Revista: Oidles Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social

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LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA EN EL MARCO DEL DESARROLLO LOCAL. RETOS Y DESAFÍOS PARA ECUADOR

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Introducción

En la última década, el modelo neoliberal y la desregulación económica han venido profundizando una crisis de reproducción de la vida humana, generando una pérdida de capacidad del sistema capitalista para resolver la cuestión social con acciones concretas desde el Estado. Esto se ilustra en el panorama mundial, donde cada día mueren unas 70 mil personas por hambre. Según datos de la CEPAL (2013) en América Latina en 2012, un 28,2 por ciento de la población era pobre y la indigencia o pobreza extrema llegó a un 11,3 por ciento.

En paralelo, la reestructuración de los sistemas productivos locales, tiene lugar en un mundo caracterizado por las crisis económicas que limitan la capacidad de financiamiento y deterioran las condiciones de subsistencia de la mayoría, provocando un inevitable declive de unas economías, mientras otras descubren nuevas oportunidades en los mercados, lo que profundiza las diferencias, lejos de resolverlas.

Eso abre una perspectiva diferente en el desarrollo, que trasciende la otrora visión del concebido en un contexto global, para expresarse desde los espacios subnacionales.  Las políticas de desarrollo se configuran como una vía por la que los gobiernos locales definen, aplican e intervienen activamente en los procesos de reestructuración económica positiva.

En ese contexto, ante los resultados de las medidas aplicadas por el FMI y el BM, cuyo resultado fue más pobreza para su población, gobiernos como los de Brasil y Argentina, han optado por buscar y aplicar una alternativa llamada Economía Popular y Solidaria (EPS). Como antecedente de esta se presenta la Economía Social no como un concepto novedoso, la misma data del siglo del XIX en Europa promulgado por los movimientos obreros cristianos, socialistas y anarquistas. La Economía Social se definió como un concepto polisémico designando diversas aproximaciones teóricas y disciplinarias para la interpretación integral de un fenómeno más allá del mero hecho económico.

Ecuador, Bolivia y Venezuela están optando por una economía social, comunitaria y solidaria, términos que provienen de las escuelas económicas liberal, socialista, y cristiana social, que nacen con la aparición de los sindicatos y promueven un estado de bienestar social, cuyo principio rector es la realización de actividades o trabajos de beneficio social o colectivo. 

Estos países han modificado sus constituciones y emitido algunas leyes regulatorias para la aplicación de este nuevo modelo económico, donde el Estado pretende dar un tratamiento diferenciado y preferencial para impulsar el desarrollo de una Economía Popular y Solidaria, en que las ciudadanas y ciudadanos en forma individual o colectiva desarrollen procesos de producción de bienes y servicios para satisfacer necesidades colectivas y generar ingresos. Se basa en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al ser humano  y orientado al buen vivir en armonía con la naturaleza, a través de la participación ciudadana, dejando de lado la búsqueda de la utilidad o beneficio individual o para una minoría y la acumulación de bienes que constituye uno de los principios del capitalismo.

Respecto a la Economía Popular y Solidaria, Ronald Martorell, insiste en que “La Economía Solidaria, es parte de una ideología coherente en base a postulados y paradigmas doctrinarios que recogen las diferentes experiencias de ayuda mutua; economía sin ánimo de lucro, experiencias comunitarias y cooperativas (en sus aspectos rescatables), en el entendimiento de la responsabilidad del individuo como parte importante del desarrollo, no solo su beneficiario, sino creador de condiciones y contribuidor de los espacios adecuados para que este se llegue a materializar. En este contexto, la persona es sujeto activo, y no un mero espectador pasivo. De ahí surge la responsabilidad social del individuo, del empresario; es decir la responsabilidad del ciudadano frente a su sociedad, su medio ambiente, su entorno” (Monogragias, 2013)

En tal sentido, constituye un hecho que el modelo de economía solidaria está ganando aceptación en la región de Suramérica, lo que quedó demostrado en la reunión de UNASUR de 2012, donde se declara como línea prioritaria definida por los ministros regionales, "el impulso a la economía social, solidaria o comunal con inclusión productiva y generación de oportunidades" (Portal de Economía Solidaria, 2012), además “Los ministros y viceministros del ramo 1 de los países de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) definieron durante el encuentro, que sesionó el lunes y el martes, el Plan de Acción 2012-2014”

