Revista: TECSISTECATL ISSN: 1886-8452

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EL PARADIGMA DE LA GESTIÓN PÚBLICA ORIENTADA A RESULTADOS EN LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL

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Introducción

La pobreza es un problema de carácter estructural que afecta a millones de personas a nivel mundial, especialmente a la población de países en vías de desarrollo como el nuestro. Situación que se ha convertido en objeto de estudio de gobiernos, organismos internacionales, académicos, asociaciones civiles, etcétera, con el fin de implementar acciones que aminoren o en un objetivo más ambicioso que combatan la pobreza.
Derivado de lo anterior, se ha clasificado a la problemática como de origen multidimensional y afecta a millones de personas a nivel mundial en América Latina la tasa de pobreza durante 2013 fue de un 28.1 por ciento de la población y la pobreza extrema o indigencia del 11.7 por ciento, lo cual equivale a 165 y 69 millones de personas respectivamente. Derivado de ello, en 2013 el número de personas pobres no presentó un cambio significativo con respecto a 2012 en América Latina, mientras que las personas en situación de pobreza extrema se incrementaron alrededor de 3 millones.
El desaceleramiento del ritmo de la disminución de población en situación pobreza ha sido muy marcado en los últimos años, de 2002 a 2013 la pobreza en América Latina se ha disminuido casi en un 16 por ciento lo cual es producto de una reducción acumulada de 2002 a 2008 del 10.4 por ciento con una tasa anual del 1.7 por ciento, mientras que de 2008 a 2013 la reducción acumulada es del 5.4 por ciento con una tasa anual del 1 por ciento. En lo que respecta a la pobreza extrema, la tendencia es similar, ya que de 2002 a 2008 se produjo una caída de 6.4 puntos porcentuales, y de 2008 a 2013 de 1.2 puntos porcentuales (CEPAL, 2014).
Las nuevas estimaciones permitieron establecer que la pobreza extrema ha alcanzado valores similares a los de 2011, lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014) califica como un retroceso respecto los logros alcanzados en años anteriores, ya que las estimaciones regionales muestran que la tendencia a la baja de las tasas de pobreza y pobreza extrema se ha decelerado e incluso revertido en los primeros años de la década presente,  lo cual asociado al crecimiento demográfico ha resultado como un mayor número de personas en situación de pobreza extrema en 2013.
Sobre la base de la metodología multidimencional (CEPAL, 2014) se estimó el porcentaje de población entre 17 países de América Latina, alrededor de 2005 y 2012. Para 2012, resultó que aproximadamente el 28% de la población se encontraba en pobreza. Las mayores incidencias se encontraron en Nicaragua (74.1 por ciento), Honduras (70.5 por ciento), Guatemala (70.3 por ciento), y el Estado Plurinacional de Bolivia (58 por ciento), mientras que las incidencias más bajas se encontraron en Chile (6.8 por ciento), Argentina (8.1 por ciento), Uruguay (9 por ciento), Brasil (14.5 por ciento), Costa Rica (14.9 por ciento), México se colocó con 41 por ciento ocupando el onceavo lugar entre los 17 países analizados, donde el número uno es el mejor posicionado.
Aunado a lo anterior, en todos los países se observó una caída de la incidencia de la pobreza multidimensional entre 2005 y 2012. Las reducciones más cuantiosas tuvieron lugar en Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Chile y la República Boliviana de Venezuela, con una reducción del índice por año de 7 por ciento o más, mientras que las menos cuantiosas y más desfavorables se registraron en El Salvador, México, Honduras y Nicaragua con caídas menores al 1 por ciento por año. Además la intensidad de la pobreza se presentó mayormente en los pises que presentaban mayores incidencias de pobreza, es decir, en los países donde hay un mayor número de personas en situación de pobreza, estas personas registran un mayor número de privaciones.
Sin duda alguna, la intensidad de la pobreza varía entre países y regiones, derivado de lo cual es difícil implementar políticas públicas de desarrollo social homogéneas que sean exitosas por igual en todos los territorios, por lo cual es fundamental tomar en cuenta las particularidades y las formas en la que se presenta la pobreza en cada uno de los países para el diseño de políticas públicas eficaces en el combate de la misma contemplando la heterogeneidad espacial.
