Revista: Oidles Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social

ANÁLISIS PESTEL DEL SECTOR COOPERATIVO DE PRODUCCIÓN ECUATORIANO

1. INTRODUCCIÓN

El nuevo modelo de Estado ecuatoriano, plasmado en la Constitución de la República del 2008 adopta un sistema económico social y solidario como garante de la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibilitan el Buen Vivir (BV) a través de los actores de la economía: el sector público y el sector privado integrado por grandes empresas, micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), productores campesinos y organizaciones de la economía popular y solidaria (OEPS). De estas últimas se han seleccionado a las cooperativas de producción1 como base del análisis del entorno político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, por ser estructuras clave en el proceso de transformación productiva iniciado por el gobierno en el año 2010 mediante la Agenda para la Transformación Productiva (ATP) para el período 2010-2013 y que continúa a través de la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva.
El escenario de estudio está enfocado en lo productivo, ya que en él converge la búsqueda del incremento y mejora de la producción en calidad, con un incremento de su valor agregado, a través de la innovación, tecnología y conocimiento, que permita las diversificación y ampliación de la producción para en una primera instancia sustituir las importaciones y posteriormente ingresar a mercados internacionales exportando productos nacionales.
Entonces, al reconocer la economía popular y solidaria (EPS) al ser humano como sujeto y fin, propone una relación dinámica entre Estado, productores, mercado y sociedad para transitar de una economía basada en recursos petroleros y primarios muchas veces sin transformación, a una economía post-petrolera, en un intento de dar fin a la pobreza extrema existente en determinadas zonas geográficas y alcanzar el Buen Vivir de todos los ecuatorianos eliminando las brechas económicas, productivas, tecnológicas, sociales y ambientales.
2. DESARROLLO
2.1 Análisis Político
Se presentan cambios en la concepción del Estado, antes éste era el portador del poder político y representaba el interés colectivo, desempañaba una función paternalista y realizaba malas asignaciones de recursos, ahora, éste tiende a cooperar y vincularse con las organizaciones no estatales, incluye a actores de diversos sectores, construye redes y los hace partícipes en la toma de decisiones, en sí, una nueva relación público – privada. Rodrik y Haussman (2003) ven en esta interacción de sectores (público y privado) una nueva institucionalidad con una distinta modalidad de intervención estatal, que una vez identificadas las limitaciones formulan acuerdos para el desarrollo de áreas específicas de producción.
En este marco el Estado se responsabiliza de proveer bienes y servicios públicos de calidad (infraestructura física, comunicaciones, incentivo a la investigación para la innovación tecnológica, cofinanciamiento productivo, soporte temporal a las industrias nacientes, formación de talento humano) orientados a una mayor productividad. También asume la creación de instituciones capaces administrar estos bienes, y la proposición de normas prácticas que facultenla consecución de resultados efectivos.
Masi (2008: 3-5) califica a esta institucionalidad como importante en la reducción de las fallas de mercado con intervenciones estatales, ya que se construyen las condiciones para la diversificación productiva e industrial. Stiglitz (1998) coincide con la idea de que el Estado fortalezca la infraestructura institucional, provea servicios básicos, y otorgue incentivos para lograr la eficiencia de la actividad económica, y agrega que su rol conforme su capacidad ha de ser dinámico para responder a los desafíos del contexto nacional e internacional.
La Asamblea Constituyente (2008), en el artículo 85 de la Constitución alinea su visión de Estado a lo planteado anteriormente, las políticas públicas se formularán a partir del principio de solidaridad y tanto la producción de bienes como la prestación de servicios públicos se orientarán a hacer efectivo el BV y todos sus derechos. Asimismo, entre deberes del Estado el artículo 277 establece: la garantía de los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza, la ejecución de las políticas públicas con el respectivo control y la sanción a su incumplimiento, la dirección, planificación y regulación del proceso de desarrollo, el impulso a la realización de actividades económicas mediante un orden jurídico e institucional, la promoción e impulso de la ciencia, la tecnología y en general las actividades de la iniciativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.
