Revista: Oidles Observatorio Iberoamericano del Desarrollo Local y la Economía Social

POLÍTICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS PRODUCTIVOS LOCALES INNOVADORES EN EL SECTOR AGRÍCOLA

INTRODUCCION
Las políticas públicas están estrechamente relacionadas con el desarrollo social, económico, político, cultural de las comunidades, de donde se desprende la necesidad de su análisis, pues constituyen un elemento indispensable para entender el surgimiento, desarrollo y consolidación de un Sistema Productivo Local Innovador (SPLI). Las políticas públicas, en tanto programas de acciones, representan la realización concreta de decisiones tomadas con respecto a un colectivo, expresadas generalmente bajo la formulación o creación de normas de orden jurídico por parte de un actor denominado Estado, con el objetivo de regular la relación de fuerzas entre los actores que intervienen en la definición de las reglas del juego.
Se trata fundamentalmente de una construcción social, lo cual implica dificultades para la identificación de sus contornos exactos, como sería el caso de intentar establecer fronteras entre política ambiental y política agropecuaria. Las políticas públicas, según lo indica Petrizzo (2011) constituyen el principal instrumento de acción de un gobierno, representada esta acción en la conducción del destino de un país, en los niveles tanto local como territorial y nacional, orientadas a la solución de problemas colectivos.
Dentro de este contexto, el gobierno local se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo económico y social en las comunidades, como ente generador de condiciones favorables para la creación de nuevas inversiones forjadoras de riqueza, a través de la formulación de políticas públicas de promoción económica, tales como el impulso al trabajo de las comunidades, apoyo para el surgimiento de nuevas organizaciones empresariales, el apoyo y fomento de las actividades del sector productivo mediante el otorgamiento de beneficios tributarios, gestión de promoción empresarial en otras localidades o regiones del país, entre otras.
Dentro de los programas de desarrollo local, se debe considerar como actividad fundamental el proceso de transformación o adecuación de los sistemas productivos tradicionalmente utilizados, que contribuyan a fomentar e incrementar  la competitividad de la producción, el desarrollo de la calidad de los productos, junto con la rentabilidad del negocio; así, de esta manera  añadir valor a los bienes generados, además de influir en el mejoramiento de aspectos relacionados con el orden social, la calidad de vida de las comunidades donde se insertan, a través del perfeccionamiento de los canales de comercialización junto con el acceso a nuevos mercados, el uso racional de los recursos naturales disponibles, entre otros aspectos.

El desarrollo económico de un país, de una región o de una comunidad suele estar condicionado por la capacidad de los actores para crear organizaciones socioeconómicas en las cuales se generen sinergias, con un óptimo aprovechamiento de recursos externos dirigidos a la creación de valor, de manera que se puedan organizar y desarrollar actividades económicas bajo el esquema de Sistemas  Productivos Territoriales o Locales (SPL); todo enmarcado o apoyado por políticas públicas tan eficientes como efectivas. 
Las iniciativas de desarrollo económico local requieren una concertación institucionalizada de los actores públicos y privados locales más sobresalientes con una disposición al desarrollo común. Las estrategias creadas desde el nivel central utilizables en distintas localidades, en algunos casos no son aplicables para inducir un protagonismo orientado a un mejor uso y aprovechamiento de los recursos endógenos de dichos territorios.
Los sistemas productivos locales se constituyen en los referentes territoriales o locales en los cuales las economías de producción, dentro de las organizaciones productivas, dan lugar a la interacción de las diversas economías locales. De esta manera, resultan particularmente interesantes las relaciones sociales, el fomento de la cultura emprendedora y la formación de redes asociativas entre los actores locales para lograr el desarrollo económico local.
La aglomeración espacial de empresas organizadas en torno a una o varias cadenas productivas, es el origen de diversas ventajas competitivas con reducción de los costes de transacción en los procesos de comunicación. Eso se traduce en una mayor facilidad para llevar a cabo procesos de aprendizaje colectivo así como la difusión de ese conocimiento, lo cual se reflejará en mayores tasas de innovación empresarial y socioinstitucional, junto a un más eficiente desempeño económico, con aumento de la competitividad, tanto individual como colectiva, a la par de un incremento paralelo del capital territorial.
Estos procesos de difusión de innovaciones parecen asociarse a territorios que cuentan con una cierta cantidad de recursos específicos, movilizados por un conjunto de actores locales públicos y privados capaces de ponerlos en valor.
A todo esto se suma la construcción de densas redes formales e informales de interrelaciones empresariales para transmitir información y compartir proyectos, junto a una forma de organización institucional donde aparecen redes sociales de cooperación que colaboran de forma activa en el impulso de las innovaciones desde la perspectiva de una nueva gobernanza del territorio.
En este ámbito es necesario dirigir una mirada a las políticas públicas, las cuales están estrechamente relacionas con el desarrollo social, económico, político, cultural de las comunidades, de donde se desprende la necesidad de su análisis pues constituye un elemento indispensable para entender el surgimiento, desarrollo y consolidación de un Sistema Productivo Local Innovador (SPLI),
Por otro lado, Röth (2004) propone una definición amplia de lo que es una política pública al designarla como un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por medio de acciones que son tratados, al menos parcialmente, “por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática”. 
Dentro de este contexto, el gobierno local se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo económico y social en las comunidades, como ente generador de condiciones favorables para la creación de nuevas inversiones forjadoras de riqueza, a través de la formulación de políticas públicas de promoción económica tales como el impulso al trabajo de las comunidades, apoyo para el surgimiento de nuevas organizaciones empresariales, para la construcción de viveros de empresas locales, el apoyo y fomento de las actividades del sector productivo, mediante el otorgamiento de beneficios tributarios, gestión de promoción empresarial en otras localidades o regiones del país, entre otras.
Tal situación, de acuerdo al criterio de Sánchez (2007) resta efectividad a normas o regulaciones contenidas en leyes y reglamentos, desestimulantes de cualquier tipo de intervención en la gestión pública, esto hace que las acciones participativas sean actividades vacías, las cuales carecen de “intenciones autónomas de construcción democrática, reveladoras de unas relaciones de poder en las que las colectividades son simples instrumentos”, lo cual aparenta un aval a ciertas prácticas administrativas. El desarrollo local constituye un modelo novedoso con la característica de contemplar ponderadamente la interrelación de las tres esferas fundamentales de lo social: la económica, la política territorial además de la medioambiental.
El desarrollo local implica asumir una estrategia con inclusión como actor indispensable el municipio, el cual representa la unidad administrativa fundamental de gobierno. A este nivel se puede observar el surgimiento de alternativas de cooperación con diversas organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones empresariales de la localidad en conjunto con las instituciones de gobierno, para adoptar una estrategia de desarrollo local en combinación con las estrategias conformadas en el ámbito regional o nacional. Este desarrollo impulsado desde el gobierno municipal se transforma en un elemento clave para la explotación de las capacidades que existen en la localidad. (Díaz y Corredor, 2008)
Entre las condiciones del entorno que el Estado puede favorecer se destaca la articulación de las pequeñas empresas entre sí, unidas con la gran empresa privada o pública, mediante diversos mecanismos. Estos comprenden desde la política de compras pasando por las contrataciones, hasta la política tributaria, sin excluir programas específicos de intervención para apoyar directamente, con la colaboración de la gran empresa, los centros de producción de conocimientos como son las universidades, centros de investigación tanto privados como públicos, el despegue de un sector productivo o de un grupo de productores por medio de algún componente de tecnología o de comercialización.
En el sector agrícola del área de estudio se ha venido observando una aparente desvinculación entre las políticas públicas, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos regional (Estado como entidad político territorial) y local (Alcaldía) en relación con la creación, organización y consolidación de Sistemas Productivos Locales Innovadores (SPLI), con los agentes o actores del sector agrícola que hacen vida en el mismo. Se observa de la misma manera, como los productores de rubros primarios, agentes distribuidores y procesadores de esos productos, realizan sus actividades de forma independiente, sin ninguna articulación entre los mencionados actores, con poca o ninguna participación de los niveles de gobierno mencionados.
Por otro lado, se observa un aparente divorcio entre las actividades productivas, generadoras de riqueza, de fuentes de empleo para la población de las comunidades involucradas, con la conservación y protección del medio ambiente necesario para un uso sustentable o sostenible de los recursos naturales disponibles.
La situación planteada dificulta la creación de redes, con la participación de cada uno de los agentes involucrados en la cadena productiva, así como de comercialización de los diferentes productos que se extraen a través del uso del suelo, lo cual conllevaría a una disminución de los costos de producción, una mayor participación en los mercados local, regional, nacional, e incluso en el ámbito internacional, una mayor competitividad en esos mercados, con el consiguiente mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades donde se encuentran insertas.

2.- Objetivos de la Investigación        
2.1.- Objetivo General
Analizar las Políticas Públicas y Sistemas Productivos Locales Innovadores en el Sector Agrícola.

2.1. Políticas Públicas
Las políticas públicas son actividades desarrolladas por el Estado teniendo en cuenta su relación con la sociedad. Dicho de otra manera, es cuando desde el Estado se plantean propuestas de corto, mediano y largo plazo hacia la sociedad civil, existiendo la necesidad de diseñar programas generadores de proyectos con el fin de cumplir los objetivos de interés social, nivel en el cual las políticas públicas desempeñan un rol fundamental de participación política, empresarial y ciudadana.
Sotomayor (2005), ha encontrado áreas cada vez más amplias de la acción pública, donde los enfoques convencionales utilizados en la formulación de políticas para la toma de decisiones han hecho crisis provocando la confrontación con una mayor movilización ciudadana. Este fenómeno es consecuencia de la multiplicación de los actores que intervienen en los temas públicos, así como de la delegación de atribuciones y competencias de los estados nacionales, tanto en el nivel supranacional como en los niveles regionales, estatales o municipales.
Según el autor esta tendencia se ve influenciada por la emergencia de nuevas formas de legitimación de la acción pública, en donde ésta no sólo es el resultado de la eficacia, la pertinencia o la aceptación de las decisiones de la autoridad, sino también de la transparencia, de la manera de decidir. Ante decisiones cada vez más complejas, la verificación de los procedimientos utilizados permite asegurar la expresión de todos aquellos que puedan ser afectados, así todas las aristas y connotaciones asociadas a esa decisión han sido debidamente analizadas.