En el contexto nacional, de acuerdo con los resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas (CONEVAL, 2015), para el año 2014 se registraron un total de 55.3 millones de pobres en México, un 3.7% más que en 2012 cuando eran 53.3 millones de pobres, aumentándose el número de pobres en casi dos millones de mexicanos, en lo que respecta a la pobreza extrema pasaron de 11.5 millones de pobres extremos en 2012 a 11.4 millones en 2014, con una reducción no significativa 1 del 0.8%.
En lo que respecta a los seis indicadores de carencia social, establecidos en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social para la identificación y medición de la pobreza en México, se ha observado una disminución significativa en lo que respecta al periodo comprendido de 2010 a 2014 en cuatro de ellos: en el de rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por calidad y espacios de la vivienda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda (en porcentaje y millones de personas), mientras que el indicador de carencia por acceso a la seguridad social presentó un aumento de 2010 a 2012 y una disminución positiva de 2012 a 2014, lo cual se revirtió para el caso de carencia por acceso a la alimentación la cual de 2010 a 2012 disminuyó, pero de 2012 a 2014 aumentó (en porcentaje y millones de personas), lo cual se ilustra en el siguiente gráfico:
Como se puede apreciar, la carencia por acceso a la seguridad social es la que mayormente afecta a los mexicanos, actualmente el 58.5 por ciento de la población nacional presenta esta carencia, es decir 70.1 millones de mexicanos no cuentan con las prestaciones laborales que toda persona debe de tener consideradas en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en la Ley del Seguro Social (LSS), entre las que se encuentran los servicios médicos ofrecidos por alguna institución de seguridad social, la incapacidad con goce de sueldo por enfermedad, accidente o maternidad, contar con un esquema para el retiro, tener jubilación o pensión, o estar inscrito en algún programa de transferencias monetarias de adultos mayores.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2006) define a la seguridad social como el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades, como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas, como la vejez y el embarazo.
En la misma tesitura, el problema se agrava cuando tomamos en cuenta que la población vulnerable por ingresos registro un aumento durante en el periodo comprendido de 2010 a 2014 al pasar de representar el 5.9% de la población mexicana al 20.5%, de lo cual deriva que actualmente 8.5 millones de mexicanos pese a que no presentan alguna carencia social su ingreso es inferior o igual a la Línea de Bienestar (LB) de $2,542.13 en la zona urbana y $1,614.65 en la rural.
Por otro lado, en lo que respecta al indicador de Carencia por acceso a la alimentación el cual fue el otro indicador que registro un aumento en lo que respecta al periodo comprendido de 2012 a 2014 al pasar de representar el 23.3% de la población mexicana al 23.4%, lo cual significa que 28 millones de mexicanos presenta un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, lo cual implica una restricción relevante para disponer de acceso a la alimentación.
En la CPEUM se ha incorporado el derecho a la alimentación para las niñas y niños, pero no para el resto de la población, sin embargo, en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) se ha establecido el acceso a la alimentación como uno de los derechos para el desarrollo social y en acuerdos internacionales ratificados por el Estado mexicano en la materia, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CONEVAL, 2010).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), define al seguridad alimentaria como el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual se encuentra relacionado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad de los alimentos, derivado de que este concepto se encuentra estrechamente ligado al acceso a la alimentación por lo cual CONEVAL lo considera para la medición de este indicador, para lo cual se toma en cuenta la información sobre ingreso y gastos en los hogares, ya que se ha encontrado que lo gastado en alimentación es muy parecido al patrón de consumo.
Para un análisis más profundo de lo anterior con base en los datos generados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015), se construyó un modelo econométrico de corte trasversal utilizando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (M.C.O.)2 , se obtuvo la regresión del Porcentaje de la población total en México que se encuentra en situación de Pobreza (POBZ) sobre el Porcentaje de la población total en México que carece de acceso a la seguridad social (CSEGS), el Porcentaje de la población total en México que carece de acceso a la alimentación (CA) y el Porcentaje de la población total en México que se encuentra por debajo de la Línea de Bienestar (PILB), para el año 2014, De acuerdo a los resultados, la ecuación se expresa de la siguiente forma:
POBZ=-15.118+0.274 CSEGS+0.102 CA+0.807 PILB+U
Donde
POBZ: Porcentaje de la población total en México que se encuentra en situación de Pobreza.
