Revista: DELOS Desarrollo Local Sostenible

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LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE: CLAVE PARA EL DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE

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Introducción necesaria.

Actualmente existe una recurrente preocupación manifiesta en diversas conferencias y organizaciones internacionales, respecto a la importancia de la conservación del medioambiente y la necesidad imperante de garantizar la sostenibilidad ambiental, incluso para la conservación de la especie humana; en tanto se asume al Hombre como el principal recurso natural existente, que en opinión de muchos autores, igualmente corre el riesgo de desaparecer ante la presente crisis ambiental. El Hombre adquiere, por tanto, especial significación por su doble condición de objeto-sujeto, que repercute negativamente, con un marcado impacto social, sobre el medioambiente.

En Cuba, como en el resto del mundo, es evidente el deterioro creciente de los recursos naturales, entre otras causas, por las deficiencias del sistema de gestión ambiental y su falta de correspondencia en cierta medida con la política ambiental cubana; el debilitamiento de la conciencia y cultura ambiental; y la no aplicación consecuente de las diversas normas, regulaciones y/o legislaciones ambientales estipuladas al respecto, para minimizar de alguna forma estos efectos negativos producidos.

En la búsqueda de soluciones ante tan preocupante situación a nivel internacional, diversos organismos establecen programas que promueven cada vez más la participación activa de la sociedad, las comunidades locales, como garantía para la protección del medioambiente, ejemplo de ello lo constituye el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En este sentido, la participación debe ser concebida desde la identificación de las necesidades y/o problemáticas de las diversas poblaciones locales por sus propios actores sociales, la búsqueda común de alternativas o soluciones, y sobre todo la toma de decisiones que les afecten; para que esta pueda manifestarse en su esencia, es decir, que los actores locales diversos puedan ser parte, formar parte y tomar parte, de acuerdo con (Rebellato y Alejandro, 2004).

La gestión de los recursos naturales debe basarse en criterios cada vez más participativos en función de las comunidades locales, teniendo en cuenta además las diferencias existentes en cuanto a la equidad de género, que garantice ciertamente una adecuada calidad de vida. Por ello, en este artículo, se pretende valorar la importancia de la participación comunitaria para la conservación del medio ambiente, en aras de garantizar verdaderamente la sostenibilidad del desarrollo, al que todos aspiramos. Para ello se realizó un análisis documental de las diferentes fuentes consultadas, de acuerdo a la revisión bibliográfica realizada, y se utilizaron además los métodos histórico-lógico, analítico-sintético e inductivo-deductivo.

2       El desarrollo local sostenible a partir de la participación comunitaria de los actores sociales.

La participación comunitaria es considerada de gran importancia en el mundo contemporáneo para garantizar la sostenibilidad de los Programas o Proyectos de Desarrollo a nivel local, y su esencia es involucrar a la población en la toma de decisiones, a partir de la identificación conjunta de los problemas o necesidades, y la búsqueda de alternativas de solución; para ello, en este proceso, cada vez más los actores implicados deben “formar parte” y “sentirse parte” para que puedan “tomar parte”.

De acuerdo con El Troudi, Harnecker, Bonilla (2005), la participación no es un concepto único, estable y referido sólo a lo político; es una dinámica mediante la cual los ciudadanos se involucran en forma consciente y voluntaria en todos los procesos que les afectan directa o indirectamente, cuya principal forma es la participación en la toma de decisiones que les afecten e involucren a otros, y en el control de la ejecución y mantenimiento en el tiempo de las medidas adoptadas.

2.1    El desarrollo local: sus dimensiones y variables que lo impulsan.

En el contexto internacional, el desarrollo local aparece como una de las teorías alternativas del desarrollo, ante el fracaso de la perspectiva economicista del mismo. Según Chauca y López (2004: 7) desde América Latina, “el desarrollo local es un proceso de múltiples dimensiones donde intervienen diversos actores sociales y una serie de factores específicos de la zona con el objetivo común de mejorar la calidad de vida de la población local. En esa óptica, lo más importante es la interacción y concertación estratégica de los actores sociales para el mejor aprovechamiento de los factores endógenos de la zona teniendo en cuenta las oportunidades y amenazas del entorno económico, tecnológico, sociocultural y político”.

En Cuba, según Pérez y Roque (2007: 6), del Centro de Estudios Comunitarios (CEC), el desarrollo local se comprende “como un proceso dinámico en el que los actores locales (gobierno local, instituciones, población y demás miembros de la localidad) intervienen con pleno derecho, en la búsqueda de alternativas permanentes para mejorar su realidad, donde se deben interrelacionar las dimensiones económica, social, política y ambiental. Para ello deberán aprovechar los recursos endógenos y exógenos que la localidad presenta, además se requiere una fuerte capacidad innovadora de todos los integrantes, y el gobierno local debe ser capaz de aglutinar, estimular y coordinar este proceso, en el cual todos los actores conforman el poder local y es necesaria su participación y vinculación en todo momento”.

En este sentido, Arroyo-Sánchez (2003 citado por Chauca y López, 2004) destacan, entre las variables que impulsan el desarrollo local, a la estructura local integrada, en la que participan actores que tienen un objetivo social común y luchan por lograrlo, con cierto nivel de liderazgo local, capacidad empresarial, asociatividad social, y gobierno emprendedor; la innovación tecnológica respetuosa del medio ambiente, con reinversión e instituciones coherentes y adaptaciones institucionales; y la alta participación ciudadana, con capacidad social de respuesta diferenciada.

