UNA REVISIÓN DE LA CONCEPCIÓN ORTODOXA DE LA TRANSICIÓN DEL SOCIALISMO AL CAPITALISMO

Raúl de Arriba Bueno “Una revisión de la concepción ortodoxa de la transición del socialismo al capitalismo" en Contribuciones a la Economía, septiembre 2006. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/

Tras el colapso de las economías centralmente planificadas en los países del Este de Europa, se desarrolla el proceso de transformación del sistema económico, dentro de un proceso más amplio de cambio del sistema social. El objetivo perseguido consiste en implantar un sistema capitalista donde la propiedad privada y el mercado constituyan las instituciones fundamentales en el proceso económico.

En el contexto de rechazo al anterior sistema social, político y económico, la opción elegida por los responsables del diseño de las reformas económicas ha sido imitar las economías capitalistas occidentales. Y, en general en las economías europeas, el modelo de transición escogido ha sido el ortodoxo. En realidad, según el enfoque ortodoxo, el modelo a imitar sería, incluso, más el de los manuales occidentales de economía que las propias economías occidentales reales.

El objetivo del trabajo es analizar críticamente las premisas y modelización del modelo ortodoxo de transición y valorar la viabilidad de su programa de reformas. Para ello, se examinan sus fundamentos últimos, su programa de reforma económica y los resultados de la misma. Por último, se ofrece una visión alternativa a los fundamentos del pensamiento neoliberal, concluyendo con algunas enseñanzas que la realidad proporciona.

Para comprender la lógica del enfoque ortodoxo de la transición resulta necesario analizar su visión sobre cuatro cuestiones fundamentales: (1) el status del sujeto económico, (2) la naturaleza del sistema económico, (3) la relación entre la esfera de lo económico y lo político y (4) el concepto de tiempo.

Los enfoques ortodoxos conceptualizan al individuo como un homo economicus. Éste dispone de información perfecta, ordena sus preferencias en un proceso de elección libre y racional y maximiza sus funciones-objetivo individuales. Se caracteriza, por tanto, por un esquema de comportamiento racional, libre de condicionantes culturales e históricos.

El sistema económico aparece aislado del sistema social, no como subsistema del mismo ni condicionado por éste, sino con su propia lógica y autonomía. Al mismo tiempo, el universo económico se reduce únicamente a variables económicas y cuantificables, de forma que el uso de ecuaciones matemáticas permite explicar la red de relaciones causales relevantes.

El enfoque ortodoxo posee una visión idealista de modelos universalmente válidos y confía en la certeza de determinadas leyes económicas, conocidas perfectamente, son aplicables en cualquier escenario. Estas leyes son establecidas, en muchas ocasiones, sobre la base de supuestos cuyo realismo es irrelevante, como sostiene M. Friedman, padre del monetarismo, neoliberal y defensor del positivismo en la ciencia económica. Efectivamente, "el problema importante sobre el que hay que interrogarse acerca de los supuestos de una teoría no es si son realistamente descriptivos, puesto que no lo son nunca, sino si son aproximaciones suficientemente buenas para el propósito que se tiene entre manos"; es más, "cualquier intento de ir más lejos en esta especie de realismo acabará por hacer que una teoría sea totalmente inútil" (Friedman, 1967, 20 y 34).

La concepción de la economía de mercado, según el pensamiento neoliberal, es la de un sistema autorregulado que tiende a permanecer en equilibrio, donde el precio recoge toda la información relevante para la asignación eficiente de los recursos. El precio se determina como consecuencia del encuentro entre la oferta y la demanda, que son la manifestación de la interacción entre individuos libres e iguales guiados por el principio de la racionalidad económica. De acuerdo con este universo, la política económica del neoliberalismo consistiría en garantizar el funcionamiento del libre mercado, la propiedad privada y la estabilidad monetaria.

