Revista: Caribeña de Ciencias Sociales
ISSN: 2254-7630

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VENEZUELA, CUNA DEL CONTINENTE LIBRE (1810-1812)

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INTRODUCCIÓN

José Martí Pérez, Apóstol de la independencia de Cuba, en un trabajo que publicara bajo el título “Un viaje a Venezuela” (Martí, 1991, 19: 153) calificó a Caracas como: “… la Jerusalén de los sudamericanos, la cuna del continente libre”. Denominación que como otras presentes en su obra, tuvo el propósito de reconocer el importante lugar ocupado por este territorio en Hispanoamérica, específicamente en el proceso de lucha por su independencia del yugo colonial español, enmarcado en la segunda y tercera década del siglo XIX.
Con similar objetivo se referiría a sus principales próceres, entre los que destacó a Francisco de Miranda, Simón Bolívar y José Antonio Páez. Asimismo, subrayó el importante papel desempeñado por las masas populares, en particular por aquellos sectores desposeídos, como los campesinos, esclavos e indígenas, convertidos en factores decisivos para el alcance de la independencia de la región.
Estos calificativos martianos no fueron meras alabanzas ni opiniones de circunstancia. Sus amplias lecturas y el constante intercambio con notables personalidades, le habían proveído de un cúmulo de conocimientos que le permitieron desentrañar la más profunda verdad histórica, aun cuando la literatura de la época se empeñaba en la exaltación de individualidades, en detrimento del decisivo desempeño de los pueblos.
Al mismo tiempo, por su vínculo con la región llegó a conocer la situación creada en el interior de las naciones, una vez alcanzada la independencia de España y establecidas las repúblicas hispanoamericanas. De manera particular, pudo palpar estas experiencias en México, Guatemala y Venezuela, países en los que residió temporalmente. En virtud de ello, es posible afirmar que durante su estancia en tierras venezolanas, entre los meses de enero y julio de 1881, su pensamiento:
“…alcanza un ahondamiento en los problemas raigales del Continente, discierne el camino adecuado para su enfrentamiento, comprende la interrelación histórica y geográfica de esos problemas y de sus soluciones, y manifiesta una autoconciencia como hombre y como escritor, aspectos todos que conforman un proceso único y que ajustan perfectamente los unos con los otros.” (Rodríguez, 2010: 150)

 “¡Ni de Rousseau ni de Washington viene nuestra América, sino de sí misma!”
(Martí, 1991, 8: 239)

La ubicación geográfica de Venezuela, directamente conectada con el importante espacio caribeño insular y en una prominente posición respecto a la América del Sur, unido a la evolución histórica de sus primeros siglos coloniales, configuraron su peculiar situación política, social, económica y demográfica.
Como país con costas al Mar Caribe, Venezuela se desarrolló bajo un fuerte dominio político colonial por parte de España, habida cuenta de que este espacio geográfico históricamente se formó y consolidó como una frontera de imperios. (Bosch, 2010).  
Su clima favoreció el desarrollo de una economía de fuerte componente agrícola, en particular de café, tabaco y cacao. Sería este último cultivo, extendido por las zonas bajas de la costa y las vertientes meridionales de la cordillera, su renglón más floreciente de fines del siglo XVIII.
Su alta demanda enlazaría a Venezuela con países en vías de desarrollo capitalista, vinculados a un mercado mundial. En primer orden, a través de la propia metrópoli y de Nueva España, al que se agregaría, de manera destacada, un incontenible contrabando con piratas y corsarios de naciones rivales, fundamentalmente holandeses e ingleses que operaban desde las antillanas islas de Curazao y Trinidad. A ello favoreció las extensas costas venezolanas y la no despreciable indulgencia y participación de los funcionarios coloniales. (Brito, 2006)
Dentro de este régimen económico fue notable la presencia de entidades agrarias latifundistas, conocidas como plantaciones, desarrolladas sobre la base de una intensa explotación esclava, con producciones orientadas al mencionado mercado mundial.
En el campo demográfico, la Capitanía General de Venezuela de fines del siglo XVIII se asentaba sobre una estructura altamente compleja, en el que sus componentes étnicos, jurídicos, clasistas y culturales se entrelazaban complicadamente.
Desde un prisma general -y por tanto no del todo eficaz- pudieran diferenciarse dos grandes grupos: los poseedores del monopolio de la riqueza, frente a una inmensa mayoría despojada de ella.
Desde el ejercicio del poder político y el disfrute de las riquezas económicas, la supremacía la detentaban los sectores integrados a los mecanismos de dominación colonial: altos representantes del gobierno y sus dependencias administrativas, jurídicas, fiscales, militares y eclesiásticas. De otra parte, la inmensa sociedad criolla, virtualmente alejada de los principales cargos públicos y limitada en la realización de los más altos niveles de emancipación personal y social existentes por entonces.
En su interior, un abanico de grupos y castas: blancos (peninsulares, canarios y criollos), pardos, negros (manumisos, esclavos y cimarrones), e indígenas (tributarios, no tributarios y marginales), completaban un abigarrado espectro social, en el que indígenas, campesinos, peones y sobre todo, la gran masa negra y esclava que trabajaba y subsistía en haciendas y plantaciones, corría la peor suerte.
En el orden físico geográfico las ciudades acogían a la mayoría de los ricos hacendados, comerciantes y altos funcionarios de la corona y la iglesia; el resto, la mayoritaria población, residía en las áreas rurales.
