¿Qué es la Competitividad?

La competitividad se ha convertido en un tema central de las políticas económicas de los gobiernos de los Estados miembros de la UE. El propio concepto ha suscitado un extenso debate sobre los mecanismos, medidas y herramientas que se deben aplicar para conseguir mejoras en la competitividad de las economías. De esta discusión ha emanado una asunción del concepto y un conjunto de axiomas que han caracterizado las políticas de ajuste estructural aplicadas en las últimas décadas. Esta percepción de competitividad enmarcada en el enfoque ortodoxo utiliza métodos de medición basados en la competitividad internacional, a partir variables que se centran en la cuota de mercado y la balanza de pagos en relación con las economías competidoras, siendo los costes y los precios, además del tipo de cambio, los factores determinantes de su evolución.

A lo largo de estas últimas décadas hemos conocido la globalidad de los programas de ajuste estructural (PAE)[1]. Si bien éstos fueron aplicados inicialmente en los años ochenta en los países de América Latina, rápidamente se extendieron a otras economías, pero también a las de capitalismo más desarrollado.

La naturaleza del ajuste parte de una perspectiva de clase, que nos permite distinguir dos grandes categorías: capital y trabajo. Enmarcadas bajo la lógica del sistema capitalista, ambas mantienen una continua pugna distributiva por la obtención del excedente generado. La relación social básica entre capital y trabajo es el salario[2], que constituye el principal determinante del ingreso de la población trabajadora. Por tanto, la relación salarial materializa el resultado de la correlación de fuerzas entre ambas clases, donde adquieren un papel predominante las relaciones de poder. En este sentido, se entiende por ajuste al proceso de reconfiguración de la relación entre capital y trabajo, a favor de la primera, mediante la institucionalización de políticas y medidas impulsadas por los gobiernos y empresas para restaurar la rentabilidad del capital, en detrimento de la clase trabajadora (Sanabria, 2009).

Siguiendo la clasificación que hace Edwards (1995, pp.59-64) las políticas de ajuste se plasman en cinco grandes ejes: el ajuste fiscal, la liberalización comercial, la reforma del sector financiero, las privatizaciones y la desregulación laboral, siendo ésta última el centro de nuestro análisis y que definiremos más adelante.

Según los objetivos declarados de las políticas de ajuste estructural, la importancia de su aplicación reside en que éstas son la herramienta necesaria para que la economía de un país pueda crecer, mejorar su competitividad y crear empleo.

Frente al enfoque estático en el que se basa la economía convencional, y en el cual se apoya para justificar la aplicación de dichas políticas, en este trabajo pretendemos aproximarnos a un concepto de competitividad más amplio y dinámico. Siendo conscientes de la dificultad de elaborar una definición exacta, y lejos de pretender hacer un estudio exhaustivo sobre la competitividad, la concebimos ésta como un fenómeno que desborda la mera evolución de los factores de comercio internacional asociados a los costes laborales y precios, ya que son múltiples los factores, productivos y no productivos  (la incorporación de progreso técnico,  el esfuerzo inversor,  los sistemas organizativos, la educación y formación, las mejoras en la productividad…) los que influyen sobre la competitividad[3].

La estrategia de mejora de la competencia basada en los costes laborales como única vía omite otros factores y simplifica el propio concepto y medición de competitividad. La relación directa y causal entre la reducción de costes laborales y el incremento de la competitividad en la que basa la argumentación la corriente convencional plantea problemas de verificación, además existe una relación perversa entre éstas (Chudnovsky y Porta, 1990), como demostró Kaldor[4]en 1978. La denominada Paradoja de Kaldor demostró empíricamente, mediante el estudio de distintas economías con resultados dispares, cómo el comportamiento de las exportaciones no tenía una relación directa con los costes laborales y los precios.

La aproximación al tema de la competitividad exclusivamente en clave de precios y costes laborales unitarios centra las políticas de ganancia de competitividad en la presión a la baja de los salarios, lo que Fajnzylber define como competitividad espuria. Siguiendo este concepto, otros autores como Ruesga y Da Silva lo interpretan como “dumping salarial” a la búsqueda de ganancias de competitividad vía empobrecimiento de los trabajadores. Este razonamiento cortoplacista no debe entenderse como ganancia o mejora de la competitividad de un país debido a su insostenibilidad a medio plazo y a las repercusiones socioeconómicas que conlleva. Las ganancias de competitividad genuina o auténtica, en palabras de Fajnzylber, ocurren cuando éstas son sostenibles en el tiempo e implican mejoras socioeconómicas, sin necesidad de recurrir a los ajustes recesivos permanentes de carácter salarial y donde la productividad es un componente fundamental. A pesar de la dificultad de medición y los múltiples factores que determinan la productividad, la estrategia de mejorar la competitividad mediante el aumento de ésta permite que se obtengan mejoras sin perjudicar el bienestar social[5] (Ruesga, 2003).

Por tanto, entendemos que la mejora de competitividad es la capacidad de un país para conjugar los múltiples factores propios de la economía, a nivel macro y micro, que permitan alcanzar  una mejora sostenida en términos económicos y sociales.

La desregulación laboral se presenta como una de las medidas clave de las políticas de ajuste estructural. Ésta será el centro de la investigación. La entendemos como un conjunto de políticas que no sólo permiten adaptar el mercado laboral a la necesidades del capital, sino que también suponen un cambio importante en la correlación de fuerzas dentro del proceso de negociación entre capital y trabajo (Ruesga, 2003).