Por otro lado, Hurtado (2011), afirma que el desarrollo local tiene una dimensión económica, relacionada con creación, acumulación y distribución de riqueza; una dimensión sociocultural, ligada a la calidad de vida, la equidad y la integración social; una dimensión ambiental, referida a los recursos ambientales y a la sustentabilidad de los modelos adoptados a mediano y largo plazo; una dimensión política, vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición de un proyecto colectivo específico, autónomo y sustentado en los propios actores locales; y una dimensión administrativa, relacionada con la “capacidad de las organizaciones e instituciones para promover su propio desarrollo”.

Igualmente, el Centro de Estudios del Desarrollo Local (CEDEL, 2011) en Cuba, alega que un enfoque integral del desarrollo local, lleva implícito una dimensión económico-productiva, una dimensión sociocultural, una dimensión ambiental, y una dimensión institucional.

Por otra parte, desde la visión de Ramos y Ojeda (2012), del Centro de Estudios de Desarrollo Agrario y Rural (CEDAR), el desarrollo local es entendido como el protagonismo de colectividades y organizaciones que a partir de la visión crítica de sus territorios, y mediante procesos interactivos, promueven el desarrollo continuo de competencias para proporcionar y gerencial soluciones creativas y sostenibles, dirigidas a la satisfacción de aspiraciones comunes: sociales, económicas, culturales, políticas y ecológicas.

Todo ello sugiere, la importancia capital de concebir el desarrollo de forma integral, desde un enfoque holístico y transdisciplinario, teniendo en cuenta sus diversas dimensiones –entre ellas la ambiental-, y destacando sobre todo la participación activa de los diversos actores sociales implicados en dichos procesos, para garantizar la sostenibilidad del mismo.

Además, de acuerdo con Martínez (2008: 9) “las propuestas de desarrollo local crean la posibilidad de fortalecer el contexto de la participación, especialmente si se toma en cuenta la existencia de “voluntades políticas” que privilegian las alianzas y consensos dentro del contexto geográfico de los municipios. El escenario participativo que instala la gestión asociada para el desarrollo define una metodología particular que subsume e integra visiones e intereses contrapuestos en acuerdos, negociaciones o concertaciones; en la que el diseño de estrategias y acciones conjuntas definen modelos de gestión cogestionarios y asociados”.

2.2    La participación y sus ventajas en los procesos de desarrollo local.

En este punto, es necesario explicar que el término participación -del latín participatĭo, que significa acción y efecto de participar-, ha sido objeto de diversas definiciones desde disímiles puntos de vista. En un estudio realizado por el Banco Mundial de 121 proyectos de desarrollo en quince países, la participación se definió como “un proceso voluntario por el cual la población influencia o controla las decisiones que los afecta, incluso aquellos sectores de la población que están en desventaja en relación a ingresos, género, étnia o educación. La esencia de la participación es un ejercicio de comunicación y toma de opciones” (Narayan, 1995 citado en Castillo, 2000: 8).

De esta manera, y con los procesos democratizadores en la mayoría de los países de América Latina específicamente, se revaloriza la democracia y el concepto de participación, siendo este incorporado en los últimos años en las políticas de Estado. En lo adelante, ninguna propuesta de desarrollo sería aceptada si no se incluye la participación como un componente esencial en su ejecución, como resultado de la eclosión o boom en el uso del enfoque participativo en los proyectos de desarrollo, que se produjo particularmente en la década de los 90 del siglo pasado (Díaz, 2004).

Según Linares, Mora, Correa (2007: 58) “la participación es un proceso activo encaminado a transformar la relaciones de poder y tiene como intención estratégica incrementar y redistribuir las oportunidades de los actores sociales de tomar parte en los procesos de toma de decisiones”; no es homogénea, alcanza distintos niveles y diferentes formas de expresión, condicionada por un conjunto de factores de diversa índole; es un ejercicio que permite ir creando espacios, para influir en las decisiones que afectan la vida; intenta sustituir la óptica difusionista que privilegia el consumo individual en su rol de espectador, por otra que implica la participación activa de la población en el complejo proceso de construcción de su vida individual y social. Por tanto, es una actividad desplegada por el conjunto de actores sociales en la consecución de un proyecto de acción común de determinados objetivos y metas, el cual tendrá formas y niveles diferentes de expresión, en dependencia de las características particulares de cada contexto.

En el enfoque tradicional, la comunidad participa en un proceso al cual es “integrada”, convocada o invitada, bien sea por el Estado o por un agente externo de cooperación. Frente e ese enfoque de la “comunidad invitada”, cabe enunciar otro que considera a la comunidad como el eje de los procesos, en donde ella misma elige las opciones que más le convienen, según sus intereses y capacidades (Castillo, 2000).

En el orden de las ideas anteriores, resulta oportuno destacar que la participación en los procesos de desarrollo, ha estado asociada en gran medida, a la toma de decisiones de los diversos actores implicados, pero es válido apuntar que para ello es de vital importancia su participación desde la identificación de los problemas o necesidades, y la búsqueda de alternativas de solución.

De acuerdo con Martín (2002: 4), participar significa también “promover el compromiso y la responsabilidad individual en un ambiente de inclusión, en donde cada quien desempeña un rol o una función en igualdad de importancia, el acceso del sujeto popular a la toma de decisiones en los espacios sociales o en aquellos aspectos de naturaleza pública o de interés colectivo que estén en su competencia”.

