Emigdio Archundia Fernández*
Rafael Espinosa Mosqueda
Universidad de Guanajuato
emigdioaf@hotmail.comRESUMEN
En el concierto de naciones, México se encuentra dentro del contexto internacional como la catorceava economía mundo (Mars, 2015), producto de la apertura comercial, los tratados internacionales, la incursión en la Alianza del Pacífico (Alianza, 2015), la inversión extranjera directa así como la negociación del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (Herreros, 2011), como el tratado comercial más grande del mundo; todo ello dentro de un contraste de pobreza en una sociedad cambiante que por un lado atrae inversión dentro del complejo caminar en un entorno de inseguridad, con 11 reformas estructurales producto de la incipiente democracia y por otro reflejando el poco atractivo lugar en la (Herrera, 2016)en relación a los niveles de impunidad y corrupción que hacen del país, una oportunidad global de negocios y un complejo sistema de recaudación dentro del nuevo modelo único en el mundo de contabilidad electrónica que propicia la esperanza de una mayor recaudación tributaria para el gasto público y una compleja estructura de economía petrolizada impulsada por el soporte de la recaudación proveniente del petróleo que orillo al estado de depender en más del 39% (Archundia, 2010), de sus ingresos tributarios de esa fuente olvidando la cultura fiscal y dando apertura a la corrupción en las altas esferas políticas y sindicales así como una impunidad contrastada con la reforma Constitucional de derechos humanos recién implementada por el estado mexicano. En el presente estudio, mediante una investigación de campo con un universo de trescientos expertos en el campo de la recaudación en el país, se plantea dentro de un análisis cualitativo, el resultado tanto del informalismo -dentro de la población económicamente activa-, como la dependencia petrolera en la recaudación y generando una enorme corrupción en funcionarios y dependencias así como defraudación fiscal del particular y la concatenada impunidad producto de un débil gobierno donde el conflicto de intereses políticos afectaron la estructura económico y social del país. Como resultado del estudio, se plantea un probable avance dentro del contexto normativo que permita, además del recorte presupuestal y la recurrente crisis económica ya olvidada, plantear nuevos horizontes donde la sociedad mexicana sea valorada y sobre todo protegida como una obligación del estado dentro del marco de derechos humanos soporte de nuestra constitución.
Palabras Claves: Sociedad, Economía, Fiscal.
ABSTRACT
In the concert of nations, Mexico is in the international context as the fourteenth world economy (Mars, 2015), a product of trade liberalization, international treaties, the incursion into the Alliance of the Pacific (Alliance, 2015), foreign investment As well as the negotiation of the Transpacific Economic Partnership Agreement (Herreros, 2011), as the largest trade agreement in the world; All within a contrast of poverty in a changing society that on the one hand attracts investment within the complex to walk in an environment of insecurity, with 11 structural reforms product of incipient democracy and on the other reflecting the unattractive place in the (Herrera, 2016) in relation to the levels of impunity and corruption that make the country a global business opportunity and a complex collection system within the new unique model in the world of electronic accounting that provides the hope of a higher tax collection for spending Public and a complex structure of petroleum economy driven by the support of the collection from the petroleum that bordering on the state to depend on more than 39% (Archundia, 2010), of its tax revenues of that source forgetting the fiscal culture and opening up to Corruption in high political and trade union spheres as well as impunity contrasted with the Constitutional reform Human rights body recently implemented by the Mexican state. In the present study, through a field research with a universe of three hundred experts in the field of collection in the country, a qualitative analysis is presented, the result of both informalism - within the economically active population - and the Oil dependency in the collection and generating a huge corruption in officials and dependencies as well as tax evasion of the individual and the concatenated impunity resulting from a weak government where the conflict of political interests affected the economic and social structure of the country. As a result of the study, there is a probable advance within the normative context that allows, in addition to the budget cutback and the recurrent economic crisis already forgotten, to propose new horizons where Mexican society is valued and above all protected as a state obligation within the framework Of human rights support our constitution.
Keywords: Society, Economy, Fiscal.
Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
Emigdio Archundia Fernández y Rafael Espinosa Mosqueda (2017): “El fenómeno de la corrupción e impunidad en el complicado sistema fiscal mexicano. Contexto de economía petrolizada”, Revista TECSISTECATL, n. 21 (junio 2017). En línea: http://www.eumed.net/rev/tecsistecatl/n21/corrupcion-fiscal-mexico.html
Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11763/tecsistecatln21corrupcion-fiscal-mexico
En el concierto de naciones latinoamericanas y miembros de la OCDE, México ha transitado en un tobogán de reformas en materia tributaria las cuales han propiciado un alejamiento del cumplimiento en la autodeterminación de los impuestos y por ende en la recaudación tributaria; lo anterior generó que durante años para que el país ocupara el último lugar en recaudación en América Latina hasta el año 2014, año en que se llevó a cabo la reforma estructural fiscal, cambio que generó la inclusión del sistema electrónico por medio del uso de la tecnologías de información y comunicación con un sistema por demás avanzado, único en el mundo producto de años de práctica de un complejo sistema de recaudación, laberinto para los contribuyentes, arrojando actualmente un modernos y ambicioso sistema basado en el manejo del efectivo mediante la presentación y envío electrónico de la contabilidad desde el manejo del catálogo de cuentas de las organizaciones así como todos los archivos contables que permiten transparentar la información fiscal al Sistema de Administración Tributaria (SAT) organismo que controla la base de contribuyentes de México incorporando a gran cantidad de personas físicas y jurídicas causantes de impuestos en sus diferentes renglones. Más aún, mediante la implementación de los comprobantes fiscales por internet (FI, 2014) y la apertura del secreto bancario, la transparencia de las cuentas bancarias y manejos financieros en todas sus formas, la autoridad conoce ya la totalidad del tránsito del efectivo mediante una normatividad por demás intrépida que va desde la aprobación de la contabilidad gubernamental, la ley anti lavado, la ley de transparencia y sobre todo los nuevos ordenamientos de impuestos tal es el caso de la ley del Impuesto Sobre la Renta y la ley de Impuesto al Valor Agregado y todos sus reglamentos así como el nuevo Código Fiscal de la Federación. Incluso, el nuevo contexto de leyes por demás obsoletas que se han ido reconfigurando tal es el caso de la Ley de General de Sociedades Mercantiles con sociedades nuevas tal es el caso de la Sociedad de Acciones Simplificada (Ejecutivo, 2016), ley de Mercado de Valores con las sociedades Anónimas Bursátiles y las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión y las Leyes de Comercio Exterior y Aduanera. Todo ello, dando un marco jurídico basado en la Reforma del Estado con cambios estructurales en materia Constitucional que indexan y adecúan enfoque innovadores que abandonan modelos desgastados como son las garantías individuales abordando de lleno el tema de Derechos Humanos, cambios estructurales en los primeros 29 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Carbonell, 2012), todo ello, sin precedente.
En el contexto político, cambios que van desde la nueva estructura del estado como ya se mencionó (Carbonell, 2012)pero que aborda temas de la nueva configuración democrática modificando el antiguo Instituto Federal Electoral (Ife), al nuevo contexto de Instituto Nacional Electoral (Ine), adecuándole a los temas democráticos exigidos por la sociedad y la apertura en un país de contrastes donde se inicia la participación de la sociedad civil en todos sus contextos. Aunado a todo lo anterior, mediante el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y el tránsito documental en materia administrativa fiscal al sistema de los tribunales con los juicios en línea. Todo ello enfocado a la vanguardia que para muchos se implementó de manera abrupta, conglomerada, como balde vertido en un dedal cuando los cambios se esperaban paulatinos siendo por otro lado ir de un rezago totalitario hasta las 13 reformas estructurales (Informador, 2016), sin precedente global en un sistema democrático pluripartidista con tintes dictatoriales de un partido en el poder por más de 70 años con una débil oposición de izquierda y una tendencia neoliberal producto de la posición geográfica de México en norte américa como manzana de la discordia por la riqueza que desde la conquista ha sido ambicionada por grupos empresariales y naciones enteras que va desde el control de la energía llámese petróleo o energía eléctrica o bien recursos naturales tales como la plata, cobre, hierro además de minerales tales como oro, plomo, zinc. Dentro de otros grandes consorcios de manejo privado está el de comunicaciones que contempla la televisión, la telefonía y el internet además de la industria turística, aeroportuaria y automotriz las cuales son banderas entre otros tantos temas económicos que datan de abolengo tal es el caso de la industria alimentaria, maquiladora, frutícola, pesca y silvícola, todo dentro de una economía basada todavía en recursos obtenidos de las remesas de los migrantes entre otros contextos.
Lo anterior, dentro de un marco de cambios estructurales los cuales han generado atracción no tan solo de inversión y de apertura económica con la firma de tratados internacionales tal es el caso de la Alianza Pacífico así como el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) que a partir de octubre del año 2015 (Herreros, 2011). Este acuerdo creará la mayor área de libre comercio del mundo e inyectará mayor dinamismo al intercambio global de bienes y servicios que concluido se estima que podría hacer que el ingreso mundial aumentara en 295.000 millones de dólares hacia 2025 y que las exportaciones globales se elevaran en 444.000 millones de dólares en ese mismo año.
