1. Orígenes y escisión

 

Desde sus inicios en Buenos Aires, a principios del siglo XX, las Cajas de Crédito cooperativas contaron con la activa participación de inmigrantes judíos[1] de origen ashkenazi[2]. De hecho, el cooperativismo de crédito fue una de las formas de organización social que, al igual que las sociedades de ayuda mutua, socorro o solidarias, fueron adoptadas por los inmigrantes como una forma de integrarse y, al mismo tiempo, de defenderse frente a las dificultades que se les presentaban en el país.  Sin embargo, a diferencia de otras asociaciones de ayuda mutua, el cooperativismo se caracterizó, en sus inicios, por su impronta anticapitalista y por la adhesión de sus miembros, a diferentes variantes de la izquierda.

En la Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde se concentrará una gran parte de la población hebrea, fueron surgiendo diferentes entidades crediticias vinculadas a la colectividad, que aparte de atender las necesidades financieras de sus asociados, contribuían a los gastos comunitarios y, además respondían a las corrientes ideológicas y políticas que surgieron dentro del judaísmo argentino. A la división entre sionistas y progresistas antisionistas, se sumaron otras subdivisiones en el interior de cada sector, núcleos que fueron creando sus propias cajas de crédito, y sosteniendo sus templos, escuelas idiomáticas, clubes, cementerios, etc.

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, numerosas cajas de crédito fueron privilegiando su faz económica, apartándose de la política y, haciendo hincapié en el rol que podían desarrollar sus entidades en el mercado: combatiendo a “la usura” y cubriendo las necesidades crediticias de sus miembros.

La FACC se funda en 1950, en una época en donde el cooperativismo comienza a incrementar su presencia en el mercado y cuando es fomentado también desde las esferas gubernamentales. Esta federación, habrá de agrupar a cooperativas de crédito de base, pertenecientes a diferentes sectores de la colectividad, más algunas no judías y, radicadas mayormente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La idea era constituirse, más allá de los orígenes étnicos y las simpatías partidarias de sus miembros, en el órgano central de todas las cooperativas de crédito en el país. 

Sin embargo, en 1958, cuando la FACC nucleaba a 74 cooperativas (Ver Cuadro), otro sector, vinculado a los sectores “progresistas” de la colectividad judía, funda el IMFC, un organismo de segundo grado, que se verá apoyado por 58 entidades distribuidas en Capital, el conurbano y varias provincias[3].

En otras palabras, a partir de esa época, el movimiento cooperativo crediticio se divide, dando lugar a la conformación de dos federaciones que se habrán de disputar el control de las cooperativas de crédito argentinas y su representación frente a la opinión pública y a las autoridades nacionales.  

 

2. La Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC)

 

La FACC, como ya anticipamos,  se funda a fines de noviembre de 1950 y obtiene su personería jurídica el 7 de diciembre de 1951. Sus dirigentes, alrededor del 90% de origen judío ashkenazí[4], pertenecían a las capas directivas de las 14 cooperativas pioneras que conformaron la entidad y a sectores medios ligados al comercio, a oficios varios y a la pequeña y mediana industria. 

Los objetivos que se plantearon eran: 1)constituirse en el órgano central de todas las cooperativas de crédito en el país 2) impulsar el desarrollo del cooperativismo de crédito, privilegiando el otorgamiento de créditos a la actividad productiva en primer término, y a las necesidades individuales de orden social, en segundo plano.3)difundir la función social de las cooperativas de esta rama ante la opinión pública, 4)defender frente a las autoridades nacionales los intereses de sus asociadas,5) estrechar los lazos con las distintas federaciones cooperativas del país y del exterior.

Es decir, que a diferencia del IMFC, la FACC no se planteó desde sus inicios, crear una Cámara Compensatoria, donde se movilizaran los fondos de las Cajas de Crédito Cooperativas desde las distintas regiones del país.[5]

La FACC, se alineó con las concepciones teóricas y tradicionales del cooperativismo sancionados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)[6] y, amparándose en la Ley de Cooperativas 11.388[7], que incorporaba el modelo alemán Schulze Delitzch[8], adhirió al principio donde se establecía que los excedentes podían ser distribuidos entre los asociados de las Cajas de Crédito de acuerdo al capital aportado. 

