Análisis crítico del activismo solidario, por sus implicaciones redistributivas, fiscales y sociolaborales

La adhesión incauta de miles de activistas a causas que persiguen la reducción de la pobreza puede tener consecuencias imprevistas, debido a la falta de análisis socioeconómico y la creencia ingenua en la efectividad de la manifestación espontánea. Debe iniciarse un debate multidisciplinar que refleje las verdaderas consecuencias institucionales de la redistribución de la renta, en relación con las intenciones de las protestas, y de la posible existencia de intereses desviados en el seno del activismo.

En muchas ocasiones se ha afirmado con razón que la pobreza en una de las principales razones de ser del sistema capitalista y que, desde un punto de vista sociológico, puede crear los incentivos inherentes a “lógica del lucro” que hace crecer las cifras macroeconómicas y los ingresos de accionistas y directivos de empresas.

Se ha estudiado, desde hace décadas la aparente viabilidad de un sistema en que todos padezcamos una rebaja imperceptible en nivel de vida a cambio de proporcionar sustento a todos los pobres del mundo. Es por tanto legítimo manifestar públicamente que las Instituciones deben implementar medidas que reduzcan a cero la tasa de pobreza en el mundo entero.

Me propongo argumentar que, en un sistema como el actual, eso es mucho pedir. Existe un sucedáneo que tal vez sea preferible a la situación actual, pero es necesario esclarecer los medios que se utilizarían para tratar de reducir la pobreza y las posibles consecuencias socioeconómicas que tales medidas llegarían a originar.

En otro orden de cosas, es necesario analizar la efectividad de las protestas, en el sentido de que ¾podría pensarse¾ las manifestaciones no fueran tan espontáneas como aparentan. Sartori y Mazzoleni (2003) con una argumentación que a veces llega a ser reaccionaria, tienen razón al advertir que el denominado “Pueblo de Seatle” no habría existido si no hubiese un previo y planificado boicot comercial contra empresas norteamericanas[1]. Para suavizar esta crítica, es necesario puntualizar que la protesta no habría alcanzado a incordiar a nadie si no existiese ese descontento incauto al que me vengo a referir.

Independientemente de que los activistas pretendan aprovechar el apoyo de táctico de intereses confrontados, es pertinente analizar qué se puede conseguir y quién responderá ante los pobres, en caso de que las protestas promuevan finalmente reformas legislativas. Por eso es preciso tratar de aclarar a qué llamamiento están obedeciendo aquellos a los que he llamado los activistas incautos.

Para ello, se inicia un debate que requiere el concurso de diversas disciplinas científicas y que a continuación se va a dividir en un análisis desde el punto de vista de las políticas re-distributivas, las implicaciones fiscales y las laborales. Previamente, como justificación del tema que aquí se trata y de su relevancia actual, es preciso contextualizar en el ámbito sociopolítico la reciente y creciente proliferación de manifestaciones públicas de protesta.

No es preciso hacer una recapitulación del “revival” un tanto artificial de los movimientos pacifistas del ’68, que desde los disturbios de Seatle (2000) se oponen a algo denominado “globalización”. La eliminación de la pobreza en el mundo (en el Tercer mundo, pero también en el primero) es el motivo de protesta de las manifestaciones más recientes (Madrid, 2005). Sería un lujo científico opinar lo contrario, pero evidentemente, la total eliminación de la pobreza en el mundo es claramente deseable, incluso urgente, e hipotéticamente posible. La elevación del bienestar, con criterios objetivos (personal médico por cada habitante, reducción de listas de espera, etc.) también es algo técnicamente posible. En otros trabajos he calificado al sistema capitalista como económicamente ineficiente y, por lo tanto, una cuestión a plantear es si para conseguir la eficiencia (pobreza cero) sería necesario que el sistema de incentivos actual se modificase por medio de intervenciones legislativas. Ahora bien, si dicho modo de producción y relación social persiste, ¿cuál será la solución para la pobreza? En otras palabras ¿Cuál será la efectividad de las protestas y el posible sucedáneo de la erradicación de la pobreza? En términos históricos, ¿por qué en unos momentos parece ponerse de moda el asunto de la pobreza.

