José Leopoldo Montesino Jerez (CV)
poloporo@gmail.com

 

Introducción

El propósito central de este trabajo es efectuar una breve revisión histórica de los procesos tanto sociales como económicos recientes de algunos países del mundo así como latinoamericanos relevantes, a la luz del actual contexto de globalización y en función de las tendencias estructurales que definen los nuevos roles de organizaciones pertenecientes al mercado, al Estado y a la sociedad civil (en adelante MESC). La idea es averiguar como los problemas o dificultades de los distintos grupos sociales tanto tradicionales como emergentes, producto de la nueva realidad mundial, obtienen mecanismos de respuesta efectivos en la tríada MESC. El análisis social y económico se referirá a cuestiones más bien amplias o generales, a grandes temas que preocupan a la población y que determinan su bienestar.

Adelanto la hipótesis de la existencia de una tendencia creciente en la participación de la sociedad civil, tanto en áreas sociales de necesidades prioritarias como no prioritarias y para las cuales ni el mercado ni el Estado, han tenido una respuesta efectiva. Dicha tendencia se inserta en un complejo proceso de redefinición de roles del mercado y del Estado, impulsado tanto desde nuevas propuestas teóricas y analíticas, propias del mundo académico, como desde la realidad social misma que las requiere y exige oportunamente.

Al mirar en forma retrospectiva al pasado reciente latinoamericano a través de la literatura socio-económica, ubicados en una época de grandes y veloces cambios sociales, políticos y económicos como es el actual período conocido como globalización, se perciben dos efectos:  

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Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Montesino Jerez, J.L.: "Procesos y tendencias socioeconómicas en el Mundo y en Latino América. Hacia una redefinición de roles del Mercado, del Estado y de la Sociedad Civil " en Contribuciones a la Economía, mayo 2008 en http://www.eumed.net/ce/2008a/

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(a) Uno que refleja un reconocimiento respecto a una fuerte irrupción y aparente triunfo del capitalismo internacional en el campo del quehacer humano de los distintos pueblos de diversos continentes, pero que en la realidad se habría traducido en una serie de calamidades como destrucción ambiental, mayor pobreza generalizada, desigualdad creciente y una serie de males similares o relacionados.

(b) Otro que denota una suerte de frustración o lamento intelectual por la menor participación del Estado en lo económico y social que, en mi opinión, carga con un contenido previo de elementos psicológicos o ideológicos internalizados, y que distraen la atención de cuestiones más relevantes y que constituyen el interés último de las ciencias sociales como el bienestar de las personas.

En lo que atañe al punto (a) antes señalado, la bibliografía es amplia y coincidente en mostrar o ver el desenvolvimiento actual como un amplio triunfo de las ideas capitalistas. Estas son concretadas a través de acciones políticas reales, como cumbres de presidentes, que amplían cada vez más los límites del comercio, o acuerdos bilaterales entre países u otras formas de acción como las que han consolidado a la actual Unión Europea. Entre los logros de esta última está el hecho de que ha conseguido una aún mayor fluidez en el libre movimiento de capitales con la creación de un Banco Central y moneda común, como es el euro, a lo que se suma el libre movimiento del factor trabajo y otras ventajas. La creación de otros bloques de países que buscan ampliar sus posibilidades de intercambio comercial y cultural, como el NAFTA, la Comunidad Asia Pacífico y el MERCOSUR, corresponden a otras acciones de este tipo.

El proceso anterior, que por tratarse de acuerdos entre autoridades de países muy diversos e incluso gobernados por personalidades de distintas tendencias políticas debiera rendir excelentes frutos a los países participantes, no suele ser visto con buenos ojos por muchos intelectuales o grupos antiglobalización, desconfiados de los resultados obtenidos y quizás hasta desconcertados por las realidades que les toca vivir día a día. De hecho las descripciones, relatos y referencias sobre todo tipo de calamidades ambientales, pobreza y tensiones sociales entre clases suelen ser muy abundantes.

Con respecto a lo expuesto en el punto (b), resulta tentador sospechar y tratar de comprobar en verdad que tal vez las apariencias engañan. El Estado, en muchos países del mundo incluyendo a los desarrollados, no ha dejado de tener una participación activa e incluso creciente a través de los años. Las razones que explican este fenómeno son variadas y no es mi intención por ahora aclarar este hecho. Quisiera dejar en claro, ciertamente, la posición más o menos típica de un economista profesional respecto a la idea de “tamaño óptimo del Estado”. Esto último, en mi opinión, simplemente no tiene una respuesta única o exacta. Cada sociedad tiene sus propias costumbres y gustos o preferencias por determinadas actividades generadoras de bienestar, que pueden ser más o menos bien atendidas a través del Estado o alternativamente por otras instituciones en una sociedad determinada.

Los argumentos en favor de un Estado de mayor tamaño pueden agruparse al menos en dos categorías: (i) aquellos que abogan por más recaudación tributaria en términos absolutos, más organismos estatales con funciones de redistribución u otras que aparentemente atienden requerimientos que el mercado no resuelve, por ende, más burocracia estatal y (ii) aquellos que abogan por una mayor participación eficiente del Estado, no necesariamente con un Estado más grande en volumen y peso, por decirlo de alguna manera, sino más centrado en su verdadero quehacer y con un financiamiento adecuado.

Sin embargo, también existen argumentos precisos en favor de un Estado pequeño y eficiente, que cumpla su verdadero rol sin necesidad de entrampar el desarrollo sectorial y empresarial de una economía, lo que puede afectar negativamente potencialidades reales en el mundo civil. Un Estado de gran tamaño aumenta la posibilidad de mayor corrupción y soborno, por cuanto es bien sabido que, cuando ocurren robos, estafas o malversación de fondos en el sector privado, los afectados quedan en su ámbito particular y el problema se internaliza. En cambio, la ocurrencia de los mismos hechos recién referidos pero en el sector público, significa que la pérdida debe ser asumida todos los contribuyentes de una sociedad, es decir también son afectadas terceras personas.

Me detengo un momento en este punto para aclarar estas quizá un tanto aventuradas palabras, recordando lo que –entiendo- el pueblo chino hizo uno de sus lemas hace muchos años: “no importa si el gato es blanco o negro, lo que sí importa es que sepa cazar al ratón”. Y creo que esta frase calza como buen punto de partida para apuntar a la hipótesis planteada pues las personas, en la realidad misma, viven y enfrentan cambios en sus vidas que constituyen pequeños o grandes desafíos por resolver día a día. Si el Estado no se los resuelve, buscarán en el mercado una respuesta. Y si el mercado tampoco hace nada o lo hace mal, les queda una última oportunidad, la de recurrir a instituciones informales o legales pertenecientes a la sociedad civil.

Conviene aclarar que un Estado de mayor tamaño no necesariamente debe entenderse como un Estado con más instituciones y a cargo de más servicios. En la práctica ocurre que, en épocas de holgura fiscal, cuando aumenta la cantidad de recursos disponibles para autoridades y jefes de servicios gubernamentales, también aumenta el número de cortinas nuevas, muebles de lujo, mejores comidas y más alfombras para recibir a otras autoridades. También son numerosos los ejemplos de recursos desperdiciados debido a malos funcionarios. En varios programas polémicos transmitidos en un canal de televisión venezolano, que llegaba hace años a Chile por cable, recuerdo que se reprochaban unos a otros el hecho de que un empleado de oficina había gastado una enorme cantidad de dinero en vacunas equivocadas y que no correspondían a un plan preventivo requerido. En la práctica dinero botado a la basura. Así, no es la buena intención del teórico, asesor o cientista social lo que se discute, en torno a las obligaciones éticas y eficiencia del Estado, sino que los recursos no se pierdan y lleguen realmente al sector más desvalido de la población, en cualquier sociedad, en otras palabras a quienes verdaderamente requieren de la ayuda estatal.

El Estado en una breve perspectiva histórica

La participación del Estado en importantes economías, como las europeas, ha sido una constante desde tiempos históricos incluso de siglos más lejanos, hasta cercanos a la época de la aparición del mercado como fue el surgimiento de las ciudades a fines del medioevo europeo. El historiador económico Ugo Pipitone nos entrega en uno de sus libros un capítulo completo denominado “Un Estado no tan ausente”, al referirse al período de la historia capitalista europea después del siglo XIV. Resulta inesperado comprobar que la expansión comercial que acompañó al proceso de expansión del capitalismo, tal vez tuvo sus raíces más firmes a lo largo de los siglos XIII y XIV, en que el Estado acompañó de diferentes modos a comerciantes y aventureros que permitieron, además, la expansión de los límites geográficos y el tamaño del mercado mundial de esa época:

“La red mercantil que va extendiéndose en Europa entre el siglo XI y el XIV se desarrolla en buena medida al margen de las estructuras establecidas por el poder político y bajo la mirada benevolente de una nobleza que no ve en estos desarrollo ninguna amenaza directa y sí varios beneficios. Sin embargo, y sobre todo a partir de los siglos XIII y XIV, el tránsito de la economía de mercado al capitalismo supone en muchos sentidos el fortalecimiento de las relaciones entre Estado y economía. Cuanto más amplio es el marco geográfico de los comercios, cuanto más extendidos son los efectos producidos por una decisión económica individual, tanto más fuertes y permanentes resultan los nexos entre las estructuras del poder político y los mecanismos de generación de riqueza. ‘Como privilegio de una minoría –dice Fernand Braudel- el capitalismo es impensable sin la complicidad activa de la sociedad [...] el capitalismo sólo triunfa cuando se identifica con el Estado, cuando es el Estado’. [...] Para poder avanzar, el capitalismo necesita un ambiente social con estructuras jerárquicas no del todo rígidas, un ambiente, sin embargo, en el cual el poder político sea suficientemente consolidado para garantizar la seguridad de los negocios. Un poder estatal demasiado absorbente asfixia el desarrollo de múltiples actividades independientes, pero un poder excesivamente blando impide la consolidación del clima de seguridad sin el cual el mercado –como ámbito permanente de intercambios- sería imposible”.

Cabe agregar que la época del mercantilismo, digamos los siglos XV, XVI y XVII básicamente, también es necesaria comprenderla irremediablemente incluyendo el papel del Estado como impulsor de procesos, para bien o para mal, determinando de paso la consolidación de una estructura de comercio internacional bajo la influencia de sus tan particulares políticas, algunas incluso hasta contradictorias. Según Ekelund y Hébert, muchos mercantilistas temían el exceso de libertad, por lo que se apoyaron en el Estado para planificar y regular la actividad económica. El rol del Estado en este caso consistió en implementar una serie de regulaciones en algunos sectores de la economía, poca o ninguna regulación en otros, impuestos (o por el contrario subsidios) a ciertas industrias, protección o garantías a monopolios legales, privilegios o patentes, etc. Los monarcas de la época –representantes del Estado- eran dependientes de la actividad económica impulsada por los comerciantes y estos, a su vez, requerían de la autoridad del monarca para defender sus intereses económicos. Más aún, los “lobbysts” (cabilderos), como representantes de la industria y demandantes de regulación al Estado, ya estaban presentes en el período Tudor (1485-1603) y durante el reinado de Isabel I de Inglaterra. La existencia de tres instituciones de regulación a nivel nacional, el Parlamento, las proclamas reales y patentes de privilegio, así como los decretos del Consejo Privado de la Corte del Rey, llevó a que el poder efectivo mercantilista se diluyera poco a poco ante los cambios en preferencias de los mercaderes demandantes de una regulación favorable a sus intereses.

En los siglos en que surgió el liberalismo, con representantes intelectuales como Dudley North, John Locke, Richard Cantillón, David Hume y Adam Smith, el rol del Estado en las economías mantuvo su importancia. El viejo mercantilismo local seguía su curso paralelo con el desarrollo de las ideas liberales, abriendo paso a nuevas formas de capitalismo o, más bien dicho, diversificando sus actividades en nuevos tipos de negocios. El proceso fue rápidamente mucho más allá de las fronteras nacionales para transformarse en un mercantilismo comercial internacional, pero con un cierto apego al Estado de la madre patria. El profesor Henri See cita a un historiador económico inglés, de apellido Postlethwayt, quien publicara una obra en Londres en el año 1747 con el siguiente texto:

“Las colonias no deben olvidar nunca lo que deben a la madre patria por la prosperidad y riquezas de que disfrutan. La gratitud y el deber las obligan a permanecer bajo su dependencia inmediata y subordinar sus propios intereses a los de ella. El resultado de tal interés y de tal dependencia será procurar a la madre patria: 1) un mayor consumo de los productos de sus tierras; 2) ocupación para el mayor número de sus industriales, artesanos, pescadores y marinos; 3) una mayor cantidad de las mercancías que necesite.”

El mantenimiento de un control legal de las colonias en el extranjero, por ejemplo, era una forma capitalista que combinaba políticas del Estado con negocios de transporte naviero oceánico, intercambio de nuevos productos que satisfacían y creaban, a la vez, nuevos tipos de necesidades. La relación entre Estado colonialista – colonia extranjera, sin embargo, decaería poco a poco en la medida que algunos países comenzaran sus revoluciones en pos de la Independencia y que se debía justamente, al menos en parte, al desigual trato de una política estatal muy desfavorable para uno de los participantes de aquellos intercambios comerciales. En otro frente, el capitalismo ampliaba sus actividades a negocios de tipo financiero. Los bancos de la época evolucionaron a formas más sofisticadas y hasta surgió la primera versión moderna de banco estatal en Inglaterra en 1694, seguido unos veinte años después por los bancos de Copenhague, Estocolmo y París.