Dentro del contexto de desarrollo un tema por demás delicado sobre todo en el contexto social, México transita sobre un problema estructural por demás considerado, el problema de la relación con EUA y todo ello enfocado a la aparición de grandes cárteles millonarios que controlan las drogas enviadas al mercado norteamericano para su consumo convirtiendo al país en un campo de batalla propiciando divisionismo por lograr las plazas generadoras de grandes fortunas favoreciendo grupos con un costo social alto en materia de derechos humanos con un sinnúmero de desaparecidos, ejecutados y sobre todo, un resquebrajamiento del tejido social que lleva a la nación a dividirse dentro de los mismo cambios estructurales con una sociedad joven y una estructura de poder la cual está soportada por la corrupción e impunidad de la cual ocupamos los poco deseables primeros lugares globales y que no tan solo atiende el sistema burocrático sino abarca ya que su totalidad el contexto social en todos los órdenes. Todo ello impactado en la recaudación obteniendo más del 39% de los ingresos tributarios con recursos obtenidos del petróleo (Archundia, 2010) provocando, con la caída de los precios del crudo, la disminución de las ventas en casi la mitad de los ingresos de años anteriores todo ello por la sobre producción de petróleo de países exportadores y una disminución en la compra del crudo por parte de los E.U.A. y el nuevo modelo de utilidades compartidas con la reforma energética aprobada en el 2015 en México.
Así las cosas, es pues un tema de fondo y reflexión el cual nos lleva a un cambio estructural social que nos permita, por un lado aprovechar los cambios importantes ofrecidos por las reformas estructurales y por otro, lograr de una vez por todas posicionar al país dentro del grupo de los ocho producto de dosificación de su política exterior entre otras.
México, en su camino rumbo a la democracia, ha atravesado por años en una constante práctica en términos de la corrupción, actualmente existe una percepción de ser el país más corrupto del mundo, esta no sería nada increíble dada la información que corre a través de los medios de comunicación desde la más alta esfera política en el manejo de conflictos de intereses, los casos de Pemex en relación a empresas subsidiarias que financian las operaciones sin transparencia, jueces y políticos que se prestan a componendas así como mandatarios que endeudaron gestiones estatales y figuras que aparecieron en paraísos fiscales en el caso de Panamá Papers y escenarios obscuros. De acuerdo al Índice de Percepción sobre Corrupción que realiza el organismo de Transparencia Internacional, México está posicionado en el lugar 105 entre 176 naciones computadas en corrupción (Ortega, 2016). En el espejo de la corrupción se compara al igual que Kosovo, Rusia, Mali, Filipinas y Albania. Del comparativo con los países miembros de la OCDE estamos en el lugar 30, es decir, el último; en la tradición nacional, que existan 71 países peor evaluados es mediana conquista.
Es enorme el problema es que a pesar no ser el último, ser el país más corrupto del mundo no suena difícil, pues estamos acostumbrados al argumento y a un descalificativo de instituciones de derechos humanos y calificadoras. Se suele percibir a la corrupción como un mal endémico, desde la época de la conquista y tan arraigado como el consumo de maíz o el frijol por lo que es un problema tan endémico como inmutable; una realidad tan cierta que cuestionarla, confrontarla, desconocerla resultaría infructuoso.
El uso y práctica de hacer negocios, promover tráfico de influencias y delitos equiparables son una práctica cotidiana, la mordida, el diezmo, debe ser usado como habilidad para hacer negocios y las prebendas como colmillo, uso y costumbre del comerciante mexicano. Todo ello, cobijado con un sistema de justicia impune, el cual, como caldo de cultivo, impulsan cada vez más la corrupción en un país rico en sus recursos naturales y su gente, corrupción, cáncer endémico que corroe las instituciones y las personas sin poder ver la luz del túnel como una posible salida.
A esta percepción se suma el valor positivo de la corrupción como embalaje de torno dentro del contorno instrumental económico del país, engrane del sistema de justicia y factor para que las cosas funcionen. La sanción social a las prácticas de corrupción es inexistente prácticamente; para los 2445 municipio que existen la derrama económica producto de la corrupción es incontrolable, más aún, el tráfico de influyentísmo en los cargos públicos, el nepotismo y los conflictos de intereses ejemplo del gobierno federal, acaban con la principal célula social que representa el municipio libre y soberano quien pudiese ser la gran esperanza de la población ante la enorme avalancha de compromisos que no solo terminan ahí sino que han incursionado en sectores de imagen inmaculada tales como la iglesia, la academia y la familia.
