La Nueva Fase de Desarrollo Económico y Social del Capitalismo Mundial

José de Jesús Rodríguez Vargas

II LA FASE RECESIVA Y LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL Y SOCIOINSTITUCIONAL

LA REESTRUCTURACIÓN

TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL

La crisis de Estados Unidos fue percibida por algunos ideólogos conservadores como una crisis moral, como degradación moral e indolencia del pueblo. Análisis simplista y superficial comparado con el análisis marxista. Desde el primer periodo del presidente Reagan, a partir de febrero de 1981, se propuso resolver dos problemas, la excesiva intervención del Estado en la economía y la inflación. Se diagnosticó que la degradación moral, la falta de empleos, de oportunidades, de libertades, de energía, de creatividad y la falta de ambición del pueblo, se debían a los dos factores mencionados. El primero -intervención del Estado- era un problema arrastrado desde el New Deal con el presidente Roosevelt, y el segundo –más reciente, la inflación- un producto de la política económica. Era el mensaje principal de los llamados nuevos conservadores en el gobierno de Estados Unidos .
Con Reagan empezó la llamada revolución conservadora, que pretendía conservar al sistema capitalista, mediante la mayor transformación estructural y superestructual -socio institucional le dicen los evolucionistas- desde los años treinta. Es decir, destruir una gran parte de lo construido en muchos años, que ahora se consideraba ineficiente, derrochador e improductivo y que impedía que se desplegaran las capacidades y potencialidades de los empresarios y de los individuos. Visto así, y dependiendo de los resultados, la contradictoria revolución conservadora podía llegar a ser más revolución que conservadora.
El régimen de Reagan fue el repudio de un tipo de intervención estatal en la economía y en la sociedad y fue la negación de un tipo de política económica. Por primera vez, desde la gran depresión, los liberales -en su sentido clásico- desplazaban del gobierno a los liberales -en su sentido moderno-, para alejar al Estado de la economía y priorizar al mercado libre; se conjunto el monetarismo de Friedman y la economía ofertista: “los dos lados de la misma moneda, medidas compatibles y necesarias para reducir la inflación e incrementar el crecimiento económico” afirmaban los asesores del presidente .
Se abocaron a atacar a la estanflación como el problema principal a corto plazo; lo asociaron con un aumento excesivo de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, y esta a su vez con una mayor participación del gobierno en la economía, con ingresos y egresos que absorbían una parte creciente del ingreso nacional, y con opresivas regulaciones federales; y sin vacilación y sin animo alguno de justificar o encubrir al gobierno, sino todo lo contrario, le cargaron la mayor y la directa responsabilidad por la inflación y las altas tasas de interés a las políticas económicas.
La estanflación no era causada por los aumentos de precios del petróleo, o por fallidas cosechas agrícolas, o por los empresarios o sindicatos, como se había planteado en los gobiernos anteriores; la inflación de largo plazo era producida por la intervención gubernamental. La teoría monetarista se convertía con Reagan en política de Estado. Al igual que en otros países, principalmente Inglaterra, se lanzaba la mayor acometida contra el keynesianismo, dominante aún en la década de los setenta, y, por tanto, considerado como la teoría culpable de la estanflación y de la decadencia de Estados Unidos.
La primera gran transformación (superestructural) fue la adopción de la teoría y la política económica liberal, monetarista y ofertista (ver Apéndice III). Se expresa en los siguientes puntos: a) primacía del mercado libre, b) la inflación como principal problema, c) el fomento de la producción. En el primer punto consideran al mercado inherentemente bastante estable y capaz de asignar mejor los recursos, mientras que al Estado lo consideran como parte del problema, no puede proporcionar o generar crecimiento económico y bienestar, puede solamente crear un ambiente favorable para la inversión privada. En el segundo punto, la inflación se debe al crecimiento de la oferta monetaria y por el gasto público excesivo, esto más las “expectativas inflacionarias” –a su vez- provoca el aumento de las tasas de interés; la variación de la política monetaria es causante de las fluctuaciones del ciclo económico: hay prosperidad con expansión monetaria y hay crisis con reducción de la tasa del crecimiento monetario; pero, la política fiscal no es efectiva para amortiguar las fluctuaciones -no funciona el fine-tuning, ni la política del stop-and-go, como tampoco el tradeoff de la curva de Phillips. Tercer punto, los impuestos excesivos desalientan el ahorro, el trabajo, la inversión y el crecimiento; distorsionan los precios relativos y las tasas relativas de retorno de capital. Con base a estas concepciones teóricas se propusieron en los años de la Reaganomics, reorientar la relación del Estado con la economía, acabar con la inflación y crear un ambiente de estabilidad para lograr el crecimiento.
