Revista: DELOS Desarrollo Local Sostenible
ISSN: 1988-5245

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RELACION ENTRE LOS ENFOQUES TEORICOS DE DESARROLLO EN LA AMAZONIA COLOMBIANA

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1          Introducción

“Deshacer el desarrollo, rehacer el mundo”
Serge Latocuche, 2007
Los modelos de planificación tradicionales (desarrollo integrado de la cuenca, estrategia neoliberal, polos de crecimiento, etc), no son viables en el territorio indígena por la re-articulación del concepto de tenencia de la tierra como propiedad comunal ligada al trabajo, en la que las áreas laboradas y el dominio de la chagra legitima su tenencia, haciendo difícil delimitar el territorio en el sentido de tenencia de la propiedad. Lo anterior lleva a repensar el desarrollo como un medio que se reinventa según los actores y contextos, al diferenciarlo del “crecimiento” de la visión economicista y de dar claridad al imaginario de unos y otros (Monreal & Gimeno, 1999), sobre un significado que según quien lo vea dice distintas cosas (Carvajal, 2007).
De esta manera, hablar de desarrollo es hablar del tipo de mirada sobre el otro (Escobar, 2005), lo que determinará el modelo para éste, que podrá ser de: planificación, progreso, evolución, cambio social, historia, discurso, invención, imaginación, promesa, salvación, narrativa dominante, patrón “civilizatorio”, conquista de la vida-naturaleza-cultura y la forma de normatizar el mundo, en especial al tercer mundo (Carvajal, 2007).
En este orden de ideas, la configuración de nuevas geografías (local, nacional, regional y global) y atracción de inversores ha sido sinónimo de debilitamiento de los Estados nación en la lógica de competitividad, destruyendo tejidos productivos concentrando la riqueza y fragmentado la economía. Por ende, se hace necesario des idealizar a la “aldea global” del proceso de globalización, que se mantiene por la lógica de la inversión extranjera directa, y concebir al desarrollo como un crecimiento sostenible , productivo, integral e inclusivo (García-Delgado, 2006).
Como consecuencia de la problemática de la individualización del desarrollo que se ve en el neoliberalismo (García-Delgado, 2006), se generó un intento de superación de las formas de desarrollo (Arocena, 2002) y surge la era del desarrollo en “partículas”, que al añadirle un adjetivo al concepto de “desarrollo” olvida cuestionar a dónde va la acumulación capitalista, lo que enmarca la incapacidad para genera equilibrios entre el darwinismo económico y la cultura por parte de los Estados nación y los principales actores sociales y económicos (Revéiz, 2004).
Este primer intento del desarrollo que busca utilizar más a la gente y menos a la naturaleza, a través  discursos culturales llamados “modelos alternativos de desarrollo” (Sachs, 1998), se centran en el papel constitutivo e instrumental de las libertades humanas en el desarrollo como un proceso de la expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos (Sen, 2006); y por lo tanto, la trasformación cultural de la política y de los modos de vida (Coraggio, 2006), tratando de desmitificar el desarrollismo que estos “modelos alternativos” conllevan (Latouche, 2007) (Figura 1).

La idea de crecimiento continuado hace posible que a nombre del desarrollo o modelo alternativo de desarrollo se siga deforestando a la Amazonia o acabando ecosistemas estratégicos como las islas terrestres, por lo que las prácticas locales deben estar acompañadas de la resistencia a ese “proceso de destrucción” (Edgar Lander, citado en Tobar & Quijano, 2006, p.13).
Debido a lo anterior, la idea de “desarrollo” debe estar acompañada del “contradesarrollo” para evitar el disfraz de modelo alternativo de los modelos dominantes, al articular la perspectiva instrumental sobre la existencial (Navarro, 2000) generando así una gobernanza que conlleve al verdadero escenario de construcción del nuevo mundo.

2          Ordenamiento Ambiental, Planes Integrales de Vida (PIV) y Sistemas Productivos

¿Desarrollo,hacia dónde y para qué?
Díaz De Landa, 2006
El término de ordenamiento puede ser entendido como un proceso prospectivo y coordinado, que debe mantenerse a largo plazo (Gómez & Rave, 2009).  Según la Ley 99 de 1993 el Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT) es definido como “La función atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y desarrollo sostenible” (Titulo II, Artículo 7).
Con base en las definiciones anteriores se puede entender el OAT como un proceso planificado de tipo político, técnico y administrativo, cuya finalidad se centra en organizar el territorio, armonizando y optimizando la ocupación del mismo; es decir, procura conciliar el desarrollo de las actividades productivas con el concepto de desarrollo sustentable, aplicando los principios de prevención, precaución y equidad Intergeneracional. 
De igual forma, el Ordenamiento Ambiental debe basarse en actividades estructuradas de tipo participativo, lo que implica una responsabilidad de las autoridades competentes para garantizar que los ciudadanos formen parte activa del proceso. Con este componente se puede garantizar que el desarrollo local promovido sea ecológicamente sustentable, espacialmente equilibrado y socialmente justo (Fundación Cambio Democrático, 2010; Gómez & Rave, 2009).
Entre las causantes principales de la conflictividad socioambiental se encuentra la definición unilateral del modelo de planificación del desarrollo para el ordenamiento territorial. Debido a la complejidad geográfica del territorio del Trapecio Amazónico, donde se encuentra Macedonia, no es factible establecer un modelo de desarrollo de polos de crecimiento. Esto se debe a que esta área tiene un carácter primitivo por su nivel de producción, lo cual no permite establecer zonas con una productividad determinada (Villegas, 2009). Asimismo, la visión de naturaleza y manejo de recursos naturales dentro de las comunidades indígenas no permite la viabilidad de la implementación de una estrategia neoliberal, en donde se apuesta a una planificación regional para la explotación de recursos naturales.
Por otra parte, la estrategia de desarrollo rural integrado no es factible en comunidades ribereñas como Macedonia porque la zona no permite una tecnificación de los procesos de agricultura tradicional, que se dan en minifundios denominados chagras. Estas parcelas son destinadas a la producción familiar de distintos productos alimenticios básicos; y por ende, no se encuentran asociadas entre sí (Barbosa, 2006). Aunque el modelo de desarrollo integrado de cuencas puede ser factible, existe una falencia relacionada con el hecho de que en éste priman los intereses particulares y no hay participación de los actores no gubernamentales, como las comunidades indígenas. Por consiguiente, no se genera un consenso sobre los procesos tendientes a definir el modelo, la normativa y las políticas públicas para el ordenamiento local (Fundación Cambio Democrático, 2010). 
Lo anterior se ha evidenciado con la planificación lineal impuesta a las poblaciones indígenas desde afuera o por el Estado colombiano, que ha conllevado al cambio social entre los indígenas y a la trasformación de sus esquemas de reproducción social y cultural, que impuso el modo de vida urbano sobre el indígena al hacerlos ver carentes de servicios (García-Gasché, 2002).
La protección de la diversidad étnica y cultural que se da con el reconocimiento multiétnico de Colombia a partir de la Constitución política de 1991 (artículos 7 & 70), estableciendo que los territorios indígenas pueden ser: (1) Resguardos (art. 329); (2) Resguardos con rango de municipio para efectos fiscales (art. 357) y (3) Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) (art. 287). De esta manera, se define como resguardo: 