Por eso es que dentro del inmenso catálogo de problemas nacionales, la corrupción no pinta sola, es tan inherente al paisaje que atacarla parece ocioso. Sólo así se entiende que la Comisión Nacional Anticorrupción siga en el tintero, y el titular de la Secretaría de la Función Pública sea un encargado del despacho.
Por años se ha atribuido el bajo crecimiento económico –no sin razón– a la ausencia de aterrizar las reformas económicas aprobadas desde dos años apenas. Sin embargo, una vez aprobada la legislación secundaria de cada reforma, saldrá a flote el enorme dique que para la inversión privada representa la corrupción. Corrupción traducida en falta de seguridad jurídica, en el encarecimiento de cada trámite o contrato, en los costos de producción y en la rentabilidad de las empresas. Si se considera las estimaciones del Banco Mundial, la corrupción le cuesta a México 9% del PIB cada año, es decir, dos puntos más que la fortuna de personajes que figuran dentro de los de mayor caudal económico en el orbe. Si preferimos las estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la cifra alcanza el 20% del PIB, en otras palabras, la quinta parte de lo que producimos se diluye, filtra y trasmina en corruptelas.
Si se quiere salir adelante y crecer con cierta celeridad atrayendo inversión extranjera para fuentes de trabajo con la intensidad pretendida, visibilizar y priorizar el problema de la corrupción parece indispensable. En este contexto se aprecian tres grande aristas a abordar: el institucional, el de combate a la impunidad y el no menos importante factor cultural analizado como sigue:
1.1 Institucional
Contar con reglas claras y el ejercicio de transparencia de acuerdo al Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la Información y Protección de datos Personales, es un reto para contar con reglas que desincentiven la corrupción en todos los niveles de gobierno. El ejercicio práctico de la transparencia –materializado en solicitudes de información– es cuestión de enterados y la mayor proporción del dinero público se ejerce con absoluta discrecionalidad. En ese sentido, la Comisión Nacional Anticorrupción no es solución, pero sí mecanismo. Mantenerla en el limbo es la mejor forma de ignorar el problema.
1.2 Combate a la impunidad
México ocupa el segundo lugar mundial de impunidad, esto debe ser atacado frontalmente lo cual permitiría una recuperación inmediata al aplicar la ley sin excepción. La corrupción en México parece que no tiene consecuencias, superado el impacto mediático, todo se arregla.
1.3 Factor cultural
Mientras se siga pensando que la corrupción es un arte, un colectivo ejercicio sincronizado, y característica crónico–degenerativa que nos distingue en el mundo, se tiene poco que hacer frente a un problema que nos cuesta al menos, 100,000 mdd al año (Casas, 2015), esto debe atacarse desde la educación y la norma.
Los enormes costos económicos, políticos, sociales que ocasionan a México, ya cuantificados dejan ver la realidad del problema como sigue:
Costos Sociales:
México cayó 31 posiciones desde el año 2008 al 2014 en corrupción de acuerdo al Institute for economics and peace. En términos generales de acuerdo a diversos estudios realizados el 88% de la población piensan que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente y la mitad considera que la corrupción ha aumentado mucho en los dos últimos años.
Entre 2008 y 2014, el número de notas que aparecen en los diarios en relación a la corrupción paso de 502 a 29,505 esto en 16 años.
México se ubicó en el lugar número 103 de un total de 175 países analizados en todo el mundo, en el Índice de Percepción de la Corrupción, debido a la posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década.
Venezuela, Paraguay, Argentina y México, además de varios países centroamericanos y del Caribe, se ubicaron entre las naciones con mayor corrupción del mundo en un índice anual de la organización Transparencia Internacional.
De un total de 175 países en los cuales se efectuaron mediciones, Venezuela se ubicó en el lugar número 161, Paraguay en el 150, Ecuador en el 110, Argentina en el 107 y México en el 103 junto con Bolivia.
La medición no presentó variaciones sustanciales respecto al año anterior para estos países salvo para Ecuador, que en el 2013 estaba en el lugar 102.
Los países menos corruptos de América Latina resultaron ser Chile y Uruguay, que ocuparon el lugar número 21 de la lista, que fue encabezada por Dinamarca y Nueva Zelanda. Brasil, la mayor economía latinoamericana, se ubicó en el lugar 69 donde quizá con los recientes acontecimientos de Petrobras y la posible destitución de su mandatario ejecutivo, contagiado por los aspectos que si bien en cierto no atienden a corrupción directa en términos de disposición de recurso, si se detalla el manejo financiero contable en la trasparencia de la información financiera de justas deportivas mundiales las cuales fueron presuntamente destinadas con fines electoreros.
