Revista: CCCSS Contribuciones a las Ciencias Sociales
ISSN: 1988-7833

---

LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS EN AMÉRICA LATINA

---

Introducción

El uso masivo de medios de comunicación públicos, portales y redes sociales, se ha visto casi exclusivamente como un despliegue tecnológico inédito en la historia de la humanidad. Algunos analistas hasta han llegado plantear una democratización de la tecnología que está abierta a casi todo los países (Davison, Vogel, Harris y Jones, 2000). Latinoamérica, en particular, ha visto y espera seguir viendo un crecimiento exponencial en la difusión de esta tecnología, especialmente en los sectores más marginados de la región (Estache, Manacorda, Valletti, Galetovic y Mueller, 2010). En efecto, el desarrollo de estos medios ha superado con creces las expectativas que se hicieron en torno a su difusión, debido, entre otros factores a que no se suelen exigir pagos de los usuarios por el acceso, o al menos porque esos pagos son inadvertidos.

El uso de portales y redes sociales ha abierto, indiscutiblemente, nuevos canales de conocimiento, no únicamente de un lenguaje y de modismos que vienen aparejados al empleo de estos medios, sino además de las situaciones propias de cada sociedad y las relativas a otras. Al conocer diferentes situaciones, los ciudadanos de cada país tienen ahora la opción de usar estos medios para discutir sus problemas y para organizarse de mejor manera. Es por lo último que algunos analistas han notado que el uso de teléfonos celulares, en particular, ha dado una voz a aquellos grupos marginados que antes existían sin acceso al mundo y a sus posibles coidearios (Obadare, 2006).

Los gobernantes que pasan por esta transición social pueden reaccionar a este nuevo flujo de información y crítica de dos maneras: 1. pueden someterse bajo presión nacional e internacional y así adoptar políticas aceptadas bajo estructuras y parámetros internacionales o 2. pueden reaccionar de una manera represiva y tratar de terminar con cualquier crítica, por lo menos, en el frente doméstico. Estas premisas básicas han sido divulgadas por analistas de regímenes autoritarios en el Asia. Por ejemplo, Hughes y Wacker (2003) y Abbott (2001) perciben que los medios de comunicación públicos pueden servir como agentes para propagar cambios políticos y radicales en la China y Malasia. Claro que estos autores, también como Hachigian (2002) proponen que el uso de medios de comunicación públicos no va a necesariamente llevar a cabo cambios políticos reales. Hachigian (2002) explica que gobiernos autoritarios en el Asia no deben temer la influencia que los medios de comunicación públicos pueden tener en sus sociedad ya que estos estados tienen a su alcance una serie muy importante de métodos de represión, tanto física como mental, que pueden ser usados para no solo contrarrestar el efecto de estos medios sino también para poder influenciarlo. Es decir que la influencia de estos medios sobre el uso de represión gubernamental se puede concebir como un problema empírico. Por esta razón en este artículo nos proponemos llevar adelante un análisis de las repercusiones positivas y negativas para los Derechos Humanos de una mayor disponibilidad de medios de comunicación pública.

Si bien la propuesta del análisis es universal, la región latinoamericana es escogida como laboratorio por dos razones: primero esta región ha visto un crecimiento exponencial en el uso y aplicación de medios de comunicación pública; segundo esta región pasa por una situación política coyuntural, que se debe a la existencia de algunos regímenes políticos que vienen demostrando un autoritarismo creciente. Lo último hace que la región se diferencie marcadamente de los regímenes asiáticos que han mantenido sistemas autoritarios o democráticos desde mediados del siglo pasado.

Este artículo está estructurado en la siguiente manera: la segunda sección presenta un resumen del estado de los Derechos Humanos en Latinoamérica; la tercera sección presenta nuestro análisis empírico al resumir nuestra base de datos y lista de variables; la cuarta sección resume los resultados empíricos y la última sección concluye el artículo.

El estado de los Derechos Humanos en la región latinoamericana no puede analizarse fuera de un contexto mundial. Los países de esta región se inscribieron en la misma campaña que el mundo que surgía después de la hecatombe de la II Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos constituyó para Latinoamérica y el mundo un acicate para que gobiernos y ciudadanos se planteen la necesidad de emprender una lucha para la difusión y extensión de garantías que proveen a todo ciudadano una vida digna, sin distinción de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional, social o económico. Estos conceptos fueron concebidos en una nueva dimensión que respondía al “nuevo orden” político, económico, social y cultural que se pretendía implantar con las Naciones Unidas en 1945.

