Delphi y la expropiación

Planteamiento y soluciones

Alfonso Galindo Lucas[1]
Universidad de Cádiz

Resumen: El anuncio de cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz) amenaza con agravar el desempleo y ha producido una contundente protesta, no sólo de origen laboral, sino también institucional. Los manifestantes pedían soluciones.

Teniendo en cuenta el marco legal existente y la situación creada por el anuncio de la empresa, la solución al anuncio de cierre no sólo sería barata, sino formalmente fácil. Si el problema de Delphi (factoría de la Bahía de Cádiz) no llega a solucionarse será porque nuestros políticos son rehenes de intereses privados. La cuestión realmente importante es que se consiga, una vez nacionalizada, hacer rentable la empresa.

Palabras clave: Delphi, cierre empresarial, despidos, Bahía de Cádiz, huelga general, expropiación, multinacional.

J.E.L.: H54, H79, J58, K29, L33, L59, L62, O29, R58.

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Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:

Galindo Lucas, A.:  “Delphi y la expropiación" en Contribuciones a la Economía, abril 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/

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 Introducción

     En noviembre de 2006, la multinacional de origen norteamericano Delphi,  primer fabricante de componentes para el automóvil de EE.UU., anuncia al comité de empresa, el viernes, 22/02/07, la intención de cierre o la venta de la factoría en enero de 2008, después de haber entrado en suspensión de pagos en noviembre de 2007. Entre otras medidas que justifiquen su decisión, rescinde o suspende contratos con su antigua matriz, el grupo General Motors. Desde 2001, ha habido tres expedientes de regulación de empleo. La política de dejación de la empresa en relación con la planta de Puerto Real ha llevado al Gobierno a pactar un plan industrial que concluye en 2010 y que, si la empresa cumple su amenaza, será desobedecido unilateralmente por los directivos de Delphi. Esta estrategia, que ha sido calificada de “terrorismo industrial”[2] puede y debe ser contrarrestada por el Gobierno.

     Este artículo trata del tema de la expropiación forzosa en relación con la factoría Delphi en la Bahía de Cádiz. La delocalización de la planta responde a un plan preconcebido de aprovechar determinadas ventajas concedidas por el sector público, entre ellas, subvenciones, para, después de obtenidas, cerrar el negocio, alegando que ya no es rentable. Esta estrategia, que se podría calificar de expropiación a la inversa (del sector privado sobre el capital público) constituye un negocio favorable al capital de origen estadounidense, que puede combatirse y no es difícil, siempre que haya voluntad por parte de los políticos.

     En la manifestación multitudinaria celebrada en Cádiz el 12 de abril de 2007, se pedía soluciones. Bien es cierto que las manifestaciones sirven para hacer campaña electoral, dado que las fechas así lo requieren, no lo es menos que se puede tomar la palabra a los políticos que se solidarizan de forma expresa y rotunda con los trabajadores. La manifestación no sólo contó con las bendiciones de los aspirantes a alcaldes, sino con su presencia física, durante las horas y los kilómetros necesarios.

     Este trabajo es únicamente una discusión teórica, que no pretende describir con cifras el alcance del problema de los despidos, la inactividad y la evasión de subvenciones, sino proponer soluciones. Como se verá, la Ley de expropiación forzosa permite recuperar la factoría y el empleo de la totalidad de los trabajadores. Hacerla rentable es algo que tendrá que hacerse más adelante.

 

La expropiación como única alternativa

     La expropiación forzosa, establecida por Ley de 1954[3] es el procedimiento legal válido para nacionalizar empresas. En la actualidad, debido a que los gobernantes son fieles devotos de la religión neo-liberal, la expropiación no suele aplicarse a empresas o plantas industriales, sino a viviendas. Suele utilizarse, en contra del espíritu de dicha ley y de lo establecido en el artículo 33.3 de la Constitución española de 1978, para favorecer al interés privado (la empresa constructora privada que acometerá la urbanización de determinadas zonas) y en muchos casos, tiene alcance casi confiscatorio para los pobres habitantes de las propiedades expropiadas.

