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La superación del individualismo metodológico de corte neopositivista implica para nosotros descorrer los velos de un conocimiento entendido como beatitud (modelo aristotélico – tomista) y traspasar las fronteras hacia un objeto que nos enoja y nos arroja hacia la incertidumbre en donde la pregunta adquiere un valor fundante (Wallerstein, I: 2004). Sin embargo una respuesta posible podría ser pensada en este sentido en torno a la creencia de la crítica como hecho en si mismo de superación de la visión estática a la que nos introducía el “hecho científico” cuya verdad era objeto de falsación. Esta actitud no alcanzaría para construir un enfoque diferente al ya existente, pues podría reproducir el orden y progreso desde el universo discursivo y quedar entrampado en su naturaleza.

Frente a esta situación un “enfoque dinámico” de la cuestión social se plantea no como una protesta sino como una discusión esclarecedora que podríamos comprender como un juicio en cuanto racionalidad material de los posibles sistemas alternativos, su evaluación sobria, racional y realista, así como sus limitaciones y aperturas a la creatividad humana, un ejercicio auténticamente sistémico y complejo, tal como se ha denominado en nuestro tiempo en el término de “utopística” (Wallerstein, I: 1998). En esta dinámica reconocemos y somos partícipes, sobre todo las jóvenes generaciones, de una transición epocal en la que la lectura misma del hecho social va cambiando, exige nuevas interpretaciones y nos reinserta como sujetos activos en la historia presente con un compromiso renovado. La humanidad reconoce sistemas mundos con capacidad para presentar una visión global coherente y la crisis actual es la consecuencia de cambios fundamentales que atraviesa el sistema-mundo capitalista emergente hace 500 años y expandido hoy a escala mundial (Vitarelli, M: 2006). En esta visión lo local y lo global forman parte de la lectura, del pensar y del hacer y nos confronta con desafíos no imaginados en la emergencia en crisis de representaciones sociales aún no analizadas en toda su profundidad.

La complejidad de lo social y su exploración, el develamiento de las transiciones epocales, las crisis paradigmáticas del siglo XX y los fenómenos de interdependencia nos posicionan en la incertidumbre de un análisis que reconoce rasgos sobresalientes, indaga las regiones de penumbra que se producen, interpreta las formas de subjetivación existente y diagnosticando propone en los distintos niveles que los regímenes de poder pueden moverse, operar, intervenir y ser en el mundo.

La cuestión social refleja esta dinámica en términos de poder ver y hacer ver cuestiones tales como:

a) El surgimiento y establecimiento de nuevas tensiones: esto tiene que ver con la fractura del interjuego definido en otra época por las relaciones entre el estado, los sindicatos de trabajadores y las plataformas políticas. Una suerte de integración, de orden preestablecido rigió las formas de convivencia en el estado benefactor en el cual el diálogo fluido entre las partes iba definiendo situaciones y planteando soluciones. Hoy ese espacio se define como tensión en donde luchas desiguales afectan a las partes y se agudizan en crisis sociales que en oportunidades conducen a caos, violencia, empobrecimiento, inseguridad generalizada y exclusión creciente (Coraggio, J. L.: 1999).

b) La reconfiguración del mundo del trabajo y el empleo: aparece como un nuevo desafío de fin de siglo XX haciendo frente a modelos desinstitucionalizados en donde la ciudadanía social ya no es el centro. En su lugar se erigen formas de trabajo que precarizan las condiciones de empleabilidad rompiendo con las condiciones fordistas y/o keynesianas conocidas del pleno empleo. En este contexto la lucha por los derechos laborables adquiere nuevos significados a la luz del fin del valor trabajo conocido en el siglo XX y expandido en el mundo (Alonso, L.:1999).

c) La dualidad calificación – descalificación: emerge como consecuencia de una revolución tecnológica global que impacta en las regiones y da cuenta de transformaciones en las condiciones materiales de la producción (Vitarelli, M.:2000). Automatización y/o robotización son signos principales de una sociedad del capital que segrega a la luz de la denominada calificación laboral en un universo de trabajadores descalificados en las competencias tecnológicas, produciendo una auténtica precarización laboral.

d) La sectorización de políticas sociales: que atiende a los más desprotegidos desde el modelo que ha generado el capital en términos de exclusión, marginalidad y pauperización. El estado asistencialista a través de políticas paliativas emerge como símbolo de una sociedad en mutación donde las diferencias se acrecientan y son fuente de conflictos. Derechos humanos, equidad en el desarrollo, estrategias de supervivencia, desigual acceso a los servicios sociales básicos, son todos ellos, entre otros, componentes de nuevas participaciones, de limitaciones y de formulación de gerenciamiento social (Kliksberg, B.: 1993).