Si se pretendería plantear nociones distintas entre Norte América y Europa Occidental, frente a la América Latina de la segunda mitad del siglo pasado, en cuanto al significado profundo de los Derechos Humanos en la región, tendría que tenerse presente que de un poco más de 50 miembros originales de las Naciones Unidas, la mitad fueron Latinoamericanos, puesto que debieron pasar muchos años hasta la década de los años 60, del siglo pasado, para que se inicie una amplia cadena de independencia de antiguos pueblos coloniales que ingresan a las Naciones Unidas para llegar a ser, ahora, más de 190 Estados Miembros.

Aun cuando puede sostenerse que, históricamente, América Latina participó tardíamente, e inclusive afirmarse que no todos los países de la región lo hicieron con similar entusiasmo, en la II Guerra Mundial, una vez que los Estados latinoamericanos formaron parte de la nueva organización mundial se empeñaron por no mostrar diferencia alguna, en cuanto a la convicción latinoamericana sobre la necesaria promoción de los Derechos Humanos, con sus socios norteamericanos y europeos y los países de la región también se mostraron prestos para emprender  la campaña común, de unir esfuerzos para lograr la plena vigencia de los derechos y las garantías individuales en todo el mundo. Los países latinoamericanos, en esos primeros años del nuevo orden mundial,  al menos institucionalizaron los Derechos Humanos dentro de los sistemas jurídicos nacionales. (Declaraciones de los delegados en la reunión de Chaillot, París, 9 y 10 de diciembre de 1948) (Naciones Unidas, 1948).

En términos de la aplicación práctica de las instituciones democráticas y de los Derechos Humanos en América Latina, puede ser dable también encontrar diferencias, especialmente si se considera que los respetos a los Derechos Humanos y la cohesión democrática en América Latina pasaron por vaivenes según los gobiernos que se sucedieron en “olas” que demostraron apegos al establecimiento de regímenes auténticamente democráticos y respetuosos de los derechos ciudadanos o gobiernos autoritarios, muchos de corte castrense, cuyo único mérito, a los ojos de Washington, era el haberse declarado profundamente anticomunistas (Schmitz, Peter y Sikkink, 2002).

Las diferencias sociales profundas, presentes en los países latinoamericanos, también en la práctica, pudieron haber constituido serios obstáculos para la consolidación de la democracia y por ende por el respeto y difusión de los Derechos Humanos, lo que en términos comparativos con Norte América y Europa pudo haber significado un problema mayor y por ende haber obligado a un esfuerzo también mayor por parte de los gobiernos y de las ciudadanías de la región, todo esto en contraste con la menor gravedad del problema y por el requerimiento menor de esfuerzos nacionales, en países del Occidente. Pero sin duda en América Latina se logró consolidar, en las primeras dos décadas de la posguerra, una situación en materia de democracia y de Derechos Humanos mucho mejor que en otras latitudes del mundo, que seguían empeñadas en guerras de liberación nacional, pugnas étnicas y otras situaciones dramáticas de luchas fratricidas.

El 25 de junio de 1993, los representantes de 171 Estados adoptaron por consenso la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. En Viena no se inventaron nuevos conceptos, tampoco se propusieron nuevos alcances de los Derechos Humanos, se recogieron en la Declaración y Plan de Acción muchos criterios comunes sobre las dimensiones de autonomía e independencia que deben tener los organismos, comisiones y grupos de trabajo que, por mandato de los Estados que suscribieron los aludidos compromisos, debían pronunciarse con recomendaciones y exhortaciones dirigidas a los países que mostraban desvíos en el cumplimiento cabal de los acuerdos pertinentes.

Los Estados latinoamericanos se sumaron también al entusiasmo general que se orientaba a impedir algunas consabidas justificaciones de regímenes de corte autoritario, de presentar auto reputados avances en algunas materias, para que se cierren los ojos de la comunidad internacional sobre la inmovilidad de la situación en otros derechos o, peor aún, para evitar críticas por el deterioro en la vigencia y aplicación de garantías y derechos fundamentales. A principios de los años 80 y 90, cuando campearon en América Latina gobiernos democráticos, se avanzó mucho en las institucionalizaciones jurídicas y políticas que también beneficiaron a los Derechos Humanos (Lutz y Sikkink, 2000). Los estándares que la región exhibía, en estas materias, eran superiores a otras regiones del mundo y comparables con los países de larga tradición en el respeto y la difusión de los Derechos Humanos. La subsistencia de uno o dos gobiernos autoritarios en la región, constituía la excepción que confirmaba la regla. Esos gobiernos autoritarios que quedaban en América Latina rompían un marco generalizado que prometía avanzar y alcanzar mayores y mejores niveles.