En el caso de Ecuador, a partir del año 2008 se modificó la Constitución y, se declaró la intención de implementar el nuevo modelo económico mediante la aplicación del Plan Nacional del Buen Vivir. Asimismo se aprobó en el 2011 la Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) (Presidencia de la República, 2011) en la cual se define como el sistema económico que se integra por las formas organizativas públicas, privadas, mixtas, populares y solidarias. Esta Ley es el primer paso hacia un nuevo modelo donde la sociedad moviliza, organiza, distribuye y genera recursos y capacidades para producir, comercializar y consumir bienes y servicios satisfaciendo las necesidades priorizando la solidaridad sobre la competencia y el trabajo sobre el capital.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y de haber transcurrido varios años del reconocimiento legal y constitucional del Sistema Económico Social y Solidario, en especial la EPS, aún se aprecian insuficiencias para su desarrollo pleno en el país. La solución de ellas se convierte en retos y desafíos para el gobierno y el pueblo ecuatoriano en tanto la EPS contribuye al despliegue y aprovechamiento de capacidades desde la endogeneidad favoreciendo a procesos de desarrollo local. Por ello el objetivo del presente trabajo es analizar las condiciones concretas en que se da la implementación de la EPS en Ecuador que permita identificar los retos y desafíos para su desarrollo en el país.

En las últimas dos décadas del siglo XX, con la hegemonía neoliberal instituida en América Latina, ha sido posible notar el agravamiento de las condiciones sociales de una gran parte de la población de los países subdesarrollados. A pesar de las afirmaciones realizadas por los defensores de esa política, en el sentido de que los mercados libres producen mayor eficiencia en el bienestar de todos, se aprecia una concentración de renta y un aumento de la pobreza y de la exclusión social en la región.

Problemas como bajo nivel educacional, inaccesibilidad a los servicios de salud, altos índices de desempleo y precarización del trabajo, aumento de la violencia y de la criminalidad, destrucción de la familia, entre muchos otros, producen círculos perversos de exclusión que solo tienden a generar más pobreza, tornando el cuadro de la situación social cada vez más insostenible (Kliksberg, B, 2002)

Los trabajadores, una vez expuestos al desempleo, la subocupación, al trabajo precarizado o informal, buscan alternativas que les generen una renta, donde al contrario de buscar lucro, son reguladas por objetivos de reproducción ampliada de la vida y de la emancipación económica y social. 

La  Economía Popular y Solidaria2  surge entonces, como alternativa de generación de trabajo y renta para estos. Sus emprendimientos se dan en las esferas de la producción, de la distribución, del consumo, del ahorro y del crédito y pueden tomar la forma de cooperativas, asociaciones, clubes de trueques, empresas autogestionarias, fondos rotativos entre otros.

Con las crisis económicas, políticas y sociales que permanentemente sacuden a la región latinoamericana, se ha observado el desarrollo de un polo económico alternativo muy distante del sector privado tradicional. Este polo surge fundamentalmente por la existencia de dos factores: la presencia de unos niveles bajos de ingresos familiar generalizados en la población y la necesidad de encontrar nuevas actividades y acciones que procuren evitar los signos de pobreza y exclusión.
En América del Sur, específicamente en Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina, la Economía Popular y Solidaria es definida como aquel polo económico nacido de la economía popular en donde se ubican las microempresas, ya sea asumiendo como fórmulas jurídicas a las cooperativas, o simples empresas de responsabilidad limitada, que actúan en redes de producción, comercialización y consumo.

Al respecto Razeto señala  "que comprende no solo las organizaciones sino sus actividades y otras experiencias que trasciende lo meramente económico. Se tiene en cuenta la imposibilidad del mercado para utilizar plenamente todos los factores productivos. La EPS busca superar la marginalidad y exclusión creando redes sociales y las habilita para buscar objetivos más amplios que el cooperativismo tradicional" (Razeto L. 2003, p.34)

Un ejemplo específico de esa práctica económica lo constituye el caso brasileño. Si bien existían antecedentes previos, se ubica su fase de potenciación en la resistencia de los excluidos ante la dictadura militar y, posteriormente, ante el modelo neoliberal. Un papel destacado en este proceso lo tuvieron las Comunidades Eclesiales de Base inspiradas por la Teología de la Liberación.

