"Contribuciones a la Economía" es una revista académica con el
Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas
ISSN 16968360

¿DÉFICIT  O SUPERÁVIT?: UN FALSO DEBATE IDEOLÓGICO

Antonio Mora Plaza (CV)

Resumen:

Este artículo sale al paso del error –desde mi punto de vista- de adscribir a una corriente de pensamiento de izquierda la necesidad u obligación de incurrir en déficit presupuestarios y a las corrientes de derecha –predominantemente neoliberales- la defensa del superávit. Ni por la misión que debe cumplir la evolución de los déficit y superávit en la política macroeconómica –en concreto las políticas anticíclicas- que enseña la macroeconomía, ni por la evidencia empírica de las políticas presupuestarias de Europa y EE.UU. y otros países según varían la alternancia de gobiernos de izquierda/derecha, puede defenderse semejante correlación. El artículo defiende que lo que hace de izquierdas o de derechas son las políticas macroeconómicas destinadas a la redistribución de la renta y la riqueza y las referidas al tamaño del presupuesto.

Palabras clave(keys words): déficit (deficit), superávit (surplus), presupuesto (budget), (política presupuestaria) budgetary policy, eurostat, España (Spain)

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Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Mora Plaza, A. :  “¿Déficit o superávit?: Un falso debate ideológico" en Contribuciones a la Economía, marzo 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/

 

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         Parece instalado en una cierta cultura de izquierdas y en el mundo sindical la idea de que practicar el déficit en las cuentas públicas es propio –o debería serlo- de una ideología de izquierdas y que el superávit sería propia de la gente de derechas. ¿Cómo es que se ha llegado a este paradigma? ¿Qué implicaciones tiene este criterio? ¿Tiene efectos económicos relevantes? ¿Cómo afecta a los ciudadanos en general? Son preguntas importantes, pero aún así, para dar con la respuesta adecuada ha de hacerse la pregunta relevante. Desde una perspectiva sindical y/o de izquierdas la pregunta sería: ¿se puede hacer desde lo público una política económica socialmente satisfactoria “a la altura de los tiempos” con déficit cero, incluso con superávit o, como dicen los economistas, con “el presupuesto equilibrado anticíclico a medio plazo”? Dejemos en suspenso por el momento la respuesta y veamos qué nos dice la teoría económica.  Primero las consecuencias del déficit[1].

         a) Positivas. Permite un aumento de la actividad económica por la vía de lo que se conoce como el multiplicador al aumentar el gasto público, que luego se traslada al conjunto de la economía a través del pago de los factores que intervienen en la producción de bienes y prestaciones de servicios. Su importancia depende en gran medida de la situación de partida: ante una atonía de la demanda (consumo público y/o privado, exportaciones e inversiones públicas y/o privadas), la acción del gasto adicional que otorga el déficit es una ayuda inestimable; en situaciones de estancamiento o, aún más, de crisis, se convierte en una necesidad. Sólo los neoliberales recalcitrantes -que cuando tocan poder se vuelven intervencionistas de derechas- niegan esta virtud y prefieren ser tachados de ignorantes. Recordemos que en la crisis del 29, algunos de los áulicos consejeros económicos del presidente F. D. Roosevelt le recomendaban aguantar sin intervenir hasta que pasara el chaparrón ya que el mercado lo arreglaría el solito (el chaparrón consistía en un aumento  del 25% de la población activa en paro). Entonces, casi todos los economistas -el keynesianismo tardaría en implantarse como doctrina[2]- tenían como catecismo las obras de Adam Smith, Alfred Marshall, J. B. Say, etc. El Sr. Roosevelt, sin embargo, no hizo caso, despidió a dos de sus consejeros económicos, implantó el “new deal” y acertó. Corría el año 1933[3]. Si hubieran gobernado los Rato, los Rodríguez Braun, los chicos de Chicago o la Tatcher en la Casa Blanca en 1933, hoy EE.UU. no sería probablemente la primera potencia económica del mundo. Tampoco Europa se habría recuperado, como lo hizo tras la II Guerra Mundial, sin el “plan Marshall”, que era un programa de préstamos y donaciones del amigo americano para 14 países europeos (excepto España), aunque los 4 grandes se llevaron el 65% de las ayudas. Si alguien tiene duda de ello, compárese las tasas de crecimiento de Europa y España hasta el plan de estabilización para salir de éllas (las dudas, si se pueden evitar, mejor). Tampoco China estaría creciendo casi al 10% si no combinara inteligentemente mercado e intervención pública (un país, dos sistemas).

