Revista: CCCSS Contribuciones a las Ciencias Sociales
ISSN: 1988-7833

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LA IMPLICACIÓN PARTICIPATIVA DE LOS ACTORES SOCIALES EN LA ESTRATEGIA INTEGRADA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

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I. INTRODUCCIÓN: CONCEPTUALIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LA IDEA DE GOBERNANZA. -
El peso de la participación ciudadana en los procesos sociopolíticos de toma de decisiones obedece al nuevo entendimiento de la “re-conceptualizada” gobernanza, tras intensos antecedentes evolutivos en la concreción de dicha concepción. Su esencialidad se asienta en la pretensión de mejorar las rutinas en las acciones electivas con el claro objeto de potencializar los efectos gracias a un correcto diseño, aplicación y seguimiento de las políticas con impacto sobre una esfera territorio-social ciertamente dinámica. Y es esa misma idea de gobernanza madura la que debe ser aplicativa también a la hora de focalizar la estrategia de desarrollo urbano sostenible: integrada también en lo que a implicación de diferentes grupos de interés se refiere por ser éstos los beneficiarios últimos de la estrategia local a elegir.
Trasladando aquí las palabras de FARINÓS DASI 1, mediante tal novedoso modelo de gestión y decisión de los asuntos públicos, se trataría de acordar una visión compartida para el futuro del territorio entre todos los niveles y actores concernidos. El concepto de desarrollo sostenible, y la necesidad de gestionar racionalmente el aprovechamiento de los recursos, abre la puerta a la participación de los ciudadanos en este gran objetivo colectivo. Un papel que ciertamente empodera el poder grupal de la población y donde la idea de sostenibilidad o sustentabilidad encierra en sí misma la necesidad de agregar todas las variables e individuos que conjuntamente enlazan la vertientes social, ambiental y económica en una única esfera aplicativa y operante (triple balance).
El reparto de responsabilidades se asienta en la consideración de la voluntad ciudadana a la hora de seleccionar y programar las acciones últimas de la estrategia, pese a que la decisión final recaiga en la unilateralidad del responsable o grupos de éstos. Pero la susodicha decisión debe ser fruto de previas labores de acción de conocimiento en lo atinente a los intereses de los ciudadanos y hacia dónde quieren éstos que avance su demarcación territorial. La hoja de ruta debe ser consensuada tras previo debate y acercamiento de posturas, ya que las realidades de cada agente integrante son diferentes y, al mismo tiempo, pueden confluir o colisionar en diversos grados y bajo diferentes perspectivas. El correcto encauce de tal vía revitalizará la idea de cohesión territorial y búsqueda de equilibrio operativo también en el posicionamiento estratégico a través de tal mecanismo de fomento de sostenibilidad integrada del territorio promulgado a instancia comunitaria.
Así las cosas, si los poderes decisorios, o para el presente supuesto fáctico de opción estratégica, las entidades beneficiarias, no explotan con suficiencia el capital humano territorial del que disponen, la respuesta pública podría trasladar inclusive consecuencias de índole política en una prospección ciudadana de búsqueda electiva de una nueva fuerza de gobierno que sí posibilite mejor encauce de los inputs dados a outputs de bienestar social. La acción de gobierno, en esencia, no puede ser discrecional. Aunque sobre el ente público en cuestión recaiga el poder de orientación sobre la conceptualización de su ciudad y territorio. Todo ello en base al principio de coordinación, tanto vertical como horizontal en consonancia a la necesidad de control mutuo.
