Centroamérica. Del conflicto a la pacificación.

Los últimos veinte años han supuesto para Centroamérica el paso de regímenes dictatoriales a regímenes democráticos, aún frágiles; aunque atravesando para ello unos periodos de revoluciones, guerras civiles y pacificación. La coincidencia de la situación de grave conflicto en la región hizo que la crisis económica fuese más profunda y la recuperación más tardía.

Pero antes de continuar conviene hacer una distinción entre los términos Centroamérica y América Central. A pesar de su coincidencia etimológica, suelen utilizarse con un contenido semántico diferente; mientras que América Central hace referencia a todos los países que geográficamente se encuentran en el continente americano entre México y Colombia, es decir, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, el término Centroamérica se usa con una importante carga política para hacer referencia a los países que un día formaron la Federación de Repúblicas Centroamericanas y que en la actualidad constituyen el Mercado Común Centroamericano (MCCA), es decir, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. La creación de Panamá en 1903, consecuencia de una intervención militar norteamericana, y la independencia de Belice, antigua Honduras Británica, del Reino Unido en 1981, hacen que estos dos países de América Central tengan una trayectoria histórica muy alejada de la de sus vecinos centroamericanos.

Así pues, aquí sólo vamos a tratar la evolución reciente de Centroamérica, como el contexto regional más inmediato de Costa Rica y cuya influencia en este país han sido muy relevante.

Lo primero que conviene señalar es la aparente homogeneidad de los países que forman Centroamérica, la cual esconde una profunda heterogeneidad que ha ido aumentando con el paso del tiempo. Los intentos por conformar la Federación de Repúblicas Centroamericanas tras la independencia de la España se enfrentaron con un fuerte sentimiento nacionalista, más acusado si cabe en el caso de Costa Rica, que dio al traste con el proyecto en los primeros años de su ejecución.

En la base de este nacionalismo, que hoy perdura, se encuentran unas estructuras socioeconómicas muy diferentes de la que son muestras los siguientes ejemplos (Fonseca, 1996, pp. 109-303):

a) Mientras en Guatemala la población indígena ha representado un grupo étnico y social importante, sometido a una histórica explotación, en Costa Rica y Honduras éste es casi inexistente, con una presencia destacada en el caso de Nicaragua y El Salvador.

b) Mientras en Costa Rica y Nicaragua la propiedad de la tierra ha estado poco concentrada, sobre todo en la primera, la concentración de la tierra en el caso de El Salvador y Guatemala es muy alta.

c) Mientras que el café ha sido el principal producto de exportación en Costa Rica, El Salvador y Guatemala, en Nicaragua tiene un peso marginal y Honduras prácticamente ni produce ni exporta café.

d) Mientras el banano ha sido el otro gran producto de exportación, sobre todo para Honduras y Costa Rica y en menor medida para Nicaragua y Guatemala, en El Salvador no hay producción de banano para la exportación.

e) Mientras en Honduras el papel de la oligarquía lo han desempeñado históricamente las empresas bananeras, en El Salvador y Guatemala la oligarquía estaba formada por los terratenientes caficultores y en Nicaragua y Costa Rica junto a la oligarquía cafetalera existía una clase media de pequeños propietarios.

f) Mientras Costa Rica tiene una larga tradición democrática y abolió el ejército en 1948, los otros cuatro países tienen una historia salpicada de golpes de estado y largos periodos de autoritarismo y en ellos el papel del ejército ha sido muy destacado.

g) Mientras que Nicaragua, El Salvador y Guatemala han soportado en las últimas décadas guerras civiles, Honduras y Costa Rica han conseguido mantener su estabilidad política.

h) Mientras en Nicaragua, el sandinismo intentó implantar un sistema socialista, en el resto de los países la economía de mercado con mayor o menor intervención, según el periodo, ha sido el sistema bajo el que se han movido las economías.

i) Mientras en Costa Rica los niveles de pobreza y de indigencia han sido y siguen siendo los más bajos de América Latina, los otros cuatro países poseen niveles de los más altos, por lo que la equidad de los mismos es mucho menor que en Costa Rica.