Estas características generales, hacían de la venezolana una sociedad sumamente heterogénea y estratificada, de una escasa movilidad social y profundos conflictos internos. (Brito, 1972)
Como el resto de la región hispanoamericana, su economía se encontraba lastrada por el sistema colonial impuesto por España, caracterizado por un marcado atraso científico técnico de profunda repercusión en las ramas productivas, junto a una elevada recaudación de impuestos que frenaba el desarrollo del comercio interior y obligaba a la elevación de los precios. En suma, un persistente monopolio comercial acaparaba el intercambio con el exterior –la Compañía Guipuzcoana, fue el caso más destacado- reduciéndolo a los puertos metropolitanos, algunos puntos de Hispanoamérica –como Veracruz, por ejemplo- y a los países calificados como “neutrales”. Estas últimas disposiciones, aunque fueron atenuadas por las reformas borbónicas del siglo XVIII, en la práctica se erigieron en obstáculos perniciosos para la producción y el comercio venezolano.
Al mismo tiempo, las disposiciones Reales y sus aplicaciones en el interior de la colonia venezolana, reservaban el ejercicio del poder político a los ciudadanos de origen peninsular. Sólo en determinadas instituciones políticas de las villas y ciudades, sobre todo en los cabildos, existían algunos espacios para los criollos acaudalados, aupados por intereses cada vez más crecientes.
Serían estos últimos, en alto grado conocedores de los adelantos políticos, culturales, científicos, técnicos y de organización social que ya signaban favorablemente al mundo circundante, quienes reclamarían un mayor espacio en la conducción de su propio destino, de manera particular en la esfera mercantil, lo que les acarrearía serios conflictos con los comerciantes monopolistas metropolitanos.
Una mención especial merece la elevada preparación cultural adquirida por estos ricos criollos, a lo que contribuyó decisivamente su contacto con las obras de los intelectuales europeos y el conocimiento de acontecimientos de trascendencia universal, como la Independencia de las Trece Colonias y la Revolución Francesa. A esta relación se tributó por varias vías, entre las que sobresale el traslado de los criollos adinerados a sitios de particular importancia para la época, como Europa y los nacientes Estados Unidos de Norteamérica. También por la llegada a Venezuela de una amplia gama de materiales “sediciosos” –libros, folletos, proclamas, etcétera- provenientes, fundamentalmente, de las islas antillanas en poder de Gran Bretaña y Holanda, las que fueron utilizadas sistemáticamente como una activa fuente de subversión sobre Hispanoamérica.
Así ocurrió, por ejemplo, con importantes documentos de la guerra independentista norteamericana, como la “Declaración de independencia de Estados Unidos” y su constitución republicana de 1787; también los relacionados con la Revolución Francesa, como la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”.
De esta forma el amplio movimiento filosófico de la segunda mitad del siglo XVIII y sus expresiones prácticas, estimularon a amplios sectores sociales hispanoamericanos, sobre todo a sus más acaudalados representantes, a intentar replantear su actitud ante la sociedad, a hacer frente a los tradicionales cánones religiosos y a cuestionar las formas de poder y participación política del ámbito venezolano.
A esta compleja situación es necesario agregar el reclamo de un mayor reconocimiento social, por parte de los denominados “Pardos”, grupo social que alcanzaba el 45% de la población de la colonia venezolana para los albores del siglo XVIII (Brito, 1972: 132). Esta actitud suscitó la fuerte oposición de terratenientes esclavistas y funcionarios coloniales.
Entre los acontecimientos de alcance universal que influyeron en Venezuela, también debe incluirse el proceso iniciado en 1791 en Haití, devenido en aguda lucha anticolonial y coronado con la creación del estado independiente en 1804. Sería, como en el resto de Hispanoamérica, una incidencia de doble dirección. Y es que las rebeliones esclavas y hasta las conspiraciones relacionadas con la igualdad racial, se convirtieron en fuente de inspiración para negros y mulatos que anhelaban su emancipación personal; pero, al mismo tiempo, en el perenne desvelo de los ricos criollos hispanoamericanos que rechazarían cualquier forma de lucha que entrañara el riesgo de un levantamiento esclavo.
Así, la reticente posición de la oligarquía nativa respecto a la abolición de la esclavitud y el reconocimiento de la igualdad social, se convirtió en un factor retardador de la independencia, sobre todo en los lugares donde, como en Venezuela, el número de negros libres y esclavos, pardos e indígenas tenía una alta presencia dentro de su entramado social y económico.
También a semejanza de lo ocurrido en el resto de los territorios de Hispanoamérica, en Venezuela las protestas y reclamos que se opondrían en alguna forma a la intensa explotación colonial, serían protagonizados por sectores medios y bajos de la sociedad.
Entre los más importantes deben mencionarse el alzamiento armado que protagonizara hacia 1749, el Juez de Comisos en Panaquire Juan Francisco de León, contra el monopolio comercial implantado por la compañía Guipuzcoana.
Años más tarde, en 1795, la insurrección armada protagonizada por José Leonardo Chirino, influido por la ola revolucionaria que provocó la Revolución Francesa y, sobre todo, por su más nítida expresión en el Caribe: la lucha desatada en Haití. Por todo ello, Chirino y sus seguidores proclamaron “La Ley de los franceses”, que desde su perspectiva significaba: la eliminación de los impuestos, abolición de la esclavitud y eliminación de otros privilegios sociales.
La más radical de estas rebeliones sería la organizada por los venezolanos Manuel Gual y José María España, bajo el influjo del español Juan Bautista Picornell.
La históricamente reconocida como “Conspiración de Gual y España”, logró incorporar a abogados, comerciantes, curas y maestros de profesión, tras el objetivo de destituir a las autoridades españolas, implantar la libertad de comercio y crear una República –integrada por Caracas, Maracaibo, Cumaná y Guayana. También se proyectaba por la declaración de los derechos de libertad, propiedad y seguridad; junto a la igualdad entre las clases sociales, sobre la base de la eliminación de la esclavitud y el tributo indígena.