Existen diversas definiciones del concepto de política pública, así para Peters Guy (1986), citado en Pérez (2004), una política pública consiste en “la suma de las actividades de los gobiernos, bien por medio de una actuación directa, bien por medio de agentes, en la medida en que tenga una influencia sobre la vida de los ciudadanos”. Según Meny y Thoenig (1992) “una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental”.
En un sentido amplio, Dye (1987), citado en Pérez (2004), ha propuesto una definición en donde “las políticas públicas son todo aquello que los gobiernos eligen hacer o no hacer”. A través de ellas, los poderes públicos regulan los conflictos dentro de la sociedad, organizan la sociedad para conducirlas a conflictos con otras sociedades, distribuyen elementos simbólicos y materiales entre los distintos miembros de la sociedad; de quienes extraen dinero, mayormente en forma de impuestos.
Además, las políticas públicas pueden regular la conducta, organizar burocracias, distribuir beneficios, o recaudar impuestos (o todas estas cosas a la vez). En opinión de Baena (2000) se trata de “toda decisión conformadora, en principio de carácter innovador, que va acompañada de las medidas administrativas necesarias para su seguimiento y ejecución”.

Roth (2004) ha señalado que las políticas públicas, desde el enfoque de programas de acciones, representan la realización concreta de decisiones, el medio usado por un actor en particular llamado Estado, en su voluntad de modificar comportamientos mediante el cambio de las reglas de juego operantes hasta entonces.
 El autor ha definido las políticas públicas como la existencia de un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, por medios y acciones que son tratados, al menos parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática.
Expuesto el concepto de política pública, su estudio podría definirse, siguiendo a Canales Aliende (2002), como “el análisis del comportamiento, de la acción, de los medios, de los resultados y de los efectos de las instituciones públicas”. Según Nagel (1999), citado en Pérez (2005), “los estudios de políticas o el análisis de las políticas pueden definirse ampliamente como el estudio de la naturaleza, las causas y los efectos de políticas públicas alternativas”. Todos los campos del conocimiento científico, en particular de las ciencias sociales, son pertinentes para tal estudio.
Las políticas públicas son, por tanto, la plasmación de la actuación de los poderes públicos, tratándose de uno de los aspectos centrales de estudio de la Ciencia Política y de la Administración. Su grado de importancia puede observarse ya en algunos autores clásicos que, desde su óptica filosófica y temporal, habían mostrado algún interés por el conocimiento de las actuaciones públicas (caso de Maquiavelo, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Hegel, entre otros).

El marco jurídico de las políticas públicas permitirá al desarrollo de la investigación ubicar las principales leyes, decretos y resoluciones que de una u otra manera se encuentran relacionadas con las políticas públicas que se desarrollan en el país. Röth, (2004) plantea que las distintas instancias de gobierno operan dentro de una jerarquía. Todas deben llevarse a cabo de acuerdo con las pautas constitucionales que fijan las competencias generales de los gobiernos en sus distintos niveles y cada entidad deriva sus poderes de las leyes correspondientes.
Por lo general, las políticas públicas se concretan en normas jurídicas de diversa jerarquía, pudiendo ser constitucionales, legales, reglamentarias, decretos ejecutivos, resoluciones ministeriales, ordenanzas municipales, entre otras; también se expresan a través de planes, programas, proyectos y acciones promovidos por diversos niveles de gobierno, generalmente de la función ejecutiva; así como en el establecimiento del presupuesto e inversiones fiscales que deben ser ejecutadas por la institucionalidad pública; las resoluciones judiciales de órganos de justicia nacional o internacional, constituyen también formas como se expresan y construyen las políticas públicas. (Benalcazar, 2008)
 Se debe señalar que el reto de las Políticas Públicas es descubrir para el país, las regiones e incluso los municipios y para cada problema en particular, las respuestas a los mismos para alcanzar los objetivos propuestos. Las Políticas Públicas no son más que el resultado, el producto, la consecuencia de los gobernantes o de quienes estaban representados en el sistema mediante los partidos políticos.
Sagasti (1981) expone que el marco legal constituye las políticas o parte de ellas en forma de ley, reglamento o decreto. Los acuerdos y contratos formales también pueden considerarse incluidos en esta categoría. También se llama dispositivos legales, los cuales van más allá de la política al establecer obligaciones, derechos, recompensas y sanciones en relación a su cumplimiento. El marco legal proporciona las bases sobre las cuales las instituciones construyen, tanto el alcance como la naturaleza de la participación política.
En el marco legal regularmente se encuentran un buen número de previsiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. Su fundamento en muchos países es la constitución como suprema legislación que se complementa con la legislación promulgada por un parlamento o legislaturas donde se incluyen leyes, códigos y regulaciones que contienen códigos de ética/conducta.

Pueden establecerse diferentes tipologías de políticas públicas en función de los criterios empleados. Una de las clasificaciones más aceptadas es la que distingue entre políticas reactivas o anticipativas, atendiendo al criterio del grado de previsión y planificación por parte de los poderes públicos. Las políticas reactivas son aquellas que responden ante los simples estímulos, acontecimientos y situaciones presentes en la sociedad, de fuerte orientación al corto plazo, mientras que las anticipativas nacen de previsiones por parte de los poderes públicos y muestran un horizonte temporal a largo plazo.
Baena Del Alcázar (2000) utiliza diversos criterios de clasificación, en función del grado de innovación que introduce en relación con otras políticas anteriores. Las políticas innovadoras son las que introducen elementos novedosos y originales respecto de las anteriores. Las políticas miméticas son aquellas que imitan políticas públicas empleadas en otros niveles de gobierno o en otros países. Las políticas incrementalistas son las que mantienen el esquema de actuación anterior, aumentando y extendiendo su ámbito de implantación.
Lowi (1964), elaboró una tipología (cuadro 2) según la cual existen políticas distributivas, en las que predominan las asignaciones, con acuerdos de suma positiva efímeros en el tiempo; políticas regulatorias, encargadas de normativizar y controlar determinadas actividades, con cierta tendencia al conflicto, presencia de ganadores y perdedores, con alianzas bastante duraderas en el tiempo; políticas redistributivas, generadoras de alteraciones en la asignación de recursos en la sociedad, siendo las más conflictivas, por lo cual requieren coaliciones con liderazgos estables; políticas  constitutivas, encargadas de diseñar las reglas del juego político y el ejercicio de los derechos, suponiendo relaciones consensuadas, sólidas de larga duración.
La clasificación planteada por Lowi (1964) muestra una interrelación entre actores, procesos decisorios y centros institucionales, donde combina la estructura coercitiva utilizada por el poder público y el efecto que sobre los individuos tiene la intervención realizada. Así se distinguen los cuatro tipos de políticas públicas ya mencionadas, partiendo de la interrelación de dos variables indicativas del modo de coerción utilizado por la política pública:

