FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL

Jorge Luis Hernández, Horacio Alfredo Gil y Alberto Cantero Gutiérrez (CV)
Universidad Nacional de Río Cuarto
jhernandez@eco.unrc.edu.ar

RESUMEN
Los nuevos desarrollos teóricos sobre el desarrollo proporcionan el marco conceptual para diseñar herramientas que mejoran la competitividad territorial. Los autores, muestran como la creación de Sociedades de Economía Mixta pueden desarrollar una red para articular diferentes actores e instituciones, por ejemplo, productores, la universidad, agricultores, el gobierno local y nacional. Se discuten dos tipos de Sociedades, uno de los cuales asocia a productores para industrializar sus propios productos. El segundo tipo asocia a pequeños y medianos empresarios con el municipio para brindar servicios públicos, las dos Sociedades se localizan en la ciudad de Río Cuarto. Finalmente, el estudio muestra las características específicas de estas empresas y alguna desventaja que debe considerarse cuando se promueven este tipo de institución en otra situación.

ABSTRACT

The new development theory provides the framework to design tools that territorial competitiveness. The authors, show as the creation of Societies of Mixed Economy they can develop a net to articulate different actors and institutions, for example, producers, the university, farmers, the local and national government. Two types of Societies are analyzed. The first type of society associates small and medium farmers to industrialize their own products. The second type associates small and medium enterprises to offer public services, the two Societies are located in the city of Río Cuarto. Finally, the study shows the specific characteristics of these associations and some disadvantage that it should be considered when societies of mixed economy are promoted in another situation.

PALABRAS CLAVES: Desarrollo Territorial, Desarrollo Local, Capital Social, Sociedades de Economía Mixta

Hernandez, J., H. Gil y A. Cantero “Fortalecimiento del Capital Social" en Contribuciones a la Economía, noviembre 2006. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/

A partir de las últimas décadas del Siglo anterior resurgen como temas relevantes de la teoría económica las cuestiones vinculadas al desarrollo y el redescubrimiento del espacio como factor de atracción locacional de emprendimientos productivos y de generador de trayectorias dinámicas diferenciales.

En la Argentina, el análisis de los factores espontáneos de localización de emprendimientos productivos con alta movilidad espacial (la industria y algunos servicios) pone un manto de escepticismo sobre el futuro de los territorios menos poblados. Sin embargo, existe evidencia empírica que indica que localización de la actividad industrial se ha mostrado sensible a incentivos conducentes a su descentralización y que existen servicios que pueden ser deslocalizados.

Esta evidencia empírica y los nuevos desarrollos teóricos permiten recuperar las expectativas sobre las posibilidades de diseñar políticas basadas en el fortalecimiento de las potencialidades locales y/o regionales. Para ello se hace necesario disponer, además de recursos económicos, un conjunto de acciones conducentes a reforzar o hacer emerger procesos sinérgicos que promuevan el potencial endógeno de las diferentes regiones.

Dentro del conjunto de factores que están cobrando relevancia en la determinación de la mejora de la competitividad territorial, esta emergiendo con mucha fortaleza el concepto de capital social.

Esta categoría, sintetiza los aportes recogidos de la existencia de redes de empresas asentadas sobre un territorio particular (cluster) y de adecuadas dotaciones de capital humano y financiero.

En este trabajo se presenta el diseño e implementación de una estrategia de creación y consolidación de capital social, basada en la articulación de esfuerzos públicos y privados que, bajo la forma de Sociedades de Economía Mixta, se ha llevado a cabo en una ciudad del interior argentino.

Luego de un prolongado letargo, producto del dominio académico del principio walrasiano de rendimientos constantes a escala, en el último cuarto del Siglo anterior comienza a revalorizarse el papel del territorio a partir de los nuevos desarrollos teóricos sobre distritos industriales [1] , modelos de crecimiento [2] y la nueva geografía económica [3] .