” (…) una institución legal y sociopolítica de carácter especial, conformada por una comunidad o parcialidad indígena, que con un título de propiedad comunitaria, posee su territorio y se rige para el manejo de éste y de su vida interna por una Organización ajustada al fuero indígena o a sus pautas y tradiciones culturales (…)”  (Artículo 2 del Decreto 2001 de 1988)

Se define como comunidad indígena:

“ (…) conjunto de familias de ascendencia amerindia que comparten sentimientos de identificación con su pasado aborigen, manteniendo rasgos y valores propios de su cultura tradicional, así como formas de gobierno y control social internos que los distinguen de otras comunidades rurales" (Artículo 2 del Decreto 2001 de 1988)

La constitución política de Colombia en el artículo 287 establece que las ETIs son:

“Las entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de la constitución y la ley.  En tal virtud tendrán los siguientes derechos: (1) Gobernarse por autoridades propias; (2) Ejercer las competencias que les correspondan; (3) Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; (4) Participar en las rentas nacionales”.

Apartir de lo anterior se puede concluir que un resguardo al tener una forma de propiedad colectiva de la tierra no es una ETIs (Decreto 2001, 1988). Las ETIs son una figura constitucional de los territorios que establecen funciones específicas, recursos propios, gobiernos locales autónomos (cámara de representantes, 2010)
Este marco normativo junto al documento CONPES No. 2773 de 1995, implicó el reconocimiento de la tendencia a una homogeneización normativa y enajenación de recursos culturales, que generaron un modelo de producción enfocado en los objetivos de crecimiento económico y prosperidad material por la imposición del “desarrollo” (Guimarães, 1998), lo que llevo a los pueblos al subdesarrollo masivo y a la opresión (Escobar, 2005).
En Colombia se han planteado dos leyes de ordenamiento territorial que han encaminado el destino de los pueblos indígenas siendo estas la ley 388 de 1997 conocida como a ley de Ordenamiento Territorial (OT) y la ley 1454 del 2011 conocida como la ley orgánica de ordenamiento Territorial (LOOT).
La OT es un plan de ordenamiento territorial que presupuso un orden interrelacionado de los componentes: ambiental, social, económico, administrativo y funcional. Lo anterior evidencio una falta de compatibilidad entre el ordenamiento ambiental y el desarrollo sostenible, así como la necesidad de una planificación integral del territorio nacional y la gestión ambiental que debe nacer del OT (Prieto & Luengas, 2011).
Como respuesta a lo anterior se formula la LOOT, como una Ley Nacional de Integración entre el Ordenamiento Territorial y Ambiental. Ésta determinó que las ETIs deben hacerse según lo dispuesto en su normatividad (Articulo 329 LOOT). En este sentido, las ETIs tuvieron la responsabilidad de la elaboración de planes de desarrollo indígena a través del Plan integral de vida (PIV). Pero al no establecer el rol, los esquemas asociativos y las jurisdicciones de las ETIs (Artículo 3 LOOT) su funcionalidad (Artículo 37 LOOT) se encontrará supeditada al centralismo departamental (Artículo 29 LOOT).
Debido a los conflictos entre la posición conservacionista del Estado y el modo de vida indígena (Zárate, 2001), se hace necesario trascender de la visión estática de las fronteras a un Bioespacio (Fals Borda, 2000). Lo que implica límites territoriales no estáticos, cuyo dinamismo se basa en la relación de los seres humanos con el medio ambiente; por lo que el incremento de la capacidad de decisión local sobre los recursos, es una forma de control cultural local donde la relación de los contenidos diversos, y no predeterminados se nutren en las situaciones concretas (Bonfil, 1982), llegando a sopesar la imposición en la búsqueda de la solución real de los conflictos.
Es de resaltar que de hacerse un Plan Integral de Vida (PIV), a nivel regional a través de la asociación de cabildos indígenas del Trapecio Amazónico (ACITAM), tendría como factor determinante de ingreso el carácter religioso de las comunidades, por lo que el mayor inconveniente de Macedonia para ser incluida seria su condición “evangélica” (Barbosa, 2006). En este sentido, la religión y la condición de “ser” indígena han visto un espacio amortiguador en la escuela Francisco de Orellana, que junto a la intervención de los “investigadores” ha reconfigurado el imaginario indígena “El indígena debe ahora terminar el bachillerato y luego mirar a ver si puede ingresar a la Universidad para profesionalizarse” (Barbosa, 2006)
Los lineamientos y el marco conceptual alternativo del desarrollo de un modelo productivo indígena nacen de la formulación y ejecución del PIV (Colajanni, 2002), en el cual un modelo productivo es una forma de fortalecimiento étnico que conlleva a consolidar las entidades territoriales indígenas (ETIS) (Franky, 2000). Al articularse con los planes nacionales de desarrollo y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Artículo 329 de la Carta Magna de Macedonia 1991), por lo que para su efectividad en Macedonia se debe partir de las particularidades de la selva Amazónica así como las restricciones de uso y explotación de los recursos por parte del Estado Colombiano.
De esta manera, el territorio y su manejo puede ser visto desde el crecimiento económico (Cardoso & Faletto, 2002) o como una pulsión vital (Echeverri, 2000). En el primero los indígenas deben cambiar los sistemas productivos tradicionales por los del desarrollismo y en el segundo los indígenas deben alimentarse del mundo, creciendo en una relación que se teje como un cuerpo que es un mismo ser. Esta contraposición de lógicas territoriales, hace necesaria que las entidades estatales concilien la superposición de espacios e interés, buscando el mantenimiento del equilibrio ecológico (Palacios, 2002), mediante el conocimiento tradicional cultural y espiritual (Vieco, Franky, & Echeverri, 2000).
En este sentido, las superposiciones de espacios de interés generan conflictos por funcionalidades encontradas o intereses particulares (Vieco, Franky, & Echeverri, 2000), en donde el ordenamiento territorial de los resguardos indígenas, al darles poder político reconociéndolos como entidades autónomas, promueve la solución de problemáticas territoriales a través de la institucionalización de los Planes Integrales de Vida indígena en los modelos de planeación territorial.