En principio, el enfoque ortodoxo postula la separación entre la economía y la política. Friedman, de nuevo, considera la Economía Positiva, separada de la Economía Normativa, "independiente de cualquier posición ética o cualesquiera juicios normativos", es decir, "es o puede ser una ciencia objetiva precisamente en el mismo sentido que cualquiera de las ciencias físicas" (Friedman, 1967, 10).

En todo caso, las exigencias de la eficiencia económica se imponen sobre la realidad sociopolítica (valores, fines, necesidades). El experto, el asesor económico, desplaza las decisiones políticas y las reflexiones sobre los fines mismos de la política (De Arriba, 1994). Se trata de mantener las decisiones económicas al margen de la implicación de la sociedad en su discusión y evitar, así, la pérdida de eficiencia económica de la política económica que supondría la interposición de intereses inapropiados y de un conocimiento incorrecto. El papel de los agentes sociales se reduce al de agentes pasivos que responden al conjunto de incentivos que diseñan los expertos desde arriba.

Se puede afirmar que el enfoque ortodoxo conforma un concepto lineal, meramente cronológico y ahistórico del tiempo, que permite establecer relaciones causales lineales inequívocas. Según esta concepción, se confía en las posibilidades de rediseñar un nuevo sistema económico de forma inmediata, introduciendo nuevas estructuras formales que provocarán la transformación de la realidad en el sentido deseado.

De acuerdo con los análisis ortodoxos (Aslund, 1994 y 1996; Brada, 1993; Lipton y Sachs, 1990; Fischer, 1993), el modelo a imitar es el de las economías occidentales, de acuerdo con la concepción de economía de mercado descrito anteriormente. Se trata de eliminar totalmente las instituciones y relaciones del anterior sistema y sustituirlas por otras nuevas.

El esquema de la reforma económica a aplicar en cualquier economía en transición se articula en torno a tres ejes[1]: liberalización total e inmediata de la economía, estabilización macroeconómica radical y rápida transformación estructural (principalmente privatización).

Las medidas de liberalización incluyen: (i) la liberalización repentina de los precios, con la consiguiente supresión de los subsidios correspondientes; (ii) la liberalización del comercio interior, con el desmantelamiento del sistema estatal de distribución y abastecimiento; y (iii) la liberalización del comercio exterior y de las operaciones cambiarias, que supone el fin del monopolio estatal del comercio exterior, la eliminación de las restricciones cuantitativas y la reducción de las tarifas arancelarias y el establecimiento de la convertibilidad de la moneda, tras una fuerte devaluación.

La estabilización macroeconómica está dirigida a moderar la inflación, controlar los problemas de balanza de pagos, reducir el déficit público y estabilizar el tipo de cambio. El paquete de medidas de estabilización incluye una política monetaria fuertemente restrictiva que eleve los tipos de interés, reducción del gasto público, política de rentas referida al control del crecimiento de los salarios y aumento de los impuestos.

El núcleo de la transformación estructural lo constituye la privatización de la propiedad estatal y cooperativa. Ésta debe llevarse a cabo de forma inmediata, por lo que se recomienda, en el caso de las grandes empresas, desarrollar un programa de privatización masiva a través del reparto de cupones gratuitos. En el caso de las pequeñas empresas, se procede a la venta o restitución de la propiedad. Otras medidas estructurales son la reforma bancaria y la introducción de un mercado de capitales, que incluya la reestructuración financiera de los bancos y la aplicación de leyes de bancarrota; la creación de un sistema fiscal convencional, con la extensión del impuesto sobre la renta y el establecimiento de un impuesto sobre el valor añadido; y la redefinición del sistema de protección social, aspecto sobre el cual, en realidad, se pone escaso énfasis.

En este modelo de transición son destacables varias características que merecen ser subrayadas. Se trata de la rapidez en la implementación de la reforma, el papel central asignado a la variable precio, el problema del crecimiento económico y el papel del Estado.