Coerción directa sobre el comportamiento de los afectados o receptores de la política pública en contraposición a la coerción que se ejerce sobre el entorno de los afectados o receptores de la política pública, y la coerción indirecta surgida del sistema político, administrativo o la distribución del poder político, la cual tiene efectos sobre los individuos a través de la coerción directa que se ejerce sobre su comportamiento (Roth, 2004).
Políticas distributivas o de coerción débil con aplicación individual a través de las cuales el Estado presta servicios a los ciudadanos de manera individual (las de servicios públicos, de educación, de salud, etcétera). Corresponde a autorizaciones otorgadas por el gobierno para usufructo particular, como un derecho, por ejemplo, una licencia de construcción. Estas políticas no imponen obligaciones a los individuos, si no que establecen privilegios en base a conductas individualizadas, donde el favorecido y el desfavorecido no necesitan enfrentarse directamente.
Este tipo de política pública está encaminada a cumplir con el propósito previamente establecido, con una clara propuesta y estrategia adecuada para la solución de un problema específico, por lo que ocurre un alto grado de coordinación entre los actores involucrados, además de recursos suficientes para la acción. El Estado está respaldado por una amplia participación social (Nateras, 2006). Están destinadas a utilizar parte del ingreso obtenido por el Estado a través del sistema de mercado, recaudados principalmente a través de impuestos para ser invertidas en políticas planificadas según las necesidades de los grupos de población y del propio Estado según un orden de prioridades previamente planificadas.
b) Políticas constitutivas: modifican las estructuras de los sistemas político, administrativo o la distribución del poder político. Tienen una aplicabilidad débil y una acción de tipo colectivo, en las que la acción del Estado incide sobre grupos sociales amplios. Establecen las reglas de la distribución de poderes en un entorno social, generando los procedimientos para la adopción de las decisiones públicas.
c) Políticas reglamentarias: tienen aplicación fuerte y son de tipo individual, regulan el orden público interno. Afectan o restringen algunas libertades bajo la amenaza de coacción directa. Este tipo de políticas serian aquellas formuladas por una autoridad pública con la intención de influir en la conducta de los ciudadanos, individual o colectivamente, mediante el uso de acciones punitivas positivas o negativas, imponiendo obligaciones y generando sanciones en caso de trasgresión.
Se orientan a establecer límites o restricciones en la conducta de los individuos, de modo que se delimite depuradamente el campo de actuación de determinados colectivos, como por ejemplo la regulación de las actividades profesionales de los abogados, o los arquitectos por ejemplo. Dado que su ámbito de acción es relativamente restringido, no tienden a suscitar la atención o el interés de los restantes grupos, aunque puedan resultar polémicas o den lugar a confrontaciones entre afectados y agentes normativos. (Calderón, 2008)
d) Políticas redistributivas: con una fuerte coerción pero de aplicación colectiva, pretenden redistribuir ingresos de unos sectores o regiones hacia otras y tienen coerción fuerte pues nadie está dispuesto a ceder ingresos de manera voluntaria, por lo cual establecen criterios que dan ventajas a ciertos grupos de población o a individuos que son categorizados por algún criterio especial. Por definición, este tipo de políticas públicas intenta repartir el ingreso o riqueza de manera de afectar al sector históricamente más favorecido, en favor de los sectores históricamente desfavorecidos. (Villarroel, 2011).
De acuerdo con Parsons (2007) cada una de estas categorías o tipos de políticas públicas representa un ámbito de poder con características políticas claramente definidas. Diversos autores (Sabatier, 1991; Heclo, 1972 y May, 1986), citados en Parsons (2007), han criticado esta clasificación con visión determinista, propuesta por Lowi por considerarla simplista y con un punto de vista metodológico poco convincente; aun así, esta tipología ha sido ampliamente aceptada.
2.2. Sistemas Productivos Locales Innovadores
2.2.1. El origen del concepto: el distrito industrial marshalliano
Venacio (2007) ha definido el distrito industrial como una entidad socio-territorial caracterizada por la presencia activa en un territorio concreto, natural e históricamente determinado, de una comunidad de personas que presenta un sistema bastante homogéneo de valores que se expresan en términos de ética del trabajo y de la actividad, de la familia, de la reciprocidad, del cambio, y de un conjunto de empresas industriales. El autor sostiene que el distrito industrial tiene su origen a partir de los conceptos propuestos por el economista Marshall quien analiza el término y las características de los distritos industriales, definidos como “concentraciones de sectores especializados en una localidad específica”.
Para Marshall, citado en Venacio (2007), un distrito industrial trae “grandes ventajas al disponer de un mercado de trabajo constante”. Según este autor, el crecimiento del distrito industrial lleva consigo el incremento de la masa de trabajadores mejor capacitados, entrenados y especializados, lo cual significa un beneficio para el sector industrial ubicado en ese distrito. Así mismo, la concentración en un espacio geográfico limitado, reducido, contribuye al incremente de proveedores con lo que se logra una mayor eficiencia en los costos, favorece el crecimiento de los proveedores, obteniendo así, eficiencia de costos como consecuencia de una elevada división social del trabajo.
Estas características del distrito industrial favorece la formación de las capacidades necesarias a la industria, impulsa la innovación y su difusión entre las pymes del distrito industrial, con una comunidad estable, en la cual se consolida la identidad cultural local, donde cooperan las fuerzas sociales y económicas con el fortalecimiento del sentido de la amistad por las relaciones de proximidad que ocurren entre los miembros de la comunidad, constituyéndose la base de la difusión de los conocimientos.
En la actualidad parte de la literatura económica relacionada con el  crecimiento, geografía económica y comercio internacional señala estas aglomeraciones empresariales, génesis de los sistemas productivos locales innovadores, como una forma de organización territorial-industrial capaz de enfrentar con éxito las mayores presiones competitivas de la globalización.
Becattini (1979, 1987, 1990), citado en Venacio (2007), tomando como referencia los primeros escritos de Marshall, sostiene la necesidad de que la población de empresas este integrada con la comunidad local en la cual se encuentra la además que para poder hablar de distrito industrial, es necesario que la población de empresas se integre con la comunidad local, reserva de cultura, valores y normas sociales arraigadas a través de un proceso de industrialización desde abajo. El ingrediente social, de acuerdo a esta posición, es central para el modelo italiano de distritos industriales.
Un sistema productivo local innovador se puede definir a modo de introducción como una concentración de empresas agrupadas en un espacio próximo, en  torno  a  una  o  varias actividades industriales en las que están especializadas. Las empresas mantienen relaciones entre sí y con el medio socio-cultural en el que se integran, pero no solamente comerciales formales sino también relaciones informales, que en conjunto generan externalidades positivas para el conjunto de las empresas.
Fernández y Ariza (2004), identifican un SPL con un territorio muy concreto, normalmente de ámbito inferior al provincial, en algunos casos, suele ser una localidad o un conjunto de localidades próximas, observándose en él una concentración de la actividad productiva mayor que en otras áreas circundantes. En este sentido afirman que un SPL es un conjunto de elementos estructurados, donde las relaciones de cooperación entre las unidades empresariales ubicadas  en  la  localidad  están  por encima de  determinados bienes y servicios los cuales estarían reservados sólo para la gran empresa.
  .       Piore y Sabel (1984), citados en Mecha (2002), definen los SPL  como “un núcleo de pequeñas empresas más o menos entrelazadas en una compleja red de competencia y cooperación”. Es decir, se plantea que los dos factores de éxito que se complementan en estos espacios industriales son la competencia y la cooperación. Los  sistemas  productivos  locales han sido considerados como los nuevos paradigmas de la Geografía Económica y como regiones ganadoras (Benko y Lipietz, 1994, citados en Mecha 2002), así como un nuevo modelo de desarrollo (Courlet y Pecqueur, 1994, citados en Mecha (2002), y las respuestas únicamente pueden encontrarse en la investigación sobre el terreno.
De acuerdo a lo expuesto, un sistema productivo local es, por tanto, un territorio, un lugar concreto dotado de ciertas características naturales en el que vive y actúa una comunidad humana que tiene su propia historia; la actuación comunitaria se manifiesta en el terreno económico en forma de empresas.

Becattini (1991), citado en Pérez (2005), define un sistema productivo localizado como “una configuración de empresas reagrupadas en un espacio de proximidad en torno a una misma actividad industrial, o incluso a varias ramas industriales. Las empresas mantienen relaciones entre sí y con el medio sociocultural en el que se integran. Dichas relaciones no son solamente comerciales, sino que son también informales y generan externalidades positivas para el conjunto de las empresas”.
 Iglesias y Ramírez (2008) identifican como características de los SPL, la concentración de Pymes en un área de dimensiones restringidas; la especialización en alguna rama o sector que facilita una identificación local, siendo más frecuente en actividades donde puede segmentarse el proceso en fases diferenciadas que se realizan de forma separada, así como en productos de elevada elasticidad-renta, ciclo de vida corto y mercados segmentados. En el cuadro 3 se resumen las diversas definiciones analizadas. . 
 Por otro lado, se identifican otras característica como la intensa división del trabajo interfirmas, generándose densas redes de relaciones tanto materiales como intangibles; pervivencia y expansión reciente basadas en las economías externas a las empresas e internas al distrito derivadas de la propia concentración espacial y la constitución de un patrimonio de experiencia y cualificación profesional; coexistencia de relaciones de cooperación informal o formal en las fases de fabricación, con relaciones de competencia en los mercados de insumos y productos, que parecen actuar de forma combinada como estímulo a la innovación, y la existencia de un mercado de trabajo relativamente flexible y con cierta tradición de iniciativas empresariales.
De acuerdo a lo expresado por Iglesias y otro (2008), la sola concentración territorial de las empresas no es suficiente para asegurar la existencia de un sistema productivo en una localidad determinada; es necesario el surgimiento, entre las empresas, de un sistema de relaciones, de preferencias, que induzca a los miembros de la comunidad a preferir a otros integrantes de ésta. 
Caravaca, González y Silva (2005) señalan, para el proceso de integración y transformación de los territorios, la presencia de procesos de innovación en forma de flujos y redes de interacción múltiple, las cuales permiten consolidar la idea de que el esfuerzo innovador propiciado por la generación e incorporación de conocimiento, como respuesta a los retos y problemas a los que las sociedades deben hacer frente, resulta un factor clave. Es así como la capacidad de innovar sea la vía para darle un mejor uso y una utilización alternativa a los recursos propios disponibles, el grado de competitividad de los distintos ambientes territoriales y la forma en que éstos se suman al entorno global de los flujos y redes.
En este sentido, afirma Vázquez (1999), citado en Iglesias et al (2008), se considera que la utilización del potencial endógeno de cada territorio es estratégica, y que la dinámica económica depende de las circunstancias del entorno en el que surgen y se desarrollan las empresas y se difunde el conocimiento, y de la respuesta de los actores locales a los cambios del entorno.
De acuerdo con Lozano (2006), los sistemas productivos locales pueden considerarse como unidad de análisis y como sustento de la actividad económica, que se vincula con el territorio local, y es producto de su desarrollo histórico. Su consideración permite por tanto, analizar de manera conjunta los procesos de desarrollo y la transformación del territorio, a partir del reconocimiento de las ventajas que conlleva la concentración y especialización sectorial, el aprendizaje colectivo, la innovación, y las acciones de eficiencia colectiva, entre otros.
Paunero (2001), citado en Iglesia y otro (2008), ha señalado algunos factores considerados necesarios para el surgimiento de los sistemas productivos cuya presencia se constituyen en precondiciones que propicien la proliferación de estos ambientes productivos, entre los cuales deben resaltarse: La existencia de un sistema de valores compartidos por el entorno (amortiguador de conflictividad) con normas sociales específicas; condiciones del entorno social y cultural para el fomento cultural; densidad de relaciones familiares y comunitarias,  y seguridad en la familia (autoconsumo, pluriactividad, entre otros)
Porter (1998) y CEPAL (2005), citados por Lotero y otro (2008), indican que en los países desarrollados estos SPLI se caracterizan por una elevada capacidad empresarial conjuntamente con alto grado de innovación, una organización basada en redes donde prevalece la confianza junto a la cooperación entre las empresas ubicadas en la localidad, cuyo fin es elevar el desarrollo mediante el aprovechamiento de las economías externas y de aglomeración, los recursos específicos y el potencial económico territorial.
Estos rasgos, acotan, no son los que se observan en los SPL y clusters de las economías atrasadas, sin embargo es necesario tener en cuenta aspectos asociados con los recursos específicos como parte del potencial económico regional, como son las relaciones económicas entre los actores públicos y privados y su articulación en encadenamientos y redes, los mecanismos locales de regulación y coordinación necesarios para la gestión de este tipo de sistemas productivos que elevan las posibilidades de éxito de las políticas públicas en los territorios rurales.
Desde este punto de vista de las regiones rurales, no se trata ya de considerar una organización basada en una división del trabajo simple o limitada a unidades de producción independientes que producen bienes diversos para el autoconsumo o los mercados urbanos; se trata de una nueva modalidad en la que en un área geográfica acotada, se articulan tales unidades con firmas rurales o urbanas que aprovechan los recursos naturales y culturales como bienes públicos territoriales para desarrollar una gama variada y diversa de bienes y servicios.
En este orden de ideas, es oportuno hacer algunas consideraciones acerca del desarrollo económico de un país, de una  región o de una comunidad el cual suele estar condicionado por la capacidad de los actores para crear organizaciones socioeconómicas en las cuales se generen sinergias, con un óptimo aprovechamiento de recursos externos dirigidos a la creación de valor. 
Dentro de los programas de desarrollo local, se debe considerar como actividad fundamental el proceso de transformación o adecuación de los sistemas productivos tradicionalmente utilizados, que contribuyan a fomentar e incrementar  la competitividad de la producción, el desarrollo de la calidad de los productos, junto con la rentabilidad del negocio, que puedan añadir valor agregado a los bienes generados; además de influir en el mejoramiento de aspectos relacionados con el orden social, la calidad de vida de las comunidades donde se insertan, a través del perfeccionamiento de los canales de comercialización junto con  el acceso a nuevos mercados, el uso racional de los recursos naturales disponibles, entre otros aspectos.
En el mismo contexto, Córdova y otros (2004) sostienen que a pesar de la importancia fundamental que tiene la tecnología para lograr el desarrollo de las comunidades rurales y el aumento de la competitividad de su producción agropecuaria, en los países de América Latina, actualmente, no parece existir una política de innovación tecnológica para pequeños productores agropecuarios.
Las entidades de ciencia y tecnología en el agro se han orientado de preferencia hacia la agricultura comercial y han disminuido sus labores con los pequeños productores, lo que ha aumentado las diferencias entre campesinos y campesinas, por un lado, y agricultores empresariales, por el otro. Asimismo, este alejamiento ha dificultado a las comunidades campesinas mejorar su competitividad y su nivel de vida.