Téngase muy presente que el entendimiento participativo se debe revelar como una real redistribución de poder decisorio y del control social, donde los niveles más bajos ya conceptualizados de forma embrionaria como manipulación y difusión pasiva por parte de Sherry Arnstein2 , deben ser evitados; buscándose siempre la involucración activa del ciudadano con las herramientas mejor adaptadas para el concreto público enfocado (real y potencial -a través de la identificación de diversos escenarios futuros y sus posibles actores participantes-) 3. Así, la participación real supone entramar una red social, con la finalidad de descentralizar las acciones de poder y legitimar la elección última. Las acciones de motivación ciudadana agilizarán tal necesidad de traslación. Es por ello que previas labores de sensibilización y dación de conocimiento sobre las problemáticas existentes traspondrán notorios beneficios en las venideras actuaciones de pacto social.
Bajo la literalidad de lo refrendado por ALGUACIL, J.4 , la participación, para ser genuina e identificada como una necesidad que se satisface adecuadamente (en los antes aludidos términos de redistribución de poder) debe tener, ser, hacer y relacionar en un proceso (que no en un momento) recurrente e inagotable capaz de: transformar (cambiar para mejorar las condiciones de existencia), reflexionar (pensando en los efectos e impactos a largo plazo), implicar (al mayor número de colectivos y sujetos, especialmente a los más desfavorecidos), articular (poner en relación reciproca los distintos actores, colectivos y territorios), construir (crear conjuntamente), conocer (la realidad, los recursos y sus potencialidades), aprender (educar en el diálogo, el consenso y la solidaridad), comunicar y comunicarse (con los iguales y con los diferentes), habilitar (cualquier sujeto puede acceder a las habilidades políticas), gratificar (generando sentimiento de satisfacción y de utilidad) y exigir (los procesos de participación como derecho).
Conviene decir también que el ámbito local facilita la integración de dichos procesos sociales sinérgicos y la precisa redistribución. El ámbito municipal interactúa con el global, surgiendo tensiones territoriales, inclusive de índole jurídica, competencial y territorial y, a la vez que, los procesos de globalización y la integración en gobiernos multinivel introduce complejidad en el modelo de relaciones políticas intergubernamentales, también abren nuevos espacios donde los poderes locales pueden desarrollar sus propias estrategias territoriales de gestión, en base al binomio localismo y globalización 5. La figura de lo local viene ganando voz y voto en el devenir evolutivo del entendimiento europeo bajo el ámbito de la territorialidad. Pero lógicamente, para ello será imprescindible contar con el conocimiento de la voluntariedad de los agentes adscritos a la propia zonificación. Las estrategias serán más sólidas cuanto mayor sea el consenso entre los actores afectados en el quehacer social y político del territorio. Sólo así será engrosada la esencialidad del llamado “Estado de bienestar” propiamente dicho y coherentemente orientado a la realidad pública que nos ocupa.
En resumen, la participación se encuentra profundamente vinculada con el desarrollo humano sostenible, siendo una de las claves en las que se sustentan las políticas sociales vinculadas con la integración social. El carácter interdependiente y la variedad de visiones del entramado de los problemas y las transacciones entre actores requiere de la implementación y gestión de programas y proyectos estratégicos, integrales, transversales y participados, cuyos últimos beneficiariosserán los ciudadanos. Los políticos elegidos democráticamente tienen la responsabilidad de la decisión de los proyectos públicos, pero las organizaciones sociales, los grupos locales, las familias, y la ciudadanía en general, más que el derecho, ostentan el deber de determinar el grado de acierto en lo que a asimilación y acreditación pública se refiere. En este sentido, los profesionales implicados tienen la obligación de elaborar análisis y propuestas formalizadas y viables, de escuchar a los otros, pero también de comprometerse en defender las propuestas y los proyectos ciudadanos locales. El sentido multidireccional de las relaciones y el traslado social a una democracia participativa y representativa real debe hacerse patente a la hora de elaborar las estrategias integradas, sea el ámbito que fuere; para el presente caso, las de desarrollo urbano sostenible.

II. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO INDICADOR DE CALIDAD DE VIDA, COHESIÓN Y COMPROMISO PÚBLICO. AGENTES IMPLICADOS Y OBJETIVOS. -
Póngase el prisma en el derecho constitucional preceptuado a través del artículo 23.1, por el cual se reconoce la facultad fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, correspondiendo entonces a sus estamentos políticos vinculados remover o minimizar los obstáculos que impidan o dificulten la acción participativa en todos los ámbitos de la vida pública y desarrollo local.
Pese a la esencialidad del precepto, desprendida principalmente en favor de la participación política, el mismo justifica la necesidad de que la dación participativa de la sociedad, o “democratización” deba ir alineada al sentido de pertenencia, identidad y cultura del lugar concreto sobre el que implementar la estrategia. Por ello, la esfera pública debería centrar esfuerzos en torno a potenciar el sentido de arraigo de los stakeholders como certeros conocedores del campo territorial de actuación y beneficiarios últimos de éste. Por ende, las políticas públicas deberán buscar la adaptación de gobierno a la realidad social y territorial vinculada a su zonificación. Ello con continua coordinación entre los diferentes niveles de gerencia y dirección institucional según adscripción de competencias legalmente dadas. La idea de “territorialización” debe quedar patente en la estrategia; en cierto modo contraria a la incipiente “cripto-gobernanza” o digitalización del medio ambiente. Sólo así podrá superarse la todavía barrera del pensamiento particular de cada individuo o la pasividad en sus menesteres como agente social demandante de su propia mejora vital en la esfera colectiva.
En este sentido, tales esfuerzos han de hacerse con la firmeza, constancia y paciencia suficiente; puesto que una voluntad “participada” ostenta mayor crédito que cualquier otra opción política a la hora de confeccionar el término de ciudad y el sentimiento de arraigo hacia la misma. Pero la llamada democracia participativa también tiene sus limitaciones, pues la disposición de la sociedad no es siempre con voluntad de participación activa; en conjunción a la, en ocasiones, rigidez de los mandos de gobierno en cuanto a compartir o convenir los criterios para el establecimiento de políticas públicas en general y programas o estrategias en particular. Todo ello presupone la necesidad de trabajar en la potencialización de ciudadanos informados, motivados y actuantes con influencia en la formulación y acompañamiento de políticas acordadas en conjunto, poder público y sociedad civil. Para que ello funcione, los poderes públicos deben ser completamente transparentes, informando todas sus acciones y buscando en esencia el interés público general que se presupone como innegociable desde el propio paradigma político moderno pero que todavía manifiesta la necesidad de seguir avanzando en la idea de solidificar la sinergia colaborativa en la selección de pautas estratégicas6 .
Pero ello requerirá de modo parejo crear una cultura bidireccional de implicación; tanto por los organismos públicos como por los agentes participantes, últimos beneficiarios de la estrategia y calidad de vida que ello pueda implicar. Los agentes de gobierno también deberán hacer autocrítica ante las desacertadas posibilidades de pensamiento de una justificación participativa inoperante; sólo a meros efectos de imagen y publicitación. Cuestión no baladí a razón de la significancia real que tiene la necesidad histórica de seguir dando pasos para poder disponer de una tradición participativa que todavía se muestra con elevada falta de madurez y que precisa retroalimentarse de las buenas conductas tanto de la ciudadanía como de su representación política dada; ambas todavía con amplio margen de mejora.
La ausencia de cultura de pacto se muestra como cierta cuando la formalización de los procesos participativos en la EIDUS sobreviene como consecuencia de una previa imposición valorativa a superar. Todavía parece ser interpretada más como un escollo que como una etapa normal y precisa para dotar de rigor la idea de estrategia de ciudad propiamente dicha. Si la optimización de la ciudad responde a la esencia de confección estratégica, ¿quién mejor que sus agentes implicados para diagnosticar el trasfondo del bienestar de su localidad? Volvemos entonces a cuestionarnos la necesidad de superación de trabas político-culturales.
En lo atinente a la identificación de los diversos agentes sociales implicados, el actual pluralismo de individuos y entes participantes conlleva la redefinición de los papeles de los distintos sectores que componen la sociedad: poderes públicos, mercado, entidades sociales, grupos familiares, etc. Supone un replanteamiento de las transacciones de los actores sociales, orientadas a generar liderazgos y exigencias compartidas, lo que no implica mezclar los diferentes roles, responsabilidades y derechos de los políticos, técnicos y ciudadanos. Es decir, no todos los grupos de interés disponen del mismo papel decisorio; el cual será acotado a la esfera geográfica, material y sectorial actuante. Es por ello que una previa identificación y clasificación de los mismos será elemento clave a la hora de implementar un proceso participativo de garantías. Todo ello con el certero respeto al constitucional principio de igualdad enmarcado en su artículo decimocuarto. Algo que no contrapone el real poder de incidencia e interés disfrutado por unos stakeholders sobre otros en un marco de actuación concreto.