En este sentido, Chiriboga (2009) manifiesta que la responsabilidad del desarrollo económico competitivo local no es trabajo único de los gobiernos locales; sino que las empresas privadas, las entidades sociales y no gubernamentales tienen igualmente roles importantes. Esta posición, abre el espacio para que las organizaciones sociales (cooperativas y asociaciones de producción) concebidas en la EPS se inserten como agentes de cambio. La SENPLADES (2009, 2013) viabiliza la construcción de este nuevo Estado y sus objetivos de mejora económica, productiva y social a través de los Planes Nacionales para el Buen Vivir 2009 – 2013 y 2013 – 2017, donde se garantiza los derechos de oportunidad para la inserción socioeconómica a la vez que fortalece las capacidades de las personas, propicia la distribución adecuada de los recursos escasos en la dotación de bienes públicos y en la democratización del acceso a recursos, cimentando las bases para una productividad y diversificación sistémica.
En la parte operativa, se cuenta con una ATP que contiene estrategias de transformación productiva y de desarrollo territorial y las políticas trasversales y sectoriales para efectivizar las estrategias. Correa (2010) indica que en la ATP se propone un nuevo modelo de acumulación con un rebalanceo entre las rentas del capital y del trabajo, su objetivo es el desarrollo del ser humano y la definición de una política de fomento productivo como un instrumento para este fin, enmarcado en el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica y bajo un esquema de cooperación pública-privada.
Los resultados que se aspiran alcanzar con la ATP guardan correspondencia con el artículo 276 de la Constitución en lo que respecta a la construcción y consolidación de un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable; así como la promoción de un ordenamiento territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socio-culturales, administrativas, económicas y de gestión y que coadyuven a la unidad del Estado.
Para el fortalecimiento sector productivo compuesto en su gran mayoría por la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) y las organizaciones de la economía popular y solidaria (OEPS) el Estado ha establecido en la ATP un conjunto de ocho políticas transversales (Tabla 1) que  se repasan a continuación.

El fomento a la inversión productiva persigue el desarrollo humano y territorial a partir de la generación de empleo, diversificación productiva de bienes y servicios con innovación tecnológica agregadora de valor encaminada a la sustitución de importaciones en el marco del BV y de la EPS mediante agendas regionales.
La política comercial guarda estrecha relación con la de fomento productivo, en cuanto a la intención de diversificar actores, productos y mercados, así como con el lograr una distribución más equitativa de la riqueza a lo largo de las cadenas productivas proveniente de acuerdos de comercio e inversión desarrolladores y promotores de espacios hacia donde productores de las MIPYME y de las OEPS destinen sus exportaciones. Esta internacionalización de cadenas de valor obedece a un enfoque de inclusión económica que considera procesos como el comercio justo y la participación competitiva.
El siguiente paso es migrar del emprendimiento creado con fines de autoempleo satisfactor de las necesidades personales o familiares de limitado alcance hacia el emprendimiento dinámico con altas proyecciones de crecimiento por basarse en iniciativas generadoras de ventajas competitivas, activadoras del desarrollo económico al convertir ideas en oportunidades económicas. Esto se logra en la medida en que el Estado actúe como socio cooperante suministrando un sistema de incentivos financieros, fiscales, de promoción y formalización de la actividad empresarial, a través de redes y servicios de apoyo, financiamiento, protección intelectual (registro de marcas y patentes) y capacitación.
Se cataloga al servicio de transporte como de bajo valor agregado, informal, obsoleto, y no apropiado a los productos que transporta causando daños al material y pérdidas monetarias, del mismo modo la carente infraestructura logística no provee adecuados servicios como las plataformas logísticas multioperador (CSP, 2010a; 162). Es por esta razón que la política de logística y transporte se centra en elevar el nivel del sector actuando directamente sobre tres componentes: infraestructura (nodos logísticos, redes), servicios (transporte terrestre, acuático, aéreo, multimodal, logística integral) y procesos (macro: procedimientos, tecnologías de la información y micro: incentivos, normas y controles). El camino a seguir inicia con la formalización, consolidación (tamaño y diversificación de la oferta) y trasformación (servicios logísticos competitivos en de calidad y costo) del sector transporte. El próximo paso es la internacionalización de los operadores (Comunidad Andina), lo que necesariamente conlleva la innovación e incorporación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones adoptándose a las necesidades propias de los distintos segmentos productivos. Por último, al Estado además le corresponde incentivar la multimodalidad del transporte, reducir las externalidades negativas ligadas a la operación del transporte de carga (ambientales, seguridad, etc.), acondicionar las instituciones interrelacionadas con el desarrollo del sistema logístico, dotar de infraestructuras logísticas y desarrollar las capacidades (profesionalización) de los operadores.
