"Contribuciones a la Economía"
es una revista académica mensual
con el Número Internacional Normalizado
de Publicaciones Seriadas ISSN 1696-8360

Ayuda al desarrollo, ayuda al imperialismo

(Publicado originalmente en Unidad y Lucha. Septiembre 2001)  

Alfonso Galindo Lucas
Universidad de Cádiz
alfonso.galindo@uca.es

Actualmente, "la mayoría de países de la Unión Europea han creado [Instituciones de Financiación del Desarrollo] (IFD), con el objetivo de promover el crecimiento del sector privado en los países en desarrollo. Estas instituciones operan de forma parecida...”[1]. “En España, la IFD lleva el nombre de Compañía de Financiación del Desarrollo (COFIDES, S.A.)"[2]. Se trata de una empresa pública estatal, participada mayoritariamente por el ICEX (Instituto de Comercio Exterior, organismo público dedicado a  fomentar las exportaciones, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda). Empezó a funcionar en 1990, con el objeto formal de "contribuir al desarrollo industrial de los países menos desarrollados, con criterios de rentabilidad y fomentar las inversiones productivas de las empresas españolas en dichos países". Esta definición oficial de objetivos ata los cabos que unen la pretendida política de financiación del desarrollo[3] con un inequívoco planteamiento imperialista, por cuanto persigue el aumento de la presencia comercial española en el Tercer mundo y la imposición de una determinada tecnología. Otras definiciones son aún más rigurosas en este sentido[4].

    El 26 de febrero del 2001, la Unión europea decidió liberalizar todas las importaciones de productos provenientes de los denominados “Países Menos Avanzados (PMA)”[5]. Eso significa, por una parte, que la UE ha estado poniendo trabas, hasta ahora, a la importación de productos agrícolas procedentes de países que se suponen más especializados en ese tipo de materias. En cambio en manufacturas y tecnologías, en que esos países son poco competitivos, se ha mantenido una zona de libre comercio que favorece más a las exportaciones comunitarias. En segundo lugar, la medida se establece sólo con respecto a 49 países, los menos desarrollados, con total exclusión de aquellos que, “no estando clasificados entre los PMA, temen tener que soportar súbitamente una fuerte competencia a nivel de productos agrícolas sensibles”[6]. En tercer lugar, el hecho de liberalizar cuantitativamente la entrada de productos agrícolas procedentes del Tercer Mundo no implica que la Política Agrícola Común de la UE vaya a renunciar a la competencia desleal que suponen los precios subvencionados a la exportación, mediante las famosas restituciones. Los fondos comunitarios que sufragan las rentas de los agricultores europeos no tienen parangón en los países pobres. Éstos no tienen la posibilidad de aplicar ese tipo de medidas protectoras. Además, en cuarto lugar, tenemos que para los tres productos agrícolas más sensibles, el arroz, el azúcar y las bananas, la liberalización tardará entre cuatro y ocho años.

    El Director General de la Organización Mundial del Comercio (OMC), objeto de los disturbios de Seatle en 2000, considera que esta organización se encuentra “al servicio de los más pobres”[7] y muestra una especial preocupación por las “personas en edad de trabajar”. Por eso se pretende evitar que determinados países lleguen a tal nivel de pobreza que ni siquiera puedan aportar mano de obra a bajo coste. Otro autor, en la misma publicación, habla de “ciudadanos de los PMA devenidos un objeto saldado a bajo precio en una lógica comercial que desintegra la componente social y cultural”[8]. Se trata, pues, de equiparar a esos países más pobres con los que son simplemente pobres e incrementar la competencia entre ellos.

    En este afán de generosidad, la OMC ofrece a dichos países “su total integración en la economía mundial” y para ello propone nada menos que “la introducción enérgica de reformas interiores en persecución de un programa de asistencia técnica dotado de prioridad y de un calendario de acción que se inserta en el cuadro más vasto de una política coherente”. Es decir, la OMC, que, según su Director General, está al servicio de los países más pobres, no les ofrece exactamente nada, sino que les exige la realización de reformas internas a fin de favorecer la implantación del capitalismo neocolonial y les conmina a “relanzar un nuevo ciclo de negociaciones comerciales”[9]. Por lo tanto, la OMC, como su nombre indica, se ocupa de asuntos comerciales y no tiene nada que ver con el desarrollo y mucho menos, con la solidaridad, como pretenden determinados informes difundidos por la organización[10].

    La OMC, creada en 1994, reconoce colaborar con el FMI y el Banco Mundial. Está comprobado que sus propósitos obedecen a “empresas transnacionales, que influencian por sí mismas cada vez más directamente las políticas de los Estados-naciones industrializados”[11].  La prueba está en su pretensión de globalizar los bienes y servicios, en que los países ricos son competitivos, y no permitir, en cambio, la “libertad de movimiento... de las personas”[12], de las que sabemos que son más competitivas las que provienen del Tercer Mundo.