Sartori y Mazzoleni (2003) se preguntan también ¿Por qué no se manifiesta nadie a favor de la contracepción? Se responden a sí mismos que gran parte de los movimientos activistas se apoyan en confesiones religiosas[2] y ¾podemos añadir¾ que éstas no osan oponerse al nacimiento de feligreses potenciales. El apoyo del activismo desesperado en grupos empresariales o religiosos, aunque pueda ser válido como medida táctica y temporal, asume el grave riesgo de convertirse en una trama perversa.

Aunque es antigua la existencia de una o varias plataformas para el destino de un 0’7% del P.I.B. de las naciones ricas para combatir el hambre en el mundo, no han recibido ninguna crítica los planteamientos socioeconómicos implícitos en el concepto de P.I.B. Esta magnitud macroeconómica equivale al denominado “Valor Añadido Distribuido” (V.A.D.). Éste consta de dos componentes: Los salarios que mantienen al trabajador y las rentas que eximen al propietario de valores e inmuebles de tener que trabajar. Esta parte del V.A.D. se reparte entre un número de personas proporcionalmente muy inferior que la destinada a salarios. Teóricamente, el 0’7% del P.I.B. implica un porcentaje similar de rebaja en ambos tipos de renta. A los trabajadores ya se nos empieza a ofertar, en las instituciones o empresas en que desempeñamos nuestra pequeña contribución al P.I.B, la posibilidad de destinar, voluntariamente[3], un 0’7% de nuestro salario a programas de ayuda al Tercer Mundo. ¿Deberíamos aceptar?

Con respecto a la parte que remunera inversiones financieras o especulación inmobiliaria sería absurdo establecer esta voluntariedad, sino que habría que habría que decretar incrementos impositivos o al menos, incentivos fiscales a la donación. Estos incentivos ya existen, por la vía de la deducción y son útiles al blanqueo de dinero y la evasión fiscal. Sin embargo, la vía impositiva ha tenido que relajarse, desde 1998, en lo que respecta a la presión sobre las rentas del capital, para evitar la evasión de los mismos. Como se ha explicado en otros trabajos, España depende excesivamente de la inversión extranjera y esto se comprobó en 1992, cuando fue necesario instaurar medidas transitorias de urgencia para combatir la denominada “tormenta monetaria”. Por eso, los activistas, muy astuta y veladamente, renuncian ahora a reivindicar la vía de la condonación de la deuda externa.

Así pues, ¿es lógico pensar que el 0’7% destinado a combatir el hambre provendrá exclusivamente de las rentas del trabajo? En el sistema “global” actual, parece la solución más probable.

En cuanto al destino de las rentas comprometidas para este benéfico propósito, es preciso oír multitud de críticas que ya circulan con respecto a la eficiencia de la Ayuda al desarrollo. En la actualidad, la política social y gran parte de la re-distributiva no es realizada por lo gobiernos directamente, sino que es delegada en el “tercer sector”, al que en otro lugar he denominado “el contubernio no-gubernamental”, ya que supuestamente tiene unos costes más bajos que la actuación administrativa, debido a la agilidad en la gestión y a la sustitución de funcionariado por voluntaiado. En primer lugar, esta ganancia en eficiencia es muy discutible, puesto que en la “No-Organización” se incurre en costes de duplicidad administrativa y no se exime a la Administración (también múltiple) del procedimiento de convocatoria, adjudicación y formalización de las ayudas. En segundo lugar, el voluntariado no es tan gratuito como parece, puesto que para hacer llegar la ayuda al pobre, un gran porcentaje de los fondos quedan invertidos en las propias infraestructuras técnicas de las ONG y el sustento del personal que, por su dedicación, no está obteniendo rentas del trabajo.

