Revisión teórica de la politica de seguridad democrática

David Alejandro Ardila Ramírez
davidardila31@gmail.com
Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga

RESUMEN

Adam Smith justifica que el Estado a través del gobierno tiene tres obligaciones con los individuos que son (1) proteger a los ciudadanos de la violencia; (2) protección de la injusticia y la opresión; (3) conservación de instituciones y obras públicas. A partir de allí se examinan las implicaciones de estos servicios fundamentales de la relación Estado-sociedad, adicionando las consecuencias de la implementación en Colombia de una mal llamada Política de Seguridad Democrática, que asigna mayor importancia a lo urbano sobre lo rural, al rico sobre el pobre. Y que ha desencadenado en el beneficio de unos a expensas del dolor y sufrimiento de otros.

Ardila Ramírez, D.A. “Revisión teórica de la politica de seguridad democrática" en Contribuciones a la Economía, mayo 2006. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/

INTRODUCCION

Según la teoría económica, hay tres fuentes capaces de proveer los servicios requeridos por una sociedad, estos son: el Estado, el mercado y el individuo; que actúan respectivamente sobre la base de la coerción, la de los precios y la de la cooperación. Al respecto algunos objetan que tanto la seguridad como la justicia son bienes públicos cuya consolidación depende tanto de la acción estatal como del comportamiento ciudadano. (Mockus, citado en INDH, 2003, p 178-180)

Es por ello que “Razonar” en torno a la temática de la seguridad actualmente, donde se hace más necesario su implementación especialmente en países con conflicto interno como Colombia, constituye todo un desafío si se toma en cuenta el llamado internacional de lucha contra toda forma de inseguridad y “terrorismo”. De manera adicional, se debe considerar válido rescatar esta temática dada la coyuntura colombiana actual y la implementación estatal de la Política de Seguridad Democrática a cargo del Presidente Uribe.

El presente escrito procura contrastar cierta literatura económica, soportado especialmente en algunos planteamientos de la teoría económica. Se hace referencia explícita a obras tales como, La Riqueza de las Naciones de Adam Smith; La Libertad de Elegir de Milton y Rose Friedman; algunos fragmentos de Instituciones, cambio institucional y desempeño económico de Douglass North; Teoría de la Justicia de Jhon Rawls y Los Fundamentos de la Libertad de Friedrich Hayek; conteniendo de ellas lo atinente al concepto de Estado y su injerencia en la seguridad.

La primera sección revisa la literatura de la teoría económica referida y su juicio respectivo al Estado y el papel que juega esta fuente en la justicia, se parte del análisis encabezado por Adam Smith y su declaración de las tres obligaciones del Estado. La segunda sección, contextualiza el núcleo del ensayo, pues, inicia el debate en torno a la temática de la seguridad y los arquetipos de seguridad más comúnmente aceptadas con el fin de delimitar el significado de seguridad debido a su amplio y policonceptual significado. En la tercera sección, se profundiza el problema planteado en el trabajo acerca de la Política de Seguridad Democrática y su “inequidad” con los ciudadanos, partiendo de los elementos que aportan los teóricos Friedman, Hayek y Rawls. En la cuarta sección se presentan las conclusiones a las que llega el estudio sobre el tema abordado y se intenta sugerir algunas recomendaciones de acuerdo al planteamiento del problema.

Las concepciones del Estado varían desde posiciones que demandan una mínima intervención -prácticamente ausencia de todo Estado- hasta masivas intervenciones en toda suerte de actividades (la más conocida versión de esta última pretensión es el “Estado benefactor” o en inglés Welfare State). Principalmente se consideran importantes la planificación de los gobiernos en temas como la educación, salud, vivienda, políticas de seguridad alimentaria, aplicación de justicia, entre otros. Cierto es que, observando desde las posiciones de los más liberales hasta los teóricos socialistas; pasando por los keynesianos y defensores del “Estado paternal”, todos concluyen que aunque mínimo es indispensable el Estado para garantizar determinados servicios.

