José Fernando López Aguirre *
Juan Carlos Pomaquero Yuquilema **
Roberto Carlos Villacres Arias ***
ESPOCH, Ecuador
josef.lopez@espoch.edu.ecResumen:
Dentro de la evolución social existen factores en los que las sociedades actuales radican sus principales funciones tras las políticas públicas que las Instituciones Públicas toman, no obstante se ha podido identificar que las falencias actuales se debe a que la información preliminar no tiene una connotación académica ni científica, por tal motivo el rol fundamental de las Universidades y la sociedad en los estudios sobre inclusión social se convierten en la punta de lanza para poder tomar decisiones, las mismas que serán en beneficio de los sectores más necesitados.
Palabras claves:
Estado, Sociedad, Universidad, Inclusión social, discapacidad, calidad de vida
Abstract:
Current societies have their main functions behind the public policies that Public Institutions take, however it has been possible to identify that the current shortcomings are due to the fact that the preliminary information does not have an academic or scientific connotation, for this reason the fundamental role of the Universities and society in studies on social inclusion become the spearhead to make decisions, which will be for the benefit of the most needy sectors.
Keywords:
State, Society, University, Social inclusion, disability, quality of lifePara citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:
José Fernando López Aguirre, Juan Carlos Pomaquero Yuquilema y Roberto Carlos Villacres Arias (2017): “Sociedad, Estado y Universidad: actores fundamentales de la inclusión social”, Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, (octubre-diciembre 2017). En línea:
http://www.eumed.net/rev/cccss/2017/04/sociedad-estado-universidad.html
http://hdl.handle.net/20.500.11763/cccss1704sociedad-estado-universidad
Hoy en día, el papel fundamental que cumplen las personas con discapacidad dentro de la sociedad se deviene de la importancia que cada región, país o nación expone. La incorporación de nuevas políticas públicas para fortalecer los servicios y o productos que cada gobierno puede ofrecer a uno de los sectores más vulnerables para satisfacer sus necesidades, radican en que cada día este sector acorta la brecha social hacia la inclusión.
No obstante, en el nuevo contexto globalizado, por el cual se maneja el mundo es necesario conocer que no solamente el Estado es quien debe velar por este sector social, la contraparte de la sociedad para sentirse involucrada en la toma de decisiones para estos sectores es de suma importancia, por otro lado la incorporación de las Universidades como actores fundamentales dentro del devenir social hace que los contextos actuales sean diferentes y con grandes augurios.
Esta nueva relación genera sociedad, en donde la disciplina y el conocimiento se engranan bajo un enfoque sistémico que aporta a que las decisiones que toma el estado, tengan una connotación académica e inclusive científica.
Resulta necesario definir aquello que en estos tiempos es tan familiar escuchar y ver en los diferentes medios de difusión y comunicación, aquello que se ha convertido en un aliado estratégico en épocas de política pues son promesas de un porvenir mejor. Pero en verdad, de dónde surge y acaso está comprendido y aprendido en esencia el significado de la “inclusión social”; cuál es la definición y el objetivo que esta busca vista desde tres aristas la empresa, la academia y el estado; será posible que la vinculación existente y que tanto se promulga entre éstos tres pilares para el intercambio de conocimientos y la generación de condiciones dignas de educación y trabajo para quienes lo necesitan con más apremio es efectiva y eficaz.
Hablar de inclusión es hacerlo también de “exclusión”, aunque suene paradójico, para que exista inclusión debe existir exclusión, dos términos que en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española están determinados como antónimos, pero que en la vida real son tan próximos, tanto que no puede existir el uno sin el otro. Esto apunta e indica que en la sociedad coexisten sectores desprotegidos y/o marginados por distintas razones, las cuáles no les permiten acceder a preparación en las universidades y centros de educación del país y peor aún competir en el moderno mercado de trabajo.
Una revisión teórica evidencia el contexto y trayectoria de hasta dónde la inclusión/exclusión ha evolucionado o quizá simplemente se ha convertido en un disfraz para hacer invisible múltiples situaciones.