Este intento, aunque fue abortado en sus inicios, tuvo una profunda repercusión en toda la región al señalar descarnadamente los principales males de la situación colonial y las medidas que, desde la perspectiva de sus organizadores, debían acometerse para su transformación.
El conjunto de estos hechos acontecidos en Venezuela, unidos a otros de igual y superior importancia sucedidos en otros lugares de Hispanoamérica, se consideran movimientos precursores de la independencia, pues aunque no adquirieron dimensiones nacionales ni se identificaron con propósitos libertarios -salvo la Conspiración de Gual y España, reclamaron cambios en el sistema colonial hispanoamericano, sobre todo en su esfera socioeconómica y comercial.  
Paralelamente a esta compleja y fecunda situación interna, en el exterior de Venezuela se desarrollaba una de las facetas más intensas de su lucha revolucionaria que la singulariza dentro del espacio independentista hispanoamericano. Labor que encuentra su representante más genuino y destacado en Francisco de Miranda y Rodríguez.
Nacido en Caracas el 28 de marzo de 1750, Miranda transitó de ser un joven oficial del ejército español hasta convertirse en uno de los principales luchadores contra el dominio ibérico sobre América. Trayectoria que transitó por varias etapas y diversos contextos hispanoamericanos, caribeños (Padrón, 2010), africanos, asiáticos y europeos.
Como resultante de este intenso bregar y su profundo desarrollo intelectual, Miranda se consolidó como el hombre de mayor conocimiento, prestigio y proyección revolucionaria de las últimas décadas del siglo XVIII y primeras del entrante.
Desde los inicios de su labor emancipadora 1 , se proyectó por establecer una sola nación, formada con los territorios hispanoamericanos liberados, bajo el singular nombre de Colombia 2. En otras palabras, en su pensamiento y acción la independencia y unidad de Hispanoamérica fueron elementos inseparables.
De manera paralela, acometería una sistemática gestión ante los gobiernos de Rusia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos, en busca de los medios necesarios para expulsar a España de Hispanoamérica. También estructuraría una amplia red de agentes y redactaría proclamas, planes constitucionales, militares y de gobiernos, y otros documentos que integran el más extenso catálogo revolucionario. Al no recibir el respaldo solicitado, en 1806 organizó la primera expedición independentista que arribara a la región.
Dos años después, y motivado por la ocupación napoleónica de la península ibérica, incrementaría sus escritos a favor de la independencia, editaría un periódico -denominado El Colombiano, y enviaría sistemáticas misivas a Hispanoamérica.
Son estos aportes los que le han hecho merecedor del título de Precursor de la independencia hispanoamericana.
Pero Miranda iría más allá, pues también se desempeñaría con un papel protagónico en la Primera República de Venezuela, convirtiéndose en un factor decisivo para la temprana declaración emancipadora de este territorio. Así se elevó sobre su obra precursora, para inscribirse también entre los iniciadores de la independencia.
Una acertada valoración de los antecedentes mencionados, la realizó José Martí (Martí, 1991, 8: 244) en el discurso pronunciado en honor a Simón Bolívar, en la velada organizada en la Sociedad Literaria Hispanoamericana, el 28 de octubre de 1893:
“Bajo las sotanas de los canónigos y en la mente de los viajeros próceres venía de Francia y de Norte América el libro revolucionario a avivar el descontento del criollo de decoro y letras, mandado desde allende a horca y tributo; y esa revolución de lo alto, más la levadura rebelde y en cierto modo democrática del español segundón y desheredado, iba a la par creciendo, con la cólera baja, la del gaucho y el roto y el cholo y el llanero, todos tocados en su punto de hombre: en el sordo oleaje, surcado de lágrimas el rostro inerme, vagaban con el consuelo de la guerra por el bosque las majadas de indígenas, como fuegos errantes sobre una colosal sepultura. La independencia de América venía de un siglo atrás sangrando: -¡Ni de Rousseau ni de Washington viene nuestra América, sino de sí misma!”

“Con los hábitos monárquicos, y el sol por pecho, se echaron a levantar pueblos los venezolanos por el Norte y los argentinos por el Sur.”
(Martí, 1991, 6: 18)

La irrupción del ejército napoleónico en la península ibérica en 1808, con la consiguiente desaparición del poder metropolitano español, se convirtió en la coyuntura propicia para que las elites criollas hispanoamericanas intentaran crear juntas locales de gobiernos, a semejanza de las establecidas en España. (Fernández, 2005: 180-193)
El primer ensayo en esta dirección aconteció en agosto de 1808 y tuvo por escenario a Nueva España, pero la tentativa fue aplastada por la reacción de los sectores aliados a la monarquía, los que desterraron al Virrey y apresaron a los principales jefes criollos. Un movimiento de similares propósitos se gestó el 24 de noviembre de ese mismo año en Venezuela, tras la petición de un nutrido grupo de ricos propietarios para que se creara una junta local. Intento también rechazado, encauzándose a los principales comprometidos. 
En La Habana3 , por su parte, un grupo de acaudalados criollos intentaría el 17 de julio de 1808 convencer al gobernador Salvador de Muro y Salazar, marqués de Someruelos, de la conveniencia de formar una junta. Mas la propuesta contó con la decidida oposición y hostilidad de los grupos dominantes en la Intendencia de la Real Hacienda, la Superintendencia de Tabacos, la Comandancia de la Marina y los comerciantes españoles, tras lo cual tuvo que ser abandonada. (Hernández, 2011 y Pérez, 2012)
Al año siguiente se crearían juntas en las importantes ciudades de Quito y Alto Perú, pero fueron disueltas drásticamente por las fuerzas realistas.

1. Luego de estos infructuosos intentos, el movimiento comenzaría a consolidarse en 1810 con la creación de juntas en Venezuela (abril), Buenos Aires (mayo), Santa Fe de Bogotá (julio), Quito (septiembre) y Santiago de Chile (septiembre); un año después se establecería en Asunción (mayo).