Todo lo anterior justifica, además, la especificidad histórica de todos y cada uno de los países de la región, de forma que resulta difícil explicar la evolución de los sistemas socioeconómicos centroamericanos bajo un mismo patrón.

Aún así, existen elementos estructurales que permiten caracterizar a los sistemas socioeconómicos centroamericanos dentro de unos mismos modelos histórico-estructurales. De esta forma entre 1821 y 1950 las estructuras socioeconómicas respondían al modelo primario-exportador, basado en la producción del café y/o del banano; entre 1950 y 1989, al modelo primario-exportador doméstico-industrial (o de industrialización por sustitución de importaciones); y a partir de principios de los noventa parece que se está conformando un nuevo modelo basado en la exportación de productos muy diversos.

Pero lo que realmente nos interesa del estudio de la región son los acontecimientos que han podido influir sobre Costa Rica y éstos son esencialmente los conflictos y la pacificación de la región en las últimas dos décadas.

Con la excepción de Costa Rica, los países de Centroamérica llegaron a finales de los años setenta bajo regímenes autoritarios; en Nicaragua, la familia Somoza venía detentando el poder desde 1936, en El Salvador existía una democracia pretoriana desde la revolución de 1948 y el ejército sustituía a los presidentes según la facción dominante en cada momento; en Guatemala se mantenía una democracia de fachada tras la invasión de Estados Unidos en 1954 y los militares eran quienes detentaban realmente el poder interviniendo con frecuentes golpes de estado; y en Honduras, tras la dictadura de Carías, entre 1933 y 1948, se inició un proceso de democratización del país, frecuentemente interrumpido por golpes de estado que denotan el peso del ejército durante este periodo. Todo este autoritarismo militar confirió a la región la suficiente estabilidad como para que en todos los países se aplicase la política de industrialización por sustitución de importaciones y se conformase con relativo éxito el MCCA. En el caso de Costa Rica la estabilidad no vino de la mano del ejército, ya abolido, sino de la coincidencia programática entre los dos grupos políticos dominantes, los socialdemócratas y los socialcristianos. Sin embargo, el autoritarismo militar terminó por pasar factura a estos países (Alcántara, 1990, v. 2, pp. 149-228; Skidmore y Smith, 1996 [1984], pp. 339-377; Rouquié, 1994 [1991]).

Bajo el somocismo, el malestar social se extendió por toda Nicaragua, afectando a la propia burguesía, a la iglesia católica y a los sectores populares; de estos últimos surgió hacia 1963 el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que inició una guerra de guerrillas que terminó con el derrocamiento de Anastasio Somoza, Tachito, en 1979.

En El Salvador, tras la Guerra del Futbol con Honduras en 1969, el militarismo se extendió por el país generando un malestar social que a afectó a la iglesia católica, a los sindicatos y a los sectores populares; estos últimos apostaron por una respuesta político-militar al autoritarismo y se organizaron en un sin fin de movimientos guerrilleros que terminaron por confluir a principios de los ochenta en el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y en el Frente Democrático Revolucionario (FDR). Como reacción a los movimientos guerrilleros, el ejército y los grupos paramilitares iniciaron un proceso de dura represión.

En Guatemala, el militarismo reinante tras la invasión de 1954 terminó por generar a principios de los sesenta la respuesta político-militar de los sectores populares, particularmente indígenas, que constituyeron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), de la que se escindirían posteriormente el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). También en este caso la represión del ejército y de los grupos paramilitares fue muy dura.

En Honduras, no terminaron por consolidarse movimientos guerrilleros debido a la existencia de una serie de derechos sociales y sindicales que fueron respetados por las intervenciones del ejército; por tanto, la represión militar y los grupos paramilitares no tuvieron tampoco una gran repercusión.

La situación económica del MCCA a finales de los años setenta era insostenible. Tras la retirada de Honduras en 1970, después de la Guerra del Futbol con El Salvador, comenzaron las dificultades; la desigual distribución de la renta en la región propició que la demanda de bienes industriales de consumo se estancase, erosionando así el comercio en el interior de la región al tiempo que aumentaban las importaciones de productos del resto del mundo; las exportaciones de productos primarios hacia los países industriales se resintieron ante la crisis del petróleo y la inversión extranjera en la región se detuvo; por todo ello que los distintos países centroamericanos se vieron abocados a recurrir al endeudamiento externo como forma de reactivar sus economías.