3          El Desarrollo Sostenible

 “Nature is not fragile . . . what is fragile are the
ecosystems services on which humans depend”
(Levin 1999) Citado en Elmqvist et al., 2003.
El concepto de desarrollo sostenible inicialmente apareció en el ámbito internacional como un sinónimo de progreso o crecimiento, enmarcado en un contexto teórico e ideológico (Estes, 1993), cuyo objetivo general se enfoca en la generación y mantenimiento del bienestar de los sistemas económico, social y ecológico (Folk, Carpenter, Elmqvist, & Gunderson, 2002).
De esta manera, la evolución del concepto ha facilitado negociaciones e intercambios culturales (Mebratu, 1998) uniendo los sistemas sociales, económicos y ambientales; lo que ha llevado a una jerarquización del poder (Gottlieb, 1996) a través del uso de técnicas y tecnologías para la explotación de los recursos, convirtiendo a las comunidades ecológicas-naturales en comunidades altamente modificadas dominadas por una o pocas especies de plantas (Monocultivos) (Purves, Sadava., & Craig, 2001), o de uso pastoril (Asner, Elmore, Olander, Martin, & Harris, 2004).
Es de resaltar que los términos de desarrollo y crecimiento económico tienden a presentar el mismo significado para la población en general, a pesar que el segundo es sólo uno de los medios para conseguir el primero (Max-Neff, 1965).  Por ende, el desarrollo sostenible sólo se puede dar en la medida que se tenga siempre presente que los recursos son limitados, de lo contrario se seguirá manteniendo la relación entre pobreza, desarrollo e insostenibilidad ambiental (Estes, 1993).
Igualmente, es importante tener presente que el desarrollo contempla por igual el crecimiento económico y la calidad de vida de los individuos, al considerarse elementos claves para una sustentabilidad en el largo plazo. La disponibilidad de factores ecológicos, determinan las dinámicas sociales “(…) son las fuerzas impulsoras detrás de cada trasformaciónsocial (…)” (Mebratu, 1998, p. 496); por tal motivo, los avances tecnológicos han influenciado la economía y trasformado al planeta, conllevado a un aumento acelerado de contaminantes que están sustentados en estilos de vida y modelos políticos (Moss et al., 2010). (Figura 2).
A partir del análisis de la Figura 2 se deduce que la “calidad de vida” que hace referencia a la satisfacción de necesidades materiales e inmateriales (Maslow & Lowery, 1998) junto al crecimiento económico, considera tres tipos de Desarrollo Gallopin (1996: 110):

Por consiguiente el desarrollo sostenible es un concepto que denota cambio y dinamismo influenciado y direccionado de forma gradual por la sociedad de acuerdo a juicios de valor y postulados éticos. Por esta razón, por lo que se debe entender como una orientación estratégica fundamentada en un propósito de mejoramiento del sistema socio ecológico que puede definirse en diferentes escalas desde lo local a lo global (Gallopin, 2003) y su sostenibilidad integral se evaluará a partir de cuatro atributos (Gallopin, 1996) 

De esta forma la construcción del concepto de desarrollo sostenible le ha otorgado una caracterización y una razón de ser de acuerdo al uso que se le pretenda dar (Drummond & Marsden, 1999) que dependerá de las perspectivas: institucionales (sistémico-ecológica, histórico-institucional, WCED), académica (Ecológico social) e ideológica (eco-socialismo):

De acuerdo con lo anterior, se hace evidente la necesidad de revisar la forma como se borda y maneja el concepto de desarrollo sostenible en los planes de desarrollo (ciudades, departamentos) y en los Planes Integrales de Vida (Comunidades indígenas). Esto permite establecer si los planes que se van a ejecutar están enfocados dentro de un marco de sustentabilidad en el largo plazo y que consecuencias traerá; por consiguiente debe ser abordado teniendo en cuenta el la situación de desarrollo actual y el que se pretende. Asimismo, se debe incorporar los atributos fundamentales que constituyen la sustentabilidad del sistema para responder a las perspectivas de desarrollo que enfocan su razón de ser y al paradigma desde el cual se plantean sus metas y su cosmovisión (Gallopin, 2003).

