INTRODUCCIÓN
El presente análisis teórico busca presentar y analizar los principales mecanismos de financiación de México con relación a la educación pública y el impacto en la calidad, eficiencia y eficacia del sistema educativo de dicho país. De igual forma, se ofrece una panorámica del financiamiento educativo, destacando los retos y dificultades que el sistema presenta para operar de manera eficiente los servicios educativos a los ciudadanos de México. Por lo cual, se abordan y analizan los principales problemas y necesidades educativas relacionadas con el financiamiento de la educación en México, según las políticas educativas adoptadas por el gobierno central. Asimismo, se trata el tema de los servicios educativos que brinda el sistema y los diversos problemas causados por la ineficiencia y falta de claridad en el manejo de los recursos.
Los principales problemas del sistema educativo están asociados a los siguientes aspectos y se abordan de una u otra forma en este análisis:

MARCO TEÓRICO
La educación pública para su viabilidad social, crecimiento y expansión necesita del financiamiento en fondos por parte del gobierno central y de acuerdo a Márquez (2012) el gasto en educación en México ha crecido de forma consistente en la últimas décadas, ya que entre el año 1990 y 2010 se triplicó la cifra gastada. En consecuencia, se produjeron algunos avances en el reglón educativo, puesto que se logró mejorar la cobertura de los niveles de educación básica a partir de la ampliación. Lo anterior referido permitió contrarrestar el factor demográfico, pero a la vez los recursos resultaron escasos para obtener el mismo resultado en los niveles post-básicos. Además, la limitación y falta de recursos ha generado desigualdades en todos los niveles y modalidades de la educación. Dichas desigualdades se evidencian principalmente en los siguientes aspectos de: recursos humanos, pedagógicos y físicos. 
De igual modo, México invierte el 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB) en el financiamiento de la educación pública según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE (2015). En ese sentido, se nota el esfuerzo por aumentar la cobertura de financiamiento, ya que para el año 2000 solo se destinaba el 4.4% del PIB. Al respecto, cabe preguntarse si ¿Es esta inversión en educación lo suficiente para suplir las necesidades del sistema educativo? En ese orden, se debe analizar los resultados en términos de desigualdades sociales, acceso a la educación, nivel de empleabilidad, estándares de calidad de vida y otros factores vinculados con el desarrollo educativo de un país. De acuerdo a UNESCO (2004) estas situaciones previamente referidas no han presentado grandes cambios luego de la entrada del milenio.  
Sin embargo, otros países como República Dominicana invierten menos del PIB que México, ya que de acuerdo a la Ley General de Educación dominicana 66-97(1997) se debe destinar el 4% del PIB. Pero dicha legislación no se cumplía hasta el año 2013, puesto que antes se invertía solo un 1.8 del PIB y cuando fue superior no superó el 2.2%. El 4% del PIB se logró en República Dominicana gracias a la protesta de la población que exigió con manifestaciones pacíficas y puntuales la aplicación de la legislación que tenía más de 15 años aprobada sin aplicación. Lo anterior demuestra, el poco interés de aplicar las leyes educativas para el beneficio de la sociedad, debido a que las manifestaciones sociales fueron el motor propulsor de la aplicación del presupuesto establecido por la ley de educación en la República Dominicana.  
No obstante, en el caso de México es preciso resaltar que las desigualdades educativas se manifiestan entre regiones, entidades federativas y localidades vulnerables. Al respecto, cabe recordar que es responsabilidad constitucional del gobierno mexicano garantizar el derecho a educación de calidad a todos sus ciudadanos, así como mejorar las posibilidades de avanzar en los niveles sociales y económicos, debido a que el contexto mundial busca el desarrollo basado en el factor social fundamentado en la inversión educativa para lograr lo anteriormente mencionado. Por lo cual, los recursos destinados a la educación son una inversión estratégica para el desarrollo, aunque en México las principales limitaciones están asociadas con los procedimientos de asignaciones, distribución y uso de los recursos públicos.
