Revista TECSISTECATL ISSN: 1886-8452

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CIUDADANÍA, DEMOCRACIA Y ECONOMÍA
Principios de un modelo económico con bienestar para los ciudadanos

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I. Introducción. Desde hace algún tiempo está en el ambiente académico -y también en el debate político y social- la idea de que la riqueza, producto de la economía, no está siendo repartida sensata y justamente. Varios antecedentes con respecto a este debate:

La pregunta, entonces, es: ¿es el reparto económico un riesgo para la democracia? Más exactamente: ¿ese reparto es un problema para los ciudadanos? ¿Es necesario cambiar el modelo? ¿Cómo dar con este nuevo modelo si vivimos en un mundo complejo, azotado por diversos fenómenos que se relacionan unos con otros de forma que muchas veces no alcanzamos a entender del todo? Nuestra sociedad sufre los incrementos de la población pobre en el mundo, el deterioro creciente del medio ambiente, los conflictos étnicos y religiosos, el terrorismo, los aumentos de la criminalidad, la exclusión política, económica y social y, en general,  el deterioro de la calidad de vida. Cada uno de estos fenómenos, solos o por separado,  han sido el caldo de cultivo para la eclosión de movimientos sociales que, bajo el amparo de la participación democrática, han colocado -entre el deseo y la realidad- la viabilidad de la homogeneización económica propuesta desde el capitalismo. Es decir, cada uno de estos fenómenos significa un reclamo al modelo de desarrollo: la democracia liberal y su libremercado.

II. Hacia un concepto (amplio) de ciudadanía. La ciudadanía es un concepto complejo con un carácter histórico y contextual específico, dado en la medida en que sus nociones y prácticas, se configuran en escenarios sociales determinados, y responden al grado de evolución de la cultura en que se realiza.

Se trata de un concepto abierto, susceptible de ser debatido, pero que siempre está relacionado con los llamados valores cívicos (es decir, esos derechos y obligaciones que orientan el desarrollo social y económico).  
  
Por esta razón se puede afirmar que no hay un solo tipo de ciudadanía, sino que existen tantas como comunidades políticas y sociales hay. Por ello, al hablar de ciudadanía nunca hay que perder de vista que se trata de personas que conviven ejerciendo sus derechos y responsabilidades con perspectivas, e intereses diferentes.  Así, la formación de ciudadanía implica: la pertenencia, los derechos humanos y la participación. Aspectos que adquieren connotaciones específicas en el contexto local y global y que sugieren los retos de la formación ciudadana en la sociedad contemporánea.

Ahora bien, las personas necesitan cada vez más información e interactuar en la relación de los contextos local, territorial, nacional y global. Tal relación exige crear nuevos conocimientos, aprendizajes, habilidades y actitudes para delimitar e integrar lo que se piensa y  se hace en los entornos particulares y en los contextos cada vez más amplios a los cuales se pertenece, hasta llegar al punto de lo global. A esto podríamos llamar un ejercicio activo de la ciudadanía4 .
La ciudadanía del siglo XXI se caracteriza por la globalización. Frente a la globalización tampoco existe un consenso. Pero de acuerdo a la académica Yurén en la globalización la identidad, la subjetividad y la capacidad de agenciar proyectos comunes se diluyen y pierden en la totalidad 5. A debate, entonces, está sobre si la globalización contribuye a la formación de ciudadanía. Pero, si seguimos a Yurén, veremos que, en la globalización, la libertad del consumo ha desbancado la libertad del ciudadano.
Para dar una idea de esto, el informe de la CEPAL, Tributación para un crecimiento inclusivo, aporta una visión  del proceso en los siguientes términos:
En Latinoamérica existe una profunda  asimetría entre tres dimensiones de la ciudadanía: la extensión del voto, la ciudadanía política activa y la ciudadanía social y económica, y, sin embargo, sabemos que hay medios más que suficientes para que todos los seres humanos vean cubiertas sus necesidades básicas; sabemos que el proceso de globalización puede resultar beneficioso para todos los hombres, si se orienta desde principios de justicia. Por otra parte, la ética cívica de las declaraciones universales es la de los derechos humanos y la igualdad de capacidades básicas 6.
Si tirásemos del hilo conductor de este fragmento, podríamos ver que tenemos que poner en marcha una política generadora de poder democrático, cuyo objetivo sea la ciudadanía integral que articule lo que se conoce como Estado de Derecho (Estado democrático, Economía ética y Ciudadanía activa).Sólo en el Estado de Derecho puede hablarse corresponsabilidad  (el ejercicio entre ciudadanos y  gobierno), para construir lo público entendido como lugar en donde confluyen intereses ciudadanos, privados y colectivos, con el objeto de consolidar lo político y las políticas en torno al bien común.
El Estado de Derecho es aquel que logra potenciar su papel en la articulación del sector político, el sector económico y el sector social. En ese sentido, aunque quizá nos excedamos del objeto de este ensayo, no estaría de más preguntarse qué nos falta como ciudadanos para lograr un Estado de Derecho.