Sin embargo, hoy se ha presentado el riesgo de que esas consideraciones vayan a ser reditadas, a juzgar por las posturas de algunos gobernantes de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), un grupo de países que incluye a Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Aquí se puede notar la intención de cambiar la fórmula que ha venido aplicándose desde mediados del siglo pasado. Los gobernantes de Venezuela y Ecuador, por ejemplo, han llamado la atención del mundo al cometer algunos actos imprudentes como encarcelar a periodistas y políticos de la oposición. Además del ALBA, Brasil y Perú están activamente presionando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una serie de reformas que pudieran disminuir los poderes de la última y conseguir que estos regímenes actúen de una manera menos transparente.

Existe abundante literatura sobre la conexión incuestionable entre la difusión de los Derechos Humanos y los Medios de Comunicación. La misma Organización de las Naciones Unidas en su publicación oficial “Los Derechos Humanos y los adelantos científicos y tecnológicos” (1993) destaca el gravitante papel de los medios de comunicación para hacer práctica la libertad de opinión y de expresión.

Esta vinculación con las libertades de opinión y de expresión, en materia de Derechos Humanos, de los medios de comunicación social en general da especial importancia a la libertad de las personas, como eje fundamental para la vigencia de los Derechos Humanos y de la Democracia, que señala que no debe ser solamente un conjunto de garantías institucionales, sino precisamente la libertad de los seres humanos para identificarse con una colectividad. Nos preguntamos, entonces, si parte de este nuevo proceso político que adopta algunas prácticas que no han sido evidentes en Latinoamérica por muchos años se debe también al crecimiento de los medios de comunicación públicos en el Siglo XXI.

El propósito principal de nuestro análisis empírico es investigar si los medios de comunicación han tenido una influencia positiva o negativa en cuanto a la promoción y a la vigencia de los Derechos Humanos en Latinoamérica. Los países que forman parte de nuestra investigación son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La elección de estas naciones se debe únicamente al hecho de que estos tienen una serie estadística disponible desde el año 1981 hasta el 2010. 

La variable dependiente en las regresiones es EMPINX, este es un índice aditivo construido de varios índices que toman en cuenta los siguientes Derechos Humanos: el derecho a la migración internacional, a la migración domestica, libertad de expresión, libertad de reunión, derechos de los trabajadores, autodeterminación electoral y libertad de religión. El índice varia entre 0 (cero respeto por estos siete derechos) a 14 (libertad absoluta). Este índice fue creado por Cingranelli y Richards (2010).

CIRI es el índice de derechos humanos más amplio y reconocido del mundo. Este índice abarca una gama más amplia de indicadores clave de derechos humanos que las demás medidas políticas similares, como indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial. Como tal, es el índice de derechos humanos más ampliamente utilizado en la literatura (Schmitz y Sikkink, 2002). Sin embargo, igual que otras medidas subjetivas ampliamente utilizadas en la literatura, CIRI también abarca algunos inconvenientes, lo que significa que los resultados provenientes de un análisis estadístico utilizando esta medida deben ser interpretados con cautela. En primer lugar, CIRI requiere la interpretación de información cualitativa, lo que significa que las normas pueden variar entre diferentes observadores y expertos. Sin embargo, los datos utilizados para formar el índice se basan en los informes anuales del Departamento de Estado de los Estados Unidos e informes anuales de Amnistía Internacional, lo que sugiere que una gran cantidad de opiniones de expertos son utilizadas para generar el índice. En segundo lugar, las comparaciones entre países son difíciles al usar escalas ordinales, porque un gran violador de los derechos humanos podría terminar con la misma puntuación que un país con abusos relativamente menores. Sin embargo, el uso de técnicas de datos de panel, particularmente efectos fijos, en este estudio se centra en los cambios dentro de los países, en lugar de las comparaciones entre países.    

