Revista: Caribeña de Ciencias Sociales
ISSN: 2254-7630

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LA UNIVERSIDAD COMO CATALIZADOR DEL DESARROLLO LOCAL EN ECUADOR

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1. Introducción

En los últimos tiempos, los modelos económicos que marcaron tendencia han ido decayendo paulatinamente, sumado a esto la desregularización ha conllevado una profunda crisis de reproducción de la vida humana, traduciéndose en una crisis del sistema donde predomina el capital, para la solución concreta desde los gobiernos. De acuerdo a datos de la CEPAL existe alrededor de 900 millones de personas que viven en hambruna, en América Latina el año 2014 alcanzó 12 por ciento la extrema pobreza con un incremento importante respecto al año anterior.

En América Latina en especial países como Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina y por ende Ecuador han dado pasos agigantados respecto a la integración de los sectores vulnerables de la economía, en este sentido en el caso del Ecuador en el año 2008 se modificó la Constitución, donde se pretende alcanzar o dar tratamiento diferenciado preferencial para impulsar el desarrollo de una Economía Popular y Solidaria (EPS), asunto en el que se incluyen a los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de producción de bienes y servicios en la satisfacción de las necesidades mínimas vitales con intención de crecimiento y fortalecimiento de la familia, en el que se integren a la comunidad local y buscar su desarrollo desde lo endógeno, proceso en especial sin ánimo de lucro a diferencia de los rasgos que constituyen el capitalismo.

Ecuador es reconocido por la particularidad especial de proyectos basados en la solidaridad, reciprocidad y cooperación, tendientes a favorecer en todo el proceso al ser humano, donde se contempla la naturaleza en  la participación ciudadana, en la que se renuncia a la obtención de utilidades, al beneficio individualizado o de la minoría y a la acumulación de bienes como en el pasado.

Con la intención de implementar este nuevo esquema económico mediante la aplicación del Plan Nacional del Buen Vivir, en el año 2009 fue expedida la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, cuyo objetivo es garantizar, propiciar y fomentar la participación de los ciudadanos y demás en la toma de decisiones, en la política pública como en la prestación de servicios públicos y sentar bases del proceso de rendición de cuentas.

Se considera a  la Universidad un actor de importancia por el impacto que tiene en la sociedad como gestor en el desarrollo local, en los procesos de capacitación, transferencia de tecnología, información y conocimiento; desde el momento de su creación, es fuente de crecimiento pues las universidades se establecen como entidades económicas, ocupan edificios, pagan sueldos, compran materiales, entre otros. Esto tiene un impacto en el corto plazo en la economía regional, pero la formación de los estudiantes, la potenciación del capital humano, la investigación, la extensión y tecnologías son de importancia en el largo plazo.

Por esta razón, el objetivo de este  artículo es de mostrar el rol de la universidad en el contexto del desarrollo local y de la Economía Popular y Solidaria en Ecuador.

2. Revisión de la Literatura
Para el caso específico de Ecuador existe una Ley de EPS (Presidencia de la República, 2011) en la cual se define que el sistema económico se integra por las formas organizativas públicas, privadas, mixtas, populares y solidarias. Desde el punto de vista jurídico y socialmente la EPS no ha sido visibilizada y ha estado marginada de las políticas públicas (Guridi, Jubeto & Villalba, 2013).

La ley en su esencia constituye un primer paso hacia un nuevo modelo donde la sociedad moviliza, organiza, distribuye y genera recursos y capacidades para producir, comercializar y consumir bienes y servicios satisfaciendo las necesidades, priorizando la solidaridad sobre la competencia y el trabajo sobre el capital. Establece la institucionalidad pública para la rectoría, regulación, control y acompañamiento, donde sus principios se establecen sobre la búsqueda del bien común, la prevalencia del trabajo sobre el capital y del interés colectivo sobre los individuales, la responsabilidad social, y la distribución equitativa y solidaria de los excedentes.

Los emprendimientos de la EPS pueden estar constituidos legalmente según las normas jurídicas vigentes, o bien ser informales para dichas leyes Coraggio (2012).

Es por ello que el proceso de realización de proyectos que potencien las actividades de EPS constituye un punto significativo en la agenda del gobierno ecuatoriano como una forma idónea de incentivar el mercado local propiciando el desarrollo en estos espacios locales en favor del propio desarrollo de los habitantes de dichas localidades, Boza (2015).