El financiamiento para investigación desarrollo e innovación (I+D+i) está en función del beneficio social neto y la productividad esperada de las actividades receptoras de las asignaciones, las mismas que deben propender a la transmisión de resultados e interacción de todas las organizaciones inmersas en el sistema (instituciones de investigación, centros educativos y sector privado). Los programas de investigación y desarrollo tecnológico requieren de capital humano capacitado, bienes y tecnología para la generación de productos y servicios más diversos y con mayor valor agregado, materializado únicamente cuando luego de su aplicación se mejoran las condiciones de vida de las personas y se incrementa la eficiencia productiva. Vale resaltar que el sector productivo al que se pretende beneficiar preferentemente con esta política se compone de MIPYMES y OEPS.
La banca pública2 y privada están llamadas a ofertar instrumentos de capital para el financiamiento del sector productivo que comprende tanto a negocios ya en marcha o nuevos, cuya característica es la eliminación de las barreras de entrada con las que tradicionalmente se enfrentan. Los microcréditos y las microfinanzas con apego a las especificidades de la EPS, son claves en la ampliación de la cobertura de servicios financieros a grupos vulnerables (de menor desarrollo relativo). Esta política de financiamiento también considera el fomento al emprendimiento, para ello se recurre al cofinanciamiento con capital semilla (recursos no reembolsables) y capital de riesgo (inversión).
Proteger al consumidor y producir bienes y servicios de calidad son los fines que persigue la política de calidad. Para la protección se requiere: implantar una cultura de calidad, consolidar los espacios de representación del consumidor, optimizar los canales de denuncia y aplicar sanciones a los infractores. La producción implica: controlar y vigilar la calidad de los alimentos y de productos no alimenticios, implementar la gestión de la calidad3 , certificar mediante un sello de calidad diferenciada a productores (PYME y OEPS), promover su ingreso a mercados con diferenciación de productos por calidad. Igualmente, los servicios públicos deben ser de calidad, y para ello se proporcionará: instituciones de regulación y control; un marco legal con parámetros de control, procesos continuos de evaluación, capacitación, acreditación y certificación.
El incremento de la productividad, competitividad y del emprendimiento está asociado a la capacitación y formación profesional orientada al desarrollo y reconocimiento formal de las competencias laborales de la población económicamente activa, grupos de atención prioritaria, MIPYME y OEPS, atendiendo de esta forma tanto las necesidades de los diversos grupos y las potencialidades territoriales, locales y sectoriales. El Estado para la ejecución de la política de capacitación ha previsto tres sistemas nacionales: de certificación de competencias laborales, de capacitación y de formación profesional, a los cuales dota de infraestructura, formación de capacitadores y presupuesto, asegurando el alcance, la cobertura y la calidad del servicio.
Estas políticas se complementan con las políticas sectoriales para la Acuacultura, Agricultura Ganadería, Pesca, Industria, Servicios y Turismo (Tabla 2), de este análisis se excluyen servicios y turismo debido a que las cooperativas de producción no operan en estos sectores.

Existe un claro interés por desarrollar al sector rural, esto beneficia a las organizaciones objeto de estudio, puesto que se impulsan los emprendimientos asociativos (creación, regulación y formalización de empresas campesinas, cooperativas o asociaciones de productores), se pone a su disposición: insumos y factores productivos (tierra, semillas, fertilizantes, riego tecnificado, capital, I+D+i, extensión y transferencia de tecnología), procesos eficientes para la comercialización (almacenamiento, distribución, regulación de precios, formalización y acceso al comercio exterior) y sanidad agropecuaria (trazabilidad, prevención, control, erradicación de enfermedades y plagas).
En lo referente a la política para el sector industrial además de cambiar el patrón de especialización primario de la economía se plantea el impulso a los encadenamientos productivos con más valor agregado, para incrementar los niveles de productividad, calidad, gestión empresarial y cuidado del ambiente. Se reitera el rol protagónico en el desarrollo territorial que tienen los artesanos, las MIPYMES y empresas de la economía solidaria, a las que se les asegura la participación en el Sistema Nacional de Compras Públicas, el acceso a líneas de crédito y productos financieros.            