En este contexto, la FACC, irá privilegiando el desarrollo económico de las cooperativas, adoptando “la prescindencia política” como una de sus posturas básicas y planteando la necesidad de:

- respetar a las autoridades políticas imperantes, mas allá de su legitimidad o del signo partidario que sustentaran

- dar su apoyo a las medidas gubernamentales consideradas convenientes para los intereses del sector

- encarar gestiones a fin de lograr la modificación o el cese de disposiciones que pudieran afectar el desarrollo del cooperativismo de crédito.

 

Es decir, que las cooperativas que agrupadas en la FACC, privilegiaron la faceta económica de su organización. ¿Cómo operaban estas cooperativas? Hasta 1966, recibieron depósitos a plazo en cuentas a la vista, disponibles mediante el libramiento de “ordenes de pago”, que cumplían con una función similar al cheque, que se procesaban en las Cámaras Compensatorias del sector. Se estima que el conjunto de los depósitos recibidos por las mismas, sumaban aproximadamente el diez por ciento de los que registraba el sistema bancario.[9]

De todos modos, estas cooperativas, si bien evitaron el compromiso político, continuaron prestando servicios a los sectores comunitarios que estaban vinculados.    

 

2. 1 Frente al peronismo y la “Revolución Libertadora”

 

En 1952, la FACC, “en cumplimiento de su misión orientadora”, se dirigió a las cooperativas de crédito, exhortándolas para que, mediante su acción, contribuyeran a la difusión y aplicación del plan económico diseñado por el peronismo en el poder. En 1954, continúan con su apoyo al gobierno del “Primer Cooperativista de la República”[10]:

 

     “ El II Plan Quinquenal, como bien lo definiera el primer Cooperativista de  la República, ha de lograr la consolidación del bienestar del pueblo argentino, y para ello es menester que  todas las fuerzas del trabajo se unan en un haz vibrante de amor y solidaridad y lleven a feliz término todas las obras que encierra el mismo”

 

La misma actitud, la de privilegiar la faceta económico-social del cooperativismo y de prescindencia  política, habrá de continuar frente a los gobiernos que reemplazaron al peronismo. En 1956, su presidente el Sr.Aron Moñin, afirmaba no dudar que “el Gobierno Provisional era una fuente inagotable de auténtica libertad democrática”. Al mismo tiempo, se dirigieron a las autoridades nacionales a fin de que se eximiera a las cooperativas de crédito del pago de un impuesto a los depósitos y para solicitar la modificación y actualización de la Ley 11.388.

 

2.2 Bajo las presidencias de A. Frondizi, J. M.Guido y A. Illía

En 1958, asume el Dr. A Frondizi como Presidente de la República, quien enarbolando un modelo de integración social, había generado grandes esperanzas en diversos sectores de la población. También la FACC y sus asociadas depositaron su confianza en la nueva administración:

 

“Dentro de los aspectos de orden moral que más nos han llenado de legítimo orgullo, como hombres y como cooperativistas, es la elección de nuestro compañero del Consejo de Administración de esta Entidad, Dr. Zenón Golstraj, como Diputado Nacional...(su) tarea no será difícil, teniendo en cuenta de que en ese Parlamento se han incorporado legisladores de tendencias netamente popular, con militancia hace muchos años en el Movimiento Cooperativo Argentino”[11]

 

 Sin embargo, a partir de 1959, el gobierno comenzó a acercarse a posturas liberales y ortodoxas en el ámbito económico y, que en la práctica, habrán de obstaculizar la operatoria de las cooperativas de crédito. En este, el Banco Central,[12] y el Ministerio de Economía[13], bajo la presión ejercida por algunas entidades bancarias, fueron dictando disposiciones que intentaban restringir y controlar el funcionamiento del cooperativismo. Ante esta situación, la FACC y otros sectores afines, se movilizaron: llevando a cabo diferentes gestiones en el ámbito gubernamental, haciendo público el “carácter perjudicial” de dichas medidas en los medios de comunicación y  logrando el apoyo de funcionarios gubernamentales, de legisladores y del periodismo. La Razón escribía en 1961:

 