En Ecuador la EPS está compuesta por: (a) el conjunto de recursos que comandan, (b) las actividades que realizan para satisfacer sus necesidades de manera inmediata o mediata --actividades por cuenta propia o dependientes, mercantiles o no--, (c) las reglas, valores y conocimientos que orientan tales actividades, y (d) los correspondientes agrupamientos, redes y relaciones --de concurrencia, regulación o cooperación, internas o externas-- que constituyen a través de la organización formal o de la repetición de esas actividades, los grupos domésticos (unipersonales o no) que dependen para su reproducción de la realización ininterrumpida de su fondo de trabajo.

Esto excluye las unidades domésticas (UD) que cuentan con una acumulación previa que les permitiría reproducirse económicamente sin trabajar, en base a una corriente esperada de rentas, o que tienen como principal fuente de ingreso la ganancia resultante del trabajo asalariado ajeno.

Cada UD es un grupo de individuos, vinculados de manera sostenida, que son --de hecho o de derecho-- solidaria y cotidianamente responsables de la obtención (mediante su trabajo presente o mediante transferencias o donaciones de bienes, servicios o dinero) y distribución de las condiciones materiales necesarias para la reproducción inmediata de todos sus miembros. Una UD puede abarcar o articular uno o más hogares (entendiendo por “hogar” el grupo que comparte y utiliza en común un presupuesto para la alimentación, la vivienda y otros gastos básicos), coresidentes o no, basados en la familia o no, y participar en una o más redes contingentes comunitarias (de reciprocidad) o públicas (de redistribución social) presentes en la sociedad local. El fondo de trabajo de una UD es el conjunto de capacidades de trabajo que pueden ejercer en condiciones normales los miembros hábiles de la misma para resolver solidariamente su reproducción y Buen Vivir, Acosta (2008).

Los microemprendimientos mercantiles son organizaciones colectivas de trabajo dirigidas a producir o comercializar bienes o servicios en los mercados Boza (2016). Pueden incluir miembros de la UD (familiares o no) así como otros trabajadores asociados o contratados. La capacidad de trabajo puede ser utilizada entonces de diversas formas y también atendiendo a distintos objetivos, económicos, políticos, sociales, etc. Sin embargo, desde la perspectiva de sus poseedores, los trabajadores, el objetivo principal es socioeconómico: lograr medios que sustenten su vida en sociedad, en las mejores condiciones posibles y según la calidad de vida.

El problema de la capacidad emprendedora para satisfacer necesidades de otros es más profundo cuando se centra en detectar necesidades (mercados) y satisfactores nuevos, evaluar las propias capacidades, agenciar los recursos y organizar la producción. En esto, la introspección sobre las propias necesidades e historia de consumo y la imitación son procesos relevantes que también deben ser desarrollados, como una fase previa a la innovación.

Desarrollar las capacidades de emprendimiento supone el desarrollo de capacidades cognitivas, interpretativas, reflexivas y comunicacionales básicas. La ausencia de una educación básica adecuada incorpora esta tarea a los proyectos, Boza (2015). Por eso es importante fortalecer y reformar los sistemas de educación formal en las zonas donde son deficientes y se interviene con una perspectiva de mediano plazo, Hernández (2011).

Pretender lograr estos cambios supone un proyecto político cultural y un amplio movimiento que lo sustente de manera congruente en la escena política y en las búsquedas colectivas de resolución a los problemas urgentes de cada localidad o grupo, articulando los esfuerzos de desarrollo local dentro de una perspectiva macro-social del desarrollo.

Las tareas a realizar por los gobiernos locales son el diseño de los programas y actuaciones necesarias para potenciar un desarrollo lo más armónico posible de la comunidad local; la identificación de las potencialidades de desarrollo endógeno y su integración en los programas regionales y nacionales de desarrollo; además del apoyo a los proyectos e iniciativas locales, Kliksberg (2002).

La cuestión de la construcción social de una tecnología orientada hacia la inserción productiva constituye un desafío actual frente a la escalada de problemas derivados de la desigualdad y de la crisis del régimen salarial. La noción de “tecnología social” es usada aquí como herramienta para la elaboración de un eje analítico dirigido a una crítica de la apropiación y desarrollo tecno-científico al servicio de la acumulación ilimitada del capital. Esto está, además, en conexión con el debate sobre el modo de producción asociado cooperativista, como forma transicional que cuestiona los límites de la forma capitalista de apropiación del trabajo, Mozón (2003).