En el marco de estas renovadas teorías encuentran explicaciones las grandes disparidades observadas en la distribución espacial de la población y de la actividad económica y los diferentes ritmos de crecimiento que se observan en distintos territorios, aún bajo idénticas o muy similares condiciones macroeconómicas, esto es, en general, al interior de un Estado Nación o de una región supranacional, como la Unión Europea.

Esto ha conducido a redescubrir en los ambientes académicos y políticos la temática del desarrollo económico local y regional y la competitividad territorial. Estos nuevos marcos teóricos han propiciado el diseño e implementación de numerosas políticas de desarrollo, algunas de nuevo cuño, otras remozadas de experiencias anteriores [4] .

Las nuevas políticas locales y regionales, teniendo como punto de partida los objetivos convencionales de incrementar la producción y el empleo y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, han ido progresivamente poniendo el foco, también, en la transformación de sus espacios productivos, estimulando el aprovechamiento de sus potencialidades endógenas, tendiendo a desarrollar un clima de mayor competitividad.

Dentro de los nuevos desafíos que enfrenta la gestión pública, siguiendo a Silva Lira (2005:86) queremos resaltar posibilidad, desde ella, de “inducir el desarrollo de redes de empresas organizadas con asiento en un particular territorio (cluster), donde la colaboración y la asociatividad de las empresas son elementos centrales para impulsar su competitividad”. Las virtudes de la conformación de estas redes son remarcadas por el autor cuando señala que “en la vecindad de un territorio puede convivir una cantidad de empresas que, si se organizan, tienen la posibilidad de desarrollar la capacidad de asociarse, competir, cooperar, eslabonarse, aprender, especializarse, para, en lo posible, explotar toda la cadena de valor de un determinado proceso productivo” [Silva Lira (2005:87)].

Para fortalecer estar redes y hacerlas sostenibles temporalmente, los gobiernos subnacionales (locales o regionales) deben adicionar funciones a las que han sido sus tradicionales competencias. En tal sentido podemos rescatar, siguiendo nuevamente a Silva Lira (2005:87-88), las que se detallan:

–Un rol de liderazgo, capaz de activar y canalizar las fuerzas sociales en pos de un proyecto de desarrollo común.

–Un rol de fomento productivo y de impulso al desarrollo de los planos mesoeconómico y microeconómico de la competitividad sistémica.”

En definitiva, lo que se trata a través de estas acciones es la constitución de un activo territorial que haga atractiva la localización de nuevos emprendimientos productivos y genere una dinámica innovativa que produzca una mejora en la competitividad territorial.

Este activo ha recibido en la literatura del desarrollo diferentes denominaciones, emergiendo con mucha fortaleza el concepto de capital social que, en términos de Rayney (2003) está constituido por tres elementos principales, una red de vinculación de instituciones y sociedad, el capital humano y un adecuado financiamiento. En tal sentido la posibilidad de desarrollar una masa critica empresarial local se considera como una condición necesaria para el desarrollo, conjuntamente con el desarrollo de redes institucionales y una adecuada ingeniería financiera.

En Argentina, y muy probablemente en la mayoría de los países de América Latina, estos nuevos desafíos son particularmente importantes a nivel de regiones y localidades diferentes de las principales Áreas Metropolitanas donde, espontáneamente [5] , se registra el mayor volumen de inversiones.

En nuestro país, el desarrollo productivo ha seguido un patrón que ha generado una distribución de la actividad económica y la población que muestra un territorio particularmente desequilibrado, teniendo su expresión más preocupante en las muy marcadas disparidades en el Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita y sin evidencia de convergencia [6] .

En una investigación anterior [7] concluíamos que el análisis de los factores espontáneos de localización de emprendimientos industriales en nuestro país, como se señalara, pone un manto de escepticismo sobre el futuro de los territorios menos poblados. Sin embargo, también percibíamos que la localización de la actividad industrial se ha mostrado sensible a incentivos conducentes a su descentralización.