Una vez que las ayudas lleguen a su destino ¾continúan los críticos¾ ésta será gestionada por los gobiernos de los países pobres, salvo que incurramos en gastos adicionales destinados a garantizar una presencia militar o un soborno diplomático a dichos poderes. Estos gobiernos destinarán los fondos a aquellas necesidades que se presentan más inmediatas en el tiempo; por irónico que parezca, esta necesidad no son ni el hambre ni la pobreza, sino los sucesivos vencimientos de “Servicio de la deuda”, es decir, intereses a favor de inversores extranjeros.

Si el sostenimiento de la iniciativa 0’7 se hiciera con cargo a presupuesto, es necesario advertir que un 7 por mil del P.I.B. supone un porcentaje mucho mayor con respecto al presupuesto público, en el actual modelo de no-intervención y utilización de la política fiscal para incentivar el cumplimiento de otras políticas. La consecuencia más inmediata de un sostenimiento presupuestario de esta iniciativa sería la ruptura del compromiso de déficit cero. Esto es improbable que se consiga en el actual “consenso” de estabilidad entre países, destinado a garantizar una imagen de no-intervención a los mercados externos de capitales.

La otra vía para alcanzar el objetivo benéfico sería, tal como se ha discutido más arriba, la de retención de nómina. En este caso, ya sea voluntaria o legalmente establecido, esta donación es económicamente asimilable a un impuesto y, en el caso hipotético en que se regulase, afectaría únicamente a las rentas del trabajo (o tal vez una aminoración de las deducciones por adquisición de primera vivienda). Es improbable, que, en términos netos, afectase a las restas del capital.

La asimilación de esta retención a un impuesto tiene dos implicaciones directas en la discusión acerca de justicia social, puesto que, para empezar, si fuese voluntaria, se estaría penalizando la solidaridad. Pero si fuese obligatoria, sería un 7%₀ para todos los trabajadores de distinto nivel de ingresos (salvo que las presentes recomendaciones alcancen el necesario predicamento). Esto redundaría a favor del continuo proceso de “proporcionalización” de la presión fiscal. Podemos afirmar, sin muchas reservas, que la progresividad fiscal es uno de los principales logros acaecidos durante el denominado “Estado del bienestar” (incorporada de forma programática en la Constitución española de 1978). Ésta consiste en incrementar el tipo de gravamen conforme se incremente el nivel de renta percibida por el declarante y justificar la desigualdad de trato en el hecho de la renta con que nos quedamos y no la que nominalmente nos corresponde. La progresividad empezó a desmantelarse al sustituir, en la financiación presupuestaria, una gran parte de los ingresos provenientes de impuestos de renta y patrimonio de las personas físicas por recaudaciones de impuestos proporcionales, como el IVA, el impuesto sobre beneficios y los impuestos especiales y precios públicos. La implantación de deducciones por doble imposición en el IRPF es una prueba de decantación por recaudar impuesto de sociedades, antes que rentas del capital. La implantación y elevación progresiva del IVA, los impuestos especiales y otros tributos proporcionales ha desempeñado un peso cada vez mayor en los presupuestos públicos. Estas reformas has sido efectuadas por los gobiernos por que no les ha quedado más remedio, ya que, en el mercado mundial, compiten por los fondos de los inversores.

En función de lo que hemos argumentado, el modo más factible de conseguir los fondos necesarios para erradicar la pobreza consiste en penalizar el trabajo como forma de adquirir rentas y minusvalorar su contribución al proceso productivo; esto a pesar de que hoy se admite, en todos los foros económicos, que en el factor humano reside el origen de toda ventaja competitiva. La forma en que se gestionaría la ayuda también incide en contra del trabajador, puesto que las nuevas figuras contractuales (voluntarios, becarios, aprendices) eluden derechos laborales que se consideraban, hasta hace relativamente poco, como adquiridos y consolidados.