En tal sentido, Rebellato (2004) apunta que una concepción integral de la participación debe contener, al menos, tres de los sentidos principales que connota el término: formar parte, tener parte y tomar parte, a los cuales también se refiere Alejandro (2004), es decir, ser parte de algo con cierto nivel de compromiso generado por el sentido de pertenencia hacia ese algo; desempeñar algún papel, rol, o tener alguna función en ese algo del que se es parte con capacidad para la solución de conflictos; y por último, decidir o participar en la toma de decisiones colectivas en el análisis de las necesidades, la evaluación de las alternativas de solución, y el balance de los recursos disponibles para ello; cuando se comprende que cada uno está involucrado -con diferente nivel de responsabilidad- tanto en la generación como en la solución de los problemas, es cuando se genera una necesidad de participación activa en las personas, que buscan aportar aquello que conocen.

En ese punto, la participación se presenta desde un enfoque metodológico según Rebellato y Alejandro (2004), como una herramienta importante en el ámbito comunitario. Por ello, uno de los puntos clave para la participación ciudadana a nivel local, lo constituye el fomentar el sentido de pertenencia como “agente” activo que puede aportar de modo puntual, con acciones concretas, con cronogramas pautados, al abordaje de la realidad problemática a nivel local.

Todo ello se convierte entonces en el primer desafío a enfrentar por los diversos actores sociales, a la hora de abordar la dimensión ambiental del desarrollo local: el sentirse parte en el abordaje del problema, el saberse valioso por el aporte que se puede brindar, desde la perspectiva personal, pero que además, si eso se realiza en conjunto con otros actores locales, en un diálogo abierto, franco y de respeto, se puede potenciar ese aporte, enriqueciéndose con las propuestas de otros, a través de la negociación y la concertación.

Según Minujin (1999 citada en Suset, Machado, Miranda, 2009: 3), “(...) esta propone devolver a los involucrados el protagonismo y la palabra, estimular la conciencia crítica, la adaptación activa a la realidad, la capacidad de ser un agente de cambio y de construir sus conocimientos acerca del mundo para transformarlo”.

Por ello se dice que participar no es estar en una actividad, moverse o hablar, sino que es básicamente, incidir en la realidad, tomar decisiones, elaborar proyectos y ponerlos a funcionar, ser activos en la determinación de procesos sociales, laborales, productivos o culturales en los que se está inserto; se puede agregar, en la cuestiones que se asocian o inciden en la cotidianidad de las familias (Suset et al., 2009).

En este orden de ideas, Serra (2010) plantea que la participación puede percibirse como una actividad práctica y reflexiva de reproducción y transformación de la realidad social, al mismo tiempo que desarrolla la identidad colectiva y la capacidad de autogestión del actor o sujeto social. Por tanto, es una actividad humana objetiva y subjetiva de transformación de la realidad social y de fortalecimiento de un sujeto colectivo.

El aspecto objetivo se refiere a los actos de un sujeto humano activo que modifica una realidad social independiente de su conciencia subjetiva, y que resulta en unos productos también independientes del sujeto. En el aspecto subjetivo se distinguen analíticamente cuatro dimensiones interrelacionadas (Ibíd.), una dimensión cognitiva compuesta por conceptos, teorías, representaciones; una dimensión intencional conformada por fines, metas y proyectos de vida; una dimensión afectiva de sentimientos, creencias e intuiciones; y una dimensión ética conformada por valores y normas que los actores sociales producen y reproducen en sus relaciones sociales.

Todo ello se asocia a un cierto nivel de conocimientos, actitudes y prácticas, indispensables para obtener una participación verdaderamente activa. En resumen, el aspecto subjetivo de la praxis comprende el conjunto interrelacionado de las dimensiones cognitiva, afectiva, ética e intencional, que podría englobarse bajo el concepto de "conciencia social" de un actor o sujeto individual o colectivo, entendida como una realidad polifacética, dinámica, e íntimamente vinculada a la práctica social. El estudio de estas cuatro dimensiones subjetivas en sus características y su dinámica, permite entonces comprender mejor el surgimiento y la evolución de los actores sociales (Ibíd.).

Una participación ciudadana integral supone la potenciación de todas esas dimensiones subjetivas de forma paralela a la acción colectiva, y a su vez, una participación limitada ocurre cuando solo se activa una dimensión, por ejemplo, la movilización por vinculación afectiva a un líder carismático o un “compadre”, pero careciendo de información y de acordar objetivos, metas o fines (Ibíd.).

Asimismo, Salazar (2011: 2) afirma que “el concepto de participación, fluctúa en los campos de lo histórico-cultural, como una manifestación de la conducta humana viéndose vinculado a la existencia de unas cualidades específicas éticas y morales, como son la voluntariedad, la responsabilidad, la existencia de unos mecanismos de expresión, prerrequisitos de educación e información, afirmando que sin el cumplimiento de los mismos resulta imposible participar constructiva y propositivamente en defensa de los intereses cualquiera sea”.

En consecuencia, la participación social en la arena local tiene una gran importancia; por una parte, permite a la ciudadanía organizarse mejor para expresar sus necesidades y defender sus intereses y, por otra, promueve una administración más transparente de los recursos al quedar estos sujetos al escrutinio público, teniendo en cuenta que la participación comunitaria en las políticas sociales modernas, implica que la población debe ser informada de las opciones técnicas y de los costos, facilitando la toma de decisiones de los diversos actores sociales, en correspondencia con sus necesidades y capacidades locales (Castillo, 2000), en función del desarrollo.

Al mismo tiempo, la participación es percibida como una alternativa con ventajas competitivas netas, para producir resultados en relación con las vías tradicionales utilizadas en las políticas públicas. Una participación ciudadana amplia implica la incorporación de la población en la discusión, decisión, sostenimiento, realización y control de los proyectos para el desarrollo local; la incorporación de los habitantes en la definición de sus gobiernos locales y en su fiscalización; y en la realización de estos procesos de manera organizada, o crecientemente organizada, tendentes a institucionalizarse (Kligsberg, 2000 citado en Chauca y López, 2004).