Según, Casaravilla (2001) y Bussetti (2009), exponen que mediante una investigación realizada entre dos grupos de individuos muy diferentes entre ellos, se ha podido determinar tres ejes en cuanto a la noción del término exclusión social, por su parte, Casaravilla (2001) sostiene que un proceso de exclusión social se da cuando “… las estructuras de la sociedad provocan que determinadas personas y grupos sean rechazados sistemáticamente de la participación en la cultura, la economía, y la política, en un momento histórico determinado”. El primer eje contemplado en el estudio asocia este fenómeno a una caracterización socioeconómica de pobreza, expresado ya sea en condiciones de desempleo, precariedad laboral, etc., que como consecuencia traería la debilitación de los “canales de integración” de los individuos. El segundo eje, explica claramente que la exclusión implica no poder ejercer derechos de ciudadanía y políticos, tales como: seguridad, educación, salud o protecciones laborales. El tercer eje, se enfoca en el estigma de pertenencia a un determinado grupo, tomando como referencia las características físicas, étnicas o de otro tipo.
En tal sentido se entiende que la exclusión social se la puede definir también como “fracturas”, o peor aún en algunos casos como “grietas” provocadas por la falla o vencimiento de mecanismos de integración social, que no subsanan los procesos de exclusión, y mucho más cuando habiendo determinado los factores predominantes de este fenómeno no se ha erradicado éste mal, sino que por el contrario el inicio de prácticas transgresoras, es constante.
Sin embargo, la exclusión e inclusión social no es un problema reciente ni mucho menos de inicios de década, este fenómeno por así catalogarlo, es contemporáneo desde la presencia de la humanidad en la Tierra. De acuerdo con Pérez (2009) el ser humano inicia su presencia en el mundo marcado por la desigualdad de condiciones y la mujer viene con el sello cultural de la infravaloración.
Por su parte, Kaspuscinski (2007) sostiene que una doctrina de desigualdad del género humano, pretendida y programática se debe a los mitos y las leyendas de muchos pueblos y tribus, cuestión que según los autores, explica que la exclusión es una propiedad inherente a la condición del ser humano, lo que dificulta aún más la inclusión de todas y todos en el tejido social.
Pero, la inclusión es algo más grande, comprende algunas realidades como la del hombre o mujer indefensos carentes de estrategias o que no quiere trabajar porque así es su nicho cultural o simplemente por la incorporación de nuevas tecnologías que son desconocidas, y el problema de la explotación industrial. Es decir, la inclusión innegablemente viene de la mano de la política social de generación de fuentes de trabajo.
No obstante, los procesos de inclusión/exclusión no sólo hacen referencia a la población de discapacitados que en el Ecuador representa una minoría, su enfoque también se direcciona a la población económicamente activa conocida como (PEA), pues, y aunque sea muy doloroso la exclusión de las personas con capacidades diferentes, los impactos económicos, sociales y culturales por la exclusión del segundo grupo puede tener impactos negativos, debido a que la no generación de ingresos y el no poder de acceder a servicios de educación, salud, seguridad, a más de concebir el estigma de desempleado u otro calificativo podría fragmentar al país irreparablemente (Bussetti, 2009).
En Ecuador hay que reconocer que los intentos por lograr una inmersión de las personas discapacitadas en el tejido social se han convertido en un referente para América Latina, ya que sus políticas se han difundido hasta en países de Medio Oriente; a partir del año 2007, Ecuador asumió el reto de construir una sociedad más justa, a través de los logros por los programas sociales denominados Misión Manuela Espejo y José Joaquín Gallegos Lara, aunque han existido aquellas iniciativas menos productivas como Sonríe Ecuador y Circo Social, patrocinados por el Dr. Lenin Moreno Garcés, quien durante el período 2007-2013 se desempeñó como Vicepresidente de la República y actualmente es el Presidente Constitucional.
El gobierno ecuatoriano ha implementado leyes y políticas de interés social que buscan la igualdad de oportunidades y derechos a favor de los y las ecuatorianas con capacidades diferentes, persiguiendo el objetivo de mejorar su nivel y calidad de vida, tal y como se espera en el plan del buen vivir. Estas leyes han sido implantadas en establecimientos educativos y empresas en la lucha por concebir un entorno armonioso en el que se permita convivir dignamente a quienes presentan capacidades y potencialidades diversas.