 2.2.3. Tipos de SPLI
Mytelka y Farinelli, (2000), citados en Iglesias y otro (2008), han propuesto una tipología de SPL en la cual identifican tres tipos de sistemas productivos locales: 1) Sistemas productivos locales informales. Conformados por una agrupación de firmas micro y pequeñas desarrolladas espontáneamente y con poca o nula planificación. Este tipo de sistemas se distinguen por tener un crecimiento limitado dada la exacerbada competencia mercantil, la poca cooperación en el intercambio de información y la débil disponibilidad de infraestructura productiva y financiera.
2) Sistemas productivos locales organizados. Agrupación de pequeñas y medianas empresas, cuya particularidad es la especialización productiva en ciertas mercancías. Esta clase de firmas se organizan mediante redes, haciendo adaptaciones con base en una mayor eficiencia productiva y competitividad mercantil.
3) Sistemas productivos locales innovadores. Constituidos por un conjunto de empresas pequeñas, medianas y grandes con amplia capacidad de innovación en los procesos de producción, apoyado en gran medida por centros de investigación encargados de generar conocimiento en esta materia, sea para mejorar o crear productos. Debido a esta capacidad de innovación productiva, buena parte de lo que se produce es para la exportación de bienes y la ampliación de mercados.
Los SPLI son ambientes dinámicos que tratan de responder a las exigencias del mercado, de los consumidores e incluso de las grandes firmas. Esta capacidad de flexibilidad y adaptación productiva está regida en gran medida por la innovación. Es así como un SPLI se ajusta a un comportamiento dinámico, sistémico, dejando atrás el sistema lineal del proceso de innovación y se centra en los enlaces interactivos entre los diferentes elementos de un sistema de innovación que estaría constituido por un conjunto de instituciones que crean o difunden conocimiento y lo transforman en nuevos productos o procesos, de manera que su buen funcionamiento depende de la interacción fluida entre los diversos elementos del sistema. 
En este sentido, Ferro, Vila y Rodríguez (2001), han propuesto dos grupos diferenciados de sistemas productivos, atendiendo al tipo de empresa ubicada en determinado ámbito geográfico junto a las relaciones interempresariales surgidas en su seno. Así, distinguen los Sistemas Productivos Sectoriales (SPS) los cuales giran alrededor de un sector de actividad económica, donde se estudian sus relaciones internas con un ámbito geográfico determinado por la amplitud del sector, prevaleciendo la competitividad sobre la cooperación entre empresas.
Un segundo grupo son los Sistemas Productivos Locales (SPL) los cuales se refieren a las actividades productivas de una zona geográfica definida no necesariamente vinculadas a un sector de actividad; estos SPL estarían caracterizados por disponer de un núcleo específico de actitudes contextuales, transmitidas en el tiempo, accesibles a través de la coparticipación de la experiencia, acercándose a los denominados distritos marshallianos, con predominio de la cooperación entre las organizaciones productivas sobre la competitividad.
Autores como Fernández y otro (2004), mencionan como elemento fundamental para garantizar la supervivencia de los SPL, la actuación de la Administración Pública, sobre todo cuando estos sistemas no son capaces de aprovechar adecuadamente las economías latentes, o cuando generan deseconomías externas, es decir, ocasionan un perjuicio para consumidores, usuarios, productores quienes no reciben ningún tipo de compensación, fundamentalmente en lo que respecta al territorio.

La orientación del enfoque epistemológico, cercano a los paradigmas científicos de Kuhn, entendidos como guía de la investigación y la interpretación de los fenómenos observables, de un trabajo científico expresa el compromiso de dilucidar entre los caminos del tratamiento de la teoría y de la relación con la práctica. (Briceño, 2009).
Para este filósofo de la ciencia, los descubrimientos científicos ocurren porque lo anteceden revoluciones científicas, que son acontecimientos históricos que se producen como un fenómeno social, con lo que se atribuye a la ciencia y los modelos que sigue un carácter historicista, pues al ser catalogada como acontecimiento en la historia de la ciencia, ésta no es más que un producto de los cambios de perspectivas en torno a los métodos y a los condicionamientos sociales. El quehacer de la ciencia es producto de las ideas vigentes en una sociedad en un tiempo y en un espacio determinado.
La ciencia es una acción de determinación de las causas de los fenómenos que ocupan toda investigación, por ello determinar la causa del fenómeno aquí abordado, en concepción del investigador, solo puede ser pertinente en forma eficiente si se asume la rigurosidad de la lógica de la investigación científica regida bajo los parámetros del positivismo lógico; razón por la cual, los datos recogidos con la investigación, sirvieron de sustento para el análisis e interpretación de manera de formular las ideas más apropiadas con las que los informantes entrevistados encontraran mayor asidero epistemológico.
Este enfoque epistemológico, concibe como producto del conocimiento científico los patrones de regularidad a partir de los cuales se explican las interdependencias entre clases distintas de eventos fácticos. (Padrón, 2007). Del mismo modo admite el trabajo de campo donde se revelen mediciones, experimentaciones, inducción controlada, entre otros esfuerzos de investigación con orientación funcionalista, o sea, donde domina la evidencia sobre el sujeto que investiga, para conducirse con procesos de adquisición, almacenamiento, organización y valoración de experiencias y su utilización posterior en la guía del comportamiento personal u organizacional (De Berrios y Briceño, 2009).
Para esta investigación, los resultados de la observación mediante encuestas hecha a los informantes claves, cuantificados finalmente, sirvieron de sustento para elaborar la interpretación y comprensión de lo que pudiera ser un nuevo modelo universitario centrado en la vocación de servicio a la sociedad y a los sectores socio-productivos, esto es, mediante la aplicación de la hermenéutica que sirve de auxilio al paradigma lógico-positivista (Villalobos, 2007).
El presente estudio se desarrolló bajo una investigación de tipo descriptiva, ya que se buscó información sobre el fenómeno estudiado para identificar y analizar sus características, los actores involucrados, y otros elementos considerados en el trabajo investigativo sobre Políticas Públicas y Sistemas Productivos Innovadores en el Sector Agrícola.
El diseño de la investigación seleccionado fue de campo por cuanto la información se recopiló a través del contacto directo con el objeto de investigación, y no experimental porque los datos fueron recolectados directamente de la realidad en su estado natural donde ocurrieron los hechos y no se realizaron modificaciones, ni se alteraron condiciones o situaciones con respecto a las variables en estudio. Arias (2004), define el diseño de la investigación, “como  la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado”. Igualmente es de tipo transeccional o transversal, pues la información se recopiló una sola vez y un mismo momento.
            En este trabajo el universo poblacional estuvo conformado por las cooperativas de productores agropecuarios y por las asociaciones de productores ubicados en el sector agrícola del Municipio Colon del Estado Zulia, con un total de veintisiete (27) cooperativas de productores agropecuarios, tres (03) asociaciones de productores agrícolas, debidamente registradas y legalizadas, de acuerdo a información suministrada por la Oficina de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura y Tierras, Zona Sur del Lago (junio 2012); además de integrantes del Consejo Local de Planificación Pública del Municipio Colón, Estado Zulia.
La muestra se puede definir como una parte de la población debidamente elegida, que se somete a observaciones científicas en representación de conjuntos, con el propósito de obtener resultados válidos, también para la población investigada. En este trabajo la muestra, estuvo conformada por quince (15) cooperativas de productores agropecuarios (30 informantes claves), tres (3) asociaciones de productores agrícolas (6 informantes claves), por el Síndico Municipal y por dos (2) integrantes del Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas del Municipio Colón, Estado Zulia, para un total de treinta y nueve (39) informantes claves.
Una vez efectuado la operacionalización de las variables y definidos los indicadores, se procede a seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos pertinentes para verificar las hipótesis o responder las interrogantes formuladas. La técnica es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. Según Arias, (2004) la técnica conduce a la obtención de información la cual debe ser resguardada en un medio material de manera que los datos puedan ser recuperados, procesados, analizados e interpretados posteriormente.
La técnica utilizada en esta investigación fue la entrevista. El mismo autor señala que la entrevista más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un dialogo o conversación “cara a cara”  entre el entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información que requiera. (Arias, 2004)
En la investigación se utilizó un instrumento tipo cuestionario que permitió recoger información de los entrevistados sobre el resto de los integrantes de la comunidad a la que pertenecen, y de las actividades que se desarrollan dentro de esa comunidad, conformado por preguntas  cerradas con alternativas de respuestas presentados en forma de afirmaciones  o  juicios  ante  los  cuales  se  mide la reacción de los sujetos,  dirigidas a  los
informantes claves ubicados en las parroquias del Municipio Colon, Estado Zulia, seleccionados para el trabajo de investigación.
Las respuestas del cuestionario se elaboraron bajo la escala de evaluación Likert con cinco (5) alternativas de respuesta cerradas: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo, con 53 proposiciones con selección simple de las alternativas de respuestas propuestas.
La  ponderación  de las respuestas en la escala de evaluación Likert, se  detalla  a  continuación  en  los  cuadros  7 y  8. Para  la  medida  de   los  promedios, se utilizó Microsoft Excel 2010 para determinar el nivel de desacuerdo o de acuerdo (cuadro 7), de  los informantes claves con respecto a las proposiciones del instrumento, con rango de 1,00 (muy negativo) hasta 5,00 (muy positivo). Para la medida de la variabilidad, se utilizó la desviación típica o estándar para mostrar el grado de dispersión de las respuestas mediante el uso de una escala en la cual se presentan rangos desde la puntuación menor (cero) hasta la puntuación mayor (2,5) con su respectiva descripción (cuadro 8).
La validación se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Méndez (2003) la define como el nivel en que el instrumento mide lo más preciso posible el elemento, fenómeno o característica que se desea evaluar. Para ello el instrumento se sometió al juicio de siete (7) expertos en la materia o contenido del trabajo, en diseño de instrumentos y expertos en metodología, mediante la entrega de un formato de validación en el cual asentaron sus apreciaciones y recomendaciones en los aspectos de contenido, metodología, así como la pertinencia con los objetivos del trabajo que se realizó, con las variables objeto de estudio.
Adicionalmente se determinó la confiabilidad que se refiere al grado de precisión o exactitud de una medida, en el sentido de que si se aplica repetidamente el instrumento al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Es definida por Hernández y otros (2006) como la estimación de la consistencia de las respuestas. Para determinar la confiabilidad se utilizó el coeficiente de Cronbach, donde un coeficiente cero significa nula confiabilidad y uno representa el máximo de confiabilidad; cuanto más se  acerca a uno el coeficiente, más alta es la confiabilidad del instrumento (Hernández et al, 2006). Luego de aplicada la formula anterior resultó un Coeficiente de Cronbach de 0.985. Este resultado se interpreta como un 98,5% de confiabilidad del instrumento lo cual indica una alta consistencia en las respuestas obtenidas en su aplicación.