III. Los problemas de la democracia liberal. Tomamos el subtítulo prestado del español Juan Manuel de Ros, quien desde el pensamiento de Alexis de Tocqueville, analiza la relación entre Igualdad-Libertad y Sociedad Civil-Democracia. En esta relación de conceptos Ros acude a la ética, aunque también a la antropología, estética y -sobre todo- a la teoría del conocimiento para analizar la influencia del individualismo en la democracia liberal7 .

 Sobre esto, evidentemente, hay varios y diversos análisis publicados, pero nos detendremos en el que hace el sociólogo chileno Luis Razeto, quien ya incluye a la economía como un potencial problema de la democracia liberal. Razeto sostiene: lacrisisdeldesarrollode laquehablamoslapodemosexpresarenestostérminosconcisos:mientraslaeconomíamundialcontinuasuprocesodeexpansiónycrecimientoglobal,unavisióndeconjuntodelmundopermiteverqueestamosavanzandohaciauncolapsodelamismacivilizaciónqueseestáexpandiendoycreciendo.Crisisdeldesarrollonosignifica,pues,queloquehemosentendidocomodesarrolloestédejandodeverificarse,sinoalcontrario,quemientrasmásavanzamosporelcaminodeesedesarrollo,másseagudizanlosproblemasycontradiccionesdelasociedadymásnosacercamosalpuntoenquecontinuarpordichasendadedesarrolloresultaráimposible8 .

Al hablar sobre la crisis del desarrollo, de las aspiraciones de construir sociedades democráticas, tenemos que referirnos forzosamente a  Norberto Bobbio, quien aísla el problema de la contradicción entre Estado versus el mercado de la discusión convencional, y le coloca una extensión a la disyuntiva que se formula en términos de un Estado democrático versus el mercado. Para Bobbio el asunto de la democracia no es solamente un problema de mayorías absolutas o la existencia de un marco legal que garantiza la existencia de reglas y procedimientos, es importante además tener las garantías reales de ejercicio de la democracia que han de estar consignados en los llamados derechos fundamentales (de libertad,  opinión,  expresión,  asociación y reunión), que solo pueden ser dados en el seno del  Estado liberal, aquel que no solo ejerce un poder de sometimiento a la ley sino que está limitado por el reconocimiento constitucional de los llamados derechos inviolables del individuo. De ahí que el Estado liberal no solamente es el supuesto histórico sino también jurídico del estado democrático. El Estado liberal y el Estado democrático son interdependientes en dos formas:

Bajo esta lógica se podría inferir un paradigma de sociedad democrática que se sustenta sobre la correlación directa entre desarrollo económico y democracia; dicha connotación  va de la mano con la idea que la industrialización que conduce al capitalismo de la misma manera debe de conducir a la democracia, dado que esta última resulta ser funcional para la reconciliación de intereses cada vez más diversos en sociedades más complejas.

Algunos argumentos apologistas de estas tesis, en medio de la generalidad, han planteado que la evidencia empírica muestra como la mayoría de los países altamente industrializados reflejan democracias estables, y los países considerados como pobres muestran niveles de inestabilidad democrática fuertes; discusiones que se han inscrito en el ámbito del triunfalismo occidental, luego de la crisis del paradigma socialista, que ha pretendido asimilar la democracia liberal  al capitalismo y que aspira a universalizar el modelo democrático de sociedad occidental.