En este sentido, Ziccardi (2008) identifica entre las ventajas de la participación social, a la eficacia y mejores resultados en la aplicación de políticas públicas, mayor control social sobre la asignación de recursos públicos, y mayor corresponsabilidad sociedad - gobierno.

“Indiscutiblemente, la participación resulta vital en la transformación de las realidades humanas en general, más sin embargo este concepto debe empezar a pensarse desde lo ambiental en la viva conjugación de lo social, cultural y también lo natural pues mas allá de lo humano y de lo consiente, la participación significa "la acción de tomar parte", etimológicamente partes – en acción” (Salazar, Op. Cit.).

La participación es un proceso educativo, consciente, en el cual se establecen fines y compromisos de los sujetos implicados y se promueven aprendizajes de vínculos y actitudes. Está relacionada con procesos de autogestión de desarrollo, e implica la cooperación activa de los sujetos en la toma de decisiones, la implementación y ejecución de las mismas desde su inicio, a partir de la identificación de los problemas y necesidades, y las alternativas de solución formuladas, dándole un carácter de autenticidad al proceso en el cual se inserte y genere constante crecimiento, responsabilidad y capacidades, colectivas e individuales.

La participación comunitaria y local constituye un proceso que se inicia cuando la comunidad, desde sus lugares, saberes y poderes se relacionan para construir el saber social. Una segunda fase del proceso de participación comunitaria a nivel local, presupone ya la puesta en práctica de proyectos de autodesarrollo por los sujetos participantes.

2.3    ¿Quiénes son los actores sociales?

En este orden de ideas, resulta imprescindible referirse al concepto de actores sociales, los cuales según Pírez (1995: 11) “(...) son las unidades reales de acción en la sociedad: tomadores y ejecutores de decisiones que inciden en la realidad local. Son parte de la base social, son definidos por ella, pero actúan como individuos o colectivos que, además, están sometidos a otras condiciones (culturales, étnico-culturales, políticas y territoriales)”.

Por su parte, Portilla (2003: 10) afirma que los actores sociales se reconocen por su capacidad colectiva para asumir la función de planificación y de gestión ascendente del desarrollo, siguiendo los principios de cooperación y responsabilidad compartida. Al respecto, plantea que “el concepto actores sociales alude a la capacidad de los grupos humanos organizados para gestionar procesos vinculados a intereses que los afectan directamente. El actor social se define por su acción, y por los efectos de ésta en el aprovechamiento o construcción de oportunidades para el desarrollo por parte de la colectividad”.

Por ello, las funciones de los actores sociales deben ser juzgadas a partir de su representatividad en el seno de la sociedad, y de su capacidad para transformar los conflictos sociales; los actores involucrados/implicados son todos aquellos que tienen responsabilidades o resultan beneficiados o perjudicados por la configuración de cierta situación, o porque tendrán responsabilidades, beneficios o perjuicios en las distintas configuraciones futuras posibles.

“Un actor social es un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como prioritarias. Actúa sobre el exterior, pero también sobre sí mismo. Generador de estrategias de acción (acciones sociales), que contribuyen a la gestión y transformación de la sociedad” (Loc. Cit.).

Los referentes y prácticas culturales compartidas por los distintos grupos y actores sociales de un territorio, así como las necesidades sentidas, permiten la construcción de proyectos comunes que pueden reforzar patrones más sostenibles de interacción con los recursos. De esta forma, la movilización de la población está cohesionada por un sentido o una aspiración lo suficientemente amplia, que es posible encontrarla más allá de las diferencias que distinguen a grupos y actores (Portilla, 2003), de forma independiente.

Al respecto, Linares, et al. (Op. Cit.) conciben a los actores sociales como “individuos, grupos, organizaciones o instituciones que actúan en un escenario concreto o fuera de este representando sus intereses. Cada uno de ellos jugará un rol determinado y ejercerá una influencia específica”.

Para Braffo (2010: 1), los actores sociales “son sujetos diversos con capacidad de generar cambios sociales, inmersos en un contexto espacial, territorial; comparten una pertenencia sociodemográfica, profesional, clasista. Están orientados hacia objetivos, metas y necesidades propias compartidas. Son participativos, dinámicos, activos, transformadores y conscientes, así como capaces de elaborar construcciones y descontrucciones a partir de una mirada enlazadora del pasado, presente y futuro. Portadores de sentido de pertenencia, identidades y subjetividades, caracterizadas por la apertura al cambio y de contradicciones entre actores y consigo mismo. Capaces de establecer relaciones sociales con articulación e interconexión, y con un compromiso y responsabilidad social, conciencia crítica y autocrítica, capacidad apreciativa y celebradora, disposición a solucionar problemas y habilidades para la comunicación y el aprendizaje”.

En consecuencia, la misma diversidad que se observa en los territorios, está presente también en sus actores sociales. En efecto, son muchos los factores que configuran su cosmovisión y otorgan significados a su identidad. No obstante, es su capacidad de agruparse alrededor de un proyecto conjunto que les depare bienestar colectivo, además de satisfacer intereses privados, lo que los convierte en una fuerza clave para lograr los propósitos fundamentales del desarrollo (Portilla, 2003).

