducir a la democracia, dado que esta última resulta ser funcional para la reconciliación de intereses cada vez mas diversos en sociedades mas complejas. 

Algunos argumentos apologistas de estas tesis, en medio de la generalidad, han planteado que la evidencia empírica muestra como la mayoría de los países altamente industrializados reflejan democracias estables, y los países considerados como pobres muestran niveles de inestabilidad democrática fuertes; discusiones que se han inscrito en el ámbito del triunfalismo occidental, luego de la crisis del paradigma socialista, que ha pretendido asimilar la democracia liberal  al capitalismo y que aspira a universalizar el modelo democrático de sociedad occidental. 

En este sentido autores como  Fukuyama (1992)  establecen un vínculo estrecho entre democracia liberal y capitalismo,  asunto que nos presenta    Anthony Giddens (1994) en su texto Más allá de la izquierda y la derecha. En éste se muestra, según Giddens,  que el liberalismo es la expresión de los derechos de propiedad bajo el imperio de la ley, y la democracia es el derecho más importante dentro del liberalismo que permite a los individuos  asociarse políticamente  para la toma de decisiones. 

Aquí, en palabras de Fukuyama, debemos volver a Hegel. El avance universal de la democracia liberal está vinculado a la comprensión de la historia como “una lucha por el reconocimiento”. Si bien el deseo por el reconocimiento atraviesa diversas vicisitudes, en la época burguesa se incorpora a las creencias liberales, como reconocimiento de que cada individuo tiene el derecho a vivir con autonomía y dignidad. Combinada con el capitalismo, la democracia liberal crea gran abundancia material, pero lo que impulsa la democratización no es la riqueza sino “el objetivo totalmente inmaterial, del reconocimiento de nuestra libertad “. La democracia liberal “reconoce” a todos los seres humanos “concediendo y protegiendo sus derechos”. La democracia liberal y el capitalismo  están unidos entre si porque el desarrollo económico favorece las condiciones de la autonomía individual. El crecimiento económico, impulsado por la ciencia y la tecnología, exige un sistema educativo y desarrollado; y la educación universal libera “cierta exigencia de reconocimiento que no existía entre gentes más pobres y menos educadas  (GIDDENS, 1994. Pag 114)  

Se intuye en los argumentos anteriores, la adopción de una lógica ilimitada del crecimiento económico, o lo que Fukuyama denomina la “acumulación sin fin”. Elemento que hace muy frágil su teoría, ya que es precisamente bajo esta connotación que se hacen evidentes las principales contradicciones económicas, políticas y sociales del capitalismo. Esta lógica, al privilegia el aspecto tecnológico, lo presenta como el factor neutralizador  de la escasez, dado que construye escenarios de racionalidad económica que hace posible  la movilidad de factores de manera más eficaz y aun menor costo. Y es precisamente este carácter de racionalidad el que se ha colocado en tela de juicio. Fenómenos como el agotamiento de los recursos no renovables y el deterioro del equilibrio ecológico, mediatizado  por los esquemas consumistas que derrochan, dilapidan y subutilizan recursos naturales y humanos, y sumado a esto el aumento del desempleo y el subempleo y el deterioro en la calidad de vida[3] han enfatizado  esta paradoja. 

Igualmente, no podemos olvidar  que los casos más evidentes de países que se han involucrado en procesos  de crecimiento económicos acelerado  en los últimos 100 años, y que no han tocado con regímenes democráticos  son los casos de China,  Chile, España, Alemania e Italia. La  característica fundamental ha sido la de Estados autoritarios, y algunos de ellos alimentados por el paradigma capitalista. En esta línea de análisis, autores como Claus Offe y Philippe Schmitter (1995), afirman que es indiscutible que gran parte de las democracias más estables en el mundo, tienen una correlación directa con aquellos países donde la producción y acumulación económica es de corte privado y su regulación esta regida bajo leyes del mercado. Pero aún así, formulan la salvedad en el sentido que una intervención decidida del gobierno de corte democrático, con un amplio apoyo ciudadano puede tener un efecto altamente positivo si se mira desde la diferencia radical y dilemática de un gobierno que distribuye poder y estatus de forma equitativa y una economía que reparte propiedad e ingreso de manera inequitativa; ambigüedad que solo será resuelta bajo una óptica de interpretación estructural en la dimensión compleja del desarrollo económico. 