Los proyectos sociales que en el Ecuador han sido exitosos se enfocan en respetar los derechos de los demás indistintamente de su capacidad física y desarrollo intelectual, de modo que las personas con capacidades diferentes puedan valerse por sí mismas, sin necesidad de alguien que les brinde apoyo. Quizá, la Misión Solidaria Manuela Espejo fue la que más gratos resultados produjo y trascendió fronteras, debido a que se convirtió en una cruzada que visibilizó y atendió de manera integral y de forma inmediata a todas las personas con discapacidad en el país, trabajó por la integración social, el mejoramiento de la movilidad y la autonomía de las personas con discapacidad, conjuntamente se les concedió beneficios y derechos, tales como el impuesto predial, a la renta, impuesto al valor agregado, a la propiedad de los vehículos, importación de bienes, tasas o tarifas notariales, consulares y de registro civil.
El trabajo evidenciado en esta loable labor sirvió como catapulta para que el año 2013 el Dr. Lenin Moreno Garcés, fuese designado por la Organización de Estados Americanos (OEA) como Presidente del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
El respaldo legal que el país mantiene en materia de inclusión se sustenta bajo la Ley Orgánica de Discapacidades; conjuntamente con la Ley de Comunicación vigente desde el año 2013, en su Artículo 13 sostienen que se garantiza el acceso a la información y traducción con subtítulos, lenguaje de señas y sistema braille. La inclusión gradual de lenguaje de señas en varios canales de televisión es uno de los principales logros, la incorporación en los noticieros de intérpretes de lengua de señas ha facilitado el acceso a las noticias de personas con discapacidad auditiva, restableciendo así su autonomía y promoviendo la no dependencia de terceras personas, adicionalmente el camino se ha trazado sobre la capacitación de las y los periodistas en el uso de un lenguaje no discriminatorio o que denote inferioridad, hacia las personas con discapacidad.
De igual manera, en conjunto con el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) se formuló la Agenda Nacional para la Igualdad en Discapacidades 2013-2017, la misma que en su contenido cuenta con 12 políticas orientadas a garantizar los derechos y una vida digna de las personas con discapacidad.
Por otro lado, el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013-2017 en sus políticas contiene temas de inclusión en todos los ámbitos: educación, salud, vivienda, trabajo digno, justicia, participación en la toma de decisiones y acceso a servicios básicos, por tanto el Estado es garante de este ejercicio. Por su parte, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) presentó a la ciudadanía el Plan Nacional para el Buen Vivir 2014-2017 en versión braille, y en audio y video con lenguaje de señas con el fin de que este Plan de Desarrollo pueda ser conocido por todos los ecuatorianos.
Consecuentemente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) lleva adelante conversatorios en coordinación con instituciones educativas superiores del país, en los cuáles se abordan temas como: derechos de las personas LGTBI, género, sexo y deseo, mecanismos de control del cuerpo y sexualidad; experiencia de vida de la población trans y logros del movimiento LGBTI, luego de 20 años de despenalización. Con esto el Estado ecuatoriano busca consolidar una sociedad justa y equitativa, cuyas políticas públicas de inclusión y restitución de derechos sean coherentes con leyes promulgadas e implementadas.
