A los mexicanos nos está negada la democracia. A la dictadura de Porfirio Díaz, que gobernó por más de treinta años al país favoreciendo a los grandes barones extranjeros del dinero, le seguiría la dictadura del partido político (o “la dictadura perfecta”, tal como la adjetivara el escritor peruano Mario Vargas Llosa) que fundara en 1929 Plutarco Elías Calles, general sonorense que se convirtió en el auténtico poder tras el trono de los presidentes que gobernaron al país (sic) entre 1928 y 1934: Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo L. Rodríguez (1932-1934), dejando entrever con ello una profunda vocación autoritaria y antidemocrática. (Sin olvidar, por supuesto, que el movimiento armado que inicia en 1910 y culmina en 1920, mismo en el que participara de manera importante el general Plutarco Elías Calles, encuentra su antecedente más inmediato en la intentona de Porfirio Díaz en reelegirse, por enésima ocasión, mediante la vía del fraude electoral en contra de Francisco I. Madero que había sido postulado por el Partido Antirreleccionista, situación ante la cual Madero redactó el Plan de San Luis en el que denunciaba el fraude electoral e incitaba a la población a levantarse en armas contra el dictador.)

Desde su nacimiento el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en sus orígenes Partido Nacional Revolucionario (PNR) y con Lázaro Cárdenas convertido en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), se reveló como un partido fraudulento, violento y profundamente antidemocrático: ante el arrastre y la enorme popularidad de José Vasconcelos, gracias al brillante desempeño del escritor y político oaxaqueño a su paso por el Ministerio de Instrucción Pública y por la Rectoría de la Universidad Nacional de México, el PNR implementó toda una operación de acoso y hostigamiento en contra de sus seguidores que alcanzó su máxima expresión con el asesinato del estudiante Germán del Campo, luego de un enfrentamiento entre vasconcelistas y seguidores de Pascual Ortiz Rubio; finalmente, las elecciones presidenciales se celebraron el 17 de noviembre de 1929, y el día 28 del mismo mes el Congreso de la Unión anunciaba los resultados que favorecían al candidato del partido oficial: Pascual Ortiz Rubio. Al marchar para Estados Unidos, Vasconcelos declaró “que no había sido derrotado en las elecciones, sino defraudado”. De esa manera, la historia del partido que gobernó por 71 años al país, convertido en PRI hacia el último año de la administración de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), comenzaba con un fraude electoral. (Sin desdeñar, por supuesto, que tanto Porfirio Díaz como Plutarco Elías Calles reaccionaron, cada quien a su manera y en su momento, contra las pretensiones reeleccionistas de sus predecesores: Sebastián Lerdo de Tejada y Álvaro Obregón, respectivamente.)

2. Los fraudes electorales de 1940, 1952, 1958 y 1988

Muchos más fraudes sobrevendrían después, acompañados de sus respectivas dosis de autoritarismo y represión. Así lo constatan las elecciones presidenciales de:

1940: ocasión en la que contendieron Manuel Ávila Camacho por el PRM y Juan Andrew Almazán por el recién creado Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN); partido este último que cada día aglutinaba mayores adhesiones como las del Partido Acción Nacional, el Partido Antirreeleccionista, el Partido Laborista, viejos revolucionarios de diferentes facciones, jóvenes universitarios, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) y la Confederación Nacional de Estudiantes, entre otras importantes organizaciones. Los seguidores de Almazán, dispuestos a todo con tal de desafiar las reformas cardenistas, no dudaron en recurrir a las armas. Almazán pidió apoyo al gobierno estadounidense, pero éste no deseaba sufrir los efectos de una nueva guerra civil en México. Con este tumultuoso trasfondo, las urnas se ensangretaron el 7 de julio de 1940. El saldo en la capital del país fue de 30 muertos y 158 heridos. Los resultados oficiales fueron muy poco creíbles: 94% de votos para Ávila Camacho y sólo 5% para Almazán; con Almazán fuera del país y con la mayoría del ejército apoyando a Lázaro Cárdenas, los almazanistas nada pudieron hacer y el 1 de diciembre Ávila Camacho tomó posesión en un ambiente de relativa tranquilidad.

