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Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Bossio Rotondo, J.C.: "Los indicadores de la cohesión social en la Unión Europea. Resultados contradictorios, perspectivas inquietantes" en Contribuciones a la Economía, octubre 2008 en http://www.eumed.net/ce/2008b/

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Propósitos y alcances

Contribución al debate

Unas apreciaciones introductorias sobre el papel de la cohesión social en las relaciones entre las dos regiones son necesarias. Este concepto ha suscitado al mismo tiempo expectativas y polémicas relativamente importantes en América Latina y el Caribe. Las primeras están relacionadas con la elevada desigualdad económica y social y elevada pobreza existente en América Latina y el Caribe (ALyC), y con sus dificultades para asegurar el goce de derechos fundamentales y construir la ciudadanía. Unos pueden suponer que los principios de la cohesión social serán impuestos, a manera de cláusula social del comercio exterior y de las inversiones, por las relaciones con la UE. Otros, que abre la posibilidad, cuando menos, de plantear alternativas en las políticas generales. No falta quien considere que debe aceptarse la propuesta por ser una oportunidad para cambiar nuestra imagen sin transformaciones estructurales, incluso sin cambio alguno, y de beneficiarse en contrapartida con nuevas aperturas del mercado europeo y de inversiones del mismo origen. Aceptación no es sinónimo de cumplimiento. Es la posición de muchos gobiernos y por lo general de las organizaciones de cúpula de los empresarios. Las controversias, por su parte, son suscitadas principalmente por quienes repelen la imposición de este concepto, y porque ésta conlleva o facilita otros condicionamientos. Esta posición es postulada por quienes son reticentes a la propuesta de la UE, e incluso la rechazan, porque cuestiona en alguna medida sus posiciones de poder. Pero también por quienes proponen una vía autónoma y alternativa de desarrollo. Paradójicamente muchos de éstos consideran que la UE no otorga debida atención, e incluso ninguna, a la desigualdad y a la pobreza que apenan a nuestros países. Piensan asimismo que estos flagelos podrían aumentar eventualmente con los acuerdos comerciales que proliferan actualmente. Quienes sustentan esta posición son mayoritarios. Sus esfuerzos y expectativas son promovidos por la coyuntura política regional. Un número importante de gobiernos latinoamericanos y caribeños postula reformas económicas y sociales significativas, transformaciones capitales incluso, así como una integración regional independiente. Al mismo tiempo, numerosos e importantes movimientos sociales se desarrollan, se relacionan y buscan construir opciones locales, nacionales o regionales trascendentes, en colaboración o no con los gobiernos reformistas. No es desdeñable, asimismo, el espacio que crea la crisis multiforme norteamericana, la cual puede agravarse. Frente a las perspectivas señaladas, una de mis primeras reacciones ha sido preguntarme por los parámetros de la cohesión social en la UE. Se considera generalmente que ésta expresa una modalidad de acumulación de capital distinta a la americana; menos concentrada, redistributiva, cohesionada. ¿Es, efectivamente, elevada, y se consolida con el proceso de integración, conforme se afirma frecuentemente? El estudiar en qué estado se encuentra, y cuáles son sus perspectivas, ayudará a conocer sus alcances y sus limitaciones; y contribuirá al mismo tiempo al debate, en ALyC, de este importante tema.

Mi interés en este concepto es reciente. Con motivo de la cumbre América Latina y Caribe -Europa realizada en Viena en mayo pasado, me pregunté acerca de varios de sus diferentes aspectos en el marco de unas reflexiones acerca de la « asociación estratégica » supuestamente establecida entre la UE y ALyC (Bossio, 2006). Con posterioridad, he tratado de integrar en un esquema coherente de análisis temas aparentemente dispares como un estudio del World Economic Forum, o Foro de Davos, sobre la llamada Estrategia de Lisboa de la Unión Europea, el cual señala las dificultades que ésta confronta en materia de inclusión social (WEF, 2006, b); el rechazo de la Constitución Europea en particular en Francia; la revuelta de los barrios de la periferia parisina de octubre-noviembre 2005 y las grandes movilizaciones de los jóvenes franceses contra el empleo precario de marzo y abril 2006; los efectos, en la capacidad de compra de la población, de la instauración del euro y de la creciente privatización de servicios públicos , la cual segmenta asimismo la oferta de servicios fundamentales; la extensión considerable del empleo a duración determinada en España y el desarrollo de otras formas de precariedad laboral en Italia; así como de malas condiciones de empleo y de trabajo de los inmigrantes (muchos de los cuales son víctimas de trabajo forzoso incluso) en varios países de la UE. Son temas dispares enlazados sin embargo por una perspectiva común. Quitan lustre a la imagen de la cohesión social europea. ¿Estamos frente a un paradigma real, o teórico?

¿ Porqué la UE-15 ?

¿Porqué me interrogo acerca de estos países y excluyo de mi reflexión a los otros miembros de la UE? Los acuerdos comerciales o de otra índole que algunos países latinoamericanos han rubricado con la UE, obligan al conjunto de sus miembros. Igual sucederá en aquellos que sean suscritos en el futuro. Por otro lado, excluir del análisis a sus nuevos miembros, podría considerarse un desaire. Cabe subrayar por ello las razones por las cuales no se les incluye en la reflexión que se desarrolla a continuación. Son tres. En primer lugar, porque son los países de la UE-15 los que pactaron la EdL; y, hasta 2004, año en que se incorporaron 10 de los 12 nuevos miembros de la UE, fueron los países en los cuales se aplicó y se evaluó esta estrategia. En segundo lugar, porque la mayor parte de ellos han participado sea en la creación, sea en las sucesivas reformas de la Unión. En este proceso, sus instituciones se han adecuado progresivamente a las regulaciones de la integración europea; en muchos casos, desde hace varias décadas ya. En tercer lugar, porque cuatro quintas partes de sus miembros forman parte de la Zona Euro y su política monetaria es gobernada por la Banca Central Europea (BCE). Se señalará asimismo que la UE publica, sobre estos países, series estadísticas completas de la casi totalidad de los indicadores económicos y sociales de mayor uso. No es el caso de los nuevos miembros.

Definición imprecisa

Es difícil apreciar en qué medida las declaraciones de principio traducen las intenciones; las estrategias; y, las políticas a diseñar y poner en práctica. El artículo 2 del tratado constitutivo de la Comunidad Europea, suscrito en Roma en 1959, que muchos consideran el primer antecedente de la institucionalización de la cohesión social europea, no es una simple declaración, sino un compromiso; pero se limita a propugnar el desarrollo armonioso, la expansión continua y equilibrada y la estabilidad creciente de los países que la conforman. Sólo será después, tres décadas más tarde, que el concepto adquiere fuerza en la integración europea; pero, extrañamente, no es definido con claridad.

El Acta Única Europea (AUE), promulgada en 1986, y el Tratado sobre la Unión Europea de 1992, también conocido como Tratado de Maastricht, reforman a la UE y preparan su ampliación. Asimismo, institucionalizan el papel fundamental de la cohesión social en la integración europea. Sin embargo, no la precisan. El artículo 23 del AUE señala que el Tratado de la Comunidad Económica Europea (CEC) incluirá un nuevo título V, relativo a la cohesión económica y social. Este artículo establece simplemente que, « Con la finalidad de promover el desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrolla y prosigue su acción dirigida al fortalecimiento de su cohesión económica y social » . Jacques Delors, quien presidió la Comunidad Europea entre 1985 y 1995, y fue el promotor de ambas reformas, definió el Acta Única como « la obligación de realizar simultáneamente el gran mercado sin fronteras, más la cohesión económica y social, una política europea de investigación y tecnología, el reforzamiento del Sistema Monetario Europeo, el comienzo de un espacio social europeo y de acciones significativas en materia de medio ambiente » . Con estas palabras la situó como vector de una estrategia; pero no aclaró ni delimitó su contenido. En el capítulo que le consagra en uno de sus libros principales (Delors, 1994), aborda sus múltiples facetas en el marco de una amplia y compleja entrevista coloquial ; pero no las integra. El Tratado de Maastricht enfatiza igualmente que la UE tiene como objetivo desarrollarse armoniosamente y que para ello debe reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de aquellas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales. Pero no la conceptualiza. El primer informe sobre la marcha de la cohesión social adopta similar postura a la de Delors (Commission Européenne, 1996, en adelante CE). Las otras tres memorias sobre el tema hacen menos esfuerzos aún (CE, 2001, 2005 y 2007). Más recientemente, el glosario de la Unión ha señalado que « la cohesión económica y social constituye una expresión de la solidaridad entre los Estados miembros y las regiones de la Unión Europea. Favorece el desarrollo equilibrado del territorio comunitario, la reducción de las diferencias estructurales entre las regiones de la Unión y la verdadera igualdad de oportunidades entre las personas ». Es una redacción más completa que una precedente encontrada en el mismo portal por Freres y Sanahuja (2006) : tiene como propósitos « prevenir y erradicar la pobreza y la exclusión y promover la integración y participación de todos en la vida económica y social ».

Coincido en que no aporta mucha claridad al debate. Frente a la imprecisión, considero apropiado recurrir a una definición del Consejo de Europa (CdE), la entidad encargada de los derechos humanos en la región, que no forma parte de la UE. En opinión del CdE, 2004, la cohesión social expresa « la capacidad que tiene una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros, minimizar sus disparidades y evitar su polarización ». A lo cual agrega unas premisas de composición, finalidad y procedimiento; y otras de relatividad en la construcción de una utopía: « Una sociedad cohesiva es una comunidad solidaria compuesta de hombres libres que persiguen objetivos comunes por vías democráticas». Y, « Ninguna sociedad es totalmente cohesiva. La cohesión social es un ideal por el cual es necesario luchar, más que un objetivo susceptible de ser alcanzado plenamente ».

Preocupa sin embargo que haya sido adoptada en ALyC sin haberse discutido y acordado su contenido. En América Andina se anuncia incluso la « construcción gradual de una estrategia andina de cohesión social, que sea sustento de la gobernabilidad democrática » (Wagner, 2006). Al hablar de cohesión social, actores de las dos regiones pueden referirse a problemáticas distintas que requieren respuestas diferentes, subrayan Freres y Sanahuja en el texto ya citado. Jarquín, 2007, precisa la inquietud, al señalar que « a diferencia de nuestra región, en donde el concepto ha sido procesado de cara a sus grandes desigualdades sociales, en Europa tiene como principal referencia, las disparidades entre los países y las regiones » de la UE. Interpreta fielmente el artículo 23 del AÚE, el cual establece que la cohesión social tiene como principal objetivo reducir las diferencias existentes entre las diversas regiones y superar el retraso de las regiones menos favorecidas en cada país y en el conjunto de la Unión . Ambas perspectivas, así como la disminución de las diferencias económicas existentes entre los países, son subrayadas por cierto en las evaluaciones de la cohesión social en Europa (CE, 2001, 2005 y 2007); las cuales otorgan un papel creciente a la importancia que tiene la reducción de las diferencias entre las regiones europeas y del retraso de muchas de éstas, en la búsqueda de una mayor competitividad. Probablemente con ánimo conciliador, Julio Cotler, 2006, la considera sinónimo de integración social, y señala que, «En efecto, cada vez con mayor intensidad, actores sociales y agentes políticos se orientan a definir (a ésta) como un proyecto destinado a crear las condiciones institucionales necesarias para promover la igualdad de derechos y oportunidades, particularmente de aquellas capas sociales de la población que, tradicionalmente, han sido reprimidas o impedidas de acceder a los recursos colectivos y que la literatura especializada denomina sectores “excluidos” ». Finalmente, en ALyC, unos han adoptado el término, porque lo propone la UE, y se considera por tanto políticamente correcto, o teniendo en cuenta aquello que puede aportar a los debates sobre la globalización o la integración ; y otros lo rechazan, por expresar una nueva versión de euro-centrismo, y exigen darle un contenido propio, (Ballón, 2006).

Llama la atención que la UE no la haya definido con precisión. El concepto fue esbozado por uno de los padres fundadores de las ciencias sociales (europeo, por cierto), hace un buen tiempo ya, conforme recuerdan Yépez y Morales, 2005. Sin embargo, si la UE no ha adoptado una definición oficial de cohesión social, si lo ha hecho « oficiosamente »; nos referimos a aquella que publica en su lexicón. Asimismo, ha establecido unos indicadores destinados a su seguimiento. No obstante, y esta es una segunda sorpresa, los informes relativos a la evaluación de su marcha, poco explicitan e incluso utilizan escasamente tales índices. La razón podría ser que estas memorias tienen como principales propósitos subrayar los progresos realizados y las tareas futuras en materia de cohesión social, en particular en el ámbito de las regiones de cada país. Otras dos razones serían que la CE y la UE, sea son escasamente cartesianas, sea confrontan divergencias muy importantes en este campo. No obstante, otorgan un papel de primer orden a su promoción en los acuerdos que han negociado o tienen en mente negociar con países en desarrollo. Es curioso, casi extraño. Supongo que lo hacen por su importancia oficial en los tratados que reforman la UE; por el papel político que ésta y sus miembros desean jugar en el largo plazo en estos países (reorientación de las instituciones y las políticas estatales, valorización del capital, control de los flujos migratorios); así como en salvaguarda de la eventual o efectiva crítica y oposición de los sindicatos y de la sociedad civil europeos, interesados en amparar derechos fundamentales que la cohesión debería asegurar.

Estrategia de Lisboa

Las incoherencias señaladas no han impedido a las autoridades de la UE subrayar la importancia de la cohesión social y que exista una política en la materia. El AUE y el Tratado de Maastricht lo exigen. Sus grandes rasgos han sido establecidos progresivamente y con mayor precisión en la reunión del Consejo de Europa (la cumbre de los Presidentes o Primeros Ministros de los países miembros) realizado en Lisboa en marzo del 2000. La estrategia adoptada en esta reunión tiene como objetivo « hacer a la UE la economía del conocimiento más competitiva, capaz de un crecimiento económico durable acompañado de un mejoramiento cuantitativo y cualitativo del empleo y de una mayor cohesión social, respetando el medio ambiente» (PCE - Présidence du Conseil Européen, 2000) .