En cuanto a salud respecta, en Ecuador se promueve algunas políticas públicas de carácter social, para fortalecer la prevención sobre atención prenatal, programas sociales como el de Primera Infancia cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las niñas, niños y sus familias, incluido los niños con discapacidad como sujetos de derecho a un desarrollo integral, además cuenta con normas técnicas para la erradicación del trabajo infantil y mendicidad
Por su lado el PNBV, en su objetivo 2.6, garantiza la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de vida, a personas en situación de vulneración de derechos, así como también desarrollar y fortalecer los programas de protección especial desconcentrados y descentralizados, que implican amparo y protección a personas en abandono, en particular niños, niñas, adolescentes y adultos mayores y que incluyen la erradicación de la mendicidad y el trabajo infantil; implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención, vigilancia y control del maltrato, explotación laboral, discriminación y toda forma de abuso y violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Estas normas técnicas, buscan reducir el número de personas y familias que están involucrados en prácticas y/o redes de mendicidad, redes de trabajo infantil mediante la implementación de mecanismos y procesos de prevención, sensibilización, y apoyo a la restitución y revalorización de derechos. Los componentes de esta política se direccionan en ocho (8) puntos estratégicos descritos a continuación en esencia social:
En temas de inclusión al Adulto Mayor, el Estado es quien se ha encargado de coordinar e implementar políticas públicas transformados en protocolos de atención a través del Ministerio de Inclusión Económica (MIES) y Social, el Ministerio de Salud Pública (MSP), y el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS). Las políticas públicas para las personas adultas mayores, actúan sobre tres ejes: Inclusión y participación social, considerarlos aún como actores del desarrollo social; Protección social, destinada a prevenir o reducir la pobreza, vulnerabilidad y la exclusión social; Atención y cuidado, la operación de servicios y centros gerontológicos, privados y públicos.
No obstante, a pesar de estos múltiples intentos por ser un país inclusivo, los problemas sociales de exclusión cada vez son más grandes, la desnutrición crónica de los niños también acecha, y la principal preocupación radica en que el crecimiento y desarrollo se ve amenazado durante los primeros años de desarrollo, esto coexiste de la mano de la pobreza.
Todos los intentos por contribuir a la fortalecer el componente de inclusión en cada país son innegables, no obstante es primordial tener en cuenta que los actores dinámicos dentro de este componente genera un sistema de crecimiento en la sociedad, estos actores fundamentales se visibilizan en tres esferas importantes en cada territorio, la alianza entre Sociedad – Estado – Universidad, marca un hito histórico en la manera de construir políticas públicas para el fortalecimiento de la inclusión, inserción social y generación de proyectos comunales.
Los nuevos modelos, en los cuales se puedan articular estos tres ejes de la sociedad, se fundamentan en el modelo de triple hélice propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff (1997), mediante el cual pretende articular las acciones que se toman entre la Sociedad, el Estado y la Universidad, con el fin de crear innovación para satisfacer necesidades latentes de la población, es necesario precisar que esta innovación puede ser de carácter social, objeto de estudio de la presente investigación.
Los nuevos roles que tiene la universidad como agente generador de conocimiento en los y las ciudadanos juega un papel importante en el dinamismo económico y social en cada nación, lo que implica que a través de esta alianza se crea un nuevo paradigma y actitudes para que exista un buena coordinación entre los involucrados.
El rol estratégico de la universidad, radica en crear nuevas redes de disciplinas y conocimientos que se vinculan a las acciones tomadas por el Estado y son replicadas hacia la sociedad, según Etzkowitz y Leydesdorff (2000) estas acciones se abordan mediante varios aspectos del modelo:
En el caso de Ecuador desde el campo de la responsabilidad empresarial en temas de inclusión es grato conocer las iniciativas que se practican, no obstante, existen aún falencias en la inserción de personas con discapacidad en el ámbito laboral debido a muchas causas, entre ellas las dificultades de movilidad y traslado debido a deficiencias físicas y sensoriales, lo que obstaculiza el proceso de acceder a oportunidades laborales. Según cifras del Registro Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud en el Ecuador en el año 2016 existían 408.021 personas discapacitadas, de las cuales el 47% presentaba discapacidad física, el 23% posé discapacidad intelectual (23%) y el 13% auditiva. Por su parte La Ley Orgánica de Discapacidades, expresa en su art. 47: “la o el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de discapacidades”.
Mientras estos tres actores fundamentales se fortalecen mediante el cambio constante de sus relaciones, para el Etzkowitz y Leydesdorff (2005), el modelo de la triple hélice incorpora tres elementos claves:
Esto ha generado en las empresas el afán por dar cumplimiento a lo estipulado en dicha Ley; sin embargo, existen iniciativas por parte del Estado y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) por construir ciudades más justas y equitativas, un claro ejemplo es la Municipalidad de Quito que a través de su Secretaría de Inclusión Social ha implementado el programa “Sello Inclusivo Progresivo”, él mismo que persigue identificar y reconocer a los lugares inclusivos, libres de discriminación y violencia.