El Índice de Percepción de la Corrupción se realiza mediante encuestas y evaluaciones realizadas por diversas instituciones y mide las percepciones sobre el grado de corrupción que existe en el sector público de cada país.
Transparencia Mexicana, el capítulo en México de la organización, estableció el estudio realizado, que sólo un cambio de tajo en la estrategia anticorrupción permitirá que México abandone la posición de estancamiento en la que se ha mantenido por casi una década y que la creciente ola de violencia e impunidad, aleje la posibilidad de una mejora en ese renglón.
El país necesita crear de manera urgente un Sistema Nacional Anticorrupción de carácter nacional y no sólo federal, es decir que abarque a estados y municipios, donde la corrupción es rampante y el crimen organizado infiltra a la policía y controla a los alcaldes; la secretaría de seguridad ciudadana es quizás una de las posibles soluciones municipales las cuales empieza a florecer en diversos municipios como es el caso del municipio de Celaya en el estado de Guanajuato donde recientemente se aprobó por parte del Congreso del Estado y publicado en el Diario Oficial del Estado el pasado día 16 de Marzo del 2016 (García, 2016).
La corrupción a nivel municipal en México quedó al descubierto con la desaparición de 43 estudiantes (Ayotzinapa, 2014) en meses pasados a manos de policías de la sureña ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, quienes los entregaron a sicarios de un cártel del narcotráfico con el cual operaban todo ello apoyado por las autoridades municipales con desdén del gobierno federal por ser un partido de izquierda. El caso ha sacudido al Gobierno Federal y posteriormente darse a conocer a la luz un probable conflicto de interés que lo hizo dar marcha atrás en la licitación de un tren de alta velocidad, luego de que se reveló que una empresa parte del consorcio ganador manejaba intereses personales del ejecutivo; así de claro, así de verídico.
Transparencia Mexicana aclaró que el informe de este año para México no tomó en cuenta estos hechos porque fue realizado en la primera parte del año.
Del vocablo latino impunitas, es un término que se refiere a la falta de castigo, es decir, a la falta de pena que se impone a aquel que ha cometido una falta o un delito.
México, es el segundo país de 59 con mayor índice de impunidad, de acuerdo al Índice Global de Impunidad (Ortega, 2016)elaborado por la de la Universidad de las Américas Puebla (UdlaP) y Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJ, 2014). El sistema de justicia mexicano, según el estudio, enfrenta grandes deficiencias: 46% de la población detenida carece de una sentencia condenatoria.
El índice estima una proporción promedio internacional de 17 jueces por cada 100,000 habitantes; México sólo cuenta con 4 por cada 100,000.
La corrupción, la inseguridad y violencia al interior de los países son los efectos de la impunidad, no sus causas. “La corrupción es el resultado de la impunidad”, refleja las conclusiones del foro realizado en Puebla por parte de la Universidad de las Américas de Puebla. El índice enlistó a 59 países de 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que contaron con información estadística suficiente en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. Estados Unidos ocupa el lugar 15 en materia de impunidad, España, el 17. Alemania se ubicó en el puesto 42.
En contraste, los países con menores niveles de impunidad fueron de Europa del este, como Croacia, Eslovenia y República Checa, quienes ocuparon los últimos tres lugares del conteo. Estas naciones ocuparon los últimos tres lugares debido a que la Unión Europea les exige reducir este tipo de fenómenos para su ingreso al bloque económico.
México es uno de los 12 países que sí reporta y proporciona información en materia de impunidad por los constantes cambios en sus leyes y la búsqueda de transparencia en sus instituciones.
La información recopilada del estudio que contempló 40,000 variables que, además, estarán transparentadas. El estudio se hizo con base en estadísticas de Banco Mundial, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informes gubernamentales y no en percepción de la población u opinión de especialistas.
A finales de 2014, la corrupción en México generó una pérdida de inversión aproximada de 2,000 millones de pesos del sector privado y 1,000 millones de dólares más por inversión extranjera directa, de acuerdo a las estimaciones del Semáforo Económico Nacional del observatorio México del cómo va México actualmente, para que las empresas perciban un mejor ambiente de negocios, México debe resolver el tema de impunidad, según la opinión de líderes sociales. La incertidumbre de no saber cuándo su demanda va o no a prosperar es lo peor que le puede pasar a una empresa. La impunidad se manifiesta en puntos específicos del país y en diferentes niveles, pues las inversiones a largo plazo, en sectores como el automotriz, son un signo de confianza de las empresas internacionales en México.