“Los alcances de un decreto, el 6671, conmovieron a los 220.000 asociados que congrega la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito. Se pretendía poner a las cooperativas crediticias en un pie de igualdad con organizaciones de orden privado-financiero...El Sr. Moñin abundó que no son ni han sido enemigas de los bancos pues estos desarrollan en el sector financiero-económico de nuestro país una importante función en forma específica, mientras que las cooperativas de crédito llegan a capas sociales donde la acción crediticia no puede hacer sentir su actuación. Señaló que se contó con la colaboración del Director Nacional de Cooperativas, y ello permitió que el Banco Central aclarara en un comunicado que tales disposiciones no rigen para las sociedades cooperativas que se encuentran bajo el régimen de la ley no. 11388”.[14]

 

De todos modos, a pesar de haber sido excluidos del citado decreto, el intento de restringir el funcionamiento de las cooperativas continuó. En 1963, durante la presidencia de José María Guido, pero bajo las secuelas  de las medidas adoptadas durante la cadencia del Dr.Frondizi, la FACC hace pública su oposición a la línea económica imperante. De acuerdo a la perspectiva de la entidad, la crisis había asumido contornos dramáticos: por el incremento del número de desocupados, las quiebras, el debilitamiento del mercado interno. Sin embargo, a pesar de la perspectiva de la FACC, el cooperativismo de crédito continuaba su expansión, pasando a ocupar un lugar más importante en el mercado financiero. De acuerdo a las estadísticas de la Dirección Nacional de Cooperativas:

-en 1958 se habían registrados 158 cooperativas de crédito[15]

-en 1963 el número se había incrementado a 423[16].

También había ascendido, en mismo período, el número de cooperativas que se afiliaron a la FACC en:

-1958 contaban con 74 afiliadas (de 158)

-1963 con 169. (de 423)/ Ver Cuadro

Por otra parte, al mismo tiempo que manifestaron su beneplácito por el nuevo presidente elegido en 1963, el Dr. A.Illía, quien había prometido el respaldo del gobierno a la labor de las cooperativas, prosiguieron denunciando a quienes  definían como los “enemigos” tradicionales del Cooperativismo y la Nación: “los Bancos” y a ciertos funcionarios, que continuaban, a pesar de las directivas del Presidente, “agazapados en los pasillos del Banco Central”. Los discursos y las notas periodísticas se sostenían en la lógica sencilla del amigo/enemigo. Entre las medidas criticadas citaban la circular que enviara el Banco Central en diciembre de 1963 a todos los Bancos, estableciendo disposiciones que “obstruían” la aceptación de las órdenes de pago cooperativas.

Entre 1964 y 1965, la FACC adopta una postura crítica pero ambigua frente al Gobierno. Se le reconocía al Poder Ejecutivo dar su apoyo al desarrollo del cooperativismo. Pero al mismo tiempo, se señalaba la notoria dualidad entre el discurso oficial y las normas dictadas por el Banco Central en julio de 1964. Estas normas, intentaban junto, a las medidas adoptadas por los bancos, de no tramitar las órdenes de pago de las cooperativas y de cerrar las cuentas a estas entidades, reducir la operatoria de las cooperativas de crédito.

¿Quiénes eran los culpables de la adopción de estas medidas? Para la FACC no había duda, el enemigo eran los “barones de las finanzas” que presionaban al poder político:

 

“ ..los banqueros y prestamistas desean el unicato de la función de recibir y dar dinero, para asegurar el progresivo aumento de sus ganancias. También aquí el lucro de los prestamistas, se nutre del sacrificio de la mayoría de la población…Los Poderes Públicos, tienen aquí otra oportunidad para demostrar en los hechos, su indudable vocación de pueblo” [17]

 

Las normas impuestas por el Banco Central como las medidas adoptadas por los bancos generaron una militante oposición y alianza entre las dos federaciones de segundo grado que representaban a las cooperativas de crédito en el país.  Entre las gestiones y estrategias adoptadas se puede citar:

a)      Se conforma una Comisión de Enlace, integrada por los directivos de la FACC y del IMFC.

b)      La búsqueda de la adhesión de todo el movimiento cooperativo y de los diversos bloques políticos del Congreso Nacional

c)      Interesar al Poder Ejecutivo, para que a su vez se disponga a intervenir ante el Banco Central a efectos de anular las disposiciones adoptadas, y al mismo tiempo, para que se sancione una ley especial que contemple las necesidades las cooperativas de crédito asegurándoles su definitiva estabilidad e independencia[18]. 