Al respecto, para Martha Beatriz Loyo, historiadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, “a pesar de las promesas reiteradas de Cárdenas de unas elecciones limpias y democráticas, se había regresado a la práctica tradicional; el 7 de julio, la votación fue absolutamente fraudulenta, manipulada e interrumpida por graves disturbios. El enfrentamiento violento entre almazanistas y avilacamachistas fue constante, el ejército y la policía mataron e hirieron a docenas de manifestantes, muchas de las casillas se habían cerrado temprano para evitar problemas de violencia, y muchos votantes no aparecían en las listas y no pudieron votar (…) Los diarios más importantes del país y del extranjero dieron el triunfo a Almazán (…) Sin embargo, los resultados oficiales para la oposición fueron ridículos (…) Pero quedó claro que de aquí en adelante el partido oficial no tomaría jamás el riesgo de unas elecciones libres. La responsabilidad del fraude electoral no fue sólo de Cárdenas, sino en realidad era la consolidación de un sistema iniciado durante los años veinte con el que se habían establecido las reglas del sistema político mexicano, que no tenía nada que ver con la democracia…”.

1952: el 6 de julio de 1952 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Miguel Alemán, después de que éste intentara reelegirse y de nombrar como su sucesor a Fernando Casas Alemán, regente capitalino, con tal de asegurar la continuidad de su régimen. La elección presidencial de 1952 ha sido, sin lugar a dudas, una de las más competidas en la historia política moderna de México. Contendieron en aquella ocasión, Adolfo Ruiz Cortines por parte del PRI; Miguel Henríquez Guzmán, postulado por la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM), y cuya candidatura era apoyada, en un principio, por Lázaro Cárdenas ante las tentaciones reeleccionistas de Miguel Alemán; Vicente Lombardo Toledano, candidato del Partido Popular (PP); y un tanto a la distancia, Efraín González Luna, candidato del Partido Acción Nacional (PAN), partido que contendía, por primera ocasión desde su nacimiento en 1939, en una elección presidencial.

Como parte del proceso de modernización e industrialización del país iniciado por Ávila Camacho (1940-1946) y profundizado por Miguel Alemán (1946-1952), el régimen alemanista utilizó con bastante insistencia un nuevo discurso en el que las nociones de progreso, desarrollo y democracia jugaban un papel central. Progreso material si lo había, pero el desarrollo y la democracia brillaban por su ausencia: la mayor parte del ingreso nacional tendía a concentrarse en unas cuantas manos; en tanto que en el terreno político Alemán ejerció la censura, la represión y el autoritarismo (Jorge Patiño Sandoval fue despedido de Novedades por sus críticas al alemanismo, a Miguel Palacios Macedo se le “invitó” a no colaborar en El Universal por instrucciones del gobierno, “el cuarto poder” en el teatro Lírico fue clausurado por las “alusiones políticas” de “Palillo” contra el “señor presidente” y los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, fueron violentamente reprimidos en el zócalo capitalino y regresados a su tierra en vagones para ganado), y no iba a garantizar tan fácilmente elecciones limpias y transparentes, tal como quedó de manifiesto en las elecciones legislativas de 1949 y, todavía más, en las elecciones presidenciales de 1952.

Tal como lo narra Elisa Servín, historiadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, las elecciones legislativas de 1949 confirmaron que, más allá de las formas, la democracia electoral estaba lejos de ser realidad, pese a los pretendidos esfuerzos de modernización. Tanto Vicente Lombardo Toledano, que había constituido el Partido Popular (PP) en 1947 como brazo político de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM), como los dirigentes de Acción Nacional (PAN), denunciaron infructuosamente las notorias irregularidades cometidas por el partido oficial para imponerse en todos los niveles de las elecciones legislativas de ese año.

Algo todavía peor ocurriría en la elección presidencial de 1952. Tanto durante la campaña como después de la elección presidencial, los candidatos opositores fueron permanentemente acosados y hostigados por el gobierno. Durante la campaña electoral, el hostigamiento más violento se dio en contra de los partidarios de Henríquez Guzmán, ya que la candidatura de éste había movilizado a grandes sectores de la población a su favor dada su propuesta electoral. Los henriquistas se asumieron como los herederos legítimos de la Revolución, y a lo largo de la campaña hicieron hincapié en la necesidad de retomar el proyecto revolucionario, al que consideraban traicionado por el gobierno de Miguel Alemán; planteaban, también, la redefinición de la política agraria y las relaciones entre el gobierno y los sindicatos, así como los cuestionamientos a la corrupción gubernamental (que floreció bastante durante el alemanismo) y la creciente cerrazón de los procesos electorales.