3.1       Formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible

La Amazonía es una región que ha adquirido gran relevancia a nivel nacional e internacional, especialmente en el ámbito geopolítico, debido a su importancia ambiental y ecológica por la biodiversidad que posee; su patrimonio cultural relacionado con la presencia y convivencia de múltiples comunidades indígenas, campesinos y colonos. De igual forma, se caracteriza por ser de interés económico por la escasez internacional de recursos estratégicos y por su condición de zona transfronteriza que permite la presencia de actividades ilegales (Giraldo, 2012).  
Estas últimas características se enmarcan en dos situaciones puntuales: actividades de explotación comercial y cultivos ilícitos de coca (Arcila & Salazar, 2011). Se ha venido adoptando la idea de que el Amazonas debe ser la solución a los problemas sociales y económicos de las regiones periféricas (Dourojeanni, 1998); y por ende, debe “internacionalizarse” para permitir su apertura económica y una supuesta conservación de los recursos (Dourojeanni, 1998); (Viana, 2001). Sin embargo, la historia ha demostrado que esta ideología ha sido perjudicial para los propósitos de conservación, debido en gran parte a la grave problemática de deforestación que viene consumiendo y acabando la selva tropical (Martino, 2007).
En Colombia la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, los incendios forestales y la tala indiscriminada para la venta de madera son actividades que se consideran los motores principales de deforestación (Giraldo, 2012). De igual forma, han tomado más fuerza en los últimos años actividades como la minería y la siembra de cultivos ilícitos, lo que ha llevado a una expansión demográfica abrupta en las áreas agrestes de la Amazonia Colombiana, creciendo más del 162% entre 1973-1993 en las cabeceras municipales de esta región (equivalentes al 62,5% de todo el crecimiento regional en esos veinte años) (Arcila & Salazar, 2011).
Este aumento de la presión antrópica sobre el bosque tropical amazónico en el país, se traduce en una deforestación anual de 79.800 hectáreas, que fue de 153.000 hectáreas entre los años 2000 y 2007, con una mayor proporción en el territorio de Caquetá (44%) seguido por el Putumayo (16%) y Guaviare (12%)  (Yandar & Molina, 2013: 21).
En otros países como Brasil la situación no es distinta. Viana (2001) señala que la política de integración Nacional implementada en 1960, bajo una ideología neoliberal de crecimiento económico, estableció tres líneas de acción dentro de las cuales se encontraban: los proyectos públicos y privados de colonización del territorio, grandes proyectos pecuarios incentivados con recursos públicos y la inserción al mercado internacional a través de megaproyectos de extracción minera, financiados con capital nacional, estatal y extranjero.
Esta política agudizó la problemática de deforestación en la amazonia brasileña, que ha acompañado a los procesos de crecimiento económico y densificación demográfica en la región, especialmente en 1950 cuando se agudizo su impacto.  En este año había una población de 3,8 millones de habitantes que se incrementó a 7,7 millones para 1970 como respuesta a la primera inserción de la Amazonia al mercado internacional (Viana, 2001).
Lo anterior, condujo a la creación de carreteras y a la explotación de recursos, la caza y la pesca predatorias, el exterminio de grupos indígenas, la explotación maderera de forma desordenada y los conflictos resultantes de disputa de tierras (Fernandes, Neves, & Pinheiro, 2011: 55), que finalmente se materializó en un cambio en la ocupación del territorio (Viana, 2001).
El territorio amazónico se vio enfrentado a un inminente cambio en sus patrones de ocupación por una urbanización indiscriminada, que se reflejó con el aumento de un 198,37% de la población entre 1960 y 1991 (de 5´693.545 a 16´988.040 habitantes) y un incremento de la densidad demográfica (de 1.11 a 3.32 hab/Km2) (Viana, 2001).  Esta política no sólo trajo consigo problemas de deforestación e impactos ambientales asociados (fragmentación, pérdida de biodiversidad, alteración de los servicios ecosistémicos), sino también socioeconómicos que condujeron a altos niveles de pobreza y analfabetismo (Fernandes, Neves, & Pinheiro, 2011: 56).
Asimismo, se ha dado un incremento de enfermedades transmitidas por agua no potable (cóletra) o vectores (malaria, chagas, leishmaniasis) (Viana, 2001). Esto se debe al cambio del rango geográfico de especies como Lutzomyia whitmani, vector de la leishmania, por el cambio climático asociado a la deforestación (Peterson & Shawb, 2003); (Thielen & Centeno, 2007). Este insecto ha reemergiendo en el sureste de Brasil, por lo cual se han incrementado los casos de leishmaniasis cutánea y se ha generado un problema de salud pública (Peterson & Shawb, 2003).
La deforestación en el Amazonas es entonces el resultado de la sumatoria del elevado número de asentamientos humanos y el cambio drástico en el patrón de uso de la tierra para actividades de explotación comercial (Viana, 2001). Esta problemática muestra que las políticas públicas formuladas han sido ineficientes y perjudiciales para la sustentabilidad de los ecosistemas amazónicos, por lo cual es necesario repensar nuevas políticas que sean acordes al contexto de la Amazonía y que propendan por el bienestar ambiental y social de la zona.