El desarrollo del capitalismo que algunos separan en comercial y financiero, siguió su marcha hacia otra actividad que, de igual forma, algunos han optado por llamarlo capitalismo industrial. En verdad, sólo se trata de otra área de la economía, producto del avance tecnológico, combinado con progresos en ciencia pura, incluso filosofía y una maraña de interrelaciones que fueron determinantes para que se produjera la revolución industrial inglesa. Esta época, en lo referente a las relaciones económicas entre sectores, Estado y mercado, ya nos acerca a nuestro mundo contemporáneo. Con el advenimiento de la revolución industrial, fenómeno iniciado en Inglaterra y posteriormente transmitido hacia otros países como Francia, Alemania y Estados Unidos, surgieron voces de alarma contra diferentes aspectos negativos de dicho proceso, en particular las malas condiciones de vida y abusos en minas y fábricas:

“Por grandes que fueran los abusos cometidos con las mujeres, el aspecto más desagradable del nuevo sistema fabril fue el empleo general de niños. El peor de los males estuvo relacionado con la utilización de los aprendices mendigos [...]. Las horas de trabajo en las factorías eran excesivas, y los jornales extraordinariamente bajos. El trabajar 16 y 18 horas diarias no era cosa rara para niños de menos de 14 años. La jornada normal era de 14 y 16 horas. El siguiente testimonio del padre de dos niños que trabajaban en una factoría, prestado ante los comisarios de la misma en el año 1833, es típico: ‘Mis dos hijos (uno de 10 y otro de 13 años) trabajaban en la fábrica de Milnes, en Lentono. Entran en ella a las 5 ½ de la mañana y no paran hasta la hora del té o del desayuno. Disponen de media hora para comer y vuelven a su casa a las diez menos cuarto. Es corriente que el trabajo se prolongue hasta las diez, hasta las once y hasta las doce. Ganan entre 6 ch. y 2 p. por semana. Uno de ellos, el mayor, trabajó dos años en la fábrica de Wilson, ganado 2 ch. 3 p. por semana. La dejó porque el vigilante le pegaba y le arrancó un diente. Me quejé y lo despidieron. Ahora trabajan 16 horas y, como es natural, cuando llegan a casa a las 10 y ½ están muy cansados. Me he visto obligado a golpearlos con una correa y a pincharlos para que despierten. Me ha causado un enorme dolor el tener que hacerlo’. ”.

Los hechos anteriores constituían sólo un botón de muestra respecto de diversos asuntos laborales hoy prácticamente impensados. El mismo desarrollo industrial hizo que las construcciones e instalaciones pertenecientes a las fábricas se multiplicaron con tanta rapidez, que las condiciones de higiene y seguridad dejaban mucho que desear. La situación moral en varias factorías era deplorable, muchas mujeres fueron obligadas a someterse a relaciones sexuales involuntarias para conservar su trabajo y muchas de ellas terminaron en el nacimiento de hijos naturales. No se conocían formas de ventilación o calefacción adecuadas, los aparatos de seguridad eran desconocidos y las máquinas en pocos lugares tenían protecciones especiales para el vertiginoso movimiento de las ruedas. Eran frecuentes tanto los accidentes fatales como las mutilaciones y los parientes del fallecido o perjudicado rara vez podían ser compensados. Son bien conocidos, por lo demás, las aclaradoras descripciones y justificados alegatos de Karl Marx en contra las deplorables condiciones higiénicas y morales, que enfrentaba el factor trabajo, en variados sectores de la economía inglesa a comienzos de la década de 1860. Entre ellos manufacturas de botones, fundiciones de cobre, talleres de barnizado, salinas y hasta cordelerías en lugares como Birmingham, Nottingham, Buckingham, Bedford, Essex y Londres.

Las condiciones de vida en las minas de Inglaterra eran peores que en las fábricas, con mujeres y niños empleados abusivamente en pozos subterráneos durante 12 y hasta 16 horas diarias. Había mujeres que debían empujar o tirar vagonetas cargadas de carbón en donde no podían pasar los asnos y niños de entre 4 y 5 años trabajando de tramperos (trappers) para abrir y cerrar puertas al paso de vagones. Era muy peligroso dejar alguna de estas puertas abierta por el calor ambiente que, ante la falta de ventilación, podía producir explosiones. No se puede dejar de mencionar tampoco la terrible situación de los deshollinadores industriales -niños de 3 a 4 años de edad que a veces eran hasta robados-, que eran introducidos en chimeneas estrechas incluso estando aún calientes. Si es que no morían al perderse en las tuberías, terminaban desfigurados, perdían la vista o se infectaban por llagas provocadas por las quemaduras. Estos desdichados fueron tratados prácticamente como animales, pues se les arrojaba el alimento y menudo no se lavaban durante años:

“Algunas firmas, con gran cinismo, anunciaban ‘niños pequeños para chimeneas pequeñas’. Se hicieron serios esfuerzos para abolir estas atrocidades mediante leyes a partir del año 1804; pero dichas leyes fueron, repetidamente, bloqueadas en el Parlamento, especialmente en la Cámara de los Lores, por los ricos manufactureros. La prohibición del empleo de niños como deshollinadores, lograda unas cuantas décadas después, se debió en parte a la construcción de chimeneas más grandes y deshollinadoras mecánicas que hicieron el antiguo sistema antieconómico. El movimiento fue ayudado considerablemente por una opinión pública más humanitaria en la reformadora década de 1830”.

Con el paso de los años, las ideas y posturas sobre el rol del Estado en la economía variaron desde las necesidades de regulación más humanitaria en las condiciones laborales y otras funciones propias que le competen, hasta otros extremos como participar directamente en la actividad productiva, como dueño de los factores de producción. Surgió el Estado empresario, un extremo de las ideas socialistas y que llevaría a países como la actual Cuba y la ex Unión Soviética a una forma de vida totalmente distinta de la mayoría de las naciones occidentales. En la década correspondiente al año 1960, por ejemplo, la estructura de la propiedad cubana evolucionó cada vez más hacia la nacionalización y eliminación de la sustentación económica de una parte importante de la “burguesía nacional”, utilizando el mismo término del profesor Gonzalo Rodríguez, entonces acusada de aliada con el gobierno de Estados Unidos en perjuicio de la Revolución Cubana.

En el caso de la ex Unión Soviética, la estructura de la propiedad en diversas áreas de la economía también estaba en poder del Estado a fines de la década de 1950. Hacia 1959, la forma de propiedad de los medios de producción se disponía básicamente de dos formas: (a) propiedad del Estado propiamente tal, es decir perteneciente a todo el pueblo soviético y (b) granjas colectivas y cooperativas. En general la filosofía existente detrás de estas formas de organización era evitar la dicotomía explotador-explotado, tratando de paso de alcanzar niveles de producción que fueran distribuidos de acuerdo a la contribución efectuada por el factor trabajo.

La ex República Democrática Alemana, en tanto, vio aumentar el poder estatal a partir del término de la 2ª Guerra Mundial a través de un sistema político fundamentado en lo que se conoció como la “Cámara del Pueblo” y las representaciones locales electas. Aquel organismo mantuvo el poder estatal supremo y decidía sobre temas de desarrollo nacional, promulgaba leyes, además de ratificar los planes económicos y presupuestarios de la República. La estructura política contaba, además, con el Consejo de Estado, cuyo centro de actividad se encontraba en fortalecer las relaciones de la población con el Estado socialista. Se trataba de una institución que tomaba decisiones en lo relativo a elecciones de la Cámara del Pueblo y locales, con la participación de cinco partidos políticos: el Partido socialista Unificado de Alemania (SED), el Partido Democrático Campesino de Alemania (DBD), la Unión Cristiano-Demócrata (CDU), el partido Liberal-demócrata de Alemania (LDPD) y el Partido Nacional-demócrata de Alemania (NDPD). En lo económico, la distribución de la producción global en el año 1962 mostraba las siguientes proporciones: (a) empresas socialistas 71,0 %; (b) empresas cooperativistas 14,0%; (c) empresas semi-estatales 6,8% y (d) empresas privadas 8,2%.

Las estructuras económicas antes descritas para los casos de Cuba , la ex Unión Soviética y la ex República Democrática Alemana, constituían una situación en que el Estado ha asumido un rol que va más allá de sus verdaderas responsabilidades, en particular en el ámbito productivo. Esto último ha tendido a desaparecer en buena parte de las naciones del ex bloque soviético, en respuesta –muy probablemente- a economistas y asesores de una nueva y renovada generación.

El caso del centralismo estatal de la República Democrática Alemana llegó a tal extremo, que se terminó por convertir en una verdadera tiranía. La embajada chilena en Moscú se encontró en serios aprietos diplomáticos cuando el gobierno alemán quiso juzgar al ex líder Erick Honecker que lo acusaba como responsable de las muertes de quienes intentaron cruzar el muro de Berlín sin éxito. Este se encontraba junto a su señora, Marta Honecker, en calidad de huéspedes de la embajada de Chile, pues nuestro país no les otorgó asilo. Finalmente, a fines de 1993 y por razones humanitarias, Erick Honeker fue autorizado por el gobierno alemán a viajar a Chile.

Así, con la excepción del caso cubano, cuyas políticas económicas siguen vigentes más por argumentos ideológicos que de carácter técnico, la ex Unión Soviética y varios países de la antigua órbita socialista comprendieron que el logro del verdadero desarrollo económico y mejores niveles de calidad de vida requería una revisión y transformación –en ningún caso eliminación- de la labor estatal. Un aspecto relevante fue, indudablemente, el tema del desarme nuclear, labor en la que se empeñó Mijail Gorbachov. Las tensiones arrastradas desde la época de la guerra fría conducían irremediablemente a una carrera armamentista absurda y despilfarradora de importantes recursos que, evidentemente, podían tener un destino mucho más eficiente en mejorar la situación socio-económica de distintas naciones agrupadas en bloques ideológicos. En numerosas ocasiones, el entonces Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, manifestó su afán por disminuir las pruebas nucleares sobre la faz de la tierra, enfatizando en la amenaza que representaban para el común de la gente.

Esta predisposición e iniciativa de Mijail Gorbachov fue el puntapié inicial de una serie de transformaciones que aliviarían las tensiones Este-Oeste y que terminarían con el término del bloque soviético y que nos presenta la realidad actual distinta, como hemos comentado. Mijail Gorbachov había asumido el poder después de la muerte de la muerte de Konstantin Chernenko, alejando de los puestos de responsabilidad a los principales seguidores de las ideas del también ya fallecido Leonidas Breshnev. Después de consolidar su liderazgo político interno, removiendo de su cargo casi perpetuo al ministro de Relaciones Exteriores Andrei Gromyko, Gorbachov procedió a una estructuración radical del sistema económico e instituciones (Perestroika), a lo que se sumó un proceso de apertura “a plena luz” en un clima de discusiones críticas transparente (Glasnot).

Cabe destacar que ésta época estuvo marcada por una aguda crisis económica en los países de la órbita socialista, derivados básicamente del complejo e ineficiente sistema de planificación central que, en la práctica, causaba graves problemas de asignación de recursos, ineficiencia, burocracia e incompetencia a nivel de dirección de empresas, abultados déficit agrícolas crónicos, falta de divisas y alimentos. A todo ello se sumaba una persistente inflación injustas decisiones tomadas por las autoridades rusas, que favorecían a la ex URSS arbitrariamente en desmedro de los países del Este:

“Las dificultades económicas que se presentan en los países del Este hacia mediados de los años 70 adquirieron el carácter de una verdadera crisis económica en la década siguiente. La amplitud de la crisis fue desigual según los países afectados, pero las manifestaciones fueron idénticas: disminución más o menos marcada del ritmo de crecimiento, dificultades en el sector agrícola, persistencia de una escasa productividad en todos los sectores de la economía, incompetencia e ineficacia a nivel de la dirección de empresas, pesada burocracia. [...] La insuficiencia de la red de distribución, especialmente en provincias, provoca la formación de largas filas de espera ante los comercios de alimentos. En un artículo de diario del Partido rumano Scinteia (14.7.1982), se recomendaba a los rumanos disminuir su consumo de alimentos en 300 a 500 calorías diarias. ¡ Es verdad que el Presidente Ceauscescu había afirmado que los rumanos comían demasiado!. [...] La inflación constituye un segundo punto débil en las economías de Europa del Este. Los récord en este aspecto pertenecen a Yugoslavia, con índices de 140% a 150% en 1986 y que han seguido aumentando a pesar de las políticas de rigor, llegando a 215% en 1988 y a supera el 1.000% en 1989. [...] La crisis económica de los países del Este se ve agravada todavía más por las relaciones comerciales de dependencia que tienen con la URSS. La mayoría de los países del Este son tributarios de la URSS para su abastecimiento en petróleo, gas y en materias primas. Los precios de las entregas de la URSS son fijados unilateralmente por ella. Así, en momentos del alza espectacular de los precios del petróleo, desde 1973 hasta 1979, los soviéticos acomodaron los suyos a los precios mundiales, pero a partir de 1985, cuando estos bajaban, la URSS los mantuvo a pesar de que las democracias populares habían hecho una amplia contribución financiera para la construcción de oleoductos y gaseoductos soviéticos:”

Después del colapso de los gobiernos comunistas en el año 1989, la apertura comercial hacia otros países fue una primera medida prácticamente instantánea de las nuevas autoridades. En Hungría la liberalización comercial se acentuó, llegando a un arancel promedio de un 13% en el año 1991, mientras que en Polonia el control central del comercio exterior quedó completamente eliminado en enero de 1990, si bien se mantuvo un único resguardo de un arancel promedio de 8% en el control de las importaciones. El cambio en la orientación respecto al concepto de Estado empresario queda claramente reflejado en lo sucedido en este último país. Se dispuso de un plan estabilizador en materia inflacionaria, llamado “big-ban” por su semejanza a una terapia de choque, bajo la conducción del Primer Ministro Adjunto Leszek Balcerowicz. El objetivo central fue imponer la disciplina de mercado y reemplazar el dirigismo estatal, reestructurando el aparato productivo: las empresas que no lograban financiarse deberían ir a la quiebra para liberar esos recursos. Por otra parte, se otorgaron incentivos a las empresas privadas, negados a las públicas, a lo que se sumó un impuesto prohibitivo a los aumentos de salarios después de cierto tope en las empresas estatales.

El Estado en la era de la globalización capitalista

El supuesto triunfo del capitalismo mundial de hoy ha irrumpido en un contexto en que, para algunos, existe sólo una gran potencia económica dominante, casi sin contrapeso, como es Estados Unidos de América. En cierto momento, Francis Fukuyama, escribió un libro titulado “El fin de la historia y el último hombre”, dando a entender que el término de la guerra fría daba paso a una era de éxito en el capitalismo mundial. Esta tesis la reafirmaría incluso después del atentado de las torres gemelas en Nueva York, que parecía darle la razón a Samuel Huntington, intelectual que señaló que el mundo iba hacia un choque de civilizaciones, donde seis o siete grandes grupos culturales coexistirían sin converger y provocando serias “fracturas en el globo terráqueo”. Otros autores de tendencia marxista como Hardt & Negri y Atilio Borón, han manifestado la posibilidad de contraponer fuerzas que aminoren el casi absoluto poder de lo que denominan “Imperio”, pero no acuerdan en la idea de que el enemigo es un régimen específico de relaciones globales. El profesor Lester Thurow, reconoce las dificultades que pueden provocar el fundamentalismo religioso y el separatismo étnico, anotando, además, que la tendencia el poder no se concentrará en un único lugar, sino que se difuminará a lo largo del planeta. Estos planteamientos se han presentado para una controversia que aún no parece del todo clara en resolverse.