Respecto a la aplicación radical de las medidas de reforma, la visión ortodoxa encuentra justificaciones tanto de carácter económico como político. Los argumentos de carácter económico tienen que ver con las ventajas atribuidas a la economía de libre mercado, en cuanto a mecanismo de asignación eficiente de los recursos. No sólo eso, las soluciones radicales son necesarias pues no hay otra opción para alcanzar el crecimiento económico (Aslund, 1994). Además, la actuación radical es perfectamente viable: la rápida mercantilización y privatización introducen automáticamente cambios en las actitudes y el comportamiento de los agentes económicos (fundamentalmente en las antiguas empresas estatales) que conducen a una solución eficiente en la asignación de recursos (Brada, 1993, 105).

Por otra parte, la necesidad de obtener asistencia de las instituciones internacionales, fundamentalmente del FMI, lleva a aceptar los programas de política económica que dicha institución vincula a los préstamos concedidos. Precisamente, estos programas reproducen el esquema ortodoxo descrito, poniendo especial énfasis en las medidas de estabilización. Este planteamiento del FMI es, desde luego, coherente con la finalidad última de su existencia, que no es otra que regular y mantener el orden en el sistema monetario internacional (Gomulka, 1995, 318).

Los argumentos de carácter político son diversos. Se considera que si la reforma no es rápida, si se hace de forma gradual, no hay garantías del triunfo del capitalismo sobre el socialismo. Una reforma radical es la mejor forma de hacer éstas irreversibles. Acabará con el comunismo y la vieja nomenclatura e instaurará la democracia y la libertad (Brada, 1993). Por su parte, Aslund (1996) sostiene que opciones graduales de aplicación de la reforma son fruto de imperfecciones sociopolíticas, gobiernos corruptos y prácticas de rent-seeking. La opción radical es la verdaderamente democrática. Aunque para su aplicación deban incluirse medidas destinadas a eliminar otras opciones: "Por ejemplo, en Polonia las asociaciones comunistas que amenazaban las reformas fueron desmanteladas, incluidas las estructuras formales del lobby del carbón, la unión de cooperativas y otros importantes bastiones de la nomenclatura" (Aslund, 1994, 276).

El programa ortodoxo para la transición pone especial énfasis en la estabilización macroeconómica y, especialmente, en el papel de los precios. El control de la inflación se convierte en objetivo fundamental en el proceso de reforma. Se entiende que un sistema de precios libres conduce a una asignación óptima de los recursos. Además, mejora el bienestar del consumidor (se eliminan las colas, desaparece la obligación de comprar bienes no deseados, mejora la calidad) y reconstruye la soberanía del consumidor. Por otra parte, según Fischer (1993), liberalizar los precios lentamente permitiría a las antiguas empresas sobrevivir y evitaría la reestructuración necesaria, además de que dificultaría la creación de nuevas empresas en el sector privado.

Respecto al problema del descenso en la producción, el enfoque ortodoxo considera esta cuestión de segunda importancia. Además, constituye la manifestación de la purga necesaria en el sistema productivo producida durante el proceso de mejora en la asignación de recursos. El verdadero objetivo de la transición es la transformación económica y no el crecimiento económico. Éste, además, llegará automáticamente tras la implantación enérgica de las medidas de estabilización y de transformación estructural.

Por último, en cuanto al papel que debe jugar el Estado en la transición, se considera que debe ser residual, debe interferir lo menos posible en el mecanismo regulador de mercado. Además, se identifica el Estado con la corrupción y los abusos de la burocracia, por lo que si se desea eliminar la corrupción habrá que reducir la intervención del Estado. Sus funciones se limitarán a asegurar la estabilización macroeconómica, establecer la legislación fundamental para el funcionamiento del mercado y garantizar el cumplimiento de las leyes (Aslund, 1994, 29). La reestructuración de la economía se realizará a través de la privatización.