En la década del 90, del siglo XX, son protagonistas importantes el “Movimiento de los Sin Tierra” y las empresas recuperadas. Para 2002, se había incorporado la economía solidaria en la plataforma política y, por demanda de las organizaciones sociales, se crea la Secretaría de Economía Solidaria (SENAES).  Para el 2003 se crea, a través de acuerdos entre el gobierno y las organizaciones, el Foro Brasileño de Economía Solidaria (FBES) que reúne asociaciones vinculadas a la economía solidaria, emprendimientos y entidades de asesoría a los emprendimientos, movimientos sociales y la Red de Gestores Públicos (Coraggio, J. L.; Singer, P., Laville, J., 2012). En ese país se han fortalecido los emprendimientos, apoyando las iniciativas públicas, como parte del Programa Economía Solidaria en Desenvolvimiento de la Secretaria Nacional de Economía Solidaria del Ministerio de Trabajo y Empleo (SENAES-MTE)

En el Brasil, el proyecto de otra economía –considerado bajo el ángulo de nuevas formas de propiedad social y cooperativa como construcción de “enclaves” de un nuevo modo de producción asociativo–  se inscribe en la emergencia y el fortalecimiento de emprendimientos y redes colectivas de base popular, que son apoyados por el trabajo de formación y conocimiento aplicado. Las varias facetas de la legalización, de la gestión, del procesamiento del producto, del marketing, de la comercialización, del financiamiento, de la elaboración de planes, proyectos y de adquisición de saber y medios de producción, deben estar orientadas hacia ese nuevo tipo de forma de asociarse.

En algunos países latinoamericanos, por ejemplo en Brasil, Chile, Argentina y Perú entre otros, la Economía Popular y Solidaria, si bien comprende una mayoría de iniciativas individuales y familiares, también ha desarrollado un sector asociativo, las “organizaciones económicas populares”, en varios campos de actividad, entre los que destacan: grupos de compras, talleres de producción, grupos de autoconstrucción de viviendas, etc. (Razeto, Klenner, Ramírez y Urmeneta, 1991)

En Perú, Villa el Salvador los comedores populares autogestionados, son importantes ilustraciones del potencial de la Economía Popular y Solidaria. Asimismo, los países del Cono Sur han desarrollado programas de fortalecimiento de las empresas locales como una forma de disminuir la marginalidad y la exclusión social, tal es el caso de Argentina, Paraguay y Uruguay. En estas naciones la proyección está vinculada al desarrollo de la economía local, el espacio habitacional y la municipalidad.

En Chile, con la derrota del movimiento popular (unidad popular) y con la consiguiente implantación del Estado autoritario y de la economía social de mercado, llegó definitivamente a su término aquel sistema de relaciones tradicionales entre el Estado y las clases populares. Comenzó en ese momento, un intento sistemáticamente perseguido con todas las fuerzas y mecanismos del poder, de cambiar estructuralmente las relaciones entre las clases populares, el Estado y la economía.

La Constitución del Ecuador indica en su artículo 283 que “el sistema económico es social y solidario”. Asimismo especifica en su artículo 276 “El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

Al definir el sistema económico por su relación con la sociedad, por su valor central y por sentido, los constituyentes adoptaron una definición sustantiva y plural de economía, que no se define por los procedimientos de cálculo e instituciones de asignación óptima de recursos sino por garantizar de manera solidaria el sustento de todoslos ciudadanos combinando diversas formas de organización económica: “Art. 283.‐ El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. (…)”
El Buen Vivir es un concepto colectivo, un modo de vida en convivencia cuya concreción será definida a lo largo de la historia por el pueblo ecuatoriano, y no se reduce a las preferencias de los consumidores limitados por la escasez de sus recursos.
Para el caso específico de Ecuador existe una Ley de Economía Popular y Solidaria (LOEPS) (Presidencia de la República, 2011) en la cual se define como el sistema económico que se integra por las formas organizativas públicas, privadas, mixtas, populares y solidarias. Desde el punto de vista jurídico y social, la Economía Popular y Solidaria no ha sido visibilizada y ha estado marginada de las políticas públicas (Guridi & Villalba, 2013) como se muestra en la siguiente figura:

La Ley, en su esencia, constituye un primer paso hacia un nuevo modelo para que la sociedad movilice, organice, distribuya y genere recursos y capacidades para producir, comercializar y consumir bienes y servicios satisfaciendo las necesidades, priorizando la solidaridad sobre la competencia y el trabajo sobre el capital. En ella se establece la institucionalidad pública para la rectoría, regulación, control y acompañamiento, donde sus principios se establecen sobre la búsqueda del bien común, la prevalencia del trabajo sobre el capital y del interés colectivo sobre los individuales, la responsabilidad social, y la distribución equitativa y solidaria de los excedentes. En síntesis, entre los objetivos de la LOEPS se encuentran:

Los cambios introducidos con la EPS en Ecuador, significan que el utilitarismo individual y el fin del lucro privado, co‐constitutivos con el mercado libre, deben subordinarse a los principios de solidaridad (seguridad y autocontrol de condiciones básicas de la propia vida, reciprocidad simétrica, redistribución progresiva, planificación democrática) y la corresponsabilidad de todos por la satisfacción de las necesidades y la calidad del modo de convivencia de todos, bajo la racionalidad reproductiva, incluida la naturaleza.
Ese segundo significado implica que no se trata meramente de desmonopolizar y hacer competitivo al mercado de acuerdo a la utopía del mercado perfecto, pues éste en ningún caso puede ser solidario o asegurar la justicia social. Implica también admitir que se parte de una economía de mercado periférica y deformada y que es posible construir otra economía, socialmente integrada y solidaria. Sobre lo anterior se puede establecer una comparación entre las características de la EPS y las empresas de capital, como se muestra en la siguiente figura:

El pensamiento único ha impuesto el paradigma de la empresa de capital como la forma de organización económica. Durante estos treinta años de neoliberalismo se ha pretendido introducir las pautas de comportamiento propias del tipo ideal de gestión empresarial al Estado, a la escuela, incluso en las políticas de fomento del emprendedurismo de los pobres.

Lo que no se ajustaba a ese patrón era lo burocrático‐estatal o informal‐ subterráneo.  En cambio, la Constitución del Ecuador reconoce una economía mixta con una pluralidad de actores y de trabajos, que se interpreta como sigue:

El interés individual y su realimentación con el mercado no se niegan, pero aparecen otras pautas de relacionamiento no mercantilistas: la reciprocidad, la redistribución, la solidaridad. El comercio no siempre se rige por la formación de precios según la oferta y la demanda, ni el principio de intercambio es más que uno de los principios de institucionalización de la economía. Se trata de construir una economía conmercado, no demercado, superado la tendencia a una sociedad donde el éxito o fracaso en el juego de mercado sea definitoria.

La transición a un Sistema Económico Social y Solidario (SESS) implica un salto en la calidad y escala de la solidaridad. Supone pasar, en primer lugar, de la solidaridad intra Unidades Domésticas (UD) familiares/comunitarias y emprendimientos económicos (ya sean los micro-emprendimientos familiares o las grandes cooperativas y asociaciones) a la cooperación y complementación orgánica conscientemente acordada entre diversas organizaciones de un mismo territorio, sector o encadenamiento intersectorial (nivel meso).

Serían, asociaciones de comunidades que resuelven colectivamente condiciones generales de su vida; productores que comercializan y se abastecen juntos, que comparten marcas y responsabilidades por la calidad de sus productos; asociaciones de consumidores y usuarios de servicios que compran o gestionan juntos; ahorristas que agregan sus ahorros y definen conjuntamente políticas de crédito solidario que se orientan al desarrollo de la comunidad local; cooperativas que se hacen responsables por la calidad social y ambiental de sus productos, que se unen entre sí para invertir en las condiciones generales de la producción y la vida comunitaria; comunidades que acogen e integran a los discriminados, a los que nunca tuvieron empleo, a los excluidos por el capital; vecinos que conforman asociaciones de gestión conjunta del hábitat que se articulan con otras para resolver condiciones de infraestructura compartida o encarar otras necesidades (empleo de los jóvenes, educación, actividades culturales); diversidad de organizaciones económicas autogestionadas que dan tiempo voluntario para participar en instancias de deliberación y acción por la comunidad, más allá de su interés material inmediato; redes locales, nacionales e internacionales de comercio justo; comunidades que organizan sus propias finanzas solidarias, que emiten y gestionan monedas locales para el intercambio endógeno y solidario de sus trabajos y productos; redes que comparten conocimiento económicamente valioso, como las redes de software libre; la diversidad de redes de protección solidaria o de defensa de derechos sociales basadas en el trabajo voluntario; universidades y escuelas que comparten infraestructura, coordinan estrategias de formación e investigación, y mucho más.