En este sentido, Anthony Giddens en su texto Másalládelaizquierdayladerecha sostiene que el liberalismo es la expresión de los derechos de propiedad bajo el imperio de la ley mientras que la democracia es el derecho más importante dentro del liberalismo que permite a los individuos asociarse políticamente para la toma de decisiones. Esto, salvando las diferencias, es como decir que el liberalismo es un sistema operativo bajo el cual logramos encender la computadora y la democracia meramente un programa con el que trabajamos. Alrededor de lo anterior quedaría planteado, como el viejo debate del huevo o la gallina, la discusión de la necesidad económica de la democracia, es decir ¿la democracia necesita del capitalismo? o ¿el capitalismo necesita de la democracia?

Es evidente, que esta pregunta, nos lleva a reflexionar el marco conceptual de referencia, es decir, sobre nuestro modelo económico y político, pero también sobre la relación entre ambos y en cómo se expresa socialmente. Empezaremos diciendo que el avance universal de la democracia liberal está vinculado a la comprensión de la historia como “una lucha por el reconocimiento”. Si bien el deseo por el reconocimiento atraviesa diversas vicisitudes, combinada con el capitalismo, la democracia liberal crea gran abundancia material, pero lo que impulsa la democratización no es la riqueza sino “elobjetivototalmenteinmaterial,delreconocimientodenuestralibertad“, tal cual lo recoge -por ejemplo- la Constitución de los Estados Unidos. La democracia liberal “reconoce” a todos los seres humanos “concediendo y protegiendo sus derechos”. La democracia liberal y el capitalismo  están unidos entre sí porque el desarrollo económico favorece las condiciones de la autonomía individual. El crecimiento económico, impulsado por la ciencia y la tecnología, exige un sistema educativo y desarrollado; y la educación universal libera “cierta exigencia de reconocimiento que no existía entre gentes más pobres y menos educadas 10.  

Desde este punto de vista, entonces, la democracia se podría asumir bajo la acepción particular de la “democracia económica”, entendida esta como la búsqueda de la “igualdadeconómica,porlaeliminacióndelosextremosdepobrezayriquezay,enconsecuencia,porunaredistribuciónquepersigueelbienestargeneralizado”. 11 

Sin embargo, autores como Adam Przeworki en su texto Democracia y mercado, sostienen que en realidad, la democracia, bajo estos términos, no le es funcional a la racionalidad propuesta por la economía de mercado capitalista, dado que en esta los individuos definen la asignación de acuerdo a los recursos que poseen individualmente, los que en su distribución son altamente desequilibrados y desiguales. Mientras que una aspiración distributiva de carácter democrática  tiende a transferir y socializar el patrimonio privado en aras de la equidad social, genera mecanismos de subsidio y asistencia a sectores económicos y sociales  que están en dificultades, y  gasta más en inversiones sociales que en inversiones productivas.   Así, se nos presenta el modelo capitalista de mercado  en el que los individuos establecen pautas de intercambio de acuerdo a sus deseos, y que bajo condiciones de equilibrio, nadie obrará de manera distinta a los demás, los mercados agotaran sus existencias y los precios serán indicativos de las mejores oportunidades y del logro del bienestar de la sociedad. Pero igualmente se ha reconocido que los mercados funcionan en desequilibrio lo que lleva a afirmar que “elcapitalismoesirracionalporquenopuedealcanzaralgunasdistribucionestécnicamentefactiblesdelbienestar.Aunquedispongamosdelosmediostecnológicosyorganizativosadecuadosparadardecomeratodosloshabitantesdelatierrayaunquedeseemosalimentarlosatodos,estopuedeseguirresultandoimposiblebajoelcapitalismo”12 . Przeworki presenta, entonces, a la democracia como la principal contradicción, que exacerba estas divergencias en el  mercado capitalista, donde los individuos excluidos de la producción y el consumo pretenderán  influir en la distribución y asignación de los recursos.