Para que la información suministrada produzca buenos resultados, es necesario que se describan las distintas operaciones a la que serán sometidos los datos  que se obtengan: clasificación, registro, tabulación y codificación si fuere el caso. En lo referente al análisis,  se definen las técnicas lógicas (inducción, deducción, análisis, síntesis), o estadísticas (descriptivas e inferenciales), que se emplean para descifrar lo que revelan los datos recolectados.
Una vez recopilados los datos con el instrumento diseñado para tal fin, se procedió, siguiendo a Tamayo (2006), como primer paso, a la codificación la cual, según el autor consiste en clasificar los datos en base a las variables relacionadas con la investigación. Como segundo paso se realiza la tabulación, como parte del proceso técnico en el análisis estadístico de los datos; en tercer lugar está el uso de la estadística con las fases de recopilación, presentación, análisis e interpretación de los resultados obtenidos
Para analizar los datos se utilizaron tablas y cuadros en los cuales se colocaron los datos estadísticos obtenidos, referidos a sus promedios y desviaciones típicas. Para objetivar mejor los resultados se utilizó la estadística descriptiva por medio de las técnicas de medidas de tendencia central mediante la aplicación de la media o promedio ponderado  para la categorización de indicadores, dimensiones y variable de estudio. De igual manera se hizo uso de la desviación estándar o desviación típica para medir el grado de dispersión de las respuestas obtenidas.

Se presentan los datos obtenidos de los informantes claves en la investigación, con apoyo de cuadros y gráficos en función de las afirmaciones que conforman el instrumento de recolección de información preparado para tal fin.
En el procesamiento de los datos obtenidos se utilizó la estadística descriptiva para la elaboración de tablas y gráficos de promedios y dispersión de las respuestas lo cual permitió categorizar ítems, indicadores así como las dimensiones correspondientes a las variables en estudio, los cuales son utilizados en la discusión de resultados. Para el análisis se confrontan los resultados de las afirmaciones a las cuales se les aplicó la escala de evaluación Likert, con cinco alternativas de respuesta: totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo.

5.1. Variable Políticas Públicas
De acuerdo con los resultados analizados, la variable Políticas Públicas, (Tabla 1) muestra, para las dimensiones Marco Jurídico, Factores Condicionantes y Tipología de Políticas Públicas valores de 2.83, 2.80 y 3.15 respectivamente para ubicarse cada uno de los mismos dentro la categoría moderado (rango 3) en la escala de niveles de ponderación del cuadro 7, lo cual ubica el promedio de dicha variable en la categoría moderado (rango 3) con valor de 2,93 en la misma escala.

En referencia a la desviación estándar, la misma variable presenta resultados de 1.15, 1.16 y 1.28 para las dimensiones Marco Jurídico, Factores Condicionantes y Tipología de Políticas Públicas consecutivamente, ubicándose  cada   una  de   esas  dimensiones  en  la  categoría   moderado (rango 3) correspondiente a la escala de ponderación del cuadro 8. Estos resultados arrojan un valor promedio de 1,20 para la variable, ubicándose la misma en la categoría moderado (rango 3), lo que revela una dispersión moderada de los valores obtenidos en la investigación.
Los valores obtenidos para la dimensión Marco Jurídico indican una aplicación deficiente de normas Constitucionales, Legales y Ordenanzas Municipales, cuerpos jurídicos donde se encuentran plasmados los principios fundamentales que deben regir las políticas públicas a seguir para el avance de los planes nacionales de desarrollo, con la utilización y ejecución óptima de los recursos disponibles, conducentes a la obtención de resultados favorables para la solución de los problemas sociales, para dar respuestas a las demandas de los ciudadanos y ciudadanas en el ámbito nacional, por lo cual cumplen un rol fundamental en el desarrollo económico y en el bienestar social de la nación.
            En su conjunto, las dimensiones (Marco Jurídico, Factores Condicionantes y Tipologías de Políticas Públicas) de la variable Políticas Públicas, muestran los elementos considerados para la medición de la variable bajo análisis, sin una orientación definida, indicio de inestabilidad en cuanto a las políticas públicas o acción gubernamental en el tratamiento de la problemática planteada.
El análisis de los resultados antes descritos son discordantes con lo planteado por algunos autores como Benalcazar (2008), para quien las políticas públicas en un país deberían tener como fuentes primigenias, los principios y disposiciones constitucionales, pues en la Constitución Política es donde se plasman las reglas de relación social entre las fuerzas e intereses políticos, sociales, culturales,  económicos vigentes en un momento histórico determinado; estas reglas son las que permiten legítimamente la vigencia de los derechos de las personas, los pueblos y nacionalidades; así como la convivencia pacífica entre sus miembros.
            Al respecto, de acuerdo con la opinión de Aguilar (2007), el gobierno es un agente de dirección necesario pero insuficiente, a pesar de estar  dotado con todas las capacidades requeridas, aun cuando  sus acciones hagan un uso cabal de  las diversas capacidades otorgadas por los distintos cuerpos normativos estructuradores del Estado. El autor hace referencia a la Gobernabilidad como una cuestión que se plantea sólo con referencia al gobierno la cual no atañe a la sociedad, la cual es generadora de conflictos, y a la Gobernanza representada por una nueva relación directiva entre gobierno y sociedad, como un proceso de dirección cuya estructura es producto de la participación de sociedad-gobierno.
                La relación que se debe establecer entre el gobierno o administración pública y sociedad para la identificación, priorización, además de la posible solución de problemas surgidos en los diversos grupos de población, bajo la figura de políticas públicas en las cuales tienen participación los grupos sociales involucrados, deben estar plasmados en instrumentos jurídicos de aplicación general, de obligatorio cumplimiento por los ciudadanos y ciudadanas a quienes va dirigido.
            Desde el punto de vista legal, Sagasti (1981) expone que el marco jurídico constituye las políticas o parte de ellas en forma de ley, reglamento o decreto; se incluyen en esta categoría los acuerdos y contratos formales celebrados por los organismos públicos, proporcionando las bases sobre las cuales las instituciones construyen determinando el alcance y naturaleza de la participación política.
            En el contexto local Pérez G. (2005), ha señalado que las políticas de desarrollo forman parte del conjunto de políticas y atribuciones de las entidades locales (Alcaldía o Municipalidad), con ciertas capacidades por parte de otras administraciones públicas en cuanto a la injerencia en aspectos como la financiación, programación, fiscalización y control de las actividades a desarrollar en sus comunidades, dentro de un esquema de competencias determinado, con unas capacidades financieras limitadas, fuertemente marcadas por las relaciones del gobierno local con otras administraciones públicas.
Estos resultados muestran  la inestabilidad del sector en cuanto a la distribución y utilización de los recursos naturales disponibles; así mismo muestran el bajo nivel de aprendizaje político de los ciudadanos y ciudadanas de la localidad, con un bajo nivel de influencia de los aspectos culturales de los integrantes de la comunidad en la toma de decisiones; se evidencia, además, una tendencia a tomar en consideración el desarrollo socioeconómico del sector, la opinión y la experiencia cotidiana de los actores, para la formulación de políticas públicas orientadas a solucionar problemas en la localidad.
En este mismo orden, la participación de los gremios y de altos funcionarios en la solución de problemas del sector es negativa. Estos factores, de acuerdo a los resultados analizados, muestran un síntoma de debilidad en los actores del sector para participar de manera determinante en la formulación de políticas públicas orientadas a la solución de los problemas de la comunidad, particularmente, para la creación, fortalecimiento y consolidación de organizaciones productivas que signifiquen el mejoramiento e impulso del desarrollo socioeconómico del sector.
En armonía con lo anterior, Martinón (2006) ha señalado que estos factores afectan decisivamente el comportamiento de los actores, en la medida en que les suponen constricciones y recursos, en el sentido de provocar algunas limitaciones en las posibles alternativas de solución o tener algún efecto sobre los recursos y creencias de los actores involucrados.
Al respecto, algunos autores (Röth, 2004; Martinon, 2006) han señalado algunos factores a tomar en consideración en la solución de problemas en las comunidades de personas, como son la distribución de los recursos disponibles en la localidad o región, tanto en la posición global del mismo, como de los diferentes grupos sociales en su interior; los valores socioculturales y la estructura social de las comunidades donde se desea desarrollar la acción o acciones públicas requeridas, Estos factores se vinculan con el grado de consenso necesario dentro de la respectiva comunidad, para un cambio importante de política en el sector.
Los valores socioculturales, así como la estructura social son elementos transmitidos históricamente a través de generaciones, por lo cual requieren de largos periodos de tiempo para que se produzca un cambio. En su conjunto, estos elementos implican la asunción del aspecto estructural del escenario donde cobran vida las políticas públicas, y muestran que la aceptación de las reglas institucionales afecta al comportamiento individual. (Martinon, 2006).
En cuanto a los factores dinámicos, Martinón (2006) ha señalado las condiciones socioeconómicas de los individuos beneficiarios de la acción pública como elemento de singular importancia en la construcción de políticas dirigidas a generar cambios o solucionar problemas específicos de la comunidad, colando en el mismo nivel de importancia la opinión pública y las coaliciones gubernamentales que puedan surgir, así como otras políticas públicas desarrolladas por el mismo ente gubernamental u otros niveles de gobierno.
En resumen, se trata de factores que al poder cambiar sustancialmente en períodos no muy largos de tiempo, se constituyen en la causa principal de cambio de los recursos, oportunidades y limitaciones de los actores de un subsistema, por lo cual generan los grandes cambios en las políticas públicas.
Heclo (1974) y Rose (1976), citados en Roth (2004), hacen referencia a otros factores que pueden afectar la estructuración de políticas públicas en un sector, región o país determinado, es el caso de la experiencia cotidiana adquirida por los actores de la política la cual se puede traducir en una adaptación o modificación de los comportamientos y actitudes, en una adquisición de un saber practico.
Desde la perspectiva teórica, tal como lo apuntan Lowi (1964, 1972), Röth (2004) y Parsons (2007), las tipologías de políticas públicas analizadas muestran una interrelación entre actores, procesos decisorios y centros institucionales, donde se combina la estructura coercitiva utilizada por el poder público y el efecto que sobre los individuos tiene la intervención realizada. Cada una de estas categorías o tipos de políticas públicas representa un ámbito de poder con características políticas claramente definidas.
Las relaciones entre las distintas esferas de gobierno, según lo expone Jaramillo (2010), son de capital importancia para lograr la eficacia de las políticas públicas diseñadas para solucionar una situación determinada en cualquier comunidad o localidad, en particular para que los gobiernos locales diseñen las políticas públicas acordes a las necesidades reales de sus regiones, y por otro lado contribuir a crear relaciones de coordinación entre sus diversos ámbitos. Es así como se observan, en ocasiones diversas visiones de políticas públicas al no estar presente la mencionada coordinación entre los diversos niveles de gobierno (nacional, regional, municipal).
Los resultados sugieren una confusa identificación entre los diversos tipos de políticas públicas propuestas por Lowi (1964). En tal sentido, hay consistencia en cuanto a la acción de los entes gubernamentales en la atención del sector para atender los problemas planteados, en particular lo referido a las normativas de aplicación nacional, estadal o municipal, con énfasis en las políticas, distributivas, reglamentarias o normativas así como las redistributivas de carácter general y aplicación municipal o local.
En este orden, tanto las políticas Constitutivas, como las Reglamentarias y Redistributivas surgen de la institucionalización de las mismas alrededor de una unidad institucional (nacional, estadal o municipal), a través de cuerpos normativos elaborados, en su generalidad, por el poder nacional, en algunos casos de aplicación local o municipal, o por sectores de actividad (Ej., sector agrícola).

