En el epígrafe anterior estuvimos analizando el funcionamiento de una economía muy simple, sin gobierno ni sector exterior. Ahora introduciremos al Estado para comprender el efecto de la Hacienda Pública sobre la demanda agregada. Continuamos por tanto estudiando el modelo y las propuestas keynesianos.

No hay ningún mecanismo automático que haga que la renta de equilibrio coincida con la producción de pleno empleo. La renta de equilibrio, en otras palabras, el valor de los bienes y servicios que el sistema tiende a producir, está determinada por la demanda agregada. Si ésta estuviese formada exclusivamente por consumo e inversión sería mucha casualidad que coincidiesen producción real y producción de pleno empleo; los deseos de ahorro de las familias y las expectativas de los empresarios no tienen por que conjuntarse en la proporción y cuantía exacta requeridas. Es más, si en algún momento coincidiesen, el resultado sería muy inestable ya que las expectativas de los empresarios cambian continuamente, cíclicamente.

Los economistas neoclásicos consideraban que el sistema económico mostraba una tendencia natural hacia un equilibrio con pleno empleo. Contrariamente a esas previsiones, la Gran Depresión de los años treinta puso en evidencia que era posible contemplar una situación estable de depresión y que el desempleo podía permanecer durante largos períodos.

Pero el pesimismo del análisis keynesiano vino acompañado de la receta para la corrección de esas situaciones: la política fiscal del gobierno, la manipulación de los impuestos y los gastos del sector público, podía reconducir la demanda agregada hasta la altura exacta que permitiera una producción sostenida de pleno empleo.

Los gastos del gobierno están formados por sus compras de bienes y servicios y por las transferencias: las pensiones de invalidez y jubilación, subsidios de desempleo y subvenciones a las empresas, entre otras. En general, los gastos del Estado suponen un aumento de la demanda agregada. La determinación de la cuantía de esos gastos es una decisión política exógena, es decir, independiente de la renta; por tanto puede ser considerada, al igual que hicimos con la inversión en el tema anterior, como de cuantía fija. En la Fig. 11.4 está representada mediante G. De nuevo, el punto en el que la curva de demanda agregada, DA, corta a la bisectriz es el punto que determinará la renta de equilibrio, la renta real, Yr, a que tenderá la economía. Pero esta vez sí: ahora la cuantía de g puede ser ajustada para que Yr coincida con la producción de pleno empleo.

La incidencia de los gastos del gobierno sobre la renta real también recibe el efecto multiplicador. Los mismos argumentos que estudiamos en el epígrafe anterior para comprender el efecto multiplicador de las decisiones de inversión sirven también ahora para explicar que un aumento en los gastos del gobierno por valor de 100 puede provocar un aumento en la renta de 500.

Pero no se puede olvidar que existen también ingresos públicos. Los impuestos, al detraer dinero de las rentas de las familias, desplazan la demanda agregada en sentido descendente. La consiguiente disminución en la renta real se verá ¡Ay! afectada igualmente por el efecto multiplicador. A pesar de todo, el efecto conjunto de una subida igual en los gastos públicos y en los impuestos será beneficioso. La explicación de ello es que los impuestos están no sólo haciendo disminuir el consumo sino provocando además una disminución en los ahorros. Si todo lo que detrae el gobierno en forma de impuestos es gastado, el efecto sobre la demanda agregada será ascendente, la cantidad ahorrada en el sistema disminuirá, y la renta real subirá.

Hay que tener en cuenta sin embargo que el efecto de los impuestos puede ser mucho más complejo. Si los impuestos son proporcionales o progresivos, provocarán que la pendiente de la función de demanda agregada varíe y como consecuencia de ello quedarán también afectados la propensión marginal al consumo y el efecto multiplicador.

La representación figurativa del flujo circular de la renta que hemos estado presentando desde el comienzo del tema, se completa en la Fig. 11.5 con la inclusión del Estado. El "escape" del ahorro, que implicaba disminución del flujo de las familias hacia las empresas, y la imprevisibilidad de la inversión, pueden ser ahora compensados. Los impuestos directos detraen fondos de las rentas mientras que los impuestos indirectos actúan sobre el flujo del gasto en bienes y servicios. Los gastos públicos implican un reencauzamiento de lo recaudado: las compras de bienes y servicios por el Estado dirigen el flujo hacia las empresas mientras que las pensiones de jubilación y desempleo aumentan directamente las rentas familiares.