En vista de todos los antecedentes expuestos, la pregunta que sigue es ¿ha aumentado o disminuido la participación del Estado en el tiempo?. La respuesta a esta dependerá, obviamente, a como sea considerada y medida dicha participación en el tiempo. Una forma de hacerlo la han planteado los economistas Samuelson y Nordhaus, para el caso de los Estados Unidos, midiendo el gasto público a través de los años. Según estos autores, la proporción del producto interno bruto (PIB) que se destina al gasto público, que incluye desde el sueldo del presidente hasta la compra de un portaaviones o una carretera de alta velocidad y las pensiones de los abuelitos norteamericanos. En un gráfico incluido en esta referencia la proporción del porcentaje (%) de PIB destinada al Estado ha venido creciendo ininterrumpidamente en los últimos 60 años, cono un incremento sustancial en la época bélica correspondiente a la segunda guerra mundial.

Los economistas antes mencionados revisaron las estadísticas de la evolución del gasto público en su componente total, pero también separaron sólo las partes correspondientes al gasto federal y al estatal-local. Las cifras correspondientes a las tres series muestran una tendencia muy parecida a través del tiempo. En cifras aproximadas, el gasto total agregado del gobierno de los Estados Unidos comenzó, a fines de la década del año 1920, apenas como un 10% del PIB, mientras que el federal y el estatal-local con sólo un 7% y 3% del PIB respectivamente. Hacia la época de fines de la década de 1930, unos 10 años después de la gran depresión, estos porcentajes se habían elevado a un 18%, 9% y 9% del PIB total, para los gastos totales, federales y locales. En la época de la segunda guerra mundial, entre los años 1944-1945, se anotó el peak más alto de gasto público en la historia de los Estados Unidos, con un 48% para el gasto total, un 44% para el federal y un 4% para el estatal-local. Las cifras bajaron a la normalidad, para esa época, después de la guerra. La proporción del PIB hacia el año 1950, destinada a gasto público total bajó a un 23%, mientras que el federal bajó a un 15% y el estatal-local a un 8%. A partir de entonces las cifras de gastos del Estado norteamericano crecieron persistentemente, con un porcentaje total de 27% para el año 1960, 32% el año 1970, 34% el año 1980 y 35% el año 1990.

Me permito anotar estas y otras aproximaciones en el cuadro Nº 2 siguiente y observar el gráfico asociado a los datos correspondientes. Los antecedentes estadísticos y el gráfico Nº 1 correspondiente nos revelan una realidad innegable para el principal país capitalista del mundo, como es Estados Unidos: el tamaño de su Estado, medido en términos de gasto de gobierno, creció de manera persistente durante el siglo XX, dejando de lado las cifras del lustro 1940-1945 alteradas obviamente por las necesidades militares de la segunda guerra mundial.

Estos primeros antecedentes, que me permito incorporar a la discusión de Estado, mercado y sociedad civil, nos abren una nueva perspectiva de análisis. Así, aunque no se dispone aquí de cifras más recientes y anuales que reafirmen las anteriores, que indudablemente existen y para grupos de países, al menos cabe la sospecha que la acción del Estado en la economía ha mantenido y seguirá manteniendo su gran relevancia.

Un ejercicio similar, pero visto desde el punto de vista de la recaudación del Estado, ha efectuado el profesor Gregory Mankiw, también para el caso de los Estados Unidos. La evolución de estos ingresos del gobierno estadounidense, como porcentaje del PIB, muestra una tendencia levemente creciente desde un 28% hasta un 33%, aproximados, entre los años límites del lapso 1960–1995.

El Profesor Ugo Pipitone, por otra parte, nos entrega información escueta pero significativa respecto al tamaño de algunos estados comparados entre países asiáticos y latinoamericanos. Señala en parte de su análisis relativo a estos antecedentes que ha sido mucho más común reconocer mejores resultados económicos (vistos como un proceso) debido a un supuestamente menor peso del Estado en las primeras economías mencionadas respecto de las segundas. Esta interpretación de éxito y fracaso se desmorona al utilizar los datos del cuadro Nº 3, que mide el peso del gasto público en el PNB (expresado como porcentaje). Así, ni los datos de 1980 ni de 1993 confirman una clara diferencia en favor de un Estado latinoamericano de más tamaño que otro asiático en los países seleccionados.

La visión de Pipitone respecto a los procesos de desarrollo asiáticos y latinoamericanos se resume en pocas páginas destinadas a sus conclusiones, y creo útil referirla aquí, pensando un poco en lo que hemos escrito hasta este punto. En síntesis, concluye nadie ha podido demostrar la existencia de una relación de trade-off (un intercambio) entre Estado y mercado que opera en favor del mercado a largo plazo. Para Pipitone, la historia del capitalismo no es sólo la historia de empresas exitosas, sino la de formación de sociedades, con culturas y políticas propias de muchas variantes. En su interpretación, reducir esta historia a la fórmula “mucho mercado-poco estado” es propio de las edades de excitación ideológica en que el verdadero trade-off es el que opera entre realidad e ideología. También concluye que es una simplificación ideológica suponer que las fallas del Estado se corrigen con más mercado y que las fallas del mercado se corrigen con más Estado. Termina afirmando que:

“El problema del desarrollo no se encierra en proporciones determinadas de uno o el otro, sino en la capacidad de encontrar puntos de equilibrio que permitan a las dos dimensiones operar con alguna coherencia en la formación de maquinarias productivas, sociales y culturales con altos grados de coherencia recíproca y de potencial interactivo. Hacia el desarrollo no van, individualmente, sectores, actividades o regiones. O se va globalmente o no se va. Estado, agricultura y comercio exterior son tres claves ineludibles de los procesos de integración (hacia adentro y hacia afuera) sin los cuales el desarrollo se convierte en una quimera”.

Las conclusiones de Pipitone nos parece reafirmar el contenido de un lema que, en mi impresión, se deriva del concepto de areté y sofrosine en el mundo griego. Esta idea de la búsqueda permanente de que el hombre tenga sepa coordinar en proporciones adecuadas virtudes como una mente creativa, un cuerpo sano y hermoso, así como una conducta valiente ante la adversidad. En otras palabras, diría yo, “siempre es posible mejorar”. Esto, en mi opinión, es extensivo a los cuerpos sociales. No existe ninguna sociedad del mundo que pueda arrogarse la pretensión de haber alcanzado la cúspide del progreso y la justicia equitativa. Si lo hiciera, internamente, le quedará pendiente el deber moral y ético de ayudar a otras naciones menos afortunadas a salir de sus problemas, sabemos muchos de ellos verdaderos dramas humanos. En mi opinión, simplemente el Estado, el mercado y la sociedad civil pueden y deben mejorar en todo momento.

Un ejemplo práctico de lo anterior, sólo para el caso del Estado y en un contexto de crisis, lo explica el profesor Augusto de Franco para el caso del Brasil. Se refiere a una crisis del Estado en medio de la globalización, en que lo viejo se contrapone a lo nuevo que desea emerger para salir de los problemas que se arrastran. Por ello sostener un modelo que denomina Estado-céntrico o estadocentrismo hobbesiano, en que los conflictos sólo pueden ser resueltos únicamente por el Estado. Aclara con un ejemplo paradojal:

“Cuando vemos en las portadas de los periódicos fotografías de multitudes enardecidas de jóvenes, globalmente congregados, en Seattle, Gotemburgo o Génova, armados de palos y piedras, creyendo que luchan contra la globalización, en realidad vemos estertores del estatismo. Hay una gran ironía en todo eso: los manifestantes globalizados contra la globalización – reclutados y entrenados por la red mundial de computadoras, ella misma vehículo de la globalización- son, en su inmensa mayoría, jóvenes que nunca detentaron alguna parcela de poder del Estado en sus países de origen. El poder estatal es gerontocrático, está y siempre estuvo en manos de los viejos. Y los jóvenes van a sufrir palizas de las viejas policías estatales en nombre del viejo poder de un viejo Estado, dirigido por los viejos jerarcas que nunca se preocuparon de ellos. They don´t care. ¡Pero vaya usted a decirlo!.”

Un aspecto que siempre conviene tener presente en la separación de funciones o roles entre Estado, mercado y sociedad civil el flujo que se genera entre estos sectores. Específicamente entre mercado y Estado surgen relaciones de poder inevitables, en que existe la posibilidad de que el regulador sea capturado por el Estado en lo que se suele denominar cabildeo o la influencia de ciertos grupos de poder. Estas relaciones se han dado a través de la historia económica y han pervivido hasta el presente, lo que no deja de traer aparejadas preocupaciones de las autoridades respectivas. El profesor César Ross ha mostrado este componente con un estudio acabado sobre los bancos en Chile en el siglo XIX. En el capítulo V de su obra se pregunta: ¿cómo fue posible que el sector bancario llegara a desplegar un poder tan avasallador, por tanto tiempo y sin contrapeso?. Su búsqueda a una respuesta satisfactoria lo ha llevado a plantear y demostrar la hipótesis de que el sector bancario se fue vinculando crecientemente con un aparato burocrático del Estado corrupto (Gobierno y Congreso), en una relación de interdependencia en que los capitales e intereses de uno se mezclaron con los del otro.

En otra época y en otro contexto, el tema del poder entre mercado y Estado también se manifiesta, por ejemplo, a partir del inicio del programa de concesiones o contratos de construcción, operación y transferencia (BOT) durante la época de los gobiernos de al Concertación en Chile. Los expertos siguen hablando de la misma preocupación, pero con otro lenguaje: por ejemplo la “transformación fundamental de Williamson”, según la cual una licitación competitiva (en obras públicas) se convierte en un monopolio bilateral entre el regulador y el concesionario (regulado), ya que existen costos hundidos y es muy caro para el Estado cambiar de proveedor. Por ello dichos expertos recomiendan que una sana política que trate estos temas debe establecer mecanismos que eviten la captura del regulador por el concesionario.

Todo lo anterior quizá sea oportuno tenerlo a la vista para comentar brevemente lo que ha significado el llamado Estado de Bienestar (en adelante EB). Aún cuando el tema es mucho más amplio de lo que pueda plantear aquí, es claro que en Latino América estamos muy lejos hoy, año 2006, de establecer niveles de recaudación tributaria similares de un país como Suecia, tradicional referente de un Estado extremadamente protector en lo social. El profesor Anthony Giddens nos presenta una interesante discusión sobre las contradicciones del EB. Se percata de que sus fuentes estructurales son variadas, comenzando por asegurar un puesto central al concepto de trabajo remunerado en la industria. Esto es contradictorio con quienes piensan que lo medular del bienestar así entendido habría sido asistir a quienes no encuentran empleo. Otra razón que lo explica, sería el deseo de las autoridades de gobierno, de promover la solidaridad nacional, es decir, un tema Estado-nación. Un último antecedente sería la necesidad de asumir la gestión del riesgo generado por crisis como la de 1929 o por guerras mundiales.

Después del término de la 2ª Guerra Mundial en 1945, los resultados del EB no habrían sido uniformes entre países y han generado situaciones no esperadas. Respecto del empleo, por ejemplo, se pensaba inicialmente en el empleo masculino, en una sociedad tipo patriarcal con las mujeres trabajando en su casa. En la actualidad, estas últimas han irrumpido fuertemente en el mercado laboral y el modelo clásico, por llamarlo de alguna manera, de trabajos a jornada completa no parece representar una realidad plagada de medias y cuartas jornadas, amén del trabajo por horas e informal. Otro problema propio del EB anotado por la crítica, según Giddens, es el argumento de que son sus propios éxitos los que lo han debilitado. Concretamente, cuando la economía anda mal, quienes más se han beneficiado actúan para proteger su posición, lo que va en contra de grupos menos aventajados. Citando a Galbraith, los grupos protegidos constituyen “la mayoría conforme, la mayoría electoral conforme o, más general, la cultura del conformismo”.

En una discusión sobre papel del Estado de Bienestar y la necesidad de su permanencia y desarrollo, el profesor Guillermo Farfán comenta a una serie de autores que insisten en plantear una serie de ideas confusas respecto a lo que denomina “reproducción de la fuerza de trabajo”. La idea de fondo es que el capitalismo necesita del Estado para que se produzca una adecuada reproducción de la fuerza de trabajo, logrando mantener un ejército de reserva suficiente para el pago de bajos salarios. Otros conceptos que manejan algunos autores que son citados, deben ser contrastados con el aporte de la ciencia económica, para evitar la degradación del lenguaje. Si bien este alcance me aleja de lo que aquí se analiza, sugiero tomar con precaución conceptos como “valor de uso” o “externalidad de la reproducción de fuerza de trabajo”.

El manoseado planteamiento de que el sector privado o capitalista requiere pagar bajos salarios para sobrevivir se aleja completamente de la realidad. Una cosa es la intención y otra es lo que ocurre en la práctica. Por un lado, basta mirar las tasas de natalidad, mortalidad y crecimiento de la población de los países capitalistas más avanzados para comprender que tales ideas carecen de sentido. La población crece cada vez menos y se envejece en países avanzados, lo que incluso motiva hoy otras preocupaciones sociales. A ello debe agregarse que los estudios sobre salarios promedios recibidos por países capitalistas como Japón, Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, confirman magnitudes cada vez más altas. Por otro lado, aquellos autores suelen no tomar en cuenta algo fundamental en todo proceso productivo: las empresas pagan al factor trabajo lo que se conoce como el valor del producto marginal del trabajo (VPMgL), que es el producto marginal del trabajo por el precio del bien que fabrica la empresa (VPMgL = PMgL. Px). Esta es la verdadera demanda de trabajo en un mercado competitivo.

En términos simples, la demanda por factor trabajo y el salario a pagar, es función del rendimiento del trabajador y del precio del bien o servicio ofrecido. Existe un elemento de calidad que suele ser absolutamente olvidado en este tipo de discusiones y que las aleja definitivamente de un planteamiento apropiado: una empresa que produce televisores no demandará servicios de trabajo de personas que apenas saben leer y escribir porque sólo sus remuneraciones pueden ser más baratas. La empresa valora las habilidades del trabajador, sus conocimientos técnicos en este caso. Un banco no le paga a un ejecutivo de cuentas, que también es un trabajador, $ 2 millones mensuales sólo porque viste bien o recita hermosas poesías el día del aniversario. Lo que explica el salario pagado es el aporte que el trabajador efectúa a la empresa: el ejecutivo, de seguro, le rinde al banco un beneficio mayor (o al menos igual) a $ 2 millones al mes, de lo contrario no le es útil.