Mientras los 60 se vivían como la época de una ciudadanía social asociada a las formas políticas del estado de bienestar en donde el trabajo era tomado como un valor de integración, podríamos decir que los 90 fragmentaron esta situación, empobrecieron el diálogo social y fortalecieron criterios de supervivencia individual generadores de competitividad entre las personas, logrando un mayor empobrecimiento, una inseguridad generalizada y una exclusión cada vez mayor (Coraggio, J.: 1999). De tal modo que en un primer momento asistimos a un mundo keynesiano laboralmente ordenado en donde se consagraba una filosofía de la intervención del Estado en la economía, la planificación social y su equilibración parcial. Este mundo decidido se caracterizaba por circuitos generales de acumulación económica en una faceta sustantiva de la ciudadanía de una situación de posguerra que busca la normalización y la integración social incluyendo códigos de desarrollo orgánico (Alonso, L: 1999).

Una cultura del compromiso caracterizaba las relaciones sociales entre el desarrollo del mundo keynesiano hacia el bienestar de masas del fordismo. Sin embargo el compromiso es desplazado por la satisfacción de una sociedad en la que la ciudadanía comienza a deconstruirse, fragmentarse y cuestionarse como cohesión social y en donde se va a producir una atomización del mundo del trabajo produciendo como efecto una desocialización del modelo estabilizado y normalizado. La fragmentación de lo social trae consigo mayores situaciones de vulnerabilidad y riesgo generalizado en donde se tiene hacia una generalización del empleo atípico y en donde se produce una precarización del empleo típico (D´Amours, M.: 2006). El sentido de la intervención estatal cambia dejando de lado las políticas públicas de regulación y negociación, en su lugar el “analista simbólico” irrumpe como el arquetipo del reconocimiento y consagración de los derechos individuales sobre los colectivos como nuevas formas políticas en donde el trabajo se rige por las dinámicas de orden estrictamente mercantil. El analista simbólico encarna pues en la sociedad de los 90 el pasaje de la cultura de la satisfacción al de la cultura individualista, y el trabajo ya no cumple el rol de unificador universal y básico del concepto de ciudadanía. Como efecto de ello en el horizonte de la mercantilización social y del estado las políticas de ciudadanía total corren su mirada de bien universal hacia políticas asistenciales focalizadas de carácter paliativo; son las políticas para los más débiles y fragilizados del sistema.

Frente al fenómeno de la individualización, la flexibilización y de una ciudadanía fragmentada se torna complejo concertar, de allí el verdadero desafío para la formulación de las políticas públicas a favor de la economía social en nuestro tiempo. Ellas llevan la impronta de una acción colectiva ciudadana en una iniciativa independiente de las políticas de estado, en donde cada nueva iniciativa estratégica se inspira en propuestas formuladas por quienes participan en la sociedad civil. Allí el Estado debe prestar su apoyo a los participantes de la economía social brindando medidas favorables y negociando su lugar en tal dominio; se trata de un verdadero desafío, cuyo proceso se denomina “co-producción” de políticas públicas (Mendell, M., Neamtam, N.: 2006).

La economía social hace nacer la necesidad de definir una nueva manera de desarrollo económico y social apoyado sobre la participación de la sociedad civil, los representantes de estado, el sector privado, en donde todos deben aceptar un proceso de participación y de construcción colectiva e intersectorial. Se hace necesario trabajar en red, desplegar herramientas útiles al desarrollo, establecer nexos directos con la investigación aplicada en el contexto de las propias necesidades de las prácticas, y también avocarse a poblaciones específicas con necesidades particulares (los jóvenes, la tercera edad, las discapacidades, etc.). El surgimiento de espacios públicos múltiples que coordinen una auténtica economía política de la ciudadanía nos lleva a pensar en la gobernanza como concepto propio de nuestro tiempo, que representa las alianzas entre movimientos sociales, sectores laborales, mundo cooperativo y sector comunitario, entre otros, que favorezca una “gobernancia distributiva” (Mendell, M.: 2006).