La apuesta por la transformación de las relaciones de producción, a partir de la expansión del cooperativismo y de la autogestión, implica:

a) El desarrollo socio-productivo de empresas y comunidades populares, apoyadas en trayectorias innovadoras.
b) La producción científica y tecnológica necesaria para la interface entre medios y modos de organización del trabajo con base en la cooperación productiva
c) El énfasis en procesos alternativos de sociabilidad autónoma en los ambientes de trabajo, en las empresas y en los territorios.

La reflexión sobre las tecnologías sociales se inscribe en esa correlación e interface entre conocimiento científico, desarrollo tecnológico y aplicación directa a los procesos de trabajo, que intensifican y valorizan las nuevas formas de organización de la producción social.

En relación con los sistemas de incubación según el criterio de Lalkaka (2003), la incubación de empresas se acopla a una infraestructura que se vincula con profesionales de distintas áreas, consta de servicios y espacio físico para los participantes o quienes necesiten tanto ayuda técnica y comercial, entre otros servicios, además se articula como un proyecto que busca la transformación del grupo embrionario que nace de la escasez; un grupo capaz de cooperar en una propuesta de inserción social y productiva.

De esta manera se trata de encontrar otras respuestas más allá de las redes de protección social y de las formas de trabajo fragmentado, precarizado, subordinado y dependiente, pues se diseña una alternativa de doble vía: busca tanto la renta básica de la ciudadanía como la cooperación autónoma de los productores.

La articulación de las dinámicas procesales de la incubación combina el abordaje educativo y la perspectiva sociológica, configurando lo que se puede denominar un proyecto político pedagógico. Proyecto que está enfocado a la inserción social por la vía de la organización de los grupos populares y tiene por eje las formas de trabajo asociado. El proceso de incubación propugna la afirmación de la ciudadanía como clave para impulsar cambios cualitativos en las formas de organización del trabajo, apuntando a la superación de las estrategias económicas de supervivencia basadas en las fuentes informales y difusas del trabajo autónomo precarizado, y combatiendo, de este modo, la posición marginal de las clases.

En los contextos actuales las incubadoras actúan a través de nuevas líneas de investigación, enseñanza y extensión, hacia dentro y hacia fuera de las universidades, reconstruyendo las trayectorias de los centros tecnológicos y de los países en desarrollo. La acción de las ITCP (las Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares) se desarrolla incluyendo las dimensiones interdisciplinarias y transdisciplinarias, fomentando la experimentación y transformando los patrones organizativos proyectados hacia el binomio de cooperativismo y autogestión (Marcillo & Salcedo, 2010).

Este proceso de las incubadoras es de recién implementación en Ecuador. En este sentido se han dado pasos significativos para lograr asociaciones de economías populares y solidarias que incentiven la innovación tecnológica lo cual se respalda en las leyes que implementa el gobierno actual, a partir de comprender que la cooperativa popular se convierte, por acción de las ITCP, en una célula básica de la democracia de los productores/ciudadanos; pasa a ocupar una dimensión jurídica e institucional en las transformaciones que marcan el viraje en el proceso de producción de valor, y en la creación y distribución del excedente social.

El sistema de incubación de empresas que existe actualmente en Ecuador está conformado por tres incubadoras de empresas ubicadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Loja. Adicionalmente, existe la iniciativa de crear nuevas incubadoras en Cuenca, Ambato y en otras ciudades del país. De manera complementaria, se han creado algunos centros universitarios de desarrollo empresarial que proveen servicios previos al proceso de incubación de empresas, los cuales se han articulado mediante la creación de un Sistema Ecuatoriano de Apoyo a la Formación de Emprendedores (SEAFE) fundado por seis universidades en alianza con las incubadoras de empresas, Alles (2012).

También debe resaltarse la existencia de incubadoras de empresas que existen en Ecuador las cuales se ocupan de dar apoyo (jurídico, asesoramiento financiero, y comercial) a la hora de iniciar un negocio la cuales pueden apoyar el desarrollo de los emprendimientos locales en el marco de la EPS fomentando el desarrollo local. 