Como respuesta, el gobierno alemanista emprendió toda una campaña de mentiras y descalificaciones en contra de Henríquez Guzmán, de la que no quedaron exentos Lombardo Toledano y González Luna, acusados cotidianamente en la prensa oficialista de ser los candidatos del “comunismo” y de la “reacción”.

Finalmente, durante el transcurso de la jornada electoral del 6 de julio se presentaron múltiples irregularidades y, por tanto, las correspondientes denuncias y quejas por violaciones a la ley en todas las casillas donde hubo presencia de la FPPM, el PAN y el PP, mismas que se agudizaron al terminar el proceso. En la mayoría de los casos, los representantes de los partidos de oposición y/o de sus candidatos vieron obstaculizadas sus actividades y no pudieron impedir que los encargados de las casillas, casi siempre en asociación con los representantes del PRI, manejaran las elecciones a su antojo. Las principales irregularidades en la elección presidencial de ese año, fueron las siguientes: en el Distrito Federal la mayoría de los representantes de la oposición no fueron aceptados por los presidentes de casilla, casi siempre aduciendo que su nombramiento no estaba correctamente registrado; en muchos casos, las autoridades de las casillas realizaron el conteo de los votos sin permitir el acceso a la oposición y/o sin darle a sus representantes copia de las actas de escrutinio, especialmente cuando la votación favorecía a la oposición; se denunciaron diversas formas de coacción del voto, así como la constante presencia de brigadas ambulantes de trabajadores que votaron por el PRI en varias casillas de la ciudad de México; en las ciudades del interior y en el campo las irregularidades se repitieron, sólo que de forma más burda y cuidando menos las apariencias de una elección democrática.

Todo indicaba que Henríquez Guzmán había ganado la elección presidencial. Para esto, el lunes 7 de julio los dirigentes de la FPPM convocaron a sus partidarios a celebrar la “fiesta de la victoria” en la Alameda Central. La manifestación fue brutalmente reprimida. Tal como lo registra la historiadora Elisa Servín, súbitamente transformados por el discurso oficial de manifestantes políticos en “agitadores profesionales”, los henriquistas se encontraban solamente al principio de una feroz campaña de hostigamiento que se tornó cada vez más violenta.

Finalmente la disolución de la Federación de Partidos del Pueblo (FPPM) ocurrió en enero de 1954, tras la sospecha gubernamental de que un grupo henriquista armado había asaltado un cuartel militar en Ciudad Delicias, Chihuahua. El movimiento henriquista declinaba definitivamente.

1958: ocasión en la que contendieron Adolfo López Mateos por parte del PRI y Luis H. Álvarez por parte de Acción Nacional. La campaña del candidato opositor es constantemente acosada y hostigada por el gobierno. El equipo de campaña enfrenta agresiones constantes. El joven candidato de Acción Nacional, Luis H. Álvarez, recibe amenazas de muerte, pasa la noche en una cárcel pueblerina del estado de Zacatecas e, incluso, sufre atentados contra su vida.

Con esos antecedentes, en la elección presidencial del 6 de julio el gobierno de Ruiz Cortines opera y concretiza un fraude en el que se recurrió a todo lo imaginable: electores con varias credenciales votando de casilla en casilla a favor del candidato del partido oficial, clausura de casillas sin previo aviso y apertura de otras en lugares inhóspitos, repartición de credenciales el día mismo de la elección, expulsión de representantes de casilla de la oposición, y casillas donde vota quien quiere, sin credencial y sin padrón; entre otras tantas artimañas y triquiñuelas empleadas por el partido oficial que se negaba a dejar el poder.

Al PAN se le reconoce el 9.4% de la votación total; y al candidato del PRI, Adolfo López Mateos, el 90.6% restante.

