Ello conduce a señalar que la educación tiene un reto improrrogable en la actualidad de acuerdo con los principales cambios sociales, económicos y culturales que llevan a los sujetos a construir sentidos, representaciones sociales e imaginarios sociales de la sociedad a la cual hacen parte.

Este elemento de lo “imaginario” no sólo se circunscribe al campo de lo moral y lo político, impacta en la vida cotidiana y en los discursos ideológicos. En este sentido, podría afirmarse que existe un poder de lo “simbólico” o poder de producir “sentido” que moviliza ideas para acercarnos a los sujetos en sus interpretaciones de lo que se lee en las realidades.

La línea teórica en la que se analiza el concepto de imaginario parte del reconocimiento de las subjetividades construidas por el lenguaje verbal y simbólico de las relaciones cotidianas, su significación y aceptación de algo como real. Imaginarios sociales se le denomina a los esquemas, construidos socialmente que permiten percibir algo como real, explicarlo e intervenirlo dentro de lo que se considere como realidad. (J. L. Pintos, 1994: 571-572). De esta manera, el núcleo de los imaginarios sociales lo constituyen los sentidos o significaciones que motivan y orientan la existencia humana, y por tanto, los modos de ver y ejercer la ciudadanía como un derecho.

Ahora bien, el concepto de ciudadanía nace en el siglo XVII, ligado a una ciudadanía civil con derecho de propiedad privada, a contratar y ser contratado, entre otros aspectos, y posteriormente aparece como ejercicio político, el derecho a elegir y ser elegido. No obstante, estos conceptos no tienen conexión con la libertad, derecho y equidad, legitimidad, legalidad y calidad de vida.

El fin de la ciudadanía es el goce efectivo de los derechos humanos de las personas, más allá de los conceptos de caridad, beneficencia y ayuda para la pobreza en el marco de los modelos económicos de desigualdad. Evolucionar en el concepto de ciudadanía social en el marco de la igualdad social consiste en la realización de los derechos sociales: derecho a un estándar mínimo de bienestar e ingresos, que comprenden desde el derecho a una renta mínima hasta el derecho a compartir la riqueza social. Estos derechos garantizarían el sentido y las capacidades para la participación democrática.

Desde la perspectiva liberal, la ciudadanía se entiende esencialmente a partir de la entrega de derechos a los individuos. El aspecto central de la formación estará mediado por el conocimiento de las libertades y derechos individuales, la capacidad de decidir moralmente y el aprendizaje de las instituciones y leyes existentes.

Por otro lado, la corriente del comunitarismo plantea que los vínculos sociales determinan -a las personas y que la forma de entender la conducta humana es referirla a sus contextos sociales, culturales e históricos. La formación ciudadana tiene como eje fundamental formar a los ciudadanos al interior de un determinado bagaje de ideas, actitudes y virtudes cívicas que los habiliten para participar efectivamente en los asuntos públicos.

Si la educación es un proceso de formación y potenciación del desarrollo humano integral debe conducir a la construcción de sujetos humanos espirituales conscientes de su situación histórico-cultural, que le exige un sentido de sí, frente a los demás y a la comunidad.

El carácter articulador de la educación, y más claro aún, de la escuela con la vida social están regidas por la ideas de la emancipación, autonomía, razón y derechos humanos. A este respecto, conviene superar la tendencia de la formación ciudadana sólo desde la dimensión cognoscitiva para darle un énfasis desde una dimensión socioafectiva, como resalta Humberto Maturana “y si el niño no puede aceptarse y respetarse a sí mismo, no puede aceptar y respetar al otro. Temerá, envidiará o despreciará al otro, pero no lo aceptará ni lo respetará; y sin aceptación y respeto por el otro, como un legítimo otro en la convivencia, no hay fenómeno social” (p. 32).

El desafío pedagógico de construir ciudadanías pone en evidencia la importancia de establecer proyectos educativos integradores de las dimensiones humanas para la comunicabilidad, la participación, los valores comunitarios, el sentido de la responsabilidad pública, la equidad de género, las identidades culturales y el ejercicio pleno de los derechos humanos. Podría afirmarse que para la escuela significa el impulso de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una integración de lo social y lo local.

Formar para el ejercicio de la ciudadanía significa ante todo un proyecto histórico-hermenéutico, una práctica pedagógica orientada a construir y deconstruir narrativas fundadas en los derechos humanos. Es decir, una ciudadanía solidaria ante el sufrimiento humano, una ciudadanía capaz de fundar un proyecto humanizador.

Los anteriores enunciados dejan entrever que la educación juega un papel clave en la formación de los sujetos sociales capaces de ejercer ciudadanías democráticas y comprometidas con el bienestar colectivo en el marco de los Derechos Humanos.

Pero para que la educación cumpla su propósito se debe definir un currículo contextualizado, entendido éste como el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional con fundamento en las acciones pedagógicas para el desarrollo de habilidades y competencias para la comunicación, la participación, la resolución de problemas, la toma de decisiones y el compromiso de aportar en la construcción de mejores sociedades.

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