Si la anterior incompatibilidad se acepta como válida, entonces se asumiría una absoluta contradicción entre capitalismo y democracia, desde la óptica más radical; o en un espíritu conciliador, quedaría formulado que el capitalismo requiere de una transformación que garantice la salvaguardia y permanencia de la democracia; asunto que estará determinado por la redefinición institucional y  económica del Estado. En términos simples, parafraseando a Bobbio, es pertinente decir que, si en la década de 1930 fue el capitalismo el que colocó en crisis a la democracia, en la década de 1990 es la democracia la que colocó y seguirá colocando en crisis al capitalismo.

La alternativa menos radical para darle salida a esta contradicción sería asumir que no se podría hacer una equiparación lineal entre capitalismo y economía de mercado, es decir, es necesario hacer el reconocimiento a una forma de economía de mercado integradora y holística, donde las formaciones sociales se reconocen en su individualidad, y sus procesos asimétricos desde lo político, lo económico y lo social se resuelven no desde las leyes autorreguladoras del mercado, que hacen prevalecer una formación social sobre la otra, desconociendo la heterogeneidad socieconómica. Esta aseveración se identifica con la noción conceptual de mercado democrático, el cual en su acepción teórica estará asociado a la repartición del poder que estaría diseminado socialmente entre todos los sujetos de acción económica, en el que la asignación y distribución  de recursos y bienes se realice en términos de una correlación democrática de las fuerzas que intervienen13 .

Bajo este contexto, adquiere relevancia en el mercado la repartición de los poderes (correlación de las fuerzas y los balances de poder) bajo el reconocimiento de un ámbito institucional de los mercados; la integración social de los individuos como sujetos económicos; las relaciones de planificación y regulación económica y las expresiones orgánicas  de asociación social. Esto se presenta como una contradicción abierta al modelo ortodoxo clásico de mercado en el que se presenta la ausencia de poderes, bien sea bajo la forma del Estado o de organizaciones sociales. Donde los individuos, leídos como agentes económicos, operan atomizados. En el que las relaciones son exclusivamente de intercambio. Donde las necesidades no se leen como tal  sino como demandas y en el que los individuos no son ciudadanos sino consumidores.  En síntesis, diría que se  remite a pensar que el reconocer la existencia de la  democracia dentro del contexto de esta economía de mercado ha de conjugar  dos escenario, el de la democracia económica y el de la democracia social, entendida esta última como la máxima expresión de la unidad de la sociedad en medio de lo diverso, que establece la diferenciación para efectos de la inclusión14 .

III. Las vertientes democráticas. La búsqueda de respuestas a este complejo problema ha llevado a la creación de enfoques teóricos que serían puestos en práctica, con la intención no de cambiar el sistema sino de repararlo. Particularmente, en el proceso histórico se han dado dos respuestas y a cada uno de ellos nos referiremos en un momento:

1. Elestadodelbienestar.  La idea del "darwinismo" económico, o de la supervivencia del más apto, es una de las tesis que ha hecho carrera en medio del discurso institucional de la competencia que busca cada vez ser más perfecta. Pero contrario con esto es necesario considerar la pertinencia de la permanencia del Estado como agente regulador de la economía con un doble compromiso: de un lado el carácter redistributivo de la riqueza y la propiedad por medio de los instrumentos de política económica; y de otro, como el garante de los procesos de acumulación bajo las políticas de estabilización y crecimiento económico.

La participación del Estado en la actividad económica  ha sido un tema de permanente controversia en cuanto a su papel como agente económico activo o como garante de condiciones equitativas para los diferentes agentes económicos. Entendido de una u otra forma, lo cierto es que el Estado en el nivel de desarrollo de las sociedades modernas actuales se ha convertido en pieza fundamental  como canalizador del ingreso bajo el papel de la distribución o la estabilización; o por medio de la generación directa de los mismos bajo la función de asignación.

Ahora bien, el papel del Estado ha sido relevante en cuanto que se  le justifica el manejo y control discrecional de un conjunto de objetivos e instrumentos de política económica, por medio de los cuales se pretende tener injerencia en la regulación y formalización de las reglas de juego económico tanto para la producción como para el consumo. El asignarle este papel funcional al Estado hace pensar  que este tiene la capacidad de generar beneficios en ciertos grupos sociales; lo que conduce a plantear la no neutralidad del Estado bajo su papel distributivo, en cuanto que puede extraer  y reorientar recursos, bien sea porque profundiza las tendencias espontáneas del libre juego de la oferta y la demanda o por que corrija las distorsiones o cambie radicalmente las condiciones en el  proceso de crecimiento económico. Esta última consideración es quizás la que ha sido el foco de la crítica frente al rol desempeñado por el Estado en la economía y que le ha valido un alto componente ideológico en la discusión.