Resulta difícil hacer un balance del proceso de transformación de las economías en transición dada la amplia diversidad de países con evoluciones distintas, con distintos grados de aplicación de las reformas y con distintas situaciones específicas de partida[2]. No obstante, aquí se trata tan sólo de hacer una aproximación general y no un análisis detallado de cada situación. En todo caso, el análisis hace referencia a los países donde se considera que se han aplicado con mayor radicalidad las reformas, como Polonia, la República Checa, Estonia o Eslovenia. En cualquier caso, para hacer una valoración adecuada, no sólo se tendrán en cuenta los resultados macroeconómicos sino también los cambios cualitativos.

Observando la evolución de la transición, podría concluirse cuatro tendencias generales: (1) se han realizado avances significativos en materia de estabilización macroeconómica en algunos países, (2) se ha producido una difícil inserción de estos países en la economía mundial, (3) la transformación estructural continúa siendo lenta y dificultosa y (4) los costes sociales de la transición son elevados.

1. En un primer momento, tras la liberalización de precios, se produjo un aumento considerable de la inflación. No obstante, pasado un tiempo, la inflación se ha reducido y estabilizado, aunque en unos niveles todavía algo elevados. Respecto al sector exterior, los países en transición tienen serias dificultades para corregir sus déficits, garantizar un flujo de ingresos suficiente, eliminar su endeudamiento y mantener estable sus tipos de cambio.

El descenso de la producción ha sido realmente significativo, hasta el punto que sólo recientemente el grupo de países europeos ha conseguido alcanzar los niveles de producción de 1989. Según Kornai (1994), las causas del colapso de la producción son varias: la reducción en el nivel de demanda, consecuencia de las políticas restrictivas y del descenso de la inversión y las exportaciones; el ajuste en la estructura productiva, producido como consecuencia de la liberalización de precios y del comercio exterior; el desmantelamiento de los mecanismos de coordinación e instituciones anteriores y la ausencia de nuevos sustitutos operativos; o el endurecimiento de la disciplina financiera sobre las empresas.

Por último, aparecen problemas de control de los presupuestos públicos. Las dificultades presupuestarias están ligadas a la reducida capacidad recaudadora del Estado, a la privatización de empresas, que antes suministraban buena parte de los ingresos y que ahora se instalan en el fraude fiscal, y al aumento de las necesidades sociales. La insuficiencia de recursos públicos es grave, pues representa una amenaza para la mejora de las infraestructuras productivas, la sanidad o la educación.

2. La inserción de estos países en la economía mundial está resultando dificultosa. Por una parte, sus producciones son escasamente demandadas por el exterior. Las exportaciones se componen principalmente de materias primas, productos agrarios o manufacturas de la industria ligera, es decir, productos de bajo valor añadido. Mientras que las importaciones se componen de maquinaria y equipamiento, bienes de consumo sofisticados, en definitiva, productos con alto contenido en tecnología y valor añadido. Únicamente países algunos países que han recibido inversión extranjera a través de empresas multinacionales incorporan en la estructura de los intercambios bienes de tecnología media-alta.

En cuanto a los flujos de capital exterior, su afluencia es muy limitada y en muchas ocasiones tiene carácter especulativo, dado la cobertura que supone la liberalización de los movimientos de capitales implantada. En cuanto a las inversiones directas, se observa una verdadera competición entre los distintos países por atraer a las multinacionales, que en ocasiones se traduce en autentica dependencia. Podría concluirse que la integración de los países en transición en la economía mundial se está caracterizando por la dependencia y el periferismo.

3. La transformación estructural está siendo más difícil de lo previsto. La privatización ha resultado y está resultando poco efectiva y más difícil de lo esperado (Godoy; Stiglitz, 2006). A ello contribuye la ausencia de mercados de capitales desarrollados y de inversores dispuestos a comprar las empresas estatales. Se han producido pocas ventas y muchas de las empresas se han entregado de forma gratuita a la población en los procesos de privatización de masas. En estos casos, las acciones acaban en manos de fondos de inversión, controlados por compañías de seguros y bancos cuyo principal accionista es el Estado, cuya influencia real sobre los gerentes de las empresas es escasa.