1988: año en el que ocurrieron las elecciones más competidas y más cuestionadas de la historia política reciente de México, después de las de 1952 en las que el partido oficial (PRI) recurrió al fraude y a la represión más violenta de la oposición. Ante el hartazgo de la mayoría de los mexicanos con los gobiernos emanados de la Revolución por la corrupción (que empieza a florecer con Miguel Alemán hasta alcanzar niveles escandalosos bajo la irresponsable y frívola administración de José López Portillo), el autoritarismo (expresado en parte en un presidencialismo exacerbado que lo controlaba y que lo decidía todo, y que lo mismo designaba que deponía a gobernadores, diputados federales y senadores de la República), la represión (que va desde la represión a los mineros de Nueva Rosita, Coahuila, ocurrida bajo la gestión de Miguel Alemán hasta los movimientos médico y estudiantil que fueron brutalmente reprimidos por el gobierno de “mano dura” de Gustavo Díaz Ordaz, pasando por la represión a los ferrocarrileros ocurrida durante la administración de López Mateos y por el “halconazo” del jueves de corpus de 1971, entre otros importantes movimientos que fueron violentamente reprimidos por los gobiernos dictatoriales surgidos de la Revolución institucionalizada y convertida en gobierno), la postración económica y financiera en que colocaron al país los gobiernos expansivos e irresponsables de Luis Echeverría y José López Portillo y, por último, al aumento del desempleo y del costo de la vida que tuvieron lugar durante la gris administración de Miguel de la Madrid, todo indicaba que, por fin, el PRI sería desplazado democráticamente por la oposición tanto de la silla presidencial como del Congreso. Desafortunadamente, las cosas no ocurrirían de esa manera: el partido oficial recurriría, una vez más, al fraude electoral para seguir detentando el poder por algunos años más.

El candidato del Frente Democrático Nacional (FDN, alianza conformada por los Partidos Auténtico de la Revolución Mexicana, Popular Socialista, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y por el Partido Mexicano Socialista), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien eventualmente encabezaría la ruptura al interior del partido oficial ante la designación de un tecnócrata neoliberal, Carlos Salinas de Gortari, proveniente de la universidad norteamericana de Harvard, como candidato a la presidencia de la República, trataría de retomar los postulados y principios originales de la Revolución, de los que el partido oficial se había alejado bastante a partir del arribo de los tecnócratas neoliberales al poder con Miguel de la Madrid, lo cual entusiasmó a muchos sectores de la población que se volcaron a apoyarlo de manera decidida. Desde un primer momento, la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas prendió y fue creciendo paulatina y consistentemente. El sistema político mexicano, sin embargo, no estaba dispuesto a perder: cuatro días antes de las elecciones, el 2 de julio, Xavier Ovando y Román Gil, responsables del cómputo electoral del FDN, fueron asesinados en la ciudad de México.

Así las cosas, durante las primeras horas del domingo 6 de julio, la información que llegaba a la Secretaría de Gobernación en Bucareli, misma que fungiría como Comisión Federal Electoral (CFE) durante la contienda, indicaba claramente que el candidato de la izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, iba ganando en algunas entidades del país y prácticamente arrasando en el Distrito Federal, tal como lo reconoció apenas hace poco Manuel Bartlett Díaz, secretario de gobernación en aquel entonces y que fungiría, por lo mismo, como presidente de la CFE. Ante esa situación, reconoce Bartlett Díaz, el presidente de la República, Miguel de la Madrid, le ordenó suspender la información a los representantes de los partidos políticos contendientes, así como a los medios de comunicación. A pregunta expresa sobre el particular, Bartlett Díaz responde: “Sí, dice que me habló (el presidente Miguel de la Madrid) y me preguntó cómo iba la elección, y que yo le respondí que Cárdenas iba avanzando en algunos estados y en el Distrito Federal arrasando, y que entonces me pidió no dar ninguna información, porque si decía que iba ganando el ingeniero, con base en datos parciales, ya después nadie creería que no fue así”.

Mucho se habló en aquel entonces de la “caída” del sistema de cómputo que registraba la información proveniente de los comités distritales distribuidos a todo lo largo y ancho del país, cuando más bien dicho sistema se había “callado” porque la votación estaba resultando adversa para el impopular candidato del partido oficial, Carlos Salinas de Gortari. Rarezas de la vida, una vez que el sistema fue “restituido” la tendencia se revertiría a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Un fraude más se había concretizado. La Revolución hecha gobierno aseguraba, de ese modo, la titularidad del Poder Ejecutivo por seis años más. La verdad es que en aquella ocasión “el sistema de cómputo” se “cayó” (de caerse, de derrumbarse) con tal de manipular la votación a favor del candidato del partido oficial, pero también “el sistema político” mexicano se “calló” (de enmudecer, de silenciarse, de cerrar la boca) a fin de evadirse de una triste realidad: la de no reconocer ante los ojos de millones de mexicanos empobrecidos, golpeados, humillados y muchas veces agraviados de múltiples formas, el hartazgo y la decepción del pueblo para con una Revolución que incurrió en excesos y que dejó de preocuparse por los más desprotegidos para volcarse en un apoyo irrestricto a los dueños del dinero, tanto de dentro como de fuera del país. Si la Revolución le había dado las espaldas al pueblo (a obreros y a campesinos sobre todo, mismos que habían participado tan activa y decididamente en el proceso armado), éste tenía que responder con la misma moneda: dejar de apoyar, mediante su voto, a los candidatos del partido oficial. Aparentemente la deuda estaba saldada, porque la Revolución le infringiría un agravio más al pueblo: el fraude electoral para imponer a su impopular candidato por quinta ocasión; las otras cuatro habían tenido lugar en 1929, 1940, 1952 y 1958.