Sin embargo, los problemas de financiamiento en la educación de México y otros países de acuerdo a Granados (2005) no vienen por gastar más y/o invertir más, sino por la ineficiencia del gasto y la inversión pública en materia de educación. En tal sentido, se necesita corregir ciertos aspectos para mejorar la eficiencia con que se utilizan los recursos y reducir la inequidad en el sistema educativo mexicano, ya que trabajar en este orden permitirá aumentar la cobertura y acceso de los servicios educativos, reducir las desigualdades y mejorar los resultados en términos de aprendizajes del sistema educativo. Lo anterior mencionado, hace necesario que se destinen mayores recursos y que se mejore la planificación para la aplicación de los presupuestos y procedimientos operativos administrativos en educación. También, se requiere de la revisión de las normativas y legislaciones que regulan los procesos de gestión educativa para garantizar el éxito del gasto e inversión en educación y el derecho de los ciudadanos a un acceso de calidad en estos servicios.      
 Por su parte, según Márquez (2012) la carencia de fuentes de información confiable, transparente y oportuna en la temática de recursos de educación en México resulta ser un reto importante para el gobierno lograr optimizar la administración del sector educativo, puesto que se presenta información parcial en distintos tipos de clasificación y agregación y eso impide saber lo que se gasta de manera precisa en educación. Por lo cual, se requiere una visión integral para mejorar el gasto, la distribución, la inversión y el financiamiento de la educación por parte del gobierno federal, estatal y municipal. Lo previamente referido, impacta el sistema educativo en sus distintos niveles, modalidades y programas que necesitan una mejor administración financiera por parte del propio sistema educativo que proporcione y garantice informaciones de calidad según su renglón y clasificación, ya que la información actual y limitada es proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México y las informaciones solo corresponden al nivel federal y excluye la parte estatal y municipal.
También, otras limitaciones en la calidad de la información financiera en materia de educación consisten en la realización de auto reportes que realizan autoridades federativas sin respaldo que sea objetivo y que garantice la calidad de la información con un nivel de verificación prácticamente nulo. De igual forma, las informaciones en esos reportes son muy generales y no todas las organizaciones y/o instituciones los entregan en los plazos establecidos, lo cual denota un alto nivel de informalidad y falta de respeto hacia el mismo. En el mismo orden, se recomienda que esa situación cambie lo antes posible, ya que se presta para la malversación de recursos y fondos. Asimismo, se sugiere que la optimización de la financiación, inversión y gasto en educación tiene que estar sincronizado con buenos procesos de planificación y administración del sistema educativo que proporcione evidencias verificables y transparentes. De igual forma, Espinal (2017), destaca la importancia trabajar los niveles de autonomía que se le otorga a las escuelas para lograr la eficiencia institucional y con ello la rendición de cuentas de estas. Por consiguiente alcanzar las metas específicas en cada centro educativo.   
Por otro lado, la falta de reglas precisas y transparentes para la asignación, distribución y uso de los recursos públicos destinados al sistema educativo es otro aspecto que desfavorece la eficacia de la inversión y gasto público en educación, ya que según López (2009) la asignación presupuestal ha sido el resultado del cabildeo y de las coyunturas políticas que participan en el proceso. Lo anterior referido demuestra que las instituciones educativas no cuentan con la certeza de planificar los recursos que manejarán para sustentar sus funciones y planes educativos.
De igual manera, las leyes vigentes son muy generales al abordar aspectos relacionados con los presupuestos, montos específicos y responsables a los cuales deben destinarse los fondos dentro de este sector; Tampoco establecen una estructura de participación, ni los destinatarios precisos de los recursos. Por lo cual, se puede decir que existen demasiados cabos sueltos en este orden que facilitan las brechas en el sistema y la manipulación del mismo. Todo lo mencionado previamente establece la necesidad de mayor especificidad en las leyes y/o normativas para delimitar quienes serán los responsables en caso de incumplimiento de estas, así como un régimen de consecuencias para emendar daños causados por gestiones deficientes.   
 “Los sistemas educativos corren constantemente el riesgo de quedar cautivos de los proveedores en lo que respecta a puestos docentes y administrativos, control de decisiones y de procesos clave de organismos educacionales, nombramientos, medidas disciplinarias, distribución de incentivos, capacitación, administración y sistema de gestión del personal (Navarro, 2006)”.
También, con relación a lo previamente citado cabe mencionar que la gestión pública del Estado del país tiene que velar por el cumplimiento de las políticas educativas, seguimiento y rendición de cuenta para garantizar la calidad del sistema educativo y evitar que este quede cautivo. Asimismo, el Ministerio de Educación Pública de México o del país en cuestión tiene que trabajar para fortalecer el profesionalismo, los valores y la imagen del docente con la finalidad de elevar la dignidad magisterial, la eficiencia de los procesos educativos y así evitar el descrédito del sistema.   