2. También en 1810, el Virreinato de Nueva España sería sacudido por las conmociones sociales, aunque a diferencia de lo ocurrido en el resto de los territorios hispanoamericanos, el movimiento estaría respaldado por una amplia participación popular, al frente de la que se destacaría el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla.
3. A partir del establecimiento de estas primeras juntas, aunque no se declaró de inmediato la independencia y en algunas regiones lo harían muy a posteriori, el papel desempeñado por los criollos en la vida de las colonias ya estaría presente de un modo insoslayable y ascendente. (Guerra, 2003: 65-80)

En Venezuela, el proceso se afianzaría luego del establecimiento de la mencionada “Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII”, el 19 de abril de 1810. Los propósitos fundamentales de los veintisiete criollos que la organizaron, fueron los de rechazar la ocupación francesa de la península ibérica, preservando el reinado de su monarca, Fernando VII, quien desde hacía dos años se encontraba cautivo de Napoleón Bonaparte. También buscaban afianzar su autonomía frente al Consejo de Regencia constituido en la metrópoli, tras la disolución de la Junta Central.
Entre sus primeras disposiciones, la junta expulsó a las autoridades coloniales destituidas, liberó el comercio y prohibió el tráfico de esclavos. Además, invitó al resto de las provincias venezolanas para que se sumaran al movimiento juntista. Llamado al que responderían afirmativamente las demarcaciones de Margarita, Mérida, Cumaná, Barinas, Barcelona y Trujillo. En contraparte, Maracaibo, Coro y Guayana declararon su hostilidad a los sublevados de Caracas y su fidelidad al Consejo de Regencia hispano.
Al mismo tiempo, los juntistas enviaron una comisión a Curazao y Jamaica, a cargo de Vicente Salas y Mariano Montilla, quienes lograron establecer relaciones comerciales con ambas islas. A Santa Fe de Bogotá, en Nueva Granada, se envió a José Cortés de Madariaga, quien aseguró la firma de un “Tratado de Alianza y Federación entre Cundinamarca y Venezuela”. La enviada a Washington, estuvo integrada por Juan Vicente Bolívar, Telésforo Orea y José Rafael Revenga, la que no alcanzó su objetivo de conseguir el apoyo de ese país a la junta venezolana, ni de adquirir armas para la defensa del país ante posibles ataques enemigos.
Una cuarta y última comisión, integrada por Andrés Bello, Luis López Méndez y Simón Bolívar, fue enviada a Londres para gestionar el apoyo de Inglaterra, considerada la potencia más importante de la época. Sería también un objetivo no alcanzado.
Dos meses después del establecimiento juntista se convocó a elecciones, a celebrarse entre los meses de octubre y noviembre de 1810, con el objetivo de integrar la Junta General de Diputación de la Provincia de Venezuela, entidad devenida posteriormente en congreso de la nación. Un llamado que sólo contempló a los hombres blancos, mayores de 25 años y propietarios de bienes raíces, requisitos con los que la oligarquía criolla aseguró de antemano el control del naciente estado:
“El número de representantes se determina por la población de las Provincias, en razón de uno por cada veinte mil almas de todas condiciones, sexos y edades, y uno más por cada residuo que pase de diez mil. La duración de esta Cámara es de cuatro años, pero sus miembros se renuevan por mitad cada dos, y ninguno puede ser reelegido inmediatamente. La elección es de dos grados: elección primaria o parroquial y elección capitular. En la primera tiene derecho de voto todo hombre libre, ciudadano venezolano, vecino de la parroquia, mayor de veintiún años, siendo soltero, o menor siendo casado o velado, requiérase además posea los bienes libres por valor de doscientos a seiscientos pesos, según sea soltero o casado y según se encuentren los bienes en las capitales de Provincia o en otras poblaciones; o tengan grado de una ciencia o arte, o sea propietario o arrendador de tierras para sementeras o ganado, con tal que sus productos alcancen a la suma asignada para los respectivos casos de soltero y casado. No votan: los dementes, los sordomudos, los fallidos, los deudores a caudales públicos y notorios, los que tengan abierta causa criminal de gravedad, y los que siendo casados no vivan con sus mujeres sin motivo legal.” (Gil-Fortoul, 1930: 258)
En medio de este proceso de conformación de los poderes públicos ocurrió un hecho que incidiría en la trayectoria de la ya convulsionada Caracas: el 10 de diciembre de 1810 arribó al puerto de la Guaira Francisco de Miranda y Rodríguez. Según el testimonio de uno de sus contemporáneos, el criollo cubano Francisco Javier Yánez (Gálvez, 1947: 34):
“Arribó al puerto de La Guayra don Francisco de Miranda, cuya visita se había anunciado por don Simón Bolívar a su regreso de Inglaterra. La junta había acordado no admitir en el país a Miranda, porque sería una contradicción escandalosa que gobernando a nombre de Fernando VII, admitiese en su territorio a un individuo proscrito por sus predecesores, por lo que se previno al comandante de La Guayra que no le permitiese desembarcar… Pero el pueblo de La Guayra y de la capital se alborotó en términos que Miranda desembarcó y fue conducido a Caracas en medio de un numeroso gentío que lo aclamaba como su padre y redentor.”