Los teóricos tanto de la “derecha” como de la “izquierda”, coinciden en que el Estado debe responder a unos mínimos requerimientos que demandan la sociedad civil, es decir, debe proteger e intervenir en ciertas actividades necesarias y las cuales le competen exclusivamente al Estado, comprendiendo que no se podrían dejar a manos del mercado, por razones de conveniencia social. Esto quiere decir, que no sería viable dejarlo a cargo del sector privado porque este último no podría garantizar estos mínimos acuerdos.[1]

Es así como Adam Smith, quien fuera uno de los mas brillantes defensores del liberalismo y del poder del mercado de los siglos XVIII-XIX, afirma que (Smith, citado en Friedman, 1996, p, 16):

En este marco debemos considerar todo el apoyo y la defensa que hace Smith de un Estado que garantice el actuar de una manera libre a los individuos, y que por ende deje la función de la economía en manos del “mercado”. De acuerdo con Smith; este último es el “mejor” asignador de los recursos de una economía, mientras el Estado lo que genera son distorsiones cuando interviene.

Pero antes de continuar debemos considerar las tres obligaciones del Estado de acuerdo con los planteamientos de Smith. En efecto, cuando agrega más adelante para aclarar los alcances dela intervención señala que (Smith, citado en Friedman, 1996, p, 49-50):

Es así como Smith justifica allí que es necesaria la intervención del Estado en las labores que exclusivamente le atañen a él como es “proteger a los ciudadanos de la violencia, la injusticia y la opresión”.

Atengámonos ahora a Hayek, quien asigna una gran ponderación a la importancia de que los individuos tengan en cuenta el concepto de libertad en el comportamiento cotidiano de sus acciones. En Hayek, la libertad significó en todo momento la posibilidad de que una persona actuase según sus propias decisiones y planes; en contraste con la posición de los intervencionistas que spara el colocan al sujeto a expensas de la voluntad del otro, quién de modo arbitrario, podía coaccionarle para que actuase o no de una forma específica. De ahí que las tareas del Estado no son un deber exclusivo del gobierno, sinotambién de los individuos, que mediante el uso de su libertad pública participan en la elección de su gobierno; en el proceso de definición de la legislación y en el control de la administración. Pero la elección del propio gobierno no asegura la libertad.

La coacción, sin embargo no puede descartarse totalmente, porque la vía ideal para impedirla es la amenaza de coacción. La sociedad libre se ha enfrentado con este inconveniente confiriendo al Estado el monopolio de la coacción. Por lo tanto el mismo Estado se ha encargado de coaccionar parcialmente a la gente para establecer reglas de juego claras e iguales para todos los agentes económicos, de manera que la persona pueda usar de un modo completo su capacidad mental. Un Estado que vaya más allá de este punto impedirá a la comunidad el pleno suministro del que es capaz adicionalmente reduciendo la capacidad del individuo para aportar a la sociedad.

El Estado y la esfera restringida de los que habla Hayek, pone en tela de juicio el nuevo poder del Estado nacional altamente organizado que surgió en los siglos XV y XVI, utilizando la legislación por primera vez como instrumento de política deliberada, sin tener en cuenta que no se partía de la necesidad de protección contra la interferencia imprevisible. De esta manera exalta Hayek que la primera máxima del Estado libre es que las leyes se elaboren por quienes no han de administrarlas, por lo tanto que los poderes legislativo y judicial se mantengan separados.(Paley. W, citado en Hayek, 1996).con lo cual se garantiza la imparcialidad y transparencia como principios fundamentales del actuar del Estado.

Existen múltiples formas de intervención del Estado (entendido como una gran jerarquía) en los mercados a través de subsidios, políticas fiscales, regulación, entre otras.. El análisis de éstas intervenciones es particularmente reveladora ya que, a través de ella, el Estado interviene en el mercado y coordina su propia acción con él. La teoría de los costes de transacción (del cual es firme expositor North) es un intento por explicar donde está el punto de equilibrio óptimo entre mercado e intervención y permite establecer la forma en que los actores definen sus fronteras decidiendo si amplían la jerarquía (y fortalecen las instituciones) o recurren al mercado ante una necesidad.

La posición neoliberal expuesta por Milton y Rose Friedman retoma gran parte de la doctrina smithiana liberal para darle un viraje “neo” liberal a los postulados expuestos en la época del liberalismo económico. Friedman acusa al Estado de “entorpecer” la libertad de los individuos cuando afirma que (Friedman, 1996, p,20 y; 61) :

Hay que advertir que, el enfoque de Estado de los 60´s y 70´s se caracterizaba por la confianza que la sociedad otorgó al gobierno y el papel que le habilitó para regular la economía[2] pero olvidó los peligros que podría representar para la libertad un gobierno en exceso robusto. Igualmente se sintió agradada por las cosas buenas que se derivaban de un gobierno más fuerte que pudiera garantizar a los ciudadanos beneficios y conseguir alternativas para solucionar necesidades básicas (educación, salud, subsidios al desempleo, etc.), siempre que estuviera este en “buenas manos”.