2. Mercantilización, proletarización y política social

Teniendo en cuenta el planteo de relaciones y formas de diálogo entre Políticas sociales y Economía social (Danani, 2004) se rescata que lo que se plantea es la desnaturalización del lugar común planeado por el neoliberalismo. En tal sentido la autora traza argumentos en torno a la crisis y las transformaciones en el horizonte de una autovigilancia para hacer posibles las transformaciones en el orden de los problemas estructurales.

Cabe destacar en primer término que el punto de partida de estas consideraciones queda sostenido por las afirmaciones de las políticas sociales como “aquellas específicas intervenciones sociales del Estado que se orientan directamente a las condiciones de vida y de reproducción de la vida de distintos sectores y grupos sociales, y que lo hacen operando especialmente en el momento de la distribución secundaria del ingreso” (Danani, 2004:11) La distribución secundaria del ingreso se orienta a los mecanismos de redistribución que se le superponen a la distribución primaria (proceso de producción) y que permite distinguir analíticamente las políticas sociales de las económicas y entre las primeras y las políticas laborales. En este orden de cosas se señala que las políticas sociales son constructoras de modos de vida y de condiciones de reproducción de la vida de una sociedad, que teniendo en cuenta la estructura de clases, son de carácter diferenciado en función de los grupos que la conforman.

Continuando las consideraciones, la autora pasa a reflexionar la cuestión de las políticas sociales y las necesidades de reproducción de la vida social. De tal modo, se explicita que el valor de cambio de la fuerza de trabajo no trae en si las necesidades históricas de los productores (Topalov, 1979:44). De allí la explicitación que “la forma mercancía de la fuerza de trabajo se opone a la reproducción ampliada de la fuerza de trabajo o, lo que nuevamente es lo mismo, la mercantilización del trabajo entra en contradicción con toda pretensión de reproducción ampliada de la vida de todos” (Danani, 2004: 16). Este planteo se inscribe entonces en el reconocimiento de que el capitalismo no reconoce las necesidades legítimas de los trabajadores. Tal desconocimiento y/o reconocimiento se dirime en la historia en las luchas por alcanzar los bienes producidos, que en el neoliberalismo se han tornado inaccesibles a los trabajadores o alejados de sus posibilidades reales.

Los trabajadores, ya sea por medio del Estado o de la familia, pueden alcanzar satisfacer necesidades por fuera del mercado, ya que ambas instituciones sociales posibilitan tejer tramas de relaciones diferentes y hasta opuestas a las que el propio mercado determina. Esping-Andersen (1990) denomina a la vía estatal como desmercantilización por el cual se presta un servicio como asunto de derecho. De este modo la desmercantilización vendría a plantear “las reivindicaciones de los trabajadores, resultado siempre parcial y fragmentario en el que se produce un movimiento contradictorio con la exigencia de la expansión de los circuitos monetarios. Es en procesos de este tipo en los que claramente pueden reconocerse las políticas sociales, aunque ello no signifique que toda política social desmercantilice, pues no toda política social socializa la reproducción” (Danani, 2004: 19). Esto último aparece con una importancia clara ya que en la historia de lucha de clases podemos reconocer también el desplazamiento al ámbito del estado que el mismo capital apoyó para abaratar los costos de reproducción; de allí que sea necesario reconocer históricamente los procesos auténticos en los cuales la satisfacción de las necesidades de los sujetos se erigen como reconocimiento de sus propios derechos, produciendo vías de escapes al capital, su lógica y su cultura.