Por último, las propuestas modernas entre Estado, capital y trabajo, en mi opinión, inevitablemente deben tomar en cuenta el hecho de que los trabajadores, en mayor proporción, no sólo se están convirtiendo en accionistas o capitalistas de las propias empresas en que trabajan. En la actualidad el ahorro que obtienen muchos trabajadores se canaliza directamente a la formación de sus propias modestas empresas, o bien indirectamente por el sistema financiero que lo destina a préstamos con interés a otras empresas o ciudadanos. En el caso chileno y de otros países, por lo demás, existe una estrecha relación en la actualidad entre trabajadores, mercado y Estado a través de los fondos de pensiones y con roles claramente definidos. Los asalariados aportan sus esfuerzos juntos con el capital para obtener productos y servicios que se ofrecen al mercado, una parte del ingreso generado se destina a ahorro previsional que manejan compañías especializadas que intervienen profesionalmente en el mercado accionario y finalmente el Estado supervigila el sistema. De este modo los depósitos de los trabajadores –e incluso los propios empresarios- constituyen una enorme fuente de valor que queda garantizada bajo estrictas normas que apuntan a establecer la confianza del público.

Al finalizar esta revisión sobre la necesidad histórica de un Estado en ciertas materias de carácter equitativo e incluso moral, así como el reconocimiento de que un Estado centralizado en lo económico puede provocar hipertrofia en el cuerpo social, la cuestión relevante y que, en el fondo nos preocupa a todos, es su nuevo rol ante la sociedad. Ello trae aparejado, de paso, una nueva inquietud: ¿qué sucede hoy con el mercado y con la sociedad civil?.

Un punto a aclarar en las cifras que habíamos expuesto, es de qué manera el Estado ha utilizado esos recursos. Nos referimos a esta cuestión, ciertamente, pensando no sólo en el caso de la principal potencia mundial actual, sino para cualquier sociedad. Dicho de otra manera nos interesará saber, dado que las economías crecen en el tiempo y el Estado moderno de hoy recauda más ingresos en volumen absoluto, si estos recursos se están asignando eficientemente en aquellos sectores de la población que viven en condiciones más precarias.

Por otra parte, si el Estado tiene límites, por así decirlo, en cuanto a su capacidad de reasignación de recursos (no en una función productiva), cabe preguntar que más podemos aportar como sociedad. Es necesario, por tanto, tomar en cuenta el punto de vista del mercado, como generador de recursos, y la sociedad civil como una alternativa intermedia, de carácter mixta o independiente, en la búsqueda de mayores niveles de bienestar.

El mercado en la era de la globalización capitalista

El mercado suele definirse como aquel lugar físico o virtual en el cual tanto demandantes (compradores o consumidores), como productores (vendedores u oferentes), acuerdan libre y espontáneamente comprar y vender (transar) distintos tipos de bienes o servicios a diferentes precios. Esta actividad les permite resolver necesidades básicas y complejas, que conforman una buena parte de la calidad de vida que dichos partícipes puedan alcanzar.

En consecuencia el mercado es una idea general, nada dice la definición sobre el número de participantes, sea por el lado de la demanda o de la oferta, ni del tipo de bien o servicio a considerar. Me permito afirmar, por tanto, que no tiene sentido hablar o referir al mercado como cruel o bondadoso, por la sencilla razón de que no se trata de una persona en particular. Aún así, la tradición parece mantener en la mente de mucha gente cierta simpatía por el mercado. En particular recuerdo a mi querido abuelo Balbino, ya fallecido, que gustaba de seguir al equipo de fútbol de sus amores, Unión San Felipe, en sus partidos de visitante: no perdía la ocasión, al regreso de provincias, de ufanarse de haber almorzado en alguna “picada” del mercado local.

Al margen de esta experiencia personal, existen otras descripciones románticas que destacan el “encanto del mercado”:

“A horas tempranas, las cercanías del mercado están sobre pobladas de dueñas de casa que portan bolsas, redes y canastas que servirán para llevar a casa los menesteres necesarios para el sustento. Doña Ana, concienzuda y muy responsable de sus deberes hogareños, va repasando, mentalmente, su proyecto de almuerzo dominguero. El ideal sería una entrada de mariscos –ojalá erizos- seguida de un buen bistec con puré de papas y alguna salsa sabrosa. De postre, helados con frutas. Entra en un expendio de productos del mar y ve que los erizos están a $ 50.- la unidad. Su calculadora mental le indica diez unidades mínimas como necesarias para una entrada satisfactoria, lo que hacen $ 500.- Al lado, se ofrece una pila de almejas a $ 80.- el kilo. Con tres, tendría para cinco porciones de almejas a la ostra. Costo total $ 240.-. Desde luego –piensa doña Ana-, no es lo mismo erizos que almejas, pero tampoco es lo mismo $ 500.- y $ 240.-. Compra resueltamente las almejas y se dispensa, a sí misma, una cálida felicitación por su cordura y buen sentido como compradora. En la carnicería, se entera de que cinco bisteques, de discreto tamaño, le costarían más de $ 500.-. Ella pensaba en mucho menos. Rápidamente cambia su menú ideal y, mirando alrededor, divisa un aceptable pollo por sólo $ 300.-. La calculadora mental suma y resta con rapidez y nace, fragante, la idea de un rico pollo arvejado. Sabe que su marido odia el pollo, pero como le encanta a las niñas... ¡Asunto resuelto!. La caja de helados, que ella había supuesto a un precio de $ 190.-, estaba en oferta a $ 120.-. Magnífico, piensa doña Ana, así podré, además de las frutas, agregarle un tarro de crema ($ 70.-). Repasa sus compras y descubre, con gran placer, que el almuerzo que prepara ha resultado ser pariente cercano del que imaginó como ideal y que, si bien ha bajado en la calidad de ciertos rubros, ha mejorado en otros. Además, y principalmente, ha economizado una suma importante. Doña Ana, muy contenta, compra una planta de interiores en $ 700.- y regresa a su hogar”.

Estas y otras descripciones conforman, indudablemente, otra faceta de la actividad mercantil. Los bazares de Oriente, el comercio de pescados y mariscos en los puertos, sectores comerciales de venta de autos o libros agrupados en zonas típicas, la bulliciosa bolsa de comercio, así como llamativos lugares de esforzado trabajo humano en fábricas, minas o gigantescos edificios rascacielos, son simples muestras de la amplia variedad de escenarios que representa el mercado.

En los mercados la gente no sólo compra y adquiere bienes o servicios, alimento, vestido y alguna joya de vez en cuando. En el mercado la gente también disfruta y se divierte, por ejemplo cuando participa en bares, restaurantes y vida un tanto bohemia-cultural de una zona o barrio turístico. Al presenciar un espectáculo deportivo, asistir al cine o amasar el pan en una cocina industrial de la panadería, las personas participan de diversos modos y en diferentes tipos de mercado.

La vida, el bienestar de las personas se afecta día a día, tanto positiva como negativamente, por el hecho de participar en un mercado. No es difícil encontrar ejemplos sobre cualesquiera de estas dos últimas situaciones, lo que podría llevar eventualmente a un observador desprevenido, a calificar al mercado, o lo que allí sucede, como algo muy placentero o, por el contrario, aborrecible. No hace falta imaginar mucho que le puede suceder a una persona que concurre al mercado y se endeuda desatinadamente, sin prever con seguridad sus ingresos futuros. De pasar angustias por visitas de encargados de un embargo, hasta incomodidades por aparecer en listados de morosos que pueden afectar su normal actividad cotidiana.

Las descripciones o experiencias propias sobre los sucesos que ocurren día a día, segundo a segundo, en los diferentes mercados, pueden fácilmente conducirnos a lo que se conoce como la falacia de la composición. Esta nos dice que “lo que es bueno para uno, es bueno para todos”, y suele aclararse con el ejemplo de los “negros músicos”: al ver una banda de ciudadanos negros, tocando hermosas melodías al ritmo del Jazz, es tentador afirmar: “todos los negros son buenos para la música”.

El lugar de trabajo, que corresponde al mercado de los servicios de trabajo, es otra faceta de un mercado. Existen muchos lugares y muchos tipos de trabajos, evidentemente, unos más apetecidos o motivadores que otros. El riesgo que asumen los buzos que bajan a recolectar mariscos en el mar, quienes deben trabajar cerca de calderos o máquinas cortantes, así como el desagrado y peligro para la salud de aquellos que recogen basura de las calles representan esta dimensión. En el lugar de trabajo, por otra parte, el jefe increpa al obrero que no sigue las instrucciones o por alguna razón hasta a veces de carácter más bien personal. Las relaciones humanas no son fáciles de sobrellevar y las que ocurren en los lugares de trabajo no constituyen una excepción. El siguiente es un diálogo captado por el periodista Sergio Mardones, entre el presidente de una línea de microbuses de Santiago, don Pedro Ortiz y algunos de sus choferes:

“Ortiz: Claudito, ¿por qué venís?

- No tengo idea jefe.

Ortiz: ¿y ustedes?

- Yo dejé la máquina botada.

- Yo andaba con la polola al lado.

- A mí se me traslucía la polera verde abajo.

- A mí me pillaron tres boletos fuera de serie.

Ortiz: Miren, eso de la polera merece una amonestación, nada más. Lo de la polola lo hemos conversado tantas veces. ¿Qué pasa si doblái brusco o chocái de frente? : ¡Adios pololita!. Y tú, que no llegaste a la pega y dejaste la máquina pará. ¿A quien cagái? : ¡Al empresario!. Entonces, ¿Qué sanción te damos? : di tu mismo.

- Un día de castigo, jefe. Mínimo.

Ortiz: ¿Y al de los boletos con otra serie?

- Día de castigo, jefe. ¿Pero, pueden ser dos? ... Mire que tengo que hacer unas diligencias.

Ortiz: Ah, necesita dos días el frescolín ...”.

Existen empresas del sector moderno de las economías, sean latinoamericanas o mundiales, en que las relaciones humanas y laborales en general caminan bien: buenos sueldos, vacaciones para los empleados, buen trato. Pero también en otros sectores, más atrasados o con menores recursos disponibles que los anteriores, en que el trato y las condiciones laborales no sólo suelen ser precarias, sino francamente malas. Curiosamente, al momento de escribir estas líneas, trabajadores del sector estatal de la salud en Chile pasaban muy malos ratos por un conflicto de carácter laboral que tiene con serios problemas a los hospitales públicos, al ser reprendidos por Carabineros. De la otra parte los consumidores, es decir los pacientes o demandantes de atención de salud, tampoco lo estaban pasando muy bien. Después de 13 días transcurridos de paro habían fallecido cinco personas ante la eventual falta de atención oportuna, asunto que se estaba investigando por la fiscalía.

Como la realidad que hemos descrito, en que tal vez he exagerado con propósitos ilustrativos determinados aspectos, es necesaria contar con una teoría que permita trabajar de manera más objetiva y adecuada las diversas materias que atañen tanto al Estado como al mercado. El mensaje que hasta este punto he tratado de comunicar al lector, es que tanto el Estado como el mercado presentan elementos positivos como negativos, en entornos dinámicos y cambiantes por otros factores condicionantes, como los políticos por ejemplo. Una buena teoría permite enfocar sin prejuicios y avanzar de manera sistemática en la comprensión del comportamiento de los individuos, que viven o pasan buena parte de sus vidas en instituciones de este tipo.

Los economistas a través de los años han avanzado bastante en algunas teorías. En el caso del mercado, se habla estructuras de mercado u organización industrial. Estas teorías, que se incluye en el campo de la microeconomía, nos permiten visualizar y comprender los distintos mercados desde el punto de vista del grado de la concentración de sus empresas participantes. Un mercado es visto como un conjunto de empresas frente a un conjunto de consumidores, cuyo número de participantes puede variar desde el punto de vista de la demanda o de la oferta. Un mercado competitivo es aquel en el cual participan muchísimos (o numerosos) demandantes junto a muchísimos (o numerosos) oferentes, cada uno demasiado pequeño como para tener influencia en el control del precio del producto.

Las condiciones para que se hable verdaderamente de competencia perfecta son: (a) principio de atomicidad, ya mencionado en la definición; (b) principio de homogeneidad, es decir, que tanto productos como servicios ofrecidos sean del mismo tipo, calidad, forma, etc., a los ojos del consumidor. En otras palabras que no exista diferenciación de productos; (c) principio de perfecta movilidad de factores (o de libre entrada y salida), es decir que tanto la tierra como el trabajo y el capital, en sus distintas manifestaciones, puedan entrar y salir libremente del mercado, sin obstáculos legales o artificiales y (d) perfecta información, se refiere a que todos los agentes partícipes del mercado cuenten con los mejores antecedentes disponibles sobre precios (o costos) tanto actuales como futuros, información verosímil y oportuna, sin que se de una situación de información privilegiada. Estos requisitos son tan fuertes, que en la práctica la competencia perfecta no ha existido nunca, si bien algunos mercados importantes como los de productos agrícolas y venta de acciones en la bolsa se aproximan a ella.

En la era de la globalización capitalista lo que podemos agregar, como novedad a las ideas teóricas antes expuestas, es que la interrelación entre participantes de los distintos mercados es mucho más estrecha hoy en día. La maraña de contactos, hechos y situaciones que ocurren entre los participantes tientan a veces a algunos autores a entender el mercado mundial como un lugar dominado por los grandes monopolios (u oligopolios), tras los cuales siempre está la gran potencia dominante o fuerzas negativas detrás de él. Latino América, evidentemente, no puede escapar a esta realidad estructural. Veamos por ejemplo una crítica de Atilio Borón a una idea sustentada en una referencia a Robert Reich (The Works of Nations, 1992) que efectúan Hardt y Negri en la página 157 de su libro citado. Reich se refiere a que en el futuro no habrá productos, dinero, tecnologías ni economías nacionales, por la tendencia futura de estos a un fácil cruce de fronteras:

“Cuesta creer que un intelectual del calibre de Toni Negri, quien en el pasado demostró un fuerte interés en los estudios económicos, pueda citar una opinión como la precedente. Primero que nada, Reich astutamente habla de ‘casi todos los factores de la producción’, una manera elegante de evitar referirse al hecho embarazoso de que hay otro factor crucial de la producción, la fuerza de trabajo, que ‘no cruza sin esfuerzos las fronteras’. Esta creencia en la libre movilidad de factores productivos se encuentra en el núcleo fundamental de la ideología empresarial norteamericana, empeñada como está en embellecer las supuestas virtudes de los mercados libres al paso que se condena cualquier tipo de intervención estatal que no favorezca a los monopolios y oligopolios o que introduzca siquiera un mínimo grado de control popular o democrático en los procesos económicos. [...] Quizás nuestros dos académicos no pudieron percibir, desde el sereno confort de sus bibliotecas, que ninguno de estos inmigrante ilegales transita sin esfuerzos por las fronteras norteamericana o francesa. La historia de estos inmigrantes es de violencia y muerte, de dolor y miseria, de sufrimientos y humillaciones, y es una historia en la cual el actor crucial es el que H&N describen como el declinante estado-nación. Hubiera convenido que antes de escribir sobre estos temas los autores hubiesen entrevistado a algún trabajador indocumentado procedente de México, El Salvador o Haití para preguntarle qué significa la expresión ‘la migra’, nombre de la policía migratoria de los Estados Unidos y cuya sola mención aterroriza a los inmigrantes; o que lo interroguen acerca de cuánto tuvo que pagar para ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, cuántos de sus amigos murieron en el intento, o qué quiere decir la palabra ‘coyote’ en la frontera californiana.”