En contraste con lo anterior, Friedman optaba por una no intervención del Estado. Según él, cada vez más el Estado se ha facilitado a la tarea de quitar a unos para dar a los “pobres” en nombre de la seguridad y de la igualdad, lo cual era un abuso desde su punto de vista. Mientras el mercado ofrece beneficios intangibles mucho más adecuados a los beneficiarios como: disponibilidad de bienes y acceso a los mismos, sistema de información, muchos usuarios, cantidad de información, opciones y alternativas, mecanismos de coordinación y ajuste y la dirección a la información necesaria.

Una de las razones que han pretendido justificar la intervención del Estado es la desigualdad. Teóricos como Friedman justifican la existencia de la desigualdad como un factor necesario en la existencia del sistema capitalista y aunque un poco “implícito” lo justifica expresando que:

Continuando, Friedman agrega que la vida no es equitativa. La creencia de que el Estado puede rectificar lo que la naturaleza ha producido resulta tentadora. Pero también es importante que reconozcamos que en gran medida nos beneficiamos de esa falta de equidad que deploramos.

Del mismo andamiaje conceptual, Friedrich Hayek ante la “desigualdad” o “inequidad” tiene que decir que es una condición “necesaria” para alcanzar mínimos niveles de progreso económico y social. Para alcanzar ello es necesario que sea a través de este libre uso del conocimiento, adquirido por la experiencia de algunos de los miembros de la sociedad lo que hace posible el progreso general. Así como también que los logros de aquellos que han marchado a la cabeza facilitan el avance de los que siguen, más explicito aun cuando afirma que “el rápido progreso económico con que contamos parece ser gran medida el resultado de la aludida desigualdad y resultaría imposible sin ella” (Hayek, 1996, p. 61). Incluso los más pobres deben su relativo bienestar material a los resultados de las desigualdades pasadas. Y concluye que es por ello que para que una sociedad continúe progresando es ineludible que “algunos dirijan y sean seguidos por el resto”.

Es válido ahora examinar lo expuesto por John Rawls y su teoría de la justicia, para comprender como debe ser, a su manera de ver el entrelazamiento vigente y mutuo que debe existir entre Estado y Sociedad, diametralmente opuesto a la tendencia que defienden Friedman y Hayek de esta misma relación. Al contrario de ellos, Rawls propende hacia una función del Estado que debe velar por construir una sociedad de tipo igualitaria y sin discriminación alguna, discrepando de lo sugerido por Hayek y Friedman quienes veían las relaciones desiguales de la sociedad como una “condición necesaria “ para alcanzar el progreso.

Es así como Rawls encuentra en la justicia el elemento “necesario” para conducir la sociedad a una relación de equidad e igualdad, debido a que su objeto primario no es más que la estructura básica de la (s) sociedad (es) pero dada su desigualdad estructural emergen las diversas concepciones de justicia como producto de las diferencias en las opiniones acerca de las necesidades y oportunidades naturales de la vida humana. Testifica Rawls que la justicia:

Rawls contrario al planteamiento de Friedman, dice que los individuos no son iguales dependiendo de sus capacidades, esto es, sin importar el sexo, raza o religión sino únicamente las capacidades o habilidades individuales de las que gocen. Formula unas “recetas” para compensar estas desigualdades de capacidades, de dones naturales y de nacimiento y sugiere dar una compensación para a los más pobres, por lo menos en teoría. El “principio de compensación” de Rawls expresa que las desigualdades inmerecidas requieren una compensación; y dado que las desigualdades de nacimiento y de dotes naturales son inmerecidas, habrán de ser compensadas de algún modo.

Además de este principio de compensación Rawls también hace el cuestionamiento en cuanto al otro “principio” que es el principio de la “diferencia” que en resumen expresa que es tolerable la diferencia de los individuos solo si esta diferencia se expresa en un progreso generalizada, es decir, que los beneficios de las diferencias de unos pueden llegar a ser benéficas para la sociedad como un todo (sociedad en conjunto) y no obedezca simplemente a intereses particulares.