En esta línea de pensamiento se puede sostener que toda necesidad y su satisfacción, objeto del autoabastecimiento por parte de los trabajadores, que se sustraiga a los intercambios mercantiles y disminuya la dependencia en relación al salario, es desmercantilizadora; en tal sentido el Estado y la familia ocupan un lugar primordial. Ahora bien, así como se marca para el Estado un desplazamiento del mercado, también debe tenerse especial cuidado en cuanto a la familiarización y el movimiento de desmercantilización, puesto “no socializa la reproducción; por el contrario, la privatiza, reenviando a la esfera familiar e individual la responsabilidad por el bienestar” (Danani, 2004: 20). Esto significa entonces desplazar a la esfera de lo individual y lo privado el ámbito del problema y resignificarlo desde una lógica funcional al propio sistema capitalista. En los procesos de socialización y de familiarización existen configuraciones políticas y sociales que hacen que los procesos de desmercantilización nunca sean iguales. La esfera doméstica desmercantilizada ha sido una base para la mercantilización del trabajo, de allí la fuerza de la Economía Social como propuesta de construcción de un sistema reflexivo.

Frente a la incapacidad demostrada del modelo capitalista mundial para reinsertar las poblaciones que el mismo sistema ha marginado surge la necesidad de construcción en donde “quienes nos desempeñamos en el campo de la política social tenemos una inmensa tarea por delante: en la reorientación de todo tipo de planes asistenciales en vigencia, de la desasistencialización del trabajo, en la recuperación de las condiciones y calidad del acceso y del uso de los servicios de educación, salud, hábitat; en la contribución a elevar políticamente los “pisos”. Es necesario menos desarrollo técnico para focalizar, y más para empujar la reapropiación de las condiciones de la propia vida” (Danani, 2004:26).

Claus Offe aborda en el capítulo 2 de su obra “Contradicciones en el estado de Bienestar” (1990) la Política social y la Teoría del Estado para lo cual elucida las controversias relativas a una teoría científico – social del Estado. Si embargo sostiene el autor, tanto las perspectivas formalistas como las normativistas no hacen centro en la cuestión nodal del estudio de la política social, sobre todo en aquellos aspectos que han estimulado autores de procedencia marxista. Preguntas por la identidad de una sociedad histórica, por las estructuras mismas de funcionamiento, por los mecanismos de rupturas o continuidad se encuentran en el núcleo duro de esfuerzos teóricos explicativos.

Siguiendo este planteo inicial se hace alusión a los marcos funcionales de referencia, en el transcurso de los cuales uno de los hipotéticos nudos se explica diciendo que la política social es el modo en que el Estado realiza la transformación de los obreros no asalariados en asalariados y esto se explica por argumentos racionales que la historia hace suyos en el comportamiento de las formas de la vida humana. Planteado de esta manera las capacidades laborales ya no sirven de base para la subsistencia, ni tampoco los individuos entran mágica y/o automáticamente en un mercado laboral. “Para presentar este problema de modo más preciso podría ser útil hacer una distinción entre proletarización –pasiva- y –activa-. No es discutible que una proletarización “pasiva”, masiva y continua, con la consiguiente destrucción de las formas hasta entonces dominantes de trabajo y subsistencia ha sido un aspecto socio – estructural importante del proceso de industrialización. Sin embargo, hablando en términos sociológicos, no hay razón para que individuos desposeídos de sus medios de trabajo o subsistencia procedan espontáneamente a una proletarización “activa”, vendiendo su fuerza laboral en el mercado de trabajo” (Offe, 1990:5)

Históricamente han existido vías de escape a esta realidad: la migración, la huida hacia formas de subsistencia sostenidas desde la inspiración religiosa, la prolongación de la fase previa de ingreso al mercado laboral, los esfuerzos de movimientos políticos de lucha que tratan de liquidar la forma mercantil de la fuerza laboral, todos ellos son ejemplos de fuga del sistema establecido. Ahora bien el problema estructural de la proletarización no se resuelve por si mismo; Claus Offe sostiene que la transformación de esa fuerza laboral desposeída en asalariada ha sido posible por medio de políticas estatales; en parte las políticas sociales incorporan entonces la fuerza del trabajo al mercado laboral.