     La Constitución proclama un Estado de Derecho, lo cual significa, básicamente, sometimiento del poder ejecutivo a la legalidad. Tomemos, como ejemplo, la Ley de expropiación forzosa. En su articulado establece, como requisito, que la propiedad en cuestión (en este caso, las instalaciones de Delphi) sirvan a una finalidad conforme a los intereses generales. Teniendo en cuenta el drama humano de los despidos y la voluntad expresada por los ciudadanos directamente y a través de sus representantes políticos (alcaldes, alcaldables, rector, etc.), sindicales, asociativos, etc., es más que evidente la necesidad pública de esos terrenos con sus negocios en funcionamiento.

     El otro requisito es el justo precio. Puesto que la expropiación no debe tener alcance confiscatorio, la administración pública que expropia debe indemnizar con una suma que se considere representativa del valor de lo expropiado. A diferencia de lo que a veces nos resulta evidente, la determinación del justo precio no tiene por qué negociarse con la parte expropiada, de ahí que se la denomine “forzosa”. El estado (o el organismo local u autonómico) establece unilateralmente el precio y, si el expropiado no está de acuerdo, entonces deberá recurrir en la jurisdicción contencioso-aministrativa. Ni siquiera es necesario expropiar mediante normas con rango de ley, como se hizo con RUMASA. Los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz o la mancomunidad de municipios podrían expropiar, incluso estando hipotéticamente en desacuerdo con el Gobierno de la nación o la Junta de Andalucía.[4]

 

El problema del justo precio

     El problema (interesante desde el punto de vista teórico) es cómo establecer el justo precio. La postura que vengo a defender es que ese precio debe establecerse en términos casi simbólicos, o al menos, tan reducidos, como para que cualquiera de nuestros ayuntamientos pueda asumirlo.

     La Jurisprudencia, la Doctrina y el Consejo de extado entienden que dicho precio se deberá determinar, siempre que sea posible, en función del mercado. Cuando se trata de metros cuadrados o de edificios parece posible encontrar alguna referencia de lo que puede ser el valor de mercado. Pero cuando se trata de una empresa, el único mercado posible estaría compuesto por la relación entre comprador (la Administración que expropia) y el vendedor (la multinacional Delphi), puesto que no existen dos empresas en idénticas circunstancias. Este criterio de mercado, no es aplicable a estos casos, porque supondría una contradicción: No existe mercado si las transacciones no son voluntarias por ambas partes. En caso de expropiación forzosa de un bien único (una empresa), no existe mercado. Sólo es posible la tasación en función de un peritaje (Artº 29.2 de la Ley).

     Debido a mi experiencia como perito (en ámbitos judiciales y académicos) acerca de la valoración de empresas y las indemnizaciones, debo afirmar que cada empresa deberá ser valorada en función de las expectativas de rentabilidad futura con las circunstancias actuales. En diversos manuales de valoración de empresas se establece la diferencia entre el valor para el comprador y para el vendedor. Evidentemente, las circunstancias actuales son las que vendrían determinadas por las posibilidades puestas de manifiesto por el vendedor. En este caso, debemos atender a los anuncios hechos por la empresa Delphi, acerca de la inviabilidad económica de este negocio.

     Es cierto, como hemos dicho, que el verdadero negocio ha consistido en obtener subvenciones de organismos públicos españoles, pero esta modalidad de rentabilidad no debe ser considerada a efectos de cálculo, porque no es el objeto social de esta empresa la obtención de subvenciones, de manera que si, en el pasado, la financiación pública ha sufragado costes importantes, eso no indica que los beneficios futuros puedan estimarse en función de esta posibilidad.

     Como se ha dicho, muy diferente debe ser el cálculo de la valoración que la empresa puede tener para el nuevo propietario (el ente expropiador), ya que las oportunidades de inversión y las posibilidades de financiación cambiarían radicalmente si el propietario fuese el sector público (Galindo, 2005b).