Una segunda gran transformación que propusieron fue la reforma tributaria. Se determinó que el sistema fiscal era ineficiente y derrochador, que castigaba el esfuerzo individual, el ahorro y la inversión, y, que permitía el excesivo gasto estatal, derrochando el dinero de los contribuyentes y los recursos de la nación, por tanto creaba un déficit y una deuda pública, que reducían las oportunidades de los empresarios y la formación de capital. Se llevaron a cabo dos reformas tributarias, la de 1981 y la de 1986, que disminuyeron las tasas impositivas, eliminaron impuestos, exenciones, subsidios, redujeron las tasas marginales de impuestos, ajustaron los niveles impositivos a la inflación, aceleraron la depreciación en la inversión en planta y equipo, mejoraron y simplificaron el sistema fiscal.
Los llamados “fiscalistas del lado de la oferta” plantearon que este tipo de reforma impositiva, disminuiría los ingresos federales en una primera etapa, pero fomentaría la producción y el crecimiento de las ganancias y los ingresos, lo que provocaría un aumento en la recaudación fiscal. Este es el planteamiento de la famosa curva de Arthur Laffer, que se desprestigió porque la recaudación no aumentó como se había previsto, como tampoco disminuyó el déficit fiscal.
Esta idea –atribuida a Laffer y a los ofertistas- ya estaba claramente contemplada en la propuesta de reforma tributaria de 1963 del presidente Kennedy; es decir, no era tan desorbitada, no sólo porque la plantearon los keynesianos sino porque ya se había aplicado y había funcionado. De la siguiente manera lo argumentó el gobierno, asesorado por el keynesiano Walter Heller: “Permítanme hacer claro porqué, en la economía actual, la prudencia y la responsabilidad fiscal demanda una reducción de impuestos, incluso si aumenta temporalmente el déficit fiscal, porque la reducción de impuestos es la mejor manera de abrirnos al incremento de los ingresos”, y, continuaba argumentado el presidente Kennedy, el déficit temporal, como consecuencia de la reducción fiscal, “producirá ricos dividendos privados en una producción más alta, un crecimiento más rápido, más empleos, más altas ganancias e ingresos; y del mismo modo, una gran ganancia del sector público con ingresos fiscales expandidos. Cuando la economía retorne al pleno empleo, el presupuesto regresará al equilibrio constructivo” . Es la misma idea general de los teóricos por el lado de la oferta, más no la implementación específica.
La reforma fiscal propuesta por el gobierno demócrata del presidente Kennedy y por el equipo económico keynesiano en 1963 y aplicada por el presidente Johnson en el periodo 1964-65, fue el antecedente más cercano y el más exitoso, y fue inspiración para algunos de los “nuevos ofertistas”; Bartlett, teórico ofertista, reconoce -junto con los keynesianos-, el efecto altamente estimulante, de la reducción de impuestos, en la economía, en la reducción del desempleo, en la recaudación de ingresos, y por tanto, se inclina a repetir la misma propuesta. Pero, critica, el manejo keynesiano que llevó al incremento del gasto gubernamental y de la cantidad de dinero provocando la inflación de la segunda mitad de los sesenta, y detuvo el efecto positivo inicial .
Otro importante teórico, Craig Roberts, aclara que la reducción de impuestos desde el punto de vista de los ofertistas significa una reducción en la tasa marginal del impuesto -tasa de impuesto sobre un nuevo o adicional ingreso- y no como la política fiscal keynesiana enfatiza –afirma- en la tasa promedio de los impuestos; los keynesianos creen que los impuestos afectan a la economía, al modificar los ingresos disponibles, y por lo tanto la demanda agregada, mientras que los ofertistas creen que afecta a la economía al cambiar los incentivos al trabajo, al ahorro, a la inversión, y el incentivo para tomar riesgos .
Los críticos acusan a la estrategia de Reagan de haber priorizado el apoyo a los empresarios, en vez de los trabajadores. Aunque en las reformas aparecen medidas de reducción para los contribuyentes de altos y bajos ingresos, sin duda hay una clara intención de diferenciar entre las medidas fiscales, partiendo del principio de que “la mejor manera de obtener más ingresos fiscales de los ricos es bajar sus tasas impositivas” , idea que va contra los impuestos progresivos keynesianos -de aumentar más impuestos a los ricos y a las empresas-; los ofertistas favorecen la reducción de los impuestos corporativos porque afecta la tasa de retorno, y, también apoyan la reducción de la tasa marginal, porque incrementa el tradeoff entre el trabajo y el ocio, entre la inversión y el consumo: si la tasa marginal es alta prefieren no trabajar y no ganar más, para no rebasar determinado nivel impositivo; es decir, los ofertistas pretenden influir en el capital, la producción y el trabajo, y critican a los keynesianos por que sus objetivos son recaudar más impuestos para gastar y estimular la demanda y el consumo .