La fuerte crítica anterior cabe destacarla en un contexto muy diferente a la idea de mercados competitivos, sobre los cuales nos referimos en los párrafos inmediatamente anteriores. En caso de que no se cumplan algunos de los requisitos básicos de la competencia perfecta, entramos a otro terreno, el de los mercados imperfectos. Por el lado de la producción se habla de tres tipos: competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Por el lado del consumo o la demanda, también se distinguen otros tres: competencia monopsonística, oligopsonio y monopsonio. En los primeros, el requisito de atomicidad no se cumple por existir sólo varios, pocos o un solo productor frente a muchísimos demandantes respectivamente. En los segundos es similar, por tratarse de varios, pocos o un solo demandante frente a muchísimo oferentes. Es oportuno señalar aquí que en muchos países de desarrollo medio y avanzado, se cuenta con una legislación antimonopolios que encara los eventuales problemas derivados de la falta de competencia y en los cuales resulten perjudicados injustamente tanto productores como consumidores.

Existen, naturalmente, otras peculiaridades que caracterizan a cada una de estas estructuras de mercado, como ausencia o presencia de publicidad, diferenciación del producto, posibilidad de acuerdo o cártel versus inestabilidad y rivalidad entre los participantes, etc. En general, los casos de máxima concentración de poder, como es el monopolio, el mercado típico o ejemplo tradicional corresponde a los servicios telefónicos, al agua, la electricidad o el gas en algunos países. En este caso la empresa es la industria o mercado, en el lenguaje económico. El oligopolio más representativo a nivel mundial, por otra parte, es el de la producción de petróleo, la OPEP, uno de cuyos integrantes es Venezuela. No existen otros buenos ejemplos de monopolio, si bien casos como un único médico o notaría en un pueblo pequeño pueden actuar de manera similar.

El mercado, (así como el Estado), presenta diversos tipos de fallas. Tal como el profesor Juan Carlos Gómez ha señalado, los analistas de políticas públicas suelen tener presente este tipo de anomalías y la existencia de externalidades (también llamadas exterioridades o efectos difusión), que requieren la intervención de la autoridad. Como hemos explicado, los mercados imperfectos corresponden a una de estas fallas admitidas como tales, mientras que las externalidades, esto es costos (o beneficios) que determinados productores imponen a terceros sin que sean debidamente pagados, son otro tipo (por ejemplo la contaminación es una externalidad negativa). A ellas hay que sumarle el concepto de bien público, productos o servicios necesarios y requeridos por la población pero que el mercado no ofrece por la naturaleza del mismo (por ejemplo el servicio de defensa nacional).

Atilio Borón apunta muy bien en lo referente a que la movilidad del factor trabajo no se cumple, como es el caso del movimiento no libre a través de las fronteras. Esto es válido, en todo caso, para todos los países con excepciones de acuerdos explícitos como el de la Unión Europea u otros que pueda haber. Más aún, las prohibiciones en el mundo en general al libre movimiento del factor trabajo han conducido a situaciones trágicas y dolorosas para estas personas, por no decir humillantes en algunos casos. Se sabe de mafias que trasladan a hombres en condiciones precarias, mujeres que terminan en redes de la prostitución o, simplemente, en otras manifestaciones aborrecibles como trabajo humano esclavo sutilmente escondido. De acuerdo a datos de la prestigiosa revista National Geographic, hacia el año 2003 existirían unos 27 millones de esclavos ocultos a plena vista. Sin quedarnos atrás, en Latino América, un ejemplar del diario El Mercurio de agosto del 2006 denunciaba la proliferación de trabajo esclavo boliviano hacia Argentina y Brasil, representados por miles de indocumentados que viven en condiciones miserables en Buenos Aires y Sao Paulo, pese a las medidas adoptadas después de la muerte de muchas de estas personas.

En lo que no estoy de acuerdo con Borón, y refiriéndome a la misma cita anotada antes en que critica a Hard & Negri, es en que la ideología de los empresarios favorece esta situación. La verdad es que la teoría económica lo que promueve, como dijimos, es la libre competencia. Por tanto, si se impide el libre movimiento del factor trabajo, como ocurría con el muro de Berlín para “tratar de salir”, u ocurre con la frontera californiana “para tratar de entrar”, se va contra aquella mayor competencia. Los empresarios son demandantes de servicios de trabajo, y no al revés, por lo tanto una mayor oferta de trabajadores, incluso no calificados, les conviene al permitirles abaratar costos de contratación y salarios.

La teoría económica explica y predice que, ante una mayor oferta, los precios bajan, en este caso el precio de los servicios de trabajo, o sea los salarios. Es probable que la ideología a la que se refiere Borón convenga a los sindicatos de trabajadores norteamericanos, que no desean competencia de mano de obra mexicana. Pero en la práctica, incluso, puede que ni siquiera estos sindicatos estén en contra de la movilidad. Lo más probable es que, como ocurre en otros países, algunos teóricos –y hasta la opinión pública a través de la prensa– ven en estos movimientos una amenaza para los puestos de trabajo locales.

El mercado como tal resulta una interminable fuente de información y caracterización, al igual que ocurre con el sector público. Por tanto, para centrar nuestra atención en el tema correspondiente a la sociedad civil y poder contrastar nuestra hipótesis, efectuaremos algunas otras referencias al mercado, desde el punto de vista de la era global y de Latino América, que es nuestro temas central de interés.

En la actualidad, lo que apreciamos es una mayor interrelación entre personas, asociaciones de individuos y mercados naturalmente. En general, pienso como economista, este fenómeno es considerado como un punto a favor tanto de una mayor equidad como competitividad y eficiencia en la asignación de recursos. Una explicación de esto es la siguiente: mercados eventualmente cerrados, propios de un país en particular, estaban sometidos a una escasa competencia de empresas locales. Con la apertura de la economía, la cantidad y variedad de productos, en el sector de productos o servicios transables internacionalmente, empresas de carácter casi monopólicas u oligopólicas han debido enfrentar una seria competencia.

No es lo mismo, por ejemplo, cerrar la economía y permitir que una única compañía productora de papeles ofrezca sus productos internamente, a abrir la economía y posibilitar que papeles importados ingresen y le compitan. Esto, en el ámbito de muchas industrias o mercados resulta relevante para los consumidores, que al ver bajar los precios promedios de muchos productos en la práctica ven crecer sus ingresos reales. Es verdad que mi posición –y la de muchos colegas seguramente- tiene un sesgo pro consumidor. Pero este sesgo se fundamenta en una cuestión de lograr una mayor equidad. De lo contrario, la pregunta sería ¿cuál es la alternativa?; ¿permitir que las empresas pertenecientes a estructuras de mercado imperfectas obtengan ganancias más altas a costa de los consumidores, o sea los pobres?. Las ventajas de una sana y bien definida competencia ha sido demostrada ampliamente. Algo distinto, y a veces ocurre en los mercados, es el engaño publicitario, las prácticas monopólicas que elevan artificialmente los precios, la venta de productos alimenticios en mal estado o situaciones similares. Todo esto último es simplemente inaceptable, para cualquier corriente de pensamiento, existiendo un acuerdo mayoritario respecto de su absoluto rechazo.

En concreto, lo último que me interesa revisar brevemente por ahora es la evolución de la economía latinoamericana reciente, en otras palabras, el desenvolvimiento de sus mercados y en función de políticas económicas públicas. Cabe destacar algo que ahora parece curioso. Es el hecho de que la actual y publicitada integración global latinoamericana, debido a Internet, bajas en costo de transporte y aumento frenético de las comunicaciones, constituía una meta lejana en la década de los años 60. Resulta anecdótico revisar las propuestas de esos años, que parecían constituir un ideal lejano incluso hasta en la actualidad. En un trabajo preparado por expertos asociados al Banco Interamericano de Desarrollo (en adelante BID), se planteaba un cronograma de planificación en la integración de nuestros países de América Latina, por etapas. Entre los años 1965-1970 se esperaba, por ejemplo, negociar y firmar el Tratado General de la Comunidad Económica de América Latina, la activación de las negociaciones de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y la Constitución del Sistema Regional de Banca Central. Para el lustro 1971-1975, se pretendía la consolidación del sistema institucional de la Comunidad, la consolidación y ampliación de programas y proyectos de inversión para la integración regional, más la culminación de la formación del mercado común para los sectores integrados. Para la última etapa, 1976-1980, se buscaba revisar el sistema institucional de la integración con vistas a una extensión del proceso al plano político, la culminación de establecimiento del Mercado Común Latinoamericano, incluyendo todos los productos, ampliación del Sistema Regional de Seguros y la formación de un mercado de capitales integrado para toda la región.

Aunque estas ideas y planes de integración resultaban muy avanzados para esa época, permaneciendo hoy vivos y hasta válidos en lo medular, vemos que no se han cumplido. La mayor integración, ciertamente, se ha logrado en la práctica con o sin acuerdos específicos, como tendencia y más bien en el plano comercial. Cabe señalar que en aquellos años existía cierta tendencia dirigista y arbitraria a manejar los procesos integradores con un criterio planificador centralista, que en caso de concretarse debía chocar contra la libertad de decisión de los empresarios afectados. Los beneficios de la integración latinoamericana en el campo industrial, específicamente, se fundamentaban en la reducción de costos de producción por unidad, por economías de escala y ventajas de localización.

En otras palabras, algunos mercados latinoamericanos se veían afectados directa o indirectamente por políticas del BID de carácter redistributivo hacia el sector empresarial. Lo escrito por el profesor Aldo Ferrer, por ejemplo, no parece tomar en cuenta lo que podrían haber pensado otros inversionistas no incluidos en las áreas económicas señaladas:

“Una política regional de inversiones debe procurar maximizar su impacto sobre el proceso de desarrollo y de integración de América Latina. Teniendo en cuenta la aguda escasez de capitales disponibles es obvio que la asignación de recursos de inversión debe ajustarse a un estricto orden de prioridades procurando canalizar y concentrar tales recursos en las actividades estratégicas. Estas actividades son, principalmente, las siguientes: ciertas industrias dinámicas (es decir: siderurgia, maquinaria pesada, química pesada, petroquímica, energía eléctrica, etc.), la agricultura y producción de alimentos, la infraestructura de interconexión (esto es: caminos, ferrocarriles, puertos, comunicaciones) y las zonas fronterizas”.

En la actualidad, la situación de los mercados en Latino América es muy diferente a esos años, en que la integración era la gran aspiración político-social. Hoy en día podemos afirmar que las economías latinoamericanas marchan por senderos diferentes y la ansiada convergencia se ve aún lejana. Más claramente, si por un lado Internet, las comunicaciones, la tecnología y las voces asesoras de los actuales economistas parecen impulsar a una consolidación de los mercados de manera más integrada y apropiada para mayores volúmenes de negocios y posibilidades de empleo para la fuerza de trabajo, por otro existen circunstancias históricas, estructurales y de política interna que hacen difícil una verdadera y ansiada convergencia en pos de un Mercado Común o, palabras mayores, una Unión Económica (que ya es un acuerdo que asemeja a un solo país en lo económico y social).

Las economías latinoamericanas, según diversas fuentes, vivieron en los años ochenta una crisis de tal magnitud que se le recuerda como el “decenio perdido”. Fue la recesión de 1982 la principal causante de una crisis financiera como no se había visto antes. A lo largo de la década anterior, los años setenta, numerosas naciones del tercer mundo habían tratado de estimular sus economías estancadas y de pagar sus préstamos para pagar gastos del petróleo principalmente. Estos eran proporcionados por bancos de países desarrollados, Estados Unidos, Japón y de Europa, que los habían recibido a su vez desde los países de la OPEP. Se habló entonces de un reciclaje de dólares o de petrodólares reciclados. Algunos antecedentes obtenidos del Reporte del BID del año 1988 muestran tasas de crecimiento promedio negativas del PIB para la mayoría de los países de la región entre 1980-1985. La situación promedio para 1987 mostraba un ingreso per cápita de US $ 2223.- anuales para la región, persistiendo con diferencias tan grandes como US $ 10.430.- para Bahamas, US $ 721.- para Bolivia y US $ 300.- para Haití.

La combinación de una política antinflacionaria de Estados Unidos, que elevó las tasas de interés, con otras dificultades que enfrentaron los países endeudados, como caída en la demanda por sus exportaciones, les provocó muchos más problemas. Toda esta situación, se tradujo en grandes caídas en la producción nacional de los países latinoamericanos, en particular Chile, situación de crisis que motivó la sugerencia del Plan Baker en el año 1985. Este fue llamado así en honor al ex secretario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, James Baker III. La idea era que los bancos comerciales y el gobierno estadounidense concedieran préstamos y ayuda, al igual que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Los acreedores, sin embargo, exigían que los deudores modificaran el modo como manejaban sus economías, dejando que el mercado funcionara más libremente, sin un excesivo control del Estado. En la práctica, el plan Baker obtuvo algunos resultados exitosos, pero bastante modestos: sólo un pequeño grupo de países firmó acuerdos con la banca comercial y las reducciones en materia de endeudamiento fueron de escaso significado.