En Cuba, se consideran actores sociales los líderes a todas las instancias y de las diversas organizaciones que dan cuerpo al entramado social, cultural, económico y político del país, los grupos, instituciones religiosas, científicas, académicas y organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyos roles, indistintamente, van encaminados a generar procesos de cambio, fomentar aprendizajes sociales desde la vivencia y la experiencia, articular actores sociales para la transformación, brindar apoyo emocional, espiritual, confianza, y acometer proyectos sociales, económicos y socioculturales (Braffo, 2010).

Por su parte, Guzón, Alberto, Pérez, Bérriz, Brito (2011), consideran como actores municipales a la Asamblea Municipal del Poder Popular (AMPP), las Comisiones Permanentes, la Población, los Delegados, los Grupos Profesionales, el Consejo de la Administración Municipal (CAM), las Entidades de Servicios Estatales y No Estatales, las Sedes Universitarias Municipales (SUM) o Centros Universitarios Municipales (CUM), los Consejos Populares, las Unidades de Ciencia y Técnica, y las Empresas y Unidades Productivas; cuyo reto radica en cómo conectarlos.

En efecto, los actores sociales pueden ser externos o internos, por ello, es válido considerar que los actores locales se corresponden más bien con los actores municipales, es decir, actores sociales internos, con cierto nivel de incidencia en determinado contexto a nivel municipal, para cuya integración se hace cada vez más imprescindible la estimulación de su activa participación en los procesos de desarrollo del entorno comunitario.

Apoyarse en las propias fuerzas colectivas y la experiencia acumulada contribuye a elevar la conciencia ciudadana y, con ella, a elevar la confianza comunitaria en sus propias capacidades y potencialidades, es decir, la elevación de la autoestima colectiva, para la materialización de los fines del desarrollo local sostenible.

En este sentido, la participación es una práctica que debe estar presente en todos los procesos de toma de decisiones en los asuntos de interés público; no se decreta desde arriba, implica un largo proceso de aprendizaje, una lenta transformación cultural y, por lo tanto, sus frutos nunca se cosecharán de inmediato.

3       El hombre en su doble condición objeto-sujeto, su importancia para la conservación del medioambiente.

“Desde el punto de vista ambiental, la simple existencia de un individuo implica una repercusión ecológica y así como se reconoce la importancia de la participación en la esfera de lo socio-cultural es indiscutible su acción sobre lo natural, incluso a un cuando no se sabe que se está interviniendo” (Salazar, 2011: 3).

De acuerdo con Valencia (2012: 3), “el medio ambiente no sólo se refiere a los recursos de la naturaleza, sino que debe proyectarse más allá, donde el hombre como otro ser de la naturaleza establece relaciones con otros organismos vivos. Así, debe entonces plantearse una relación armónica, solidaria, justa y equitativa entre todos y con todo”.

Al considerarse que el medioambiente no es sólo lo verde, lo ecológico, que es también la dinámica del Hombre, entre los hombres y mujeres, y sus relaciones con la naturaleza; la paz, la solidaridad, la convivencia y sobre todo la construcción participativa de nuevos procesos, son elementos vitales para dejar a nuestros hijos un mundo más digno y mejor, en total correspondencia con el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que al respecto sugiere que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

Actualmente, el deterioro ecológico es constante y acelerado, cada día es más visible la ruptura del delicado equilibrio de la vida, que nos lleva a una situación catastrófica con el consiguiente peligro para la supervivencia de la humanidad. Pero no es únicamente lo ecológico, lo que está muriéndose, es también el sentido de la vida humana, de sus relaciones e interacciones; hoy también es notorio el creciente fenómeno de la delincuencia, el narcotráfico, el cambio –mas no la pérdida- de valores, y la marginalidad, fenómenos estos que a diario van cobrando una mayor cantidad de víctimas; además de la violencia que ha convertido a muchos países en un infierno.

Así vemos que el problema es de dimensiones incalculables, lo cual implica el desarrollar propuestas que permitan la recuperación y conservación de nuestra “casa grande”, con una visión holística, sistémica, (inter)transdisciplinaria y cada vez más participativa y equitativa.

En este sentido, “la participación comunitaria en el medio ambiente, implica en primer lugar un proceso formativo; y en segundo, una acción, una posición concreta frente al mundo, constituyéndose en un aspecto eminentemente político pues implica organización y la estructuración de planes concretos frente a la gestión” (Loc. Cit.).

En el mundo capitalista, son los sectores dominantes -los dueños de las industrias y los medios de producción-, los que disponen a su antojo de los recursos naturales sin importarles sus efectos posteriores. Es por ello que en primera instancia la educación ambiental adquiere vital importancia, pero a esto se le suma la necesaria voluntad política para gestar y conducir los procesos de desarrollo sostenible a nivel local, con un elevado sentido de responsabilidad social en el ámbito medioambiental.

La participación comunitaria debe entonces responder a fenómenos ambientales concretos y debe surgir desde la misma base, es decir, de las comunidades locales y sus actores sociales, pues se corre el riesgo de ser aplastados por sectores dominantes que más que interesarse por la satisfacción de las necesidades básicas del Hombre, se preocupan por sus propios intereses, puramente económicos.

Los efectos de la participación comunitaria deberán tener incidencia directa en los sectores populares, y entre ellos los más pobres, ya que la pobreza se constituye en una de las principales causas de la destrucción del medio ambiente; al no tenerse acceso a una educación con calidad, la carencia de servicios públicos, la inexistencia de ingresos, entre otras causas, conllevan a recurrir al uso indiscriminado de los recursos naturales, para garantizar así la supervivencia sin modificar las condiciones de vida, lo cual conduce además al arraigamiento de los serios problemas sociales citados anteriormente.