México tiene 355 policías por cada 100,000 habitantes. El promedio mundial es de 332. En contraste, el promedio de jueces, a nivel internacional, es de 17 por cada 100,000 habitantes, mientras que México cuenta con sólo 4 por cada 100,000.
Una de los caminos para reducir la impunidad, está en reorientar los recursos a lugares que lo necesitan. Por ejemplo, capacitar mejor a los policías, que, además, tienen jornadas de 24 horas, pues esto incide en su manera de procesar a las personas de forma violenta y con impunidad, también incrementar el número de jueces, pues ellos son quienes procesan a los detenidos y, por razones como su carga de trabajo, se ven impedidos a llevar un seguimiento más detallado de los casos; debido a los avances en materia de derechos humanos, el país atraviesa por contrastes que desmotivan los aspectos de impartición de justicia y generan impunidad al violar a los derechos humanos de los presuntos delincuentes y dados los cambios constitucionales en derechos humanos, la posibilidad de librar las penas mediante amparos empiezan a corroer el ámbito de la justicia con base en la legalidad floreciendo un vacío de poder de las instituciones lesionando la estima de la población mexicana. Esto refleja una brecha producto del deficiente estado de derecho que impera en México el cual deberá abordar de lleno para contrarrestar este fenómeno no menos grave que deja sin castigo a delincuentes en aras de proteger los derechos humanos. El fenómeno Cases, secuestradora extranjera sentenciada repatriada impune a su país, generó una avalancha de amparos dejando en libertad a criminales desmotivando la impartición de justicia y dando paso al creciente fenómeno de impunidad que ha abordado desmotivación hasta en el rubro impositivo alejando la motivación de contribuir para un estado impune y corrupto.
En cuanto a los funcionarios, es necesario que las medidas anticorrupción deben estar diseñadas para todos los ciudadanos, incluidos los políticos, de cualquier jerarquía, que ocupen cargos públicos.
Croacia, el país con menor índice de impunidad de los considerados, antes de proyectar una disminución del problema en México: su combate y reducción de impunidad, en medio de una guerra civil y otras problemáticas internas, le tomó 20 años. En el caso de México, el lapso para una reestructura institucional y saneamiento de la confianza, que se sustente en resultados y no en percepciones, será de 10 a 15 años. Si un gobierno piensa que lo puede resolver en su sexenio, no lo va a hacer. Lo que debe entender es que se trata del principio de una solución la cual llevará años de trabajo, recuperación del desquebrajado tejido social y confianza en las instituciones.
Este sistema refleja la posición fiscal con base en los acuerdos negociados entre el gobierno y los agentes económicos sobre la carga fiscal y el tipo de impuestos, en este confluyen los intereses del gobierno, donde se encuentra el Ejecutivo y el Legislativo, los partidos políticos donde se encuentran los representantes de los grupos de poder económico principalmente, sindicatos y las diversas instituciones empresariales llegando acuerdos en tasas y condiciones que cada uno tiene como interés.
Desde los años setentas (Córdoba, 2015) que prevalecía el impuesto a los ingresos mercantiles y dar paso al impuesto al valor agregado como impuesto indirecto, productos de las reformas en materia administrativa tributaria la cual recientemente tuvo la última gran reforma involucrando los sistemas electrónicos como base de su proceso de recaudación, las facturas electrónicas como son los comprobantes fiscales por internet así como la contabilidad electrónica obligatoria desde el año 2016.