Es por ello que, ante este nuevo contexto relacional, surge el debate en torno a la generalidad de los instrumentos de política social y los sujetos que pueden y deben activarla, así como en qué grado pueden hacerlo; adquiriendo una importancia relevante el tercer sector y la participación ciudadana en sí misma, como oportunidades para incidir en los problemas sociales y, por tanto, elementos consustanciales en la elaboración, gestión y evaluación de las políticas sociales, especialmente locales. La eficacia y eficienciade las mismas políticas sociales se mide en favor de implantarprocesos e instrumentos de interacción adecuados entre actores socialesque permitan alcanzar compromisos y consensos satisfactorios de todoslos implicados en el diseño y/o gestión de políticas en un determinadonivel territorial. De ahí, que el objetivo de las instituciones y las políticaspúblicas no deba ser tanto la intervención directa sino: a) impulsar organizaciones que atiendan las necesidades sentidas de los sujetos destinatarios de intervención y b) implantar procesos sostenidos que potencien la comunicación, la participación y la capacidad de relación entre actores sociales 7.

En definitiva, subyace entonces como innegociable hacer un intenso esfuerzo por identificar la totalidad de los agentes sociales que puedan verse directa o directamente implicados también por la particular implementación estratégica en cuestión, así como el grado de vinculación, implicación y afección que trasladaría la política social en concernencia a sus papeles representativos dentro del marco territorial vinculado. No es suficiente con realizar fórmulas de participación generalista sin una previa prospección sobre qué individuos, agrupaciones o entidades se muestran como realmente afectados por la toma de decisión a debatir. Tales considerandos deberán ser debidamente tenidos en cuenta a la hora de sintetizar y analizar la información adquirida. Un ejemplo puede ser las discrepancias que puedan nacer de previas divergencias ideológicas entre varios entes llamados a participar en las diversas acciones de consenso. Todos pueden tener un peso específico e idéntico en el proceso, pero la circunstancia de confrontación deberá ser sopesada a la hora de configurar la línea estratégica. Es decir, la información obtenida puede ser interferida y difícilmente conmutada o agregada directamente. Deberá ser tratada y cuestionada con sustento en el objeto de intentar alcanzar la deseada calidad de vida del conjunto de la ciudad, aunque las opiniones sean dispares; puesto que la finalidad de los susodichos entes, agrupaciones o personas cogidas como ejemplo puede ser otra bien distinta. Inclusive la opinión pública puede variar de un extremo a otro en un corto periodo de tiempo aun cuando se mantiene la misma necesidad social previamente demandada. De ahí la exigencia de tratamiento informativo; que no es lo mismo que manipulación de la información hacia la obtención de intereses propios. La objetividad en las decisiones deberá seguir haciendo acto de presencia.

Con todo, lo que deviene como imperioso es la articulación efectiva del proceso participativo con la dotación de las mayores garantías posibles y como espacio de foro donde con independencia del final rol que disfrute cada actor, todos dispongan de su derecho a escuchar y ser escuchado: una escucha activa multidireccional. Tal cuestión garantista e identificativa de agentes participativos la tiene muy presente la RIU (Red de Iniciativas Urbanas8 ), cuando dice que habrá de garantizarse la participación estableciendo mecanismos efectivos de información y consulta a los ciudadanos, además de a los principales agentes económicos sociales e institucionales; así como el modo en que se realizará la comunicación, difusión y promoción de la Estrategia dentro del área urbana entre sus principales sectores sociales, económicos y ciudadanos. Así, el documento deberá incluir un listado de las instituciones, organizaciones y entidades públicas, privadas y cívicas que hayan sido convocadas para su participación en la elaboración de la estrategia 9.

III. PROCESOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO DE LA EIDUS: METODOLOGÍA. -
La obtención y recolección de datos participativos puede provenir de multitud de fuentes, donde lo verdaderamente importante es el rigor y el carácter objetivo de los mimos; ya sean obtenidos de bases oficiales previamente existentes o de recolección propia para el concreto fin perseguido. Fueren una modalidad u otra (o en su caso mixta), debe insistirse en la necesidad de tener presente el continuo dinamismo en la identificación y ponderación de los agentes y sus intereses así como en la precisa labor de actualización por parte de los responsables en esta materia considerativa.
Sobre la última opción de confección propia de mecanismos de obtención informativa y de implicación, podrán ser accionados tanto por vía telemática como presencial; ello dependiente de cuáles sean los grupos de interés previamente identificados, así como sus características concretas:

 

 

 