 Alrededor de lo anterior quedaría planteado el debate de la necesidad económica de la democracia, es decir ¿la democracia necesita del capitalismo? o ¿ el capitalismo necesita de la democracia?. Sin pretender dar una respuesta absoluta,  se podría puntualizar un marco conceptual de referencia que daría pertinencia a tal interrogante. 

La democracia se podría asumir bajo la acepción particular de la “democracia económica”, entendida esta como la búsqueda de la  “[...] igualdad  económica, por la eliminación de los extremos de pobreza y riqueza y, en consecuencia, por una redistribución que persigue el bienestar generalizado” (SARTORI, 1993. Pag. 6).  

En este orden de ideas sería consecuente pensar  que la democracia, bajo estos términos, no le es funcional a la racionalidad propuesta por la economía de mercado capitalista, dado que en esta los individuos definen la asignación de acuerdo a los recursos que poseen individualmente, los que en su distribución son altamente desequilibrados y desiguales. Mientras que una aspiración distributiva de carácter democrática  tiende a transferir y socializar el patrimonio privado en aras de la equidad social, genera mecanismos de subsidio y asistencia a sectores económicos y sociales  que están en dificultades, y  gasta más en inversiones sociales que en inversiones productivas.   

Puntualizando más esta contradicción, las formulaciones de Adam Przeworki en su texto Democracia y mercado (1991), nos presenta el modelo capitalista de mercado  en el que los individuos establecen pautas de intercambio de acuerdo a sus deseos, y que bajo condiciones de equilibrio, nadie obrará de manera distinta a los demás, los mercados agotaran sus existencias y los precios serán indicativos de las mejores oportunidades y del logro del bienestar de la sociedad. Pero igualmente se ha reconocido que los mercados funcionan en desequilibrio[4] lo que lleva a afirmar que “el capitalismo es irracional porque no puede alcanzar algunas distribuciones técnicamente factibles del bienestar. Aunque dispongamos de los medios tecnológicos y organizativos adecuados para dar de comer a todos los habitantes de la tierra y aunque deseemos alimentarlos a todos, esto puede seguir resultando imposible bajo el capitalismo” (PZREWORKI, 1991. Pag. 188)  

Przeworki presenta la democracia como la principal contradicción, que exacerba estas divergencias en el  mercado capitalista, donde los individuos excluidos de la producción y el consumo pretenderán  influir en la distribución y asignación de los recursos. 

Si la anterior incompatibilidad se acepta como válida, entonces se asumiría una absoluta contradicción entre capitalismo y democracia, desde la óptica más radical; o en un espíritu conciliador, quedaría formulado que el capitalismo requiere de una transformación que garantice la salvaguardia y permanencia de la democracia; asunto que estará determinado por la redefinición institucional y  económica del Estado. En términos simples, parafrasiando a Bobbio, es pertinente decir que, si en la década de 1930 fue el capitalismo el que colocó en crisis a la democracia, en la década de 1990 es la democracia la que colocó y seguirá colocando en crisis al capitalismo. 

La alternativa menos radical para darle salida a esta contradicción sería asumir que no se podría hacer una equiparación lineal entre capitalismo y economía de mercado, es decir, es necesario hacer el reconocimiento a una forma de economía de mercado integradora y holística, donde las formaciones sociales se reconocen en su individualidad, y sus procesos asimétricos desde lo político, lo económico y lo social se resuelven no desde las leyes autorreguladoras del mercado, que hacen prevalecer una formación social sobre la otra, desconociendo la heterogeneidad socieconómica. Esta aseveración se identifica con la noción conceptual de mercado  democrático, el cual en su acepción teórica estará asociado a la repartición del poder que estaría diseminado socialmente entre todos los sujetos de acción económica, en el que la asignación y distribución  de recursos y bienes se realice en términos de una correlación democrática de las fuerzas que intervienen.[5] 