Para Miranda, su llegada después de haber comenzado el proceso para elegir la estructura congresional, complicaría su inserción en la vida política del país. Además, los contradictorios juicios que su figura levantaba entre los sectores sociales venezolanos, sobre todo entre sus más altos representantes criollos, añadiría los más complejos obstáculos a su desempeño político.4
En virtud de ello, el veterano luchador solicitó a las autoridades del país que fueran retirados todos los documentos oficiales que denigraban de su persona. Reclamo al que respondieron afirmativamente varias instancias civiles y religiosas. Esta acción no sólo favoreció a Miranda, sino que también eliminó las pruebas físicas del enfrentamiento que le habían hecho en 1806 importantes representantes de la aristocracia de la capital, algunos de los cuales se encontraban dirigiendo el nuevo proceso en Venezuela.5
Este pujante sector, definido por sus ideas tradicionalistas y conservadoras y por su resistencia a romper con el régimen hispano, se enfrentaba a un grupo minoritario, caracterizado por una radical posición revolucionaria que, influido por las grandes emancipaciones de la época, defendía la independencia de España. Este último fue el que acogió a Miranda con beneplácito y el que le permitió erigirse en el principal guía de la Sociedad Patriótica de Caracas.
Dicha agrupación reunió a los revolucionarios más radicales del momento. Su composición reveló su identificación ideológica de ruptura con los valores tradicionales, al incluir en su seno a representantes de varias generaciones, pardos, mujeres y otros sectores de la población que no habían encontrado, ni en etapas posteriores, ni aun en esta, un espacio para incorporarse activamente a la vida política del país.
El accionar de la Sociedad Patriótica, bajo el liderazgo de Miranda y con la activa presencia de varios jóvenes ilustrados de Caracas, se convirtió en un medio de notable activismo contra las tendencias conciliatorias existentes dentro del gobierno criollo y en la sociedad capitalina venezolana, que lastraban la proclamación de la completa ruptura política con España.
En los primeros día de marzo de 1811, cuatro meses después de convocado el proceso eleccionario, se instaló en Caracas el ya reconocido como Supremo Congreso de Venezuela. Inició sus sesiones con la presencia de 30 diputados que representaban a las provincias de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita y Mérida, posteriormente se unirían a sus actividades los representantes de Trujillo y Barcelona. Precisamente, por esta última región, el 20 de junio del propio año, Francisco de Miranda se incorporaría a este órgano de gobierno.6
Los primeros actos del cónclave se encaminaron a acordar un reglamento orgánico del Poder Ejecutivo y Judicial y a nombrar una comisión especial con el encargo de redactar el proyecto de la futura Constitución de la República. También se decretó un indulto general por varios delitos y se nombraron comisiones para que elaboraran los códigos civil y criminal. Además, se acordó prescribir el modo de proveer los beneficios eclesiásticos, para establecer la armonía entre la autoridad ejecutiva y el alto prelado diocesano.
El primer triunvirato conformado en virtud de estas pautas constitucionales, quedó integrado por Cristóbal Hurtado de Mendoza, Juan Escalona y Baltasar Padrón, los que debían turnarse mensualmente, aunque entre ellos acordaron que cada uno sería presidente por una semana. Como tenientes suplentes fueron electos: Manuel Moreno de Mendoza, Mauricio de Ayala y Andrés Navarte; y para consultores de este poder a Juan Vicente Echeverría, José Joaquín Pineda y José Ignacio Briceño. Como Secretario del Despacho General de Estado, Guerra y Marina se nombró a Miguel José Sanz, quien a su vez lo era del Congreso. Este puesto sería ocupado posteriormente por Antonio Nicolás Briceño y más tarde por Francisco Isnardi. (Blanco y Azpurúa, 1875: 34)
Respecto a la cuestión independentista, en los días finales de junio Francisco de Miranda plantearía, por primera vez en el Congreso, la necesidad de emanciparse de España. Pero para entonces la discusión de otros temas absorbía las sesiones del cónclave. Sería el 3 de julio de 1811, cuando la independencia ocuparía el centro del análisis congresional, en el que sobresalieron las intervenciones de los congresistas Miranda y el criollo cubano Francisco Javier Yánez; también la de Simón Bolívar y Miguel Peña, como miembros de la Sociedad Patriótica.
Así, tras intensos debates y sin la aprobación de un diputado, el 5 de julio de 1811 se proclamó la independencia de Venezuela del yugo colonial español; primera de todo el territorio hispanoamericano y segunda de la región, después de Haití.
Cinco meses más tarde, el 21 de diciembre del propio año, se patentizaría otro notable paso en la profundización del proceso independentista venezolano, con la promulgación de la Constitución Federal para los Estados de Venezuela. Texto que reflejó los principales postulados de la “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” promulgada en Francia, y que además se identificó notablemente con el modelo republicano establecido en Estados Unidos de Norteamérica.
Estos importantes avances de la República venezolana no eliminaron sus graves problemas. Entre ellos sobresalió el férreo bloqueo naval español sobre sus costas y el avance desde Coro de las fuerzas realistas dirigidas por el oficial Domingo Monteverde; también la ineficiencia del gobierno criollo y el inoperante sistema federal implantado en el naciente país. En suma, el 12 de marzo de 1812 -Jueves Santo para la religión católica- un fuerte terremoto arruinó varias ciudades venezolanas, catástrofe aprovechada hábilmente por el clero reaccionario para señalar la “desaprobación divina” del levantamiento patriótico.
A su vez debilitaban al ejército republicano la falta de armamentos, indisciplinas, rivalidades y traiciones de varios oficiales.
Miranda, designado apresuradamente como Dictador de la República, intentó detener el avance de Monteverde y sofocar la resistencia realista que se extendía por Coro, Valencia y Maracaibo. Pero un hecho de marcada relevancia agravó la situación: las tropas criollas, bajo el mando del coronel Simón Bolívar, perdieron el control de la fortaleza de Puerto Cabello, considerado el baluarte militar más importante de la República.
Como resultado de todos los factores concurrentes, para Miranda la derrota se presentó inevitable. Por ello, junto a varios integrantes del gobierno7 decidió pactar el cese de las hostilidades, evitando –según expresó- el desgaste del país en una interminable guerra civil. Además albergaba el propósito de reorganizar sus fuerzas en la vecina Nueva Granada. Finalmente, el Pacto de Capitulación, suscrito el 24 de julio de 1812, puso fin a la Primera República de Venezuela.