A partir de ello, en el contexto de la EPS, surgen procesos de articulación entre emprendimientos, instituciones de enseñanza e investigación que resalta el papel de los actores y la necesidad de identificar estrategias de actuación para el trabajo articulado de los mismos en función del desarrollo local, Razeto (2003).

2.1 La Universidad en el contexto de la EPS para el desarrollo local
La concepción actual del desarrollo local se sustenta en la imbricación de los actores que se enmarcan en las diferentes localidades, los cuales son considerados gestores del desarrollo. En los diferentes espacios locales adquieren cada vez mayor protagonismo, en los procesos de reestructuración productiva, los emprendimientos, las instituciones sociales y gubernamentales, los gobiernos como actores sociales cuya capacidad de intervención constituye un aspecto medular del desarrollo (Hernández, 2012).

Un actor significativo a destacar es la Universidad por el impacto que tiene en su rol de gestor del desarrollo local a través de los procesos de capacitación y transferencia de información y tecnologías, Boza (2015).

La Universidad ha cambiado su perspectiva y se  ha abierto, progresivamente, a las nuevas demandas de la sociedad y  ha desarrollado un papel cada vez más activo en la prestación de servicios a la colectividad en general y a las empresas y al mercado laboral en particular.

Esta apertura se ha materializado en el surgimiento de iniciativas crecientes de intercambio y relación con su entorno tanto en el área de la docencia a través de la formación pre y pos-laboral como en la investigación mediante la transferencia tecnológica, al tiempo que la universidad ha adquirido cada vez un mayor protagonismo y presencia en su ámbito local de actuación.

En el criterio de Quintar (2007) la universidad y la producción de conocimiento tienen algunas implicaciones, como la formación de los individuos, quienes producen por definición, el lugar de producción y de difusión del conocimiento y de la cultura, en general forman investigadores al interior de los centros de estudio. Es precisamente esta labor docente y formadora por otra parte la más tradicional y conocida la que sin duda más reformas ha experimentado a lo largo de los años dada la necesidad de acomodar los conocimientos impartidos a las demandas reales de la sociedad.

El mejor desarrollo y organización de una sociedad tan compleja como la actual requiere un mayor grado de conocimiento y de capacidad de los individuos y, en este sentido, la sociedad es cada día más exigente con la institución de la que depende esa elevación general de las cualificaciones.

Resulta imprescindible proceder a un replanteamiento en profundidad de las enseñanzas y los planes de estudio tradicionales mediante el establecimiento de currículos más abiertos y pluridisciplinares que faciliten una mayor polivalencia y rápido reciclaje de sapiencias, así como prestar una mayor atención al reciclaje permanente de los conocimientos y las técnicas para evitar la rápida obsolencia profesional.

Una alternativa podría ser la de diseñar cursos de formación similares a los de extensión universitaria, cursos de corta duración con título que contribuirían a la actualización de currículum de estudios universitarios y postgraduados o cursos de reciclaje ad hoc para las empresas, siempre bien adaptados a la estructura económica y social de la región, Alles (2013).

La escasa relación de la universidad con el mundo de la empresa ha hecho que muchas de las investigaciones realizadas en el seno de la universidad no hayan sido aplicadas, o que a menudo las iniciativas en las que participaba esta institución fueran desarrolladas más por un grupo de profesores fuertemente implicados en un proyecto que como fruto de una iniciativa del conjunto de la universidad. Ello se ha debido, sobre todo, a la dificultad de movilizar en una acción de larga duración un potencial universitario suficiente y dispuesto a adaptarse a la flexibilidad requerida.

Del mismo modo, y hasta no hace mucho, la universidad y la empresa se han mirado siempre con gran suspicacia. La universidad temía que una relación más formalizada con el mundo empresarial prostituyese los resultados de sus investigaciones enredando a la institución en un burdo comercialismo y amenazando su libertad académica. Por su parte, la empresa se quejaba del poco sentido práctico de las investigaciones universitarias y de las ideas hostiles a la empresa y al capitalismo de gran parte de la comunidad académica.

Las prioridades de la investigación tampoco han ido parejas, pues mientras los universitarios tienden a calificar la investigación industrial como algo intelectualmente poco satisfactorio, la empresa consideraba gran parte de la investigación académica como algo estéril y lento, y ambos estamentos se acusaban mutuamente de burócratas. Como resultado de esta falta de interrelación, muchas investigaciones de la enseñanza superior no han salido nunca de los departamentos universitarios o sólo han visto la luz en publicaciones especializadas con muy poca difusión.