La EdL fija diversas metas; y recomienda diversas políticas. Es imprescindible referirse a ambas, para tener una idea clara del contexto en el cual se construyen los indicadores de cohesión social de la UE. Las metas relativas a crecimiento del PIB y de la inversión en Investigación y Desarrollo (I&D) son muy concretas: 3% anual, en el primero de los casos; alcanzar la misma cifra como proporción del PIB el año 2010 en el segundo. La tasa de empleo debe aumentar a 70% este mismo año, lo cual implicaba una progresión substancial, desde su nivel de 1999 (62.5%). Otras son genéricas y particularmente optimistas: pretenden recrear, alrededor de este año, la condición de pleno empleo y de eliminación de la pobreza.

Las recomendaciones de política son muy importantes y comprenden los siguientes campos : a) innovación : modernizar la legislación relativa a producción y comercio de conocimientos; crear un espacio europeo de la investigación y la innovación; instaurar un clima favorable al desarrollo de empresa innovadoras, en especial Pequeñas y Medianas Empresas; b) reformas económicas estructurales : asegurar la plena capacidad operativa del mercado interior, mediante la liberalización de sectores como el gas, los servicios postales y los transportes; adoptar reglas de competencia en los mercados públicos; afirmar el desarrollo de mercados financieros eficaces e integrados; coordinar las políticas macroeconómicas, para lo cual es preciso sanear y elevar la calidad y la viabilidad de las finanzas públicas; c) promover y modernizar la educación y la formación a la vida y al empleo en la sociedad del conocimiento. También comprende unas recomendaciones destinadas a modernizar el llamado « modelo social europeo » (MSE) mediante la inversión en recursos humanos y la promoción de un Estado social activo, concepto, este último, que no es definido.

El informe Kok

Las metas de la EdL eran difíciles de alcanzar. Por una parte, las acciones y las políticas destinadas a su consecución, no formaban parte de las atribuciones de la CE, sino de los países miembros. El órgano de gobierno europea debía limitarse a un papel de « coordinación abierta» y al manejo de los fondos destinados a promover la cohesión social. Por otra parte, no se definió con precisión con qué recursos se tratará de alcanzar, en general, los objetivos establecidos, y, esas metas en particular; con el agravante que algunas de éstas son contradictorias entre sí (Creel et al., 2005). La Presidencia del Consejo señaló bastante alegremente que: « la realización del nuevo objetivo estratégico reposará esencialmente sobre el sector privado y sobre asociaciones de los sectores público y privado. Ella dependerá en consecuencia de la movilización de los recursos disponibles en los mercados y de los esfuerzos que acuerden los Estados miembros » (PCE, 2000). Las autoridades de la UE no percibieron que su financiamiento se subordinaría, en buena medida, en consecuencia, a las reacciones del mercado. El expediente no sólo era aleatorio sino inconsistente, pues, en el mercado, el financiamiento de la EdL debía afrontar, por una parte, las exigencias del llamado Pacto de Estabilidad (PE) , y las decisiones de la BCE ; y, por otra parte, los riesgos de la globalización. Señalemos a propósito de éstos, que las brechas de mercado y las debilidades políticas de la UE-15 han aumentado con la irrupción en el comercio mundial de nuevas plataformas de exportación y con el auge del capital financiero sin vocación industrial o simplemente especulativo. El voluntarismo y la fe en el mercado tienen límites evidentes.

El esquema, cuyos objetivos tienen la doble virtud de ser bastante completos (aunque parte de los dispositivos sobre empleo y aquellos relativos a medio ambiente no fueron explicitados originalmente) e integrados entre sí, falla sin embargo por falta de competencias de la CE; por su financiamiento incierto; y, por no tener debida cuenta de la economía internacional.

Sus limitaciones afloraron pronto. El informe Kok, que evalúa el 2004 la EdL a pedido de la UE, subraya que ésta ha perdido terreno en la competencia con EEUU y que la meta en materia de I&D, es lejana. Asimismo, llama la atención sobre los problemas que planteará la ampliación de la UE. El informe se centra en el empleo, el crecimiento económico y la innovación. Sorprendentemente, presta escasa atención a la pobreza, la cohesión social y el medio ambiente, sesgando de esta manera el enfoque integrado adoptado en la definición de los objetivos de la EdL. Su relegación es subrayada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que se felicita sin embargo de los diversos aspectos positivos de este estudio, en particular el énfasis que otorga al diálogo y a la concertación social (CES, 2005). Una gran central sindical no puede permanecer indiferente a tales distorsiones; pero debe aferrarse, al mismo tiempo, a las opciones que se abren. El sesgo se origina a nuestro modo de ver en un seguimiento parcial de la EdL; y en una respuesta burocrática a sus dificultades. Seguimiento parcial: la Comisión Kok no se interesa mayormente en sus aspectos sociales. Respuesta burocrática: la sociedad civil no participa activamente en la elaboración del informe. Este sesgo se refleja en la encuesta Eurobarómetro sobre la EdL. Realizada los mismos días de la presentación de este informe, en el cual se inspira probablemente, esta encuesta no solicita la opinión de la ciudadanía acerca de temas tan importantes para la cohesión social, como la desigualdad y la pobreza. Al parecer, la gente ha sido poco informada, incluso. En ese momento, casi 5 años después de su lanzamiento, la Estrategia era poco conocida por la opinión pública (Comité Económico y Social Europeo-CESE, 2004). Dudo que lo sea actualmente en mayor medida.

Dos factores que influyen en las dificultades de la EdL son, por una parte, la desconexión institucional de la Banca Central Europea (BCE), que gobierna la política monetaria de la zona euro; y, por otra parte, las limitaciones que impone implícitamente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) al financiamiento de las actividades que pretende promover la Estrategia. El primero era abordado por el fracasado proyecto de Constitución Europea. Al margen de la discusión sobre la capacidad que habría tenido el Eurogrupo para contrarrestar el poder de la BCE , es evidente que en la actualidad ésta no comparte poder alguno. El segundo factor ha suscitado diferentes críticas al pacto, y dado lugar a varias propuestas de reforma del mismo, las más leves de las cuales han sido adoptadas . Creel et al., 2005, subrayan las limitaciones y distorsiones que comporta para la EdL. Kok, 2004, señala que no es funcional con ésta durante las fases bajas del ciclo económico. Estos temas no fueron abordados debidamente, y, menos aún, resueltos, ni durante la preparación de la Estrategia, ni con ocasión de su revisión, ni durante su relanzamiento. La recuperación económica de la Unión puede disminuir su importancia, incluso ocultarlos; pero no los soluciona La ampliación de la UE -- el incremento de su diversidad agregará dificultades de gobernabilidad y de financiamiento --, podría hacerlos resurgir cada vez con mayor fuerza. La reciente polémica del Presidente francés con las autoridades de la BCE y con los ministros de economía de varios importantes países, lo anuncia probablemente. Este contexto no es favorable al financiamiento de las políticas de cohesión social.

World Economic Forum

Es importante señalar la apreciación, por los tenores empresariales de la globalización, de la EdL. El WEF, en el estudio mencionado, y en dos anteriores análisis del mismo tema, cuantifica los diferentes indicadores de la Estrategia de Lisboa y los agrega sin ponderarlos según las características de los diferentes países. Es, en todo caso, una referencia importante. Se basa en casi su totalidad en la Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE) que esta entidad realiza con regularidad a escala mundial. Expresa, en consecuencia, la opinión del sector dominante del mundo empresarial. Nos limitaremos a presentar los resultados de su sección relativa a inclusión social, la cual es definida como proceso destinado a proporcionar empleo a la fuerza de trabajo; mejorar las calificaciones; y, modernizar la protección social de los trabajadores y en general de la población . De incluir el control de la desigualdad social y la lucha contra la pobreza, sería muy cercana a cohesión social.

La citada sección de la EOE resume el valor otorgado por el WEF a las realizaciones de la UE en los mencionados campos. La UE-14 (no considera Luxemburgo) obtiene 4.85 puntos de una escala de 1 a 7 el 2004; la UE-15 alcanza 4.81 puntos el 2005; y, el 2006, la UE-25 (no incluye a Bulgaria y Rumania), 4.40 puntos. La tendencia es claramente regresiva. Sin embargo, la disminución del índice el último año está relacionada en buena parte con la ampliación de la UE y la consiguiente inclusión en el promedio, de países de menor desarrollo. De excluirse éstos, el índice sería 4.60, que siempre es inferior al alcanzado los años precedentes. La información utilizada en esta sección procede parcialmente de la EOE. Como la inclusión social sólo es abordada en parte en esta encuesta, en la construcción del indicador correspondiente se utiliza asimismo información estadística de la UE. Lamentablemente no se explicita el contenido de ésta ni la metodología utilizada para integrar apreciaciones subjetivas con estadísticas sociales. La tendencia de la inclusión social es bastante similar de aquellas observadas en los otros 7 rubros estudiados por el WEF . Según la apreciación de los ejecutivos, el único rubro en el cual la UE mejora en el curso de los 3 años, es la liberalización de los mercados. Es interesante apreciar que, para el empresariado, en la UE se está reduciendo la inclusión social, en circunstancias que progresa la libertad de mercado.

Relanzamiento de la EdL

En respuesta a las apreciaciones de la Comisión Kok, la UE relanza la EdL el año 2005, priorizando la innovación, la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo, que considera fundamentales para alcanzar sus objetivos sociales, los cuales pierden importancia en el nuevo esquema (Barroso, 2005: PCE, 2005; CE, 2005, b; CE, 2006). A partir de ese momento, la cohesión social dependerá en buena medida de los resultados de aquellas políticas; pierde prácticamente su carácter de variable estratégica, aunque siga ocupando este papel en las declaraciones de intención. Asimismo, se insiste escasamente en las metas establecidas en Lisboa, que no se abandonan, señalándose sin embargo que en su mayor parte sólo podrán ser alcanzadas después de la fecha establecida. Se habla de la búsqueda del pleno empleo y de una mayor cohesión social; pero ya no de alcanzar el primero de estos objetivos el 2010, o cuando menos establecer sus bases este año. Asimismo, la cohesión social deja de ser planteada prioritariamente en relación con la disminución de la desigualdad económica y social, y de la desaparición de la pobreza. La omisión de este último objetivo en la revisión y relanzamiento de la EdL ha alarmado. El Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo ha protestado incluso. Estima asimismo, que la revisión y el replanteamiento de la Estrategia debieron plasmarse asociando directamente en ambas tareas a las poblaciones que sufren la pobreza, las cuales deberían participar activamente asimismo en la definición, la implementación y el seguimiento de las políticas y las acciones destinadas a superarla.

¿Cuáles son las perspectivas del nuevo enfoque? El debate sobre medio ambiente se encuentra en sus inicios y por ello es difícil intentar un balance de sus realizaciones y perspectivas . La cohesión social será analizada luego en términos de los indicadores publicados por Eurostat. Los progresos en materia de I&D así como las dificultades de ésta ayudan a percibir las posibilidades y las limitaciones del relanzamiento en curso. Algunos indicadores son positivos. La participación de los trabajadores altamente calificados en la ocupación aumentó 3.1 puntos porcentuales entre el año 2000 y 2006 e involucra a casi 2/5 (35.8% a 38.9%). Es importante asimismo el incremento de la proporción de diplomados en ciencia y tecnología en la población de 20 a 29 años, que es la franja de edad en la que normalmente se obtienen los grados universitarios correspondientes. Su proporción ha aumentado de 9.1% a 13% entre 1998 y 2005 en los países de la zona euro. Otros indicadores ilustran sin embargo las dificultades de las políticas europeas en este campo y en innovación. Señalaremos, en primer lugar, por ser el más evidente, las peripecias de Airbus, el gran proyecto industrial europeo, en particular los tropiezos iniciales de la descentralización/integración productiva de su gigantesco avión A 380 . En segundo lugar, la disminución, en los últimos años, de la participación de los productos de alta tecnología en sus exportaciones . En tercer lugar, la inversión en I&D ha aumentado poco y será difícil alcanzar, el 2010, la meta establecida. Los documentos de la CE señalan que llegará a 2.6% del PIB, es decir, 13.3% menos de lo propuesto; pero probablemente el retraso será mayor. En cuarto lugar, el Instituto Científico y Tecnológico Europeo, pieza fundamental de la estrategia en este ámbito, aún no ha sido creado. Otras fuentes señalan que las reformas económicas estructurales que deben colaborar al éxito de la EdL, avanzan , aunque de manera dispar y al son de la lógica de mercado principalmente , pero la competitividad regional progresa menos de lo esperado. Sigue inferior a la norteamericana, a pesar del incremento de la productividad de la UE-15 y de los éxitos escandinavos en estos ámbitos (WEF, 2006, a) . Por otro lado, la cotización elevada del euro disminuye la competitividad de los países de la zona que lo han adoptado. Es posible que estas dificultades persistan; en el mejor de los casos, incluso a mediano plazo.

Flexibilidad y seguridad

Con posterioridad, la Unión ha impuesto el concepto de flexiguridad en materia de empleo y protección de los trabajadores. Sus órganos y los gobiernos de la UE proponen proteger, no los empleos, sino las personas que los realizan, en el marco de una mayor flexibilidad de las relaciones de trabajo y de los derechos laborales. Los planteamientos de la UE en este campo han sido presentados en varios textos. El portal de la UE los resume en el documento : «La flexicurité, ou comment répondre aux questions liées à la mondialisation et à la démographie en combinant flexibilité et sécurité ». La EdL no emplea el término. Sin embargo, la interpretación neo-liberal del acuerdo alcanzado en Lisboa podría prefigurarlo. Aparece claramente sin embargo en su revisión y en su replanteamiento y por esta razón en los últimos años los críticos del neo-liberalismo lo identifican crecientemente con la EdL. Llegan a asociarla, incluso, con la precariedad del empleo y de la vida. Comentando el concepto, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) considera que la UE ha basculado a favor de la flexibilidad, a detrimento de la seguridad. Disiente en consecuencia de esta opción, y aboga por una flexiguridad diferente; protectora eficaz de los derechos de los trabajadores. En caso contrario, se convertirá en sinónimo de flexi-explotación . Muchos piensan que ésta ya está en curso.