2.2 Análisis Económico
El 74% de las exportaciones ecuatorianas se concentran en cinco artículos (petróleo, derivados, banano, camarón y otros productos del mar) pese a que se comercializan más de 3107 ítems arancelarios (CSP, 2010a; 54). Hecho atribuible a las limitaciones que enfrentan las empresas en los mercados externos lo que ocasiona cierta concentración de la actividad exportadora y dependencia del destino a dónde se exporta.
El mercado norteamericano recibe el 44%, la Unión Europea el 13% y Perú el 8% de la oferta exportable, centralizando en 3 sectores el 65% de las actividades comerciales de exportación ecuatorianas. Situación similar se identifica en las importaciones, Estados Unidos es el principal proveedor (18%), seguido por Colombia (12%), la Unión Europea (10%) y China (10%), que juntos representan 50% del total de compras del país (CSP, 2010a; 56). Estas concentraciones comerciales ensanchan la brecha productiva interna, pues las grandes empresas son las que participan de las rentas del comercio internacional, dejando muy pocas oportunidades de acceso a mercados internacionales a las micro, pequeñas y medianas empresas dada su reducida capacidad productiva y tecnológica.
Las ventas en el mercado nacional están en manos de las grandes empresas (78%) las cuales representan sólo el 6% del total del sector empresarial, que a su vez concentran al 58% de los empleados. Las MIPYMES constituyen el 94%, y la mayor representatividad las tienen las micro (43%) y pequeñas empresas (37%) pero juntas no superan el 7% de las ventas nacionales (SRI, 2008).
La composición del empleo en el Ecuador aglutina a la mano de obra poco calificada en los sectores de escaso valor agregado, fenómeno atribuible a la dispersión productiva interna. De acuerdo al CSP (2010a: 59) el sector primario de bajo valor agregado emplea a más de la mitad del total de trabajadores activos del país, de la siguiente manera: comercio al por mayor y al por menor (28%), agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (16%), industrias manufactureras sin petróleo (14%).
Estimaciones del MCPEC (2009) teniendo como base el salario de las grandes empresas lo que pagan en promedio las micro equivale al 61%, las pequeñas al 65% y las medianas al 76%. Esta brecha salarial se acrecienta cuando la comparación se da entre sectores, así lo que paga una empresa grande ($611,9) es 1,63 veces más que una micro ($373,7). El salario del sector minero-petrolero en las empresas grandes es 3.49 veces mayor que el promedio nacional, la diferencia es de 7.14 veces entre el mayor salario pagado en empresas grandes mineras-petroleras ($2138) y el menor en microempresas de hoteles y restaurantes ($299.3). Para tener un acercamiento a la realidad de las cooperativas de producción se relacionó al sector minero petrolero vs el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, de cuya comparación dio una diferencia de 6,74 veces (grande/micro) y de 5,70 (grande/grande), relación que coloca a estas OEPS muy por debajo del sector minero petrolero, y casi a la par del sector manufacturero pues la diferencia fue de 1,89 veces (grande/micro) y de 1,60 (grande/grande), lo que evidencia una mayor intensificación de capital y tecnología en las empresas más grandes.
La concentración productiva territorial se asienta en los polos de desarrollo, conformado por tres provincias Guayas (52%), Pichincha (30%) y Azuay (4%), según el CSP (2010a: 68) la distribución interna por tipo de empresa en Guayas, de las 33.117 compañías registradas, el 59% eran pymes, en Pichincha, de las 19.321 compañías el 63% eran PYMES y en Azuay lo eran el 61% de empresas.      
Un aspecto negativo que enfrenta el sector productivo son las barreras de entrada al sistema financiero nacional en cuanto al acceso a créditos, el CSP (2010a: 172) señala que esta situación se debe al elevado costo del crédito, carencia de garantías, riesgo sectorial, tramitología compleja, y limitada respuesta de la banca pública 4. Por otra parte, el país atraviesa un nivel importante de desarrollo de las microfinanzas5 sobretodo de las zonas rurales, representadas en cooperativas, asociaciones, bancas comunales, cajas de ahorro y crédito, fondos mortuorios, etc.