CSEGS: Porcentaje de la población total en México que carece de acceso a la seguridad social.
CA: Porcentaje de la población total en México que carece de acceso a la alimentación.
PILB: Porcentaje de la población total en México que se encuentra por debajo de la Línea de Bienestar.
Derivado de lo anterior se encontró que:
•          Para el año 2014, de las seis carencias sociales establecidas en el artículo 36 de la LGDS, dos afectaron de manera estadísticamente significativa el comportamiento de la población en situación de pobreza en México; la carencia por acceso a la seguridad social y la carencia por acceso a la alimentación, encontrándose que , el porcentaje de la población en México en situación de pobreza aumento en 0.274%, y por cada punto porcentual que aumentó la carencia por acceso a la seguridad social el porcentaje de la población en México en situación de pobreza aumento en 0.102 % por cada punto porcentual que aumentó la carencia por acceso a la alimentación.
•          En lo que respecta a la población de bajos ingresos, se encontró que en el año 2014, el porcentaje de la población en México en situación de pobreza aumento en 0.807 % por cada punto porcentual que aumentó la población con ingreso inferior a la Línea de Bienestar, suponiendo que las demás variables permanecen constantes.
•          Durante el año 2014, el 94%de las variaciones que se han producido en la población en situación de pobreza en México, se han debido a la influencia conjunta que sobre ella han ejercido la población con carencia por acceso a la seguridad social, la población con carencia a la seguridad alimentaria y la población que se encuentra con un ingreso inferior a la Línea de Bienestar.
Como se mencionó anteriormente la carencia que más afecto a los mexicanos en el periodo comprendido de 2010 a 2014 fue la carencia por acceso a la seguridad social, lo cual se ha atribuido a aspectos como desempleo, el empleo informal y las precarias condiciones que padecen los trabajadores mexicanos, y en lo que respecta a la carencia por acceso a la alimentación del 2010 a 2012 se presentó una disminución de un millón de personas, mientras que para 2014 la tendencia se revertió aumentándose en poco más de medio millón de personas.
Por otro lado, en el mismo periodo el avance más relevante se dio en la reducción de la carencia por acceso a los servicios de salud, con una disminución de más de ocho millones de personas de 2010 a 2012 y de cuatro millones de personas de 2012 a 2014, la mayor parte atribuible a la expansión de la afiliación de la población al Seguro Popular.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2006) define a la seguridad social como el conjunto de mecanismos diseñados para garantizar los medios de subsistencia de los individuos y sus familias ante eventualidades, como accidentes o enfermedades, o ante circunstancias socialmente reconocidas, como la vejez y el embarazo.
En la misma tesitura, el problema se agrava cuando tomamos en cuenta que la población vulnerable por ingresos registró un aumento durante en el periodo comprendido de 2010 a 2014 al pasar de representar el 5.9 por ciento de la población mexicana al 20.5 por ciento, de lo cual deriva que actualmente 8.5 millones de mexicanos pese a que no presentan alguna carencia social su ingreso es inferior o igual a la Línea de Bienestar (LB) de 2,542.13 pesos mexicanos en la zona urbana y 1,614.65 pesos mexicanos en la rural.
Por otro lado, en lo que respecta al indicador de carencia por acceso a la alimentación el cual fue el otro indicador que registró un aumento en lo que respecta al periodo comprendido de 2012 a 2014, al pasar de representar el 23.3 por ciento de la población mexicana al 23.4 por ciento, lo cual significa que 28 millones de mexicanos presenta un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo, lo cual implica una restricción relevante para disponer de acceso a la alimentación.
En la CPEUM se ha incorporado el derecho a la alimentación para las niñas y niños, pero no para el resto de la población, sin embargo, en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) se ha establecido el acceso a la alimentación como uno de los derechos para el desarrollo social y en acuerdos internacionales ratificados por el Estado mexicano en la materia, se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales3 (CONEVAL, 2010).