El marco que ha dimensionado tal discusión gira alrededor de lo que se ha llamado el Estado del Bienestar, en el que se concreta el problema del  logro de la situación óptima, como conjunto de posiciones en la economía que se consideran mejor que otras posibles. La identificación de las mismas, depende de la especificación de criterios lo suficientemente objetivos que permitan estructurar una serie de medidas de política económica, “neutrales”, que contribuyan al logro del bienestar económico. Este Estado del Bienestar se muestra como la crítica hacia los procesos económicos deshumanizados, inflexibles, omnipotentes y omnipresentes; es una aspiración al derecho a la equidad y un llamado a romper con estructuras de mercado de corte circular, impersonales, homogeneizantes y universalistas. Es una búsqueda menos dramática de identidad entre la democracia y la libertad económica.  

Diversos estudios han mostrado un balance positivo de la aplicación de dicho modelo y sus efectos sobre la dinámica del crecimiento económico, en los períodos de 1950 a 1975, y que se resumen en cuatro elementos15 :

Manuel Castells plantea como “ensumalaconstitucióndeunEstadodelBienestarenlosúltimoscincuentaañoshaarticuladoalassociedades,dinamizandolaeconomíayhechoposiblequelaspersonassesientanindividuosconfuturoyciudadanosconderechosenlapráctica” 16.

Si se tratara de validar este tipo de participación del Estado en alguna economía, este adquiere mayor importancia en aquellas consideradas como  no desarrolladas, las cuales han sido el reflejo de comportamientos asimétricos en cuanto a bajos niveles de ingreso per cápita y la constante presencia de desigualdades sociales evidenciado en el acceso a la satisfacción de bienes y servicios y alta concentración de la riqueza y la pobreza.

Parte de este escenario se recrea, en la vinculación que se tiene con los mercados externos, como abastecedores de materias primas de bajo nivel de transformación, lo que hace que estas economías sea altamente sensibles al comportamiento de los ciclos de los precios en las economías internacionales. Gran parte de estos mercados fueron intervenidos por los gobiernos (sobre todo productos de minería o de explotación de recursos naturales), los cuales captaron parte significativa  de las actividades exportadoras generándose con esto las condiciones reales de financiación de obras públicas en infraestructura y  de asistencia social básica.

Si lo lleváramos a nuestra propia experiencia histórica, al pensar en el modelo proteccionista de la CEPAL, veríamos que sí, se produjeron procesos de industrialización y creciente modernización de algunos segmentos de la economía, a la par que se iban generando nuevos problemas en términos del acceso a tecnologías y la respuesta que era necesario darle desde las políticas públicas en el Estado; que a su vez adquirieron mayor controversia por la naturaleza misma de los regímenes políticos y las alianzas de clase y sectores de clase que de una u otra forma validaron este tipo de acciones públicas bajo la pretensión de amparar, de forma privilegiada, ciertos sectores  de la economía. Pero también veríamos que nuestras sociedades distaban mucho de ser democráticas.

La respuesta a este proceso histórico, en América Latina, la podemos ver bajo dos enfoques teóricos 17:  

Es claro que los dos enfoques tienen una diferencia de fondo, mientras que el primero considera la crisis como un asunto de orden estratégico y de voluntariedad política encabezada por las elites de decisión económica, desconociendo la capacidad de ahorro público, índices de deuda externa y magnificación del populismo económico; para el segundo el problema radica en factores estructurales  que hacen posible identificar y reconocer contextos políticos e institucionales asociado a la existencia de reglas de juego políticas, el reconocimiento de las capacidades burocráticas y técnicas del Estado, los alineamientos  sociopolíticos, legados históricos y las condiciones de negociación con organismos acreedores externos18 .  