La explicación de la no continuidad necesaria entre la proletarización pasiva y activa se da en razón de tres ejes de debate: a) es necesaria en la reorganización social la motivación cultural de convertirse en asalariados; b) son imperiosas una serie de pre-condiciones socio-estructurales para que los asalariados funcionen como tal, ya sea en razón de una planificación estatal, o bien de mecanismo de control por la clase dominante de los asalariados que llevan a regular políticamente el cuerpo asalariado, y c) es indispensable un equilibrio cuantitativo entre proletarios pasivos y aquellos capaces de tomar empleo como asalariados en función del volumen de demanda en el mercado. Esta realidad se complementa con las acciones ideológicas y represivas del aparato estatal atendido por las políticas estatales, como así también el hecho que hay que mantener a los trabajadores dentro de la función asalariada. Sin embargo la fuerza laboral desposeída en transformación es un proceso de índole socio-político cuya forma explicativa no puede sujetarse a las meras relaciones económicas.

A lo antes dicho se agrega entonces que la política social es una estrategia estatal para poder hacer efectiva la incorporación a la relación salario-trabajo. La política estatal no es reacción “a”, sino que contribuye a la construcción de la clase obrera y regula los procesos de proletarización. La socialización, la colectivización forzosa y el control cuantitativo constituyen entonces componentes claves de la política estatal en los procesos de proletarización. “La transformación de fuerza laboral desposeída en salario – trabajo activo, no se produce solo a través del mercado, sino que ha de ser sancionada por una política normativa, mediante el poder estatal. El propietario de fuerza laboral se convierte inicialmente en un asalariado como ciudadano de un estado” (Offe, 1990:10). De tal modo encontramos a la política social trabajando con la voluntariedad, con la habilidad y con la perspectiva objetiva de venta de la fuerza laboral; el predominio de estos componentes en las actuales políticas puede medirse entonces a partir de la función represiva del estado de control social.

Quisiera detener, a modo provisional, la reflexión ahora sobre:

• En primer lugar la mirada histórica que coloca a la forma de producción capitalista como dominante en las relaciones económicas modernas, trabaja o aparece entre lo que Coraggio denomina la política pública y la política del capital. Sin embargo pensar un modelo de economía plural es ampliar el horizonte en el orden de colocar en esa dualidad un tercer elemento que reposiciona lo dicho y exige un pensamiento plural complejo. Nos referimos a la fuerza que tiene en si misma la unidad doméstica como eje de las relaciones bien en una economía informal, bien en una economía del trabajo.

• En segundo lugar pensar la unidad doméstica como eje de las nuevas relaciones económicas entre mercado y estado exige repensar la economía informal no como una economía para pobres sino como una economía del trabajo basado en principios diferenciadores de la vida humana.

• En tercer lugar y en función de lo planteado me parece que las consideraciones de una Economía Social llevan a repensar el papel y lugar de las políticas sociales, no como instrumentos de validación poderosos del sistema imperante, sino como posibilitadores de la calidad ampliada de la vida y su reproducción.

• En cuatro y último lugar, provisionalmente hablando, todo lo antes reflexionado no se hace posible si no se asume un cambio cultural en las relaciones intersubjetivas, en las subjetivas y las institucionales y en aquellas que encarnan a la solidaridad, a la ética humana, al compromiso público, como algunos de los componentes a tener en cuenta en un planteo diferente de la existencia.

3. Estado, sociedad y democracia

A partir de los años 70 el modelo imperante entra en crisis y no alcanza a integrar los excluidos. El Estado incapaz de promover el desarrollo económico y no pudiendo proteger más los más desprotegidos, pierde toda legitimidad. Es por ello que durante los 80 y los 90 se transforma radicalmente acompañando el cambio de modelo de desarrollo. El modelo se orienta hacia el exterior bajo el impulso del Fondo Monetario Internacional y de los banqueros internacionales. El Estado hasta ahora omnipresente en la economía tuvo que operar las reformas necesarias a la integración de un mercado mundial: equilibrio financiero, abandono directo del sostenimiento de ciertos productos, privatizaciones, supresión de controles, apertura de fronteras de bienes y capitales. Todas estas reformas fueron puestas en marcha con el alto costo de un crecimiento desmedido y considerable de la pobreza.