3.2       La necesidad de sostenibilidad entre la formulación de las políticas públicas y el conocimiento tradicional

Debido a las actividades humanas de producción y explotación que se vienen adelantando en la Amazonia, hay una fragilidad visible en los ecosistemas que pone en riesgo los recursos de éste territorio y la diversidad de las comunidades locales (Arcila & Salazar, 2011). Para mitigar estos impactos es prioritario que el Estado adopte mejores políticas públicas y una eficiente administración que las haga cumplir, para garantizar la protección de los recursos naturales y del patrimonio cultural (Giraldo, 2012) (Figura 3).

En la Figura 3 se establece que las políticas deben construirse bajo tres premisas para dar respuesta a la necesidad de sostenibilidad. La primera es la equidad intrageneracional, que se busca construir una relación equilibrada con la naturaleza, a través de la atención equitativa de las necesidades para garantizar una calidad de vida (Krieger, 2001). En el caso de la Amazonía se presenta una particularidad relacionada con el modo de vida de las comunidades indígenas pues no corresponden a una sociedad homogénea; por ende, sus necesidades no pueden ser abordadas de la misma que el resto de la población colombiana (Salazar & Navarrete, 1992).
Debido a esta particularidad de las comunidades indígenas, las políticas públicas deben construirse a partir de indicadores y objetivos específicos, que tengan en cuenta las especificidades culturales y sociales de estos grupos étnicos (Giraldo, 2012) y que permitan generar condiciones de vida adecuadas. Para dicho propósito, es necesario la inclusión social, expresada en el reconocimiento de los indígenas como actores activos (León, 1992); además de la destinación de recursos institucionales técnicos y económicos para obtener información confiable sobre la ocupación de esos territorios, con un seguimiento sobre su uso y estado (Giraldo, 2012).
La segunda premisa es la equidad intergeneracional en la que se pretende que las políticas públicas garanticen la estabilidad de los activos ambientales en el tiempo, de tal forma que las generaciones futuras puedan contar con éstos (Krieger, 2001). No obstante, en sus inicios la conservación de la naturaleza por parte de los parques, significo una exclusión social que generó conflictos de sustentabilidad por una gestión que consideraba incompatibles la preservación de la naturaleza y las relaciones sociales entre las poblaciones que allí habitaban (De Menezes, 2005).
Este pensamiento erróneo ha sido una posible explicación del fracaso de los programas de conservación, pues no tienen en cuenta que muchos paisajes que se consideran “vírgenes” son realmente “paisajes culturales” formados por la interacción hombre-naturaleza; en consecuencia, la declaración de zonas de protección en algunos territorios puede poner en riesgo el mantenimiento de los ecosistemas (Reyes-Garcia, 2008). 
De igual forma, la estabilidad de los activos ambientales depende también de la relevancia que se le dé a la gobernanza sobre los territorios indígenas (Rodríguez & van der Hammen, 2011) en temas relacionados con la conservación de los ecosistemas. En especial, el Estado debe generar políticas que permita dar solución a los problemas asociados con los conflictos de autoridad, por la yuxtaposición de competencias entre autoridades ambientales (Corporaciones) y las autoridades tradicionales (Giraldo, 2012).
Es importante dar reconocimiento a las normas internas de las comunidades (Giraldo, 2012) a través de la validación de los Planes Integrales de Vida como base de la acción de las políticas públicas (Rodríguez & van der Hammen, 2011) y aportar claridad sobre la administración, uso de la tierra y uso de los recursos naturales de estos territorios (Giraldo, 2012).
La tercera premisa es la irreversibilidad e incertidumbre, en la que se busca un principio de precaución. Debido a esto, en el proceso de toma de decisiones debe haber un debate constante sobre los impactos que pueden ser aceptados sin que se ponga en riego la sociedad y el ambiente (Krieger, 2001). En este aspecto, hay una lucha constante entre la dualidad de conservación y producción en el que el Estado siempre se ha encontrado en el medio y ha buscado la salida a través de la “necesidad” del crecimiento económico. Éste es la razón y la causa de una mala interpretación del desarrollo, pues se presupone que el crecimiento lleva de forma implícita a una calidad de vida, lo que no es cierto (Guimarães, 1998).
Por otra parte, es clave reconocer que “la comprensión de la Amazonia como una región identificable y diversa es el primer paso para la formulación de políticas desde el orden nacional” (Giraldo, 2012, p. 6).No obstante, se requiere que el poder público sea distribuido por el Estado en las distintas entidades autónomas, de forma tal que cumplan sus funciones de acuerdo a lo estipulado por la constitución (Krieger, 2001) y generen políticas más acordes al contexto y necesidades del territorio amazónico. 
Para implementar una política pública se requiere de la gestión ambiental pública y de sus instrumentos como el de comando y control, que a través de la legislación y el monitoreo de la calidad ambiental, pueden controlar y mitigar el impacto causado por las actividades humanas (Krieger, 2001). En general, éstos establecen lo que deben hacer quienes contaminan el medio ambiente o explotan los recursos naturales (Russell & Powell, 1997).
De igual forma, la búsqueda de una verdadera conservación del Amazonas requiere la creación y consolidación una gestión ambiental que surja del ejercicio de repensar la institucionalidad pública para mejorar la presencia del Estado (Rodríguez, 2008); en consecuencia, se necesita que la gestión ambiental incluya a los municipios de forma prioritaria, ya que es un paso fundamental para cambiar el modo del aplicación de la normatividad ambiental que hasta el momento ha sido ineficiente (Krieger, 2001)  (Figura 4).
La gestión requiere de tres elementos básicos para su existencia y efectividad. El primero es una estructura jurídica a diferentes niveles de gobierno (Nacional, Departamental y municipal) que permita el desarrollo de acciones encaminadas a una sustentabilidad. Este proceso depende del segundo elemento que es una estructura administrativa capaz de motivar la adopción de modos de producción y consumo más sustentables, basado en un cambio comportamental de la sociedad en general. (Krieger, 2001).