Bajo este contexto, adquiere relevancia en el mercado la repartición de los poderes (correlación de las fuerzas y los balances de poder) bajo el reconocimiento de un ámbito institucional de los mercados; la integración social de los individuos como sujetos económicos; las relaciones de planificación y regulación económica y las expresiones orgánicas  de asociación social. Esto se presenta como una contradicción abierta al modelo ortodoxo clásico de mercado en el que se presenta la ausencia de poderes, bien sea bajo la forma del Estado o de organizaciones sociales. Donde los individuos, leídos como agentes económicos, operan atomizados. En el que las relaciones son exclusivamente de intercambio. Donde las necesidades no se leen como tal  sino como demandas y en el que los individuos no son ciudadanos sino consumidores.  En síntesis, diría que se  remite a pensar que el reconocer la existencia de la  democracia dentro del contexto de esta economía de mercado ha de conjugar  dos escenario, el de la democracia económica y el de la democracia social, entendida esta última como la máxima expresión de la unidad de la sociedad en medio de lo diverso, que establece la diferenciación para efectos de la inclusión.[6] 

EL ESTADO DEL BIENESTAR, UN ESCENARIO DE CONCILIACIÓN.

En líneas anteriores se ha formulado reiterativamente, como asunto determinante, el dimensionar  la discusión teórica en términos de la redefinición institucional y  económica del Estado. Para lo cual es importante establecer el itinerario de lo que ha significado la concepción teórica del  Estado del Bienestar y su expresión pragmática en los modelos de gestión económica de corte keynesiano.   

La idea del "darwinismo" económico, o de la supervivencia del más apto, es una de las tesis que ha hecho carrera en medio del discurso institucional de la competencia que busca cada vez ser más perfecta. Pero contrario con esto es necesario considerar la pertinencia de la permanencia del Estado como agente regulador de la economía con un doble compromiso: de un lado el carácter redistributivo de la riqueza y la propiedad por medio de los instrumentos de política económica; y de otro, como el garante de los procesos de acumulación bajo las políticas de estabilización y crecimiento económico. 

La participación del Estado en la actividad económica  ha sido un tema de permanente controversia en cuanto a su papel como agente económico activo o como garante de condiciones equitativas para los diferentes agentes económicos. Entendido de una u otra forma, lo cierto es que el Estado en el nivel de desarrollo de las sociedades modernas actuales se ha convertido en pieza fundamental  como canalizador del ingreso bajo el papel de la distribución o la estabilización; o por medio de la generación directa de los mismos bajo la función de asignación.

Ahora bien, desde los desarrollos teóricos de Keynes, el papel del Estado ha sido relevante en cuanto que se  le justifica el manejo y control discrecional de un conjunto de objetivos e instrumentos de política económica, por medio de los cuales se pretende tener injerencia en la regulación y formalización de las reglas de juego económico tanto para la producción como para el consumo. El asignarle este papel funcional al Estado hace pensar  que este tiene la capacidad de generar beneficios en ciertos grupos sociales; lo que conduce ha plantear la no neutralidad del Estado bajo su papel distributivo, en cuanto que puede extraer  y reorientar recursos, bien sea porque profundiza las tendencias espontáneas del libre juego de la oferta y la demanda o por que corrija las distorsiones o cambie radicalmente las condiciones en el  proceso de crecimiento económico. Esta última consideración es quizás la que ha sido el foco de la crítica frente al rol desempeñado por el Estado en la economía y que le ha valido un alto componente ideológico en la discusión. 

El marco, si se quiere teórico, que ha dimensionado tal discusión gira alrededor  de lo que se ha llamado el Estado del Bienestar, en el que se concreta el problema del  logro de la situación óptima, como conjunto de posiciones en la economía que se consideran mejor que otras posibles. La identificación de las mismas, depende de la especificación de criterios lo suficientemente objetivos que permitan estructurar una serie de medidas de política económica, “neutrales”, que contribuyan al logro del bienestar económico. Este Estado del Bienestar se muestra como la crítica hacia los procesos económicos deshumanizados, inflexibles, omnipotentes y omnipresentes; es una aspiración al derecho a la equidad y un llamado a romper con estructuras de mercado de corte circular, impersonales, homogeneizantes y universalistas. Es una búsqueda menos dramática de identidad entre la democracia y la libertad económica.   