Los indicadores

En esta sección se analizan indicadores de la cohesión social en la Unión Europea tal como era esta unión regional antes de su ampliación de 2004. Es decir, en la llamada UE-15 , conformada por los seis países de la Comunidad Económica Europea ( creada en 1957 por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos), Dinamarca, Irlanda, Reino Unido (ingresaron en 1973), Grecia (1981), España y Portugal (1986), Austria, Finlandia y Suecia (que ingresan en 1995 a la UE, creada en 1993). El análisis comprende el período 1995-2000 aunque se centra en el período 2000 (año de lanzamiento de la EdL)- 2006. Utiliza los datos estadísticos publicados en el portal de Eurostat, la oficina de estadísticas de la Comunidad Europea. Recurrimos asimismo a estudios llevados a cabo por diversas instituciones e investigadores interesados en temas europeos, en particular laborales. Se analiza, en primer término, los indicadores oficiales de cohesión social relativos al conjunto de su universo (promedio de hombres y mujeres cuando es el caso) sobre los que existe información para el conjunto del período, o la casi totalidad de éste; y, luego, indicadores complementarios. La hipótesis principal es que la UE vive un proceso pausado de ajuste social « hacia abajo », que trastoca en alguna medida la cohesión que disponía en el pasado y que la EdL pretendía fortalecer. Pensamos asimismo que los indicadores sólo expresan parcialmente el proceso de ajuste en curso. A largo plazo podría alcanzar ribetes mayores.

El Recuadro N° 1 presenta los 8 indicadores publicados por Eurostat. Son muy importantes. Permiten el seguimiento de las variables que asegurarían la cohesión social en la UE. La nómina difiere en alguna medida de la lista de « indicadores primarios » establecida por el Comité de Protección Social por la UE en su reunión de Laeken, Bélgica, de diciembre de 2001 (CPS, 2001). No comprende la desviación mediana de los bajos ingresos , la esperanza de vida al nacer y la auto-evaluación del estado de la salud , que fueran seleccionados en esa oportunidad. Por otra parte, tampoco comprende 7 de los 8 « indicadores secundarios » definidos en Laeken ; uno de los cuales, la desigualdad de los ingresos, es incluido en la lista de Eurostat. Pasó de secundario a primario; lo cual es muy positivo, pues permite apreciar en qué medida la distribución se aproxima o se aleja de la equidad. Asimismo, reconoce implícitamente que la inequidad descohesiona. Con posterioridad el CPS ha ampliado la lista . En este texto no abordamos sus sucesivas modificaciones. En la actualidad comprende 13 indicadores transversales principales (Caussat y Lelièvre, 2007). Por otro lado, la CE ha definido 14 indicadores de seguimiento estructural de la EdL. Uno de los indicadores relativos a la cohesión social (riesgo de pobreza después de transferencias sociales) figura en este elenco, el cual es presentado en la página http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/g24225.htm

Eurostat publica regularmente información al respecto. En su conjunto, constituyen importantes contribuciones al ejercicio de la ciudadanía. Su aporte sería mayor, de ser construidos, analizados y evaluados conjuntamente con la sociedad civil, y no solamente en el seno de la eurocracia y de las administraciones nacionales. El CPS lo reconoce al desear la participación creciente, en la elaboración de los indicadores, de las personas excluidas; y admitir la necesidad de explorar los medios más eficaces para hacer escuchar su voz. Al parecer no ha tenido eco, pues no se conoce iniciativa alguna de la UE destinada a implementar sus propósitos. Por el contrario, el Consejo de Europa ha lanzado una, a nivel local .

Las series anuales de los índices publicados por Eurostat son bastante completas. Los datos relativos a ingresos (concentración, riesgo de pobreza) no comprenden el año 2002 . Asimismo, tienen algún retraso pues solo llegan hasta el año precedente ya terminado. De ser publicados en junio del año siguiente, tienen año y medio de atraso; pero el retardo por lo general es mayor. La información relativa a los 3 primeros indicadores, que a nuestro entender son fundamentales para el análisis de la cohesión social, se basa en estimaciones del ingreso disponible, el cual es definido en el Recuadro N° 2, al igual que el concepto estadístico de transferencia social. Hasta el 2002 fueron recogidos mediante la encuesta CPM; luego, por intermedio de la pesquisa SILC; ambas son presentadas brevemente en el Anexo Estadístico. Los ingresos son estimados a nivel del hogar procediéndose luego a calcular el ingreso equivalente de conformidad con la metodología de la OCDE. Una persona puede disponer de ingresos personales inferiores a los establecidos en la línea de pobreza (véase el Recuadro N° 1), pero los ingresos del hogar al cual pertenece pueden situar a éste encima de la mencionada línea. Inversamente, una persona con ingresos personales superiores, puede formar parte de un hogar cuyos ingresos equivalentes se sitúan debajo de esa línea si forma parte de un hogar con varios miembros en el cual él es el único preceptor de ingresos (Bardone et Guio, 2005; Cazenave, 2006; Guio, 2005; Lelièvre et al, 2004; Allègre et Periver, 2006). Se habla de riesgo de pobreza, y no de pobreza en sentido estricto porque la línea de pobreza ha sido fijada arbitrariamente. De estimarse a partir de ingresos equivalentes a 50% o 70% de la mediana nacional, y no de 60%, como ha sido establecido, los resultados serían diferentes.

No disponemos de información acerca de las razones por las cuales fueron elegidos estos otros indicadores; menos aún porqué han sido incorporados unos y desechados otros. El Comité de la Protección Social de la UE, que ha estado encargado de este asunto, y se ha reunido con frecuencia para definirlos, se limita a señalar la diferente importancia de aquellos que considera primarios o secundarios, así como su calidad (CPS, 2001). Cecchini, 2006, es más explícito; los relaciona con diversos aspectos de la cohesión social. Posiblemente se imponían de suyo, al menos entre los especialistas. Los cuatro primeros exponen las bases monetarias de la exclusión y de la cohesión social. La concentración de los ingresos expresa la marginación parcial, de éstos, de parte de la población; o, si se quiere, el acceso segmentario a los mismos. La razón nos parece obvia. El ingreso nacional disponible en un momento determinado es una cantidad dada. Si su distribución se concentra, se incrementa la probabilidad de que, quienes participan en ella en menor medida, confronten la pobreza, cuando ésta es definida en términos monetarios. La identidad social se sustenta en la percepción de vivir en una sociedad de semejantes; cuyos principios y valores se comparten en mayor medida cuando se dispone de los recursos necesarios para sobrevivir y desarrollarse, así como de una protección social apropiada. La pobreza contribuye a la pérdida de identidad y consecuentemente de cohesión. El quinto indicador mide la concentración o desconcentración del crecimiento económico. La EdL postula un crecimiento regional equilibrado y la recuperación de las regiones atrasadas. La concentración del crecimiento en determinadas zonas afectaría el desarrollo del mercado interno y de las infraestructuras, y generaría mayores migraciones internas. Por otro lado, los problemas regionales son importantes en varios países de la UE-15; nacionales incluso . La ampliación de la Unión puede empeorarlos. Los otros tres indicadores expresan el interés en afrontar rupturas (deserción escolar), persistencias (desempleo a largo plazo) o privaciones (carencias hogareñas) cuyo acontecer, y sobre todo su eventual agravamiento, pueden generar la marginación de importantes colectivos y perjudicar sensiblemente la marcha de la cohesión y consecuentemente de la integración.

Conocimos el portal hace varios meses solamente. Posiblemente es reciente. Sería ésta la explicación del escaso análisis y debate que ha suscitado. Freres y Sanahuja (2006) no lo mencionan. Tampoco Sanahuja (2007), a pesar referirse a tendencias importantes cuantificadas por este portal. Por una parte, a la desigualdad; y, por otra, la pobreza; así como a la solidaridad existente en los países de la UE, que permite disminuir una y otra. Lamentablemente no las desarrolla, opción que podría haber planteado sobre la base de los mencionados indicadores. Insiste más bien en la solidez de las estructuras y las instituciones de la UE, que permite afrontar los retos de la integración europea y de la globalización. Más sorprende aún su escasa utilización en las evaluaciones oficiales de la EdL. Cuando fueron adoptados, se señaló su uso en la evaluación de los progresos alcanzados en la consecución de los objetivos de Lisboa; y para focalizar mejor la acción. Asimismo, se subrayó que serían utilizados en la elaboración de los informes que sintetizarían las apreciaciones de la mencionada estrategia. A pesar de los buenos deseos oficiales, los informes publicados expresan escasa utilización de tan importantes instrumentos de análisis.

El contexto inmediato

De la UE se subrayará, según la perspectiva del análisis, sus debilidades políticas, o sus realizaciones económicas; el éxito y al mismo tiempo los desafíos que para ella representa la ampliación a 27 países; las interrogantes que plantea la globalización; sus problemas

institucionales, en particular las contradicciones existentes entre las instancias europeas y nacionales; la escasa participación de la ciudadanía en el gobierno de la UE; la aprehensión de diversos colectivos afectados por el desempleo o la falta de empleo de calidad; los retos de la migración interna o extra-comunitaria y de la multiculturalidad. Para los fines de este texto conviene subrayar algunos de los indicadores macroeconómicos que ayudan a comprender el contexto en el cual se implementa la EdL. El Cuadro N° 1 permite apreciar la expansión de las economías de UE-15 y una tasa de desempleo abierto relativamente baja en estas economías, si se tiene en cuenta las pautas europeas anteriores. El cuadro también permite comparar los resultados en los ámbitos del crecimiento económico, el nivel de empleo

y la inversión en investigación y desarrollo, con las metas establecidas por la EdL en estos campos. En todos éstos los resultados son inferiores a las metas establecidas. No obstante, durante el período 1997- 2006 el incremento anual del PIB por habitante fue alrededor de 40% mayor al alcanzado durante los años 1973- 1998. Asimismo, en el curso de los años 1995-2006 el desempleo disminuyó en promedio alrededor de 3 puntos porcentuales respecto los años 1985-1995. Sin embargo, luego de disminuir significativamente hasta inicios de la última década, vuelve a incrementarse, aunque se reduce nuevamente en los últimos dos años. Aumenta igualmente la tasa de empleo. Por el contrario, la tasa de inversión en I&D estanca prácticamente. La Unión vive, en todo caso, una fase de expansión. Menor, bastante menos intensa que lo esperado, o pretendido, incluso, pero evidente.

Las cifras hablan

¿Qué muestran los indicadores? ¿Los progresos en los distintos campos son substanciales y permiten prever una mayor cohesión social, en particular mediante la progresiva eliminación de las diferencias y de la pobreza? ¿Se ha avanzado, igualmente, en otros campos? El Cuadro N° 2 proporciona información al respecto. El Gráfico 1 ayuda a percibir la tendencia. Los analizamos a continuación.

a) La desigualdad en los ingresos es evidente y ha crecido en los últimos años. La relación entre el primer y el último quintil de la distribución es muy importante. Ilustra la distancia entre la cúspide y la base social. Luego de disminuir de 5.1 a 4.5 entre los años

1995 y 2000, aumentó a 4.8, el 2005. Se subrayará que durante estos últimos años el desempleo disminuyó con relativa significación. La mejora del mercado de trabajo no ha tenido consecuencias favorables en la distribución de ingresos; todo lo contrario, ésta se ha agravado. Se subrayará igualmente que la desigualdad difiere entre los países. En Suecia es bastante menor que la media europea (3.3). En Gran Bretaña (5.5) bastante mayor; muy superior, en Portugal (8.2). Más allá de estas diferencias, se subrayará que en estos tres países aumentó la desigualdad en el curso de los 5 últimos años . Ligeramente, en los dos primeros; con fuerza, en el tercero. La UE dista de ser el paradigma de la equidad, lo cual es ampliamente conocido, aunque es opacado cuando se compara con Estados Unidos . Por otro lado, la desigualdad estaría aumentando con mucha rapidez – de forma explosiva incluso-- en varios países europeos, incluso en algunos de aquellos en los cuales el indicador de Eurostat no permite apreciar esta tendencia, o expresa otra.

Es el caso de Francia, país en el cual la relación entre quintiles ha disminuido en los últimos años. Landais, 2007, ha estimado la concentración del ingreso en este país entre 1998 y 2006 sobre la base de las declaraciones al fisco. Después de la percepción de plusvalías, la relación del ingreso de los hogares pertenecientes al 0.01% más adinerado de la distribución, con aquel del 90% con menores recursos, pasó de ser 73.5 veces, el primero de esos años, a 101.4 veces el último . Mientras que los ingresos del primer colectivo aumentaron durante ese período 43.8%; aquellos del segundo, que es ampliamente mayoritario en la población, sólo creció 4.3%. Señala asimismo que los ingresos de los más adinerados crecen más rápidamente por la conjunción del aumento de sus salarios y de sus rentas. Dado el estancamiento del salario medio, la primera de estas tendencias está trastocando la distribución salarial. La segunda es difícilmente compatible con las premisas de una economía basada en el conocimiento; se sustenta en la propiedad y en el status. Aunque la desigualdad gala es inferior a la norteamericana, en los últimos años ha aumentado muy rápidamente. En algunos países europeos, tendencias similares han llevado a sus gobiernos a interrogarse acerca de la conveniencia de establecer límites a los altos salarios y las primas asociadas.

b) La tasa de riesgo de pobreza estimada antes de las transferencias sociales es particularmente elevada. Algo más de un cuarto de la población de la UE confronta este riesgo. El cual, luego de disminuir entre 1995 y 2000, de 27% a 24%, ha recuperado prácticamente el nivel del primero de estos años, al afectar a 26% de la población el 2005. Alcanza sus puntos más elevados en Dinamarca (31%), Irlanda (32%) y Reino Unido (31%). Y los más bajos en Austria (24%), España (24%), Grecia (23%) e Italia (24%). Esta tasa expresa principalmente las repercusiones, en los ingresos disponibles, del mercado y de las políticas adoptadas para regularlo o liberarlo . Se sabe bien que esta última es la opción adoptada por los países europeos. La dispersión de las tasas nacionales respecto la media europea no es particularmente elevada, lo cual indica una relativa homogeneidad. Llama la atención que alcance niveles elevados en los países nórdicos (en promedio, 29.3%). Tomados en conjunto, son países en los cuales la tasa de empleo es más elevada, el nivel de salarios mayor y la productividad similar que la media de la UE-15; mientras que la tasa de desempleo es inferior , y el crecimiento de la economía bastante más rápido . Las consecuencias de la liberalización del mercado saltan a la vista incluso en los casos paradigmáticos. La particularidad de los países nórdicos es que combinan liberalización y flexibilidad con una distribución del ingreso menos desigual, alto nivel del gasto público y del gasto social, presión fiscal elevada, solidaridad y redistribución (Lefebvre y Meda, 2006).