Finalmente, el 10 de septiembre de 1988 la Cámara de Diputados, erigida en Colegio Electoral, calificó la elección y declaró como presidente de la República a Carlos Salinas de Gortari con los votos del PRI, la abstención del PAN y la ausencia del FDN. Acción Nacional reconocería a Salinas de Gortari como presidente de la República si éste se legitimaba en el ejercicio del poder, y la legitimación ocurriría si Salinas de Gortari se comprometía a realizar algunos cambios que Acción Nacional consideraba como indispensables para el país: la ciudadanización de los órganos electorales para garantizar la inviolabilidad de las elecciones, la apertura económica, la desaparición del ejido, la reprivatización de la banca y el restablecimiento de las relaciones del Estado con la Iglesia. Salinas cumpliría exactamente al pie de la letra: reformó el artículo 27 constitucional, firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), reprivatizó la banca, reformó el artículo 130 constitucional y ciudadanizó a los órganos electorales. De ahí en adelante, el PRI y el PAN conducirían, juntos, la nave del Estado. La abstención del PAN en la calificación de la elección no significó jamás ausencia de política; más bien era una política de apoyo, reconocimiento y colaboración.

Los resultados oficiales de la elección presidencial de aquel año fueron los siguientes: 50.36% de la votación para Carlos Salinas de Gortari del PRI, 31.12% para Cuauhtémoc Cárdenas del FDN, 17.07% para Manuel J. Clouthier del PAN, 1.04% para Gurmesindo Magaña del Partido Demócrata Mexicano (PDM) y 0.42% para doña Rosario Ibarra de Piedra del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

El 12 de julio de 1988, muchos días antes de calificarse la elección, Manuel J. Clouthier protesta frente a Miguel de la Madrid a las puertas de Bellas Artes, es jaloneado y encañonado por miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP); el 16 de julio, una impresionante marcha arranca del Monumento a la Revolución al zócalo en apoyo a Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato del FDN demanda “limpiar la elección”. Finalmente, el 14 de septiembre, cuando la elección ya había sido calificada, Cuauhtémoc Cárdenas anuncia, en un mitin en el zócalo en el que la gente le pedía que tomara Palacio Nacional, la formación de un partido político que sería el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El PRD obtendría su registro como partido político nacional el 26 de mayo de 1989, poco más de dos meses después de que se iniciaran las primeras asambleas distritales que permitieran cumplir con los requisitos de ley para obtener el registro, mismas que habían arrancado en una fecha y en un lugar simbólicos: el 18 de marzo de 1989 en Jiquilpan, Michoacán.

El PRD tomaría como bandera de lucha el tema de la democracia y la crítica al modelo económico neoliberal inaugurado por Miguel de la Madrid (1982-1988) y que profundizaría el ilegítimo presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). En respuesta, la administración salinista excluyó del diálogo al PRD y lo mostró ante la sociedad como un partido violento y peligroso para la estabilidad del país. Durante el sexenio salinista, muchos perredistas fueron hostigados, perseguidos y asesinados: trescientos perredistas caerían en su lucha por la democracia durante la gestión de Carlos Salinas de Gortari. El anquilosado sistema político mexicano recurría, una vez más, a la represión.

3. A manera de conclusión

El Estado social o benefactor mexicano surgido de la Revolución de 1910 y agotado en 1982, mismo que se expresó en un modelo de acumulación denominado como de industrialización por sustitución de importaciones (ISI), descansó en un modelo de legitimación política que se fundamentaba, a su vez, en un partido corporativo hegemónico que lo controlaba todo: al sector obrero (Confederación de Trabajadores de México, CTM), al sector campesino (Confederación Nacional Campesina, CNC), al sector popular (Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP) y al sector de los trabajadores al servicio del Estado (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, FSTSE).