En la década de la globalización, ya en los años noventa, la región latinoamericana consiguió resultados mucho más alentadores que la década anterior, pero siempre lejos de parámetros aceptables. De acuerdo a Ocampo, Martin et al, la modalidad de crecimiento ha sido incapaz de forjar una inserción internacional cualitativamente distinta (a épocas anteriores), o en otras palabras el motor de las exportaciones y las inversiones extranjeras directas no han conseguido llevar al conjunto de la economía a tasas de alto crecimiento. Estos autores han estudiado en detalle la dinámica de las exportaciones regionales, la composición del comercio de bienes, los flujos de inversión extranjera directa, los procesos de integración y otros temas relacionados. En lo que respecta al mercado, señalan que las propias empresas transnacionales han facilitado una mayor integración de América Latina y el Caribe a la economía internacional. En diversos países de la región hay empresas que han comenzado a conformar redes verticales de algunos sistemas integrados internacionales, mientras que otras se insertan en redes horizontales con fuerte presencia en mercados internacionales. Un fenómeno común a varios países como Argentina, Colombia, Perú y Venezuela, entre otros, ha sido la adquisición de activos mediante privatizaciones, como parte de la incorporación estratégica de inversionistas extranjeros a comienzos y mediados del decenio. Por otra parte, hacia fines de los años noventa, adquirió un peso creciente la compra de empresas privadas nacionales, como parte de un fuerte proceso de fusiones, en el ámbito de actividades como servicios públicos, bancos, servicios financieros, comercio y empresas del subsector energético:

“En los últimos años de la década de 1990, el súbito incremento de fusiones y adquisiciones se debió al elevado monto que alcanzaron algunas de estas operaciones. Así, entre 1997 y 1998 Brasil privatizó Telecomunicaciones Brasileñas (Telebras), su empresa de servicios telefónicos, y las de distribución de energía eléctrica. A su vez, en 1999 se concretó en Argentina la venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPS) a Repsol y en Chile la de Enersis a Endesa España. En el 2000 se llevó a cabo la denominada “’Operación Verónica’, mediante la cual Telefónica de España aumentó a casi 100% su participación en sus filiales de Argentina, Brasil y Perú. Asimismo, en el sector bancario destacaron las transacciones efectuadas por el Banco Santander Central Hispano (BSCH) y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), españoles, que adquirieron bancos nacionales en Brasil y México; en este último país también un banco estadounidense (Citicorp) realizó una compra importante. Como lo denotan estos ejemplos, uno de los hechos notables en la dinámica de la inversión extranjera fue la adquisición por parte de inversionistas extranjeros, a fines del decenio, de empresas que habían sido compradas previamente por empresas nacionales en el marco de los procesos de privatización.”

El mercado latinoamericano, indudablemente, presenta en la actualidad características diferentes a los de épocas anteriores y que hemos revisado aquí a grandes rasgos. Los autores anteriores parecen destacar el logro de ciertos éxitos, en materia de resultados a nivel de mercados integrados internacionalmente. Sin dejar de reconocer la importancia de estudios sobre mercados agregados, hoy en día el mercado latinoamericano presenta aún muchas fisuras y debilidades. Esto puede apreciarse a nivel de sectores, mercados individuales o empresas representativas de algunos de ellos.

Las relaciones al interior de los mercados no siempre han sido fáciles, a pesar de que uno pueda intuir la existencia de casos muy mayoritarios en que ocurre lo contrario. Hacia el año 2002, por ejemplo, el economista Ronald Fisher explicaba que los chilenos pagábamos entre US $ 50.- y US $ 150.- millones anuales más por azúcar de lo que deberíamos, por un sistema de bandas de precio implantado para proteger a los agricultores chilenos. Argentina reclamó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde obtuvo un dictamen favorable prácticamente absoluto y justificado.

En otro caso, “como una piedra en el zapato”, fue la frase que para Farmacias Ahumada (Fasa) representó su operación en Brasil y principal responsable de pérdidas por CH $ 2.068.- millones, según informaba su presidente, José Codner. Otro ejecutivo del ámbito de los negocios, Heinz-Peter Elstrodt explicaba: “Cuando un brasilero te dice que algo le gustó más o menos, significa que definitivamente no le gustó. Muchos extranjeros se molestan porque consideran que los brasileros no son honestos”. Otras visiones de empresarios chilenos, con experiencia en Brasil, indicaban que hay una multiplicidad de leyes e impuestos federales, nacionales, estatales y municipales tan engorrosa, que obliga a los ejecutivos extranjeros a dedicar mucho tiempo a entender el comportamiento del sector público. El sector privado suele enfrentar escenarios poco amistosos, por decirlo de alguna manera, pues la informalidad distorsiona a tal punto el sistema de precios que el riesgo de competencia desleal es bastante alto.

Un ejemplo distinto de dificultades entre participantes de mercados latinoamericanos, que podemos citar aquí, se refiere a un conflicto suscitado entre Perú y Chile por los límites marítimos en la zona norte. Lo delicado del asunto se había originado en una baja sostenida de la pesca de jurel en Perú, con una caída de desembarque de un 52% y debido al enfriamiento de la temperatura marina. Las pesqueras peruanas veían esta disputa territorial con Chile como una posibilidad de ampliar sus zonas de pesca para rentabilizar su negocio. En el hecho, había una zona de 35 mil kilómetros cuadrados que reclamaba el gobierno de Toledo, donde se ubican grandes bancos de anchovetas, jurel, caballa y atún. A pesar de que las posibilidades de la industria peruana en la zona eran limitadas, por su poca capacidad instalada, se generó entonces un clima de alta tensión diplomática, así como diferencias entre las posiciones y aspiraciones tanto de de industriales peruanos como de autoridades chilenas.

Las dificultades existentes al interior de los mercados no suelen ser destacadas en las discusiones académicas referentes a procesos sociales de períodos largos y mediante la utilización de cifras sectoriales o macroeconómicas de carácter más bien agregado. Por esta razón conviene no descuidar el análisis de lo que piensan o esperan los propios actores o sujetos involucrados en tales procesos. Recientemente y en lo referente al clima de negocios, la confianza futura que percibían los empresarios chilenos sobre las condiciones para emprender negocios en países de la región, no era buena. Según una encuesta realizada en el año 2006, se medió el grado de confianza con la pregunta: “¿con qué países NO le gustaría hacer negocios?”. En orden descendente, los votos fueron: (1) Bolivia, 66 votos; (2) Venezuela, 52 votos; (3) Argentina, 47 votos; (4) Perú, 43 votos; (5) Cuba, 12 votos; (6) Irak, 8 votos; (7) México, 6 votos; (8) Irán, 6 votos; (9) Rusia, 5 votos; (10) Colombia, Corea, Ecuador, Paraguay y Haití, 4 votos; finalmente (11) Brasil, con 3 votos.

La sociedad civil en la era de la globalización capitalista

El estudio de las sociedades latinoamericanas y de otros países en el contexto de la nueva era de globalización capitalista, con respecto a estas dos instituciones fundamentales como son el Estado y el mercado, se ha visto enriquecido con nuevos enfoques y planteamientos que poco a poco han ido configurando un nuevo paradigma. En el análisis teórico se han incorporado al menos otros dos sectores relevantes: régimen político y sociedad civil. En un esquema gráfico sencillo y pedagógico a la vez, el profesor Juan Carlos Gómez ilustra las posibilidades de interrelación entre estas esferas de la actividad humana, para cualquier sociedad:

Con ayuda del gráfico Nº 2 es fácil advertir las múltiples relaciones posibles que, a través de los años y para diferentes países, puede existir entre mercado, Estado, sociedad civil (MESC) y régimen político. El punto de encuentro común de intereses y respecto a distintas temáticas es lo que Juan Carlos Gómez denomina espacio público (EP), y que se manifiesta en una dimensión de nivel cuatri-partito. Sin embargo, también la dinámica del quehacer cotidiano de estas distintas esferas define múltiples relaciones a nivel bi-partito, tri-partito y uni-partito, evidentemente.

En el presente trabajo nos hemos concentrado básicamente en las interrelaciones uni-partitas, al interior del Estado y del mercado respectivamente. Aún así, de nuestro análisis se desprenden algunas relaciones con sentido bi-direccional, Estado-mercado y mercado-Estado, que es posible profundizar aún más. En el gráfico Nº 2 vemos que también son de interés las relaciones entre sociedad civil-régimen político, Estado-sociedad civil, mercado-sociedad civil, etcétera. Podemos ver también, si tenemos suficiente imaginación, que cada uno de los sectores asignados puede cambiar de forma y tamaño (más o menos Estado, más o menos sociedad civil, más o menos mercado y más o menos régimen político), lo cual podría dar pauta para el estudio de una o más matrices de análisis período a período.

En lo que sigue, intentamos probar nuestra hipótesis que la sociedad civil, desde un punto de vista uni-partito, se ha constituido en un estamento social de creciente participación en la vida cotidiana de las personas y en particular en una sociedad como la chilena.

Para comenzar, debemos preguntarnos ¿qué es la sociedad civil?. El concepto involucra el manejo directo o indirecto de términos como sujeto, espacio e ideas como dependencia o independencia del Estado o del régimen político. El profesor Mario Garcés ha explicado y debatido este concepto en el marco del Seminario Estado, Mercado y Sociedad Civil, dictado con motivo del Programa de Doctorado en Procesos Sociales y Políticos de América latina (PROSPAL). Ha señalado que una historia del concepto puede hallarse en un libro del cubano José Luis Aconda, titulado: “Sociedad civil y hegemonía”. Este ubica la aparición del término a lo menos a partir del siglo XVIII. Para épocas más modernas y en el ámbito del socialismo, sociedad civil llegó a denotar un sentido o principio de oposición al Estado, incluso de un retorno al capitalismo. Por otra parte, y coincidente con lo anterior, en países capitalistas el término apareció como fuente de fundamento contra el Estado. Sin embargo, según Garcés, un tercer escenario para definir este término, se dio en Latino América las décadas de los años 70 y 80 y como un elemento en oposición a las dictaduras del continente y con vistas a la defensa de las viejas conquistas del Estado de Bienestar. En todas las acepciones anteriores, lo que habría en común es la presencia de una dicotomía: Estado-sociedad civil.

Otras referencias históricas se deben a filósofos como Jean-Jacques Rousseau que denomina “sociedades civiles”, por oposición a la “gran sociedad”, tomado en este último caso como la idea de nación, con base territorial del Estado. John Locke, por otra parte, sostuvo ideas en defensa de la propiedad privada, sosteniendo que los hombres se han reunido y han formado sociedades civiles “para la preservación mutua de sus vidas, sus libertades y de sus bienes”.

El profesor Felipe Viveros también se refiere a filósofos de la época de Rosseau y Locke, en sus primeras referencias a la sociedad civil. En el Contrato Social, por ejemplo, la idea dominante es que los hombres en “estado natural” se atacarían unos a otros, en ausencia de un acuerdo que garantice a la sociedad civil una protección adecuada. Por otra parte, menciona a Hegel, quien sencillamente piensa que sociedad civil y Estado son excluyentes, la primera con una complejidad propia y de carácter no homogéneo, sino heterogéneo, con cultura y valores propios. Para Marx no es la superestructura donde están los elementos decisivos sino en al “anatomía” de la sociedad civil: en el comunismo, la sociedad civil recupera el poder sobre el Estado, en su lucha contra el Estado capitalista.

Otro autor relevante en la búsqueda de antecedentes históricos y definiciones del término, ha sido Antonio Gramsci, fundador del partido comunista italiano, en los años 20 del siglo pasado. Su mayor producción intelectual corresponde a cuadernos escritos en la cárcel, pues estuvo preso en tiempos de Mussolini. Lo que nos interesa, para nuestro estudio, es que Gramsci fue tal vez el primero en aportar un giro a la idea de sociedad civil. El epicentro del giro gramsciano está en afirmar que el poder político necesita un consenso que emana de la sociedad civil. Reconoce pues, un momento de fuerza y una función de dominio del Estado sobre la sociedad, pero también la existencia de un momento de consenso, que valida la hegemonía a través de una función de dirección de la sociedad. Así el Estado, en sentido estricto, se identifica con sus aparatos propios, el gobierno mismo, el aparato jurídico, el derecho, el espacio militar y policial. La sociedad civil, en tanto, es el campo de las iniciativas y actividades privadas, que organiza lo cultural, que influye a través de organizaciones de hegemonía como escuelas, asociaciones políticas y sindicales, la Iglesia, los medios de comunicación, etc. En definitiva, para Gramsci era necesario “ganarse a la sociedad civil”.

Al centrar nuestro estudio más en el presente y teniendo en cuenta los antecedentes hasta aquí expuestos sobre la evolución del concepto de sociedad civil en la historia, quisiera incorporar una dimensión adicional: el concepto y enfoque llamado de calidad de vida. Creo importante considerar también en el análisis el resultado de los procesos que involucran la interrelación entre los distintos estamentos que configuran y definen la realidad social misma. Por de pronto, de qué sirven las instituciones u organizaciones que representan la actividad tanto política como del MESC, si el factor humano no recibe los beneficios merecidos y producto de tantas luchas y esfuerzos desarrollados a través de años. El concepto de calidad de vida se refiere a un estado de desarrollo económico en que las personas de una sociedad han alcanzado no sólo altos niveles de ingresos promedio que les permitan resolver sus necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda, sino además un nivel de bienestar en que un amplio conjunto de necesidades aparentemente menos prioritarias también son debidamente resueltas. Este nuevo enfoque exige, en definitiva, que la población cuente con buenos estándares de calidad que recibe en servicios de educación, salud, justicia, vivienda, transporte, deportes, cultura y en todos aquellos ámbitos que enaltecen la dignidad y el espíritu civilizador del hombre.

En la búsqueda de un mayor bienestar, la experiencia histórica enseña simplemente que, cuando el Estado, el mercado o el sistema político no atienden debidamente las distintas y siempre crecientes necesidades de la población, es la sociedad civil la que responde y actúa. Este fenómeno se da tanto en aspectos positivos como negativos. De acuerdo a nuestro planteamiento central, la respuesta de la sociedad civil es un mecanismo que acompaña el acontecer cotidiano de las personas en la medida que el Estado y el mercado no actúan debidamente o simplemente no actúa. Este fenómeno, me parece, ya se venía apreciando con claridad en el caso chileno en la primera mitad del siglo XX, si bien no tan claramente percibido por la historiografía, si en los hechos y con una cobertura de cierto alcance. En cuanto a su dependencia, me da la impresión que estas organizaciones civiles contaban con bastante autonomía, por lo menos en el caso chileno. Esta situación contrasta con la planteada por el profesor Juan Carlos Gómez, que alude al caso latinoamericano en general, expresando que en la coyuntura crítica que da inicio al siglo XX se había pasado de un Estado liberal a un Estado social benefactor y de una sociedad civil autónoma a una sociedad civil dependiente del Estado.

Para aclarar lo anterior, me permito recurrir a antecedentes históricos sobre instituciones de la sociedad civil en la zona de Valparaíso y entre los años 1930-1950 del siglo pasado. En aquellos años, cuando el Estado chileno no tenía la magnitud ni el peso que comenzó a tener después de los años 60, existieron numerosas instituciones particulares totalmente independientes del Estado y que cumplían, o más bien suplían o complementaban, funciones y tareas que las autoridades gubernamentales sencillamente no atendían. En Quillota, destacó la Gota de Leche Quillota, fundada a fines de 1931; en Valparaíso, la Sociedad consultorios para madres y niños, la Sociedad Protectora de Estudiantes, la Sociedad Gotas de Leche, la Sociedad Gota de Leche del Recreo, el Club de Niños de la Cía. Chilena de Tabacos, la Sociedad Hospital de Niños, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Liga Protectora de Estudiantes Pobres, en Quilpué la Cruz Roja Chilena Asociación Quilpué y en Viña del Mar la Sociedad Nacional de Costuras. Todas estas instituciones tenían un carácter filantrópico o de promoción de valores éticos en la juventud de la zona, consiguiendo fondos a través de cuotas de los socios, trabajo voluntario de distintas personas y médicos, además de aportes de empresas privadas importantes de la zona.