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), define al seguridad alimentaria como el acceso en todo momento a comida suficiente para llevar una vida activa y sana, lo cual se encuentra relacionado a los conceptos de estabilidad, suficiencia y variedad de los alimentos, derivado de que este concepto se encuentra estrechamente ligado al acceso a la alimentación, por lo cual el CONEVAL lo considera para la medición de este indicador, para lo cual se toma en cuenta la información sobre ingreso y gastos en los hogares, ya que se ha encontrado que lo gastado en alimentación es muy parecido al patrón de consumo.
Como se mencionó anteriormente, la carencia que más afecto a los mexicanos en el periodo comprendido de 2010 a 2014 fue la carencia por acceso a la seguridad social, lo cual se ha atribuido a aspectos como desempleo, el empleo informal y las precarias condiciones que padecen los trabajadores mexicanos, y en lo que respecta a la carencia por acceso a la alimentación del 2010 a 2012 se presentó una disminución de un millón de personas, mientras que para 2014 la tendencia se revertió aumentándose en poco más de medio millón de personas.
Por otro lado, en el mismo periodo el avance más relevante se dio en la reducción de la carencia por acceso a los servicios de salud, con una disminución de más de ocho millones de personas de 2010 a 2012 y de cuatro millones de personas de 2012 a 2014, la mayor parte atribuible a la expansión de la afiliación de la población al Seguro Popular.
En Sinaloa la situación de la pobreza no es un problema menor, ya que de acuerdo con los resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas (CONEVAL,2015), para el año 2014 se registraron un total de 1.167 millones de pobres en el estado, un 10.56% más que en 2012 cuando eran 1.055 millones de pobres, aumentándose el número de pobres en 111.5 mil sinaloenses, en lo que respecta a la pobreza extrema pasaron de 130.2 mil pobres extremos en 2012 a 155.8 mil en 2014, con un aumento del 19.7%, representado el incremento  de 25.6 mil personas para este último año, situación que llevo a Sinaloa a colocarse como uno de los ocho estados de la república mexicana junto con Morelos, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur que no solamente aumento el número de pobres, si no el número de personas en pobreza extrema.
Cinco fueron los municipios de Sinaloa que en 2010, más del 60 por ciento de su población se encontraba en situación de pobreza, los cuales son: Choix (79.1 por ciento), Badiraguato (74.8 por ciento), Cosalá (66.1 por ciento), Sinaloa (63.1 por ciento) y San Ignacio (61.3 por ciento) y cuatro los registraron mayor porcentaje de población en pobreza extrema de Sinaloa, los cuales son: Choix (28.4 por ciento), Badiraguato (21.1 por ciento), Elota (13 por ciento), Cosalá (17.6 por ciento) y Sinaloa (17.4 por ciento).
Los municipios que registraron una mayor desigualdad en la distribución del ingreso son: Choix, Culiacán, Concordia, Ahome y Salvador Alvarado, con base en el coeficiente de Gini, mientras que por otro lado, los que registraron una menor desigualdad fueron Sinaloa, Navolato, Mocorito, San Ignacio y El Fuerte.
Para 2010, el mayor número de localidades de muy alto rezago social se encontraron en los municipios de Choix y Sinaloa, siendo 106 localidades. Además, los municipios que se consideraron como Zonas de Atención Prioritaria, de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), Choix, Badiraguato, Sinaloa y Cosalá.
En lo que respecta a los indicadores por carencia social, la mitad de estos presentaron un aumento significativo desfavorable en lo que respecta al periodo comprendido de 2010 a 2014 los cuales son la carencia por calidad y espacios de la vivienda, la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda y la carencia por acceso a la alimentación, para el caso del indicador de rezago educativo presento un retroceso derivado de que de 2010 a 2012 tuvo una reducción, pero de 2012 a 2014 aumentó esta carencia desfavorablemente.
Por otro lado las carencias de servicios de salud y seguridad social presentaron un comportamiento favorable, al presentar reducciones significativas en lo que respecta al periodo comprendido de 2010 a 2014, lo cual difiere del aumento presentado en 2014 con respecto a 2012 del número de personas con un ingreso inferior a la Línea de Bienestar y Línea de Bienestar Mínimo.