 

En definitiva, las gestiones encaradas no fueron en vano, encontraron eco en diversos sectores. Los más relevantes fueron:

-          la Cámara de Diputados, que aprobó sin oposición una declaración dirigida al Poder Ejecutivo Nacional, solicitando que gestione frente al Banco Central la suspensión de dicha reglamentación.

-          el  Vicepresidente, el Dr. Carlos Perette, que actuó como un “amigable” árbitro en el conflicto

-          los medios de comunicación, escritos y audiovisuales, que le dedicaron al problema una amplia cobertura..

 

De todos modos, si bien las medidas del Banco Central fueron dejadas en suspenso temporariamente por la intervención directa del Presidente Illía y del Vicepresidente Perette y por una sanción del Parlamento, el 4 de noviembre de 1965 el Banco Central vuelve a reglamentar el funcionamiento de las cooperativas de crédito, demostrando una vez mas la falta de homogeneidad en las políticas gubernamentales y la debilidad del Poder Ejecutivo.

Es decir, que sin pretenderlo, en la práctica, las entidades cooperativas se verán involucradas en el escenario político. Finalmente, la FACC, junto a los otros sectores del cooperativismo y aprovechando las divergencias internas en el gobierno, dispusieron resistir las medidas, no acatando su cumplimiento.[19] 

En este contexto, los sectores que impugnaban el funcionamiento del  cooperativismo de crédito, harán uso de métodos macarthistas, como otro de los medios para debilitar al movimiento, acusando a sus integrantes de comunistas[20] y en particular al IMFC, pero poniendo a la defensiva al conjunto de los miembros del movimiento cooperativo, incluso a aquellos sectores que como la FACC, abogaban por la defensa del cooperativismo desde una perspectiva utilitaria, como un instrumento económico-social eficaz para competir dentro del mercado capitalista.

Al mismo tiempo, y a pesar del contexto, el cooperativismo de crédito siguió expandiéndose: de las 169 cooperativas afiliadas a la FACC en 1963, su número se incrementa a 219 en 1965 (Ver Cuadro). La FACC funda el “Ente Económico”,  una central para proporcionar: créditos directos, redescuentos, giros en descubierto, negociación de valores sobre el Interior y el Clearing de las Ordenes de pago, una entidad similar a la que ya había creado el IMFC, en donde comenzaron a operar la mayor parte de las cooperativas afiliadas y radicadas en la Capital Federal y Buenos Aires de la entidad. En este marco, las dos federaciones, la FACC y el IMFC, constituyen un “Clearing Intercooperativo de Órdenes de Pago”, creando una Cámara de Compensación Común, que permitió a más de 300 cooperativas participar de dos circuitos independientes en un mismo canje indiscriminado y que funcionó eficientemente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

 

2.3 Frente al golpe militar del General J. C. Onganía

Desde junio de 1966, a partir de la llamada Revolución Argentina, se fortalecen los sectores que pretendían reducir la operatoria de las cooperativas de crédito y aumentar el control del Estado sobre su funcionamiento. En julio, el gobierno sancionó la Ley 16.898, una reedición del “reglamento” resistido durante la anterior administración y que estableció el control del Banco Central sobre las cooperativas de crédito, que les prohibió sostener cuentas corrientes, que las obligó a inscribirse como entidades financieras no bancarias y a devolver los depósitos a la vista en una semana. Asimismo, se eliminó la operatoria hasta entonces canalizada por la Cámara de Compensación común. La reglamentación aplicada, determinó prácticamente la liquidación del 10% aproximadamente, de las cooperativas en sólo 11 meses de vigencia, porcentaje que se incrementará con creces en los años venideros[21]. En este contexto también se dictó la orden de captura de los dirigentes del IMFC, bajo la acusación de “estafas”, pero sobreseídos mas tarde por falta de mérito.[22]  