Los resultados analizados (tabla 2) indican valores promedio de 3,21 y 2,86 para las dimensiones Cadena Productiva y Actores de la variable Sistemas Productivos Locales Innovadores, lo cual las ubica, ponderativamente, en la categoría moderado (rango 3) del cuadro 7. En cuanto a la desviación estándar, los resultados arrojaron valores de 1,27 y 1,25 para las dimensiones Cadena Productiva y Actores, lo cual representa un moderado nivel de dispersión de valores para colocarse en la categoría moderado (rango 3) del cuadro 8.
Los valores indicados para las dimensiones Cadena Productiva y Actores arrojan un valor promedio de 3,03 para la variable Sistemas Productivos Locales Innovadores, situándose en la categoría moderado (rango 3) de la escala de ponderación del cuadro 7; mientras que para la desviación estándar se tiene un valor de 1,26, lo cual ubica la variable en un nivel de dispersión moderado (rango 3) del cuadro 8.
Resumiendo, se observan valores promedio de 2,93 y 3,03para las variables Políticas Públicas y Sistemas Productivos Locales Innovadores respectivamente; en cuanto a la desviación estándar se obtuvieron valores de dispersión de 1,20 y 1,26 para colocarse en la categoría moderado (rango 3) del cuadro 8.
            En cuanto a la dispersión de valores (desviación estándar) obtenidos en la investigación, todos los indicadores de la dimensión se encuentran ubicados en la categoría moderado según la escala de ponderación del cuadro 8, con excepción del indicador Capacitación el cual se ubica en la categoría alto de la misma escala lo cual indica una alta dispersión de los valores en los resultados obtenidos.
Los resultados obtenidos están en concordancia con lo expuesto por García (2007), quien indica que en el sector agrícola se observa una mayor amplitud y diversidad socioeconómica en cuanto a las formas y tipos de producción; las fuerzas productivas muestran un nivel de desarrollo más bajo y diferenciado territorialmente al resto de los sectores económicos por la diversidad de las condiciones naturales a lo que se agrega la incertidumbre de la producción, donde la rigidez de los factores productivos y de los ciclos de producción determinan la existencia de sistemas productivos de diferentes tipos y niveles de desarrollo relativamente independientes.
Por otro lado, Durt (1996) expone que uno de los principales problemas que han enfrentado los productores del sector agrícola, es la comercialización de los productos, donde los pequeños y medianos productores se encuentran en una situación desventajosa frente al mercado, por múltiples factores, entre los cuales se mencionan la diferencias de precios en comparación a los obtenidos por productores con mayores recursos, incremento en el precio de los insumos requeridos para la realización de sus actividades productivas, dificultad de acceso al crédito bancario, debiendo recurrir a los mercados no formales de capital, todo lo cual termina por encarecerlos costos de producción. (Durt, 1996).
Adicional a lo anterior, la débil o nula organización de los productores es otro de los factores que impide revertir la situación anteriormente planteada, sobre todo si se toma en consideración la débil o nula participación de las distintas esferas gubernamentales (nacional, estadal o municipal) con acciones en apoyo a las actividades del sector. Aun cuando en el ámbito comercial, se da la interacción de los pequeños y medianos productores, la cual ocurre en diversas formas como la vinculación entre sí, con los proveedores de insumos necesarios para realizar su actividad productiva, con los compradores de sus productos.
          En relación a las Redes, Merinero (2010) expone que dentro de un sistema productivo local surgen las redes como una alternativa de mercado, de más bajo costo en cuanto a identificación, acceso e intercambio de bienes, servicios o conocimientos entre empresas, debido a la ubicación a un mismo espacio geográfico, en el que existe una cierta homogeneidad idiomática, cultural e institucional, propicia al intercambio, y al mismo tiempo generan un clima de confianza y entendimiento entre los actores. En este esquema, las empresas de una misma rama o actividad compiten fuertemente entre sí al tiempo que colaboran y cooperan desarrollando diferentes actividades, especialmente, en innovación y diseño.
          Es necesario acotar, como apunta Durt (1996), que en la cadena “producción-consumo” no debe faltar el empalme del intermediario, pues actúan como un puente entre ambos, pues aunque provocan un incremento en los precios de los productos desde el productor al consumidor, son garantes del abastecimiento de los distintos sectores de población, a la vez de mantener las relaciones entre redes de transportistas, proveedores, consumidores y los propios productores, contribuyendo al mismo tiempo al fortalecimiento de esas relaciones.
          En referencia a las TIC’s, tal como lo exponen Rivas y Stumpo (2011), desde una perspectiva evolucionista, la información es sólo un insumo más, una pequeña parte del complejo proceso de creación de conocimiento, que depende de los recursos con los que se cuenta (tanto a nivel de individuo como de empresa), de las competencias que se han logrado desarrollar, de los mecanismos para la difusión del conocimiento tácito y de las características estructurales que rodean al proceso de aprendizaje. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen dos amplias funciones: posibilitan la comunicación con el propósito de procesar y almacenar la información para futuras referencias.
De acuerdo con Stienen (2006), el uso apropiado de las TIC´s en la agricultura requiere de la aplicación de combinaciones relevantes de tecnologías, tanto modernas como tradicionales. En este sentido la generación de nuevas tecnologías, junto a la creación de nuevos productos, ha facilitado el intercambio entre personas no sólo en un lugar determinado, donde se encuentren los productos que se desean intercambiar, pues ese intercambio se puede realizar con la participación de compradores y vendedores de muchas partes del mundo.  Es así como la información cumple un papel fundamental en los mercados, al poner a disposición del mismo el producto requerido, el precio, la cantidad y calidad deseada.
En el documento estratégico TIC de 2002, el Grupo del Banco Mundial señala la necesidad de adoptar diferentes ópticas adaptadas a los diversos grupos con los cuales se realiza el trabajo. Cada grupo en particular tiene diferentes necesidades de información con diferentes modos de acceso. En todo caso, las TIC´s a utilizar se eligen tomando en consideración tanto la tecnología apropiada como el contexto socioeconómico del grupo, además del nivel de alfabetización y educación de cada situación específica. Las inversiones en TIC en apoyo del desarrollo agrícola deben incluir una infraestructura confiable, asequible, así como también la adopción de medidas especialmente dirigidas a la agricultura y a las comunidades rurales.
Haciendo referencia a la competitividad, Silva y Sandoval (2005) han sostenido que para apoyar el desarrollo de las pequeñas empresas es necesario tener presente la idea de sistemas locales de empresas, de colaboración para competir, de asociatividad empresarial, de articulación público-privada, así como de generación de conocimiento por interacción, desarrollar ventajas competitivas las cuales deben ir más allá de la sola consideración de que son sólo las empresas las que compiten.
En este sentido, Deniz et al (2008) mencionan la necesidad de un esfuerzo colectivo de aprendizaje y negociación de todos los factores presentes en una organización, tanto internos (accionistas, directivos, empleados, entre otros) como externos (competencia, preferencias del mercado, gobierno, instituciones y sociedad en general) para lograr la competitividad.
Ferraz, et al (2004) sostienen que una empresa es competitiva si es capaz de formular y aplicar estrategias que la lleven a una posición de mercado sostenida o ampliada en el segmento de la industria donde opera. Por otro lado, las estrategias, las capacidades así como el desempeño de una empresa deben ser coherentes con los patrones de competencia prevalecientes en la actividad realizada; de esta manera se puede considerar un sector como competitivo si una proporción alta de valor de producción se origina de empresas las cuales son y deben presentar ventajas en materia de costos, diferenciación de producto; capacidad de respuesta, además de generar progreso técnico.
En este orden, la competitividad tal como lo señala Silva (2005), debe ir unida a la capacidad de la organización productiva para mantener su participación en el mercado, tanto local como foráneo, a través de la mejora continua, sostenida de su producción y de los productos o servicios ofertados en un momento determinado, sin descuidar los beneficios que puedan recibir los grupos sociales ubicados en su entorno.
El mismo autor ha señalado la capacidad de aprendizaje e innovación  como un factor fundamental de competitividad, particularmente en esta nueva sociedad de la información y el conocimiento, la cual, según se estima está latente en instituciones y organizaciones locales. De aquí que la construcción del concepto de competitividad territorial debiera ser una de las líneas fundamentales de acción de los gobiernos territoriales y locales.
La participación como proceso implica, en coincidencia con Gaitán (2003), cita en Seller (2004),  querer, en referencia a que los habitantes tomen conciencia respecto de sus problemas y la comprensión de los aspectos que los explican; saber, en el sentido de reconocer sus capacidades para comprometerse en la transformación de su realidad, en la creación de contextos favorecedores de la creatividad y la innovación, a través del acceso a la toma de decisiones. De esta forma, la comunidad deja de ser contexto de intervención y destinataria de acciones, para ser protagonista y propietaria de su cambio, como sujeto de acción. (Seller, 2004).
Para Cevallos (2009), la participación es un proceso social, continuo y dinámico, a través del cual los miembros de una comunidad toman decisiones, aportan soluciones, haciendo uso de dispositivo preestablecidos representados por organizaciones legítimamente constituidas, facilitadoras del dialogo entre los diversos integrantes de la comunidad, todo con el fin de alcanzar el bien común. Puede, además constituirse en una estrategia que permite activar o reactivar las relaciones entre la sociedad y el gobierno en busca de satisfacer las necesidades que aquejan a la población, a través de la formulación, ejecución y control de la gestión pública.
Siguiendo a Kliksberg (1997), citado en Boscán (2010), la experiencia ha mostrado que el involucramiento de las comunidades a las cuales se quiere ayudar con dichos programas, permite establecer con precisión cuáles son las necesidades prioritarias, crea un flujo de información clave para la gestión, promueve el aporte de ideas innovadoras por parte de la comunidad, posibilita una evaluación continua de la marcha del programa, al tiempo de constituir un preventivo casi no superable respecto a posibilidades de corrupción.
En torno a la capacitación, Harwich y otros (2006), indican que la capacidad de aprendizaje de los actores en el sector agrícola depende en forma crucial de los flujos de información, de conocimiento tácito dentro del sistema, de capacidades individuales y colectivas para procesar, asimilar esa información. Por otro lado, la inclusión del conocimiento tradicional en la generación de innovaciones permite dar énfasis a procesos locales de innovación y adaptación que son importantes en los esfuerzos para el desarrollo de los actores de escasos recursos.
Mitnik et al (2006) hacen referencia a la importancia de comprender esos proceso de aprendizaje resultantes de la capacitación de la cual surge la contribución para realizar la configuración progresiva de una organización que aprende, debido a la posibilidad de construcción de un entramado social al interior de la organización empresarial, potencializadora de los aprendizajes individuales, aportando un mayor dinamismo al conjunto.
Con respecto al proceso productivo, en concordancia con Melean y Nava (2007), la elaboración de un producto requiere una serie de actividades destinadas a la transformación de la materia prima; estas actividades interrelacionadas entre sí, integran los denominados procesos productivos, elemento central en cualquier organización productiva cuyo objeto sea ofrecer bienes o servicios con un determinado valor agregado.
En este sentido, según Melean et al (2007), las organizaciones, cualquiera sea la actividad económica a la cual se dediquen, requieren de una serie de procesos para la concreción de sus productos finales, sean servicios o productos. Es así como los procesos de producción forman parte de la plataforma productiva de la organización productiva, constituyéndose en los transformadores de insumos en productos destinados a la satisfacción de necesidades de la población.
El análisis de la dimensión Actores (cuadro 14) muestra, para el indicador Proveedores un valor promedio de 2,31 para ubicarse en la categoría negativo (rango 2) del cuadro 7 referente a los niveles de ponderación de promedios; en tanto para los indicadores Organismos Públicos, Sociedad Civil y Clientes se tuvieron valores promedios de 3.04, 2.74 y 3.34 respetivamente, para ubicarse en la categoría moderado (rango 3) del cuadro 7. En cuanto a la desviación estándar, se encontraron valores de 1.35, 1.20, 1.09 y 1.39 para los indicadores Organismos Públicos, Sociedad Civil, Proveedores y Clientes en su orden, para un nivel de dispersión moderado (rango 3) en la escala de establecida en el  cuadro 8.
Sobre estos aspectos Méndez (2002) ha señalado la importancia de Identificar los actores que operan en un territorio concreto; conocer y comprender sus características o estructura interna, intereses y valores; los mecanismos que guían el proceso decisional, las estrategias aplicadas para alcanzar sus objetivos o sus posibles interacciones (colaboración, competencia, conflicto).
Uno de los actores fundamentales en la cadena de suministros de las organizaciones productivas son los proveedores, pues, son los que suministran los insumos que requiere la organización para su funcionamiento, particularmente aquellos insumos imprescindibles para la generación de productos o servicios ofertados al mercado por esa organización; lo cual significa que cualquier desarticulación con estos actores puede provocar desequilibrios en la marcha de la empresa, con el consecuente aumento en los costes. Esta relación con los proveedores, se transforma es uno de los eslabones fortalecedores la cadena productiva en la cual está inserta la organización. (Arroyo y otra, 2009).
La situación planteada lleva a las organizaciones productivas a desplegar un proceso dirigido a construir alianzas estratégicas con sus diversos proveedores, las cuales deben estar fundamentadas en la cooperación, la solidaridad y la responsabilidad empresarial, alianzas en las cuales las grandes empresas proveedoras contribuyan al desarrollo para el fortalecimiento de las mipymes, buscando la generación de valor sin perder de vista la responsabilidad social de la empresa, garantizando un desarrollo integral y sostenible para todos sus actores.
Cuando las competencias de sus proveedores son deficientes, la organización productiva debe recurrir a otras opciones para garantizar la obtención de los insumos requeridos, como la identificación y selección de nuevos proveedores, locales o de otras localidades; implementar programas de formación,  capacitación y apoyo para mejorar el desempeño de sus proveedores habituales. (Sánchez-Rodríguez et al., 2005, cita en Arroyo y otra, 2009).
En el proceso de selección de nuevos proveedores, en concordancia con lo expuesto por Herrera y otro (2006), es necesario definir las características de los productos que se desean adquirir al proveedor, las cuales deben satisfacer las necesidades tanto de la organización productiva como de sus clientes, es decir, homologar lo que una quiere y lo que la otra está en capacidad de ofrecer, respectivamente.
Respecto de los clientes, estos se constituyen en la fuente de información por excelencia, en la organización productiva, para mejorar o introducir correcciones al producto ofertado, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas del consumidor o cliente. En este sentido, para la empresa es importante captar, mantener clientes a lo largo del tiempo, lo cual le permitiría obtener la mayor rentabilidad y permanencia en el mercado. (Martínez, 2007).
En este orden, Valenzuela (2007), ha señalado la importancia de los sistemas de información en las empresas que permita tener conocimiento sobre las necesidades actuales y potenciales de los clientes, así como el manejo de relaciones con los clientes de forma individualizada, para generar conocimientos orientados a desarrollar una oferta flexible dirigida a satisfacer sus necesidades.
Es así como las nuevas generaciones de negocios orientadas al mercado ya no sólo requieren conocer las necesidades de determinados segmentos de mercados elaborando productos y servicios para satisfacer esas necesidades de una forma superior a la competencia. En la actualidad, las empresas buscan es adaptarse a sus necesidades específicas y de rentabilizar a cada cliente de la organización productiva. (Valenzuela, 2007).
En cuanto a las instituciones públicas, de acuerdo con Méndez (2002), es necesario incluir como actores fundamentales los gobiernos y administraciones como las Alcaldías, Juntas Parroquiales, entre otros; gobiernos y administraciones regionales, agencias, así como agentes de desarrollo. Se trata en efecto de instituciones públicas, las cuales representan la garantía de continuidad de los servicios y que son en general homologables en cuanto a sus funciones y campos de competencia.
En este sentido, tal como lo apunta Sánchez (2011), los gobiernos locales tienen una responsabilidad y un ámbito de acción emergente en la posibilidad de desarrollar un tejido económico local competitivo, diversificado, encadenado que sea base para la democratización de la riqueza localmente generada y la preservación del patrimonio natural y cultural.
En los segmentos referidos a instituciones privadas y sociedad civil están involucradas empresas existentes en el territorio, asociaciones de empresas, asociaciones y cooperativas de productores, cámaras de comercio e industria, centros tecnológicos y de servicios, juntas de vecinos, consejos comunales protagonistas en la concepción originaria del medio innovador, y en la creación, desarrollo y consolidación de sistemas productivos locales innovadores.
Otros actores figuran como asociaciones y organizaciones no gubernamentales, grupos de acción local, centros de formación de naturaleza privada, y los ciudadanos que hacen vida en la comunidad, con voluntad para dinamizar las sociedades locales y promover iniciativas colectivas de carácter innovador, tanto en el sistema productivo local como en otros planos complementarios de carácter no económico.
En esta tipología la mayoría de actores a incluir tienen un carácter endógeno, directamente relacionado con un origen local. A este respecto existe la  posibilidad de que empresas procedentes del exterior o instituciones y organizaciones de carácter supraestatal puedan ejercer influencias favorables a la innovación, contribuyendo incluso a debilitar las resistencias del tejido empresarial y social de determinadas localidades. (Méndez, 2002). 
En el sector rural, se incluyen como actores en el proceso de innovación, empresas agrícolas rurales, universidades o sector que desarrolla tecnología; también se incluye a los intermediarios (gobierno y mercado), que en mucho forman parte del sistema de extensión agrícola,  los agricultores, y los trabajadores o empleados agrícolas en la transferencia de tecnología, la cual se da a través de la capacitación (Herrera, 2006).
El análisis en conjunto de las dimensiones de la variable Sistemas Productivos Locales Innovadores (Cadena Productiva y Actores, cuadro 15) los resultados indican un valor promedio de 3,03 para situándose en la categoría moderado (rango 3) de la escala de ponderación del cuadro 7; mientras que para la desviación estándar se tiene un valor de 1,26 lo cual ubica la variable en un nivel de dispersión moderado (rango 3) del cuadro 8. Estos valores muestran que los elementos considerados para su medición no tienen una tendencia definida, lo cual es síntoma de debilidades en algunas áreas con índices de fortalezas en algunos de los indicadores en estudio, dando como resultado los valores antes señalados.
La Tabla 8 muestra los resultados obtenidos para cada una de las variables en estudio promedios de 2,98 y 3,03 para Políticas Públicas Sistemas Productivos Locales Innovadores respectivamente, ubicándose ambos en la categoría moderado (rango 3) de la escala de ponderación establecida en el cuadro 7; igualmente muestran valores de 1,23 y 1,26 en los niveles de dispersión (desviación estándar) para ubicarse en la categoría moderado (rango 3) establecida previamente en el cuadro 8. Estos valores indican una propensión de las variables a la estabilidad en un punto intermedio entre lo positivo y lo negativo en lo referente a la acción del gobierno (nacional, estadal o municipal) en el sector y la presencia de SPLI.