Derivado de lo anterior toma un papel fundamental que la implementación de políticas públicas de desarrollo social y combate efectivo de la pobreza está acompañada de manera paralela de la evaluación de las mismas, ya que pese a que las evaluaciones de impacto de programas sociales se han realizado en América Latina y el Caribe desde hace décadas, éstas no han sido incorporadas de forma sistemática como una herramienta permanente de la administración pública en la región.
Países como México, poco familiarizados con las evaluaciones, deben priorizar el tema, con el propósito de monitorear los avances, problemas y desafíos de la gestión y de las políticas públicas (Ramos y Villalobos, 2011).
La evaluación de impacto, es una herramienta muy importante para la administración pública, en América Latina, la relevancia de este tipo de evaluaciones se debe a la necesidad de incrementar la productividad del gasto público y el interés de los gobiernos de pasar de un enfoque de administración centrado en insumos, a uno basado en resultados de las actividades del gobierno. El modelo de administración pública por resultados prioriza los efectos que generan las intervenciones del gobierno como las mejoras en términos de bienestar y calidad de vida de la población (Navarro, 2005).
Navarro (2005) enfatiza la necesidad de generalizar este nuevo paradigma de gestión pública orientada a resultados como elemento fundamental para aumentar la productividad del gasto público y desde los años noventa el desarrollo e implementación de estos instrumentos de gestión han sido considerados en los procesos de reforma y modernización del estado en América Latina, los avances más destacados se han dado en Chile, Colombia y Costa Rica, donde se han desarrollado sistemas de evaluación de la intervención pública que han permitido utilizar la información generada en la toma de decisiones y asignación de recursos.
Se ha atribuido como como las piezas centrales de la Política Federal de Evaluación en México a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Desarrollo Social aprobadas al final de la administración del presidente Vicente Fox, y esta se integra por instrumentos como el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y la evaluación de la política de desarrollo social, encabezada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Ante la búsqueda de alternativas que permitan un uso más eficiente del gasto público, brindar una mayor transparencia y que los ciudadanos tengan más confianza en las instituciones el gobierno federal en México ha promovido una serie de reformas institucionales en materia hacendaria, respecto a ello, argumenta Caso (2011) tienen la finalidad de rendir cuentas a los ciudadanos y mejorar la actuación gubernamental, lo cual surge a partir del 2007 cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impulsa el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) y el Presupuesto basado en Resultados (PbR) como elementos fundamentales del profundo cambio de la administración pública mexicana.
“El SED actúa como pieza estratégica de las políticas públicas al facilitar la vinculación entre la planeación, la programación, la presupuestación, el ejercicio, el seguimiento la evaluación y la rendición de cuentas” (Caso,2011,p.46), entre los principales cambios se destacan la adecuación de la estructura programática del proceso presupuestario para facilitar la alineación con los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades, facilitándose el control y el destino del gasto público, el SED se incorpora como uno de los elementos principales del PbR, como vínculo entre el proceso presupuestario y la planeación del desarrollo para orientar la ejecución y evaluación de políticas públicas y programas de la administración pública.

Es aquí donde el papel de las organizaciones se vuelve pieza angular para implementar toda la serie de reformas administrativas en torno a la modernización de la administración pública y, dependerá de la adopción de las nuevas prácticas y herramientas la supervivencia y evolución de las instituciones tradicionales para funcionar bajo los nuevos criterios establecidos en el modelo por resultados.
Las organizaciones públicas, al igual que las organizaciones del sector privado tiene la necesidad de alcanzar sus objetivos y metas de manera eficaz y eficiente (Ballart, 1993, Citado en Citado en Gámez y Jacobo, 2016). Las nuevas perspectivas organizativas no se limitan a elaborar un modelo rígido de gestión eficaz, si no que se busca ser integral para analizar la organización partiendo de una manera más completa.
El neoinstitucionalismo enfatiza las instituciones que definen el comportamiento de los actores frente a su medio social (Vargas, 2008), por otro lado DiMaggio y Powel (1981) sostienen que las instituciones pueden manejar los intereses y preferencias de los individuos, sus relaciones y condiciones con las que actúan y que son afectadas por la institución y que a menudo los administradores y políticos establecen programas que no se llevan a cabo, reúnen información  que no analizan y se contratan expertos pero no se actúa en razón de sus recomendaciones, si no para ganar legitimidad.