Esto conlleva, en los sectores populares, a la organización y consolidación de la comunidad, mediante grupos de apoyo y de presión que influyan y participen en la definición de políticas y proyectos de desarrollo gubernamentales para la protección y cuidado del medioambiente. Implica entonces una nueva concepción del desarrollo sostenible a nivel local, como una práctica solidaria de la búsqueda del Hombre para mejorar la calidad de vida a través de la convivencia, el respeto y la conservación de los recursos naturales con el quehacer cultural y espiritual de la sociedad.

Sin embargo, la participación comunitaria se ve amenazada de muchas maneras; se destaca entre otras, la influencia nociva de los medios de comunicación y de las estrategias publicitarias, las cuales inciden sobre la población para crear y fomentar patrones de comportamiento violentos, individualistas y de consumo exagerado, otra vez con una visión más economicista y/o mercantilista, al margen de los efectos negativos que ocasionan para el medioambiente.

“El ser parte, tomar parte y sentirse parte de algo, marca el inicio de un proceso participativo, pues aunque no lo notemos desde siempre hemos hecho parte en un todo; la familia, una institución, el barrio, un ecosistema, la localidad, la ciudad, un país, un continente y hasta un planeta” (Salazar, Op. Cit.).

En consecuencia, el manejo comunitario de los recursos naturales o de los recursos de un fondo común, se convirtió en una estrategia usual para mejorar el manejo de los recursos y empoderar a las comunidades locales en los dos últimos decenios; basado en conceptos como cogestión, uso del conocimiento local, reconocimiento de las instituciones locales y establecimiento de regímenes comunes de propiedad. Aunque se ha puesto énfasis en el diseño de los principios de las instituciones de manejo de las comunidades, y en identificar los factores vinculados con los regímenes e instituciones sostenibles de propiedad común, también están las preguntas de ¿cuál es la mejor manera de iniciar tales regímenes? y ¿qué métodos de planificación participativa usar?

Algunas experiencias al respecto, nos hablan sobre resultados favorables de la aplicación del Diagnóstico Rural Participativo (DRP), como uno de los métodos que apunta a aumentar la concientización individual de los problemas de manejo de recursos, y por otro lado, el Desarrollo Participativo de Planes de Acción (DPPA), como metodología elaborada para la construcción de consenso, proceso que aumenta la concientización colectiva sobre los problemas, y conduce a la acción colectiva que pueda acometerlos eficazmente.

4       Buenas prácticas asociadas al manejo comunitario de los recursos naturales.

La protección de nuestro ambiente se ha convertido en el tema fundamental de numerosas organizaciones internacionales, partiendo del conocimiento de que el derecho a un ambiente sano está implícito en la mayoría de los enunciados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puesto que sólo en un ambiente adecuado puede un individuo satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación, recreación, etc.

Desde esta perspectiva nace el Fondo para el medio Ambiente Mundial (FMAM), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyo objetivo es el financiamiento de proyectos dirigidos a la protección y el uso racional de nuestras riquezas naturales; el mismo, ha desarrollado un Programa denominado "Pequeñas Donaciones" que tiene como premisa involucrar ONGs y comunidades organizadas en la búsqueda de enfocadas en dos áreas específicas: conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y mitigación y adaptación al cambio climático.

Este Programa ha permitido a las comunidades donde se ha implementado, asumir un rol protagónico y participativo en cada una de las etapas de los diferentes proyectos, promoviendo de este modo no sólo la protección del medioambiente, sino también el uso transparente de las subvenciones otorgadas y la responsabilidad de la colectividad en una labor de tanta importancia.

En el contexto latinoamericano, específicamente en el año 2000, se realizó en Lima el Encuentro Regional “Conservación y manejo de Áreas Naturales con Perspectiva de Género y Participación Local”, organizado por Conservación Internacional (CI-Perú) y el Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA), con la participación de representantes de diversas instituciones relacionadas a proyectos de desarrollo rural y de conservación y manejo de áreas naturales, así como miembros de comunidades campesinas y representantes del Estado. Las experiencias expuestas en aquella ocasión, son de mucha utilidad para el trabajo con poblaciones locales, en la búsqueda de un manejo sostenible de recursos naturales con participación local y desde una perspectiva de género.

En este sentido, desde 2006, otras organizaciones como Vecinos Mundiales/EkoRural, han estado trabajando con la Red para el Manejo Comunitario de Recursos Naturales (MACRENA), para involucrar a comunidades rurales del Norte del Ecuador en un proceso intensivo de acción aprendizaje alrededor del manejo sostenible del agua y cambio climático. Al proceso se le llamó “Katalysis”, y se caracteriza por ser esencialmente endógeno, pues la inspiración por el cambio nace principalmente de la creatividad y liderazgo de actores locales; fomenta la participación de grupos organizados, mientras que actores acompañantes promueven el fortalecimiento de capacidades organizacionales, como estrategia de sostenibilidad. Una agenda inicial simple es diversificada y profundizada, nuevos actores entran y otros salen, pero hay una continuidad debido al valor intrínseco de las relaciones y los productos generados en y por el proceso, como parte de las prácticas participativas adecuadas que los mismos promueven.

De acuerdo con Delgado, Bachmann, Oñate (2007: 4) desde Chile, “(…) los seres humanos formamos parte de los FES-sistemas que generamos (…). Sin embargo, aún persiste en nuestros días la visión que los ecosistemas y las sociedades humanas son campos de estudios separables, tanto dentro de la academia como fuera de ella (…). Ello ha significado, desde nuestra perspectiva, en muchos casos que las estrategias propuestas en el país, no hayan tenido el éxito esperado”.