 

 

 

El problema de la empresa pública

     Pero la pregunta que a veces nos obligamos a hacernos es si, una vez nacionalizada, la empresa será rentable, es decir, si no nos costará el dinero a los españoles mantener a todos esos trabajadores, como especie de parásitos presupuestarios (más o menos, lo que pretende la Sociedad de Autores en relación con el canon de los CD[5]). Esto no es cierto, primero porque va a ser el despido el que convierta a los empleados de Delphi en clases pasivas y van a cobrar el desempleo (lo que, por otra parte, constituye un derecho para ellos y una obligación para la sociedad). En segundo lugar, el empleo en la factoría puede ser productivo y beneficioso para la economía.

     En los años noventa, la mayoría de los españoles creían que las empresa públicas eran, por definición, no-rentables (Galindo, 2003). Esto era cierto de algún modo, debido a una situación de hecho: Las empresas públicas que eran rentables se privatizaban y las que no, seguían siendo públicas, puesto que no eran del interés del capital privado. Es por eso que ha tardado tanto en liberalizarse el sector del transporte ferroviario[6].

     En definitiva, si las empresas públicas se privatizan, es porque son rentables. Incluso los servicios públicos tienden a privatizarse: La seguridad, la fabricación de armamento, la salud, la educación, la limpieza, el suministro de agua y electricidad. Cada vez que se liberaliza un sector, se privatizan las empresas públicas. Estamos ante una regulación al revés: El capital privado prohíbe al sector público que compita con él.

     El problema de la empresa pública es más complicado de lo que parece, puesto que la legislación española no basta. La Unión Europea, caracterizada por el proverbial “déficit democrático” y verdadero marco legal favorable a las multinacionales, podría esgrimir argumentos de defensa de la competencia cada vez que ocurriese una nacionalización. Por eso, sería necesario reclamar también el apoyo de las Instituciones europeas o al menos, pedir (y se está pidiendo en estas líneas) que los dirigentes de dichas instituciones expresen su opinión al respecto de la posibilidad de expropiar la multinacional norteamericana.

     En la empresa privada, existe la posibilidad de tener gerentes que, en último término, no defiendan la continuidad de la explotación y los intereses de los accionistas (aún menos de los trabajadores), sino los intereses 'cortoplacistas' de los inversores financieros (Perelman, 2006). También en la empresa pública,  como se ha puesto de manifiesto recientemente con el caso Izar, también en la Bahía de Cádiz, la rentabilidad de un negocio depende en buena medida de la voluntad de los directivos de buscar clientes y mercados. Esto perjudica especialmente a la empresa cuando las afinidades políticas de quienes nombran directivos están pervertidos por determinados capitales privados, candidatos a hacerse con concesiones, contratas o paquetes de acciones.

     Por otra parte, la supuesta rentabilidad de las empresas privadas, por ejemplo, los astilleros estadounidenses, depende directamente de los precios de venta. Estos no vienen regulados por el mercado, sino, en la mayoría de los pedidos, por la política proteccionista del Gobierno, como único cliente. En este caso, que es el contrario del que acabamos de exponer con respecto a los astilleros españoles, la ventaja aparente de tener un monopolio de demanda, por parte del estado (en este caso, el Gobierno federal), se convierte en la práctica en una salvaguarda para la empresa privada (ocurre también en el sector armamentístico), que de esta forma compite deslealmente frente a posibles compañías rivales, bajo la excusa del carácter estratégico de los sectores.[7]

 

El problema de la subcontratación

     El motivo por el que los entes públicos privatizan es diverso. Todo el mundo recuerda, por ejemplo, que el empresario que consiguió hacerse con la empresa Telefónica resultaba ser íntimo amigo del presidente del Gobierno. No obstante, vamos a centrarnos en las motivaciones menos políticas y más racionalistas, puesto que también existen. Uno de las justificaciones frecuentes de la dieta que, desde los años 80, y especialmente en los 90, siguen las administraciones públicas estatales[8], es el problema de la gran empresa. Se trata de un problema ajeno a la titularidad del capital, puesto que también en la empresa privada se está produciendo, mediante las diversas formas de externalización, que se conocen como subcontratación, spin-off, etc. Se suelen aducir criterios técnicos relacionados con la existencia de mercados y tamaños óptimos de plantas. Estos argumentos normalmente son falsos, porque en la mayoría de las contratas, existe un único cliente que es la gran empresa en cuestión. Véase el caso de los astilleros Navantia (antes Bazan, luego Izar), todavía empresa pública, y sus contratas y véase el caso de determinadas empresas concesionarias a nivel municipal, provincial o de universidades.