Durante la década del 80 democracia y pobreza van de la mano. Las diferencias sociales se acentúan en una región en donde las ilegalidades eran ya considerables. Los años 90 en un primer tiempo invirtieron la tendencia. La crisis mexicana de 1995 interrumpió este mejoramiento que de una manera u otra no era profunda ni rápida para permitir a América latina de saldar la deuda social heredada de la década perdida. Más aún, los estados latinoamericanos en su gran mayoría abandonaron sus capacidades de intervención y regulación; en consecuencia el tejido social se debilitó y los gobernantes parecían atender la salida hacia un regreso al crecimiento económico. Los síntomas del debilitamiento del tejido social son numerosos mientras la respuesta de los gobiernos es la de un mayor endurecimiento o mejor de una degradación de las democracias.

Un profundo cambio en la lectura de lo social nos enfrenta a un momento de una gran incertidumbre (Wallerstein, I: 2004) en donde el sistema-mundo capitalista atraviesa su crisis más profunda y nos posiciona frente a aceptar la interdependencia del pensar y el actuar local y globalmente. Nuevos términos nos ubican en el pensamiento de la cuestión social, de la mano de: a) la liberación y desregulación de los mercados de trabajo que pasan del estado de bienestar al estado capitalista y eficientista; b) el fin del trabajo asalariado como centro de integración social y resquebrajamiento de los beneficios asociados a esta posición; c) los acelerados cambios en las modernas tecnologías que influyen en la liberación de los mercados y su entornos globales de funcionamiento y d) los movimientos cada vez más marcados de clientelismo político, políticas de asistencia por sectores y la focalización de indicadores de rendimiento y eficiencia en el gasto público. El cuadro de situación planteado nos conduce a pensar el tiempo presente en torno a la construcción colectiva de las políticas sociales desde un modelo de articulación de los actores dando cuenta de los cambios producidos en el mundo del trabajo, la redefinición de los espacios sindicales y el nuevo pacto social por una ciudadanía que prefiere apoyarse en la gobernanza en lugar de la gobernabilidad (Blanco, I.; Gomá R.: 2006).

El surgimiento de espacios públicos múltiples que coordinen una auténtica economía política de la ciudadanía nos lleva a pensar en la gobernanza como concepto propio de nuestro tiempo, que representa las alianzas entre movimientos sociales, sectores laborales, mundo cooperativo y sector comunitario, entre otros, que favorezca una “gobernancia distributiva” (Mendell, M.: 2006) o “gobernanza democrática” (Natera, A.: 2004).

La gobernanza hoy mas que nunca se constituye en el desafío político – social que envuelve al sujeto latinoamericano en búsqueda de respuestas a su situacionalidad geo-económica, como otrora lo encontrara en la “teoría de la dependencia”. El afán por explicar la realidad, indagar la viabilidad de las acciones y poner en marcha una concertación de relaciones entre actores, intereses y formas de convivencia, convoca al sujeto histórico, su compromiso ético y su responsabilidad ciudadana desde un punto de vista renovado a la luz de las necesidades actuales. El presente de la ciudadanía demanda por un futuro en el que puedan inscribirse con pleno sentido y acción eficaz materializando experiencias y formas de vida que mejoren nuestro ser en el mundo de la mano de una resignificación de los valores.

La lectura de autores como Boaventura de Sousa Santos y de Juan Manuel Abal Medina nos conduce a la reflexión en torno a la paradoja de encontrar las virtudes y los males del presente en la vida democrática de los pueblos. De esta manera una serie de consideraciones guían los pormenores de un tratamiento diferencial del tema que coloca al pensamiento en la “vigilancia” de la encrucijada que nos afecta y determina.

La modernidad encuentra en el gobierno del pueblo la forma de satisfacción de sus necesidades y el control de la vida en comunidad. Sin embargo las nuevas formas hacen de la representación la forma más acabada de legitimidad de lo social reemplazando la selección de personas y la Asamblea por otros componentes “los partidos políticos y las elecciones periódicas” (Abal Medina, J, 2004:2). En esta idea de representación es en donde se viene produciendo la crisis en las últimas décadas, una crisis política que cada vez nos muestra más el vaciamiento operado de lo social en lo político. Por este motivo se hace imperioso en nuestro presente buscar las claves para fortalecer la debilitada representación recuperando en las instituciones la participación y creando espacios genuinos a tal fin. Es necesario refundar el actual orden social fragmentado en donde la representación de lo social se escapa y diluye a partir de la pérdida de credibilidad en la “metanarración representativa” y en el debilitamiento de la “ficción organizacional efectiva”; la relación representantes – representados se ha roto y con ello el pacto social, dando lugar a una sociedad sin centro.