Sin embargo, esta estructura depende en gran medida de la fortaleza y la capacidad de gestión de las instituciones regionales, que ponderan los modelos económicos convencionales de Colombia. Para los propósitos de conservación del Amazonas esta situación puede ser contradictoria, pues prima los intereses de producción de organizaciones privadas y públicas; por ende, se requiere de una adaptación de los incentivos y mecanismos de financiación, con mayores herramientas para la aplicación y vigilancia de las regulaciones ambientales (Giraldo, 2012).
El tercer elemento lo constituyen programas y proyectos consolidados en políticas públicas con una fuerte injerencia sobre la población y las actividades económicas para su evolución en el ámbito ambiental (Krieger, 2001). Por ejemplo, es viable la promoción de alternativas productivas basadas en el aprovechamiento sostenible del bosque, mediante la aplicación práctica de conocimientos tradicionales (Giraldo, 2012).
De igual forma, se pueden utilizar instrumentos voluntarios como la educación ambiental, que permite la apropiación y reflexión sobre los conceptos relacionados con el tema del medio ambiente en colegios o en el resto de la comunidad, por medio de actividades comunitarias para aquellos que se encuentren interesados en las cuestiones ambientales (Krieger, 2001).
En el caso de la Amazonía la educación ambiental puede entenderse como un instrumento para generar un cambio en la comprensión y valoración de la Amazonia (Giraldo, 2012). Asimismo, se puede comprender como un ejercicio bidireccional, en el cual la comunidad occidental y las comunidades indígenas adquieren un doble rol: como generadores y aceptores del conocimiento. Esto tiene un significado muy profundo en la medida que se reconoce que el entendimiento sobre el saber y las prácticas tradicionales indígenas, es vital para el manejo más adecuado de la tierra y para los propósitos de conservación (Reyes-Garcia, 2008) (Rodríguez & van der Hammen, 2011).

3.3       Resiliencia cultural

La problemática del desarrollo sostenible, la resilencia cultural, y la intervención antrópica en los ecosistemas, se origina en la búsqueda de mejorar un sistema sin saber el valor de cada uno de sus componentes. Esto ha afectado no sólo a un sistema sino que ha ocasionado repercusiones en los otros, lo que se evidencia ante la intervención antrópica así como el crecimiento demográfico del Hombre que ha llevado a un “limite” (Malthus, 1846) que altera el flujo sinérgico interno del sistema llevándolo a colapsos, “lo que generó nuevas teorías de sistemas complejos caracterizados por la incertidumbre y la sorpresa” (Folk et al. 2002. p, 437).
El reconocimiento del manejo de los ecosistemas de los pueblos asentados en una región geográfica, a través de una evaluación ambiental es una forma de determinar el éxito de la gestión (Sinclair et al., 2008), lo que lleva a una medida de equilibrio a estar determinada por el cambio de la oferta y la demanda; así como por la aplicación de técnicas y tecnologías. Por consiguiente, la innovación tecnológica y las políticas económicas generan conexiones que aumentan la interrelación de los diferentes componentes en los sistemas, apoyando el desarrollo económico y social, a través de la resilencia socio ecológica (Folk et al., 2002).
Debido a lo anterior, la interpretación y publicación de resultados de diferentes estudios, están mediados por intereses, que al inhibir o incrementar la comprensión pueden fomentar o no la capacidad de adaptación. “las habilidades cognitivas son socialmente transmitidas, socialmente constreñidas, nutridas y animadas” (Day, French & Hall, 1985, p. 40); por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe tener en cuenta tanto las variaciones sub-culturales como el contexto, ya que estos dan respuesta acerca de la comprensión-relación-causalidad del sujeto con el mundo natural (Abimbola, 1977; Ogunniyi, 1988).
Se puede decir que la adaptación se basa en las experiencias socio-ecológicas acumuladas tanto en la práctica como la teoría (Folk et al., 2002) y la interacción de los sistemas sociedad-economía-medio ambiente los convierte en abiertos, jerárquicos y complejos;  en donde el flujo de información facilita el hecho que las personas entiendan la interdependencia de los sistemas (Senge, 1990), lo que a su vez ha puesto en evidencia los retos de soluciones que representa un nuevo paradigma, dado que el desarrollo da lugar a una variedad de interpretaciones mediada por la perspectiva cultural.
Esta última consideración se relaciona con la resiliencia de los recursos del planeta (Estes, 1993), entendidos como la capacidad de un sistema socioecológico para sobreponerse a un daño y regresar a su estado inicial.  De esta manera, el sistema es capaz de autorregularse de acuerdo a la magnitud de las actividades antropocéntricas, hasta un punto en que ésta se destruye. En muchos ecosistemas se van alterando las variables ecológicas y se crean daños irreversibles en el suelo, agua, cobertura vegetal y biodiversidad (Folk et al., 2002). 
En este sentido, se puede decir que la resistencia o capacidad de recuperación de los sistemas sociológicos, esta mediada por la relación entre lo que entra, en cómo se equilibra dentro de sistema y cómo se adapta el sistema. De esta manera, se podría llegar a decir que los sistemas ecológicos tienen la capacidad de restaurarse lentamente de manera probabilística, pero en otros casos el intento de controlar el cambio suprime las perturbaciones naturales alternado todo el sistema, ocasionando un “cambio ecológico” que no se pueden restaurar (Folk et al., 2002).
Lo anterior visibiliza la necesidad que los países tomen conciencia que los problemas sociales y ambientales se encuentran interconectados, y que el deterioro ambiental no está restringido a los límites geográficos o locales de una nación, sino que por el contrario, los daños ambientales en una área determinada afectan el bienestar de la población en general; por lo que sólo a través del aprovechamiento sostenible de los ecosistemas frágiles fuera de contextos insostenibles se puede mantener el desarrollo humano.