Diversos estudios[7] han mostrado un balance positivo de la aplicación de dicho modelo y sus efectos sobre la dinámica del crecimiento económico, en los períodos de 1950 a 1975, y que se resumen en cuatro elementos: 1) generó condiciones de relaciones menos contradictorias entre trabajadores y empresarios, asociado a un cambio tecnológico acelerado y un clima de confianza y certidumbre en el largo plazo, 2) Incremento de las rentas disponibles, ampliándose la capacidad de consumo,  la dinámica de los mercados y el consecuente crecimiento económico, 3) Inversión social en infraestructura de servicios básicos colectivos, y 4) Garantizó un proceso de expansión del empleo, fundamentalmente en el sector público. 

Manuel Castells plantea como “ […] en suma la constitución de un Estado del Bienestar (...) en los últimos cincuenta años ha articulado a las sociedades, dinamizando la economía y hecho posible que las personas se sientan individuos con futuro y ciudadanos con derechos en la práctica” (CASTELLS, 1994 Pag 178 ). 

Si se tratara de validar este tipo de participación del Estado en alguna economía, este adquiere mayor importancia en aquellas consideradas como  no desarrolladas, las cuales han sido el reflejo de comportamientos asimétricos en cuanto a bajos niveles de ingreso per capita y la constante presencia de desigualdades sociales evidenciado en el acceso a la satisfacción de bienes y servicios y alta concentración de la riqueza y la pobreza. 

Parte de este escenario se recrea, en la vinculación que se tiene con los mercados externos, como abastecedores de materias primas de bajo nivel de transformación, lo que hace que estas economías sea altamente sensibles al comportamiento de los ciclos de los precios en las economías internacionales. Gran parte de estos mercados fueron intervenidos por los gobiernos (sobre todo productos de minería o de explotación de recursos naturales), los cuales captaron parte significativa  de las actividades exportadoras generándose con esto las condiciones reales de financiación de obras públicas en infraestructura y  de asistencia social básica. 

Esto adquiere una puntualización mayor bajo el modelo proteccionista de la Comisión de Económica para América Latina –CEPAL-, en medio de procesos de industrialización y creciente modernización de algunos segmentos de la economía, a la par que se iban generando nuevos problemas en términos del acceso a tecnologías y la respuesta que era necesario darle desde las políticas públicas en el Estado; que a su vez adquirieron mayor controversia por la naturaleza misma de los regímenes políticos y las alianzas de clase y sectores de clase que de una u otra forma validaron este tipo de acciones públicas bajo la pretensión de amparar, de forma privilegiada, ciertos sectores  de la economía. 

En síntesis se podría relevar el rol asumido  por el Estado, bajo esta dinámica, en el que se considera como gran centro de poder desde el cual se pretende anular las diferencias e iniquidades; pero a su vez, se confronta con el acceso que tiene a su control los grupos económicos en connivencia con los políticos, orientando directamente los procesos de acumulación, tanto en la esfera pública como privada, matizando las aspiraciones del  desarrollo económico bajo contextos particularistas. Y es quizás aquí donde se encuentra la mayor vulnerabilidad, que alimenta  la crisis del Estado  del bienestar, asociada a la pérdida de credibilidad en sus aspiraciones de equidad y participación social.  