Antes esta situación, un grupo de oficiales criollos liderados por Simón Bolívar, Manuel María Casas y Miguel Peña, inconformes con la decisión de capitular, decidieron detener a Miranda en el puerto de La Guaira. La inmediata llegada de las fuerzas realistas a este sitio, provocó el paso del veterano luchador a manos de las autoridades españolas.
Sobre este acontecimiento, José Martí (Martí, 1991, 8: 139)señaló certeramente: “Era él (Miranda) anciano, y los otros jóvenes; él reservado, y ellos lastimados de su reserva; él desconfiado de su impetuosidad, y de su prudencia ellos; quebraron al fin el freno que de mal grado habían tascado, y creyeron que castigaban a un traidor, allí donde no hacían más que ofender a un gran hombre.”8

“Ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del enigma hispanoamericano.” (Martí, 1991, 6: 20)

Uno de los textos fundamentales de esta trascendental etapa en la historia venezolana, reconocida como su Primera República, es la denominada “Constitución Federal para los Estados de Venezuela”.
En la presentación de dicho documento se estableció el nombre de “Estados de Venezuela” como denominación oficial para todo el país. Su cuerpo estuvo integrado por 9 capítulos y 228 artículos, referidos a la religión; el poder legislativo, ejecutivo y judicial; las provincias; y la revisión, reforma, sanción y ratificación del magno texto. También se recoge lo referido a los derechos del hombre que se reconocerían en toda la extensión del Estado, así como las disposiciones generales.
En su sección preliminar, el texto estableció las “Bases del Pacto federativo que ha de constituir la Autoridad general de la Confederación”, señalando que:
“En todo lo que por el Pacto Federal no estuviere expresamente delegado a la Autoridad general de la Confederación, conservará cada una de las Provincias que la componen, su Soberanía, Libertad e Independencia: en uso de ellas, tendrán el derecho exclusivo de arreglar su Gobierno y Administración territorial, bajo las leyes que crean convenientes, con tal que no las sean comprehendidas en esta Constitución, ni se opongan o perjudiquen a los mismos Pactos Federativos que por ellas se establecen.” (Constitución Federal para los Estados de Venezuela) 9
Sobre la religión, definió que la Católica sería también la del Estado y tendría exclusividad en todo el territorio del país. De su protección y conservación se encargarían los organismos representativos nacionales, sin permitir la existencia de otro culto en el ámbito público o privado.
Tal disposición demostró el fuerte arraigo de la religión católica en el imaginario popular de los patriotas venezolanos de entonces, además evidenció que desde su perspectiva era posible y necesario armonizar el gobierno republicano con los preceptos religiosos ya imperantes. Esta posición debió favorecer la postura asumida por el recién nombrado Arzobispo de Caracas, Narciso Coll y Prat, quien a su llegada a la capital venezolana, el 31 de julio de 1810, prestó el siguiente juramento:
“Si como amante y fiel vasallo del Señor don Fernando VII, cumpliendo con lo prevenido en las leyes de Castilla y de Indias juré no contravenir de ninguna manera a las regalías de su real patronato, ni al derecho de exigir contribuciones públicas y los novenos reservados para su real hacienda en los diezmos concedidos por la Santa Sede a S.M.C. como patrimonio de su real corona: juro también ahora y según mi estado pastoral no reconocer en este Arzobispado de Caracas otra soberanía que la del expresado Señor Fernando VII, representada en la suprema junta erigida en la capital de esta provincia con el título de conservadora de los derechos de S.M. mientras dure el cautiverio de su real persona, o por el voto espontáneo y libre de sus dominios se establezca otra forma de gobierno capaz de ejercer la soberanía en todos ellos; en cuya consecuencia prometo no observar ni cumplir otras órdenes y disposiciones supremas que hayan de tocar a esta Metrópoli, a la dignidad arzobispal o jurisdicción eclesiástica en los casos y cosas que sean conformes al derecho real y canónico de los reinos de España, sino aquellas que emanaren de la expresada junta suprema. Juro y prometo igualmente defender la pureza original de María Santísima y su Inmaculada Concepción, bajo cuyo ministerio está reconocida patrona de la España. Si así lo hiciere Dios me ayudará y si no me lo demandará caramente en esta vida y en la otra.” (Blanco y Azpurúa, 1875: 571)
En lo referido a la estructuración y ejercicio del poder -recogidos en los capítulos segundo, tercero y cuarto- la Constitución estableció que las funciones del poder fueran ejercidas desde sus clásicas ramas: Legislativa, Ejecutiva y Judicial.