Para estas autoras ha sido de vital importancia incorporar a la sociedad y sus distintos ámbitos -económico, político, social- en el análisis del manejo ecosistémico, teniendo en cuenta la importancia de la participación ciudadana en relación con la conservación y el medioambiente, precisamente por el elevado nivel de compromiso que generan dichas prácticas participativas, consolidando el sentido de pertenencia que facilita la conservación del medioambiente por parte de las propias poblaciones locales.

Desde su perspectiva, “el manejo integrado de ecosistemas es hoy una de las mejores opciones para la conservación y uso sustentable de los recursos naturales (…). Este tipo de manejo como lo demuestra el proyecto ECOManage, incorpora la participación ciudadana como elemento fundamental, además del concepto de adaptabilidad, ecosistemas e interacción entre componentes físicos, ecológicos y sociales” (Delgado, et al., 2007:6).

Estas autoras argumentan además, que han “incorporado, (…), la percepción de los actores sociales que viven en un ecosistema (Fes-sistema), a través de la modelación participativa o Brainstorming (…). Esto ha sido fundamental, al momento de construir y validar alternativas (…) en un contexto de manejo integrado ecosistémico” (Loc. Cit.).

“Incorporar a las sociedades humanas a través de su participación en el manejo integrado es primordial, (…), ya que el concepto de ecosistema y/o ambiente natural varía de acuerdo a los beneficios que cada actor obtiene (…). Esta complejidad tiene como base la diversidad cultural, nivel de educación, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, niveles de comunicación entre miembros de la sociedad local, políticas de gobierno, intereses económicos, etc. (…). Por ello, al estudiar y manejar problemas ecológico-ambientales no se pueden dejar fuera las sociedades humanas y su interacción con los ecosistemas naturales. Estas se deben incorporar como un componente más de estudio, a través de sus diversas formas de relaciones con la naturaleza (…); y de sus intervenciones en la conservación y uso de los recursos. Ello transforma un sistema ecológico complejo (ecosistema) en un sistema ecológico-social complejo-reflexivo (…)” (Delgado, et al., 2007: 7).

En su opinión, en algunos países, “(…) donde no se cuenta con todos los elementos necesarios para aplicar el manejo ecosistémico integrado como una estrategia para el desarrollo sustentable, la gobernanza ambiental puede servir -a nivel local- como una institucionalidad básica para desarrollar la participación ciudadana efectiva y empoderada para la toma de decisiones en temáticas de desarrollo e impacto ambiental” (Loc. Cit.).

Otros proyectos como CAMARENA y PROTUR incorporados en el primer trimestre del 2011 en Honduras, de acuerdo con algunas evaluaciones realizadas, han permitido también, en este caso, la gestión equitativa y sostenible de los recursos forestales, manejo y conservación de microcuencas, áreas protegidas y el manejo del turismo sostenible de la población beneficiada.

Existen otras experiencias que se han desarrollado e impulsado en América Latina, relacionadas al manejo sostenible de recursos naturales en territorios rurales dinámicos, y en el marco del Ciclo de Aprendizaje y Gestión del Conocimiento promovido por Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y el Grupo Chorlaví, las cuales priorizan la participación de las poblaciones excluidas de América Latina y el Caribe, en la conservación y gestión de los recursos naturales, con especial énfasis en el manejo de los bosques y los suelos; como resultado del trabajo de diversos actores en un territorio específico, han emprendido acciones que permiten mejoras económicas, sociales y ambientales, a nivel local.

En Cuba, la sostenida recuperación económica que experimenta el país, unido a los cambios institucionales que tienen lugar, proporcionan una base sólida que nos permite avanzar con optimismo en el establecimiento de una Estrategia Ambiental Nacional, cuyas pautas nos conduzcan a un estadío superior en la protección del medioambiente y el uso racional de los recursos naturales; y teniendo en cuenta además los limitados recursos financieros y materiales de que dispone el país para llevarla a vías de hecho, se impone como alternativa más viable su materialización gradual siguiendo las prioridades del país, y en estrecha vinculación con los programas de desarrollo socio - económico a nivel local, con una activa participación de los diversos actores sociales implicados.

Entre los objetivos de la Estrategia Ambiental Nacional aparece “indicar las vías idóneas para preservar y desarrollar los logros ambientales alcanzados por la Revolución, superar los errores e insuficiencias detectadas, e identificar los principales problemas del medio ambiente en el país, que requieren de una mayor atención en las condiciones actuales, sentando las bases para un trabajo más efectivo, en aras de alcanzar las metas de un desarrollo económico y social sostenible”; e insistimos, con la participación de los actores de las comunidades locales desde la identificación de esos problemas, la búsqueda de las alternativas, y la toma de decisiones que les competen; teniendo en cuenta que entre los principios en que se sustenta el trabajo ambiental en nuestro país, está “la participación activa de todos los actores sociales, tanto a nivel central como local, sobre la base de una acción coordinada, fundada en la cooperación y la corresponsabilidad”.

La coyuntura actual demanda de una concepción integral del desarrollo sostenible, entendido como un proceso donde las políticas de desarrollo económico, científica - tecnológica, fiscales, de comercio, energía, agricultura, industria, de preparación del país para la defensa y otras, se entrelazan con las exigencias de la protección del medioambiente y el uso sostenible de los recursos naturales, en un marco de justicia y equidad social.

Por ello, entre las bases para lograrlo se expone “potenciar la gestión ambiental nacional para buscar las soluciones más efectivas a los problemas existentes, evitar que surjan nuevos, y desarrollar la conciencia ambiental de la población y su participación activa en la solución y prevención de estos problemas, así como en su identificación a partir de la percepción sobre el medio ambiente desde lo local y la toma de decisiones al respecto”.