Este tipo de políticas se han llevado a cabo, fundamentalmente, mediante estímulos fiscales promocionando algunos sectores en algunas regiones o, territorios provinciales sin discriminación de sectores.

De estas experiencias podemos observar, por una parte, que medidas de políticas homogéneas para territorios subnacionales no han tenido el mismo impacto territorial en relación a la producción y al valor agregado por los emprendimientos beneficiarios de esas políticas [8] y que, por otra parte, la evolución temporal de las experiencias de promoción industrial implementadas en nuestro país, ponen en duda la viabilidad de las mismas cuando finalizan los estímulos fiscales para la radicación emprendimientos fuera de los lugares naturales de localización.

De estas experiencias podemos extraer dos lecciones principales. En primer lugar concluir que, como establecen los nuevos desarrollos teóricos, en cada territorio existen algunas características particulares que constituyen activos intangibles, con características de bienes cuasi públicos, que a iguales condiciones macroeconómicas mejoran las condiciones de localización de emprendimientos productivos. En segundo lugar podemos inferir que esos activos pueden ser insuficientes para sustentar temporalmente las radicaciones productivas obtenidas como resultado de las políticas de promoción territorial.

Para fortalecer el anclaje territorial de emprendimientos productivos, su sustentabilidad temporal y la generación de condiciones de desarrollo económico y social, se hace necesario disponer, además de recursos económicos, un conjunto de acciones conducentes a reforzar o hacer emerger procesos sinérgicos que promuevan el potencial endógeno de las diferentes regiones.

La ciudad de Río Cuarto, con una población de alrededor de 160.000 habitantes, a contado históricamente con una base productiva vinculada al sector agropecuario, fundamentalmente con la provisión de insumos y servicios, con un ámbito de influencia delimitado por un radio de alrededor de 120 Km.

Como sucedió en todo el país, el final del Siglo pasado encontró la actividad en la ciudad en franco retroceso y el mercado laboral y la situación social extremadamente deteriorada

Los cambios ocurridos en las economías de las ultimas décadas, entendidos en términos de intercambios, hiperinflación y apertura económica [9] , generó un estancamiento económico-social, que trajo como consecuencia una disminución de la rentabilidad y una falta de viabilidad económica principalmente en las pequeñas y medianas empresas, imposibilitando retener la mano de obra familiar y extrafamiliar. Produciendo procesos de expulsión, que se traducen en movimientos migratorios con pocas posibilidades de reinserción en otras áreas rurales y con elevada dificultad para lograr reubicaciones en sectores urbanos [10] .

Esta situación ha precarizado notablemente el mercado laboral y degradado las condiciones de vida de la población. Según datos del Censo Municipal de diciembre de 1999, sólo un 25% de la población tenía ingresos provenientes de una actividad estable y la distribución del ingreso mostraba una creciente concentración.

La fuerte reestructuración de la actividad agropecuaria, caracterizada fundamentalmente por la creciente concentración de la explotación -que fue modificando su logística y, por lo tanto, sus efectos de arrastre sobre la economía urbana- y la agriculturización del sector, debilitaron la demanda por bienes y servicios urbanos tradicionales, siendo en buena medida factores de explicación de la decadencia de la economía de la ciudad, que mostró su pico más crítico en Abril de 1995, cuando la tasa de desocupación abierta alcanzó el 25%.

Esta situación de debilidad estructural del aparato productivo conducía a la urgente implementación de acciones de política sobre actividades que expandieran la demanda por bienes y servicios locales y favorecieran el uso más extenso y eficiente de la dotación de recursos locales, en particular capital humano y financiero.

En tal sentido se detectó que, concomitante al decrecimiento de la actividad, la ciudad y la región “exportaban” importantes flujos de capitales financieros a través del sistema bancario, probablemente por falta de proyectos de inversión que pudieran valorizar ese capital a través del aparato productivo local y/o regional.