En resumen no es discutible que la evidencia histórica muestra cuatro factores fundamentales que catalizaron la crisis del modelo: los crecientes desequilibrios internos evidenciado en los déficit fiscales; la espiral inflacionaria que repercutió en la dinámica del comercio internacional; el crecimiento desmedido de los índices de deuda externa; y la crisis de legitimidad social impulsada por el proceso de segmentación de la sociedad en el que se confrontaron sectores minoritarios enriquecidos con una creciente clase media empobrecida. Pero es igualmente cierto que no es valida la pretensión triunfalista, de los liberales de la nueva ola económica, proponiendo el desmantelamiento total del Estado de Bienestar, en el que la efectividad de su discurso a obedecido más que por su atractivo teórico, a la conjugación simultánea de hechos históricos (Crisis del paradigma socialista y crisis del Estado del Bienestar) que crearon el escenario oportuno para recuperar “ideasantiguas,expresadas,entérminosmásomenoscínicos,desdelosorígenesdelaindustrializacióncapitalista”, y mal llamadas, en la actualidad, neoliberales 19. 

2. La Tercera Vía. Esta dinámica sostiene que un Estado que, en principio, tiene muy claramente delimitada sus funciones como agente regulador, con aspiraciones neutrales en su participación en las orientaciones de la economía; luego pasa a un Estado que asume un rol activo y comprometido con los intereses de los sectores emergentes con el fin de incorporarlos a las florecientes actividades económicas. Podríamos definirlo en la frase del expresidente español Felipe González: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario.  Teóricamente, el enfoque contribuiría a diluir los posibles niveles de eficiencia que se deberían lograr desde el Estado en cuanto que cada vez asume mayores compromisos  entorno al financiamiento de nuevas inversiones, el subvencionamiento de la producción privada y la incorporación constante de nuevos grupos sociales a la actividad económica; así las cosas se hace imposible para el Estado hacer compatible simultáneamente  un dinamismo en el crecimiento económico, la redistribución del beneficio hacia los nuevos grupos y sostener la eficiencia en las variadas tareas que se asumen desde la esfera económica.

Bajo este estado de cosas, diríamos que la búsqueda fundamental radica en la redefinición y reconfiguración del Estado que requiere ser concebido en forma alternativa a la que tradicionalmente orientó el paradigma keynesiano, lo que involucra la estructuración de nuevos mecanismos de participación económica, social y política, que se adecuen a las condiciones del nuevo contexto histórico. En esta línea se vienen presentando distintos desarrollos teóricos, que han perfilado el ámbito de la discusión en torno a la disyuntiva capitalismo y democracia, en la que el rol estatal se presenta como el centro del debate. El enfoque neokeynesiano se presenta como la mejor alternativa  de gestión de la crisis generada por el neoliberalismo, y que ha tenido expresión en las posturas de Tercera Vía (o llamada por Anthony Giddens en 1999 también Socialdemocracia renovada) en cabeza del primer ministro británico Tony Blair y el  expresidente de Estados Unidos Bill Clinton.

Consideramos pertinente detenernos en este punto, principalmente por la postura del sociólogo inglés Anthony Giddens (1998) y su texto LaTerceraVía, que aunque a pesar de ser fuertemente criticado, parece valida su mención al poseer un referente de aplicación pragmática de orden Neokeynesiano  que coloca en el centro del debate el problema del Estado, la democracia y la sociedad civil20 . Giddens contextualiza en cinco dilemas fundamentales, la pertinencia política, económica y social de su propuesta:

En esencia, a lo largo de estos cinco dilemas, se hace explícito la formulación de un modelo de economía mixta que sobre pase los límites actuales del liberalismo, que no vea en el capitalismo y en el libre mercado un escenario hostil y que a diferencia de la “socialdemocracia antigua”, no considera los derechos como exigencias incondicionales hacia el gobierno. Una economía donde se hable de derechos, pero también de responsabilidades, en el que sean responsables tanto el Estado como los destinatarios del bienestar 21.