Bajo esta lógica se han identificado dos enfoques teóricos para comprender la crisis del modelo de Estado del Bienestar, específicamente para el caso latinoamericano: el primero de ellos esta asociado al enfoque del llamado Consenso de Washington, que se vincula con los orígenes de la nueva derecha económica  “neoliberal”, bajo el amparo doctrinario de Francis Hayek, Von Mises, y  Milton Friedman; según el cual la crisis económica latinoamericana se explica por dos factores fundamentales: “1) excesiva intervención estatal, expresada en forma de proteccionismo, sobre-regulación y un sector público sobredimensionado, y 2) populismo económico, representado como laxitud fiscal: falta de voluntad para eliminar el déficit presupuestario” ( BRESSER, 1993, Pag 33). El segundo enfoque, identificado como de carácter pragmático y asociado a la corriente neoestructuralista, con sus antecedentes en la teoría de la dependencia, que relaciona la crisis con “las dificultades económicas de América Latina con el problema de la deuda  tanto como con el populismo económico. La consecuencia de ambos es una crisis fiscal del Estado que se manifiesta en altas tasas de Inflación” (BRESSER, 1993. Pag 36). 

Es claro que los dos enfoques tienen una diferencia de fondo, mientras que el primero considera la crisis como un asunto de orden estratégico y de voluntariedad política encabezada por las elites de decisión económica, desconociendo la capacidad de ahorro público, índices de deuda externa y magnificación del populismo económico; para el segundo el problema radica en factores estructurales  que hacen posible identificar y reconocer contextos políticos e institucionales asociado a la existencia de reglas de juego políticas, el reconocimiento de las capacidades burocráticas y técnicas del Estado, los alineamientos  sociopolíticos, legados históricos y las condiciones de negociación con organismos acreedores externos.[8]   

En resumen no es discutible que la evidencia histórica muestra cuatro factores fundamentales que catalizaron la crisis del modelo: los crecientes desequilibrios internos evidenciado en los déficit fiscales; la espiral inflacionaria que repercutió en la dinámica del comercio internacional; el crecimiento desmedido de los índices de deuda externa; y la crisis de legitimidad social impulsada por el proceso de segmentación de la sociedad en el que se confrontaron sectores minoritarios enriquecidos con una creciente clase media empobrecida. 

Pero es igualmente cierto que no es valida la pretensión triunfalista, de los liberales de la nueva ola económica,  de pretender absolutizar la crisis del Estado del Bienestar,[9] proponiendo el desmantelamiento total del mismo, en el que la efectividad de su discurso a obedecido más que por su atractivo teórico, a la conjugación simultánea de hechos históricos (Crisis del paradigma socialista y crisis del Estado del Bienestar) que crearon el escenario oportuno para recuperar “[....] ideas antiguas, expresadas, en términos más o menos cínicos, desde los orígenes de la industrialización capitalista [...]” (CASTELLS, 1994.Pag 179), y mal llamadas, en la actualidad, neoliberales.  

TERCERAS VÍAS: NEOKEYNESIANISMO, POSCAPITALISMO, SOCIALDEMOCRACIA.

Diferente de la preocupación de generar incentivos  en los procesos económicos desde el Estado, también surge a la par nuevos problemas planteados por las demandas sociales, en cabeza de los grupos sociales y económicos emergentes, fruto de la dinámica económica, haciéndose sentir una presión  redistributiva sobre el Estado. Esta dinámica  lo que demarca es un Estado que, en principio, tiene muy claramente delimitada sus funciones como agente regulador, con aspiraciones neutrales en su participación en las orientaciones de la economía; luego pasa a un Estado que asume un rol activo y comprometido con los intereses de dichos sectores emergentes con el fin de incorporarlos a las florecientes actividades económicas. Esto contribuye a diluir los posibles niveles de eficiencia que se deberían lograr desde el Estado en cuanto que cada vez asume mayores compromisos  entorno al financiamiento de nuevas inversiones, el subvencionamiento de la producción privada y la incorporación constante de nuevos grupos sociales a la actividad económica; así las cosas se hace imposible para el Estado hacer compatible simultáneamente  un dinamismo en el crecimiento económico, la redistribución del beneficio hacia los nuevos grupos y sostener la eficiencia en las variadas tareas que se asumen desde la esfera económica. 