Por otra parte, se observaba la existencia, en dos fuentes, de una importante dotación de conocimiento útil escasamente aprovechado. Estas dotaciones de conocimiento se presentaban en la Universidad Nacional de Río Cuarto y en las habilidades de algunos pequeños productores de bienes primarios no tradicionales.

El mercado laboral presentaba, adicionalmente, el clásico problema de inadecuación entre las cualificaciones y/o saberes de los trabajadores con problemas de inserción laboral y las necesidades derivadas de la tenue demanda existente y de las potenciales a desarrollar.

Sobre la base de ese diagnóstico y, bajo los presupuestos teóricos antes expuestos, se formuló una propuesta articulada sobre dos ejes estratégicos: la mejora en la empleabilidad de los trabajadores y la promoción de la actividad económico local.

En el marco de un amplio conjunto de acciones destinadas a la promoción de la economía local se impulsó la asociación pública y privada, a través de la constitución de Sociedades de Economía Mixta (SEM) [11] con el objetivo general de generar nuevos espacios de negocios que permitieran rentabilizar, en la producción de bienes y servicios, el capital financiero y los saberes disponibles localmente y, a partir de los probables encadenamientos productivos derivados de ellas, incrementar el valor agregado y la demanda de trabajo.

Esta configuración societaria ha sido determinada por la necesidad de articular esfuerzos de integración de capitales públicos y privados. En tal sentido, nuestra legislación nacional determina sólo dos figuras legales de articulación de capitales de esta naturaleza, las SEM y las Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM). En este último caso, como es obvio, la integración de capital debe ser mayoritariamente pública, en tanto las SEM no requieren necesariamente esta condición.

Si bien la contraparte privada requería la participación accionaría pública como un elemento catalizador de la asociatividad privada, no se requería un control del capital, aunque de las experiencias concretas apareciera la necesidad de participaciones con diferentes porcentuales en distintos casos, dependiendo de las capacidades financieras de los actores privados intervinientes en cada emprendimiento. En consideración a ello, la figura de la SEM se adecuaba a las posibilidades y necesidades de todas las partes.

La constitución de SEM requiere una fuerte comunión de objetivos y afecto societario entre los actores privados y públicos, en particular cuando, como en las experiencias relatadas, la participación pública en su capital es minoritaria, porque la legislación prevé, cualquiera sea la composición del capital, la presidencia con derecho veto y por lo menos un tercio del directorio y la presidencia del mismo en manos de representantes del capital público.

Este hecho se constituye en una importante característica de esta herramienta como instrumento de política económica, fortaleciendo la probabilidad del cumplimiento de los lineamientos estratégicos a través de la utilización del veto presidencial cuando las decisiones empresariales pudieran propiciar acciones que las alejaran de ellos.

En el plano estratégico, se definieron dos áreas de intervención: emprendimientos vinculados a la producción primaria y a la prestación de servicios públicos. En consideración a que cada uno de estos grupos ha perseguido objetivos específicos distintos y relacionando actores con diferentes trayectorias, ilustraremos esta situación con el análisis de una experiencia de cada uno de ellos.

En relación con la rama de actividad mencionada en primer lugar, fueron creadas las empresas Mieles del Sur SEM, con el objeto de agregar valor a la producción apícola regional mediante el fraccionamiento y mejorar los precios del productor a través de la exportación directa y Frigorífico del Sur SEM, vinculada a las producciones animales no tradicionales para la región donde se vinculó a productores rurales y periurbanos de corderos ñandú chivitos, nutrias y conejos.

Para la prestación de servicios públicos se constituyeron dos empresas, Servicios de Mantenimiento de Infraestructura Urbana del Sur SEM (SEMIUSUR SEM), especializada en el mantenimiento, fundamentalmente, del alumbrado público y la red vial urbana y Gestión Ambiental del Sur SEM (GAMSUR SEM) especializada en la gestión de los residuos sólidos y el barrido y la limpieza urbana, experiencia que detallaremos a continuación.