Utilizamos una especificación estadística comúnmente empleada en esta literatura (Poe y Tate, 1994). La represión de los derechos humanos es una herramienta para los gobiernos para resolver conflictos internos. Si un gobierno está amenazado, reacciona mediante la represión de los derechos humanos, por ejemplo, a través de encarcelamientos, torturas o asesinatos. Dado que en las democracias los procesos políticos implican la negociación de las partes, los conflictos se pueden resolver de una manera más tranquila en comparación con las autocracias. En las democracias, los gobiernos represivos pueden ser expulsados ​​de su cargo en las elecciones. Por otra parte, las libertades propias de las democracias permiten a los ciudadanos para dar a conocer y denuncian actos abusivos. En general, se espera que la democracia para mejorar el respeto de los gobiernos por los derechos humanos. Por ende utilizamos el índice de democracia de Marshall et al. (2011) que toma el valor de -10 si el régimen es completamente autocrático y un valor de +10 si este régimen es completamente democrático. Además utilizamos una variable que toma el valor de 1 si el país ha ratificado el tratado de San José y 0 si este no es el caso.

La mayor parte de expertos sostienen que las violaciones de derechos humanos deben disminuir con el desarrollo económico, sin embargo, aumenta con el crecimiento económico (Dreher, Gassebner y Siemers, 2012). Cuanto mejor sea la situación económica, medida por la cantidad y calidad de los bienes y servicios disponibles, menor el potencial para conflicto, y por lo tanto represión (  Mitchell y McCormick, 1988). El efecto del crecimiento económico es teóricamente menos evidente ya que el crecimiento económico es el motor del desarrollo económico. Sin embargo, el crecimiento por lo general implica ganadores y perdedores, y puede, por lo menos temporalmente, aumentar la desigualdad del ingreso y la riqueza. Como consecuencia, aumentan las tensiones sociales y políticas y con ellas la probabilidad de acciones abusivas. Para probar estas consideraciones teóricas, contamos con el producto interno bruto (PIB) per cápita y el crecimiento del PIB en nuestro análisis. Además, utilizamos gastos gubernamentales (por ciento del PIB)  para controlar en nuestro análisis el tamaño del sector militar en un país. En teoría un país con un sector militar grande, tiene las herramientas necesarias para terminar con cualquier conflicto social usando fuerza bruta.

Consideramos también que la escasez de bienes (y por lo tanto el potencial de conflicto) es mayor en países con mayor población. El crecimiento de la población, entonces, aumenta la escasez de productos y recursos. Por lo tanto, tanto el tamaño de la población y el crecimiento de la población pueden aumentar la probabilidad de acciones gubernamentales represivas. Estas variables provienen del World Development Indicators del Banco Mundial.

Además de estas variables estándares propuestas en la literatura,  para poder medir el crecimiento de los medios de comunicación públicos en América Latina usamos tres variables: el uso de celulares registrados por cada 100 personas; el uso de líneas de teléfono registradas por cada 100 personas y acceso al internet por cada 100 personas. Estas variables también provienen del World Development Indicators del Banco Mundial. La Tabla 1 resume las estadísticas utilizadas en nuestro análisis.
La Figura 1 demuestra que el uso de estas tres formas de comunicación ha crecido de una manera significativa durante los últimos 30 años; de manera importante el uso de teléfonos celulares ha tenido un crecimiento explosivo durante los últimos 6 años en estos países.  Por ejemplo, en promedio, en el año 2000 solo 12, 13 y 4 de cada 100 personas tenían acceso a teléfonos celulares, teléfonos convencionales e internet, respectivamente. En el año 2009 estas figuras crecieron a ser 15, 26 y 89 de cada 100 personas, respectivamente. En otras palabras, el uso de celulares en América Latina ha tenido una tasa de crecimiento de 136% por año. Tasas similares se han encontrado en otros países en vías de desarrollo (véase Rouvinen, 2006).

La Tabla 2 presenta los resultados del análisis estadístico. Las dos primeras columnas usan el método Tobit, las columnas 3 y 4 usan Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), las columnas 5 y 6 presentan los resultados del análisis usando Efectos Fijos y las últimas dos columnas presentan los resultados de las regresiones usando Efectos Fijos y variables sometidas a un lapso de un año.