Bajo este estado de cosas, retomando los trabajos de Bob Jessop (1999) y Manuel Castells (1994), diría que la búsqueda fundamental radica en la redefinición y reconfiguración del Estado que requiere ser concebido en forma alternativa a la que tradicionalmente orientó el paradigma keynesiano, lo que involucra la estructuración de nuevos mecanismos de participación económica, social y política, que se adecuen a las condiciones del nuevo contexto histórico. En esta línea se vienen presentando distintos desarrollos teóricos, que han perfilado el ámbito de la discusión entorno a la disyuntiva capitalismo y democracia, en la que el rol estatal se presenta como el centro del debate. 

Bajo este deber ser, se inscriben discusiones teóricas entorno al neokeynesianismo, el postcapitalismo y la socialdemocracia, que pretenden compatibilizar simultáneamente el rol intervencionista del Estado con la dinámica individualista de los mercados y la democratización de la sociedad.  Los enfoques neokeynesianos, podríamos afirmar, se inscriben en la lógica esencial del capitalismo, evidenciado en la preocupación fundamental de reconciliar los intereses privados con el bien común  a escala global, en el que los derechos económicos y sociales se han de derivar de la lógica del mercado. Este enfoque no toma mayor distancia con respecto al enfoque keynesiano tradicional, en el que se coloca como centro del debate la dupla mercado y planificación estatal, resolviéndose  esta a favor de los intereses privados del gran capital al colocar la planificación al servicio del mercado. El enfoque neokeynesiano se presenta como la mejor alternativa  de gestión de la crisis generada por el neoliberalismo, y que ha tenido expresión en las posturas de Tercera Vía (o llamada por Anthony Giddens 1999, Socialdemocracia renovada) en cabeza del primer ministro Inglés Tony Blair y el  expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

“Ante la crisis neoliberal, una posición neokeynesiana plantearía, con casi seguridad el derecho universal al empleo, mundializando los derechos económicos y sociales. Esta posición no resuelve, en esencia, la supeditación de la vida al mercado, más bien la mundializa. Una posición poscapitalista va más allá de esta mediación. Más que una discusión sobre la viabilidad o no de este planteamiento el verdadero punto central de la discusión será acerca del cambio de racionalidad económica capitalista a una poscapitalista”  (Dierckxsens, 2000. Pag 176)   

El poscapitalismo involucraría entonces asumir un cambio de racionalidad económica en la que el mercado se subordina a  la planificación, los factores de integración social ya no estarán dados por el mercado sino que estarán regidos por el principio de solidaridad con la vida colectiva. “Mis derechos como ciudadano ya no dependerán de mi vinculación con el mercado sino con la ciudadanía”. (DIERKXSENS, 1998. Pag 140 ) 

Considero pertinente detenerme en el otro extremo del debate, refiriéndome a la postura del sociólogo inglés Anthony Giddens (1998) y su texto la Tercera Vía, que aunque a pesar de ser fuertemente criticado[10], se valida su mención por poseer un referente de aplicación pragmática de orden Neokeynesiano  que coloca en el centro del debate el problema del Estado, la democracia y la sociedad civil. 

Giddens, considerado como el principal ideólogo de esta nueva corriente, contextualiza en cinco dilemas fundamentales, la pertinencia política, económica y social de su propuesta:

1) parte de asumir, en los fenómenos globalizadores de la economía, la opción de anular cualquier radicalismo teórico para su comprensión. Forrmula como la globalización es un fenómeno multidimensional  que ha de ser leído no sólo en lo económico sino también en lo político y que si bien plantea un alejamiento con respecto al Estado-nación; igualmente esta presionando constantemente por la regeneración de identidades locales, contribuyendo a la creación de regiones económicas y culturales.  

 2) La discusión sobre el individualismo se dialectiza con respecto al colectivismo y se aisla del tratamiento convencional de las decadencias morales, el “darwinismo” económico o la permisividad. Para la Tercera Vía, la lectura es necesario hacerla en el marco de la transformación valorativa tradicional, donde las sociedades se ubican en una fase de transición moral, en el que el punto de llegada ha de ser la convergencia entre las responsabilidades individuales y colectivas. 