La pérdida de la representatividad viene de la mano misma de formas democráticas políticamente correctas, lo cual crea mayor confusión al ciudadano común, que deja ser ciudadano y se sumerge en el terreno de las desigualdades y el colapso de las expectativas. Lo que en un tiempo eran relaciones no mercantiles desde los ´90 se han mercantilizado y el Estado ha delegado responsabilidades al mercado del capital (educación, salud, seguridad social, etc.) “Lo que decimos es que, con gran lucidez analítica, debemos pensar que la democracia hoy es parte tanto de nuestro problema, como de nuestra solución. En cuanto parte de la globalización neoliberal, es parte de nuestro problema, hay que criticarla y denunciarla. En cuanto parte de la globalización alternativa, es parte de nuestra solución” (Sousa Santos, B, 2003:3). Se tratará entonces de una tarea no sencilla que tenga como cometido reinventar la tensión entre democracia y capitalismo para lograr una democracia alternativa basada ahora en las acciones remediales que apunten a solucionar las patologías existentes de crisis de representación y de crisis de participación.

Sousa Santos enumera y explica las condiciones para una democracia como solución a nuestros problemas, y en ellas aparecen elementos tales como: la lucha por la demo diversidad; el desarrollo de criterios transculturales; la jerarquización según intensidad puesto que en algunos sectores del planeta esta es bajísima, denunciarla y proponer alternativa forma parte del programa de acción. De igual manera aparece la necesidad de ejercer formas contra hegemónicas reinventando las relaciones entre democracias representativas y democracias participativas. Finalmente se expresa la conveniencia de articular la democracia local con lo nacional y lo global. Este catálogo de propuestas requiere fundamentalmente de la renovación de las relaciones de colaboración entre partes apoyadas en la transparencia de las acciones y en la democracia de los saberes y los conocimientos de una sociedad que hace del sujeto el centro de operaciones y que se rehúsa a ser tratada como objeto.

Es necesario ampliar la agenda ciudadana de acciones políticas para salir de una burocracia que se ha vuelto vulnerable al mercado económico – político, e ingresar en las alternativas que operen sobre los valores de la cooperación, la solidaridad, la horizontalidad entre los ciudadanos y la pluralidad democrática. Esto se hace en parte posible a partir de la creación de inteligibilidad entre los movimientos y asociaciones, buscando afirmar el destino común. Esta tarea es la que queda en parte por realizar sobre la base de la emergencia de los nuevos movimientos sociales (NMSs) de las últimas décadas que operan entre la regulación y la emancipación, o entre la subjetividad y la ciudadanía. Esta situación que se ha dado en numerosas partes del planeta y en particular en América latina (Comunidades Eclesiales de Base, Movimiento feminista, Movimiento ecológico, Sandinismo, Partido de los Trabajadores, etc.), exige una ampliación de la política y no su rechazo. Hoy tendríamos que ser capaces de sacar lecciones aprendidas de estas situaciones y construir formas alternativas. Se trata entonces que “la politización de lo social, de lo cultural, e incluso de lo personal, abre un inmenso campo para el ejercicio de la ciudadanía y revela, al mismo tiempo, las limitaciones de la ciudadanía de extracción liberal, incluso de la ciudadanía social, circunscrita al marco del estado y de lo político por él constituido” (Souza Santos, B., 1998: 28)

Otro desarrollo posible hace de la Economía del Trabajo el lugar privilegiado en donde se ponen en marcha los recursos, las actividades, las reglas, los agrupamientos que conforman la Economía Popular ya no en su carácter de sumisos de la Economía del Capital sino basados en la unidad doméstica como centro de obtención y distribución que posibilita la “reproducción ampliada de la vida de cada uno de sus miembros” (Coraggio, J.: 1999). Este movimiento requiere de un cambio de cultura y/o mentalidades que puede ser entendido como dificultad desde la lógica mercantil o bien puede ser para nosotros fuente de innumerables riquezas al atender precisamente a los valores que sustenta. Consideramos de radical importancia para el pasaje de la emergencia a la estrategia un cambio de valores, sin los cuales por más esfuerzo de construcción económica alternativa que se haga, no se tratarán las dificultades en todas sus dimensiones.