Otras organizaciones civiles independientes del Estado de carácter social y económico han sido por mucho tiempo los sindicatos. En más de alguna ocasión se ha calificado a Chile como la “República de los Sindicatos”, y que Oscar Alvarez estimó aproximadamente a un millón de personas organizadas en este tipo de actividades hacia 1950.

Este fenómeno se apreciaba con nitidez desde la época de la gran crisis de 1929, en que la tendencia natural a agruparse en distintas organizaciones se fue dando con fuerza en el caso chileno. El profesor Igor Goicovic se ha referido al hecho de que después de la gran crisis de 1929 que afectó fuertemente a las actividades salitreras del norte de Chile, miles de obreros quedaron cesantes y debieron peregrinar al centro del país. Muchos de estos inmigrantes buscaron impulsar la organización de instituciones que representaran sus intereses de clase. Señala que en la zona de Choapa, entre 1931 y 1938, surgieron dieciocho organizaciones sindicales y gremiales, como el Sindicato Profesional de Oficios Varios en Salamanca, el Consejo de Local de Unión de Empleados de Chile (UECH), la Asociación de Empleados Públicos, la Agrupación Departamental de Profesores y el Sindicato Profesional de Carpinteros y Ramos Similares de Illapel. En Los Vilos, por otra parte, se formó el Sindicato Profesional de Obreros Marítimos, el Sindicato de Lancheros y Jornaleros de Mar y Playa, el Sindicato Industrial Vera, el Sindicato Profesional de Panificadores y Ramos Similares, así como otras diversas agrupaciones mineras en Illapel y Salamanca.

Esta amplia variedad de grupos organizados desde tiempos pasados se extendía al resto del continente latinoamericano. Hace algunos años, antes de la globalización actual, el profesor Norbert Lechner se había referido a este tema y al desmoronamiento del “Estado Oligárquico” del siglo pasado, bajo el concepto de crisis de hegemonía. Este comenzó con una disgregación social ocurrida en la primera mitad del siglo XX, debido a un fuerte remezón en las estructuras de varios países. Entre ellos Argentina, cuando el general Uriburu en 1930 puso término a la democracia de las clases medias que eran guiadas por Hipólito Irigoyen; Chile, en que el régimen parlamentario fue cerrado entre 1924-1925 y continuó con la dictadura del general Ibáñez entre 1927-1931; Brasil, con el inicio del régimen de Getulio Vargas en 1930; Guatemala, con la dictadura del general Ubico en 1931; República Dominicana, con el general Trujillo en 1930; Cuba, con la dictadura de Machado entre 1925-1930 y Venezuela, en un lapso mayor para el cambio de la dictadura de Gómez entre 1908-1935.

Los hechos e instituciones que definieron la evolución social y económica posterior, son revisados por Lechner: oligarquía y burguesía, como conjunto de frondas en torno a grandes familias; burocracia civil y militar, con tradición colonial, productora de normas y siempre afín a su marca, la represión; los partidos políticos, templo de las clases medias, mercaderes buscados por sus servicios y evitados por sus costos; el gobierno, representado por un ejecutivo paternalista que se legitima con un personalismo plebiscitario y los sindicatos, que por su heterogeneidad negocian lo que pueden con la administración pública sus desdichas a causa de la explotación cotidiana. Así, en Lechner vemos que la fragmentación de la sociedad política remite a la sociedad civil:

“El supuesto de mi hipótesis –una crisis de hegemonía- es que el espacio social y espacio estatal no coinciden. No existe en América Latina (exceptuando en los países del cono sur) una sociedad civil relativamente homogénea, que abarque todo el territorio y relacione toda la población entre sí. Hasta hoy día, la mayoría de las sociedades de la región se caracterizan por una heterogeneidad estructural: diferencias étnicas, corte entre ciudad y campo, entre sierra y costa, distancia entre la economía exportadora y la economía de subsistencia, divorcio entre el circuito financiero y el proceso de producción. La sociedad civil consiste en un archipiélago de unidades sociales relativamente aisladas. El espacio estatal recortado por los límites fronterizos no se funda en una comunidad social”.

La inquietud del profesor Lechner por la diversificación y lo heterogéneo de nuestros grupos sociales en América Latina, sin embargo, no debe llevarnos a una preocupación más allá de lo normal. Interpreto los planteamientos anteriores como una respuesta de la sociedad civil a conformar unidades que permitan a los distintos grupos alcanzar sus aspiraciones aunque sea parcialmente. Nuevamente la tesis central de este trabajo se confirma en una perspectiva histórica. En el fondo las necesidades de la población han superado con creces las posibilidades que tanto el mercado como el Estado les podían ofrecer. También pienso que lo heterogéneo o diverso no tiene porqué ser malo per sé.

Para una época más reciente y de notable interés, como los años 1957-1970, en un interesante libro sobre el movimiento de pobladores en Santiago, el profesor Mario Garcés nos adelantaba sobre como la ley Nº 18.880, de juntas de vecinos, distinguió dos tipos de organizaciones comunitarias: por un lado reconoció las de carácter territorial (las juntas de vecinos) y por otro las de carácter funcional (centros de madres, centros de padres y apoderados, centros culturales y artísticos, organizaciones juveniles, organizaciones deportivas, grupos corales, cooperativas y otras). Este reconocimiento evidenciaba una realidad que había evolucionado a través de los años y cuyo objeto era no sólo regularizar el dominio de los inmuebles que los pobladores de entonces ocupaban, sino además la promoción del desarrollo urbanístico –algo relevante en términos actuales de calidad de vida- y mejoramiento del barrio.

Al centrar el debate en nuestro tiempo, vemos que la variedad de asociaciones, clubes, institutos, academias y otras unidades relacionadas con temas de calidad de vida y resueltos a través de la acción de la sociedad civil es enorme. Es lo que se ha dado en llamar también “instituciones del tercer sector”. Aunque, curiosamente, no parece existir una definición aceptable de este concepto, entendemos que se trata de organismos intermedios entre el Estado y el sector privado, con financiamiento propio o compartido, que desarrollan múltiples actividades en búsqueda de un mayor bienestar de la población.

Los profesores A. Castillo y J. Osorio se refieren con esta misma idea a las “organizaciones de la sociedad civil”, que definen como asociaciones de personas creadas para realizar diversos objetivos de interés común y sin ánimo de lucro privado. Estas pueden ser: sindicales, gremiales, de empresarios, beneficencia, culturales, educacionales, deportivas, de vida social, estudiantiles, comunitarias (territoriales y funcionales, comunidades cristianas católicas y evangélicas, de jóvenes, mujeres, adultos mayores), comunidades mapuches, organizaciones identitarias (sic) (étnicas, de homosexuales), feministas, ecologistas, organizaciones civiles que abordan una gran variedad de temas, así como una amplia gama de entidades que poseen una determinada individualidad legal o personalidad jurídica, lo que les permite ejercer derechos y contraer obligaciones.

La evolución de este fenómeno en el caso chileno se habría advertido recientemente; la primera impresión del mismo es que la aparición de nuevas y crecientes demandas sociales en distintos ámbitos del quehacer de la población de alguna manera ha sobrepasado las posibilidades de acción estatal, generándose una suerte de respuesta de la sociedad civil que ha permitido canalizarlas en diferentes formas. Una primera aproximación al tema la efectúan los profesores M. I. Arribas y J. Vergara, que ente otros aportes se han referido a las expectativas existentes al comienzo del tercer milenio en Chile respecto a estas instituciones. Entre las diversas motivaciones que explicarían este fenómeno están: (a) el costo de otorgar determinados servicios a los pobres a través de estos organismos sería más bajo para el Estado; (b) se ha identificado a las “Organizaciones no gubernamentales” (ONG) en un papel preponderante en la lucha contra la pobreza, privatizando las políticas sociales para aumentar el gasto social; (c) la creación de pequeñas organizaciones de allegados y pobladores a partir de 1990 que, a través de proyectos concursables obtienen subsidios para pavimentar calles o construir viviendas sociales, optimizando la asignación de recursos; (d) las políticas del tercer sector permitirían convocar a los empresarios para realizar actividades humanitarias; (e) permitiría potenciar la democracia y aumentar la integración social en un sentido más participativo, superando las limitaciones de una legalidad más bien puramente representativa.

De cualquier modo e independientemente de las razones que, en los últimos años, han impulsado el surgimiento de nuevas instituciones del tercer sector, el debate que ha surgido en torno al desarrollo de la sociedad civil ha llevado a una controversia. Esta se produce entre quienes ven emerger una fuerza que daría origen a un proyecto político alternativo al neoliberalismo, capaz de superar la crisis de los socialismos recientes, y aquellos que la entienden como una estrategia de democratización orientada a compatibilizar en el largo plazo la lógica del mercado, con las necesidades estructurales del sistema político y de reproducción sociocultural.

En uno de los primeros estudios y análisis de casos prácticos en terreno en Chile, se habrían encontrado diversos grados o formas de asociatividad en organizaciones civiles pertenecientes a las comunas de Cerro Navia y La Florida en la Región Metropolitana. En la primera de ellas, el esfuerzo colectivo y la búsqueda de una memoria activa condicionarían una tendencia asociativa bastante fuerte. Contrariamente en el segundo caso de la comuna de La Florida, como consecuencia del aumento de ingresos por crecimiento económico, el mayor status económico, la presencia de un gran centro comercial y un “mall” en el que las familias pasean y consumen, no se generaría en la población una tendencia a la asociatividad como en el caso anterior.

Las instituciones del tercer sector que hemos detectado para la Región Metropolitana a partir de algunas fuentes concuerdan con las descripciones o definiciones teóricas hasta aquí efectuadas. Sin embargo, a pesar del alto nivel de coincidencia en el significado del término, todavía persisten algunas dudas respecto de este nuevo lenguaje utilizado en el campo de la sociología. Conceptos como: “capital social”; “asociatividad”; “tercer sector”; “sociedad civil”; “sector no lucrativo”; “sector mixto”; “energía social disponible”, etc., aparecen constantemente y confunden al lector. Es de esperar un acuerdo definitivo de esta terminología, pues como se ha señalado, para poder cuantificar, medir o contrastar datos sobre la evolución del número y características de este tipo de organizaciones, se requiere de absoluta claridad en su significado.

Algunas interrogantes básicas con relación a esto y que cabe apuntar aquí son: ¿Cuantas organizaciones del tercer sector existen en Chile?; ¿cuántas en la Región Metropolitana de Santiago?; ¿cómo evolucionan?; ¿qué actividades desarrollan?. Por el momento tal vez no sea posible responder a todas estas preguntas, dado que se requiere desarrollar toda una metodología de trabajo que va más allá de los propósitos de esta investigación.

La asignación del nivel de prioridad se ha efectuado revisando antecedentes en cada texto A las instituciones relacionadas con salud, educación, vivienda, transportes, legislación-justicia y vivienda se les asignó el nivel “Alto”; a las instituciones de medio ambiente, cultura, deportes y recreación, nivel “Intermedio” y a las de adultos mayores, violencia intrafamiliar, inmigrantes, discapacitados, discriminación e intolerancia, el nivel “Bajo”. En caso de superposición de temas, por ejemplo salud y discapacitados, se anotó el nivel de prioridad más alto. Para la revisión de un método de asignación de puntaje prioritario como tema de calidad de vida véase a LEOPOLDO MONTESINO, op. cit., (2003: 301-321).

Por de pronto, en el cuadro Nº 4 aparecen algunos antecedentes de carácter general, número y distribución, de una muestra de organizaciones relacionadas con problemas de calidad de vida que aquí hemos calificado como de “prioridad social aparente baja o intermedia”. Podemos ver aquí algunos datos sobre diversas organizaciones que se aproximan a esta idea de “tercer sector”. El rango de actividades es enormemente amplio, al punto de que resulta difícil clasificarlas, en particular cuando se producen algunas superposiciones funcionales. Aunque la forma en que fueron anotados los datos y referencias generales varió entre los períodos 1995/1996 - 1998/1999, se aprecia que la cifra estimada en esta muestra de organizaciones para la Región Metropolitana estuvo levemente por sobre de las 1.000. Este guarismo no toma en cuenta numerosas entidades de carácter cultural, deportivo o recreativas que, según la definición utilizada, tal vez representen unos cuantos miles.

Al comparar algunos renglones entre ambos lapsos vemos que en ciertos casos los criterios de clasificación se mantuvieron sin variación, pero en otros es evidente que fueron alterados. El aumento de 46 a 54 organizaciones culturales, de 15 a 20 bibliotecas ó de 85 a 118 en salud parece indicar en cada uno de estos casos una tendencia normal, pero la disminución de instituciones de violencia intrafamiliar desde 13 a 7 indicaría un eventual cambio de criterio en la clasificación.

Otro antecedente de carácter cuantitativo es que de las 23 categorías correspondientes a 1995/1996, un total de 9 organismos se anotan con un nivel de prioridad “Alto”, es decir, el 39,1% de ellos participa en temas de calidad de vida de importancia relevante para la gente. En el nivel de prioridad “Intermedio” (o medio) aparece un total de 8, con un 34,8% y en el nivel “Bajo” se indican solamente 6, con un 26,1%. En el lapso siguiente 1998/1999 señalado en el mismo cuadro, los niveles “Alto”, “Intermedio” y “Bajo” totalizan 11, 6 y 3 unidades, las que suman un total de 20 categorías que corresponden a un 55,0%, 30,0% y 15,0% respectivamente.

Este mismo cálculo se puede realizar considerando el número de unidades incluidas en cada categoría; para el bienio 1995/1996 la distribución porcentual muestra 237 instituciones en el área de baja prioridad (un 22,6%), 417 en prioridad intermedia (un 39,8%) y 394 en prioridad alta (un 37,6%); para los años 1998/1999 el cálculo señala 279 organizaciones en temas de baja prioridad (un 23,0%), 327 en prioridad intermedia (un 27%) y 606 en alta prioridad (un 50,0%).

Si bien estos datos son muy sensibles al criterio de clasificación, al menos parecen indicar que para la Región Metropolitana existiría un leve predominio de las organizaciones del tercer sector orientadas a problemas de alta prioridad social aparente, como los referentes a salud, educación, transportes, vivienda y legislación-justicia. En segundo lugar quedarían las organizaciones relacionadas con medio ambiente, cultura, deportes y recreación, mientras que en tercer lugar se ubican aquellas que tratan problemas de calidad vida con baja prioridad social aparente.