Si bien el instrumento utilizado presenta un importante número de virtudes, presenta también algunas dificultades, vinculadas con la necesidad de un proceso político de legitimación, donde más allá de los acuerdos sociales preestablecidos, las estrategias partidarias han jugado un rol asincrónico con esos acuerdos y sólo la presión social hizo posible la aprobación y sanción de las normas necesarias para su implementación.

Estímulo al desarrollo local de gestión de servicios con demanda estable o creciente

Como sucediera en gran parte de nuestro país en la última década del Siglo anterior, en la ciudad de Río Cuarto se privatizaron la mayoría de los servicios públicos, pasando de la gestión municipal a manos de empresas multinacionales o nacionales de gran envergadura.

Las características que los prestadores privados le imprimieron a la gestión de los servicios prestados convirtieron estas actividades en especies de enclaves, sin articulación con el aparato productivo local y con giro de excedentes sin ningún tipo de reinversión en el espacio económico de la ciudad y/o la región.

La posibilidad de retener los excedentes de explotación en la ciudad, de generar un nuevo espacio productivo de valorización del capital financiero local y de estimular algunas actividades conexas al objeto de la sociedad se convirtieron en importantes determinantes de la decisión de emprender las actividades, al igual que las características de la demanda de estos servicios que se estima estable en el peor de los escenarios, pero, fundamentalmente, creciente, al menos para acompañar el crecimiento vegetativo de las urbes. El desarrollo y manejo de un know how aparentemente complejo y en condiciones de competitividad en calidad y en costos era el desafío.

Con el objeto de generar un entorno favorable para el desarrollo local, estimulando la participación de actores locales con trayectoria empresarial y capacidad de inversión, se convocaron audiencias públicas para la elaboración de las condiciones de asociación y la estrategia de negocios que quedó reflejada en el estatuto de la sociedad.

Dadas las características de los empresarios dispuestos a participar de los emprendimientos, de tamaños pequeños y medianos con capacidad financiera para integrar el capital para adquirir los activos necesarios para emprender las actividades, el Estado municipal participó con sólo el 10% del total accionario.

Con esta intervención se valorizaron dos recursos locales, el capital financiero y la capacidad empresarial.

El desafió de desarrollar un know how propio para la prestación de los servicios se esperaba resolver, y así se hizo, recurriendo a los servicios de la inteligencia existente en los profesionales de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

En el caso particular de GAMSUR SEM, la naturaleza del equipamiento y los insumos necesarios para desarrollar la actividad hacía prever la posibilidad de realizar nuevos espacios de actividad conexos, fundamentalmente del sector metalúrgico, como el carrozado de los equipos rodantes y la provisión de otros equipos menores, como contenedores de diversas características y envergadura. Para la provisión de este equipamiento se interesó a empresarios metalúrgicos y se incentivó su asociación para encarar la tarea, lo que sólo se logro en el caso del equipamiento menor y no para las carrocerías de camiones recolectores y compactadores, habiéndose perdido una importante oportunidad en consideración a que en el país sólo existen dos empresas proveedoras de equipos y que la empresa estaba dispuesta a asumir un costo mayor por unidad que cofinanciara el aprendizaje del empresariado metalúrgico local.

En relación con los insumos necesarios para la prestación de los servicios, si bien en principio poco relevantes, por ser una actividad con un fuerte contenido de mano de obra y combustibles en la estructura de costos variables, se previó la posibilidad de ser provistos por actores locales, lo que se consiguió en su totalidad.

La unión de todos estos elementos puede considerarse satisfactoria desde el punto de vista de la localización de actividades productivas, el desafío adicional consiste en hacer de esta empresa un actor extrarregional, que potencie la demanda de insumos y amplíe la disponibilidad de excedentes locales a partir de la prestación de servicios fuera de la ciudad, para lo que se requiere generar en la empresa las condiciones de competitividad que le permitan disputar mercados con actores globales.

Para estimular estas condiciones, se fijó una tarifa por el servicio idéntica a la establecida mediante licitación al prestador anterior e idénticos requisitos contractuales, con lo que se buscó garantizar un nivel mínimo de eficiente económica.