En el sistema capitalista global, es difícil eliminar (aunque siempre habrá mecanismos para ocultar) los nuevos motivos de conflicto entre clases trabajadora y capitalista, ya que los gobiernos han perdido la mayor parte de sus potestades en la práctica, en lo que afecta a los grandes capitalistas. A favor de un sistema de redistribución de la miseria es conveniente argumentar que no es notorio, sino que se muestra bastante inofensivo, tras el diseño estratificado de la nueva condición de asalariado (se consideran clases distintas los funcionarios, los laborales de determinados sectores, los laborales en precario, los contratados ricos, los altos directivos, los becarios, los comerciales, etc.). En el lado opuesto, el capital también es más selecto. Gran parte de una antigua clase capitalista moderna se ha reconvertido a proletario, debido al cierre de sus empresas. El capitalista actual es grande, supranacional e invisible. La consecución de una eventual ejecución del proyecto 0`7 puede traer como consecuencia un incremento en la solidaridad de las clases que hasta ahora no se han considerado a sí mismas como pobres. En un escenario de este tipo, la miseria salarial podría llegar a perder importancia visible, al ser más visible para todos la miseria cultural, alimenticia, sanitaria, etc. No voy a atreverme a describir el futuro, pero el hecho de que se acceda a destinar el donativo solicitado a los fines deseados puede plantear un escenario socio-laboral muy distinto del actual.

En ello tendrá un efecto relevante el denominado “problema de la inmigración”, ya que muchos de los ex-pobres serán llamados con falsas esperanzas hacia los países de origen de las ayudas y éstos gozarán de una mano de obra más barata y variada (Galindo, 2004). Esta circunstancia podrá usarse durante un tiempo en beneficio de la estrategia de división del proletariado, por ejemplo, mediante la provisión de puestos militares para extranjeros, que supongan al inmigrante una salida laboral de socorro en el ejército. Es difícil diagnosticar hasta qué montante y durante cuánto tiempo, el sistema actual será capaz de absorber la redistribución de la miseria fragmentada.

El propósito de este breve ensayo no es certificar la imposibilidad del loable intento de acabar con la pobreza. A favor de los grupos activistas en preciso argumentar que tal vez la iniciativa 0’7% se cubra con un trasvase de renta de “nosotros” los “menos ricos” hacia los más pobres, prescindiendo del aporte de rentistas y especuladores. Posiblemente, gran parte del activismo tenga ya asumido que el 0’7% (u otro porcentaje cualquiera) del PIB no será sufragado por todas las rentas en igual proporción. Tal vez fracasen varios intentos re-distributivos, antes de que nos percatemos de que los cálculos estaban mal hechos y que para alcanzar un 7 habrá un porcentaje alto de rentas que no contribuirán y un porcentaje intermedio que aportará tal vez un 2% de sus rentas.

Si esto finalmente lograse redistribuir la pobreza, sería necesario, en primer lugar, plantear amplios debates para no volver a desembocar en una situación similar, entre ellos, el del crecimiento demográfico y el de la deuda externa. Posiblemente, los grupos de protesta saben de sobre que la “solidaridad ente pobres” es una solución urgente y un mal menor, sucedáneo de una verdadera política re-distributiva y que no están interviniendo en el fondo del asunto. En otras palabras, condonar la deuda externa y establecer mecanismos preventivos sería equivalente a un traje nuevo y la iniciativa del 0’7 a un remiendo.

Por todo ello, es posible que merezca la pena el esfuerzo y dedicación individual en la erradicación de la pobreza, siempre que sea a condición de reconocer las causas últimas del problema y no perder de vista quién es el causante de la pobreza, a cargo de quién se corregirán las ineficiencias del sistema, a quién deben los ex-pobres su eventual mejora socioeconómica y cuál es el origen de la riqueza de los rentistas y especuladores.