         b) Negativas. El déficit también tiene o puede tener efectos negativos. La economía y la política económica tienen como Jano, el dios romano de las dos caras, también dos caras. Porque el déficit hay que financiarlo y, tanto si se hace con un aumento de la masa monetaria circulante (en manos del BCE), como si se hace con emisión de deuda pública, tendrá efectos inflacionistas, que serán más o menos graves en función  de la marcha de la productividad, del crecimiento de la economía, de la inflación de partida y de las posibilidades de sustitución de los productos encarecidos a través del comercio exterior. Tendrá también efectos negativos sobre los tipos de interés, encareciéndose estos ante la necesidad de colocar los títulos (letras, bonos y obligaciones) entre un ahorro que no se ha movido.

         c) Dudosas. También se ha señalado la posibilidad de un efecto de sustitución de la inversión privada por la pública. Aquí lo que importa es el efecto neto y los efectos redistributivos, por lo que es dudoso que haya que colocar a priori este efecto en la canasta de lo negativo. Por último decir que  la emisión de deuda es equivalente a un impuesto sobre las generaciones futuras que tarde o temprano hay que amortizar, pero que también puede justificarse, incluso en época de vacas orondas, si los beneficios sociales marginales actualizados de la emisión en términos de producción y empleo superan los resultados de la no emisión.

 

         Hasta aquí la teoría económica que, como toda teoría no especulativa, es un precipitado intelectual de la experiencia. Y esta demuestra que la teoría no anda del todo descaminada. En España en concreto, los efectos negativos podrían ser significativos porque partimos de condiciones iniciales nada halagüeñas: una inflación tradicionalmente de las más altas de la Europa de los 15 y un diferencial de tipos de interés  en nuestra contra respecto también a la media de la UE-15 (en torno a un punto). Y un incremento de tipos perjudicaría no sólo las inversiones, sino también a una gran parte de los ciudadanos por la enorme deuda hipotecaria contraída en los últimos tiempos en el mercado inmobiliario[4]. De la inflación decir que no puede ser soportada por nuestra productividad porque ésta es de las más bajas en Europa debido a que gran parte de la mano de obra la absorbe la Construcción, el Turismo, y la Cultura (el español), que son muy intensivos en mano de obra y poco en tecnología. En cuanto a combatir nuestra inflación como efecto de importaciones sustitutivas, nada de nada, dado nuestro deterioro de la balanza de pagos en los últimos tiempos[5]. ¿Se puede hacer, no obstante, una política social suficiente respetando el paradigma del déficit cero o el del presupuesto equilibrado anticíclico? Se puede hacer aumentando la participación del gasto público en términos relativos, superando nuestro escaso –casi ridículo para un país avanzado- 40,5% de Gasto Público[6] sobre el PIB[7]. Déficit cero significa igualdad de ingresos y gastos públicos, pero nada dice de su nivel respecto al PIB. La media de la Europa de los 15 sobrepasa esta cifra en 8 puntos porcentuales (un 48,2%, año 2004) y prácticamente la misma diferencia para la Europa de los 25 (48,1%). No se puede construir un Estado de Bienestar a la “altura de los tiempos” sin sobrepasar ese 40,5% de GP/PIB, alejado también de los 4 países grandes europeos (48,4%) -y a más de los nórdicos- y también a más de 7 puntos de diferencia de gasto social por PIB de la media de la Europa de los 15[8]. No puede ser causalidad –y no lo es- que los países europeos más avanzados en términos de Estado de Bienestar, en índices de desarrollo humano, en PIB per cápita, en gasto social, en redistribución equitativa de la renta, sean simultáneamente los mismos que han mantenido una relación de Gasto Público por PIB mayor durante décadas. Alguno ejemplos: para el 2004, Italia tiene un 48,5% de GP/PIB, Alemania un 47,5%, Francia el 53,8%, Suecia el 57,2%, el liberal Reino Unido un 43,9% y ha aumentado desde el año 2000 (36,9%), para Holanda es un 46,2%, todo ello según Eurostat[9]. Cosa distinta son las situaciones coyunturales o cíclicas que atraviesan las economías a las que los gobiernos tienen que amoldar su política presupuestaria, además de que todas las economías y políticas económicas deben encontrar el punto de saturación (de inflexión) que hace que esa relación entre Gasto y Producción se vuelve perjudicial para el crecimiento.