La primera estaría compuesta por la Cámara de Representantes y un Senado, para las que se definieron las funciones, deberes y requisitos de integración. También se normó lo referido a los procedimientos y exigencias para participar en el proceso de conformación de los poderes públicos, instaurándose un sistema de elección de forma indirecta o de segundo grado, que reservó el derecho a participar sólo a aquellos hombres libres, con ciudadanía venezolana, que poseyeran propiedades. Por ejemplo, para ejercer el voto en las congregaciones parroquiales:
“Todo hombre libre tendrá derecho de sufragio en las Congregaciones Parroquiales, si a esta calidad añade la de ser Ciudadano de Venezuela, residente en la Parroquia o Pueblo donde sufraga: si fuere mayor de veintiún años, siendo soltero o menor siendo casado y velado y si poseyere un caudal libre del valor de seiscientos pesos en la Capitales de Provincia siendo soltero y de cuatrocientos siendo casado, aunque pertenezcan a la mujer o de cuatrocientos siendo en las demás poblaciones en el primer caso y doscientos en el segundo; o si tuviere grado, u aprobación pública en una ciencia o arte liberal o mecánica; o si fuere propietario o arrendador de tierras, para sementeras o ganado con tal que sus productos sean los asignados para los respectivos casos de soltero u casado.” (Artículo 26)
Una cuantía monetaria mayor se estableció para participar en las Congregaciones electorales: “Además de las cualidades referidas para los sufragantes parroquiales, deben los que han de tener voto en las Congregaciones electorales, ser vecinos del Capitular donde votaren y poseer una propiedad libre de seis mil pesos en la Capital de Caracas, siendo solteros y de cuatro mil siendo casados, cuya propiedad será en las demás Capitales, Ciudades y Villas, de cuatro mil siendo soltero y tres mil siendo casado.” (Artículo 28)
Sobre la rama ejecutiva, se definió que este residiría en la Ciudad Federal y se conformaría por tres individuos elegidos popularmente, con una duración de cuatro años para cada mandato (Artículo 72). Respecto a sus características, señaló el texto:
“Han de ser nacidos en el continente Colombiano o sus islas (llamado antes América Española) y han de haber residido en el territorio de la unión diez años inmediatamente antes de ser elegidos con las excepciones prevenidas en el parágrafo dieciséis, sobre residencia y domicilio para los Representantes, debiendo además gozar alguna propiedad de cualquiera clase en bienes libres.” (Artículo 73)
La esfera judicial, por su parte, quedó establecida en la Corte Suprema de Justicia y los tribunales y juzgados que el Congreso debía establecer en el territorio nacional. Sus integrantes serían nombrados por el poder ejecutivo, en la forma dispuesta en la constitución. (Artículo 110 y 111)
El presente texto constitucional venezolano, a pesar de su avanzada formulación, no estuvo exento de limitaciones que tendrían una profunda repercusión en el avance y sustentabilidad política de la primigenia república venezolana. Una situación que fue objeto de señalamientos y objeciones por parte de representantes del proceso, como Francisco de Miranda y Simón Bolívar, y que además ha sido evaluada en múltiples obras de la historiografía regional y universal.
Entre los aspectos que se han señalado con mayor énfasis, se destaca la organización federal establecida en la nación. Al respecto, es importante tener presente que al adoptarse la constitución, los poderes regionales sobre los que debía asentarse la organización del estado, apenas existían en el interior de las provincias. Solo lograron adoptar un texto constitucional las provincias de Mérida (1811), Trujillo (1811), Barcelona (1812) y Caracas (1812). O sea, que al establecerse la separación para el ejercicio de los poderes y la autonomía de las provincias, no existía una suficiente formación de las bases sociales, institucionales y jurídicas de la nueva república. Según el juicio crítico de Simón Bolívar (Bolívar, 1964: 13):
“… lo que debilitó más al gobierno de Venezuela, fue la forma federal que adoptó, siguiendo las máximas exageradas de los derechos del hombre, que autorizándolos para que se rija por sí mismo, rompe los pactos sociales, y constituye las naciones en anarquía. Tal era el verdadero estado de la Confederación. Cada provincia se gobernaba independientemente; y a ejemplo de estas cada ciudad pretendía iguales facultades alegando la práctica de aquellas, y la teoría de que todos los hombres y todos los pueblos, gozan de la prerrogativa de instituir a su antojo el gobierno que les acomode.”
En consecuencia con su estructura federal y al influjo de las pautas organizacionales del sistema republicano de Estados Unidos de América, el 29 de octubre el congreso acordó convertir a Valencia en “Ciudad Federal” de Venezuela. Una medida que agravó el enfrentamiento entre las diversas regiones del país, contribuyendo de manera negativa al deterioro de la situación política en la mencionada ciudad y a estrechar su vínculo con las ciudades realistas de Coro y Maracaibo. Una situación que además favoreció la penetración de las tropas españolas que pondrían fin a la primigenia República.
También es cuestionada la capacidad del texto constitucional para atender las demandas y necesidades de las grandes masas poblacionales venezolanas. En su conjunto, puede ser calificada de un carácter impopular, reflejo de la pertenencia social de sus redactores y, en un sentido más general, de los congresistas constituyentes. Al decir del historiador Gil Fortoul (Gil-Fortoul, 1930: 252):
“No es en sus partes esenciales una etapa lógica en el movimiento político del pueblo venezolano. El nuevo régimen que ella implanta no es realmente desarrollo necesario ni perfeccionamiento armónico de la organización social y política que se mantuvo aquí durante los tres siglos de dominación española. En esta revolución, que se inicia en la última década del siglo XVIII y llega a su cumbre con el Acta declaratoria de Independencia, predominan o adquieren forma legal, no tanto las protestas y aspiraciones de un pueblo mal hallado con el despotismo español, sino antes bien, aquellos principios de filosofía política que a la clase noble, rica e instruida parecieron teóricamente más perfectos. La masa popular, todavía ignorante y pasiva, no familiarizada todavía con el amplio concepto de patria libre, no comprendió al principio un cambio tan radical en las instituciones fundamentales. Fue, sobre todo, obra de un grupo de hombres superiores, resueltos los unos a conservar en la Independencia su privilegio de clase oligárquica, deseosos otros de incorporarse en la misma oligarquía, convencidos todos sin embargo, de que su obra, por incompleta que fuese, contenía ya las bases perfectibles de la futura república democrática.”
Un aspecto destacable desde esa óptica es la esclavitud, sobre la que no se aprobó su completa y definitiva abolición, limitándose solamente a prohibir su tráfico. Tampoco se eliminaron las bases que sobre las que se sustentaba la discriminación de los indígenas, aunque en el articulado se patentizó un llamado a los gobiernos provinciales para atender sus necesidades culturales y materiales (Artículo 200).