Analizados y discutidos los datos suministrados por los informantes claves, a través de la aplicación del instrumento elaborado al efecto, para dar respuesta  a los objetivos específicos y así alcanzar la meta trazada con el objetivo general del trabajo de investigación realizado sobre políticas públicas y sistemas productivos locales innovadores en el sector agrícola del Municipio Colón, se llegó a las siguientes conclusiones: Los resultados fueron moderados para los indicadores Normas Constituciones y Normas Legales de la dimensión, lo cual sugiere una tendencia favorable al cumplimiento e implementación de las mismas con respecto a las políticas públicas del sector en estudio; Se observa una marcada debilidad en el indicador ordenanzas, en el que las respuestas de los informantes claves dieron un resultado muy negativo, donde la baja dispersión de los datos obtenidos es indicio de coincidencia en las respuestas, lo cual revela una ausencia notoria de este tipo de norma jurídica para regular las políticas públicas orientadas a la solución de problemas en el sector agrícola, que debe llevar a cabo la alcaldía del Municipio Colón, Estado Zulia.
Los indicadores Factores Dinámicos junto a los Factores Internos a los Actores dieron resultados moderados lo cual es muestra de una propensión de los mismos a favorecer la implementación políticas públicas dirigidas al desarrollo socioeconómico del sector con participación de la comunidad en la elaboración de programas para la creación de SPLI en el sector, con apoyo de actores políticos vinculados con la localidad. Se pone de manifiesto el aspecto negativo de los Factores Estables y de los Factores Externos a los Actores, lo cual indicó que los recursos naturales, la diversidad cultural y el aprendizaje de los ciudadanos de la localidad, así como la disposición del gobierno local, los gremios que hacen vida en la comunidad tienen poca o muy baja vinculación con las políticas públicas enfocadas a la solución de problemas en el sector en estudio, particularmente en la creación de organizaciones productivas con disposición a integrar SPLI. 
Los indicadores para esta dimensión dieron resultados positivos, lo cual indica que el contexto local, la opinión ciudadana en la elaboración de proyectos de desarrollo productivo, la aplicación de normas jurídicas de carácter coercitivo, así como la acción del gobierno para la creación y fomento de la actividad productiva es favorable para la formulación de políticas públicas en respuesta a los problemas del sector.
El indicador Tipo Constitucional arrojó un resultado negativo, posiblemente vinculado a la particularidad que para la época de realización de la investigación, la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas no se había constituido, convirtiéndose en debilidad en la formulación de políticas públicas para el sector en estudio. En todos los indicadores de la dimensión u objetivo específico, excepto para el indicador Tipo Constitucional, se obtuvo un resultado moderado para la dispersión de los resultados, lo cual indica baja coincidencia en las respuestas de los informantes clave.
Se observó debilidad en cuanto a satisfacción del mercado local, la producción de excedentes para exportación, unida a un débil apoyo del sector público, y la deficiente generación de innovaciones en los productos. Hay una tendencia favorable para la elaboración de planes y programas destinados a incrementar la demanda de productos generados en la localidad con promoción de la imagen de las organizaciones productivas del sector en estudio, en otras localidades o regiones. Igualmente se percibe una disposición favorable al intercambio de información entre las organizaciones productivas de la localidad y con otras localidades o regiones, a la conformación de redes de organizaciones productivas, tanto  internas como externas.
El sector presenta fortalezas en cuanto al valor agregado incorporado a la materia prima procesada en las organizaciones productivas, creando nuevas oportunidades para los habitantes de la localidad. De la misma manera es muy favorable la incorporación del recurso humano en la elaboración de proyectos de desarrollo de las organizaciones productivas, así como la participación de la sociedad civil en actividades para el desarrollo de la comunidad. Así mismo se presenta como una fortaleza la elaboración y ofertas de programas de capacitación de recursos humanos, tanto desde instituciones públicas como del sector privado.
Se muestra debilidad en las organizaciones productivas del sector en cuanto al acceso a la materia prima necesaria para el proceso productivo y la ausencia de alianzas con los proveedores para garantizar el suministro de la misma de manera permanente. Se observó una tendencia favorable de las cooperativas y asociaciones de productores del sector en cuanto a la promoción de iniciativas para la conformación de redes productivas locales; así como en la intervención del gobierno nacional en la ejecución de proyectos para el desarrollo del sector, con menor presencia del gobierno regional y una reducida o escasa participación del gobierno local. Con respecto a los clientes se advierte una disposición favorable en cuanto a la satisfacción de los requerimientos exigidos o deseados por los compradores y la disposición a introducir mejoras o cambios en los productos ofertados por la organización productiva.
Finalmente se puede afirmar, a la luz de los resultados obtenidos, que el sector agrícola del Municipio Colón presenta condiciones y elementos que hacen posible la formulación de políticas públicas que contribuyan a mejorar las organizaciones productivas del sector, con fines a la creación, desarrollo y consolidación de Sistemas Productivos Locales Innovadores (SPLI) dirigidos a mejorar la calidad de vida de los habitantes de esas comunidades.