2.3 Análisis Social
La dimensión humana respecto de la pobreza de los obreros determina la brecha social de un país. Dicha pobreza laboral se refiere a aquellos trabajadores que viven con menos de dos dólares por día. La OIT (2008) muestra los avances de Ecuador en esta temática, ya que logra una reducción del 10% en dos años, pasando de un 26% en el 2005 a un 16% en el 2007 acreditando una mejor redistribución de la renta (ingreso y salarios incrementados) aunque al hacer una comparación con los países llamados desarrollados que mantienen un 0% de pobreza laboral (Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos), lo realizado no es suficiente para la erradicación definitiva de la pobreza.
El modelo concentrador imperante incrementó la brecha social pues en 1990 el 10% más pobre de la población concentraba el 1.9% del ingreso, y el 10% más rico concentraba el 35,5% del ingreso total. Para el año 2006, el 10% que era pobre se hizo más pobre, captando apenas el 1.1% del ingreso y el decil más rico atrajo el 42% de la riqueza (CSP, 2010a: 70).
MIC y FENAPI (2008) establecieron que las medianas empresas (76%) junto con las pequeñas empresas (58%) fueron las que más capacitaron a sus empleados, aunque en el resultado global de una base de 4000 empresas solo el 38% contribuyeron al desarrollo de las destrezas productivas de sus trabajadores, lo que explica de cierta forma la baja productividad empresarial, tratada en el análisis tecnológico.
Otro aspecto social importante tiene que ver con el porcentaje de los trabajadores formales (15 a 30 años de edad) que han accedido a la educación universitaria, Ecuador (28.3%) supera a países como Alemania (20,5%), Argentina (27,5%), Brasil (8,6%), México (18,3%) y Chile (27,8%), pero sigue por debajo de Estados Unidos (60.4%), Corea del Sur (43.4%) y Perú (37.8%).
El analfabetismo en la fuerza laboral según datos de la UNESCO (2007) en los países desarrollados (Alemania, Corea del Sur, Estados Unidos) está erradicado (0%), Ecuador tiene un 15.8% de analfabetismo cuyas cifras son las más altas del bloque de países estudiados (Perú 10,4%, Brasil 10% y México 7,2%).
2.4 Análisis Tecnológico
Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2010) los países latinoamericanos en relación a las economías desarrolladas presentan gran heterogeneidad estructural (brecha externa) que se origina por la desigualdad en las capacidades tecnológicas de la región y brechas de productividad (brecha interna) caracterizadas por una disparidad de la productividad intersectorial. 
Los avances científicos y tecnológicos responden al monto del gasto público en educación y en investigación y desarrollo (I+D), estas diferencias se aprecian en el gasto comparativo de los países
como porcentaje del PIB. Miranda (2008) identifica al Ecuador como el país con menor gasto en: educación (1%) en relación a Cuba (18%), y en I+D (0,5%) frente a Brasil (1%), estas condiciones se mantienen ante los demás países de América Latina.
Las diferencias de productividad intersectorial se dan entre los sectores primarios y los tecnológicos, los primeros tienen mayor participación del PIB real sectorial en relación a los segundos que pese a no ser representativos doblan en crecimiento anual a aquellos que sí lo son. El CSP (2010a) revela datos estadísticos en los que la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca (11%), explotación de minas y canteras y refinados (13%), industrias manufactureras sin petróleo (14%) comercio al por mayor y al por menor (15%) concentran la generación de riqueza y los sectores con mayor contenido tecnológico como los servicios de intermediación financiera (37%), explotación de minas y canteras y refinados (27%), servicios gubernamentales (18%) crecen aceleradamente en relación a la agricultura (13%).
El MCPEC en el año 2009, determinan que la productividad 6 promedio de las empresas consideradas como grandes, de todos los sectores de la economía equivale a casi el doble de la productividad de las micro empresas, es un 53% mayor a la productividad de las pequeñas y un 31% más que las medianas.
La concentración territorial de las empresas vista en el análisis económico, implica por igual, una concentración tecnológica (inversión en I+D por empresa) focalizada en Pichincha ($367475), el Oro ($13597), Azuay ($8097), Chimborazo ($6862), Imbabura ($5036) y Guayas ($3482) (CSP, 2010a: 68). Adicionalmente, existe un marcado sesgo regional, ya que la mayor cantidad de empresas que invierten en investigación y desarrollo pertenecen a la región sierra.