Esta tasa expresa riesgo potencial de pobreza, el cual puede ser compensado, y en consecuencia disminuido, por transferencias sociales. En todo caso, 100.7 millones de personas lo enfrentaron el 2005, en la UE-15. Es una cifra considerable. Por otro lado, es sintomático que su incremento tenga lugar a pesar del mejoramiento sensible del mercado de trabajo. Tres factores la explican en tales circunstancias.

En primer lugar, la proporción elevada de trabajadores con bajos salarios en varios países de importante fuerza de trabajo y población. Los bajos ingresos laborales, o los bajos salarios, son indicadores de la relación existente entre trabajo y bienestar en una economía. Lamentablemente la CE no publica series estadísticas sobre la proporción de trabajadores con bajos salarios o ingresos, ni de trabajadores pobres. Ha organizado o patrocinado importantes estudios transversales del tema (Bardone y Guio, 2003; Lelièvre et al, 2004; Allègre et Periver, 2006; Cazenave, 2006 ); pero no han publicado estudios longitudinales. Husson, 2007, subraya que los últimas cifras comparativas conocidas datan de 1996 y que esta omisión denota falta de interés en el tema. La información publicada por OECD, 2007, acerca de la proporción de trabajadores cuyos salarios son inferiores a las dos terceras partes de la mediana nacional, es escasa y sólo expresa un incremento substancial de los bajos salarios en Alemania. La proporción alcanzó 15.8% el año 2005, luego de situarse en 11.5% en 1995. En España aumentó, pero bastante menos durante esos años; pasó de 15.2% a 16.2%. Al igual que en Suecia, donde creció de 5.7% a 6.4% y en el Reino Unido, donde lo hizo más levemente, de 20% a 20.7%. Disminuyó por el contrario en Irlanda: bajó de 20.4% a 17.6%. En Francia, aumentó de 11.4% en 1983, a 16.6% en 2001, según Pierre Concialdi (citado por Husson, 2007), quien, en una entrevista reciente agrega que existen bases para afirmar que la proporción de bajos salarios ha continuado aumentado los últimos años . Entre los trabajadores independientes, el riesgo de pobreza es bastante mayor; el 2001 fue casi 3 veces mayor que entre los asalariados, recuerdan Bardone y Guio, 2003. La autonomía no libera de la pobreza; la incrementa. La segunda explicación es estadísticamente más consistente. La elevada proporción de pobres potenciales se explica igualmente por las bajas pensiones percibidas por parte importante de los jubilados. Uno de cada cinco personas de 65 o más años de edad vive por debajo de la línea efectiva de pobreza. Nos referiremos con mayor precisión a este tema al analizar el indicador correspondiente. La tercera razón de sublevada cifra, es la persistencia del desempleo; el cual, si bien es cierto ha disminuido, continúa situándose en un nivel relativamente elevado.

Un comentario se impone en relación con la metodología adoptada para el cálculo de la tasa de riesgo promedio de la UE en sus distintas versiones . Se estima primero la tasa de cada país y se calcula luego el promedio regional, ponderando las medias nacionales con el peso demográfico de cada país. Sucede sin embargo que las diferencias son considerables. El salario medio portugués equivale a 49.3% de la media europea; el español, 72% . En el supuesto que ambos representan la mediana de ingresos en sus respectivos países, la línea de riesgo de pobreza se establece a un nivel 46% más elevado en España que en Portugal, en euros corrientes, que son aquellos que utiliza Eurostat en sus cálculos; 37% más alto, si el cálculo se realiza en euros a paridad de poder de compra. Sin embargo, la tasa de riesgo de pobreza estimada por esta entidad en ambos países es bastante similar: 24% en España, 26% en Portugal. No es la única contradicción en la UE-15. El problema se plantea en mayor medida aún en relación con los PECO, los países de Europa Central y Oriental que ingresaron últimamente a la UE. Eurostat estima que el riesgo potencial de pobreza es similar en la UE-15 y en la UE-25. Sin embargo, las diferencias de niveles de ingreso entre los países de la UE-15 y los PECO son bastante mayores que entre los dos países ibéricos. Es una de las consecuencias de la metodología de cálculo adoptada. Yépez y Sorj, 2006 señalan con justa razón que la pobreza es mayor en los nuevos países miembros. La verdad oficial es otra.

c) La tasa de riesgo de pobreza estimada después de las transferencias sociales es bastante menor que la precedente (16% y ya no 26%) pero continúa siendo elevada. Por oposición al riesgo potencial antes señalado, lo denominaremos riesgo efectivo de pobreza. Una cifra ilustra el problema: 61.9 millones de personas lo enfrentaron en la UE el año 2005. La tasa disminuyó entre 1995 y 2000 (de 17% a 15%) pero volvió a aumentar entre este último año y 2005. El año 1995, fue 9 puntos porcentuales menor que aquella estimada antes de transferencias sociales; el 2000, 8 puntos; el 2005, 10 puntos. En comparación con el riesgo potencial de pobreza, el nivel y la evolución de esta tasa son expresión de una importante y persistente tendencia redistributiva. Por otro lado, aumentó 1 punto porcentual en el último quinquenio; y no 3, como la anterior tasa. A pesar de ello, 4’110,000 personas se incorporaron a este colectivo entre 1996 y 2005. Sin las transferencias sociales el riesgo de pobreza alcanzaría niveles difícilmente soportables, dados los niveles de consumo y la conciencia del derecho a mínimos de bienestar existente. Comprenden las pensiones de vejez y supervivencia de la seguridad social, el seguro de desempleo, las prestaciones sociales, las becas de estudio y la ayuda al alojamiento; su percepción permite un nivel de riesgo de pobreza efectivo significativamente menor al estimado antes de que sean realizadas. La compensación permitió que el riesgo efectivo de pobreza fuera 34.6% menor a su riesgo potencial el primero de los años mencionados; 34.8% el segundo; 38.5% el tercero. El papel de las disposiciones redistributivas cada vez es mayor. Es la razón por la cual los niveles de riesgo de pobreza efectiva se reducen fundamentalmente en los países nórdicos: son los más bajos de la UE, a pesar de situarse en los más altos niveles (conjuntamente con Reino Unido) antes de las mencionadas transferencias.

La diferencia entre ambas tasas suscita dos comentarios. La dispersión entre los diversos países es significativa. En promedio, las transferencias reducen en 62.4 % el riesgo de pobreza en los países nórdicos. En Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido, 46.8%. En los otros países, 22.6% solamente. Por otro lado, los países en los cuales la concentración de los ingresos es mayor, son aquellos en los cuales las transferencias sociales son menores. Es el caso de España, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal. El Reino Unido figura como excepción en esta lista. La concentración de ingresos es elevada pero su sistema redistributivo es relativamente importante : reduce el riesgo de pobreza 41.9%.

La información relativa a los dos primeros indicadores no toma en cuenta 2006, año durante el cual el desempleo continuó disminuyendo y creció nuevamente la tasa de empleo. No se dispone de información aún acerca del nivel que alcanzaron ese año. Con anterioridad, en 2001, la disminución del desempleo a una tasa inferior a la alcanzada el 2006, no tuvo mayor incidencia en estas tasas. La primera aumentó; la segunda se mantuvo estable. Las relaciones entre el empleo, las transferencias sociales y la pobreza son complejas. En primer lugar, por la importancia asumida por el trabajo atípico precario (al cual se hace referencia más adelante) así como por los bajos salarios, en el empleo. En segundo lugar, por comprender las transferencias sociales los llamadas gastos activos del seguro de desempleo, es decir, la ayuda a la creación de empleo, que por lo general es percibida al mismo tiempo por el trabajador y por su empleador. Percibir esas relaciones exige información que no se encuentra a nuestro alcance. Por otro lado, las estadísticas de empleo de al menos un país han suscitado dudas últimamente. Nos referimos a las francesas. Según algunas fuentes, el reciente desengrase de las listas de paro (restricciones a la indemnización, eliminación de oficio, cambios en las modalidades de cómputo, presión para empleo de menor calidad) podría haber sido objeto de manipulación . ¿Es un caso único; o es, por el contrario, indicador de un problema confrontado en otros países igualmente?

d) Dos medidas alternativas de la importancia del riesgo de pobreza son, por una parte, su estimación a partir de líneas de pobreza más elevadas; y, por otra parte, la percepción del trance por la población. Las estimaciones que siguen han sido realizadas después de transferencias sociales. La primera opción es ilustrada por la estimación del riesgo de pobreza cuando éste empieza a partir de 70% y ya no solamente 60% de la mediana del ingreso disponible. La proporción de personas que lo confrontaban aumenta, en los 15 países que conformaban la UE el 2001, de 15% a 23%. El incremento es considerable. La elevación del nivel monetario de pobreza puede parecer exagerada. Sin embargo, el costo de vida ha aumentado sensiblemente con el euro y se señala frecuentemente que el indicador medio del costo de vida no refleja debidamente la carestía de ésta en los sectores de escasos ingresos. Su inadecuación suscita quejas sindicales y fue motivo de polémica en las recientes elecciones francesas. Tema particularmente conflictivo es el incremento del costo de la vivienda y la marginación creciente de ésta de colectivos relativamente importantes. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la vivienda ha llamado la atención sobre los efectos de la especulación inmobiliaria y las carencias de las políticas de vivienda social en España y en Francia y probablemente lo podría hacer asimismo en otros de Europa de los 15. El reclamo organizado a nivel nacional a principios de año por la Asociación Los Hijos de Don Quijote mostró que parte importante de los franceses o residentes en Francia sin domicilio fijo (SDF), conforme se denomina a quien no tiene alojamiento, son trabajadores cuyos empleos son precarios o sus salarios inferiores incluso al mínimo vital. Por otro lado, la canasta de bienes está modificándose debido a las necesidades educativas y de formación profesional exigidas por las crecientes necesidades de conocimientos. La escasez relativa de becas obliga a financiar personalmente parte de esas necesidades. Eurobarómetro 2007 permite apreciar la importancia de la segunda opción . Ha establecido un indicador de la capacidad de los ingresos de los hogares para adquirir los bienes necesarios de la canasta de bienes que les es indispensable. Es un indicador subjetivo pues no mide coincidentemente que entienden por indispensable los entrevistados . Se entiende en todo caso que los ingresos a que hace referencia comprenden las transferencias sociales. Su medición suscita unas inquietudes importantes. 30% de los hogares de la UE-15 encuestados señalan que sus ingresos son insuficientes; la proporción es bastante mayor en los PECO : 67%. En promedio, la pobreza subjetiva serí¬a confrontada por 38% de los hogares de la UE-27!

e) Los otros 4 indicadores mejoran en el tiempo en menor o mayor medida. La dispersión de las tasas de empleo regional (total y por sexo) ha disminuido, lo cual indica una tendencia a la homogenización de las tasas de empleo. No obstante, igual no sucede en el ámbito del crecimiento de la producción por habitante, cuyo coeficiente de variación ha aumentado. Este indicador tiene como finalidad estimar en qué medida la concentración o la homogenización del crecimiento regional del empleo puede repercutir en la movilidad de la fuerza de trabajo y de la población; en este caso, en el seno de la EU-15. Habiéndose incrementado la movilidad, cabe preguntarse si ello se debe a la creciente integración y en particular a la desaparición de las barreras que la limitaban o impedían; o, a otros factores. En todo caso, la homogenización relativa del crecimiento regional del empleo, no la ha frenado. La proporción de jóvenes que dejan prematuramente los estudios ha disminuido significativamente, 9 puntos porcentuales, lo cual es indicador de mejoramiento de los niveles educativos de la población. Debería tener efectos positivos en la distribución de los ingresos. No se dispone de información sobre aquella relativa a esta categoría de edad. Puede pensarse sin embargo que los efectos de la retención en el sistema escolar son matizados por la elevada tasa de desempleo juvenil. Entre 1995 y 2006 esta tasa disminuye 5 puntos; bastante menos, sin embargo, que la mejoría de la retención escolar. Por otro lado, el desempleo juvenil no solo deja de disminuir entre los años 2000 y 2005, sino que aumenta ligeramente. Asimismo, los jóvenes son particularmente afectados por los bajos salarios. Por otro lado, los efectos de la educación en la producción y los ingresos tienen lugar a largo plazo generalmente. Coincidentemente, también disminuye la población en los hogares de desempleados (niños, total y por sexo), así como la tasa de desempleo de larga duración (total y por sexo). En el primero de los casos, 2 puntos; en el segundo, 1.8. Traduce el mejoramiento del mercado de trabajo y los efectos de las medidas administrativas adoptadas para disuadir el desempleo. En la segunda parte del período la tendencia pierde fuerza en ambos caso; lo cual expresa un cierto agotamiento del papel que juegan. Unida al incremento del desempleo juvenil durante estos últimos años, su debilitamiento suscita muchos interrogantes.