Ciertamente ha habido un crecimiento considerable del sector privado en estos países, pero ello no significa que hayan cambiado en la misma medida los modos de funcionamiento y se haya ampliado los mecanismos de regulación mercantiles. No se puede hablar de creación de una economía de mercado con sus mecanismos de funcionamiento[3]. En ocasiones existe poca diferencia entre el comportamiento de las empresas estatales y las ya privatizadas; tan sólo las nuevas empresas privadas, sobre todo, las extranjeras funcionan como en una economía de mercado.

Los sistemas financieros están poco desarrollados y funcionan en algunos aspectos con hábitos del pasado. Por ejemplo, persisten relaciones privilegiadas entre los bancos comerciales y las empresas estatales, antiguos clientes con los que se mantiene vínculos especiales; también puede citarse la importancia de los créditos interempresas, que constituiría un espacio del sistema financiero informal. Este subdesarrollo del sistema financiero impone límites a la eficacia de la política monetaria, que puede ser sorteada a través de los comportamientos mencionados.

Por último, hay que mencionar un rasgo ciertamente preocupante de algunas economías en transición, como es el espectacular aumento del crimen organizado, las actividades especulativas y el control de las mafias de parte importante del sistema productivo. Parece que el Estado se muestra incapaz de controlar parte de las actividades económicas, no sólo las propias de la economía sumergida, sino las referidas directamente a comportamientos delictivos como los mencionados.

4. El coste social de las reformas está siendo muy elevado. Fenómenos comunes a los países en transición son, por ejemplo, el crecimiento del desempleo, el descenso del nivel de vida de la población, el aumento de la pobreza, la acentuación de las desigualdades, el deterioro del régimen alimenticio, el aumento de la mortalidad infantil, el descenso de la esperanza de vida, la extensión de enfermedades coronarias, el aumento del número de suicidios o el crecimiento de los movimientos migratorios a Europa Occidental.

La inconsistencia de los fundamentos del modelo neoliberal: una visión alternativa.

Los resultados poco satisfactorios proporcionados por la realidad de los países en transición ha alimentado los trabajos que cuestionan los programas de reforma económica del enfoque ortodoxo (Andreff, 2003; Chavance, 2004; March y Sánchez, 2002). En este punto, resulta oportuno reflexionar a cerca de los pilares últimos sobre los que se apoya dicha escuela. Es momento de ofrecer una visión alternativa sobre las cuatro cuestiones fundamentales que constituyen el fundamento de la política económica de la transición[4].

Más que homo economicus, el individuo se asemeja a un homo habitus, es decir, un sujeto económico producto de su historia, educación, cultura y medio social específico. No dispone de información perfecta, sino que se mueve en un universo lleno de incertidumbres. Posee una racionalidad limitada y se caracteriza por un comportamiento adaptativo, más que maximizador, plagado de inercias y rutinas. Su respuesta ante los estímulos consistiría en diferentes tipos de acción y estaría inmerso en un proceso permanente de aprendizaje a lo largo del tiempo.

El sistema económico es un subsistema del sistema social y está profundamente condicionado por éste. El sistema económico aparece como el resultado de su proceso histórico específico y se caracteriza por la existencia de una variada red de relaciones complejas. Su análisis precisa, por tanto, un enfoque multidimensional, imposible de reducir a un conjunto de variables cuantitativas y ecuaciones matemáticas. No se puede, en consecuencia, hablar de modelos universalmente válidos, sino de realidades específicas en el espacio y en el tiempo.

Desde luego, en las economías capitalistas occidentales, que constituyen el referente del modelo ortodoxo, coexisten diversas formas de propiedad y el juego del libre mercado es una realidad totalmente desconocida. El proceso económico no es el resultado de la interacción de individuos libres e iguales, sino el resultado del desarrollo de construcciones institucionales específicas, formales e informales, configuradas históricamente a lo largo del tiempo, que son difícilmente sustituibles de la noche a la mañana.