Al respecto Cely (2010) resalta la importancia que tiene para el Ecuador la transformación productiva, pues en función de las reformas estructurales que se implementen se transitará hacia un sistema productivo más armónico, equilibrado y sostenible en el tiempo, pues mientras existan brechas de productividad estas a su vez propiciarán brechas sociales con efectos negativos en el crecimiento económico.
2.5 Análisis Ecológico
Antes del 2008, la naturaleza con sus elementos, eran considerados como recursos valorados desde el punto de vista estrictamente económico, condición que los sometió a la explotación por parte del hombre, cuyo pensamiento desarrollista se centró en el extractivismo de los recursos naturales, el aumento de suelos destinados a la agricultura7 y la devastación de recursos forestales8 y pesqueros 9, entre otros. Con la actual Constitución se asignan y garantizan derechos a la naturaleza 10, esto implica que el Estado asume responsabilidades y los ciudadanos son corresponsables del cuidado y protección de la misma.
La SENPLADES (2009) revela un déficit comercial físico acumulado11 (1980-2007) de 20 millones de toneladas debido al aumento en las exportaciones de petróleo y de algunos productos agrícolas. Esto significa que el país exporta más material del que importa, con varios impactos ambientales y sociales cuyo valor no está incluido en el precio, además de un intercambio ecológicamente desigual, pues se produce más materia de la que ingresa.
La frontera agropecuaria se ha extendido sobre la superficie del país ocupando el 23,7% con
cultivos de ciclo corto y pastos, el 6,2% le corresponde a la arboricultura, un 9,1% son cultivos de
arroz, palma africana y camaroneras. El 5,3% del total del territorio está erosionado o en proceso, especialmente en la región sierra (Sáenz, 2005). La palma africana es un cultivo que se ha expandido representando una transformación de 8 000 has de bosque nativo (Barrantes et al, 2001). Según Mentefactura, Ecolex y SCL Econometrics (2006), en este sector es nula la inversión económica para la recuperación del suelo y mejora de la calidad productiva. Las actividades forestales (tala indiscriminada) no cuentan con efectivos mecanismos de control y sanción, propiciando conflictos sociales y legales de comunidades y organizaciones ambientalistas, que demandan atención (Lara, 2002).
Las consecuencias que trae consigo el calentamiento global implica que el país se encamine a una economía con bajas emisiones de carbono y a la sostenibilidad ambiental. Para lograrlo es necesario el uso eficiente de energía (menor consumo por unidad de producto), la incorporación de una producción más limpia y el uso de tecnologías verdes. La CEPAL (2010) afirma que el cambio estructural en la distribución y la sostenibilidad además de ser un reto prioritario, está en función de la promoción de un crecimiento sostenible. El CSP (2010a) señala que le corresponde al gobierno: establecer un sistema de estímulos fiscales, financieros y administrativos, apoyar el cambio de las matrices energética y productiva nacionales, mediante la sustitución de recursos no renovables por otros más eficientes en el sector productivo, fomentar un ordenamiento territorial para el desarrollo económico y productivo nacional en dependencia de las capacidades naturales de los ecosistemas, sus servicios eco-sistémicos y su fragilidad.
Factores como la contaminación, la deforestación, la utilización de tecnología obsoleta, la construcción no planificada de trasvases y la sobreexplotación de las fuentes hídricas ocasionan un detrimento a la calidad y cantidad del agua (Borja et al., 2004). Según el INEC-MAG (2001) el uso de este recurso en generación hidroeléctrica bordea los 22 304 Hm3/año y en consumo 22 500 Hm3/año distribuido en riego (81%), uso doméstico (12,3%), industria (6,3%) y otros (0,4%). Al incrementarse 1ºC de temperatura y reducirse en un 15% la precipitación por el cambio climático se incrementaría el déficit de agua en al menos 11 provincias, lo que evidencia la vulnerabilidad de este recurso al calentamiento global (INHAMI, 2007).
Según MEER (2007) la matriz energética ecuatoriana aun depende en su mayoría de combustibles fósiles12 (80% de la oferta de energía primaria). El CONELEC (2009) indica que la demanda de energía eléctrica es residencial (41%), comercial (22%), industrial (19%), alumbrado público (8%) y diversos actores (10%). Esta proviene de hidroeléctricas (41%), termoeléctricas de búnker, diésel y gas natural (49,9%) e importaciones desde Colombia (9,1%).