En definitiva, a partir del gobierno del General Onganía, las posturas ideológicas adoptadas por la FACC y el IMFC, se distancian mucho más. El IMFC, reformula y fija en 1966, al igual que la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), su posición con respecto a la “neutralidad política”, dejando de usar el concepto por “engañoso” y reemplazándolo por el de “independencia” de los gobiernos, del poder empresario y de los partidos políticos[23]. En cambio la FACC continúa pronunciándose a favor de la “neutralidad”:

 

“La Alianza Cooperativa Internacional ha abandonado el principio de neutralidad como dogma absoluto, reemplazándolo por un criterio flexible que reconoce al movimiento cooperativo el derecho de decidir en cada caso su actitud...

En casos como el de Argentina, donde hay una ley que sanciona expresamente el principio de neutralidad, será necesario atenerse a él mientras el legislador no modifique su criterio”[24]

 

De hecho, acentuará el carácter pragmático de sus lógicas de acción. Sus directivos, percibiéndose como actores “idealistas pero no utópicos”, habrán de privilegiar la defensa de sus intereses específicos para asegurar la supervivencia del cooperativismo de crédito en el país:

-recomendando a sus afiliadas mantener un perfil bajo y la “neutralidad”, prescindiendo de prácticas políticas, religiosas o raciales que pudieran comprometer al conjunto del movimiento.

-proponiendo a las autoridades integrarse a una Comisión, a la cual no habían sido convocados por el Banco Central, a fin de participar en la elaboración de las normas que debían regir a todas las instituciones de crédito en el país.

En este contexto, y en adelante, ante el temor generado por la llamada Revolución Argentina, “la prescindencia política” como idea, se fortalece aún más y la FACC, continuará con una actitud negociadora, intentando presionar al poder político para que se promulgue una Ley de Cooperativas que proteja los intereses del sector.

 

3. Consideraciones finales

 

En síntesis, esta es una primera aproximación al estudio de las lógicas de acción política de una entidad que, pese a su representatividad, aún no ha sido investigada en el campo académico. De las 974 Cooperativas registradas por el Banco Central en 1966[25], 306 eran afiliadas a la FACC y radicadas especialmente en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Se la puede definir como una asociación voluntaria, que se constituyó como un ente de gestión para optimizar el desarrollo económico-social de sus asociadas en el mercado. En este contexto y, a diferencia del IMFC, que estimulaba el compromiso político, habrá de adoptar la controvertida concepción de “neutralidad política”.La continuidad en el sostenimiento de esta postura incluso, frente a la dictadura militar del General Onganía, respondió seguramente, al predominio del carácter empresarial que imperó en la mayoría de las cooperativas de crédito afiliadas a la entidad. Cooperativistas, que en definitiva, se habían alejado de los principios doctrinarios del movimiento y, que preferían mantenerse apartados, como muchas otras asociaciones de la sociedad civil, de los avatares de la política nacional.

Sin embargo, ¿puede una entidad que pretende representar los intereses de un sector frente a los diferentes gobiernos, al poder de los “barones de las finanzas” y a los partidos políticos, ser “neutral”?.

En rigor, pese a que los dirigentes de la FACC se empeñaran en negarlo, terminaron involucrándose en temas con repercusiones políticas. De hecho, a partir de sus gestiones tanto, en los ámbitos oficiales como en la búsqueda de aliados en el Parlamento y en los medios de comunicación, ejercieron presiones de carácter corporativo, que habrán de generar consecuencias de tipo político, vinculándolos tanto regímenes  democráticos como dictatoriales. 

 

En este trabajo no intentamos agotar el tema. Sólo pretendimos dar a conocer la heterogeneidad de las lógicas de acción política implementadas por el cooperativismo de crédito en el país y, de esa forma, superar las limitaciones de los enfoques que ignoran en sus estudios el papel desempeñado por una asociación que representó a una importante corriente del cooperativismo crediticio en el país.

 

 

Evolución de la FACC /1950-1969[26]

 

Año	Número de cooperativas inscriptas en la FACC
1950	14
1952	16
1954	32
1956	46
1957	58
1958	74
1959	94
1960	105
1961	139
1962	156
1963	169
1964	176
1965	219
1966	306
1968	277
1969	237

 

                          

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