3) Se muestran los contornos de la polarización política de la izquierda y la derecha, que se ha visto vulnerada por los fenómenos de la globalización y la crisis del paradigma socialista; en este sentido Giddens sugiere que hablar del centro político bajo este contexto sería hablar de la tesis socialdemócrata del “medio activo” o “centro radical”, donde sigue siendo vigente la búsqueda de la igualdad y la justicia social. 

4) Se reconoce la importancia decisiva que posee actualmente el Estado-nacional, el cual no esta llamado a desaparecer sino a transformarse, colocándose en contradicción abierta con las corrientes liberales de la nueva ola, reivindicando la existencia del gobierno en la esfera pública, la dotación del bienestar colectivo y la regulación de los mercados. 

5) El escenario ecológico se muestra como la mayor exigencia a la economía capitalista en términos de la relación no excluyente que debe de existir entre  crecimiento, desarrollo económico y medio ambiente, lo cual exige una reestructuración de la economía capitalista concebida erróneamente bajo la lógica del crecimiento económico indefinido. 

En esencia, a lo largo de estos cinco dilemas, se hace explícito la formulación de un modelo de economía mixta, que ha sido denominado como la “nueva socialdemocracia”, que no ve en el capitalismo y en el libre mercado un escenario hostil y que a diferencia de la “socialdemocracia antigua”,[11] no considera los derechos como exigencias incondicionales hacia el gobierno, soportado en el principio de “ningún derecho sin responsabilidad”, en el que  son responsables tanto el Estado como los destinatarios del bienestar. 

La democracia adquiere en este modelo un papel protagónico, cuando se plantea el precepto  de “ninguna autoridad sin democracia”, la que queda consignada como única ruta viable de legitimación y consolidación del poder, y más aún, cuando las tradiciones, las costumbres e identidades particulares parecieran disolverse en medio de la hegemonía universalista de los mercados. Se propone formar democracias hacia abajo, con un carácter más participativo que representativo, lo que solo podrá ser logrado por una sociedad civil renovada y aliada con el Estado,  para  “ […] actuar asociados, cada uno para ayudar, pero también para controlar la acción del otro” (GIDDENS, 1999. Pag 96.). 

Sociedad civil y ciudadanía, son dos categorías que  adquieren relevancia en este debate teórico entorno al los enfoques  neokeynesiano,  poscapitalistas y socialdemócratas, que se convierten en el vínculo que dimensiona la relación entre la democracia, el Estado y el mercado. La sociedad civil se convierte en parte básica de las propuesta, bajo un papel activo y participativo, creándose las condiciones de encuentro constante entre esta y el Estado,  alrededor del gobierno y el estímulo a las iniciativas locales, el control de la esfera pública, y la cogestión del bienestar. En último término la sociedad civil se pondera como la máxima instancia veedora del proceso de democratización económica, social y política, rompiendo con las estructuras clientelistas, privilegiadas y patrimoniales del poder político y económico. 

Es importante enfatizar la connotación que adquiere el concepto de sociedad civil, dado que se distancia  de las acepciones convencionales, en el sentido de romper con el esquema dicotómico excluyente sociedad-estado, que pretende mostrar el conjunto de las relaciones sociales que se encuentran fuera  del control coactivo del Estado.     

Esta concepción funcional se aleja de los enfoques tradicionales en los que se han inscrito la interpretación de las potencialidades y alcances de la sociedad civil en el ámbito  “anti-estatal”  o  "post-estatal”. Donde en el primero, se hace manifiesto el cambio en los balances del poder y el dominio, materializado en la formación de los llamados contrapoderes que posibilita la formación de grupos con aspiraciones de emancipación política, y en el segundo se muestra un escenario liberado de la sociedad política, dándose la disolución total del Estado (BOBBIO, 1985, Pag 66) 

En esencia, se podría decir  que la potencialidad  de la sociedad civil se identifica  inicialmente en la existencia de un  Estado que se puede sobreponer para efectos de regulación, pero simultáneamente no obstaculiza el desarrollo y la renovación de la misma, bajo el rol de la complementariedad. El nuevo Estado democrático, lo denomina Giddens, “el Estado sin enemigos”, que se materializa en escenarios de legitimidad y gobernabilidad, en el que el Estado crea la capacidad de responder institucionalmente a las demandas de la sociedad civil, en lo que lo que se ha denominado “capacidad de gestión del riesgo”, que no consiste exclusivamente en la provisión de seguridad social y económica,  tal como lo privilegiaba el tradicional Estado del Bienestar, sino que sería multidimensional incluyendo aspectos tecnológicos, científicos, culturales, éticos y de solidaridad. 