El método Tobit nos deja poder estimar la relación entre estas variables tomando en cuenta el hecho que la dependiente tiene observaciones que no pueden ser mayores a 14 o menores a 0, en otras palabras esa variable no tiene una distribución normal. Una manera de no someter el análisis a las limitaciones de la variable dependiente es transformando esta usando el método propuesto por Cameron y Trivedi (2005) para transformar la variable dependiente (dh) de la siguiente manera.
Los coeficientes calculados al usar dh’ como la variable dependiente son interpretados como elasticidades al usar logaritmos naturales de las variables independientes; esto nos permite poder interpretar las relaciones estadísticas con mayor fluidez. dh’ es utilizado en las Columnas 3 a 8.

MCO es una regresión general que no toma en cuenta las atribuciones particulares de las variables. Efectos Fijos es una regresión que toma en cuenta la realidad que cada uno de estos países es diferente. Por ende, al usar efectos fijos podemos controlar por variables que no podemos observar y que permanecen contantes o fijas durante el periodo del análisis. Por ejemplo, este método toma en cuenta variables institucionales que permanecen constantes en cada país. Finalmente, las columnas 7 y 8 usan variables independientes con el lapso de un año; este proceso es adoptado para clarificar que las relaciones encontradas en las columnas anteriores no se deben a procesos endógenos; es decir que demostramos como un cambio en una variable independiente el año pasado pudo haber afectado al índice de Derechos Humanos este año. Por la tanto el método utilizado en las dos últimas columnas es nuestro método preferido.

Los resultados generales demuestran que el uso de celulares y teléfonos  (por cada 100 personas) afectan de una manera contradictoria a los Derechos Humanos; mientras que el uso de teléfonos tiene un efecto positivo, el uso de celulares es negativo. Estos resultados, en general, se mantienen con todos los diferentes métodos estadísticos empleados. La columna 1, por ejemplo, demuestra que si el uso de celulares aumenta por 100 personas, en promedio el índice de Derechos Humanos bajaría por 2 puntos. Simultáneamente, si el uso de líneas telefónicas corrientes aumenta por 100 personas, el índice de Derechos Humanos subiría por 4 puntos. Las columnas 3 a 8 demuestran resultados similares; la columna 7, por ejemplo, indica que si el uso de celulares aumenta por 10% en un país, el índice de Derechos Humanos bajaría por 10% al año siguiente. Igualmente, si el uso de teléfonos aumenta por 10%, el índice de derechos humanos dentro de un país subiría por 7%, aunque en esta ocasión esta variable es estadísticamente insignificante.

Estos efectos contradictorios, tal vez se deben a que el uso de celulares corresponde más a las clases tradicionalmente marginadas. Tradicionalmente en América Latina, la difusión de teléfonos celulares ayudó a suplir las falencias de los sistemas nacionales de telefonía convencional, especialmente por el acceso mayor de los teléfonos celulares a lugares apartados, en zonas selváticas y altas montañas. Es posible que estas clases, tradicionalmente marginadas, estén ahora usando esta tecnología para organizarse de manera política. La “primavera árabe” demuestra que el uso de teléfonos celulares para grabar información y para organizar manifestaciones es imprescindible. Similarmente, Rheingold (2002), Pertierra et al. (2002) y Paragas (2003) argumentan que el uso de teléfonos celulares, particularmente el text, ayudaron a organizar protestas que facilitaron la caída del régimen de Estrada en las Filipinas.

La difusión de esta tecnología en Latinoamérica probablemente no ha radicalizado a los pueblos de igual manera que en los países del Oriente Medio o las Filipinas. Sin embargo, esta difusión, remarcada en la Figura 1, por lo menos sugiere que los grupos sociales tradicionalmente marginados en la región se pueden estar organizando de mejor manera y por ende explica porque los gobiernos han decidido embarcarse en políticas de represión que han tenido un efecto negativo y marcado en el índice de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, el uso de líneas tradicionales refleja un crecimiento en la infraestructura del país, lo cual puede correlacionarse con gobiernos que son más respetuosos de los Derechos Humanos. Además, existe la posibilidad de que el uso de líneas fijas haya aumentado en segmentos de la población que son más cercanos a los regímenes tradicionales de la región.

El uso de internet no demuestra, en esta ocasión, una relación significativa con los Derechos Humanos. Podemos, entonces, concluir que esto se debe a la desigualdad digital en Latinoamérica. La desigualdad digital se debe a que sectores pobres dentro de la región no pueden afrontar los gastos relacionados con el acceso al internet; no tienen el conocimiento básico para utilizar computadoras; y viven en sectores de baja infraestructura (Dasgupta, Lall y Wheeler, 2001). Esto sugiere que grupos tradicionalmente marginados todavía no tienen acceso a conexiones fijas de internet y por eso la variable no está afectando de una u otra manera a las actitudes de gobiernos en la región.