Para garantizar que no se resintiera la calidad del servicio se convino entre las partes la obligatoriedad de la certificación de procesos bajo normas internacionales mediante certificadora de prestigio, lo que ya fue conseguido.

Por otra parte, dadas las características del nuevo prestador, SEM de capital local surgida de un proceso político muy mediatizado, las exigencias ciudadanas operaran como fuerte estímulo por la calidad del servicio.

La captura de nuevos mercados será el desafió más fuerte a enfrentar en el futuro, que ya ha comenzado a concretarse a través del acceso a algunas actividades, aunque todavía de magnitud menor.

Como una externalidad de esta intervención puede destacarse que un grupo de empresas constructoras, socias de GAMSUR SEM, mediante la conformación de una alianza estratégica, a través de la figura asociativa de Unión Transitoria de Empresas (UTE), pudieron acceder a la adjudicación, fuera de la ciudad de Río Cuarto, de obras que, por su envergadura las excluían a cada una individualmente. Esta experiencia asociativa fue posible en virtud del conocimiento recíproco de las empresas y el afecto societario establecido en el ámbito de la SEM.

La producción de carnes alternativas (chivito cordero, nutria y ñandú) en términos generales y, en particular, de carne de conejo, son actividades vinculadas al microemprendedorismo y la pequeña escala.

La cunicultura, desde el punto de vista social, presenta dos características relevantes: por una parte, un bajo nivel de inversión por puesto de trabajo generado, con bajos requerimiento de espacio y, por otra parte, la posibilidad de la explotación familiar, lo que facilita la inclusión de actores sociales de bajo recursos económicos.

Sin embargo, este modelo de promoción social, daba la pequeña escala, genera una capacidad productiva desfasada de los requerimientos que la actividad presenta en los mercados externos, que exigen importantes volúmenes, la continuidad en la provisión y una adecuada calidad.

La producción cunícola regional mostraba que los actores que participaban de la cadena de valor se encontraban desarticulados, con niveles de ineficiencia y altos costos de transacción entre eslabones. A modo de ejemplo puede señalarse que, aún actualmente, existen a nivel país, sólo dos frigoríficos habilitados para exportación de carne de conejo, para los cuales su actividad principal es la faena de liebres salvajes

Estos son algunos de los antecedentes fundacionales que motivaron la articulación de los pequeños productores y el Estado municipal, con el objeto de poner en marcha un Frigorífico que conjugue la capacidad instalada en materia productiva en la región, con la posibilidad de comercializar su producto de forma asociativa, incrementando los niveles de sustentabilidad del sector.

La sociedad se constituyó con 138 socios privados y la Municipalidad Río Cuarto. El ingreso de actores sociales de escasos recursos económicos se facilitó permitiendo el ingreso de condominios accionarios, con el fin de que los muy pequeños productores pudieran completar la cuota parte requerida para el ingreso.

La distribución accionaria se realizó de acuerdo a lo estipulado por el estatuto societario, que fue construido por consenso de las partes y aprobado por unanimidad en el Consejo Deliberante, correspondiendo el 40% del capital accionario al municipio y el 60 % al sector privado.

Como puede observarse de la comparación con les SEM prestadoras de servicios, en estas sociedades el Estado local ha comprometido un porcentaje mayor de capital, en consideración de las menores disponibilidades financieras de la contraparte privada.

Durante la etapa de inversión de la planta se fueron realizando actividades tendientes al desarrollo de las cuencas cunícola y ovina, con la finalidad de incrementar la producción y mejorar y estandarizar la calidad. En tal sentido merecen destacarse actividades como la capacitación de productores y el apoyo financiero, que fueron acciones concertadas y cofinanciadas por actores de la sociedad civil -fundamentalmente los propios productores-, de la Universidad Nacional y de los gobiernos municipal y provincial.