Oportuna esclarecer que, a título personal, las acciones de dación de conocimiento informativo, sea la vía que fuere (prensa escrita o digital, publicación en boletines etc.) no pueden ser consideradas como herramientas de activación participativa, puesto que el canal de comunicación es unidireccional y no posibilita la obtención de resultados sobre opinión por parte de la ciudadanía y agentes locales. Únicamente se revelan cómo útiles de forma complementaria a la hora de poner en sobre aviso a los mismos agentes para potenciar así la posterior utilización de reales mecanismos de inclusión participativa.
Similar crítica merece la aplicación regulativa sobre procedimiento administrativo común y sectorial, la cual conlleva en esencia, que el mecanismo de participación se reduzca sobremanera a un traslado informativo que dificulta sobremanera la implicación efectiva y la obtención de respuestas consensuadas entre administración e interesado a razón de los rígidos mecanismos de contestación preclusiva y de dación de prioridad informativa sobre la participativa.
Buen ejemplo del devenir participativo estatal lo ofrece la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). Así, pese a la aplicabilidad del artículo 3.2.a) y art. 16 (referencia laxa a la inclusión de las valoraciones de la ciudadanía en la toma de decisiones -sobre, planes programas y disposiciones de carácter general-) la mayor intensificación regulativa recae en la difusión y obtención de información en contraposición al real accionamiento de mecanismos de implicación efectiva.
Por otra parte, habrá de inferirse en que, de forma complementaria, se entiende como oportuno afianzar los mecanismos nacientes para la propia estrategia con los previamente implementados en antecedentes documentos estratégicos-sectoriales que ya forma incipiente contemplaran aspectos de consenso a desarrollar en la actual EIDUS. Con todo, tal traslado de acervo participativo deberá ser realizado con todas las cautelas posibles, puesto que el avance y dinamismo de la sociedad hacen que la opinión pública sobre una determinada materia sea ciertamente cambiante. De tal cuestión nace la necesidad imperiosa de activar mecanismos de testeo que dé veracidad “actual” al previo enmarque informativo obtenido. Inclusive la observancia del cambio en la predisposición de la opinión pública puede arrojar información clave a la hora de determinar el grado de aceptación y acierto de la estrategia a largo plazo y qué opciones de reconducción o escenarios se pueden manejar ante los posibles ya “esperados” cambios.
En síntesis, sea la forma en que fuere, la ejecución participativa debe ser real y congruente; y para ello será preciso que la consulta sea abierta y en multicanal, siempre enfocada a la obtención de conclusiones y donde el actor o actores ejecutivos de la confección de la estrategia deberá destilar a la hora de armar y reorientar la misma.
Del mismo modo, se revela como imperante dotar de una temporalidad de reflexión suficiente a la hora de ejecutar las acciones inclusivas. La participación debe contar con tempos que permitan a los ciudadanos, políticos, entidades, etc. pensar con calma sus visiones y propuestas; todo ello con el fin de sopesar con la madurez precisa aspectos decisorios tan notorios como lo son la evolución estratégica de un territorio determinado. Ello aun sabiendo de la limitación y excesivo acotamiento temporal que oportuna la convocatoria para la selección de EIDUS. Cuestión que vislumbra la incongruencia antónima del proceso participativo con la significancia ostentada en el baremo de puntuación de la misma convocatoria. De ahí que pueda subyacer el riesgo de tomar la participación pública como un elemento inocuo y vago con un peso específico limitado hasta tal punto de poder ser justificado con el menor de los compromisos efectivos, cuando realmente debería ser el motor y objeto causante de la estrategia por el poder de diagnóstico que ello representa. Tal engranaje de convocatoria responde a la prevalencia de la gestión pública frente a la gobernanza; algo que deberá ser reenfocado si realmente lo que se busca con la misma es enclavar el germen de querer enclavar una continuista estrategia de sostenibilidad en la localidad seleccionada.