 En todos esos casos es evidente que solidaridad es inseparable de co-responsabilidad social:

En la EPS se pueden alcanzar ámbitos y escalas superiores a las de las mismas empresas de capital, como es el caso de complejos cooperativos que se inician a nivel local y terminan con alcance nacional o internacional, o las grandes urbanizaciones auto-gestionadas por sus vecinos; o las redes globales de comercio justo o de programación de software libre.
Más allá de los simples actores económicos populares e internamente solidarios, supone la constitución de sujetos económicos populares, conscientes de las fuerzas del contexto y las propias para proyectar y transformar ese mismo contexto. Sujetos que no están motivados solamente por la mera ventaja particular obtenida mediante la competencia en el mercado y que encaran proactiva y dinámicamente el sistema de necesidades comunitarias en toda su complejidad generando satisfactores sinérgicos.3 Al desarrollarse la solidaridad se vuelven a vincular la economía y los derechos sociales, la producción material y la cultura, la autogestión y la democracia participativa, se afirma y valora la diversidad, se comparte la preocupación por el entorno natural compartido, en el caso de  Ecuador esto se concreta como se muestra en la siguiente figura:

Sin que se trate de etapas definidas, el mismo proceso de construcción de relaciones solidarias lleva a la necesidad compartida de que el sistema mismo sea estructuralmente solidario. Esto no es posible sin el Estado. Un estado democrático que aplica con justicia el principio de redistribución de la riqueza, que regula los mercados atacando la especulación y el monopolio, que recupera los bienes comunes, que centraliza y canaliza recursos en función del proyecto de una economía que sea una base material congruente para un proyecto de emancipación humana y de reconocimiento de la naturaleza.
La ampliación de la solidaridad es también ampliación de la responsabilidad. Al complejizarse, las interrelaciones horizontales van reclamando y generando espacios públicos donde los actores de la economía solidaria pueden progresivamente autorregularse sin necesidad de una vigilancia directa del Estado, orientados por el paradigma del Buen Vivir. Nada de esto es natural ni exento de conflictos, resulta de una construcción política y cultural, del desarrollo de formas de convivencia basada en el reconocimiento de lo diverso. Por lo que la construcción de Otra Economía en Ecuador requerirá seguramente un nuevo sistema de resolución de conflictos.
Desde la perspectiva de un SESS la planificación y el desarrollo local, incluye un triple movimiento: uno de abajo hacia arriba, desde los territorios/comunidades al Estado, identificando las condiciones para la reproducción inmediata de la vida digna de su población, otro desde el Estado hacia los territorios/comunidades, identificando los grandes objetivos estratégicos para la sociedad en su conjunto y un tercero horizontal, entre territorios/comunidades, sus gobiernos jurisdiccionales y las instituciones, afirmando la complementariedad antes que la competencia entre regiones y etnias.
Ello incluye la difusión de las metas y los ritmos de avance en relación a la igualdad, justicia, racionalidad ecológica, la inserción en la división internacional del trabajo, la integración con otros países de la región y, desde allí, pautar las prácticas en los territorios, potenciándolas. Esta relación de la EPS con las instituciones, ha tenido un paso de avance en Ecuador, a partir de la creación de todo un cuerpo legal y marco regulatorio para asegurar dichas relaciones y el fomento de la EPS, como se muestra seguidamente:

No obstante al sistema instaurado, la protección y proyección del Estado ecuatoriano en función de fomentar el tránsito hacia un Sistema Popular y Solidario que favorezca al desarrollo local, se identifican algunas dificultades:

En ese contexto, aún con los avances en materia de organización, institucionalidad, marco regulatorio y fortalecimiento de la EPS, se develan algunos desafíos para Ecuador, entre los que se pueden citar:

La EPS puede contribuir firmemente a los objetivos de producción y, al hacerlo, transformarse a sí misma: reducir el peso de los trabajos de intermediación y financiamiento redistribuyendo el excedente a favor de los productores, ampliando su vocación productiva de bienes necesarios, incorporar tecnologías que multipliquen su productividad social, ganar en escala mediante la compactación de los pequeños emprendimientos y el impulso a la asociación y la cooperación a nivel meso económico, erradicar las prácticas expoliadoras propias del patriarcado, asegurar sistemas de representación basados en la responsabilidad de todos y no en la transferencia de poder a una clase de representantes profesionales. La fuerza para esos cambios internos se reforzará si:

El trabajo digno para todas y todos es objetivo prioritario y condición de un SESS. El empleo no puede ya tratarse como variable de ajuste subordinada a la maximización del valor global de la producción mercantil (PIB) ni encararse su falta con programas de worfare. Su referencia no es solo la población económicamente activa (PEA) en determinado momento (con sus consecuentes indicadores de subempleo, desempleo, remuneración, precariedad e inestabilidad) sino las capacidades de trabajo del conjunto de la población. El balance de disponibilidad y uso social de las capacidades de trabajo debe incluir el trabajo de restitución de la naturaleza y el trabajo doméstico de reproducción como trabajos útiles socialmente reconocidos, no necesariamente remunerados pero sí cubiertas por los sistemas de seguridad social (ingreso mínimo, atención médica, derecho al crédito, jubilación, entre otros) y apoyados mediante recursos de inversión completa o complementaria para la construcción de las condiciones generales de resolución de las necesidades (infraestructura sanitaria, hábitat en general) promoviendo las formas colectivas (asociaciones de vecinos con diversas finalidades: gestión del hábitat, redes solidarias de cuidado, crédito solidario para inversiones en infraestructura de uso común, fondos de ayuda mutua, etc.) y velando por el estrechamiento de las brechas de discriminación, particularmente en lo referente al género y a la juventud que no ha podido ingresar a un primer trabajo ni estudia. Todo ello parte de la Economía Popular (EP) realmente existente en su transición a la EPS. Implica además, que las políticas usualmente denominadas sociales y las de economía social se articulen como políticas socioeconómicas y, que la producción para el mercado se promueva junto con la producción para el propio consumo individual o preferentemente colectivo.

La EPS es una gigantesca fuerza productiva, esencial para una transformación de la matriz productiva del Ecuador. Su potencial puede efectivizarse a través de políticas específicas, basadas en la comprensión de su lógica, que no es la de la acumulación ni la del crecimiento per se y en la inseparabilidad de sus múltiples dimensiones: lo productivo y lo reproductivo, lo productivo y lo cultural, lo productivo y lo político, lo afectivo e interpersonal y lo sistémico, como indican los cuatro equilibrios que plantea el Buen Vivir. Posiblemente los sujetos de esas políticas, co-construidas para su mayor eficacia, serán nuevas configuraciones de sujetos colectivos acompañados por formas estatales democratizadas, desde el mismo núcleo de la EPS: los emprendimientos.
Sin embargo, el problema de la capacidad emprendedora, para satisfacer necesidades de  otros, es más profundo cuando se centra en detectar necesidades (mercados) y satisfactores nuevos, evaluar las propias capacidades, agenciar los recursos y organizar la producción. La ausencia de estudios que muestren precisamente los problemas inherentes a la capacidad emprendedora, limitan la proyección de gobierno en términos de diseño de política hacia el fortalecimiento de los emprendimientos.

A decir de Coraggio (2013), para la implementación de EPS no hay modelo definido, lo cual redunda en la carencia de métodos y herramientas asociados a un modelo, que favorezca, no solo la implementación de la EPS, sino a su seguimiento y análisis. Tal afirmación tiene implicaciones metodológicas al introducirse la necesidad de conocer la realidad de los núcleos de EPS y los emprendimientos que los conforman, tomando como base un diagnóstico adecuado que devele las dificultades para el desempeño de los núcleos y sirva de guía para la actuación pública en la solución de ellas. Por esto, es central crear las vías de búsqueda colectiva de resolución a los problemas urgentes de los emprendimientos y los núcleos de EPS, articulando los esfuerzos de desarrollo local dentro de una perspectiva macro-social del desarrollo.

Consideraciones finales

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Recibido: 05/04/2016 Aceptado: 16/06/2016 Publicado: Junio de 2016

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