Definir el concepto de seguridad[3] resulta una labor bastante difícil. Aún cuando analizar la forma en que se coordina o articula la vida social (la seguridad de los ciudadanos) pasa por identificar los objetivos y prioridades tanto del mercado como del Estado. Por lo tanto, es necesario analizar las dinámicas de conflicto y cooperación entre ambos, así como estudiar las tendencias en la movilidad de sus fronteras y de los conflictos que se presentan entre los ciudadanos.

La regulación es, un instrumento importante para la coordinación entre el Estado y el Mercado, pero hay otros. Es necesario descender hasta la realidad cotidiana para entender cómo se produce esa coordinación de la vida social y cómo funciona el sistema de seguridad de un país.

Siendo amplio y polisémico el concepto seguridad, aquí nos interesa es abordar aquel relacionado con la mal llamada “Política de Seguridad Democrática”, cuyo fundamento se entiende de la integridad física, económica y moral de los ciudadanos, con ausencia de amenazas o coerciones ilegítimas sobre su libertad y sus derechos civiles –por lo menos en teoría-. La seguridad se dedica, por tanto, en mirar hacia delante.

Seguridad esla ausencia de incertidumbre; es mirar al futuro con confianza, sin miedo. Es contar con un entorno previsible y estable. La idea entronca con la de calidad de vida. La noción de “calidad de vida” tiene que ver con las condiciones adecuadas para que el ser humano pueda realizar todas sus potencialidades, tal como lo entiende Amartya Sen El concepto va más allá del “nivel de vida” o del “estilo de vida” Esas condiciones implican cuestiones como bienestar material, salud física y psicológica, acceso a la cultura, un medio ambiente sano, justicia social y también seguridad. Sin embargo, en la vida real, seguridad y riesgo conviven y están íntimamente entretejidas. No es fácil decir dónde acaba una y empieza la otra, ni hasta qué punto el riesgo es siempre gestionable.

Dentro de este contexto es necesario significar cada uno de los conceptos de seguridad y hacer su procedente y pertinente distinción unos de otros, de manera que no se corran riesgos en su mal empleo. Las más comunse interpretaciones, por lo menos en nuestro entorno; son: seguridad humana, seguridad ciudadana, seguridad privada y por último la seguridad social.

Seguridad Humana. Según el Informe Nacional del Desarrollo Humano para Colombia (INDH, 2003, p.143) la “seguridad humana” es el primer escalón para alcanzar integralmente el Desarrollo Humano entendido este como un proceso de ampliación de la gama de opciones de que dispone la gente. La seguridad humana significa que la gente puede ejercer esas opciones en forma segura y libre, de donde se concluye que esta consiste en proteger el núcleo central de todas las vidas humanas contra riesgos graves y previsibles, de una forma congruente con la realización humana de largo plazo (PNUD, 1994: p. 26-27).

Y agrega más adelante el documento, que una justicia a medias no es justicia y una seguridad a medias no es segura. La seguridad-justicia es un bien público en cuya prestación el Estado está obligado a hacer el máximo esfuerzo de calidad y cobertura. Por tanto, no es posible, que estos servicios funcionen sin falla alguna; pero en medio de sus restricciones y dificultades el Estado Colombiano debe sin duda avanzar hacia la cobertura universal y la prestación integral de este servicio.

En la actualidad esta condición no se cumple, pues si bien en algunas regiones, ha mejorado la seguridad medida por la reducción de ataques a la infraestructura y la reducción de delitos como el secuestro, en otras la intensificación del conflicto ha hecho que la actividad económica se vea limitada y el desplazamiento se hay incrementado, por una inseguridad acrecentada.

Seguridad ciudadana. Definir la seguridad ciudadana de forma compacta y homogénea resulta en si una tarea bastante difícil, dado que no existe una definición exacta de la misma.

Una primera aproximación la define como la relación entre la asociación y la represión de los delitos y la búsqueda de un orden, es decir, se vincula con el control y la reacción frente a la criminalidad, especialmente en las grandes urbes. También se acepta que en la base de dicho concepto está el deber del Estado de brindar protección a sus habitantes frente a toda amenaza a la seguridad personal y la de sus bienes. Visto así, podemos afirmar que la seguridad ciudadana se va configurando como una actividad de servicio a cargo del Estado, teniendo la obligación de elaborar diversas políticas (económicas, sociales, culturales) preventivas y disciplinarias, en la búsqueda de garantizar la paz social, la tranquilidad y el desarrollo de la vida social libre de peligros.