Razones y frustraciones

Contrariamente a los deseos de la EdL, y del ejército de funcionarios nacionales y europeos que participaron en su implementación (suponemos que ambas huestes marcharon al unísono), la desigualdad no ha disminuido, sino aumentado, levemente es cierto, según Eurostat; Sin embargo, crece en mayor medida si se utiliza otros indicadores. Asimismo, el riesgo de pobreza no se ha reducido, sino que se ha elevado; una vez más, ligeramente, según la mencionada fuente, pero sería bastante mayor con otras definiciones de pobreza, a dos de las cuales hemos aludido. Se podrá decir, es cierto, en relación con estos resultados contraproducentes, que la dispersión del empleo regional; la deserción escolar de los jóvenes; la población en hogares de desempleados; y, el desempleo de larga duración, han disminuido. ¿Estamos frente a una ecuación, uno de cuyos términos compensa el otro? No lo creo. Por un lado, los dos primeros (comprenden 3 indicadores) son particularmente importantes para la cohesión social (aunque ésta no ya sido claramente definida) y tienen implicaciones de primer orden para el gobierno y la institucionalidad de la UE. Colombani, director, hasta hace pocos meses, del prestigioso diario Le Monde, atribuyó el rechazo francés a la Constitución Europea al nivel insoportable del desempleo en Francia . Impidió apreciar las realizaciones de la Unión, incluido un nivel inferior de paro. Su opinión era ampliamente compartida. Al margen de la mejoría (real o simulada) de las cifras del desempleo en Francia, el paro sigue siendo elevado en el conjunto de la UE-15; y, al parecer, su relativa mejoría no repercute favorablemente en los 3 indicadores fundamentales. Por otro lado, los cuatro últimos indicadores han mejorado sin tener efectos evidentes en la equidad y el bienestar del conjunto de la población. Mal podría ayudar a la cohesión social deseada, que su mejoría no trascienda en ámbitos fundamentales. Nos podríamos preguntar, es cierto, porqué las tendencias de los primeros indicadores no han impedido aquellas de los segundos. La respuesta requiere el análisis detallado de cada uno de estos cuatro indicadores. Se podría adelantar, sin embargo, que su mejoramiento ha sido buscado, y alcanzado, mediante políticas específicas, sin vínculo real con el mejoramiento de la equidad y la disminución de los índices de pobreza; contradictorias, incluso, con estos objetivos. Se infiere del análisis que sigue.

Productividad versus salarios

Una de las bases del crecimiento económico europeo de post-guerra ha sido el crecimiento similar de la productividad y los salarios. Fue fundamental en la integración de la clase obrera y de los trabajadores en general, en los llamados esquemas de producción fordistas, desarrollados en relación con la producción y el consumo de masa, la descalificación del trabajo, mediante el despedazamiento de las tareas y su integración en el trabajo en línea y la búsqueda de economías de escala. Al mismo tiempo, aseguró a la producción, mercados en permanente aumento, y niveles de (in) equidad compatibles con las exigencias de las relaciones entre capital y trabajo. Desde los años 1980 se asiste al quiebre progresivo de este esquema. Husson, 2007, recuerda que durante los años 1960-1970 los salarios representaban casi tres cuartas partes del PIB. El 2006, algo más de las dos terceras partes solamente. La disminución de la cuota salarial tiene lugar, asimismo, en circunstancias que aumenta la participación de la fuerza de trabajo dependiente. En Francia, por ejemplo, disminuye a pesar del incremento del empleo asalariado. La información disponible sobre el período 1996-2005 muestra que la tendencia se acentúa. Durante los años 1996 a 1999 la productividad media del trabajo crece 37.9 % más que los salarios. En el curso de los años 2000-2005, la diferencia se acentúa; es de 46 % .

En términos de la producción nacional, y ya no solamente del ingreso disponible, la desigualdad es evidente; mayor incluso. Dicho sea, la disociación de la productividad y los salarios tiene lugar en el marco de una mayor demanda de fuerza de trabajo dependiente; su cuota en la fuerza de trabajo ocupada aumenta. La demanda de asalariados se ha incrementado; lo cual desvirtúa las hipótesis que planteaban que su separación era efecto de una (inexistente) disminución de la fuerza de trabajo dependiente. Aunque aumenta levemente, la proporción de asalariados en la fuerza de trabajo pasa, según Eurostat, de 84.1% en 1995 a 85.3% en 2005. La mayor demanda de asalariados no ha llevado al reequilibrio del incremento de sus remuneraciones respecto aquel de la productividad que su esfuerzo genera; todo lo contrario, el desequilibrio ha aumentado. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? En buena medida, mediante la desregulación del mercado laboral y la promoción el trabajo atípico.

Desregulación laboral

La definiremos brevemente como el proceso que establece reglas laborales menos exigentes, promueve la individualización de las relaciones de trabajo y reduce la protección de los trabajadores con el propósito de disminuir los costos salariales e incrementar por esta vía la competitividad empresarial. Una idea de su importancia es proporcionada por el estudio de la OECD del rigor de la protección legal del empleo en los países miembros de esta organización. El estudio analiza 18 indicadores correspondientes a seis variables compuestas a las que otorga valores de 1 a 6, según sea menor o mayor el rigor de la protección que establecen (OECD, 2004) . En 11 de los 14 países de la Unión Europea investigados (Luxemburgo no es estudiado), el indicador de síntesis disminuye; y aumenta en los otros 3 entre fines de 1980 y 2003. Debe señalarse que en promedio el índice de rigor fue 2.76 a inicios del período estudiado, y 2.15 a su fin. En un solo país era superior a 4 a fines de los años 1980 (Portugal); ninguno alcanzó este nivel el 2003. Aunque la protección de los trabajadores en este ámbito es relativamente importante (muy superior en promedio a la vigente en EEUU, Canadá, Nueva Zelanda y Suiza) no era particularmente rigorista y en la actualidad lo es menos. La protección legal del empleo no es necesariamente negativa para la contratación de trabajadores y la productividad, conforme muestra la experiencia escandinava, en la cual es relativamente elevada y al mismo tiempo económicamente eficiente y eficaz (Lefebvre y Meda, 2006). El estudio de la OCDE no comprende la aplicación de la legislación. Una disertación acerca de este tema habría exigido el análisis de los informes de la inspección del trabajo y de los procesos judiciales suscitados; de los contratos colectivos suscritos; y, de las quejas sindicales o individuales formuladas ante las distintas instancias de amparo y control. Tampoco aborda dos temas particularmente importantes: la subcontratación, sea ésta de producción o mano de obra; y, las dificultades crecientes de la inspección del trabajo en varios países .

Atipicidad, precariedad, bajos salarios

La legislación del trabajo se estructura en función del modelo de contratación laboral que predominó en los países industrializados entre el fin de la crisis de los años 1930 hasta los años 1970. Es el período de consolidación, desarrollo y crisis de la relación salarial fordista. El contrato laboral « típico », consagra la imagen de un trabajador subordinado que tiene un empleo permanente, al cual se aplica a tiempo completo, en la empresa de su empleador. Las desviaciones de esta figura siempre han existido (en particular el trabajo a domicilio que ayuda a forjar el capitalismo y el trabajo estacional ampliamente difundido en la agricultura) pero por lo general su peso no era muy importante. En los países industrializados el trabajo a domicilio y el trabajo estacional decrecieron con el auge de la gran empresa u organización productiva a gran escala en la industria y los servicios. Influyó asimismo la pérdida de importancia de la industria rural y de la agricultura; al igual que el desarrollo sindical y de la protección laboral. Las modificaciones en los horarios de trabajo (mediante el trabajo nocturno, por turnos, flexibles) no lo afectaron. Con la crisis del fordismo se desarrolla el llamado trabajo atípico, que en los últimos años alcanza proporciones muy importantes. El Libro Verde del Derecho del Trabajo (las reformas que la CE postula a la legislación del trabajo), señala que la adición de los trabajadores cuyos contratos son diferentes al estándar (atípicos, para evitar subterfugios) y de los trabajadores autónomos, representó casi 40% del empleo de la UE-25 el 2005 (CE, 2006). El crecimiento del trabajo atípico se revela con mayor claridad si tenemos en cuenta que el 2001 la mencionada adición representó 36% del empleo en 2001; y que la cuota del trabajo independiente ha disminuido más de un punto porcentual en el entretiempo. El informe también subraya que el trabajo a tiempo parcial ha contribuido en bastante mayor medida que el trabajo típico a la creación de empleo (alrededor de 60 %) después del año 2000.

Eurovoc, uno de los portales lingüísticos de la Unión, define en los siguientes términos la atipicidad laboral: « todo trabajo que no se ejerce a tiempo completo y de forma permanente. Comprende el trabajo a tiempo parcial (nocturno y de fin de semana), de duración determinada, el teletrabajo y el trabajo a domicilio». El análisis de las formas laborales post-fordistas muestra que esta definición de Eurovoc no incluye diversas modalidades importantes. Por una parte, no comprende o explicita la subcontratación (de mano de obra o productiva) ni el trabajo ínterin ; por otra parte, deja de lado un conjunto de modalidades como el trabajo autónomo en condiciones de dependencia económica, el falso asalariado y el contrato « cero horas ». Asimismo, viejas formas han adquirido importancia. Son los casos de la pluriactividad, el falso independiente y la amplia gama de contrataciones informales u ocultas. Otras, son distorsionadas, como las pseudos cooperativas de trabajo que disfrazan relaciones salariales; al igual que las pasantías o prácticas profesionales abusivas. Se conoce asimismo varios casos importantes de trabajo forzoso que afectan en particular a los inmigrantes. Como resultado de estos cambios, se asiste a un replanteamiento profundo de las pautas de trabajo y empleo (Meda, 2004). A la desregulación se añade la tendencia de las empresas a individualizar las relaciones laborales (Lefresne, 2006; Linhart, 2006), y que los sindicatos pierdan capacidad de contratación y control, y muchos acepten la derogación parcial de la norma o de la convención colectiva y limiten sus acciones favor de su aplicación efectiva. Una de sus consecuencias es la desprotección legal del trabajador; otra, que éste se inhiba en el reclamo de sus derechos. Se favorece por estas vías, la inaplicación del derecho del trabajo. En este contexto, la anualización de la duración del trabajo y el recurso indiscriminado al contrato a duración determinada (CDD) se han convertido en unas fuentes importantes de flexibilidad externa de la empresa en Francia (Gaudu, 2002 y 2004).

¿Cuál es la importancia del trabajo atípico en la UE-15? El Cuadro N° 3 proporciona información sobre el empleo a duración determinada y sobre el trabajo a tiempo parcial, que son sus dos formas principales; así como sobre la pluriactividad. Esta última se estabiliza en el curso de los años 1995-2005; las dos primeras crecen, en mayor medida la segunda. El 2006 el CDD representó 14.7% de los contratos de trabajo y probablemente ha seguido aumentando . En Francia, el trabajo autónomo, los contratos a duración determinada y los contratos a tiempo parcial (CTP) , sumaron, en 2004, 35.6% del empleo . Esta adición es inferior a la señalada por la CE para el conjunto de los países de la EU-25 (40%). En Francia los CTP están menos difundidos que en el conjunto de los países de la UE-15 (17.2%, contra, en promedio, en la UE-15, 20.8% del empleo el 2005). Sin embargo, en los dos últimos años sobre los que se dispone de información, las proporciones de CDD y de CTP aumentaron y es posible que hayan continuado haciéndolo. Es interesante señalar que los CDD comprendían 43% de contratos denominados de « estatuto particular » : interinado, aprendizaje, pasantías, contratos de empleo asistidos. Estas modalidades se han difundido con especial rapidez en las últimas décadas. Generalmente son empleos precarios, parcial o totalmente desprotegidos. El trabajo atípico no es sinónimo de explotación, ni de pobreza, pero aquel caracterizado por su precariedad, las prefigura. Me refiero al trabajo atípico con escasa protección social, o sin protección alguna. Es ampliamente mayoritario. Sus salarios y las prestaciones sociales generalmente son inferiores. El trabajador tiene dificultades para integrarse en la empresa, así como sindicalmente; su relación de trabajo tiende a individualizarse en mayor medida; y tiene, por ello, menor o muy escasa capacidad de negociación, y menor o ninguna posibilidad de carrera. Asimismo, cuando expresa temporalidad, el contrato de trabajo precariza. El desempleo es más frecuente. Las posibilidades de formación profesional y de reinserción disminuyen sensiblemente. Sus condiciones y medio ambiente de trabajo son por lo general inferiores el riesgo de accidente o enfermedad profesional, bastante mayor. Los contratos de estatuto particular plantean problemas específicos. Los contratos de empleo ayudado o asistido no garantizan la reinserción, el control del empresario por la administración del trabajo es cuando menos insuficiente, y las sanciones en caso de abuso no son disuasivas (Allègre y Périvier, 2005). Las pasantías frecuentemente son objeto de arbitrariedad laboral. Sólo una parte son remuneradas y por tanto contabilizadas por las estadísticas de empleo. Algunas fuentes señalan que su cantidad es considerable, y el abuso del pasante, frecuente. Coincidentemente, son utilizados muchas veces para evitar la contratación de un asalariado. Puede suceder igualmente con las otras modalidades de contratación bajo estatuto particular.

En términos generales, y no solamente en relación con las pasantías, los estudiantes universitarios constituyen uno de los colectivos en mayor medida propensos al trabajo atípico precario. Entre las realizaciones de la política europea destaca el creciente número de universitarios. Entre 1998 y 2005 aumentó 12%; bastante más que la población (3.3%). La inscripción en la universidad puede ser considerada, según las perspectivas de cada persona, sea en relación con la competitividad de la economía; sea en relación con el derecho a la cultura y a la educación y la formación superior. Es sorprendente sin embargo que el costo de los estudios y de la manutención durante su realización, obligue a trabajar. La UE-15 dispone de recursos suficientes para financiarlos plenamente e impedir, de esa manera, cortapisas y angustias laborales. El tiempo dedicado al trabajo, los horarios durante los cuales éste se realiza, y la eventualidad de abusos de parte del empleador, perjudican muchas veces los estudios. HIS, 2005, expone los resultados de una encuesta llevada a cabo en 10 países de la UE-15 sobre las condiciones de vida de los estudiantes universitarios de la región. La mayor parte de ellos trabaja durante el período escolar (56.2% en promedio simple). No lo hacen por pocas horas, marginalmente, pues los ingresos que obtienen representan, siempre en promedio simple, 51.3% de sus ingresos. Si se considera el trabajo durante las vacaciones, la proporción aumenta. Una encuesta francesa muestra que tres cuartas partes de los estudiantes universitarios trabaja : Thiphaine, 2002. Estas cifras plantean al menos dos temas importantes. Estudiar y trabajar al mismo tiempo no es incompatible; depende, entre otros factores, del número de horas dedicadas al trabajo (en el supuesto que los estudios constituyen la principal actividad) y de la compatibilidad entre ambos. La mayoría de los estudiantes entrevistados por HIS expresaron su insatisfacción por tener que combinarlos. Por otro lado, los estudiantes trabajan generalmente en condiciones precarias, que suscitan asimismo un riesgo laboral importante. Los estudiantes universitarios que trabajan representaron alrededor de 4.5 % de la fuerza de trabajo ocupada de la UE-15 el 2005. Constituyen un componente relativamente importante en la flexibilización y degradación del trabajo. Este es uno de los numerosos campos en los cuales las políticas contradicen abiertamente las estrategias de la UE. Concretamente, pretender liderar las sociedades basadas en los conocimientos, restringiendo las becas a estudiantes universitarios y encareciendo sus estudios.