Las otras variables, en general demuestran, una serie de resultados que son consistentes con lo que se espera teóricamente y que se ha encontrado en la literatura anteriormente. La columna 7, por ejemplo demuestra que si un país ratifica el tratado de San José, este va a aumentar su índice de Derechos Humanos; sin embargo, las otras columnas no encuentran una relación estadísticamente significante. Simultáneamente, hemos demostrado que mientras más democrático un país, más se adhiere este a mantener un nivel alto de Derechos Humanos. Por ejemplo, la columna 7 demuestra que si el índice de democracia sube por 10 puntos, el índice de Derechos Humanos sube por 1,3%. De similar manera las columnas 7 y 8 confirman que el crecimiento de la población en un país está relacionado a una mayor represión y por ende menores derechos humanos. Sin embargo, las columnas 3 y 4 nos dicen que en Latinoamérica, los países más grandes tienden a exhibirse como más respetuosos de los derechos humanos. Los gastos gubernamentales en general están asociados con un nivel menor de Derechos Humano; esto es consistente con las premisas a las cuales no adherimos arriba. Finalmente, el PIB per persona no está relacionado en absoluto con el índice de Derechos Humanos en estos países, aunque las columnas 1 y 2 demuestran que existe algo de evidencia de que países con mayor crecimiento tienden a tener un índice de derechos humanos más bajo, lo cual es consistente con la hipótesis presentada en la sección anterior.

El conocimiento de principios y la comparación de los alcances, en la actualidad, se logra con mayor facilidad que en épocas anteriores por la amplitud de cobertura de los medios de comunicación públicos. Al incrementar su nivel de comunicación en un mundo ya globalizado, las sociedades civiles comparan las situaciones reales en las que se desenvuelven sus sociedades. De esas comparaciones surgen los anhelos de aquellos que estén en inferiores condiciones, para alcanzar niveles similares a los que las personas saben que existen en otras latitudes. Al hacer estas comparaciones los pueblos piden cambio y sus gobiernos reaccionan de una manera represiva.

Nuestro análisis estadístico sugiere que el crecimiento exponencial en el uso de teléfonos celulares en Latinoamérica ha causado una mayor represión política en sus sociedades. La difusión de esta tecnología en Latinoamérica, al igual que en el Asia, probablemente ha radicalizado a grupos sociales tradicionalmente marginados y por ende sus gobiernos han decidido embarcarse en políticas que han tenido un efecto negativo en el índice de Derechos Humanos. El uso de internet, por el otro lado, no ha tenido los mismos efectos, posiblemente porque se mantiene una desigualdad digital en la región. Por supuesto que cuando grupos activistas encuentren mayor acceso al internet, pueden exigir de sus gobiernos algunos cambios en las políticas represivas, ya evidentes en algunos países. Estos gobiernos van a estar confrontados con la posibilidad de aumentar su represión o quizás podrían verse  presionados para maquillar sus políticas a fin de que aparentemente sean más respetuosas de los Derechos Humanos, aun cuando sigan siendo orientadas a consolidar los poderes políticos de los gobernantes.

Una muy simple observación de las identificaciones de cabecillas de protestas ciudadanas en Venezuela, Bolivia y Ecuador, pone en evidencia el uso de herramientas que ofrece la telefonía celular y las redes sociales, lo que demuestra a las claras que las fuerzas policiales y de seguridad de esos países se han hecho más efectivas en su particular misión, por el uso de esas herramientas y canales de comunicación.

Los usuarios de las ciudadanías, al mismo tiempo, han demostrado poder convocarse con mayor rapidez y eficacia, para iniciar esas manifestaciones. En la revuelta policial de septiembre de 2010, en contra de las medidas laborales decretadas por el gobierno del Presidente Correa en el Ecuador, la televisión abierta mostró la rapidez con la que los opositores al régimen acudieron a un cuartel de Policía, en Quito, donde ocurrieron precisamente las manifestaciones en contra del gobierno. Dos años después, el Presidente Correa volvió a pedir castigo para los que él considera complotados y nuevamente  se contaron con los videos y las fotografías captadas con teléfonos celulares. En esta última ocasión, las herramientas que ofrece la telefonía celular y las redes sociales, servirán para volver a montar las investigaciones para determinar autores, cómplices y encubridores del levantamiento del 30 de septiembre.