Existe una inevitable interdependencia entre la economía y la política. Todo modelo económico lleva implícito un contenido normativo a priori referido al objeto de estudio escogido, el método, la intención, los supuestos, las simplificaciones, etc., por lo que no puede calificarse de neutral, objetivo o apolítico.

La política económica diseñada por la elite tecnocrática e impuesta a la sociedad desde arriba puede tener menos eficacia que si resulta como producto del proceso de interacción de los agentes y relaciones sociales. La política económica es una variable endógena, en el sentido que los agentes sociales son sujetos activos capaces de alterar las instituciones y redefinir la política económica. La política económica está inevitablemente colonizada por los intereses y relaciones de poder existentes en la sociedad. Por ello, hay que considerar la factibilidad política de las medidas económicas y el efecto de las restricciones políticas sobre el diseño de las mismas (Roland, 1993).

Al contrario que la visión del planteamiento neoliberal, el tiempo es un concepto histórico donde se subrayan los efectos trayectoria (path-dependence). Esta concepción manifiesta la dependencia de la realidad con su pasado y la importancia de los pequeños cambios que se manifiestan y amplifican con el tiempo. Asimismo, se trata de un tiempo enredado, no lineal, donde los cambios formales son más rápidos que los cambios en los comportamientos o en las estructuras informales. Esta concepción del tiempo determina una causalidad compleja, no lineal, irregular e imprevisible (incluso caótica).

La observación de la realidad del proceso de transición permite extraer algunas conclusiones. La primera de ellas es que la política importa. De hecho, los propios economistas ortodoxos admiten razones políticas en la implementación del programa de reformas radical. En este sentido, el impacto social de las reformas no es una cuestión sin trascendencia. Al contrario, el deterioro de las condiciones de vida de la población puede producir tensiones sociales importantes que cuestionen el modelo de transición y obliguen a una redefinición de la política económica. La economía no es un fin en sí mismo, más bien podría considerarse como un medio para la satisfacción de ciertas necesidades de la sociedad. En este sentido, el deterioro social experimentado durante la transición podría interpretarse como una perversión del fin último de la economía.

La segunda conclusión es la manifestación de la importancia de las instituciones informales presentes en la realidad económica. La historia también importa, pues configura los hábitos, los comportamientos, en definitiva, las especificidades de cada sociedad. Esta circunstancia cuestiona la factibilidad de importar modelos económicos ideales, como el ortodoxo, así como la validez de las relaciones causales simples de estos modelos. Así lo demuestra la incapacidad del esquema de privatización masiva para introducir modos de comportamiento propios de mecanismos de regulación mercantiles o la persistencia de inercias en el sistema financiero. Tampoco el crecimiento económico llega automáticamente a través de la fuerte estabilización y la rápida adopción de medidas liberalizadoras y estructurales.

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[1] Tal y como fue definido por Lipton y Sachs en su famoso trabajo Creating a Market Economy in the Eastern Europe: the case of Poland, Brookings Papers on Economy Activity, 1. 1990. La descripción de los tres ejes de la reforma está basada en Lavigne (1997).

[2] Podrían definirse los siguientes grupos de países: los países de la CEFTA (Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia) son los que más han avanzado en las reformas, los países balcánicos (Bulgaria, Rumanía y Albania), los países bálticos (Lituania, Letonia y Estonia), los países de la ex-Yugoslavia (Bosnia-Hercegovina, Croacia, Macedonia y Yugoslavia), Rusia y los países de la CEI (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Kazajistán, Kirguizistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán).

[3] Sobre esta cuestión y para el caso ruso, véase el trabajo de I. Pla: "Una primera aproximación sobre las inercias en el comportamiento de las empresas rusas privatizadas", Quaderns de Política Econòmica, 20. 1998.

[4] Los planteamientos que se exponen a continuación son fruto de distintas fuentes, como son el pensamiento complejo (E. Morin), la teoría de la racionalidad limitada (H. Simon), la escuela regulacionista francesa y la economía evolucionista (P. Murrell).