3.4       Etnoeducación “Una forma de gestión ambiental”                                                                                        

¨A través de la recuperación de la historia se genera                                                                                                                                                                      un puente entre el saber local y no local en el
marco del conocimiento escolar”

La constitución de las instituciones educativas en el Amazonas (Decreto 020 del 7 de abril de 2003 & Decreto 084 del 12 de diciembre de 2006) permitió que la institución educativa “Francisco de Orellana” del Resguardo Indígena de Macedonia adquiriera un reconocimiento oficial ante la Secretaria de Educación, mediante la resolución 003124 del 3 de diciembre de 2007 (PEI, 2008).
Fue esta Institución en la que se entregó y aplicó un instrumento realizado a partir de estudios previos en la comunidad; lo anterior generó el primer acercamiento entre el saber tradicional y espiritual relacionado con las plantas y el colegio de la comunidad evidenciando una gestión ambiental por medio de un instrumento educativo en el marco de la “etnoeducación”.
En este orden de ideas, se reafirmó la identidad cultural de la comunidad, a traves de un dialogo intercultural (Acosta & García, 2008) que propicio un desarrollo sostenible (Rodríguez, 2008), que trajo como resultados la revalorización del lenguaje y la “naturaleza” local, a través de la transversalidad de un instrumento que se articula al Proyecto educativo Cultural (PEC) (Decreto 1860 de 1994) de la comunidad.
Lo anterior puso en evidencia la manera como un instrumento de esta índole ayuda a formar estudiantes con valores culturales que fomenten su sentido de pertenecía hacia la naturaleza, la región e identidad cultural. En este sentido, se evidencio que la educación es una propuesta política que encamina la economía y afecta los sistemas sociedad-naturaleza; por lo que el presente apartado tiene como finalidad evidenciar como la lengua y la espiritualidad tradicional de la comunidad de Macedonia convergen en el mundo de lo “natural”; lo que legitima su condición de indígenas ante el Estado colombiano y la Asociación de Cabildos Indígenas (ACITAM). 
En este orden de ideas, el reconocimiento de la relación histórica entre el lenguaje-espíritu debe ser considerado como punto de partida y análisis de un proceso etnoeducativo tradicional (red de pensamiento Chamánica), para generar un vínculo que articule el pasado, presente y futuro de la comunidad, al contemplar la predisposición natural-social y el multilingüismo, así como las configuraciones culturales e ideas de naturaleza en el marco del conocimiento escolar local.

3.5       Desarrollo sostenible y su relación con sistemas productivos

La selección de las formas óptimas de uso de la tierra ha sido un tema base para la planificación territorial que busca lograr un desarrollo ecológicamente sostenible (Andrade, 1992), por lo que la investigación desarrollada en sistemas productivos con criterios de sostenibilidad y disminución de los costos productivos han cobrado gran interés (Salazar & Navarrete, 1992). Es el caso de la Amazonía, en donde hay un predominio de sistemas tradicionales de agricultura migratoria, empleados por las comunidades indígenas que la habitan (Andrade, 1992). Este tipo de agricultura, considerada de subsistencia, contempla el cultivo y siembra de variedades de especies que garanticen una alimentación adecuada y equilibrada (Acosta, Pérez, Juragaro, Nonokudo, Sánchez, & Zafiama, 2011). 
Dentro de este tipo de sistemas productivos se encuentran las parcelas establecidas por los indígenas denominadas chagras (Salazar & Navarrete, 1992), las cuales se caracterizan por la siembra (en un tiempo de dos años) de algunas plantas herbáceas (ají y tabaco), tubérculos (yuca, ñame, batatas) y árboles frutales (Andrade, 1992). La importancia de la chagra en las comunidades va más allá de la siembra de plantas e incluye un “espacio de enseñanza de trabajo y de conocimiento de la tradición” (Román, 2007). Por este motivo, se considera que este sistema ha permitido una práctica productiva efectiva, que permite la recuperación y el aprovechamiento de los recursos de flora y fauna (Triana-Moreno & García, 2006).
Los indígenas conforman los sistemas productivos con la inclusión e integración de tres espacios de uso, correspondientes al río, el bosque y las zonas destinadas a la agricultura (Salazar & Navarrete, 1992). A partir de éstos, se establece una interrelación de actividades agrícolas, de pesca, de recolección y de caza (Acosta, Pérez, Juragaro, Nonokudo, Sánchez, & Zafiama, 2011) que terminan dando forma un proceso adaptativo, en el cual las comunidades viven en función de los recursos sujetos a la oferta ambiental y de sus características culturales ancestrales (Salazar & Navarrete, 1992). 
Con base en lo anterior, se puede afirmar que los sistemas agrícolas indígenas permiten la formación un complejo de relaciones simbólicas y culturales (Giraldo, 2012) con el entorno, que da vida a “los mitos, los conjuros y las leyes de origen” (Román, 2007, p. 166). Cabe resaltar que estos aspectos cosmogónicos son inherentes a cada comunidad indígena, lo que condiciona las formas de apropiación de su conocimiento (Salazar & Navarrete, 1992).
Partir de estos conocimientos tradicionales sobre sistemas productivos, permite en primera instancia tener un referente sobre mecanismos de uso adecuado de los recursos para luego pensar en mejores alternativas de uso (Rodríguez, 2008), que propendan a un desarrollo sostenible definido por las condiciones sociales y culturales propias de una comunidad indígena. Por ejemplo, la enseñanza sobre el uso y manejo de las plantas medicinales puede ser una estrategia para mejorar un sistema productivo tradicional; siempre y cuando, haya una tarea encaminada a abrir espacios para un diálogo intercultural (Rodríguez, 2008), que lleve a un balance entre el uso de los recursos y conservación.