 

	GP/PIB	DP/PIB
	en %	en %
Alemania	47,5	68,0
Francia	53,8	67,0
Reino Unido	43,9	42,4
Italia	48,5	106,6
España	40,5	43,1
Suecia	57,2	50,4
Holanda	46,2	52,7
UE-15	48,2
UE-25	48,1	63,2
UE-12		70,8
GP = Gasto Público
DP = Deuda Pública
Fuente: Eurostat, 2004 y 2006

 

         Nosotros estamos muy lejos de una relación óptima entre GP y PIB dados nuestro nivel de desarrollo medido por el PIB, nuestras insuficiencias medidas por los índices de desarrollo humano, nuestros niveles de fraude fiscal y economía sumergida y nuestro desigual reparto interno de renta y riqueza, todo en comparación con la EU-15, EU-27 o con los 4 grandes de Europa. Resultaría insoportable económica y socialmente si no fuera porque la derecha ha consolidado esta situación presupuestaria e ideológicamente en las 2 legislaturas anteriores (1996-2004).

         Y ahora vendría la contrapartida: ¿cómo se financia ese incremento de gasto público? Respuesta: combatiendo el enorme fraude fiscal (y también en las cotizaciones) derivado de la economía sumergida. Si esta representa el 20,9% sobre VAB[10] en el año 2000[11] o 18,2% en el 2002 y la relación entre GP/PIB es el 40,5%, eso significa que el nivel de fraude fiscal y en las cotizaciones se movería en un intervalo de entre 73.700 y 84.600 millones de euros[12]. Hay que reconocer que el gobierno socialista, que comenzó su andadura en el 2004, está obteniendo un éxito relativo en materia de recaudación en su lucha contra el fraude merced a las modificaciones administrativas y aumento de medios de la Agencia Tributaria[13], superando la laxitud, cuando no dejación, de las 2 legislaturas del P.P., que se preocupó de la defensa del contribuyente en lugar de ocuparse y preocuparse del defraudador. Es posible que parte del crecimiento de los últimos años se deban en parte a una “reflotación” de la economía sumergida, por lo que no podríamos esperar ese 18% de esclarecimiento de lo sumergido y/o defraudado, pero a falto de estudios más concluyentes, sí parece plausible luchar por unos 50.000 millones de recaudación a medio plazo[14]. Sin embargo, para un gobierno de izquierdas esto no es suficiente a también a medio plazo y sí se debería abordar una reforma fiscal sin ánimos recaudatorios, que aumentara notablemente la equidad[15] de las rentas del trabajo y entre éstas y las del capital, sea en términos de deuda liquidable por sujeto pasivo, sea según tipos de rendimientos[16]. Mientras se cosechan resultados, se podría tirar de la deuda pública, de la cual tenemos relativo margen[17].

          

         ¿Es algo original o inesperado todo lo apuntado aquí? Los hechos no, pero las preguntas relevantes sí lo son y deben serlo también el peso de las respuestas. Es tal la necesidad de superar nuestro escaso nivel de Gasto público sobre el PIB, que debiera ser una estrategia sindical que cualquier negociación global con la patronal debiera implicar al gobierno de la Nación y a las Administraciones Autonómicas en una política como la apuntada: un combate denodado al fraude fiscal y en la Seguridad Social, incrementando la recaudación hasta llevar nuestro Gasto Publico a un entorno del 45% del PIB en dos legislaturas como máximo. En el ínterin, la diferencia se podría cubrir con emisión de deuda pública adicional, pero con el propósito de que, una vez alcanzado el objetivo, disminuirla hasta retornar a la situación actual[18]. Ambas cosas –aumento en la participación del GP y retorno de la deuda viva por PIB- se pueden hacer porque nuestros niveles de fraude fiscal y en las cotizaciones sobrepasan las necesidades de financiación de los niveles de Estado de Bienestar propuestos. Déficit cero sí, incluso superávit anticíclico, pero no a los niveles de GP sobre PIB actuales. No es posible una política social acorde con los problemas e insuficiencias sociales actuales (agravadas por las 2 legislaturas del P.P.), con los niveles de Gasto público por PIB actuales, por más esfuerzos que se haga en la redistribución de los presupuestos. Los sindicatos de clase deberían convertirse en cómplices morales del combate del Gobierno contra el fraude fiscal y en las cotizaciones. Déficit cero sí, déficit cero no, ahora, en España, es un falso debate; y en todo caso no se puede asimilar déficit con política de izquierdas y superávit con política de derechas, ni por su función, ni por la historia de la política presupuestaria de Europa y de EE.UU.[19]

 

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