Hacia finales de los setenta la tensión en la región había aumentado tanto que los militares fueron perdiendo el control de los diferentes países. La insurrección multiclasista surgida en Nicaragua a mediados de la década desembocó en el derrocamiento de Somoza en 1979; en El Salvador la insurrección popular tuvo lugar entre 1978 y 1979 desencadenando una guerra civil; en Guatemala, aunque no puede hablarse de guerra civil, la intensificación de las acciones guerrilleras tuvieron como respuesta el terrorismo de Estado (Fonseca, 1996, pp. 264-281).

Tras el derrocamiento de Somoza en Nicaragua, los sandinistas se hicieron con el poder y tras disolver la Guardia Nacional crearon el Ejército Popular Sandinista. En el plano político abandonaron el discurso moderado que había permitido aglutinar a toda la oposición antisomocista y se propusieron satisfacer muchas de las reivindicaciones populares con la instauración de un sistema económico de corte socialista. Este hecho no gustó a una parte de sus aliados en la insurrección y propició la salida de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de los representantes de los empresarios y de los conservadores en 1980. Tampoco sentó bien en Washington la extensión del comunismo por la región y enseguida se dispusieron a apoyar a la oposición antisandinista; el resultado fue la creación de la Fuerza Democrática Nicaragüense en 1981, transformada en Resistencia Nicaragüense en 1987 y conocida como la Contra.

Con el apoyo económico y militar de los Estados Unidos, la Contra consiguió aglutinar unos quince mil hombres en 1983, de los cuales la mitad eran antiguos miembros de la Guardia Nacional, e iniciaron una importante ofensiva militar que les permitió controlar la zona nororiental del país, iniciándose así una guerra civil en Nicaragua.

Los sandinistas, con Daniel Ortega a la cabeza del FSLN, convocaron y ganaron unas elecciones en 1984, pero a pesar de la limpieza del proceso electoral, reconocida internacionalmente, los Estados Unidos decretaron un embargo económico. Así, la guerra civil por un lado y el embargo por otro impidieron el relanzamiento de una economía que terminó por volverse caótica; aun así y gracias al apoyo de la ayuda externa, sobre todo de la Unión Soviética y de Cuba, hubo durante los años ochenta importantes logros sociales, como la distribución de la tierra por medio de una reforma agraria, la reducción del analfabetismo, la reducción de las epidemias y de la mortalidad infantil, la construcción de viviendas sociales o la reducción del precio de los alquileres.

El conflicto nicaragüense llegó a su fin tras un largo proceso de negociación iniciado en 1983 por el Grupo de Contadora (México, Venezuela, Colombia y Panamá), continuado en 1985 por el Grupo de Apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) y concluido por el Proceso de Esquipulas, en 1986 y 1987, auspiciado por Vinicio Cerezo y liderado por Óscar Arias y en el que participaron Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua; aunque este proceso se refería a la pacificación de la región en su conjunto, su impacto fue más evidente sobre la pacificación de Nicaragua, ya que los conflictos salvadoreño y guatemalteco requirieron de una negociación más larga. Fruto de este proceso de negociación, la Contra cesó sus hostilidades y se pudieron celebrar en 1990 unas elecciones presidenciales en las que los sandinistas fueron derrotados por Violeta Chamorro, al frente de una coalición antisandinista denominada Unidad Nacional Opositora (UNO). Ya bajo el Gobierno de Chamorro, la Contra entregó las armas poniendo fin al conflicto civil. La UNO pronto se fragmentó y Chamorro necesitó del apoyo de un FSLN también fragmentado para gobernar hasta las elecciones de 1996, donde de nuevo los sandinistas fueron derrotados por el conservador Arnaldo Alemán, del Partido Liberal Constitucionalista (Fonseca, 1996, pp. 278-280; Torres Rivas, 1994 [1993], p. 16-26; Skidmore y Smith, 1996 [1984], pp. 358-363).