La correlación que hemos encontrado en virtud a nuestra investigación es doble, por una parte, la telefonía celular ayuda de manera notable a mejorar el poder de convocatoria de los ciudadanos que pretenden protestar por las acciones de los gobiernos autoritarios y alertan sobre los lugares donde las manifestaciones de protesta pueden ser más eficaces y seguras, aparte de conceder una movilidad a los protestantes que antes era impensable. Al mismo tiempo, los mismos medios e instrumentos utilizados por las fuerzas del orden, hacen mucho más efectiva la represión.

La mayor eficacia de los protestantes pone en alerta a las autoridades de control y los gobernantes se muestran empeñados en buscar métodos, inéditos de control. En el Ecuador y en Venezuela, por ejemplo, sus gobiernos plantean un mejor reparto de las frecuencias radio-eléctricas, con el propósito de reducir drásticamente los porcentajes que tradicionalmente se concedía a los medios privados de comunicación social, incluidos los relativos a la telefonía móvil. La nueva Ley ecuatoriana de Comunicación plantea revisiones periódicas de las concesiones de las mencionadas frecuencias y los “méritos” que se calificarán en las revisiones, para la ratificación de la concesión o para la cancelación de las mismas, dependerá de la conducta demostrada por los tenedores privados de las frecuencias.

Los usuarios privados de las redes sociales y de la telefonía celular están conscientes de los nuevos retos, pero aún no encuentran mecanismos adecuados para contarrestar las represiones de los gobiernos autoritarios. Se nos ocurre que esos mecanismos de lucha contra las represiones tendrán que descansar en las acciones solidarias de la sociedad civil internacional.

Bibliografía

Abbott, Jason P (2001), Democracy@internet.asia? The challenges to the emancipatory potential of the net: Lessons from China and Malaysia, Third World Quarterly 22(1), 99-114.

Agre, Phillip E. (2002), “Real-Time Politics: The Internet and the Political Process”, The Information Society: An International Journal 18(5), 311-331.

Cabero Almenara, Julio (1996), “Nuevas Tecnologías, Comunicación y Educación”, EDUTEC: Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 1(Febrero). http://www.uib.es/depart/gte/revelec1.html. Sitio visitado en febrero 1, 2012. 

Cameron, A. Collin y Pravin K Trivedi. (2005). Supplement to Microeconometrics: Methods and Applications. Nueva York: Cambridge University Press.

Cingranelli, David y David L. Richards (2010). “The Cingranelli and Richards (CIRI) human rights data project”. Human Rights Quarterly, 32(2), 401-424.

Cingranelli, David y David L. Richards (2010), The Cingranelli-Richards (CIRI) Human Rights Data Project. http://www.humanrightsdata.org. Sitio visitado en octubre 1, 2011.

Dasgupta, Susmita, Somik Lall y David Wheeler. (2001). Policy Reform, Economic Growth, and the Digital Divide : An Econometric Analysis. Washington, D.C.: World Bank, East Development Research Group, Infrastructure and Environment.

Dean, Jodi, Jon W. Anderson y Geert Lovinik (2006), “Introduction” en Dean, Jodi, Jon W. Anderson y Geert Lovinik (Eds), Reformatting Politics: Information Technology and Global Civil Society, Nueva York: Routledge.

Dreher, Axel, Martin Gassebner, y Lars-HR Siemers (2012). “Globalization, Economic Freedom, and Human Rights”. Journal of Conflict Resolution, 56(3), 516-546.

Gobierno del Ecuador (1998), Plan Nacional de los Derechos Humanos del Ecuador, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/2518. Sitio visitado en noviembre 18, 2011.

Hachigian, Nina (2002), “The Internet and Power in One‐Party East Asian States”, The Washington Quarterly, 25 (3), 41-58.

Dahlgren, Peter (2005), “The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation”, Political Communication 22(2), 147-162.

Davison, Robert, Doug Vogel, Roger Harris y Noel Jones (2000), “Technology Leapfrogging in Developing Countries— An Inevitable Luxury?”, The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 1(5), 1-10.

Estache, Antonio, Marco Manacorda, Tommaso M. Valletti, Alexander Galetovic y Bernardo Mueller (2010), “Telecommunications Reform, Access Regulation, and Internet Adoption in Latin America [with Comments]” Economía 2(2), 153-217.