Seguridad privada. La seguridad privada responde mejor que la pública a esta realidad plural porque es capaz de dar respuestas (al ser éstas individualizadas) a demandas contradictorias. Un ejemplo de los cambios estructurales que explican el crecimiento del sector es el auge de los espacios privados de uso público masivo -centros comerciales y de ocio, museos, complejos deportivos. La seguridad privada es un reflejo de la tendencia a privatizar los espacios vitales. No encuentra ninguna distinción esencial entre las tareas que realizan el sector público y el privado en relación con la seguridad ciudadana. Únicamente señala el mayor énfasis en la prevención por parte del sector privado. Parte de la idea de que la distinción público –privado es reduccionista y carece de fronteras claras. En la práctica, la seguridad ciudadana está a cargo de una gran diversidad de cuerpos, algunos son privados, otros públicos y otros tienen una naturaleza híbrida.

Seguridad social. Friedman emprende un análisis trascendental al citar un folleto del año 1977 sin firma que dice:

Friedman hace una exhaustiva crítica ante esto corroborando, según su estudio, la ineficiencia y la alta corrupción que se desprenden de todos estos programas que implementan los gobiernos “paternalistas” en los Estados Unidos” ( Friedman, 1996, p. 149).

En un país como Colombia, en el que parecía que cada vez que transcurría el tiempo se agudizaban más los problemas de seguridad, paralelamente a los económicos, aparece el candidato presidencial[4] Álvaro Uribe Vélez con el emblema de la Política de “Seguridad Democrática”, inmediatamente después de haberse presentado la coyuntura internacional de lucha contra el terrorismo emprendida por George W. Bush contra los grupos musulmanes fundamentalistas, y adicionalmente la coyuntura nacional, luego de las frustradas conversaciones de Paz adelantadas por el Ex presidente Pastrana en San Vicente del Caguán con el grupo guerrillero de las FARC.

Por lo anterior parece que, la postulación de un candidato del perfil como el candidato Uribe significaba la solución para un pueblo colombiano agobiado y decepcionado dispuesto a cambiar rotundamente la idea de negociar con los grupos subversivos. Para ese momento lo que esperaban los ciudadanos era un “salvador” con carácter autoritario y reaccionario a toda forma de <<terrorismo>>, y la persona que llenaba este perfil de necesidad generalizada era él: Álvaro Uribe Vélez y su Política de Seguridad Democrática.

Dentro del documento se afirma, que de la seguridad, depende el respeto de los derechos humanos, la reconstrucción del tejido social, el incremento del desarrollo económico, entre otros, en igual sentido,

Aunque la Seguridad Democrática nace como una política integral de fortalecimiento del Estado, apelando a los valores fundamentales de la democracia, de acuerdo al cual todos los individuos somos iguales, parece no tener verdadero sustento pues el intento de “proteger” a la población ha llevado a desproteger a un vasto sector de la población, en pocas palabras el acceso a la seguridad es bastante inequitativo por no decir que injusto, son los más pobres quienes están menos protegidos, porque son ellos quienes sufren en carne propia el desastre del conflicto interno.

En desproporción, parece haberse reactivado la tasa bruta de capital fijo (coeficiente de inversión nacional) aunado a la masiva inversión externa, la seguridad de unos pocos es el resultado de la desprotección de la mayoría, que en su mayor proporción son los menos favorecidos y a los que la carga de la inseguridad les ha tocado constantemente.

Allí se deja entrever claramente la “desigualdad” e “iniquidad” a la que ha llevado la Política de Seguridad Democrática, pues, mientras por un lado unos cuantos “privilegiados” aprovechan la “seguridad” vial con los programas de vive Colombia viaja por ella, otro gran segmento de la población es asesinado; y las poblaciones recónditas de nuestra geografía nacional cada vez están mas pobladas de injusticia, miseria, sangre, hambre y terror y son territorios propensos a seguir padeciendo el mismo fenómeno.

Dice el Informe Nacional de Desarrollo Humano que es evidente que los servicios de seguridad y justicia no llegan por igual a todos los colombianos, como debería ocurrir en una democracia. El acceso y la eficacia del servicio de seguridad cambia con la ubicación geográfica y con la condición social de los usuarios (…) se tiende a privilegiar lo urbano sobre lo rural y al rico sobre el pobre. Pero la desigualdad no alude sólo al acceso y la calidad del servicio.