Vinculada a la energía proveniente de fuentes térmicas se tiene una tasa de crecimiento de las emisiones totales de CO2 del 4% anual, que al relacionarla con la tasa de crecimiento anual promedio del PIB (2,7%) revela que la economía es ineficiente y es la que más emite, teniendo al interior de esta al sector industrial que presenta incremento en las emisiones (CONELEC 2008). Sáenz (2007) le imputa al cambio de uso del suelo el 70% de las emisiones de CO2 y la SENPLADES (2009) especifica que es la deforestación la generadora de CO2 y causante de la pérdida de biodiversidad 13.
La institucionalidad ambiental ha tenido un lento desempeño, la SENPLADES (2009) lo adjudica a las disputas existentes con otras instancias públicas del mismo nivel por la dispersión de competencias y la falta de planificación, comunicación, incluso de acuerdos interinstitucionales. Es así, que la nueva Constitución para la tutela estatal sobre el ambiente establece (Art. 399) un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, con una defensoría del ambiente y la naturaleza a su cargo. La vigilancia, auditoría, intervención y control ambiental (Art. 213) se da a través de la creación de la Superintendencia Ambiental, como parte de las instituciones garantes de los derechos de la ciudadanía y la naturaleza.
2.6 Análisis Legal
En el marco constitucional ecuatoriano se concibe un régimen de desarrollo compuesto de los sistemas: económico, político, socio-cultural y ambiental, los cuales son garantes de la realización del buen vivir (Art. 275), entre sus objetivos está la construcción de un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible (Art. 276, num. 2). Los deberes generales del Estado para la consecución del buen vivir asociados a las OES son: dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo, generar y ejecutar políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento, impulsar las actividades económicas a través de instituciones políticas en un orden jurídico que las promueva, fomente y defienda, promover e impulsar las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada (Art. 277, num. 2, 3, 5, 6).
El Estado es responsable de la soberanía alimentaria (autosuficiencia de alimentos sanos), por ello impulsa en las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía social y solidaria la producción agroalimentaria y pesquera. Para evitar la dependencia de importaciones de alimentos adopta políticas fiscales, tributarias y arancelarias como protección al sector agroalimentario y pesquero nacional. En la producción agropecuaria fortalece la diversificación e introducción de tecnologías ecológicas y orgánicas, promoviendo, mecanismos preferenciales de financiamiento. La distribución y comercialización de alimentos tiene que darse en sistemas justos y solidarios que prioricen las redes asociativas de pequeños productores (Art. 281, num. 1, 2, 3, 5, 11,14).
Para tal efecto el sistema económico ecuatoriano (Art. 283) es social y solidario, el cual está integrado por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, incluidos los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. Reconoce al ser humano como sujeto y fin; propendiendo a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado, mercado y naturaleza.
Algunos de los objetivos de la política económica son: el incentivo a la producción nacional, la productividad y competitividad, el valor agregado, el desarrollo equilibrado del territorio nacional en lo económico, social y cultural, con estabilidad económica (empleo pleno y producción sostenibles) y consumo social ambientalmente responsable (Art. 284, num. 2, 4, 5, 6, 7, 9). El régimen tributarlo por medio de la política tributaria promueve la redistribución, estimula el empleo, la producción de bienes y servicios, conductas ecológicas, sociales y económicas responsables (Art. 300).
La política comercial tiene la finalidad de: desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos, impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial, fortalecer el aparato productivo y la producción nacional, e impulsar el desarrollo de la economía (Art. 304, num. 1, 2, 3, 5). Se priorizan las exportaciones de los pequeños y medianos productores y del sector artesanal (Art. 306).
El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario 14 (Art. 309). En la medida en que se impulse el desarrollo de la EPS las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, MIPYMES, tendrán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado (Art. 311). Entre las formas de organización de la producción en la economía (Art. 319) se reconocen a las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. Adicionalmente el Estado promoverá las formas de producción capaces de asegurar tanto el buen vivir de la población como los derechos de la naturaleza.