En criterio de Pena et al (2011) las incubadoras están disminuyendo la brecha existente entre la empresa y la universidad, en el sentido que la universidad propicia el ambiente de intercambio, poco le interesa la cuestión política del medio y su fin está orientado en la preparación de la sociedad como un todo. De acuerdo a los resultados que demuestran las incubadoras, coparticipando con los entes de estudio superior a través de firma de convenios de cooperación con la universidades en general, desarrollando proyectos cooperativos  de manera conjunta de Investigación y Desarrollo (I + D), en paralelo las incubadoras ejecutan en estas actividades los objetivos propuestos en su conformación a través de tribunas adecuadas para los individuos, que tienen una idea para cristalizarla en un proyecto que posterior con el apoyo implique un negocio.

Pese a todo, en muchas universidades están avanzando progresivamente desde los estudios de interpretación de la realidad económica, científica y tecnológica a la investigación aplicada como un fruto de la creciente profesionalización de los investigadores y de la búsqueda de una mayor operatividad práctica en los estudios teóricos, así como de una mayor permeabilidad de la cultura universitaria respecto a las demandas y necesidades del entorno social.

Este cambio de rumbo se ha debido fundamentalmente a la asunción por parte de la universidad de una nueva función que la relaciona directamente con la empresa: la transferencia tecnológica. Como consecuencia cada vez hay más departamentos universitarios  que tienen contactos con industrias, empresas o consultarías de su sector para realizar los trabajos más diversos y heterogéneos.

En este sentido, la creación de las fundaciones universidad-empresa, los parques científicos y tecnológicos, las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTT) o las Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI), se han convertido en instrumentos importantes dentro del campo de la colaboración pública-privada al unificar los esfuerzos de empresas privadas, administraciones públicas de diferentes niveles y universidades para promover el cambio tecnológico y la difusión de la innovación. 

Es decir, que en principio existe tanto el marco legal como la estructura institucional adecuada para apoyar una actividad de transferencia tecnológica más intensa. Por lo tanto, y a pesar de los avances de la última década, en muchos casos lo único que falta es la voluntad de aprovecharlo.

Para las universidades la transferencia de tecnología conlleva tres claros beneficios: mejora la calidad de la enseñanza y la investigación permite la obtención de recursos suplementarios y contribuye a la competitividad de las empresas y por tanto al desarrollo económico del entorno.

Sin embargo, también requiere de ella la realización de inversiones en equipamiento y recursos humanos y una revisión y cuestionamiento de sus estructuras internas, sus formas de funcionamiento, así como del status y el comportamiento de sus miembros.

Todas las funciones anteriormente mencionadas hacen que tanto la universidad como los centros tecnológicos desempeñen un papel mucho más determinante en el desarrollo de sus respectivas áreas locales y regionales de lo que en principio podría suponerse.

Sin embargo, los términos y lugares de referencia de la universidad siguen siendo en parte exteriores al medio en el que se inserta y los debates que en ella se generan tienen a menudo una dimensión internacional que dificulta la conversión de la universidad en un instrumento de desarrollo y animación al servicio de su entorno socioeconómico más inmediato. Por este motivo, las universidades han tardado mucho en aceptar responsabilidades en el desarrollo económico local o nacional y los cambios han sido muy lentos.

En algunos casos todavía no se ha producido por parte del equipo docente la superación de la mentalidad de años pasados, volcada hacia las grandes magnitudes macroeconómicas y para la que las posibilidades de desarrollo local eran consideradas como actividades marginales en el crecimiento económico. Por otra parte, las autoridades territoriales, sobre todo las municipales, tampoco  han tomado conciencia sobre la responsabilidad e implicación de la universidad en materia de desarrollo económico, social y cultural.

Así pues ha sido necesario un largo proceso para empezar a superar la indiferencia de la “universidad-torre de marfil” tradicional hacia su entorno, la ignorancia de las instituciones políticas locales en cuanto a los medios que podía poner en marcha la universidad para ayudarles en su voluntad de desarrollo, y la ignorancia de la universidad en cuanto a sus propias potencialidades.