ACOSTA, A. (2006). AGROCADENAS DE VALOR Y ALIANZAS PRODUCTIVAS: "HERRAMIENTA DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN". En: Piñones, S., Acosta, L. y Tartanac, F. (2006). "Experiencias de la FAO en América Latina". FAO, Italia.
AGHÓN Gabriel, Alburquerque F., y Cortés P. (2001) DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y DESCENTRALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: UN ANÁLISIS COMPARATIVO. Proyecto Regional de Desarrollo Económico Local y Descentralización CEPAL/GTZ. Santiago de Chile. LC/L.1549. - Agosto de 2001
AGUILAR, L. F. (2007).EL APORTE DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y DE LA NUEVA GESTIÓN PÚBLICA A LA GOBERNANZA. Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 39. (Oct. 2007). Caracas.
ALBURQUERQUE, Francisco (2004) DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y DESCENTRALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA.  Revista de la CEPAL 8 2- abril 2004.
ALONSO, Osvaldo. LA LÓGICA DE LOS ACTORES Y EL DESARROLLO LOCAL. Rev. Pilquen [online]. 2004, n.6 [citado  2012-05-19], pp. 0-0. Disponible en: <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-1232004000100004&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1851-3123.

Nota Importante a Leer:

Los comentarios al artículo son responsabilidad exclusiva del remitente.

Si necesita algún tipo de información referente al articulo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del articulo al principio del mismo.

Un comentario no es mas que un simple medio para comunicar su opinion a futuros lectores.

El autor del articulo no esta obligado a responder o leer comentarios referentes al articulo.

Al escribir un comentario, debe tener en cuenta que recibirá notificaciones cada vez que alguien escriba un nuevo comentario en este articulo.

Eumed.net se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios que tengan lenguaje inadecuado o agresivo.

Si usted considera que algún comentario de esta página es inadecuado o agresivo, por favor,pulse aqui.