IV. ÚLTIMOS CONSIDERANDOS EN IMPLICACIÓN EJECUTIVA Y REVISIÓN. -
Conviene inferir en que la participación ciudadana se debe accionar también en la contemplación de la implementación y gestión de la estrategia; no únicamente en su confección. Del mismo modo, una posterior revisión participada también proporcionará el conocimiento suficiente sobre el grado de satisfacción de los agentes sociales involucrados y la necesidad o no de redirigir el camino evacuado. Sólo así se garantizará el éxito de la misma y su mantenimiento en el tiempo. Impera nuevamente hacer uso de sólidos métodos de información y consulta; tales como, por ejemplo, la implicación en la concreción previa de los pliegos de un determinado proyecto que engrose la acción estratégica final.
Además, y para ello, lo idóneo sería conservar el grueso de los previos mecanismos participativos que fueron creados de forma antecedente para la elaboración, puesto que ampliaría las posibilidades de uso y aumento de quórum al tratarse de cauces ya conocidos por los agentes implicados, inclusive en salvando o minimizando problemas de presupuesto y recursos que causaría la creación ex novo. Asimismo, la implicación plenaria y la elaboración de presupuestos participativos también puede ostentar atracción de interés ya en lo que atañe a la fase de aprobación ejecutiva de las concretas acciones conformantes de las líneas estratégicas y operativas previamente predeterminadas.
Por otro lado, incidir en que sea cuales fueren las concretas fórmulas elegidas, al igual que en el estadio de elaboración, el tiempo de reflexión debe ser adecuado para la obtención de respuestas reales y coherentes, así como multidireccional que posibilite el feedback entre los participantes y con métodos lo suficientemente diversos y analizados que ofrezcan la posibilidad de acceso a toda la masa crítica. En línea a lo arriba referido en el apartado precedente, ejemplificativa es entonces la elección de métodos presenciales adheridos que ofrezcan solución suficiente a la brecha digital patente en algunos grupos de población. Debe primar la innovación efectiva a la hora de superar trabas habituales y también novedosas que puedan ir surgiendo como resultado del cambiante contexto social.
Todo ello deberá ser efectuado con la transparencia propia e innegociable en esta tipología de búsqueda de consenso social y corresponsabilidad. Únicamente así podrá ser incorporado en la presentación estratégica como “buenas prácticas”. Igual de óptimo sería la designación de un responsable en la atribución y ejecución de tales tareas de confección estratégica de participación en todas las etapas consumadas. Cuestiones nada baladís son también la elección de un lenguaje acorde al público dado, la interactividad entre los individuos, la no contaminación o predisposición de posibles respuestas, etc.
Al respecto, la actuación institucional deberá ir siempre alineada al objeto de intentar llegar con las máximas garantías al mayor porcentaje posible de agentes vinculados al objeto estratégico, con previo desglose e identificación de los mismos, tanto en la esfera de la elaboración como en la venidera de la ejecución y revisión; pudiendo así ser mantenido el espíritu estratégico de la iniciativa. Afirmación ligada a la importancia de obtener rendimientos “netos” resultantes del mayor índice participativo de los grupos de interés sobre los cuales versa la mayor afección de las acciones a desarrollar. Para ello, insistimos en que la innovación de mecanismos frente al uso aislado de los tradicionales puede causar notorias ventajas competitivas en este sentido y minimizar ciertas distancias participativas que todavía ocurren en determinadas esferas; como por ejemplo, de desigualdad de género o territorial11 .
A la hora de agilizar y hacer efectiva la comprobación de la implementación, será más que oportuno haber confeccionado previamente una certera sistematización de la información con la construcción de indicadores que realmente sean afines al objeto pretendido de medición (sobre la percepción, sobre la satisfacción, etc.).
En definitiva, la participación, también en el estadio ejecutivo y ulterior de revisión debe ser entendida como un instrumento real de reconducción de la política local con la finalidad de conseguir bienes públicos de transformación social alejándose de los intereses particulares infiriendo directamente en la calidad de vida de la población. Por ende, el acierto en la selección y manipulación de las herramientas volverá a ser el elemento clave en la medición del éxito.