     Mientras que, a nivel financiero, los capitales están cada vez más concentrados y, siguiendo la consolidación de las participaciones accionariales, solemos llegar siempre a unos cuantos propietarios últimos, a nivel técnico, las distintas partes del proceso productivo de las empresas pertenece a personas jurídicas distintas. Puede darse el caso de que el propietario de la empresa contratista y la empresa cliente sea el mismo. ¿Qué es lo que explica entonces la descentralización de actividades?. Pues se trata de una cuestión meramente laboral, que ―esto sí es cierto― puede acarrear costes e ineficiencias a largo plazo. Se trata de la existencias de comités de empresa y, en general, órganos de representación del personal dentro de las empresas. Obviamente, si las tareas se distribuyen en pequeñas unidades empresariales, los enlaces sindicales de turno serán fácilmente sobornables (normalmente, un sólo individuo o acaso uno de UGT y otro de CC. OO.); en cambio, en las grandes empresas, los comités (establecidos en función del número de empleados) pueden suponer un problema de gobernabilidad y poder de negociación, por parte de los altos directivos.

     Siendo éste el problema, es evidente que sería con los trabajadores con quienes habría que negociar la nacionalización de Delphi. Lógicamente, los anuncios de Delphi están orientado a obtener un efecto contrario del que aquí se propone: Sus directivos desearían negociar con el Estado y que éste indemnice a los despedidos. El coste de estas indemnizaciones a los trabajadores, según lo que he expuesto acerca de la expropiación, podría ser bastante más elevado (sobre todo para el Estado, porque habría que sumar el valor actual de las prestaciones por desempleo) que indemnizar a la empresa y mantener la explotación en un régimen público.

 

La viabilidad económica de Delphi

     El caso de Delphi, es evidente que se trata de una empresa en dificultades (v. Galindo, 2005a), ya que no sólo está en suspensión de pagos desde noviembre, sino que ha anunciado el cierre. Eso significa que el valor de expropiación debe ser muy bajo, más bien un precio simbólico, equivalente al importe de posible liquidación de los activos, deduciendo el importe total de las deudas (que incluiría, en su caso, la obligación de devolver subvenciones en capital).

     Sin embargo, las malas perspectivas de la planta no implican que la inversión vaya a resultar ruinosa para el ente público; primero, porque el coste inicial va a consistir únicamente en el pago del justo precio, más algún que otro gasto de constitución, fácil de afrontar por cualquier ayuntamiento. En segundo lugar y si bien es cierto que la política de rescisión de contratos y el anuncio de cierre ha perjudicado la rentabilidad del actual propietario (Delphi), no existe crisis en el sector. Según José Antonio Juménez Saceda, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción (Sernauto), la situación constituye un hecho puntual de la compañía, que responde a su política a nivel internacional y no a la verdadera coyuntura del sector.[9] Esta decisión de la empresa consiste en trasladar la fabricación de amortiguadores, direcciones y rodamientos a la empresa matriz[10], a los que la propia empresa considera “rentables y con futuro”. Si es así, sería interesante para el capital público acometer esta empresa y competir con la multinacional. Por su parte, el presidente del Comité de empresa, Antonio Pina, asegura que “La pérdida progresiva de contratos están en el guión que ha diseñado la empresa” y que el anuncio ha producido corte en suministros de materias primas y pérdida de clientes.[11]

     Como ha demostrado en Estados Unidos, mediante el cierre de plantas y la destrucción de 35.000 puestos de trabajo,[12] la empresa intenta hacerse rentable a costa de los trabajadores y no a través del precio y la calidad de sus productos. Esta estrategia de aplicar incluso en su país de origen políticas laborales agresivas parece ser un hecho generalizado y un recurso de las empresas estadounidenses para obtener mayores tasas de rentabilidad (Petras, 2007). En mi opinión, esta situación se debe a una distorsión de la economía global, que sitúa a muchas grandes empresas en una posición débil frente a sus competidores y sus clientes (otras multinacionales), sin dejar de tener un marco institucional favorable en los mercados de trabajo, debido al carácter nacional del Derecho laboral.