Son las dos posiciones de los fiscalistas, unos liberales productivistas, los otros intervencionistas distribucionistas. La diferencia tiene fuertes repercusiones en la marcha de la economía en los ochenta.
Al final del periodo de ocho años se consideró que las reformas tributarias habían mejorado la eficiencia, “restaurado los incentivos personales”, habían alentado a la gente a “hacer dinero por el medio anticuado de producir bienes y servicios, y no los medios para evitar el pago de impuestos”; también consideraban que habían logrado incrementar la igualdad fiscal, aumentado la producción y la productividad, pero no pudieron equilibrar el presupuesto, y, tampoco disminuir la deuda pública .
Una tercera y fundamental reforma reaganeana fue la desregulación. En Estados Unidos la intervención estatal se expresaba por el lado de la regulación federal más que en la propiedad o participación de empresas, como en Europa. Se había incrementado la creación de agencias y reglamentos federales para influir en el funcionamiento del mercado; una razón básica fue la crisis de la década de los treinta, que con base al diagnóstico keynesiano de la “falla del mercado”, se le adjudicó al Estado -el gobierno federal y la Reserva Federal- la responsabilidad para evitar otras crisis semejantes y lograr el crecimiento, el empleo y la estabilidad de precios.
Para la nueva orientación gubernamental de los ochenta, la regulación no tenía justificación, porque ahora la falla del mercado se debía a la “falla del gobierno”. Ahora el gobierno era el problema no la solución. Se definen dos tipos de regulación, la económica y la social; la primera, significa que el gobierno regula los precios y las condiciones de entrada y salida de participantes a un sector para evitar la competencia excesiva y la crisis de empresas; el segundo tipo de regulación es la supervisión y cuidado de actividades que pueden presentar amenazas a la salud pública, a la seguridad y el ambiente; actividades donde no hay certidumbre que la economía de mercado pueda funcionar adecuadamente de acuerdo al interés general.
Se teorizó por parte de los liberales de la escuela de Chicago -George Stigler recibió el premio Nobel en 1982 y James Buchanan en 1986 por sus trabajos sobre la ineficacia de la regulación estatal, sobre la tributación, sobre el gasto, sobre la elección pública- que mucho de la regulación económica ya no servía a la economía, sino a los productores y a los sindicatos, que se beneficiaban del mercado cautivo y los altos precios, por tanto presionaban a las autoridades para que continuara la regulación, manteniendo alejado a los competidores y se constituían de hecho como monopolios o empresas dominantes.
La justificación inicial de la regulación -que los mercados libres resultaban en una competencia excesiva y llevaban a la quiebra de empresas y al desempleo- se traducía en impedir que se eliminaran empresas ineficientes y se cambiara la producción de acuerdo con los cambios en la demanda del consumidor, por tanto, no había estímulo a la creatividad y a la productividad de las empresas, perjudicando al consumidor, a los productores y a la economía nacional. En cuanto a la regulación social, se planteó que también se tenía que aplicar los principios del mercado, calculando el costo-beneficio y fortaleciendo los incentivos del mercado .
El proceso de regulación -con agencias gubernamentales- había empezado desde fines del siglo XIX, y se incrementó de manera gradual a partir del gobierno de Roosevelt hasta fines de los sesenta, para volver a saltar en la década de los setenta con gobiernos liberales partidarios del mercado libre; a pesar de que tomaron algunas acciones desreguladoras, aumentó la participación gubernamental al nivel de la regulación social . Es durante el gobierno del presidente Carter y en el gobierno de Reagan que se aprueban las principales iniciativas que desregulan -parcial o totalmente- sectores económicos importantes, como el automotriz, el transporte, líneas aéreas, telecomunicaciones, servicios financieros, ferrocarriles, petróleo, electricidad y gas natural.
Aunque se reconoce que no se llevó a cabo la desregulación deseada, por la oposición de fuertes intereses que protegían el status quo, el resultado de la reforma cambió la situación productiva de Estados Unidos –dándole una participación más decisiva a la empresa privada- y situó al país en mejores condiciones, con relación a la década de los setenta.

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