Otras disposiciones se proyectaron por subsanar la discriminación hacia los Pardos, sector de un peso significativo en la sociedad venezolana. Al respecto, se dispuso la revocación y anulación de: “… las leyes antiguas que imponían degradación civil a una parte de la población libre de Venezuela, conocida hasta ahora bajo la denominación de pardos: éstos quedan en posesión de su estimación natural y civil y restituidos a los imprescriptibles derechos que le corresponden como a los demás ciudadanos.” (Artículo 203)
En el mismo sentido, fueron suspendidos: “…todos los títulos concedidos por el anterior Gobierno y ni el Congreso, ni las Legislaturas provinciales podrán conceder otro alguno de nobleza, honores o distinciones hereditarias, ni crear empleos u oficio alguno, cuyos sueldos o emolumentos puedan durar más tiempo que el de la buena conducta de los que les sirvan.” (Ídem)
A la participación en los procesos de elección de representantes en los dos niveles que integraban el entramado electoral venezolano de la época, se imponía como un valladar infranqueable para las grandes masas, el requisito de poseer una alta cuantía de recursos monetarios y bienes materiales. Además, la baja preparación cultural y las rivalidades entre los diversos intereses que convergían en el espacio político y económico venezolano, se convirtieron en un factor obstructivo al sistema proyectado en la constitución. Al decir de Bolívar (Bolívar, 1964: 15):
“Las elecciones populares hechas por los rústicos del campo y por los intrigantes moradores de las ciudades, añaden un obstáculo más a la práctica de la confederación entre nosotros; porque los unos son tan ignorantes que hacen sus votaciones maquinalmente, y los otros, tan ambiciosos que todo lo convierten en facción; por lo que jamás se vio en Venezuela una votación libre y acertada; lo que ponía el gobierno en manos de hombres ya desafectos a la causa, ya ineptos, ya inmorales. El espíritu de partido decidía en todo, y por consiguiente nos desorganizó más de los que las circunstancias hicieron. Nuestra división, y no las armas españolas, nos tornó a la esclavitud”
Otro aspecto relevante del texto y que limitó considerablemente las imprescindibles acciones defensivas de la asediada república, radicó en la decisión de no establecer ejércitos profesionales, por considerar que estos eran una amenaza a la libertad personal y a la propiedad privada, además de que su costosa mantención obligaría al Estado a aumentar los impuestos a los ciudadanos. La naciente república, según proyectó la constitución, debía ser defendida por la virtud de sus ciudadanos, organizados en milicias (Artículo 178).
Finalmente, sería altamente perniciosa la decisión de dividir la provincia de Caracas, para la fecha, la más extensa en territorio, numerosa en población y sede de los poderes del naciente estado.
Una de las propuestas al respecto, presentada el 2 de septiembre de 1810 por el diputado por Mérida, Nicolás Briceño, proyectaba la división en dos partes de la urbe capitalina. La primera de ellas, denominada Caracas, estaría formada por los departamentos de la Capital, Nirgua, Valencia, Calabozo, San Sebastián, Villa de Cura, Puerto Cabello y San Felipe; tendrían en su conjunto 262 612 habitantes. La otra parte, nombrada según dispusiera el Congreso, quedaría integrada por las localidades de San Carlos, Barquisimeto, Carora, Tocuyo, Ospino, Araure y Guanare, contando con 150 245 habitantes.
Los porfías congresionales por la proyectada división de la capital venezolana, tenían como sustrato el rechazo de las provincias del interior hacia el centralismo caraqueño y su hegemonía en el ejercicio del poder político, las actividades económicas y el intercambio comercial de la región.
En opinión de Simón Bolívar (Bolívar, 1964: 9 y 14), la situación general existente en Venezuela y particularmente las dificultades emanadas de la constitución, era la resultante de que:
“Los códigos que consultaban nuestros magistrados, no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica, y sofistas por soldados”
(…)
“Es preciso –acotó- que el gobierno se identifique, por decirlo así, al carácter de las circunstancias, de los tiempos y de los hombres que los rodean.”
Por su parte, Francisco de Miranda (De Miranda, 1982: 455), en una evaluación del alcance y limitaciones del texto, expresó sus objeciones en los siguientes términos:
“Considerando que en la presente constitución los poderes no se hallan en justo equilibrio, ni la estructura u organización general es suficiente, sencilla y clara para que pueda ser permanente; que por otra parte, no está ajustada con la población, usos y costumbres de estos países, de que pueda resultar que en lugar de reunirnos en una masa general o cuerpo social, nos divida y separe en perjuicio de la seguridad común y de nuestra Independencia, pongo estos reparos en cumplimiento de mi deber.”
José Martí, luego del paso de casi ocho décadas, significó la importancia de la independencia venezolana, sobre todo por su capacidad de convertirse en un laboratorio social de las ideas y en base desde las que se proyectaran las acciones políticas y militares que se extenderían por la región. Además, con certero juicio, reclamó la atención sobre los desafíos que no había podido colmar la denominada en su obra como una primera independencia, y que aún en las postrimerías del siglo XIX, continuaba demandando Nuestra América, sobre todo en lo referido al establecimiento de su ordenamiento jurídico e institucional (Martí, 1991, 6: 521):
“La incapacidad no está en el país naciente, que pide formas que se le acomoden y grandeza útil, sino en los que quieren regir pueblos originales, de composición singular y violenta, con leyes heredadas de cuatro siglos de práctica libre en los Estados Unidos, de diecinueve siglos de monarquía en Francia. Con un decreto de Hamilton no se le para la pechada al potro del llanero. Con una frase de Sieyés no se desestanca la sangra cuajada de la raza india”

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Recibido: 29/06/2015 Aceptado: 29/06/2015 Publicado: Junio de 2015

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