El Libro Verde de la CE señala que en la mayor parte de los Estados de la Unión, las legislaciones del trabajo y de la seguridad social han sido concebidas para garantizar la protección de los trabajadores dependientes que ocupan empleos estándares principalmente. La protección de quienes son empleados de conformidad con otras modalidades es menor. Su legislación no impide el abuso, muchas veces flagrante, conforme se denuncia frecuentemente. La CE es favorable por ello a su regulación específica. Pretende sin embargo flexibilizar en mayor medida aún el trabajo típico. La Confederación Europea de Sindicatos ha criticado sus planteamientos . Equivale a buscar un punto de equilibrio de menor nivel. El trabajo atípico es el resultado sea de modificaciones del mercado de trabajo determinadas por cambios económicos, sea de respuestas autónomas de diversos colectivos a esas modificaciones en función de su disponibilidad laboral, sea, principalmente, de la desregulación laboral. La concentración de los ingresos y de los frutos del incremento de la productividad señalada, permite imaginar opciones diferentes a una mayor desregulación.

Sobre los efectos de ésta, es interesante señalar la distribución de la fuerza de trabajo entre asalariados y trabajadores independientes. La posibilidad de contratar la realización de tareas propias de un asalariado a un trabajador independiente es favorecida por la descentralización de la producción; la subcontratación, en particular de mano de obra; el debilitamiento sindical; y, las dificultades de la inspección del trabajo. Agrega a esta posibilidad el que mucho trabajador independiente sea en realidad micro-empresario. Cuando la relación laboral deviene comercial, el empresario cotiza menos a la seguridad social, deja de asumir diversas responsabilidades, y adecua su demanda de fuerza de trabajo a la coyuntura sin costo alguno. Sin embargo, la cuota de trabajadores independientes no aumentó entre 1995 y 2005. Todo lo contrario, disminuyó, de 15.9% del conjunto de la fuerza ocupada el primero de esos años, a 14.7%, el último. Es una evolución inesperada, originada, probablemente, por la amplia desregulación salarial en curso. La oferta de fuerza de trabajo regulada en condiciones inferiores, o sin regulación laboral, desalienta la contratación tanto de independientes como, si cabe la expresión, de « falsos independientes ». Esta última sigue siendo importante según algunas escasas referencias (Meda, 2004; Navarro, 1997 ); sin embargo, es difícil estimar su volumen. Se desconoce en qué medida influye, en esa evolución, el desarrollo de nuevas formas de organización del trabajo y relación laboral, como el «falso asalariado» (Bonnivert et al., 2003), el trabajo autónomo « económicamente dependiente » (Perulli, 2002) y el trabajo autónomo subcontratado por una empresa de portage, que asume la titularidad y el riesgo de la prestación. Sólo la primera privilegia la dependencia laboral. Aunque están creciendo, su volumen es aún relativamente reducido.

Trabajo y pobreza

El trabajo no elimina el riesgo de pobreza y la UE es consciente de ello. Bardone y Guio, 2005, Lelièvre et al. 2004; y, CE, 2007, han estudiado, por cuenta de la UE, en los dos primeros casos, y la CE, directamente, en el ultimo, la relación existente entre trabajo y pobreza. Constituyen aportes importantes para el análisis de la relación existente entre trabajo y pobreza; a la cual la UE otorga un papel de primer orden en la consecución de los objetivos de la EdL. Son estudios transversales, que no permiten apreciar su evolución en el tiempo, e informan acerca de los salarios afectados por el riesgo de pobreza luego de transferencias sociales, lo cual impide evaluar la calidad de los empleos. Asimismo, los dos últimos estudios se limitan a publicar gráficos sobre el tema. Bardone y Guio señalan que la proporción de trabajadores ocupados pobres era relativamente baja el 2001 en la UE-15 : 7%.

1. % del número total de asalariados

2. % del empleo total

3. % de los trabajadores que tienen más de un empleo respecto el número total de empleados

4. % desempleados desde hace 12 meses o más, respecto la población económicamente activa

5. Tasa de empleo, expresada en %, de las personas de 55 a 64 años

6. Relación, expresada en %, del número de personas de 65 y más años de edad, con aquel de 15 a 64 años

7. % de personas de 65 años y más cuyo ingreso disponible equivalente se encuentra debajo del nivel de pobreza, el cual ha sido fijado a 60% de la mediana nacional del ingreso disponible (después de las transferencias sociales). Las pensiones son contabilizadas como ingresos percibidos antes de las transferencias y no como transferencias sociales.;

8. 3.6% en 2006

9. 53.2% el 2050

He calculado esa proporción el 2003 y el 2004 con los riesgos que implica una estimación basada en gráficos que no indican valores absolutos. El primero de estos últimos años fue 8.1%; el incremento registrado es leve pero indica claramente que los empleos creados no han impedido el aumento de la pobreza, o cuando menos su persistencia, a pesar de las mencionadas transferencias. El 2004 la proporción es 7.7%; algo menos que el año precedente pero siempre superior al 2001. Este último año la información graficada comprende una reducción substancial de la pobreza salarial en Alemania, sin la cual el nivel no variaría prácticamente . Regresemos a Bardone y Guio. La proporción de trabajadores pobres fue inferior entre los asalariados (6%); bastante mayor entre los trabajadores independientes (16 %). Entre quienes no trabajan, fue bastante mayor (25%). En particular entre los desempleados (38%); y en menor medida entre los jubilados (17%); pero bastante más entre los otros inactivos (25%). La UE no ha publicado estudios relativos a años más recientes.

El colectivo femenino

Los indicadores relativos a desigualdad en los ingresos y riesgo de pobreza, remiten a las diferencias que existen entre los diversos colectivos, así como al interior de éstos. Una de las principales hipótesis a considerar es la repercusión, en tales indicadores, de los ingresos de la mujer, que son bastante inferiores de aquellos de los hombres. La información publicada por Eurostat sobre las remuneraciones horarias de los hombres y las mujeres muestra que la diferencia es importante (15% en 2005) pero ha disminuido un punto porcentual cada quinquenio. Esta indicación no agota el tema, pues no considera las diferencias de ingreso que suscita : a) una mayor tasa de desempleo que los hombres (8.5% contra 6.5% el 2006); b) una mayor inestabilidad en el empleo que aquellos, por emplearse a tiempo determinado en mayor proporción (15% contra 13.6% el 2005; c) una duración del trabajo inferior, en particular cuando se trabaja a tiempo parcial (el 2005, la tasa de esta modalidad laboral entre las mujeres ocupadas fue 36.2 %; la de los hombres, 7.7 %) ; y, c) unas pensiones inferiores. No disponemos de información sobre conjunto de la UE-15; pero, en Francia, por ejemplo, la pensión a que tuvo derecho por mérito propio la mujer, fue, en promedio, 55.8% inferior a la del hombre el 2004 . La diferencia es significativa incluso cuando ambas carreras son completas y los derechos, plenos: 34.6%. La diferencia se debe a sus menores cotizaciones a los regímenes administradores de pensiones. Influyen al respecto sus interrupciones en el mercado laboral, por maternidad o educación de sus hijos, así como la mayor precariedad y consiguiente inestabilidad de sus empleos. Asimismo, la proporción de mujeres que adquieren directamente el derecho a pensión es significativamente menor, conforme se deduce de su tasa de empleo : 58.6%, cuando la del hombre es 73.5%. Las pensiones de viudez o reversión son bastante menores. Por otro lado, la proporción de mujeres de edad es mayor, debido a una esperanza de vida más elevada (81.3 años contra 74.8) . En sistemas en los cuales la revalorización periódica de las pensiones no preserva su valor en términos reales, sino lo disminuye, como sucede actualmente, la mayor expectativa de vida implica a término una pérdida de capacidad adquisitiva más elevada.

Se comprende, en consecuencia, que el riesgo de pobreza afecte en mayor medida a la mujer que al hombre. El Gráfico 2 muestra la tendencia. Proporciones elevadas de mujeres y hombres confrontan el mencionado riesgo antes de percibir las transferencias sociales a que tienen derecho. No obstante, la proporción de mujeres afectadas fue 3 puntos mayor que aquella relativa a los hombres el 2005. Ambos afrontan ese riesgo en menor medida, aunque siempre significativamente, después de percibirlas. La diferencia entre ambos sexos disminuye sin embargo en este caso a 2 puntos porcentuales. Luego del mejorar la situación de ambos sexos durante los años 1995-2000, la tendencia cambió de signo, en particular para la mujer. Por lo señalado precedentemente, es posible que la situación de la mujer se degrade más que la del hombre en el futuro, a menos que cambien las tendencias subrayadas. Mujeres solas que no confrontaban el riesgo de pobreza podrían caer en éste con los años. Aquellas que ya lo sufrían, podrían ver descender sus ingresos, si sus pensiones continúan desvalorizándose. La situación de quienes, teniendo ingresos personales superiores al nivel de pobreza, comparten un hogar, dependerá de los ingresos de los otros miembros del domicilio.

Envejecimiento, pensiones, pobreza

El riesgo de pobreza es mayor en la población de 65 y más años de edad que en el conjunto de la población. El 2005 afectó a 20% de este colectivo; algo menos, conforme ha sido señalado, al conjunto de la población: 16% . Ambas cifras han sido estimadas luego de las transferencias sociales que tienen lugar. A pesar de las cuales, 13.7 millones de personas de edad se encontraban en riesgo de pobreza ese año. Dos tendencias preocupan sobremanera. Por un lado, 3.2 millones de personas se incorporaron al colectivo conformado por las personas mayores en riesgo de pobreza entre 2000 y 2005. Coincidentemente, el número de miembros de este grupo aumentó 31.2%. Por otro lado, la diferencia entre el riesgo de pobreza de los mayores de edad y aquel del conjunto de la población, ha aumentado en los últimos años: el 2000 fue de 2 puntos porcentuales solamente; aumentó a 4 el 2005. En la doble hipótesis que las personas de edad tienen menores cargas familiares y un mayor patrimonio, la diferencia se origina necesariamente en pensiones bastante inferiores a los ingresos del trabajo. La divergencia entre las tasas de riesgo de pobreza sería más amplia de compararse a las personas de edad, con aquellas más jóvenes y no con el conjunto e la población. Los mayores representaron 17.7% de la población total de la UE-15 el año 2005. Falta lamentablemente la información estadística que permita el ejercicio. Se dispone sin embargo de una referencia importante: el 2006, el monto de las pensiones fue 41% inferior a los ingresos de las personas activas en los países miembros de la OCDE . Esta diferencia, sin duda alguna substancial, se acrecentará muy probablemente en el futuro conforme maduren las reformas de los sistemas de pensiones emprendidas en los últimos años.

En la gran mayoría de los países de la UE-15, la mayor parte de los ingresos de las personas de edad es asegurada por regímenes de pensión públicos (CE, 2002). Este informe señala asimismo que el riesgo de pobreza durante la vejez, anteriormente bastante difundido, ha sido fuertemente reducido, al igual que el número de personas que, para sobrevivir, deben ampararse en sus descendientes o contar con prestaciones de ayuda social subordinadas al examen de sus ingresos. Los regímenes de pensión han alcanzado estos resultados a pesar del crecimiento sensible de la esperanza de vida y del número de jubilados a lo largo de varias décadas. Las cifras antes mencionadas muestran una perspectiva muy diferente. Y, si así sucede, se debe en buena medida a las reformas de los sistemas de pensión europeos. Fueron emprendidas en las últimas décadas con la finalidad de afrontar el envejecimiento de la población y disminuir la presión al déficit fiscal que ocasiona esa tendencia, así como el débil o insuficiente crecimiento de la economía y un desempleo elevado. El mismo informe recuerda sus grandes lineamientos. La mayor de las veces comprenden el incremento de la edad oficial de la jubilación, o del número de años de cotización requerido para tener derecho a una pensión completa, la reducción de la pensión a pagar en proporción a las remuneraciones anteriores, el establecimiento de una relación más estrecha entre esta pensión y las cotizaciones, la creación de fondos especiales destinados a financiar las transferencias futuras o la incitación al desarrollo de regímenes privados de pensión por capitalización. Otras indicaciones de valor son proporcionadas por Math, 2002, quien subraya su sesgo en contra de los sistemas basados en la repartición (y en consecuencia contra la redistribución y la solidaridad) y a favor de la capitalización en fondos especiales. En un primer momento se pensó que las reformas afectarían a las pensiones principalmente a mediano e incluso a largo plazo. Se señaló que por haber sido introducidas de manera gradual y previsto largos períodos de transición, no tendrían «un impacto mayor» a corto y mediano plazo, sobre el nivel del gasto público ni sobre el monto de las pensiones; pero que ello no quería decir que sus efectos seguirían siendo anodinos a término (Math, 2002). No se han hecho esperar. En algunos países sus efectos ya se están haciendo sentir, conforme señala Fuerza Obrera, una de las 3 grandes centrales sindicales francesas. Las pensiones del régimen general de su país habrían perdido 10% de su poder adquisitivo en los últimos 10 años.