Los principales ingresos del gobierno son los impuestos en el sobresale dos de los más importantes que son el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, el primero con una tasa del 30% para las personas jurídicas y un 35% como tasa máxima para las personas físicas y el segundo con una tasa general de actos o actividades gravados del 16% así como la exención y tasa cero para los productos que en su mayoría con destinados a alimentos y medicinas, la complejidad en el cálculo de los impuestos abandonando uno de los pilares que toda carga tributaria debe tener que es la fácil determinación y entero, se ha vuelto un laberinto interminable de operaciones y más aún con el agravante de sistema electrónico donde 3.8 mexicanos de cada 10 son usuarios y en proceso de avance ya que la prospectiva de acuerdo a el uso del internet móvil va hasta el 8.7 de cada diez. En todo esto, con la limitante dentro del sistema impositivo donde la acumulación para el ISR e IVA son totales usando la transparencia del flujo de efectivo acotando a los particulares que si bien es cierto, existe la obligación de contribuir al gasto público como bien se señala en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de México, también en cierto que la posibilidad que la autoridad impone referente a las deducción con tiente imperativo como el caso de las deducciones en automóviles siendo un país productor de auto icono en América -el cual genera empleos e inversión-, las limitantes en deducir gastos y consumos en viáticos, en rentas de autos, el sueldos los cuales están requisitados con base en la previsión social o bien los topes en comisiones, prestaciones a trabajadores entre otros parecería que el juego de cartas no son con las mismas reglas donde para la acumulación es total y para deducir cada vez más resulta un complejo mecanismo que pone en riesgo el sistema fiscal mexicano que orilla a los contribuyentes a migrar a la informalidad donde actualmente lo señala en Inegi (2015) radia en un 57.5% (Eje Central, 2015)de informales en México al manejar sus operaciones en efectivo tanto las de venta como las de compra y gasto dejando al fisco la presunción basada en la discrepancia fiscal en términos impositivos netamente.
Esto por un lado representa que la reforma estructural que a partir del 2014 fue considerada por el fisco mexicano, dio un paso como sistema único en el mundo transparentando toda la actividad del particular -sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria-, que dio paso a ubicar en el contexto latinoamericano de pasar de ser en el 2013 el último lugar de recaudación en América Latina, a ser el lugar décimo para el 2016 (Economía, 2016) lo que representa un avance de 10 puntos dentro de la recaudación del PIB datos determinados en el laboratorio fiscal de nuestra universidad.
Esto sin lugar a duda, representa un gran progreso en la visión del estado mexicano en función de los problemas globales que todavía prevalecen después de la crisis global del 2008 y del problema del 9-11 a principios de la década pasada, donde México, ubicado geográficamente a lado de la potencia económica primera del mundo y socio comercial en el tratado de Libre Comercio con América del Norte (Telecan, 1994), economía satélite y segundo proveedor más importante de EUA, pero que en la médula del sistema fiscal mexicano recién sufrió el golpe de mayor alcance al tener su economía soportada por los ingresos petroleros que para el 2014 ascendieron al 39% de lo recaudado y que actualmente sus ingresos son negativos al grande de tener pérdida bruta en su estado de Resultados Integral de la paraestatal mexicana que es PEMEX.
Esto sin lugar a dudas representa la crisis más fuerte donde para el año 2016 van dos recortes presupuestales que alcanzan ya la cifra de 20MMD en busca de recortar el probable déficit que se tenga por la baja del precio internacional del petróleo y en específico de la mescla mexicana que actualmente se ha recuperado y asciende a 40 dll por barril donde en el 2014 el pecio era de 120 dll por barril.
El soporte petrolizado del presupuesto fiscal mexicano cuando durante más de 3 lustros representó la oportunidad de fortalecer un estado financieramente arrastrando la política de estado con base en la soberbia conducta de administrar la riqueza cuando representaba la oportunidad de ahorrar y diseñar un México acorde al siglo XXI cuando las economía globales se colapsaban entre ellas la UE con economía tales como la de Grecia, España, Italia, con éxodos y complejos problemas globales que agravan el contexto internacional donde México dejo ir la oportunidad de ser de primer mundo y ahora a canalizar -como embudo el sistema- aún complejo sistema fiscal mexicano.
Dentro de la investigación realizada por el laboratorio fiscal UG para efecto del presente trabajo de investigación, se llevó a cabo con la opinión de 300 expertos fiscalistas mexicanos (Archundia, 2010) todos ellos enclavados al frente en diferentes colegios de profesionales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos así como de la Asociación Nacional de Contadores Públicos donde participaron cuestionarios enfocados en dos vertientes; la primera abordando el problema cada vez más grave que es la economía subterránea y el segundo la necesidad de fortalecer una gran reforma fiscal tributaria incluyente la cual atienda la micro economía de la población para abatir la pobreza de más de sesenta millones de mexicanos de los cuales el 15% de esta se encuentra en pobreza extrema -aun con los esfuerzos del gobierno mexicano-. En el primer caso, los resultados arrojaron la percepción de los expertos en un 82% considerando muy alto la incidencia del informalismo, de igual manera la opinión de estos expertos que consideraron en un 86% la complejidad del sistema tributario del país. Esto nos lleva sin lugar a dudas que aun con el uso de la tecnología de información y comunicación, el fisco federal debe atenuar la implementación abrupta de la reforma fiscal del 2014 de tal suerte que equipare la lastimada economía del particular -sobre todo la clase más desprotegida-, a las exigencias fiscales y provoque con ello inversión y sobre todo mejore la calidad de vida del compatriota. (Archundia, 2010).