V. CONCLUSIONES. -
El bien inmaterial de la participación, es el nexo que asocia la esfera de la actividad pública con la determinación política, y ello tiene (o debiera tener -para considerarse realmente un bien) su real plasmación en el territorio y en su consecuente desarrollo, que se verá condicionado por el final grado de consenso relacional alcanzado y por la concreta forma de conjugar estratégica y sosteniblemente ambos elementos. Dicha forma es la única que posibilita la creación de alianzas en busca de solidificar la relación democrática existente.
La evolución social acaecida acoge el nuevo entendimiento de querencia de consenso participado, pero éste debe seguir avanzando con acciones y actuaciones que sensibilicen y formen cívicamente a los diferentes actores en pos de una reflexión estratégica pensada únicamente en favor del interés común; superando el pensamiento de beneficio particular o partidista todavía muy afincado en la cultura española. Debe implicar la responsabilidad de índole colectiva para poder minimizar los conflictos presentes y futuros.
Asimismo, la articulación metodológica deberá ir orientada a la obtención de resultados objetivos y con coherencia de índole pública. Si el sistema se pervierte y se reconduce negativamente a la obtención de un acervo informativo interesado o preconcebido hacia un objetivo político previa e aisladamente dado, causará la no fructificación de la estrategia por el propio error de planteamiento sobre el diagnóstico de necesidades reales, retos sociales y la posterior canalización de soluciones hacia los mismos.
Para garantizar la implicación real de la ciudadanía, se precisa de una dotación de recursos suficientes (infraestructura, accesibilidad y habilidades), los cuales pueden ser materializados a través de acciones tales como la compilación e inventario de iniciativas de participación pública nacional y comparativa con medidas desempeñadas por otros estados miembros o países extranjeros, la creación de “banco de ideas” para potenciar la transferencia de conocimiento y de concejalías -aunque sean compartidas- en materia de participación ciudadana (con asignación coherente de recursos), la actualización normativa en facultades participadas junto a ordenanzas y reglamentos realmente orientados a la implicación, repensar guías metodológicas de instrumentos y herramientas, la creación de espacios (físicos y digitales) y canales permanentes de participación, etc. Todo ello con ánimo de favorecer el caldo de cultivo idóneo que allane el camino para seguir avanzando en lo que a gestión pública y estratégica se refiere.
Percibir la eficacia de la acción participada debe ser elemento imperante a la hora de articular la previa meta-gobernanza y la planeación de una estrategia de participación pública en sí misma; esto último algo más que recomendable12. Sólo así permitirá ser mantenidos en el tiempo los canales participativos activados y que los mismos se encuentren dotados de real validez a la hora de obtener certeros resultados. La formación, la motivación y la organización se debe hacer patente a partes iguales; todo ello con la eficiencia del gasto público y la optimización de recursos exigida ante la limitación coyuntural de éstos por parte de la mayoría de los entes locales conformantes del sistema gubernamental español.

BIBLIOGRAFÍA. -
Doctrina. -
ALGUACIL, J.; “Espacio público y espacio político. La ciudad como el lugar para las estrategias de participación”, Polis. Revista de Universidad Bolivariana, v.7 n°20.
FARINOS DASI, J.; “Gobernanza territorial para el desarrollo sostenible: estado del a cuestión y agenda”, Boletín de la A.G.E. N.º 46 (2008).
PASTOR SELLER, E; “La participación ciudadana en el ámbito local, eje transversal del trabajo social comunitario”, Universidad de Murcia.
PASTOR SELLER, E; “Participación ciudadana y gestión de las políticas sociales municipales”, Editum, Universidad de Murcia (2009).
PINTUANDI, S. M.; “Participación ciudadana en la gestión pública: Los desafíos políticos”, Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Vol. IX, núm. 194, Universidad de Barcelona (2005).
RODRÍGUEZ GARCÍA, M. J.; MATEOS MORA, C.; J. NAVARRO, C.; “La evaluación de los mecanismos de participación ciudadana a través de sus rendimientos. El caso de la feminización de los presupuestos participativos de Sevilla”, Revista Internacional de Organizaciones, nº 7 (diciembre 2011).
RUIZ SALGADO, A.; NAVARRO GÓMEZ, A; “Participación pública ambiental. La participación de la ciudadanía y organizaciones del Tercer Sector Ambiental en las políticas públicas”, Observatorio del Tercer Sector Ambiental, cuaderno de campo nº 8 (2016).

Otros documentos de interés. -
AYUNTAMIENTO DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA, “Participación ciudadana en los procesos de estrategia y planificación ambiental de Santa Perpètua de Mogoda. Descripción y recomendaciones” (2015).
RED DE INICIATIVAS URBANAS (RIU); “Orientaciones para la definición de estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado en el periodo 2014-2020” (2015).

Recibido: 15/06/2017 Aceptado: 23/08/2017 Publicado: Agosto de 2017

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