En síntesis, las reformas han menguado las pensiones y disminuido sus perspectivas. La OCDE señala a este último propósito que debido a ellas, las perspectivas medias de pensión se han reducido 22% en 16 de los países que la componen . Entre las mujeres, la disminución es mayor aún : 25%. Agrega que en Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal y Suecia las mencionadas reformas protegen a las personas de menores ingresos. CE, 2006, coincide en la apreciación, subrayando la existencia, en muchos países, de pensiones mínimas establecidas sin tener en cuenta los períodos de empleo o el monto de las cotizaciones. Sin embargo, no ha sido estudiada la medida en qué protege realmente a sus beneficiarios. Con frecuencia las pensiones mínimas no aseguran contra la pobreza. En términos generales, en la determinación del monto de las pensiones coinciden dos tendencias a la baja. Por una parte, el desempleo y el auge de las formas atípicas de contratación disminuyen las cotizaciones al seguro de vejez y reducen en consecuencia su monto. Por otra parte, las nuevas modalidades de estimación de su monto lo disminuyen; y los nuevos coeficientes que se aplica a su revalorización acentúan la inclinación . Las cifras disponibles sobre Francia, país en el cual la diferencia de las pensiones y los ingresos es de 48.8%, según la OCDE , ayudan a ilustrar el problema. El 2004 el monto promedio de la jubilación total de la mujer francesa fue de 822 Euros mensuales . Este promedio se sitúa en el umbral de la pobreza si se aplica la norma establecida por Eurostat . Muchos jubilados lo cotejan igualmente.

El Gráfico 3 muestra las relaciones existentes en la UE-15, entre la población de 65 y más años de edad, su tasa de dependencia respecto la población con 15 a 64 años de edad, y el riesgo de pobreza que ese colectivo confronta. Las dos primeras se incrementan prácticamente de forma paralela aunque la tasa de dependencia aumenta con mayor ímpetu. El riesgo de pobreza crece rápidamente a partir del 2000. Las reformas del sistema de pensiones, y la cohesión social promovida por la EdL, debían contrabalancear los efectos del envejecimiento de la población en la inclusión social. No ha sucedido así.

Relatividad de los indicadores

Los indicadores comentados permiten un mejor conocimiento de la situación y de las perspectivas sociales de la Unión. Asimismo, suscitan diversas interrogantes importantes acerca de las estrategias y las políticas europeas, así como sobre la inserción de la UE en la economía mundial. Los indicadores no substituyen sin embargo el análisis cualitativo e integrado y menos aún aquel político. Un ejemplo de su importancia es proporcionado por la utilidad de las tasas de empleo en tanto que indicador de las tendencias de las 268 regiones de la UE-27, de las cuales 174 conforman la UE-15. En este indicador se basa principalmente la Dirección General de Política Regional (DGPR) de la CE para celebrar, en su Cuarto Informe sobre la Cohesión Social, la propensión a la convergencia u homogenización regional de la UE. Sería el éxito mayor de la política de cohesión social europea (CE, 2007). Sin embargo, la menor dispersión de esas tasas, no implica necesariamente el reequilibrio que ayuda a disminuir la atracción de ciertas regiones o países. La movilidad de la fuerza de trabajo hacia un país o región depende en buena medida del nivel de desarrollo relativo de los países involucrados, en igual o mayor medida que la tasa de empleo regional. Ese nivel influye en su retensión en un país, su salida de éste o su atracción por otros. A este propósito, no puede soslayarse que la dispersión del PIB por habitante ha aumentado en la UE; esta tendencia influye sin duda alguna en la dinámica regional del empleo. Podríamos agregar que tanto o incluso más que las tasas de empleo, influyen las condiciones en que éste tiene lugar. Más importante aún, las contradicciones regionales siguen siendo muy significativas en la mayor parte de los países y se expresan no solo en la exacerbación de los regionalismos o reclamos de mayor autonomía, sino incluso en reivindicaciones de independencia. La lista es larga: en primer término se encuentran catalanes, corsos, escoceses, flamencos, galeses, flamencos, vascos. Es ilustrativo que estas contradicciones regionales e incluso nacionales se expresen con particular énfasis en el país sede de la UE.

Llama la atención asimismo que el estudio de los indicadores quede confinado prácticamente a los especialistas y no se susciten un amplio debate político. Es ilustrativo su uso oficial por la CE en el mencionado informe. La unidad de medida es la UE-25. No se refiere a la UE-15. Los 3 indicadores fundamentales de la cohesión social (concentración de los ingresos, riesgo de pobreza potencial, riesgo de pobreza efectivo) alcanzan el mismo nivel en ambos conjuntos de países. Su similitud obedece en buena medida a la metodología utilizada en cálculo. Sobre el particular recordaré haber señalado la distorsión que conlleva la metodología utilizada en la ponderación regional de los niveles de pobreza. Por otro lado, el informe centra el análisis en el riesgo de pobreza después de transferencias sociales, que relaciona sólo muy de paso con la concentración de los ingresos. Extrañamente, no analiza sus relaciones. Asimismo, estudia los datos de 2004 únicamente cuando ya se conocían aquellos de 2005. No basta señalar que se ha cambiado de metodología para evitar comparaciones longitudinales; pues, desde el momento en que Eurostat (cuyas oficinas probablemente distan muy poco de aquellas de los autores del informe), publica series estadísticas desde 1995, es porque los datos transversales son comparables durante el período. Este punto de vista es sustentado por diversos especialistas connotados y en particular por Guio, 2005. En todo caso, encuestas complementarias podrían haberlas compatibilizado en mayor medida rápidamente. Habría que preguntarse en qué medida la decisión de la DGPR se debe a problemas técnicos; o, a otras razones. El informe no analiza la tendencia; la cual, en comparación con el año 2000, es a la baja, conforme he señalado y graficado. Es de fácil percepción, incluso limitándose al indicador que prioriza (el riesgo de pobreza después de transferencias sociales). Sus conclusiones y recomendaciones abordan temas de indudable interés. No plantean sin embargo varios que a nuestro entender tienen la más elevada importancia. En particular, en qué medida el alza del nivel de empleo y la disminución del desempleo mejoran, o no, la distribución de ingresos y los índices de riesgo de pobreza. La misma interrogante debe hacerse en relación con las pensiones. Por otra parte, no se interroga sobre las perspectivas del modelo. Los valores alcanzados por los indicadores, la tendencia demográfica, las repercusiones de la ampliación de la UE, así como de la globalización, invitan a otorgar la más alta prioridad a este asunto trascendente. La escasa curiosidad científica de sus autores (o responsables) es sorprendente.

He señalado con anterioridad diversas alternativas o críticas a los indicadores publicados por Eurostat. Recordaré tres . No se comprende bien porqué no construye parámetros europeos, en particular de pobreza. Es evidente que la heterogeneidad de la UE-15 es grande y con los 12 nuevos países es mayor, pero el uso de indicadores monetarios a igualdad de capacidad de compra (euros SPA, o capacidad de compra estandarizada) , por una parte la disminuye; y, por otra parte, permite apreciar mejor la situación y la evolución social de los países. He señalado las inconsistencias de los indicadores nacionales, las cuales aumentarán sin duda con la ampliación a 27 países. Estos deberían continuar publicándose, a pesar de sus distorsiones, para satisfacción de quienes se sienten en mejor ánimo con ellos. El segundo tema es la necesidad de considerar conjuntos de indicadores de concentración de los ingresos y sobre todo de riesgo de pobreza. En relación con estos últimos, es conveniente, por una parte, publicar información longitudinal sobre distintas líneas de pobreza monetaria (varios estudios transversales comprenden estimaciones alternativas al 60% de la mediana de ingresos disponibles instituido) ; y, por otra parte, estudiar la satisfacción de las necesidades básicas, las privaciones de consumo y el incumplimiento de obligaciones económicas por las personas o los hogares. Ambas opciones son sugeridas asimismo por los cambios en curso en la estructura de precios relativos y su repercusión en las canastas de consumo, en particular de aquellos colectivos en riesgo de pobreza. La segunda lo es en mayor medida aún por los resultados de Eurobarometro 2007. La opinión pública europea es muy clara : la proporción de pobres es bastante mayor. En esta misma perspectiva conviene ampliar el estudio de las líneas de pobreza o satisfacción de necesidades a los efectos de la disponibilidad de activos o patrimonio que influyen en la capacidad de compra de los hogares. CE, 2007 señala que se concentran muchas veces entre las personas de mayor edad y que de ser considerados reducirían las tasas de pobreza que les afecta. Sin embargo, desde el punto de vista de los ingresos, la posesión de activos inmobiliarios ocasiona el pago de impuestos importantes (locales o sobre la fortuna) que la especulación o la descentralización fiscal pueden incrementar significativamente sin que se usufructúe en mayor medida del bien. Asimismo, su posesión sigue generalmente la distribución de ingresos y las personas de edad de escasos ingresos cuyos bienes inmobiliarios se han revalorizado, sin que aumente su ingreso disponible, deben dedicar una parte cada vez más importante de ésta al mantenimiento del activo. Es necesario estudiar el tema. Otro, de indudable importancia, es la escala de equivalencias establecida por la OECD. El encarecimiento del alojamiento está modificando el comportamiento de los miembros de los hogares y con ello los parámetros del riesgo de pobreza.

Perspectivas

El título de este texto esboza con prudencia las conclusiones preliminares a la cuales invita la cuantificación de los indicadores. Los analiza lejos de la auto-satisfacción oficial. El título del cuarto informe sobre la cohesión social de la CE : « Des régions en pleine croissance, une Europe en pleine croissance » es sintomático del estado de ánimo de la eurocracia. El mío es otro, sin caer en la crítica radical, a pesar del pesimismo que inspira la desregulación laboral y el ataque frontal al sistema de pensiones por repartición, y el incremento de la concentración de los ingresos y la pobreza durante la EdL. Estos incrementos son leves pero tienen lugar en un contexto en el cual se preveía la disminución sensible de la pobreza y progresos significativos en el establecimiento del pleno empleo. Mi posición se inspira, por una parte, en la necesidad de profundizar el análisis; y, por otra parte, en la esperanza (es lo último que se pierde) que el sistema político, la sociedad civil y sobre todo la ciudadanía reaccionen ante tendencias que se esbozan firmeza. Su amplitud obliga a preguntarse por sus implicaciones. Las amplias protestas o revueltas populares francesas de los últimos años, han llevado a interrogarse acerca de las tareas incumplidas de la cohesión social europea. Yépez y Morales, 2006, las consideran expresión de las dificultades que afronta la integración de colectivos marginados por su raza, origen nacional y religión. Feres y Sanahuja, 2007, insisten en las dificultades de integración de los inmigrantes y sus descendientes, e incluyen las dificultades de empleo de los jóvenes. Las mencionadas protestas o revueltas involucraron sin embargo a colectivos bastante más amplios, incluyendo sindicatos, partidos políticos de las diversas izquierdas, organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas feministas. Probablemente también contaron con el apoyo del principal colectivo afectado por la política económica y social, las personas de edad. Sin embargo, es difícil que éstas manifiesten abiertamente. Asimismo, la insistencia en las dificultades de la integración étnica no debería olvidar que parte importante de los problemas concierne a colectivos de nacionalidad francesa de larga data. Aquellos de ultramar pueden alegar derechos a la nacionalidad desde antes de la toma de la Bastilla. En términos generales, la posesión de la nacionalidad del país no asegura la integración, en particular cuando se trata de nacionalidades marginadas (Rroms), o que anhelan mayor autonomía e incluso independencia, y a las cuales hemos hecho referencia. La protesta y la revuelta expresan muchas veces situaciones límites que maduran en función de las coyunturas políticas. El desempleo, las mediocres condiciones de empleo y de trabajo, ejemplificadas por aquellas de la mayor parte de los inmigrantes, y en primer lugar de aquellos extra-comunitarios, o por los chainworkers, los trabajadores y trabajadoras de las grandes cadenas de distribución, si se quiere por las políticas de workfare, (condicionan las prestaciones sociales al mérito y transforman los gastos pasivos en los llamados gastos activos de la protección social) que reducen sensiblemente el papel de la solidaridad, el ataque a los derechos laborales adquiridos, incluidas las pensiones, las dificultades de estabilización y desarrollo de los asalaiados del conocimiento, la persistencia de la inequidad de género, son temas que pueden aflorar con fuerza sobre todo si se insiste en la moderación salarial y el reequilibrio social hacia abajo. Las alternativas políticas y sociales pueden generarse sin embargo con relativa autonomía de la agravación de tales tendencias, en función de valores y las correspondientes estrategias de los colectivos. Negri, 2007, Rossanda, 2006, Vercellone, 2004, y muchos otros, lo recuerdan.