Pero el conflicto civil nicaragüense tuvo importantes efectos sobre el resto de la región; de hecho fue uno de los elementos determinantes de la evolución política y económica de toda Centroamérica durante los años ochenta.

En un primer momento, el triunfo del sandinismo estimuló los procesos subversivos de El Salvador y Guatemala y la revitalización de la guerra contrarrevolucionaria apoyada por los Estados Unidos en estos países. Posteriormente y tras la creación de la Contra, tanto Honduras como Costa Rica se vieron envueltas en la guerra civil nicaragüense, al prestar sus territorios para la instalación de campamentos contrarrevolucionarios desde los que hostigar al ejército sandinista; esta cooperación, fue más evidente en Honduras, pues Costa Rica se desmarcó pronto, apostando por dar la imagen de la posibilidad de una economía de mercado, democrática y equitativa en la región; no obstante, estos dos países obtuvieron una serie de ayudas financieras por parte de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos.

Pero no quedaron aquí los efectos. El temor de que el comunismo se extendiera por la región como una alternativa al autoritarismo militar y las dictaduras existentes, llevó a los Estados Unidos a fomentar el desarrollo de procesos de democratización que condujeron en los distintos países a diferentes reformas constitucionales, en las cuales la tónica dominante fue la reducción del protagonismo político del ejército y la instauración de procesos electorales multipartidistas, limpios y competitivos; dichos procesos han llevado al poder en la mayoría de los casos a los conservadores (Torres Rivas, 1994 [1993], p 20).

Sin embargo, en El Salvador y Guatemala, la democratización ha coexistido con la guerra civil en el primer caso y con las acciones guerrilleras y la represión gubernamental y paramilitar en el segundo.

En El Salvador, en 1979, un heterogéneo grupo de fuerzas políticas, con el apoyo de un sector del ejército, derrocó al general Carlos Humberto Romero e inició un proceso de transición democrática, contando para esto último con el apoyo de los Estados Unidos. Sin embargo, esta alianza era muy endeble y el ejército seguía controlando el poder, lo que propició que parte de las fuerzas que participaron en la insurrección abandonaran el Gobierno en 1980.

La oposición al nuevo Gobierno se articuló entonces en torno a dos movimientos guerrilleros, el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), que iniciaron una guerra civil y en 1982 ya controlaban amplias zonas del norte y el nordeste del país. Los conservadores se aglutinaron en torno a dos partidos, la Democracia Cristiana y la Alianza Republicana Nacional (ARENA), que se sucedieron en el poder por medio de elecciones libres y competitivas celebradas en plena guerra civil; la Democracia Cristiana ganó las elecciones de 1982 a la Asamblea Constituyente y su líder, José Napoleón Duarte, las presidenciales de 1984; tras el desgaste de este partido que no consiguió acabar con la guerra, en 1989, Alfredo Cristiani de la ARENA ganó las segundas elecciones presidenciales e inició la aplicación de políticas de ajuste estructural.

Para esas fechas resultaba ya evidente que ni el FDR-FMLN podían ganar la guerra, ni el Gobierno podía derrotarlos militarmente, por lo que el fin negociado del conflicto aparecía ya como una pragmática necesidad; el proceso de negociación fue auspiciado por las Naciones Unidas y en 1992 el FMLN firmó un acuerdo con el Gobierno de Cristiani; tras desarmarse, el FMLN se presentó a las elecciones en 1994 convirtiéndose en la segunda fuerza del país tras la ARENA, que colocó a Armando Calderón en la Presidencia. En las elecciones presidenciales de 1999 la ARENA volvió a ganar colocando en la Presidencia a Francisco Flores (Fonseca, 1996, pp. 268-270; Torres Rivas, 1994 [1993], pp. 18-19; Skidmore y Smith, 1996 [1984], pp. 366-371).

En el caso de Guatemala, la guerrilla no consiguió presentar un frente unificado ni tener alcance nacional, aunque sí consiguió desestabilizar al Estado; esta circunstancia fue aprovechada en 1982 por el general Efraín Ríos Montt para hacerse con el poder tras un golpe de Estado. El nuevo Gobierno inició un proceso de institucionalización democrática y al mismo tiempo desató una durísima represión de la guerrilla practicando un verdadero terrorismo de Estado por medio de la creación de la Patrullas de Autodefensa Civil, constituidas por quinientos mil hombres. Sin embargo, el malestar provocado en el seno del ejército por la gestión de Ríos Montt, propició un nuevo golpe de Estado por parte de Humberto Mejía Víctores, en 1983, que sí supuso realmente el comienzo de la transición democrática.