Y añadenlos autores del Informe que tampoco hay igualdad en la protección que brinda la fuerza pública a la ciudadanía, lo cual es más preocupante todavía. Un excesivo número de soldados, policías, y agentes del DAS está asignado a la custodia de dignatarios, despachos oficiales, infraestructura de uso semiprivado y grandes núcleos urbanos, a tiempo que en el campo son raras las patrullas policiales, que en muchos pueblos vive encerrada en un bunker.

Es claro, así como lo deja ver el Informe Nacional de Desarrollo Humano que la Política de Seguridad Democrática es desigual, beneficia a unos a expensas del dolor y el sufrimiento de otros. Se presenta una falta de apoyo al Desarrollo de capacidades de los pobladores de las zonas más pobres y alejadas o, en otras palabras, se aprecia una de oportunidades (a lo que aluden tanto Friedman, como Hayek y Sen) entre los campesinos y los sectores marginados y es por eso que unos sufren lo que otros gozan.

En Colombia poco se aplica lo que Rawls llamo el principio de compensación, que consistía en “ayudar” o “estimular” a los menos favorecidos para que pudieran alcanzar a los más “adelantados”, si miramos que cada vez más la brecha entre “ricos” y “pobres”, entre el “campo” y la “ciudad” se va ampliando encontramos que lo que hace la política de Seguridad democrática es ampliar la brecha entre los que tienen seguridad, dinero y oportunidades y los que carecen de esos mismos elementos. Por tanto, las políticas de seguridad y de justicia en Colombia deberían nutrirse más de la directriz de política que propone Rawls, abandonar los estímulos unilaterales a quienes menos están necesitados de ellos.

RECOMENDACIONES

Para que la seguridad se convierta en un bien público es fundamental afianzar la delegación del monopolio del uso de la fuerza en un Estado legítimo. Esto implica una acción colectiva dentro de la propia sociedad civil orientada por la cooperación voluntaria con las autoridades estatales, la adhesión a la ley y a los mecanismos democráticos, y la renuncia a la utilización de la violencia.

El fortalecimiento de la administración de justicia y la consecuente renuncia a ejercer justicia por mano propia debe ser una premisa básica en el desarrollo de esta política. Uno de los pilares del Estado moderno es la consolidación del monopolio del uso de la fuerza fundado en un marco institucional y regulado mediante la separación de los poderes públicos y las demás provisiones hechas en la ley y en la constitución. Cuando se ejerce justicia por mano propia las garantías desaparecen y sólo quien tiene suficiente fuerza o poder económico puede acceder a ella. Así, uno de los elementos cruciales para hacer frente a la utilización indiscriminada de violencia es de fortalecer la administración legitima de la justicia, lo cual implica la adhesión y el apoyo de la sociedad civil al Estado.

BIBLIOGRAFÍA

Friedman, M y Friedman, R.; “La Libertad de elegir”, Biblioteca de Economía, Folio, Barcelona, 1996.

Hayek, F. A.; “Los fundamentos de la Libertad”, Biblioteca de Economia, Folio, Barcelona, 1996.

Rawls, John; “Teoría de la Justicia”, Fondo de Cultura Económica, México, 1997.

Smith, Adam; “La Riqueza de las Naciones”, Biblioteca de Economía, Folio, Barcelona, 1996.

[1] Me refiero explícitamente a la seguridad de la sociedad civil como un todo, en el entendido que la empresa privada participa en el suministro de seguridad privada que se encarga de brindar seguridad a pequeños segmentos de población como pueden ser los residentes de una unidad de vivienda y/o empresas privadas etc.

[2] Período de posguerra en donde se sobrevaloro la capacidad del Estado, hecho que suscito entre la sociedad los mas inesperados cambios al situarlo como la fuente capaz de mediar cualquier perturbación de carácter económico.

[3] El término seguridad será aclarado según el contexto de tipo de seguridad que emplee, debido a que utilizaré distintamente los conceptos de; seguridad, seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad democrática entre otras.

[4] Algunos hablan del carácter “mesiánico” del presidente Uribe, por la imagen que proyecta de “salvador” en un momento coyuntural de la nación. Seguridad democrática la reelección de la pobreza, presentado en III encuentro regional de estudiantes de economía en la ciudad de Bucaramanga.

[5]http:/www.mindefensa.gov.co/política/política20050629 lanzamiento_documento_política_seguridad_democrática.html.