Gordon, Janey. (2007). “The Mobile Phone and the Public Sphere: Mobile Phone Usage in Three Critical Situations”, Convergence 13(3): 307–319.

Hughes, Christopher R. y Gudrun Wacker (2003), China and the Internet: Politics of the Digital Leap Forward, Londres: RoutledgeCurzon

Headrik, Daniel R. (1991), Invisible Weapon: Telecommunications and International Politics 1851-1945, Oxford, Nueva York y Toronto: Oxford University Press

Ludwikowski, Rett R. (2004). “Constitutionalization of Human Rights in Post-Soviet States and Latin America: A Comparative Analysis”, Georgia Journal of International and Comparative Law 33(1), 3-20.

Lutz, Ellen L. y Kathryn Sikkink. (2000). “International Human Rights Law and Practice in Latin America”, International Organization 54, 633-659.

Marshall, Monty G., Keith Jaggers y Ted Robert Gurr (2011), Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800-2010, http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm. Sitio visitado en noviembre 1, 2011.

Mitchell, Neil y John McCormick (1988), “Economic and Political Explanations of Human
Rights Violations”, World Politics 40 (4): 476–498.

Naciones Unidas (1948), Declaración Universal de Derechos Humanos. (2006, Junio 25). Wikisource, La Biblioteca Libre, http://es.wikisource.org/w/index.php?title=Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos&oldid=45129. Sitio visitado en enero 10, 2012.

Naciones Unidas (1966), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm. Sitio visitado en noviembre 18, 2011.

Naciones Unidas (1966), Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0014. Sitio visitado en noviembre 18, 2011.

Naciones Unidas (1993), Declaración y Programa de Acción de Viena. Asamblea General de las Naciones Unidas. http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp. Sitio visitado en octubre 15, 2011.

Obadare, Ebenezer. 2006. “Playing Politics with the Mobile Phone in Nigeria: Civil Society, Big Business & The State”, Review of African Political Economy 33(107): 93–111.

Oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2006), Los Principales Tratados Internacionales de Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra: Naciones Unidas.

Organización de los Estados Americanos (1948), Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. (2008, Marzo 31). Wikisource, La Biblioteca Libre, http://es.wikisource.org/w/index.php?title=Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre&oldid=130230.  Sitio visitado en enero 5, 2012. 

Paragas, Fernando. (2003). “Dramatextism: Mobile Telephony and People Power in the Philippines”, en K.Ny´ıri(ed), Mobile Democracy: Essays on Society, Self, and Politics. Vienna: PassagenVerlag.

Pertierra, Raul, Ugarte, Eduardo F., Pingol, Alicia, Hernandez, Joel, y Dacanay, Nikos Lexis. (2002). Txt-ing selves: Cellphones and Philippine modernity. Manila: De La Salle University Press.

Poe, Steven C., y C. Neal Tate (1994). “Repression of human rights to personal integrity in the 1980s: A global analysis.” American Political Science Review 88(4), 853-872.

Rheingold, Howard. (2002). Smart Mobs: The Next Social Revolution. Cambridge, MA: Perseus Books.

Rouvinen, Petri (2006). “Diffusion of Digital Mobile Telephony: Are Developing Countries Different?”, Telecommunications Policy 30 (1), 46-63.

Schmitz, Hans Peter y Sikkink, Kathryn (2002). “International human rights.” Handbook of international relations: 517-537.

The Economist (2012, junio 9-15). “Human Rights in Latin America: Chipping at the Foundations”, The Economist, 44-45.

Recibido: 15/07/2015 Aceptado: 15/09/2015 Publicado: Septiembre de 2015

---

Nota Importante a Leer:

Los comentarios al artículo son responsabilidad exclusiva del remitente.

Si necesita algún tipo de información referente al articulo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del articulo al principio del mismo.

Un comentario no es mas que un simple medio para comunicar su opinion a futuros lectores.

El autor del articulo no esta obligado a responder o leer comentarios referentes al articulo.

Al escribir un comentario, debe tener en cuenta que recibirá notificaciones cada vez que alguien escriba un nuevo comentario en este articulo.

Eumed.net se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios que tengan lenguaje inadecuado o agresivo.

Si usted considera que algún comentario de esta página es inadecuado o agresivo, por favor,pulse aqui.