Para la adecuada labor de las universidades se deben identificar acciones estratégicas que propicien la imbricación entre estas y los emprendedores locales como una vía para alcanzar el desarrollo local, donde también debe involucrarse el gobierno en sus diferentes escalas territoriales como gestor de los procesos tanto desde el punto de vista jurídico como institucional.

A lo largo del siglo XX se hizo evidente la inexistencia de una política científica tecnológica rigurosa que sumado a la escasez de recursos en los centros de investigación, se hizo muy difícil la investigación, la innovación y el acercamiento de la universidad a la problemática local.

En la actualidad se ha producido, no obstante, un cambio sustancial, no sólo porque la crisis económica ha puesto de manifiesto la necesidad de ensayar fórmulas alternativas para la creación de empleo, sino también porque la situación política ha permitido la configuración de poderes regionales anteriormente inexistentes y la universidad empieza a gozar de cierta autonomía de funcionamiento, posibilitando con ello un mayor acercamiento a las comunidades universitarias resaltando su papel en el desarrollo local.

También del lado de las autoridades nacionales, regionales y locales se ha producido un importante cambio de perspectiva. La universidad ha dejado de ser para ellas un centro donde sólo se celebran debates académicos, para convertirse en proveedor de un conocimiento práctico. En muchas regiones la crisis industrial o la reestructuración rural han llevado a las autoridades a dirigir sus miradas hacia la universidad como fuente de crecimiento económico y recurso potencial de ideas innovadoras y de empleo.

La función potencial de las universidades para el desarrollo local depende directamente de la estructura de la localidad donde se enmarque. En este sentido enriquecer el diálogo con su entorno, las estructuras, las autoridades, las empresas locales dan a la universidad la información necesaria para responder de la forma más adecuada a las necesidades y retos que tenga planteada cada zona concreta.

La universidad puede ejercer, asimismo, una función de asistencia técnica para las autoridades locales en cuanto a la puesta en marcha de las políticas de desarrollo y de fomento de la región, para lo cual debe ser capaz de comprender la complejidad de las fuerzas y la diversidad de los actores del desarrollo, de formular propuestas y de efectuar evaluaciones.

De igual forma puede apoyar a los creadores de empresas informando a los estudiantes acerca de las posibilidades de establecer su propia empresa, sobre lo que se necesita para crear una empresa y sobre las organizaciones que pueden prestar asistencia técnica y cursos de formación. Al mismo tiempo debe señalarse que otra actividad importante de la universidad, en este contexto, es impartir cursos sobre gestión de nuevas empresas.

Es fundamental seguir reclamando el compromiso de la universidad (y de los universitarios) con el desarrollo del territorio en el que está instalada, pero difícilmente se puede pensar que será ella la institución motriz inicial de un proceso de desarrollo local, ni se puede suponer que por mucha voluntad que tenga, sus acciones podrán dar resultados mientras no se lleven a cabo en un contexto más amplio de movilización colectiva y acompañadas de otras acciones complementarias definidas en el marco de una política y una estrategia de desarrollo global.

En el caso de Ecuador a partir de junio de 2002 se ha llevado a cabo el Programa Andino de Competitividad que promueve la implementación de centros universitarios de atención a emprendedores en la Escuela Politécnica de Ejército, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Tecnológica América.

En los últimos años varios países, entre los que también se encuentra Ecuador, han fomentado la colaboración entre empresas y universidades y han impulsado la actividad empresarial directa de estas últimas y con el auspicio de la Corporación Andina de Fomento (CAF), se desarrollan 20 eventos de sensibilización para la creación de empresas, dirigidos a decanos, directores de programas, docentes y estudiantes de las tres universidades, Morlás, (2012).

El objetivo es fomentar la creación de empresas de base tecnológica para explotar comercialmente los resultados de la investigación realizada en el ámbito universitario. La universidad con su rol de emprendimientos abre nuevas oportunidades para el progreso social a través de una más rápida y efectiva aplicación comercial del conocimiento científico.

La producción y difusión libre de los resultados de la investigación académica publicada en libros y revistas constituye también una segunda vía de reversión de conocimiento en beneficio de toda la sociedad. 