En las elecciones de 1986, el líder de la Democracia Cristiana, Vinicio Cerezo, alcanzó la Presidencia de la República y bajo su mandato se le fue restando poder al ejército y se fomentó la pluralidad política y la limpieza en los procesos electorales; sin embargo y a pesar de sus esfuerzos de diálogo, la presión del ejército no le permitió terminar de forma negociada con el movimiento guerrilleros ni controlar a los grupos paramilitares que seguían actuando en el país.

El desgaste de la Democracia Cristiana se notó en las elecciones presidenciales de 1991, que dieron la victoria al candidato del Movimiento de Acción Solidaria (MAS), de centro derecha, Jorge Serrano, quien inició las políticas de ajuste estructural. Dos años después de las elecciones dio un autogolpe de Estado disolviendo el Congreso; sin embargo, el rechazo popular le obligó a abandonar el Gobierno dejando en manos del ex Defensor del Pueblo para los derechos humanos Ramiro de León Carpio.

En todo este periodo la guerrilla, aglutinada ya en torno a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), tomó conciencia de la imposibilidad de una victoria militar y sus acciones estuvieron encaminadas a la obtención de posiciones de fuerza para una eventual negociación, que se desarrolló bajo el auspicio de las Naciones Unidas y que concluyeron a finales de 1996 con un acuerdo entre le Gobierno y los grupos guerrilleros, ya bajo el Gobierno del conservador Álvaro Enrique Arzú Irigoyen, del Partido de Avance Nacional (PAN), vencedor en las elecciones de 1995. (Fonseca, 1996, pp. 270-273; Torres Rivas, 1994 [1993], p. 19; Skidmore y Smith, 1996 [1984], pp. 371-377).

En el caso de Honduras, aunque no hubo conflicto civil, sí tuvo lugar un proceso de disminución del autoritarismo y de reducción del papel del ejército. Desde que en 1981 Roberto Suazo, del Partido Liberal, alcanzase la Presidencia de la República, el ejército ha respetado el resultado de las urnas, aunque con alguna que otra demostración de fuerza. En 1981 había en el país tres ejércitos diferentes, el hondureño, el norteamericano y la Contra nicaragüense, y fruto de la aceptación de esta situación el Gobierno de Honduras recibió una cuantiosa ayuda económica y militar que le permitió retrasar la aplicación las medidas de estabilización y ajuste estructural hasta la presidencia de Callejas.

Suazo fue sustituido por su correligionario José Azcona en 1985 y éste a su vez por Rafael Leonardo Callejas, del Partido Nacional en 1990, tras el debilitamiento del Partido Liberal, que volvería de nuevo al poder en 1994 con la presidencia de Carlos Roberto Reina. A pesar de que el ejército ha ido perdiendo peso en la vida política hondureña, éste no dudó en enviar los tanques a las calles de Tegucigalpa en 1995 para protestar por una investigación sobre las violaciones de los derechos humanos en el país. El Partido Liberal volvió a ganar las elecciones en 1997 con Carlos Roberto Flores como candidato (Fonseca, 1996, pp. 273-274; Skidmore y Smith, 1996 [1984], pp. 364-365).

A diferencia de sus vecinos, Costa Rica no ha vivido ni conflictos civiles ni autoritarismo militar, aunque en 1984 el Gobierno de Monge tuvo que soportar momentos de fuerte inestabilidad. Algunos sectores del país y del propio Gobierno presionaban para que Costa Rica participase de forma activa en el conflicto nicaragüense, mientras otros sectores políticos, también dentro del Gobierno, presionaban para que no se aprobasen una serie de medidas de corte neoliberal que el FMI, el Banco Mundial y la AID norteamericana imponían como condición para otorgar su ayuda. La situación se hizo más tensa cuando un numeroso grupo de hombres armados, partidarios de la intervención en Nicaragua, inició una marcha desde la frontera norte hacia el Valle Central. La amenaza de un derrocamiento armado llevó al Presidente Monge a destituir a una parte importante de su gabinete, sustituyendo a los ministros más radicales de uno y otro bando por otros más moderados; tras el cambio de gabinete, interpretado por algunos como un autogolpe de Estado, Costa Rica aprobó las medidas legislativas cuestionadas y proclamó su neutralidad en relación con el conflicto nicaragüense (Gutiérrez y Vargas, 1986).