 

Recapitulación

     Se da la paradoja de que es el propio estado (y sobre todo la Unión Europea) quien impide que la empresa pública sea rentable y facilita que determinadas compañías privadas se sostengan sin problemas. Al margen de estas políticas injustificables, no tiene fundamento afirmar que la empresa pública es por definición menos rentable que la privada.

     La solución óptima, por tanto, consistiría en la expropiación de la factoría Delphi, por parte el Estado español y su reprivatización por ley (para evitar competidores malintencionados y OPAs hostiles) hacia un consorcio de nueva creación, propiedad de los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz, la Junta de Andalucía y el Estado, amén de otros accionistas minoritarios. Esta solución no sólo es barata, sino que, aparte del justo precio, “sólo” requiere voluntad por parte de nuestros dirigentes políticos.

     Otra solución sería lanzar una OPA por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero esta vía sería menos acertada, puesto que legalmente no se pueden comprar acciones (que no existen) para comprar parte de una empresa; habría que hacer la OPA en Wall Street, sobre la compañía y, por desgracia, ningún presupuesto público tiene capital suficiente para acometer con éxito este tipo de inversiones[13]. Lo que interesa rescatar es solamente la factoría de Puerto Real, no la empresa en su conjunto.

     Otra vía, que no haría necesarias grandes inversiones, sería la 'intervención' de la empresa. Es un procedimiento considerado transitorio, provisional, que también requiere el empleo de instrumentos legislativos previos y que incorporaría un cierto coste que no se recuperaría, puesto que la rentabilidad de la empresa no dejaría de revertir en su propietario privado actual. Este procedimiento se utilizó en el banco Banesto (que luego se dejó adquirir por el Banco de Santander) y en la sociedad deportiva Atlético de Madrid.

     El interés general no sólo está perentoriamente justificado por el empleo, sino que, además, no es incompatible con la buena salud de las cuentas públicas, ni con la eficiencia productiva. Por lo tanto, si el problema de Delphi no llega a solucionarse será porque nuestros políticos son rehenes de intereses privados. Se trata por tanto de un problema meramente mercantil, aunque a la hora de la verdad (a la inversa de cómo se establece en las leyes) este tipo de intereses son los que determinan las políticas públicas y hasta las relaciones entre estados[14].

     Como decía Vladimir Spidla[15], comisario europeo de Empleo y Asuntos Sociales, el 31/03/2007, aunque se refería al plan industrial que culmina en 2010 y no a la expropiación, “aquí hay unas leyes y hay que cumplirlas”. Ese artículo hace un llamamiento a los entes públicos y en especial a los políticos que acudieron a la manifestación del 12 de abril de 2007 para que expropien la planta de la discordia.

 

Bibliografía

Constitución española de 1978.

Galindo y otros (2001): “Daño cerebral causado por accidente. El problema económico de las indemnizaciones.”, Revista Española de Neuropsicología, volumen 3, número 3-4.

Galindo (2003): Aspectos culturales y materiales relativos a las privatizaciones en España. En La Economía de Mercado: virtudes e inconvenientes. Eumed.net, Málaga. http://www.eumed.net/cursecon/colaboraciones/AGLprivatizaciones.PDF

Galindo (2005a): Fundamentos de valoración de empresas, eumed.net, Málaga. En www.eumed.net/libros/2005/agl/index.htm

Galindo (2005b): La Utopía del Mercado. Una revisión de la Economía dominante. eumed.net, Málaga. http://www.eumed.net/libros/2005/agl2/index.htm

Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa.

Perelman (2006): Railroading Economics: The creation of the Free Market Mythology. Monthly Review Press, New York, 224 pages.

Petras, James (2007): "Crisis of US Capitalism or the Crisis of the US Wage and Salaried Worker?". Entelequia. Revista Interdisciplinar, 3, Primavera 2007. Págs. 3-11.
Disponible en Internet: <http://www.eumed.net/entelequia/es.art.php?a=03a01>

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