En otros resultados obtenidos y presentados a la Cámara de Diputados en su LXI del trabajo soporte de esta investigación, se visualizó que la generalización de la tasa del IVA coadyuvaría con el fortalecimiento de la recaudación abatiendo con este impuestos indirecto al consumo, la captación del 16% de impuesto de los informales, así como una mejor distribución de la riqueza dentro de un marco de equidad y proporcionalidad en la estructura fiscal mexicana.
En virtud de los resultados obtenidos en la investigación de nuestro laboratorio fiscal UG referente a la economía informal y petrolización tributaria, la dependencia petrolera en la recaudación representó un alto riesgo al grado de dejar una burbuja fiscal de déficit para el año 2016 derivado de la falta captación fiscal para solventa le gasto público con recursos proveniente del petróleo, el no haber realizado la reforma fiscal en su momento para atenuar la economía informal la cual ya se está abatiendo con las reformas estructurales que el ejecutivo impulsó que a partir del 2014 se implementaron, la reflexión sobre lo que pudo ser y no fue referente a la consolidación de una de las oportunidades más grandes que México ha tenido en los últimos 50 años de lograr tener una economía modelo y que por decisiones políticas y partidistas donde la corrupción e impunidad desvirtuaron esta importante posibilidad, se refleja en la información financiera la cual es obtenido de los despachos más importantes del mundo tal es el caso de KPMG y BDO quienes dictaminaron en los últimos años los estados financieros de Pemex reflejando las enormes pérdidas netas obtenidas por la extracción de sus utilidades para la caja chica del gobierno, para las grandes ostentosidades de los políticos y sobre todo para el relajamiento financiero después de la crisis grave de 1995 sin dejar las reservas prudenciales que toda prudente administración debe tener para cuidar el gasto público con ventas estratosféricas de la sexta empresa más importante del mundo dejándola sin partida alguna ni reserva legal para la reinversión, sobre todo para nuevas fuetes de energía, la parte de las siderúrgicas y optimización de los derivados del petróleo que dicho sea de paso, tienen un enorme potencial de venta en el mundo lo que representaría haber invertido en la industria que transformara el petróleo en satisfactores para la competitividad financiera con su venta hacia el mundo con lo viene haciendo los países como China, India, entre otros.
Los resultados por demás desmotivantes de la irresponsabilidad en la planeación financiera y tributaria del país con semejante empresa, se presentan a continuación estando pendiente el resultado del 2015 (Archundia E. C., 2014) por estar en proceso el dictamen fiscal de Pemex y es el siguiente:
Estado de Resultados de PEMEX dictamen KPMG NIF B-3. CINIF
Como se observa, la pérdida neta hasta el año 2015 es de 432,533 MDP y la cifra que se extrajo en ese mismo año es de 393,232 Millones de pesos lo que representa la gran oportunidad de haber salido de las crisis ascendiendo a la plataforma en 15 años desde el año 2000 que se logró la alternancia política a la plataforma de países desarrollados por la cantidad de inversión tal es el caso de que ahora si están dándose las cosas sobre los recortes y ahorros y optimización de los recursos inclusive el despido masivo de trabajadores de Pemex y los acuerdos sobre la enorme losa que carga la sociedad mexicana en las cifras exorbitantes de pasivos laborales de Pemex los cuales ascienden a un billón cuatrocientos mil millones de pesos los cuales, dicho sea de paso, se acordó absorberlos en los presupuestos nacionales habiendo caído en la irresponsabilidad de no reflejarlos en los estados financieros por acuerdo del congreso, el Ejecutivo y los funcionarios de la empresa paraestatal reflejando la opacidad, corrupción e impunidad como se manejó sin sanción alguna más que para algunas empresas donde se afectó a la banca tal es el caso de Oceanografía, la cual sirvió como esquema para el manejo turbio de funcionarios quienes la usaron para lograr contratos jugosos en contra de la paraestatal y los bancos.; inaudito.
CONCLUSIONES
Lo anterior, como producto integral de la investigación realizada con trescientos expertos en el contexto nacional del IMCP y ANCP donde se observan las siguientes conclusiones:
Es pues este tema estructural en la vida económica social en México lo que representa un reto de disciplina, de orden y trabajo el cual es posible que la población lo alcance pero bajo un manto endémico de corrupción que cobija las instituciones y un sistema judicial ineficiente que deja impune cuanto delito pasa castigando solo al que no cuenta con recursos para defenderse, es probable una nueva crisis económica y social en México.
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