El Ecuador en este camino por la inclusión, ha reconocido también sus capacidades y potencialidades y por ello en múltiples provincias, cantones, parroquias y sectores urbanos marginales y rurales del país muchos emprendedores le apuestan al turismo comunitario y social. Estos grupos de emprendedores nativos de estos lugares pretenden que sus proyectos de inclusión laboral también se complementen con los aspectos de sostenibilidad social, económica y ambiental. Para ello el acompañamiento del Estado a través de sus dependencias y competencias ha sido de vital importancia. Esta alternativa ha permitido que las comunidades exploten sus atractivos naturales y enraícen más profundamente sus tradiciones y costumbres.
Hasta ahora El Estado y la Empresa han hecho presencia en la aplicación de mecanismos de inclusión, qué pasa con las instituciones educativas del país, cuál es su aporte. Pues bien, en cuanto al tema se trata, la academia se enfrenta a un dilema que para solucionarlo debe enfocar su reflexión sobre su participación en dos ámbitos, la inclusión social y la inclusión económica. A lo largo del año 2017 se ha hablado mucho de que para que los esfuerzos del país funcionen deben todos trabajar y caminar en la misma dirección, tanto que el MIES define la necesidad de “definir la formación de profesionales según una plataforma de investigación de perfiles que se alinee con la oferta académica y de esa manera dar atención técnica y profesional hacia los sectores de la población en condición de riesgo social.” Y acusa a las Instituciones de Educación Superior (IES) de la falta de investigación en temas de evaluación de impactos, movilización social, fundamentación teórica y metodológica tanto de la inclusión económica como de la inclusión social y en la construcción del piso de protección social básica. (MIES, 2017).
En la actualidad las instituciones educativas están llamadas a planificar y organizar sus procesos de vinculación con la sociedad de manera que engrane su misión y planificación estratégica, mediante equipos de trabajo de la comunidad universitaria que tengan accionar directo o indirecto sobre los problemas identificados en la sociedad, todo esto sustentado bajo la investigación institucional y la oferta académica. Sin embargo, y aunque también la academia se encuentre haciendo su mayor esfuerzo, eso porque ahora ya existe una Red Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad (REUVIC) conformada por universidades, escuela politécnica e institutos técnicos y tecnológicos del país, que buscan entender y aprehender de una manera correcta el significado de los mecanismos de investigación que producen una vinculación con la sociedad, para generar desarrollo social, económico y ambiental. El principal obstáculo, la financiación.
En consecuencia, el camino a la inclusión, finalizará cuando no exista exclusión; promoviendo así el trabajo en red con la participación de todas y todos.
La inclusión social es un proceso que requiere de una exhaustiva coordinación entre el Estado, la Empresa y la Universidad, de éste modo se reducirá hasta lograr la eliminación del despilfarro de recursos y la ineficacia. La educación y salud inclusiva desde los primeros años de edad es un factor importante para el desarrollo óptimo de las generaciones presentes y futuras.
El conocimiento y reconocimiento de todas y todos sobre la política pública que maneja el Estado, motivará el estrechamiento entre la brecha de las diferencias y marginación que se presenta en el país, pues a diferencia de otros que manejan políticas en sentidos contrarios, Ecuador se reconoce como un país pionero en modelos de inclusión social, referente en Latinoamérica y el mundo, hay que seguir contribuyendo con esta loable misión, generando así el desarrollo y generando redistribución de riqueza.
La promoción de la economía social y el apoyo a las alternativas e iniciativas sociales y de emprendimiento facilitarán la protección al empleo, la obtención de recursos que coadyuvarían al acceso a vivienda y servicios sociales; en un trabajo mancomunado con el incremento de la inversión social.
Los habitantes de los sectores urbano marginales y rurales, son quienes más sufren de aislamiento físico y social, de la misma manera que se reconoce en este medio abundante diversidad; en búsqueda de modelos de desarrollo es pertinente y necesario apoyarse en la población joven de estos lugares, permitiéndoles y proveyéndoles los medios para que asuman responsabilidades y desarrollen potencialidades y coadyuven a la creación del nuevo tejido social y económico.
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