Como se ha visto, la transferencia de conocimiento desde la universidad a la empresa constituye uno de los ejes que vertebran la política del actual gobierno ecuatoriano y a través de ella vincula a los programas de innovación de los países miembros de las diferentes alianzas con instituciones iberoamericanas. Esta política de innovación se fundamenta en unos diagnósticos de la situación de partida en la que se encuentra Ecuador comparada con otros espacios nacionales o supranacionales.

En este sentido el presidente del Ecuador, el economista Rafael Correa, en su acto de asunción en nueva etapa como gobernante señala como debilidades del sistema ecuatoriano: la innovación para la competitividad, la débil estructuración de las relaciones universidad-empresa y una deficiente transferencia de conocimiento y tecnología desde el sector público al sector empresarial e industrial, principalmente en referencia a la incipiente actividad de creación de nuevas empresas de base tecnológica (spin-off y start up). Por lo que se plantea que las universidades y centros de investigación tienen como misión crear y difundir conocimiento para el desarrollo de una sociedad sostenible en lo económico, social y medioambiental.

A partir de esta prioridad gubernamental, las universidades ecuatorianas se han propuesto fortalecer la relación con el sector empresarial, en el marco de una de sus funciones fundamentales - la vinculación. Tal es el caso de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, institución donde se ha llevado a cabo este trabajo, cuyos resultados se analizan en el epígrafe correspondiente.

3. Metodología
Para el cumplimiento del objetivo trazado durante la investigación se emplearon métodos teóricos y empíricos, se utilizó el método dialéctico, acompañado de una revisión bibliográfica y se procesaron materiales dispersos en revistas, artículos, libros, así como fuentes originales y en algunos casos material inédito. Estudios de la temática, como criterios de varios autores que investigan el tema, contribuyen de manera decisiva al cumplimiento del objetivo. Se desarrollaron talleres entre profesores cubanos y profesores de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

4. Resultados
4.1. La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)
Tomando el análisis hasta aquí realizado como base para su desempeño en este ámbito, la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ),  por acuerdo del Consejo Universitario, aprobó en el año 2009 la creación del Centro de Negocios con atención al público de Quevedo y sus alrededores, para esto el Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO), entregó a este centro el equipamiento y mobiliario necesario para su funcionamiento, en los actuales momentos este centro está en proceso de acreditación como incubadora universitaria ante el SENESCYT.

Paralelamente   a esto las autoridades de la UTEQ, con el objetivo  de fortalecer los procesos de emprendimientos capacitó a 42 docentes de la institución en un programa de fortalecimiento denominado formador de formadores, desplegado por el MIPRO y la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) del mismo que calificaron a seis docentes como capacitadores nacionales en emprendimiento, este proceso abarcó un programa en extenso sobre la pedagogía de desarrollo y dirección de proyectos a todo nivel (sistema de enseñanza – aprendizaje que sólo necesita el participante saber leer y escribir), el programa fue replicado en la UTEQ a 50 participantes donde se desarrollaron algunos proyectos que hasta la actualidad están ejecutándose.

Las universidades y centros de investigación tienen como misión crear y difundir conocimiento para el desarrollo de una sociedad sostenible en lo económico, social y medioambiental.

5. Conclusiones
El término de economía popular y solidaria se identifica no solo con la producción de bienes y servicios y su correspondiente consumo, sino que evidencia un crecimiento en materia de humanización de las relaciones sociales de producción, como la transformación gradual y sustentada del mismo, lo cual está en plena correspondencia con las políticas sociales que se llevan a cabo en América Latina, en especial en Ecuador con el proyecto del Buen Vivir que despliega el gobierno de  Rafael Correa.

En este proceso cobran fuerzas las actuaciones de los diferentes actores claves que tributan a la práctica de la EPS, los cuales desempeñan diferentes roles de acuerdo con el contexto y su objeto social como las universidades. Es por ello que la definición de acciones, para conducir el trabajo mancomunado de los actores, se considera un aspecto medular para la adecuada implementación de las actividades que implica la economía popular solidaria.

La apertura del  centro de emprendimientos  en  la UTEQ ha marcado un impulso considerable a la labor de la universidad como catalizador del desarrollo social a través de los diferentes proyectos y acciones de capacitación efectuadas para preparar a los actores de la comunidad y sus instituciones para la gestión de este proceso.

6. Referencias bibliográficas

Recibido: 22/06/2016 Aceptado: 24/06/2016 Publicado: Junio de 2016

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