Lo cierto de todo este proceso de conflicto y posterior pacificación en la región, es que junto con las víctimas (más de 30.000 en Nicaragua, entre 70.000 y 80.000 en El Salvador, y unos 100.000 en Guatemala), las economías de la región sufrieron un importante deterioro entre 1981 y 1990 (Torres Rivas, 1994 [1993], pp. 18-19). Costa Rica y Honduras fueron las menos perjudicadas, gracias a la ayuda exterior y a que no soportaron una guerra civil, con decrecimientos anuales medios del 0,6% y el 0,8%, respectivamente; les siguen El Salvador y Guatemala con decrecimientos del 1,4% y del 2%; y, en último lugar, aparece Nicaragua con un decrecimiento anual medio del 3,9%, aunque en este caso junto a la crisis y la guerra hay que considerar el embargo comercial norteamericano como explicación.

Sin embargo, los años noventa han significado el retorno de la esperanza a la región, ya que tras aplicar políticas de estabilización y ajuste estructural (Costa Rica - 1983, Honduras - 1989, El Salvador - 1989, Nicaragua - 1990, Guatemala - 1992) las economías de la región han iniciado una senda de crecimiento encabezada por El Salvador, que entre 1991 y 1997 ha crecido a una media anual del 3,2%, seguido por Costa Rica y Guatemala con crecimientos del 1,3% y del 1,2%, respectivamente, y en cuarto lugar por Honduras, con el 0,4%; Nicaragua por el contrario sigue decreciendo al ritmo del 0,5% anual entre 1991 y 1996, lo que puede explicarse por la crítica situación de partida. Lo cierto es que la nueva estabilidad política y económica de la región ha permitido el retorno de la inversión a estos países devolviendo la esperanza de un futuro mejor.

La catástrofe del Huracán Mitch que en 1998 asoló la región, castigando sobre todo Honduras y Nicaragua, ha afectado seriamente a las economías centroamericanas; según los países se habla de un retroceso en los niveles de desarrollo de las infraestructuras físicas, económicas sociales y ambientales de entre treinta y cincuenta años, de 9.937 muertos y de pérdidas valoradas en 3.484.662 millones de dólares. Los efectos sobre cada país centroamericano han sido muy diferentes y mientras Honduras ha sido el más afectado en Costa Rica el Mitch apenas si dejó huella (Tabla 3.1). Pero el caso del Mitch no ha hecho más que poner de manifiesto una realidad, que la azarosa naturaleza apenas si ha afectado a Costa Rica en las últimas décadas mientras que ha descargado su furia en el resto de la región (Tabla 3.2).

PAÍS	M	D	H	S	E	V	P	A
HO	6.660	8.052	11.998	1.393.669	2.100.721	n.d.	215	1.683
NI	2.823	885	254	368.261	n.d.	41.420	63	79
GU	268	121	280	108.607	104.016	21.625	121	60
ES	240	29	-	84.005	49.000	10.372	10	155
CR	4	4	-	3.007	5.500	965	69	12

HO: Honduras; NI: Nicaragua; GU: Guatemala; ES: El Salvador; CR: Costa Rica; M: número de muertos; D: número de desaparecidos; H: número de heridos; S: número de damnificados; E: número de evacuados; V: número de viviendas afectadas; P: número de puentes afectados; A: número de acueductos dañados.

EFECTOS	NI	GU	HO	ES	CR
M	3.340	978	476	119	7
S	59.287	156.440	50.952	64.661	10.032

HO: Honduras; NI: Nicaragua; GU: Guatemala; ES: El Salvador; CR: Costa Rica; M: número de muertos; S: número de damnificados.