El ciclo de pasaje (Coraggio, J.: 2004) que marca una economía mixta de transición necesita trabajar fervientemente con los imaginarios sociales creando condiciones de libertad para poder operar un cambio estructural donde aparezca en el horizonte de las consideraciones un tiempo que ya no responde ni a la compra ni a la venta sino intergeneracional. Esto supone pensar que “la economía es el sistema institucional que se da una sociedad (siendo por tanto, un sistema históricamente cambiante) para definir, generar, movilizar, organizar y distribuir recursos con el objetivo compartido de resolver transgeneracionalmente y cada vez mejor las necesidades legítimas de todos los ciudadanos” (Coraggio, J.:2005). De tal modo que el logro de un desarrollo social integral que tenga como centro a la vida humana basado en la cultura del trabajo responda a ejes de valores y opciones necesarias de ser dialogadas, instaladas socialmente y reapropiadas. Así ingresan la solidaridad, la reciprocidad y la confianza como posibilidad de construir un nosotros social; de igual manera se requiere de un estado realmente democrático y participativo que tenga como horizonte de racionalidad la reproducción ampliada de la vida y no el clientelismo del capital. Necesitamos educar, capacitar e incrementar más acciones tales como el comercio justo, las redes de trueque, el presupuesto participativo que pongan de manifiesto la cultura ciudadana constructora de identidades que desde lo local empujen hacia lo global.

En este sentido la construcción de una comunidad democrática tiene que ver con recuperar la capacidad del capital social a través del ejercicio basado en: la solidaridad, la confianza y la tolerancia entre los ciudadanos, lo que no implica de ninguna manera la desaparición del conflicto, este juega un rol dinamizador del cambio social. De esa forma, por medio de la confianza y la mancomunión de intereses, se reduce las probabilidades de que un número grande de individuos o grupos de una comunidad, siguiendo intereses meramente particulares, se desvíe de los objetivos colectivos.

Para actuar en forma cooperativa, dice Putnam (2002), es necesario no sólo confiar en el otro, sino además creer que el otro confía en uno. Lo mismo es válido entre partidos políticos, entre empresarios y trabajadores, entre el gobierno y los grupos privados. Pero ¿cómo surge la confianza a nivel social, es decir, entre personas que no se conocen? En primer lugar, por normas de reciprocidad que los individuos internalizan y que son reforzadas por sanciones informales y formales. A través de estas normas se facilita la cooperación y se distingue una reciprocidad "específica", que es el intercambio simultáneo de ítems del mismo valor, de otra "generalizada", que adopta la forma "haré esto por ti sin esperar nada específico a cambio, confiando en que algún otro hará algo por mí el día de mañana" (se trata así de un "altruismo" de corto plazo combinado con un "interés propio" en el largo plazo.)

La confianza surge también de la existencia de redes de compromiso y participación cívicas que facilitan la comunicación y el conocimiento mutuo, refuerzan las normas de reciprocidad y aumentan los costos potenciales de desviarse de ellas. Aunque en todas las comunidades hay tanto redes horizontales como verticales, cuanto más densas sean las primeras (por ejemplo, las asociaciones vecinales, los clubes deportivos, etc.), más probable será que las personas cooperen para resolver sus problemas comunes. Bajo el supuesto de que las redes verticales, como las que se establecen entre patrones y clientes, obstaculizan el desarrollar de la confianza y la cooperación, pues el flujo de información y las obligaciones son asimétricos se necesita generar procesos asociativos que al unir intereses comunes, produzcan una forma de trabajo y una estructura organizacional de mucho intercambio y liderazgo transversal.

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