En este sentido, en la Estrategia Ambiental Nacional se identifican los actores principales y las vías para su concertación; entre ellos, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República, el Estado como máximo responsable en la protección del medioambiente y los recursos naturales del país, y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), en su condición de Organismo de la Administración Central del Estado, rector de la política ambiental; pero solo se menciona el deber de los ciudadanos de contribuir con la protección de los recursos naturales, y no se explicita su grado de implicación en el uso de la naturaleza y por tanto, la importancia de su activa participación además, en la evaluación del impacto ambiental.

Según Escudero (2004: 5), “(…) en el contexto local es donde la voluntad de cooperación de los actores que comparten intereses relacionados con el lugar que habitan y sus propias condiciones de vida, se puede integrar de manera más eficiente y efectiva, cosa que no se alcanza de igual forma en las escalas provincial, regional o nacional”; por ello la importancia de contextualizar la políticas nacionales teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los territorios.

En una entrevista realizada por el periódico Juventud Rebelde al Coordinador de la Red Juvenil Ambiental de Cuba (Rejac), el mismo afirmaba que “la preservación y educación para el cuidado del entorno que nos rodea, requiere pensarse con un sentido incluyente, que comprometa y aglutine el pensamiento de todos, que seduzca y conduzca a una gestión consciente y armónica (…)” (Moreno, 2012: 3).

Afirma también que se debe “(…) avanzar más en la socialización de las vías para una mejor gestión ambiental. Todavía el término ambiente se asume de manera muy conceptual y no acompañado con la vida práctica. Es importante revertir la tendencia de que el carácter participativo se limite a actividades propias de determinados grupos, o se circunscriban solo al contexto de los centros científicos o educacionales” (Loc. Cit.).

El desarrollo local sostenible debe ser concebido como el proceso endógeno de transformación de las localidades, fundamentadas en una Estrategia de Desarrollo Local con políticas diseñadas para lograr una efectiva participación de su población en la solución de los problemas y aprovechamiento de las oportunidades, para abordar de forma equilibrada e integrada, los aspectos sociales, económicos y ambientales, en el entorno donde se realizan las actividades cotidianas.

Este modelo de sostenibilidad local debe necesariamente basarse en el Hombre como principio y fin de cualquier esfuerzo por el desarrollo; la existencia de una relación dinámica entre lo que se planifica a nivel de país y lo que se diseña en la localidad; y la concepción de la localidad como un territorio organizado considerando la participación, la integración, la cooperación, como elementos imprescindibles de dichos procesos, y conjugando e integrando siempre las dimensiones ambientales, económicas, sociales y culturales particulares.

Todo ello forma parte de los principios que sustentan el Programa de Desarrollo Participativo Municipio Inteligente (PDPMI), que asesora el CEDAR en el territorio de Mayabeque, con experiencias favorables sobre la concepción cada vez más participativa de los actores locales en la conservación del medioambiente, para garantizar la sostenibilidad del desarrollo desde la localidad.

5       Consideraciones finales.

La relación Hombre – sociedad - naturaleza ha sufrido una evolución que va, desde un equilibrio más armónico en los inicios del desarrollo de la humanidad, hasta los momentos actuales en que se produce un desequilibrio con una influencia más intensa e indiscriminada de la sociedad sobre la naturaleza, derivado del propio desarrollo de la revolución c - técnica, de los efectos de la urbanización y la industrialización, y los impactos negativos de la globalización, lo cual ha traído como consecuencia un uso más irracional de los recursos naturales y un desarrollo realmente insostenible, agravándose los problemas del medioambiente y con ello las condiciones de vida de la especie humana.

Llevado por este conflicto se ha generado a nivel mundial una tendencia creciente hacia el progreso de una vía de desarrollo donde planeta y Hombre “se den la mano”, a través del desarrollo sostenible, como vía de manejo adecuado de los recursos, sin agotarlos. En este sentido, se ha venido gestando una revolución en el campo del desarrollo local sostenible, siendo relevante en ella la primacía de la idea sobre la acción debido a la complejidad de poner en práctica un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.

El desarrollo sostenible concibe un nuevo tipo de desarrollo que fomente una cultura de participación, de conocimiento, de compromiso de toda la sociedad con el cuidado del medioambiente, que permita resolver las necesidades actuales de las personas sin comprometer el futuro de las próximas generaciones, sin agotar ni sobrecargar los recursos fundamentales de los que depende la existencia humana, donde el desarrollo no se enmarque solo en crecimiento económico, sino que contemple de igual modo las dimensiones sociales, ambientales y culturales.

En América Latina, se han realizado diversas acciones en aras de garantizar el desarrollo local sostenible. En Cuba, el desarrollo local sostenible debe estar fundamentado en el manejo de su patrimonio natural y sociocultural en función del progreso social. A escala local no se ha logrado la suficiente articulación para lograr avances en este sentido, aunque el Estado cubano cada vez más, da pasos para consolidar este modelo, al establecer políticas y estrategias desde el CITMA que conciban el cuidado de los recursos naturales endógenos de cada lugar, el patrimonio histórico de las localidades y el medioambiente en sentido general, pero este proceso debe ser revertido hacia/desde las propias comunidades locales, de manera descentralizada.

En ese sentido se requiere avanzar en los municipios hacia el desarrollo local sostenible, que conlleve crecimiento económico con equidad, participación de los pobladores para resolver los problemas de su localidad, considerando la importancia del uso racional de los recursos naturales y donde se implementen adecuadas estrategias de desarrollo, a partir de la participación activa de los diversos actores locales involucrados.

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