De igual modo, y para acceder al financiamiento de reproductores e instalaciones ofrecido por programas nacionales, se formaron tres asociaciones de productores de cordero.

Mas allá de los aportes de capital realizado por los socios, que resultó insuficiente por la devaluación, se solicitó y se obtuvo apoyo financiero por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con lo que se habilito la planta en una primera etapa para mercado local, estando en la actualidad en proceso de terminación para la habilitación para trafico federal y mercado internacional

En el plano de la promoción social se formuló un proyecto con la finalidad de facilitar la actividad de productores urbanos que crían conejo como actividad económica complementaria del ingreso familiar y a muy pequeña escala. En tal sentido, se logró conformar una asociación de productores urbanos que se agruparon para construir un galpón comunitario de engorde de conejos que, complementando la fase de cría que continuará en el domicilio, facilitará el cumplimiento de normativas sanitarias, optimizará el trabajo familiar y tendrá los benéficos de la economía de escala en cuanto a la provisión de insumos de la actividad. Esta iniciativa también contó con el apoyo financiero de la nación.

Con estas medidas se logró consolidar una cuenca de mas de 2000 madres vinculadas al frigorífico, que es el tamaño mínimo para satisfacer la demanda de cantidad de animales para completar un contenedor para exportación de 20000 Kg. mensuales.

Como externalidades positivas de los emprendimientos pueden mencionarse el desarrollo de un grupo de empresas proveedoras de insumos y de servicios, existiendo en la actualidad fabricas de jaulas y de alimentos balanceados, servicios veterinarios especializados que han ido creciendo en su actividad conjuntamente con el desarrollo del proyecto.

En el transcurso de la experiencia relatada se han encontrado algunas importantes dificultades entre las que merecen destacarse los problemas en el financiamiento este tipo de emprendimiento -caracterizado por la presencia de microemprendedores y de muy bajos recursos que en general no son sujetos de crédito-, graves problemas de tipo impositivo -en consideración a que muchos de los actores sociales no se encuadran a las disposiciones legales- que dificultan la comercialización de los productos y la competencia ilegal en la comercialización -por la existencia de competidores que no se ajustan a las normativas vigentes.

CONCLUSION

A partir de la redefinición de las condiciones de producción e intercambio observadas en las últimas décadas y, en particular, de la crisis que atraviesa nuestro país, los estados locales y regionales han ido incorporando nuevas funciones y, con ello, enfrentando nuevos desafíos. Las nuevas teorías del desarrollo han comenzado a dar pistas sobre los elementos relevantes en el diseño de herramientas que mejoren las condiciones de localización y competitividad territorial.

La experiencia relatada en este trabajo muestra como elementos destacables la posibilidad de desarrollar redes que articulan diferentes actores sociales –productores, instituciones de investigación y desarrollo y el Estado local- impulsando procesos sinérgicos que valorizan las potencialidades locales, permiten la ampliación del espacio de valorización productiva del capital financiero y mejoran la dotación del capital humano.

Por las características específicas del instrumento tratado, sociedades de capital, y la necesidad de ser legalizadas a través del proceso político, la implementación de estrategias que contemplen esta herramienta requiere un fuerte proceso de negociación social que puede convertirse en su garantía de sustentabilidad temporal.

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[1] Becattini (1979)

[2] Jacobs (1969,1984), Romer (1986, 1987, 1990), Lucas (1988), Porter (1990). En América Latina ha contribuido significativamente la CEPAL.

[3] Krugman (1991a, 1991b)

[4] Recuperando, fundamentalmente, las enseñanzas de Myrdal (1957) y Hirschman (1958).

[5] Seguramente por la posibilidad de internalizar externalidades derivadas de economías de urbanización -tales como infraestructuras y servicios avanzados.

[6] Marina et al. (2000)

[7] Hernández (2000)

[8] Ibid.

[9] Un interesante análisis puede encontrarse en Rapoport (2003)

[10] Becerra (1999)

[11] Figura legal creada mediante Decreto-Ley Nº 15.349/46