Galindo Lucas, A. (2004a): “Inmigración, desarrollo y subconsumo”, Contribuciones a la Economía, ISSN 1696-8360, eumed.net, Universidad de Málaga.

Galindo Lucas, A. (2004b): “Contraste histórico de las teorías de Marx, desde la perspectiva del siglo XXI”, Filosofía, Política y Economía en el Laberinto, n.º 14, Departamento de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga.

Galindo Lucas, A. (2005): La inmigración como reto teórico y práctico en Economía. V Seminario Internacional ‘Nuestro Patrimonio Común’, Cádiz, 10-13 mayo 2005.

Galindo Lucas, A. (2005): La Utopía del mercado. Una revisión de la Economía dominante. No publicado.

Pérez Serrano, J. (2001): Globalización y pensamiento único: La utopía perversa. En Encuentro Fin de Siglo: Utopías, Realidades y Proyectos. Salta (Argentina): Milor, pp. 51-70.

Sartori, G.; Mazzoleni, G. (2003): La Tierra explota. Superpoblación y desarrollo. 2005 Suma de Letras.

Stiglitz, J. E. (2004): “Capital-market liberalization, globalization, and the IMF”, Oxford Review of Economic Policy, col. 20, n.º 1, pp. 57-71.

[1] Reprenden con razón a los movimientos anti-globalización, de un modo muy certero, aunque para ello, pagan el precio de descargar de culpas a la OMC. Ponen al descubierto un interés agrícola en las protestas de Seatle, debido a la fuerte competencia de los productos transgénicos. De hecho, se hace una defensa radical de la libertad de comercio internacional. Para ello, denuncian las políticas agrícolas proteccionistas de Europa y Estados Unidos, pero también desamparan el desarrollo industrial de los países agrícolas, a los que condena a la especialización en este tipo de productos y los conmina a importar tecnologías ecológicas (p. 168). En este caso, los países pobres se especializarían en artículos de bajo valor añadido. Aunque algunas de estas críticas son certeras, se ensañan en un discurso que prima facie parece perseguir la discordia, la cizaña, la división, en el seno de los incipientes y frágiles movimientos de izquierda, a los que acusa de ser un refugio para la violencia, olvidando que estos jóvenes idealistas fueron apaleados y detenidos por la policía desde Seatle hasta Génova, donde murió el activista Marco Giuliani a manos de un funcionario impune, con las cámaras de televisión por testigo. Bien es cierto que la actuación de estos jóvenes han sido en parte fomentada y aprovechada por religiosos y proteccionistas antiamericanos, pero este argumento es precario para la defensa que los autores hacen del FMI. Con respecto a esta gran institución financiera y el Banco Mundial, asumen la teoría del error postulada por Stiglitz y añaden la hipótesis de la escasa influencia de dichas instituciones, incluido el G8, lo cual es un argumento falaz. Afirman, por el contrario, que los grupos de contestación son muy peligrosos y están muy bien organizados e informados.

[2] Es muy interesante la crítica del papel que las religiones han desempeñado en la propagación reproductiva de nuestra especie. Se dedica un capítulo a descalificar la política de la Iglesia Católica, durante la jefatura de Karol Wojtyla, por su falaz argumento moral a favor de la abstinencia, en prosecución real de una lucha contra la anticoncepción. El papel de la Iglesia es criticado, desde el punto de vista político, pues se sugiere que está luchando en el bando de la globalización y también en el contestatario.

[3] También los modelos de declaración del IRPF (sobre todo el cibernético) están diseñados para incentivar la donación, tanto a la Iglesia como a “otros fines de interés social”, esto sin contar con que en las ediciones del IRPF del 2003 y anteriores ejercicios, no había posibilidad de marcar un “No” y esto incentivaba al funcionario corrupto pro-católico a falsear documentos añadiendo la “X” correspondiente.