Lo anterior, ya que la Revolución hecha gobierno a través de la conformación del partido oficial, requería de los campesinos, de los obreros, del sector popular y de los burócratas para asegurar su permanencia en el poder; a cambio, los gobiernos emanados de la Revolución se encargarían de procurar la elevación del bienestar de esas clases sociales que habían participado de manera tan importante en el proceso armado de 1910-1920, sobre todo los obreros y los campesinos. Se trataba de una verdadera relación simbiótica: el uno no podía vivir sin el otro, ambos se necesitaban mutua y recíprocamente.

Sin embargo, cuando el control corporativo del partido oficial no bastaba para ganar elecciones, el Estado mexicano recurría al fraude electoral más descarado y a la imposición; así como al acoso y el hostigamiento, e incluso a la tortura física y a la desaparición de los disidentes y opositores que hacían tambalear la permanencia del partido oficial en el poder. Al respecto, ejemplos sobran, uno de los más emblemáticos, el del doctor Salvador Nava en San Luis Potosí, que fue torturado físicamente por el gobierno de López Mateos (1958-1964) a fin de persuadirlo de no participar en política y de ceder en su empeño por desplazar democráticamente al eterno cacique de esa entidad, Gonzalo N. Santos (personaje éste que fue cinco veces diputado a partir de 1924 y dos veces senador, tal como lo revela Esteban David Rodríguez en su excelente libro “Los dueños del Congreso”, ejemplo éste de otro de los rasgos distintivos de la cultura política del partido oficial: la concepción patrimonialista del poder).

Así, pues, hacia 1988 la Revolución mexicana había sido totalmente cancelada por el gobierno neoliberal de Miguel de la Madrid. Los proyectos sociales y políticos de la Revolución fueron totalmente relegados al cajón de los recuerdos. En consecuencia, el pueblo dejaría de apoyar a los candidatos del partido oficial. No obstante, éste pactaría con Acción Nacional para que Salinas fuera legitimado en el poder a cambio de algunas reformas que el PAN consideraba como estratégicas para el país: la apertura económica, la desaparición del ejido, el restablecimiento de las relaciones del Estado con la Iglesia, la ciudadanización de los órganos electorales y la reprivatización de la banca. Salinas cumpliría al pie de la letra.

Finalmente, el PRI coincidía ideológicamente con Acción Nacional. El Estado social o benefactor surgido de la Revolución quedaba prácticamente desmantelado para abrir el paso a un Estado neoliberal oligárquico que agrandaría cada vez más las profundas desigualdades sociales (para 1998, por ejemplo, la CEPAL estimaba que había 45 millones de mexicanos en pobreza extrema; y según la revista Expansión, de los 100 empresarios más ricos de México, 50 de ellos acumulaban 185 mil millones de dólares, o sea, el 45% del PIB) y regionales (v. gr. la zona centro del país genera el 40% del PIB nacional, en especial por su sector servicios, su industria manufacturera y su comercio; en el otro extremo, la región del pacífico sur, golfo y la península de Yucatán, caracterizada por su predominio de actividades primarias, genera apenas el 14.2% del mencionado indicador) heredadas del modelo anterior. La democracia económica quedaría cancelada. Y con el arribo de Acción Nacional al poder, la democracia política también. La ciudadanización de los órganos electorales de nada sirvió; el PAN, ahora convertido en gobierno, también recurriría al fraude y a la imposición, así quedaría de manifiesto en la elección presidencial de 2006 con el fraude cibernético en contra del candidato progresista Andrés Manuel López Obrador. Nada ha cambiado en el país. La represión continúa. Atenco y el movimiento popular y magisterial de Oaxaca son los más representativos al respecto. Ambos fueron brutalmente reprimidos por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Al fin y al cabo, el PAN y el PRI representan lo mismo: la corrupción (al respecto los casos más notables: los inmorales negocios millonarios o multimillonarios de los hijastros de Vicente Fox, así como los de algunos funcionarios como Juan Camilo Mouriño, recientemente fallecido, y Eduardo Sojo Garza-Aldape, actual titular del INEGI y que fungió como coordinador de políticas públicas durante la gestión foxista, negocios realizados siempre al amparo del poder), la represión, el autoritarismo y la concepción patrimonialista del poder. Tan bueno el pinto como el colorado…

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