En el otro ámbito de la discusión, la ciudadanía, que se presenta como las obligaciones de los otros hacia mi  y mi obligación hacia los otros en función de la plenitud de la vida ( DIERCKXENS, 1998, Pag 141 ), se considera esta ausente en los estados nacionales actuales, que leen como “Estados privados sin ciudadanos ni fronteras”, que operan bajo la lógica de la rivalidad económica a costa del sacrificio de recursos humanos y naturales. 

Retomando a Przeworski, en su texto Democracia Sustentable (1995),  identifica tres condiciones que ha de cumplir el Estado para que la ciudadanía sea efectiva en un régimen democrático: 1) los gobiernos y sus funcionarios tienen que actuar de acuerdo a la constitución y las leyes. 2) la efectiva regulación del Estado en las relaciones privadas que garantice la neutralización de los conflictos. 3) El ejercicio real  de los derechos ciudadanos debe de contra con el requisito previo de la existencia de condiciones sociales y económicas mínimas (PRZEWORSKI, 1995, Pag 62 ).  Es quizás esta última condición la que ha generado la mayor controversia y a su vez mayor debilidad, en términos de su supuesta condición democrática, del  sistema de mercado capitalista imperante, por su carácter excluyente y la creciente mercantilización de las relaciones sociales. 

“En la época neoliberal  la ciudadanía adquiere  la expresión más abstracta y más alienante  de la historia del sistema vigente. En medio de la exclusión progresiva hay una pérdida de derechos y por ende de ciudadanía. La solidaridad y la ayuda mutua para con seres concretos pasaron a la historia. La solidaridad institucional y la seguridad social con la intervención del Estado se debilitan, y cada vez más las relaciones se regulan a través del mercado. La ciudadanía, en términos subjetivos, significa ahora la identificación de los individuos con ese mercado que les tiende a hacer perder sus derechos  y por ende su ciudadanía objetiva. Lo anterior requiere un compromiso alienante con un mercado y, por ende, con una sociedad abstracta que amenaza excluirlos”  (DIERCKXSENS,  1998, Pag 141)   

Por último me restaría solo decir que estamos evidenciando en el presente la existencia de “regímenes democráticos”  carentes del ejercicio real de la ciudadanía en el que quedan involucrados amplios sectores de la sociedad para efectos de su exclusión. Esto me llevaría a preguntar   ¿ Sería posible asumir que estos regímenes sean democracias en algún sentido de la palabra, cuando están carentes de una ciudadanía efectiva?

  

REFERENCIAS:

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_ _ _ _ _ _ _  (1984).  El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica. 2ª edición. Bogotá, 1997. 

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CALLINICOS, Alex. ¿Anthony Giddens o Pierre Bourdieu? . En: new left review. No. 2. Ediciones Akal. Madrid, 2000. Pag.  137 

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CHILD, Jorge (1993): Fin del Estado. Editorial grijalbo. Bogotá. 

DIERCKXSENS, Wim (2000): Del Neoliberalismo al Poscapitalismo. DEI. San José de Costa Rica. 

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ESPING, Gosta. (1993) Los tres mundos del estado del bienestar. Ediciones Alfons el Magnanim, Valencia. 

FUKUYAMA, Francis (1992): “El fin de la historia. El más frío de todos los monstruos fríos” En: Revista Foro. Bogotá. No 18, pp. 5-19. 

GIDDENS, Anthony (1999): La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia. Taurus. Madrid 

_ _ _ _ _ _ _ (1994): Más allá de la izquierda y la derecha. El futuro de las políticas radicales”. Cátedra-Teorema. Madrid. 

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