4.         Etnodesarrollo

El encuentro entre lo cultural y el territorio ha posicionado al “desarrollo” en el mitema de los conflictos (Sabelli, 1993); de esta manera, una sociedad que por concepto siempre está en desarrollo (Arcand, 1988) tendrá siempre una renovación antropológica (Bierschenk & Olivier de Sardan, 2003) y generará una antropología contemporánea que podrá desinventar o reinventar la invención del desarrollo (Escobar, 1997).
Asimismo, se debe tener en cuenta que la cultura y la etnicidad forman un conjunto histórico irrestringible que se reproduce en momentos históricos, lo que enmarca los esquemas de dominación social, así como las relaciones interétnicas (Breton, 2001). De esta forma, los modelos de desarrollo hegemónicos que entienden la diversidad cultural como un freno a las tendencias “desarrollistas” y aculturizan a la sociedad receptora, generan en primera instancia culturas enajenadas (Bonfil Batalla, 1982); así como una aculturización forzada, degradación irreversible de los ecosistemas y desestructuración de las formas de convivencia. Esto se refleja en los fracasos del desarrollo en países “subdesarrollados” (Godelier, 1990).
Dentro de las propuestas alternativas de desarrollo, el etnodesarrollo es la que aborda de manera más integral la relación entre el desarrollo y la cultura. Éste compatibiliza el reforzamiento de la identidad cultural y el acceso a mejores condiciones materiales de existencia, llegando a ser un “Proceso de transformación social sustentado por la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se defina según sus propios valores y aspiraciones” (Bonfil Batalla, 1982, p. 133) (Figura 5).
En este sentido, el hecho de que una sociedad decida transformarse no necesariamente significa que está en un proceso de enajenación cultural; siempre y cuando, se reconozcan como sujetos colectivos con la autodeterminación sobre su destino, en donde su conciencia de etnicidad sea un recurso que genere glocalización en el marco de la globalización (García-Canclini, 1990).
Por ende, el etnodesarrollo concibe a los conocimientos teóricos y tecnológicos de todas las culturas a través de la historia, como un patrimonio común de la humanidad. Esto no significa que todos esos conocimientos puedan mecánicamente transponerse a todos los contextos socioculturales, sino una incorporación de lo que es culturalmente “apropiado”.
Dentro del etnodesarrollo sobresalen la domesticación del paisaje (Balée, 1989; Clement, 1999) y  las prácticas tradicionales de conservación, a partir de la existencia de bosques sagrados o con valoraciones simbólicas-recreativas de interés que están siendo conservados por las culturas a través de sus prácticas tradicionales, así como el manejo ancestral de los suelos (salados y pretos).

Debido a lo anterior, el etnodesarrollo puede ser considerado una propuesta política y no culturalista, ya que exige un cambio sustancial de la jerarquización interétnica y la disolución de los mecanismos de exclusión social, así como la revalorización de la conciencia de etnicidad. Por consiguiente, propender por los derechos colectivos, la inclusión social y la trasformación de las actitudes de sumisión a partir del reconocimiento de la etnicidad, conllevará a una forma de desarrollo que irá más allá del servilismo cultural (Krippendorf, 1987).

5          Etnodesarrollo-Desarrollo Sostenible y la determinación del enfoque

¨Lo importante no es tener la respuesta,
sino hacer la pregunta correcta¨
A.D
La necesidad de repensar tanto el desarrollo sostenible junto con el etnodesarrollo más allá de formas independientes de “tipos de desarrollo por partículas” como los modelos alternativos de desarrollo, generará un equilibrio entre el darwinismo económico y la cultura que conlleve a una trasformación cultural de la política y de los modos de vida (Coraggio, 2006) (Figura 6).
Una estrategia de etnodesarrollo modulada al Plan Integral de Vida (PIV) es una forma de propiciar el desarrollo sostenible, que hace necesario la determinación del tipo de paradigma de desarrollo para la ejecución de los proyectos en la comunidad; lo que lleva a un proceso de evaluación del potencial biofísico, tecnológico, social, económico, cultural y político, con el fin de realizar una planificación territorial que visibilice las formas óptimas del uso de la tierra (Andrade, 1992).
En este sentido, la coevolución de los subsistemas humano y natural con base en la motivación humana (Schellnhuber, 1999) puede ser visto desde la etnobotánica al articular un modelo productivo o un sistema productivo , lo que brinda un soporte a la organización territorial y la selección de alguno de los cinco enfoques del desarrollo sustentable planteados por Pajares y Llosa (2010: 31):

Es de resaltar que la investigación de Quintana (2014) de la cual se obtuvo esta revisión documental genero instrumentos a la escuela que les permitieran desarrollar el proyecto productivo contemplado en el Proyecto Educativo Cultural (PEC) de la Institución Francisco de Orellana, formando un puente de comunicación entre la etnoeducación, el etnodesarrollo y el desarrollo sostenible. En consecuencia, se sopesó la problemática del abordaje desde múltiples perspectivas del desarrollo sostenible al concretarse en planteamientos sobre la transversalidad social, ecológica, política y económica, lo que permitió juntar los paradigmas evitando permear las metas y acciones ejecutadas durante la investigación.

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Recibido: Noviembre 2015 Aceptado: Febrero 2016 Publicado: Febrero 2016

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