La propuesta del nuevo modelo implica un cambio profundo en la forma de considerar el papel del Estado. Bajo la idea de la dañina intervención del Estado abre el camino de un Estado empresario que hace viable la reproducción del capital con las menores trabas y obstáculos  posibles. A día de hoy, la política y la economía del Estado, terminan siendo acciones “despolitizadas”, de corte tecnocrático, bajo el manto de una eficiencia que cobija el verdadero propósito que consiste en crear las condiciones para una reproducción estable para la acumulación y concentración en pocas manos de la riqueza.

Parece claro, a nuestro entender, que la democracia adquiere un papel protagónico, cuando se plantea el precepto de “ninguna autoridad sin democracia”, la que queda consignada como única ruta viable de legitimación y consolidación del poder, y más aún, cuando las tradiciones, las costumbres e identidades particulares parecieran disolverse en medio de la hegemonía universalista de los mercados.

Se propone formar democracias hacia abajo, con un carácter más participativo que representativo, lo que solo podrá ser logrado por una sociedad civil renovada y aliada con el Estado, para “actuarasociados,cadaunoparaayudar,perotambiénparacontrolarlaaccióndelotro” 22. Necesitamos llevar al terreno de las ideas económicas conceptos como Sociedad civil y Ciudadanía. La sociedad civil debe ser parte básica del modelo económico, pues a ella van referidas todas las acciones del bienestar.  La sociedad civil se pondera como la máxima instancia, aquella que “audite” por utilizar un término de la contabilidad, del proceso de democratización económica, social y política, rompiendo con las estructuras clientelistas, privilegiadas y patrimoniales del poder político y económico. Una economía de corte abierto, con un papel activo y participativo, podría crear las condiciones de encuentro constante entre esta y el Estado; provocando el estímulo a las iniciativas locales, el control de la esfera pública, y la co-gestión del bienestar.

Es importante enfatizar la connotación que adquiere el concepto de sociedad civil, dado que se distancia  de las acepciones convencionales,  que pretende mostrar el conjunto de las relaciones sociales que se encuentran fuera del control coactivo del Estado.  Esta concepción funcional se aleja de los enfoques tradicionales en los que se han inscrito la interpretación de las potencialidades y alcances de la sociedad civil en el ámbito  “anti-estatal”  o  "post-estatal”. Donde en el primero, se hace manifiesto el cambio en los balances del poder y el dominio, materializado en la formación de los llamados contrapoderes que posibilita la formación de grupos con aspiraciones de emancipación política, y en el segundo se muestra un escenario liberado de la sociedad política, dándose la disolución total del Estado23 .

En esencia, se podría decir  que la potencialidad  de la sociedad civil se identifica  inicialmente en la existencia de un Estado que se puede sobreponer para efectos de regulación, pero simultáneamente no obstaculiza el desarrollo y la renovación de la misma, bajo el rol de la complementariedad. A esto, lo denomina Giddens, elEstadosinenemigos, que se materializa en escenarios de legitimidad y gobernabilidad, en el que el Estado crea la capacidad de responder institucionalmente a las demandas de la sociedad civil, en lo que lo que se ha denominado “capacidad de gestión del riesgo”, que no consiste exclusivamente en la provisión de seguridad social y económica,  tal como lo privilegiaba el tradicional Estado del Bienestar, sino que sería multidimensional incluyendo aspectos tecnológicos, científicos, culturales, éticos y de solidaridad.

En el otro ámbito de la discusión, la ciudadanía, que se presenta como las obligaciones de los otros hacia mí  y mi obligación hacia los otros en función de la plenitud de la vida, se considera está ausente en los estados nacionales actuales, que leen como “Estadosprivadossinciudadanosnifronteras”, que operan bajo la lógica de la rivalidad económica a costa del sacrificio de recursos humanos y naturales 24. Retomando a Przeworski, en su texto DemocraciaSustentable,  identifica tres condiciones que ha de cumplir el Estado para que la ciudadanía sea efectiva en un régimen democrático:

Es quizás esta última condición la que ha generado la mayor controversia y a su vez mayor debilidad, en términos de su supuesta condición democrática, del  sistema de mercado capitalista imperante, por su carácter excluyente y la creciente mercantilización de las relaciones sociales. “Enlaépocaneoliberallaciudadaníaadquierelaexpresiónmásabstractaymásalienantedelahistoriadelsistemavigente.Enmediodelaexclusiónprogresivahayunapérdidadederechosyporendedeciudadanía.Lasolidaridadylaayudamutuaparaconseresconcretospasaronalahistoria.LasolidaridadinstitucionalylaseguridadsocialconlaintervencióndelEstadosedebilitan,ycadavezmáslasrelacionesseregulanatravésdelmercado.Laciudadanía,entérminossubjetivos,significaahoralaidentificacióndelosindividuosconesemercadoquelestiendeahacerperdersusderechosyporendesuciudadaníaobjetiva.Loanteriorrequiereuncompromisoalienanteconunmercadoy,porende,conunasociedadabstractaqueamenazaexcluirlos”25 .

IV. Imaginando México: propuestas para un nuevo modelo económico. Expuesto este diagnóstico, parece pertinente dar una propuesta. A este ejercicio le hemos puesto por título Imaginando México. Es evidente que es sólo eso, una propuesta  una idea, que recoge lo dicho anteriormente en relación a la creación de la ciudadanía, sociedad civil, confianza, pero también al argumento más general de crear los marcos de un desarrollo nacional más endógeno y enfocado hacia dentro, un crecimiento que recupere los motores económicos internos y que se oriente a resolver nuestros grandes problemas nacionales 26.

En primer lugar, construir la confianza de largo plazo, significa poner la mirada hacia adentro, encender el motor interno y multiplicar el desarrollo económico a partir de las potencialidades y las cadenas productivas regionales, estos son asuntos que merecen aterrizarse, con la generación de proyectos compatibles con nuestra economía abierta, asunto que constituye el argumento final de esta disertación, pero que parten de impulsar proyectos de infraestructura que generen una demanda regional sostenida, al tiempo que abren los canales de comunicación económica con la rentabilidad de largo plazo, en un contexto de coherencia con el modelo de apertura que hoy tenemos. 

Ello no implica esconderse del mundo. Al contrario. Debemos estar conscientes que la ciudadanía del siglo XXI, el más global de todos, está preocupada por el trato que se da a cada uno de los habitantes del planeta. Es decir, en muchos ámbitos existe la convicción de que los Derechos Humanos están para cumplirse. También, es cierto que existe una responsabilidad individual para esforzarse en aprovechar las oportunidades existentes para llevar a cabo los diferentes proyectos de vida personal, pero también de que existe una obligación social para eliminar obstáculos y facilitar la igualdad inicial de oportunidades para que cada uno pueda hacerlo en las condiciones más equitativas posibles. Así, sólo mejorar la productividad de forma sostenible para repartir mejor reduciendo las desigualdades representará una verdadera salida para todos de la crisis del capitalismo contemporáneo. Eso, entre otras cosas, implica apostar por una economía eficiente y competitiva, creadora de empleo, que no desconozca el marco transnacional en el que se desenvuelve, con un sistema energético limpio, que genere una prosperidad que beneficie de forma incluyente a todos, que implique una disminución de las desigualdades. Dado lo que hemos venido comentando, a nuestro juicio, esto significa:

Ya lo han dicho otras personalidades, pero no está de más recordarlo. Una alternativa económica de futuro exige tener en cuenta que luchar contra la desigualdad, regenerar las instituciones y acabar con los privilegios, apoyar a las empresas y el crecimiento económico, son elementos que se retroalimentan y se necesitan mutuamente. En realidad, ello implica: más ingresos públicos, un gasto público más eficiente, una mayor competencia en los mercados y una mayor productividad.

Finalmente, consideramos que lograr una economía realmente competitiva, de alta productividad e inclusiva requiere proponer un marco institucional que favorezca la participación de los individuos en la creación de riqueza económica, sin espacios de privilegios. Así, un Estado que pretenda una economía más inclusiva debe remover los obstáculos al dinamismo, para permitir el acceso a la riqueza de una mayoría de la ciudadanía y empresas, y de esta forma poder desplegar todo el potencial  que el país tiene. Recordemos: el único fin de una democracia liberal es asegurar la felicidad de sus ciudadanos. Visto el panorama, no podemos decir que, en México, lo estamos consiguiendo.

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Recibido: Enero 2016 Aceptado: Abril 2016 Publicado: Abril 2016

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