En el Nuevo Institucionalismo Normativo (NIN) argumentan March y Olsen (1989) las reglas formales e informales en una lógica de lo más apropiado determinan el funcionamiento de los organismos reguladores, las instituciones. Por otro lado DiMaggio y Powel exponen que el institucionalismo organizacional examina las adaptaciones y conformaciones de las organizaciones a las presiones del medio ambiente institucional para conseguir legitimidad.
En México el problema de la pobreza va más allá de transitar hacia el fortalecimiento de la política pública de desarrollo social, de ampliar coberturas, de crear nuevos programas y apoyos, si no hay que poner atención y no perder de vista a las instituciones, las cuales materializan los planes y programas de combate a la pobreza, donde las reglas informales han imperado mucho más de lo que se piensa. Se han implementado un sin número de esfuerzos que han desembocado en leyes decretadas en torno a la evaluación y el modelo de administración pública por resultados, como el Sistema de Evaluación del Desempeño, sin embargo las mismas organizaciones pertenecientes a las instituciones se resisten al cambio y a la evolución de las practicas rutinarias, lo cual impide que se avance más allá de un marco jurídico actualizado a la materialización de evaluaciones sistemáticas hacia una cultura de la mejora continua, donde las buenas intenciones se transformen el  cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los programas públicos y las instituciones puedan tener la esperanza de cobrar credibilidad y legitimidad en el sistema democrático.
Referencias bibliográficas:

Caso, Agustín (2011). El presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) en México: una propuesta para entidades federativa. En Ramos, Sosa y Acosta (2011).La evaluación de las políticas públicas en México. México: El Colegio de la Frontera Norte, Instituto Nacional de Administración Pública A.C.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2014). Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: CEPAL.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (2010). Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, México: CONEVAL.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (2012). Informe de la pobreza en el estado de Sinaloa 2012, México: CONEVAL.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (2013). Informe de la pobreza en México 2012, México: CONEVAL.
Feres, Mancero (2001). Enfoques para a medición de la pobreza. Breve revisión de la literatura. Santiago de Chile: CEPAL.
Gámez y Jacobo (2016). Hacia un Nuevo paradigma de las organizaciones públicas. En: Gámez y Sánchez (2016), Problemática y Políticas Públicas. México, Editorial Fontamara.
March and Olsen (1989). Rediscovering institutions: The organizational basis of politics. New York: Free Press.
Navarro, Hugo (2005). Manual para la evaluación de impacto de proyectos y programas de lucha contra la pobreza. Santiago de Chile: Serie Manuales No.41 CEPAL.
Powell and DiMaggio (1981). The new institutionalism in organizational analysis. Chicago: University of Chicago Press.
Ramos y Villalobos (2011). La evaluación del desempeño en México: experiencias y retos para el desarrollo local. En Ramos, Sosa y Acosta (2011).La evaluación de las políticas públicas en México. México: El Colegio de la Frontera Norte, Instituto Nacional de Administración Pública A.C.
Vargas (2008), Perspectivas del institucionalismo y neoinstitucionalismo, Revista Ciencia Administrativa, Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán Jalisco.
Normativa consultada:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 1917, última reforma texto vigente 10-07-2015.
Ley General de Desarrollo Social,  Diario Oficial de la Federación, 20 de enero de 2004, última reforma texto vigente 07-11-2013.
Ley de Planeación, Diario Oficial de la Federación, 5 de enero de 1983, última reforma texto vigente 06-05-2015.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial de la Federación, 29 de diciembre de 1976, última reforma texto vigente 13-05-2015.
Paginas consultadas:
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2015). Resultados de pobreza en México 2014 a nivel nacional y por entidades federativas. Evolución de la pobreza y pobreza extrema nacional y en entidades federativas, 2010,2012 y 2014. Véase en http: //www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2014.aspx
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (2015). Conceptualización Gestión para Resultados (GpR)-Presupuesto basado en Resultados (PbR)- Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Véase en  http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/sitio_pbr/Paginas/conceptualizacion.aspx

Recibido: Junio de 2017 Aceptado: Junio de 2017 Publicado: Junio de 2017

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