Tres tendencias podrían afectar los avances limitados y ampliar los retrocesos que se ha señalado. En primer lugar, la globalización, y en particular las repercusiones del auge de las economías china e india, mediante la penetración del mercado europeo; la deslocalización de la producción y de la inversión; y, la pérdida de mercados en otras regiones . En segundo lugar, la eventual migración masiva de trabajadores de los nuevos países miembros de esta organización regional. Dos cifras expresan la importancia que podría alcanzar. Primera: se señalará, a falta de información sobre el conjunto de su población activa, que los asalariados ocupados en los 12 nuevos países miembros sumaban 65.2 millones de personas el 2006. Esta cifra era equivalente a 30.5% de aquellos de la UE-15 . Su significación es considerable a simple vista. Segunda: los salarios son significativamente más bajos en los nuevos miembros. El salario mínimo, por ejemplo, es 4.2 veces inferior que en la UE-15 actualmente . Las diferencias de salarios medios son mayores aún. El interés en emigrar es evidente. No habría que desdeñar por otra parte los efectos de la incorporación de los PECO a la Unión Europea, en la penetración del mercado de la UE-15, la deslocalización de la producción y la inversión, y la competencia en terceros mercados. Ya están siendo importantes. En tercer lugar, alguna o la combinación de las opciones que siguen: la disminución del gasto social; el incremento de la desregulación laboral; y una mayor liberalización de los servicios públicos y no solamente de aquellos de interés económico general . Esta última opción se diseña generalmente con el propósito de favorecer la privatización de los mencionados servicios. Alternativamente podría promoverse empresas de los trabajadores, de las localidades o de las regiones, encargados de estos servicios, pero esta posibilidad disiente de las perspectivas de la mayor parte de los gobiernos de la UE-15. Sus perspectivas son otras: financiar al capital privado, justificándose en la necesidad de promover la competitividad internacional de sus economías y de preparar éstas a eventuales decisiones de la OMC. Como se sabe bien, esta organización propugna la liberalización de importantes servicios públicos. Por otro lado, los gobiernos no se interesan en mayor medida en la promoción de la empresa de propiedad social, menos aún cuando es autogestionaria y compite con el gran capital. Este tema fue abordado por la candidata socialista a las últimas elecciones presidenciales francesas. El éxito de la gran empresa cooperativa Mondragón, de origen vasco, cuya expansión internacional en áreas tecnológicamente avanzadas es muy importante, sin trastocar sus valores, ha impresionado a la izquierda francesa, pero no ha dado lugar hasta el momento a iniciativas prácticas. Tampoco ha interesado, a mi conocimiento, al movimiento sindical europeo. Escapa de los propósitos de este texto el análisis de estas tendencias. Han sido señaladas con las finalidades, por una parte, de mostrar la posibilidad de una riesgosa carrera al « nivelamiento por lo bajo y la promoción de lo alto » que afectaría seriamente los objetivos de cohesión social buscados oficialmente por la Unión Europea; y, por otra parte, la existencia de alternativas productivas capaces de afrontar al neo-liberalismo.

En el centro del debate se encuentra la subsistencia, mejor aún, la profundización del llamado modelo social europeo (MSE) o su substancial modificación neoliberal y su cancelación a término. En palabras de la CES, el MSE « es una visión de la sociedad que conjuga el crecimiento económico durable y el mejoramiento sin cese de las condiciones de vida y de trabajo. Esta visión implica el pleno empleo, empleos de calidad, la igualdad de oportunidades, una protección social para todos, la inclusión social y la implicación ciudadana en los asuntos y las decisiones que le conciernen ». Según la CES, el diálogo social, la negociación colectiva y la protección de los trabajadores son factores esenciales en el marco de la promoción de la innovación, la productividad y la competitividad. Los gobiernos no denuncian estos postulados pero, salvo excepción, que en ocasiones no comprende a gobiernos social-demócratas, los respetan cada vez menos. Jacques Chirac condenó la fractura social francesa pero hizo poco para que ésta no se profundizara durante sus doce años de gobierno, parte de los cuales fueron compartidos con el Partido Socialista francés.

Delors, católico centro izquierdista, pensó que el Acta Única promulgada en 1986 estaba llamada a promover la cohesión social. Años después aceptó las dificultades crecientes del MSE , que debía sustentarla. Definió su versión social-demócrata como la conjunción de cuatro elementos : la importancia del mercado como elemento de orientación y sanción de las actividades económicas; el papel del Estado en la definición de las grandes orientaciones de desarrollo y la corrección de los efectos negativos del mercado; la negociación social como parámetro para definir los objetivos de la UE y sus modos de realización; un sistema de seguridad social que garantice a cada ciudadano derechos mínimos cuando está en dificultad, o cuando llega el momento que descanse. Al terminar su mandato en la UE era consciente que la mayor parte de los gobiernos europeos no tenía voluntad, ni medios concretos para preservar las conquistas del MSE; y menos aún para hacerlo avanzar efectivamente a escala europea (Delors, 1994). El neoliberalismo ha penetrado significativamente luego la política económica y social de la región y ha generado desajustes importantes en el MSE, cuyos principales defensores son actualmente los sindicatos. Cuando han llegado al gobierno, los partidos social demócratas han tratado de preservarlo, pero no siempre con éxito, y en ocasiones han adoptado disposiciones que lo limitan. Los gobiernos Schröeder, en Alemania, y Jospin, en Francia, ilustran estas opciones. El modelo afronta varios problemas de talla. El CES participa en el CESE pero éste es un órgano consultivo de la UE solamente. El costo de su participación ha sido elevado. No dispone de mecanismos para oponerse al neoliberalismo dominante; en circunstancias que el peso de las organizaciones de trabajadores y la capacidad de negociación sindical han disminuido considerablemente. Al mismo tiempo, ha aceptado, a regañadientes, las pautas de moderación salarial así como las reformas laborales y las pensiones impuestas por los gobiernos y la UE. Le ha hecho perder espacios sociales importantes, en particular entre los desocupados, los trabajadores atípicos precarios, y las dos grandes nuevas categorías de trabajadores: de las grandes cadenas de distribución, y del conocimiento. El socialismo no comprende la naturaleza de la nueva sociedad, sus opciones y sus contradicciones, declara con perspicacia Negri, 2007; pero se apresura posiblemente al declarar su muerte.

Las expectativas de Delors precisaban sin duda que la Carta Social, que él promovió, y con posterioridad la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, fueran obligatorias; y no simples declaraciones. A este propósito, cabe preguntarse si la aplicación forzosa de sus disposiciones, bastará, en el caso que así lo decida el tratado modificatorio en curso de discusión, para que la cohesión social progrese efectivamente. No es la opinión de Gobin, 2005. Sin embargo, los planteamientos recientes de la CES a la UE con ocasión de la reciente cumbre europea de Lisboa parecen expresar cambios de orientación de alguna importancia. Manifiestan, por un lado, una toma de conciencia de los problemas; por otro lado, la confianza que habría aportado la reciente fusión de las centrales sindicales social cristiana y social demócrata; y, probablemente también, una creciente influencia de la experiencia nórdica, en la cual los sindicatos juegan papeles importantes. Luego de señalar las limitaciones del acuerdo modificatorio de la Unión, y la necesidad de superarlas, ha propuesto a la UE y a la CE, una directiva sobre el trabajo interino, basada en el principio « a trabajo igual, salario igual »; la afirmación del derecho de todo trabajador a solicitar horarios de trabajo flexibles y un número máximo de horas de trabajo semanales con miras a un mejor equilibrio de la relación del trabajo con la vida familiar y social; la afirmación del derecho a solicitar un trabajo a tiempo completo para los millones de trabajadores contratados involuntariamente a tiempo parcial; la seguridad que el derecho de trabajo cubre y protege a todos los trabajadores en relación laboral de facto; la plena aplicación a nivel nacional de las reglas establecidas por las directivas y por los acuerdos-marco laborales y sociales europeos, los cuales comprenden el CTP y el CDD. Es poco, sin duda, y al margen de movilizaciones importantes, y de alianzas políticas y con la sociedad civil, podría tener escasos resultados.

Las perspectivas dependerán de la evolución política de la Unión. Habría que preguntarse en qué medida la Unión dispone de reservas para regular el mercado de trabajo, para evitar que primen los bajos salarios y la precariedad en el empleo; y de solidaridad, para impedir que los ingresos reales de las personas de edad sigan descendiendo por debajo de la línea de pobreza y más bien se eleven sobre ésta. El Parlamento Europeo ha declarado que la EdL debe ser la primera prioridad de la UE hasta el 2010. Pero en un reciente planteamiento, si bien es cierto señala que la competitividad y la innovación deben tener en cuenta sus implicaciones sociales, no menciona la cohesión social. El Parlamento expresa la relación de fuerzas políticas imperante. Esperemos que no se degrade más, lo cual exige la prioridad de la participación ciudadana, la unidad de la izquierda y del centro-izquierda, un análisis riguroso de las realidades, y propuestas que combinen la búsqueda de opciones europeas con la utopía de una región efectivamente equitativa, interna y externamente solidaria. Rifkin, 2007, considera a la UE una opción ejemplar, entre otras razones, por el énfasis que acuerda a la solidaridad y a la cohesión social. La distancia de los gobiernos europeos con aquel de los EEUU, cuyas orientaciones él rechaza, cada vez es menor, sin embargo. No es menos cierto que la sociedad civil europea conserva mucho de su idealismo. Dialoguemos con ella. Realicemos, para empezar, un balance de la cohesión social en nuestras dos regiones, abierto, en igualdad de condiciones, altermundialista.

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Anexo Estadístico

Las estadísticas

Las estadísticas presentadas han sido elaboradas por tres encuestas de Eurostat : el Panel Comunitario de Hogares (PCM, por sus siglas francesas); la Encuesta Comunitaria sobre Ingresos y Condiciones de Vida (SILC, por sus siglas en inglés); y la Encuesta Europea sobre Fuerza de Trabajo (EFT, nuevamente, por sus siglas galas). La PCM duró de 1994 a 2001, años durante los cuales fue la única fuente de información estadística comparable sobre los ingresos en EU-15. Lelièvre et al., 2004, señalan que « como toda encuesta de hogares, no toma en consideración los hogares colectivos, las personas sin domicilio fijo, u otros grupos difíciles de interrogar », que no identifica. Podría estar refiriéndose a la nacionalidad Rom, así como a parte importante de los inmigrantes en situación irregular . Agregan que la calidad de los datos en la parte inferior de la distribución debe ser tomada con cautela. Extienden la advertencia a los ingresos profesionales de los independientes; cuya recolección siempre es delicada.

La SILC tiene como finalidad proporcionar información estadística sobre cohesión social. Conforme se puede leer en el portal de Eurostat, es un instrumento destinado a recolectar datos detallados de índole multidimensional, así como transversal y longitudinal, sobre el ingreso y las condiciones de vida. Fue iniciada recolectando información sobre los ingresos en 13 países de la UE-15 el 2003. El año siguiente fue aplicada integralmente en estos países. A partir de 2005 se aplica la totalidad de los países de la UE-25. Según Guio, 2005, difiere de la PCM en la definición los ingresos a declarar. Solicita los datos brutos del hogar y de sus miembros; y no, los netos. Asimismo, sería de interés comparar sus resultados de ingresos con la información que proporcionan las declaraciones de renta al fisco. En principio no deberían disentir fundamentalmente. Es probable sin embargo que las declaraciones al fisco sean más precisas.

Durante el período de transición entre estas dos encuestas, Eurostat ha organizado la recolección de un conjunto de indicadores. Teniendo en cuenta la diversidad de las diferentes fuentes de datos, estos indicadores no pueden ser considerados perfectamente comparables con las estadísticas del SILC o con aquellas realizadas independientemente por los países (Guio, 2005). Sin embargo, pueden ser utilizados grosso modo con tales fines, según este autor.

La EFT es una gran encuesta por sondeo a los hogares. Proporciona resultados trimestrales sobre la participación en el mercado de trabajo de las personas de 15 y más años de edad, así como sobre las personas de esas edades que no forman parte de la fuerza laboral. Se lleva a cabo en los países de la UE-25. Se realiza desde 1993.

Economía oculta

La Dirección General de Estadísticas de la CE señala que uno de sus objetivos fundamentales es, desde hace varios años, el desarrollo de estadísticas sociales europeas (CE, 2004 ). Añade que ha progresado significativamente en el conocimiento de importantes aspectos de la realidad social de los países, en particular después de 1997. No obstante, diversas actividades son escasamente conocidas por realizarse en condiciones irregulares, o si se quiere, clandestinas, ilegales, incluso criminales. Se desconoce la importancia que tienen en la UE-15 pero algunas cifras sugieren que puede ser bastante elevada. En Italia, la producción no declarada fluctuaría entre 15% y 17%, según estimaciones de ISTAT, 2005, correspondientes a 2003. La misma fuente señala que alrededor de 13% de la fuerza de trabajo habría sido empleada irregularmente ese año. Una publicación de la OCDE señala, sobre la base de estimaciones del Fondo Monetario Internacional, que, alrededor de 1998, puedo haber representado 27% de la producción italiana y 30% en Grecia (Blades y Roberts, 2003). Recientemente una encuesta estimó que la cuarta parte de la restauración francesa no declara o sólo declara parte del trabajo que realiza, a las autoridades correspondientes. Es una cifra significativa que anuncia su extensión en otras actividades probablemente.

Por otro lado, se conoce poco aquel que es realizado por inmigrantes en situación irregular. Dicho sea, el efectuado a domicilio por aquellos en situación regular (trabajadores o micro-empresarios, nacionales o inmigrantes europeos) muchas veces no es conocido en mayor medida, y la opacidad o ignorancia de las actividades gitanas son muy elevadas. Se ha señalado precedentemente, en el texto, en Francia, mucha « pasantía » es abusiva y que, al igual que el trabajo voluntario, puede ocultar empleos remunerados o sustituir éstos. Esos rasgos se reproducen en otros países. No se debe soslayar asimismo las dificultades existentes para apreciar debidamente las remuneraciones en natura; así como los intercambios al interior de un conglomerado empresarial, en particular cuando parte de sus actividades se llevan a cabo en el exterior. Existe igualmente una omisión voluntaria cuando menos. Las estadísticas francesas no incluyen a los Departamentos o Territorios Ultramarinos, en los cuales los salarios y en general los ingresos son inferiores a los de la metrópoli; y, el riesgo de pobreza, bastante mayor.

Es difícil apreciar en qué medida la « economía oculta » modifica las estimaciones oficiales de la distribución de los ingresos y las tasas de riesgo de pobreza. Probablemente aquella que tiene lugar en actividades lícitas reproduce las estimaciones de Eurostat. En las actividades ilícitas, incluido el tráfico de personas y de drogas, el juego de azar y la prostitución, reglamentados o no, la concentración de los ingresos es con certeza muy elevada.

Ingreso equivalente

Se entiende por ingreso equivalente, el ingreso disponible del hogar dividido por una escala de equivalencia. Aquella establecida por la OCDE atribuye un peso de 1 al primer adulto; 0.5 a las otras personas de 14 o más años de edad; y 0.3 a las personas de menos de 14 años (Jean, 2006). Esto significa que el ingreso de una pareja con 2 hijos menores de 14 años es dividido por 2.1 (1+0.5+0.3+0.3). Una persona con ingresos debajo de la línea de pobreza puede pertenecer a un hogar que se sitúa encima de ésta si su pareja tiene ingresos que, divididos por 1.5, permiten a este hogar superar aquella.

Octubre 2007

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