El cuerpo jurídico que influye en las organizaciones objeto de análisis es la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS) con su respectivo reglamento. Esta define a la EPS (Art 1) como la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. Este enunciado, describe gran parte de las relaciones que se dan al interior de una cooperativa, agrega también que el fin de estas organizaciones debe ser el ser humano, la aleja del lucro y la orienta a ser una organización promotora del BV.
Se define al Sector Cooperativo (Art. 21) como el conjunto de cooperativas entendidas a manera de sociedades de personas unidas en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social. De acuerdo a la actividad principal que desarrollen las cooperativas pertenecen a uno solo de los siguientes grupos (Art. 23):  producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios. Las personas y organizaciones al amparo de la LOEPS se guían por principios (Tabla 3) al efectuar sus actividades.
Es evidente la correlación que existe entre el cooperativismo y la EPS, así como la complementariedad que las cooperativas reciben de esta última en cuanto a la identidad cultural y la búsqueda del BV. En las cooperativas de producción sus miembros son quienes desarrollan las actividades productivas (agropecuarias, pesqueras, artesanales, industriales, textiles), la propiedad de los medios de producción es colectiva y manejada en común. La Asamblea Nacional (2011) señala que a favor de estas organizaciones el Estado ejecuta medidas de promoción como: el acceso a la innovación tecnológica, el fomento del comercio e intercambio justo con consumo responsable, la promoción, capacitación y asistencia técnica o asesoría en producción exportable, y el fortalecimiento y la conformación de cadenas y circuitos.
El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversión (COPCI), es la norma jurídica que establece (Art. 54) las condiciones para que todo tipo de inversión (pública, privada, nacional e internacional) realizada independientemente de la forma de organización, pero sobre todo en sectores estratégicos, articule la investigación, desarrollo e innovación tecnológica con el aumento de la productividad, genere plazas de trabajo, promueva el desarrollo del mercado interno junto con las zonas geográficas menos favorecidas. En materia tributaria propone incentivos fiscales15 relacionados con la exoneración de impuestos a los emprendimientos.
Este código propende a la transformación productiva con un nuevo proceso de acumulación, salario digno como resultado de dos reconsideraciones, la primera, entre las rentas del capital y las del trabajo, la segunda, una sociedad de propietarios en un marco de respeto a la propiedad privada (CSP, 2010b).
Finalmente, el Código de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) entre sus objetivos figura: la autonomía y descentralización del Estado, para promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la población, la organización territorial del Estado equitativa y solidaria que compense entre las circunscripciones territoriales aquellas situaciones de injusticia y exclusión existentes. Asimismo, como uno de los fines (Art. 4, lit. g) y funciones (Art. 54, lit. h) de los gobiernos autónomos descentralizados 16 está el desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el impulso de la EPS con el propósito de erradicar la pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el BV (Asamblea Nacional; 2010).
3. CONCLUSIONES
La relación público – privada para el sector de la producción agropecuaria e industrial tiene un esquema de cooperación expresado en políticas amplias y diversas que responsabilizan al Estado de la provisión de oportunidades e involucran a los emprendimientos asociativos como agentes de cambio en lo económico, productivo y social.
La economía ecuatoriana al conservar aun una fuerte dependencia del petróleo y de la explotación de recursos primarios de bajo valor agregado, propicia la concentración productiva y comercial, mantiene diferencias de productividad, industrialización, mano de obra, acceso a mercados y financiamiento a intersectorial.
La inversión en I+D es superior en las grandes empresas, en tanto las MIPYME y las OEPS al no disponer de recursos para invertir, las coloca en desventaja para competir, pero por tamaño y estructura las vuelve flexibles para adaptarse a cambios tecnológicos que como resultado de la trasferencia de tecnología impulsada por el gobierno, estas puedan superar las brechas de productividad.
La disminución del impacto al ambiente se logra cambiando dos matrices, la energética que implica el uso de energía verde y la productiva que incorpora una producción más limpia, con resultados efectivos en la reducción de emisiones de CO2 y conservación del agua.
El cambio de la matriz productiva con la respectiva inclusión y promoción de las OEPS cuenta con un vasto soporte jurídico que va desde la Constitución hasta leyes y reglamentos, los mandatos allí expresados se reflejan en hechos a través de un sinnúmero de políticas hacen posible su implantación.

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