Este simple ejercicio sugiere la posibilidad de establecer otra hipótesis tentativa: a mayor nivel de prioridad social aparente en materia de calidad de vida, más alto sería el número de organizaciones del tercer sector dedicadas a su atención en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Sin embargo, para poder contrastar una hipótesis como esta se requiere no sólo de más antecedentes cuantitativos, sino además afinar la información obtenida.

Los trabajos desarrollados por muchas instituciones del tercer sector en el ámbito de las necesidades sociales de prioridad baja y media no sólo se caracterizan por su gran amplitud y variedad, sino por una entusiasta y abnegada labor. Al trabajo voluntario o profesional realizado debe agregarse una buena cuota cariño por el prójimo y gran sentido de solidaridad.

A mediados de la década de 1990, en el tema de inmigrantes y grupos étnicos una asociación indígena denominada “Inchin Mapu” ubicada en la comuna de La Pintana contaba entre sus objetivos recuperar y difundir la cultura, artes, costumbres, creencias e idioma mapuche. Para ello organizaban foros, talleres, torneos de chueca o palín, ruegos denominados nguillatues y una celebración de año nuevo denominada We Tripantu. En discapacidad, la “Escuela Especial Pontífice Juan Pablo II” atendía unos 220 menores de escasos recursos en programas diseñados con el objeto de fortalecer la autoestima y desarrollar destrezas en niños y jóvenes discapacitados.

En este tema, un pequeño pero hermoso libro sobre poemas escrito por alumnos de la escuela diferencial “Los Cedros del Líbano” de la comuna de San Miguel, demuestra que también es posible ayudar a niños con dificultades de aprendizaje a través de actividades culturales. El joven Rogers Aburto escribió el poema “Mañana”:

“Mañana abriremos las ventanas

como en nuestros primeros y tiernos días

cantaremos alrededor de la playa

abrazaremos las manos

todos juntos cantando

con mucha alegría

con mucho amor y entusiasmo

olvidaremos el extraño y dolorido pasado”.

“Mañana se cumplirán nuestros suaves sueños

como por arte de magia

esconderemos nuestros más bellos secretos”.

En violencia intrafamiliar, una serie de organismos brinda ayuda psicológica y legal, además de apoyo afectivo. Entre ellos estaban el programa de violencia intrafamiliar del “Departamento de la Mujer” de la Municipalidad de Conchalí, la “Agrupación de Mujeres de la Florida”, el “Centro de Atención y Prevención de la Violencia Doméstica de La Granja”, etc. Entre las múltiples actividades efectuadas por estas organizaciones deben incluirse terapias individuales, de pareja y familiares, talleres de autoestima, formación de monitores y jornadas preventivas en centros de madres, juntas de vecinos y oficinas públicas. En medio ambiente, diversos grupos e instituciones integrados por scout, dueñas de casa, pobladores, profesionales chilenos y extranjeros, estudiantes, etc. que se preocupan por el cuidado de los árboles, los animales y todo lo relacionado con la naturaleza: el “Taller Ecológico Muralista” de la comuna El Bosque, la “Casa Ecológica-Centro de Atención Primaria Ambiental” de Estación Central, la “Red Nacional de Acción Ecológica” (Renace) de Ñuñoa, etc.

Un vistazo más a fondo al interior de algunas de estas organizaciones revela, además, que no sólo muchas de ellas han mantenido cierta continuidad a través de los años sino que, a pesar de enfrentar diversas dificultades propias de la falta de recursos, apoyo del Estado o financiamiento adecuado, han logrado que aspectos esenciales de su labor sea reconocida por la sociedad chilena.

En el cuadro Nº 5 he resumido algunos antecedentes obtenidos a partir de una encuesta realizada a ejecutivos de organizaciones del área metropolitana de Santiago. La muestra es muy pequeña, solamente cinco entidades, pero todas ellas relacionadas con temas de calidad de vida con distinta prioridad social aparente. El nombre de las instituciones y directivos encuestados se han omitido con el objeto de resguardar debidamente la privacidad de quienes gentilmente han colaborado con nosotros.

Conclusiones

En este trabajo he planteado la hipótesis de la existencia de una tendencia creciente en la participación de la sociedad civil , tanto en áreas sociales de necesidades prioritarias como no prioritarias y para las cuales ni el mercado ni el Estado, han tenido respuestas efectivas. Como corolario, adelanté que dicha tendencia se insertaba en un complejo proceso de redefinición de roles tanto del mercado como del Estado, impulsado tanto desde nuevas propuestas teóricas y analíticas, propias del mundo académico, como desde la realidad social misma que las requiere y exige oportunamente.

La revisión de los antecedentes aquí expuestos nos ha revelado, en forma esquemática, largos procesos de evolución del Estado en distintas épocas y lugares. No es posible hablar de un Estado único, en primer lugar. En tiempos históricos antiguos el Estado llegó a constituir un todo con el resto de la sociedad. En lo económico no sólo decidía el qué, el cómo y el para quién producir sino, además, en lo social e incluso religioso, asumía un rol preponderante en estas materias. Los ejemplos del antiguo Egipto, o la Roma imperial, también el imperio de Bizancio bajo el concepto de “cesaropapismo”, son claros en esta idea de centralización del poder en términos absolutos.

El Estado, en aquellas épocas, indudablemente coexistió con pequeñas unidades productivas privadas y con ciertas formas de libertad que se fueron ganando a través de los años, si bien con la esclavitud humana vigente en muchos lugares de forma manifiesta, o bien de manera encubierta en épocas más tardías. El mundo medieval europeo debió sufrir mucho antes de que algunas de las libertades del hombre fueran alcanzadas, en medio de las masacres interminables que ocurrieron durante la irrupción de los pueblos bárbaros. La situación de caos era tal, precisamente, por la falta de poder del Estado de contener aquellas fuerzas que devastaron ciudades y aldeas por centenares de años. El Estado, en otras palabras era débil. Una nueva forma de Estado-local surgiría, en respuesta a la necesidad de protección, el feudalismo. Se trataba, en esencia, de una explotación económica y militar de los siervos de la gleba, campesinos analfabetos, atrasados, supersticiosos y llenos de impuestos establecidos por los señores que, evidentemente, representaban otra forma de Estado no ideal. Los campesinos huyeron a otros lugares, el mismo puente del castillo comenzó a llenarse de gentes que ofrecían sus mercancías a cambio de otras y, poco a poco, surgió el hombre de la ciudad medieval. El qué, el cómo y el para quién comenzaba a tomar otros rumbos.

El preámbulo anterior nos ha servido para adentrarnos en las transformaciones que ha vivido el Estado en tiempos más cercanos. Si bien en el siglo XX, y después de profundas controversias y con el aporte de nuevas ideologías en defensa de los derechos de las clases menos pudientes, como el socialismo en sus diversas manifestaciones, todavía admitió un Estado con metas u objetivos muy alejados de las necesidades del ciudadano común. Las dos guerras mundiales fueron prueba de ello, la irracionalidad y falta de cordura en la mente de los líderes de aquellos años, llevó a la muerte innecesaria de millones de personas, sin contar con los heridos y la destrucción física de ciudades y pueblos enteros. Muchos de los numerosos conflictos ideológicos y económicos que aún persisten derivan de este pasado humano complejo y violento, que rebota de paso en las aspiraciones de las grandes mayorías, una mejor y merecida calidad de vida en todo lugar.

Después del conflicto bélico, la guerra fría entre el bloque soviético y los aliados de Estados Unidos marcaría otra etapa en la historia del hombre, en que los Estados debieron dejar de atender numerosas necesidades de la sociedad civil para afrontar momentos de tensión. En lo económico propiamente tal, y dentro del bloque soviético y Cuba, se mantuvo a un Estado participando en roles que a todas luces no le correspondían, como la producción de bienes y servicios. Si bien este fenómeno aún perdura en algunas economías occidentales, incluso la chilena con Codelco, Enap y otras empresas, el bloque soviético parece haber reaccionado a tiempo y sólo Cuba, más uno que otro país en el resto del mundo, mantienen este viejo esquema. El papel del Estado, ya en plena globalización, parece ser mejor comprendido en círculos académicos cada vez más amplios, aunque es natural que aún existan resquemores y dudas sobre determinados puntos y que normalmente están asociados a fenómenos económicos y sociales en áreas de educación, salud y justicia principalmente.

El estudio del mercado, por otra parte, también nos revela una evolución a través de los años y que nos lleva a reconocer que en ningún caso es una entidad estática. La definición de mercado, aclaramos, no es exacta: sólo es una idea. El mercado es un lugar donde concurren oferentes y demandantes de servicios, cientos de miles de ellos, que permiten satisfacer múltiples y crecientes necesidades de la población. Para muchas personas, reconocimos, el mercado presenta cierto encanto, tiene un lado romántico no sólo por el colorido y los olores que puedan emanar de algunos de los restaurantes que allí suelen atender, sino porque presenta incluso la posibilidad de que las modestas dueñas de casa efectúen sus elecciones de manera libre, espontánea y hasta entretenida.

Pero por otro lado, el mercado presenta fallas, reconocidas por los autores y hasta premios Nobel en economía más prestigiados. Se habla de oligopolios, monopolios, monopsonios y otras estructuras de mercados en que los niveles de eficiencia y equidad que suelen acompañar a los mercados competitivos no son alcanzados. El rol del Estado aquí es, sin mucha discusión, desarrollar algún tipo de intervención que aproxime el comportamiento de productores y consumidores a niveles más altos de eficiencia y equidad. La presencia de externalidades, bienes públicos y la necesidad de mantener a la sociedad como un todo en un adecuado ambiente de negocios y proyectos, con niveles de precio estables, alto crecimiento y niveles de empleo, son requerimientos, o más bien deberes, que sólo puede atender el Estado. El mercado no tiene la naturaleza ni los incentivos apropiados para constituir un ejército, cobrar peajes en una plaza eventualmente privada o activar la economía como un todo ante una emergencia o crisis de origen externo.

La fuerza del mercado está, indudablemente, en la producción de bienes y servicios, que en esencia constituyen la riqueza de la sociedad. El dinero solo es el lubricante del intercambio, un bien que se requiere para dicho fin. En la medida que los procesos de división del trabajo se profundicen, que la tendencia natural sea a una mayor especialización, las economías crecerán y las posibilidades de empleo serán mayores. El mercado, en palabras simples, genera los recursos de que disponemos, para consumo, ahorro, redistribución o lo que sea necesario. Su rol esta allí, en la fabricación o elaboración de bienes y servicios, sin desmerecer que en las empresas trabajen personas con aspiraciones, dolores, angustias, enfermedades y alegrías que, por supuesto, es necesario atender y considerar. En los lugares de trabajo también está la posibilidad de que se alcance un desarrollo profesional de éxito, con reconocimiento de la labor realizada.

En los mercados de hoy nos encontramos con muchas sorpresas, no sólo porque gran parte de la vida de muchas personas transcurre en su lugar de trabajo, sino porque las organizaciones empresariales suelen enfrentarse a múltiples desafíos que inciden en la calidad de vida de empleados, gerentes y clientes. A veces las empresas quiebran, con el drama que sobreviene por el desempleo; en ocasiones son agredidos los locales por manifestantes enfurecidos, en otras se producen estafas, engaños o se explota la buena fe de algunos trabajadores. También vimos casos de esclavitud solapada en pleno siglo XXI. En otras palabras, si bien a mucha gente le va bien y trabaja feliz en sus lugares de trabajo, también los casos de injusticia laboral y las dificultades en la relación capital-trabajo persisten. Otra faceta la presentan los consumidores cuando, lamentablemente, son mal atendidos: casas mal construidas, líneas aéreas que dejan botados a los pasajeros en capitales extranjeras, alimentos descompuestos, buses que se accidentan y colegios en que los alumnos no tienen baños limpios.

En general concluimos que tanto el Estado como el mercado han cumplido roles diferentes, a veces superpuestos, pero que con el paso de los años la comprensión de su verdadero quehacer se ha ido consolidando, sin perjuicio de que aún existen diferencias importantes en las apreciaciones que puedan tener distintos intelectuales y de diferentes tendencias. Agregamos que tanto el Estado como el mercado pueden y deben mejorar en este proceso evolutivo, porque la realidad es cambiante y los desafíos no son estáticos, sino dinámicos. Un solo ejemplo lo aclara todo: antes no existía la televisión por cable en Chile, por tanto no había legislación sobre esta actividad. Con su aparición, y por tratarse inicialmente de un monopolio, la compañía cobraba por cada televisor (TV) dentro de la casa una cuota adicional. Al poco tiempo, las autoridades se dieron cuenta de que el único costo para la compañía era la extensión del cable hasta cada TV, por lo que no correspondía cobrar una cuota adicional. Así, hubo que legislar e impedir un cobro innecesario para el consumidor.

En la última parte de nuestro estudio, revisamos el concepto de sociedad civil con especial atención a lo acontecido histórica y recientemente en el caso chileno. La revisión de los antecedentes revela a todas luces la existencia de un mundo de necesidades, actividades y relaciones entre sujetos de distintos ámbitos de la sociedad, que no responden a motivaciones propias del Estado y el mercado exclusivamente. Si bien algunas de estas numerosas organizaciones sociales existentes hoy en día, también llamadas instituciones del tercer sector, suplen o complementan la falta de atención adecuada por el Estado o el sector privado, otras muchas responden a otras inquietudes en que los fines de lucro, o la mera subsistencia, no es su razón de ser.

Si por un lado las manifestaciones vividas en el presente año 2006 en Chile de parte de los alumnos secundarios, en lo que se ha llamado la marcha de los pingüinos, denota una clara falta de atención adecuada por parte del Estado, así como la huelga de trabajadores de la salud, por otro tenemos demandas ocultas de la sociedad civil, reflejadas indirectamente en listas de una gran cantidad de instituciones que ofrecen oportunidades a ciegos, discapacitados, mujeres que sufren violencia intrafamiliar, que atienden a jóvenes deportistas, coros de voces y un sin número de organizaciones sin fines de lucro. Todas ellas cumplen objetivos de alto contenido social y en los que el Estado y el mercado se muestran insuficientes en su participación.

Cabe esperar entonces una comprensión adecuada de estos nuevos actores sociales, de las motivaciones que las sustentan, de sus mecanismos de financiamiento y de las formas de estructurales legales que las constituyen, para con ello consolidar a futuro de modo efectivo, y en una tendencia creciente, su fructífero apoyo a variadas comunidades y amplios grupos de ciudadanos latinoamericanos.

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