Otra limitante digna de abordar es la visión limitada del estado de México sobre las implicaciones de lo que representa el derecho a la educación que tienen todos los ciudadanos, ya que es la responsabilidad del gobierno ampliar el acceso a la educación obligatoria y tomar como referente los niveles educativos que se han considerado en los diferentes momentos históricos del país. En tal sentido, algunos programas educativos recientes han dado apoyo económico a los estudiantes de condición vulnerable para evitar la deserción de estos de las aulas de las escuelas. Sin embargo, lo anterior referido no resulta ser suficiente para garantizar el derecho a la educación, puesto que las situaciones que limitan las oportunidades de desarrollo educativo son múltiples y de acuerdo a Márquez (2012) pueden tener características sociales, económicas, y culturales de familias que se desarrollan con sus peculiaridades. Recordando que todos estos aspectos referidos afectan las posibilidades de éxitos escolar que se vinculan con el derecho a la educación.    
Por otro lado, en la búsqueda de garantizar el derecho a la educación y financiamiento del sector se hace referencia, por ejemplo a México en la reforma de los 90’s de acuerdo a Popkewitz (1994) las negociaciones entre el ejecutivo y los sindicatos dio lugar a un Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica (ANMEB). El acuerdo buscaba la descentralización del sistema educativo en dicho país; con la finalidad de que los gobiernos estatales se empoderaran directamente de la educación pública. Igualmente, el acuerdo propuso la limitación de las bondades y poderes que se le conceden al sindicato de maestro de ese país, ya que muchos de sus miembros eran políticos activos de los principales partidos de oposición. Mientras que en materia de incentivos el acuerdo contempla vincular la remuneración de los profesores al desempeño, éste aspecto fue controversial al igual que el pago por mérito al profesor, puesto que se busca elevar la capacitación de los docentes.
También, en Argentina durante la década de los 90’s las reformas se formularon en base a la descentralización, pero el gran debate fue desarrollado en base a la asignación de recursos de ese proceso descentralizador. Por otro lado, Chile de acuerdo a Navarro (2006) logró una política de incentivos apropiada y consensuada con los principales actores del sistema educativo. En tal sentido, le llamaron Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Docente (SNED), es oportuno resaltar que el sindicato se opuso en una etapa inicial, pero no alcanzó a bloquear la iniciativa. Para la décadas de los 90’s se adoptó un gobierno democrático que fomentó beneficios marginales para los profesores que fueron bien recibidos por el sindicato. Al respecto, la construcción de la confianza permitió evitar conflictos y generar más cooperación por parte de los actores del proceso de reforma.
Espinal (2017) plantea que las inversiones en educación contribuyen a la acumulación del capital humano que es esencial para lograr ingresos más altos y un crecimiento económico sostenido de un país. Lo cual representa una mejora en la calidad de vida de los actores del sistema educativo. En el caso de México la ineficiencia en el uso de los recursos educativos es otra situación que permea la realidad del sistema educativo y afecta las posibilidades de financiamiento y el gasto público en educación. Asimismo, es de primer orden resolver otros problemas que permiten mejorar el uso de los recursos que se asignan al sistema. Dichos problemas son: las altas tasas de reprobación, abandono y eficiencia terminal. En consecuencia, luego de trabajar las dificultades primarias del sistema educativo se recomienda que los recursos educativos pueden tener mejor uso cuando se planifica la capacitación de los docentes que tienen disponibles tales recursos, a través de un programa concreto que trabaje las competencias necesarias para hacer un uso efectivo de estos mediante la integración de los recursos educativo a la planificación del docente.
Por su parte, Espinal et al…(2016) sostienen que eenseñar y aprender son prácticas complejas atravesadas por diversos marcos, algunos visibles como los normativos e institucionales, y otros que se juegan en las decisiones que se toman cotidianamente como los que aportan los docentes al momento de realizar la planificación, que llevan adelante estas acciones. Para que las distintas competencias incidan efectivamente en los estudiantes, resulta indispensable que se promuevan cambios radicales en la planificación y con ello en la evaluación de las clases, ya que mediante una buena formación continuada y seguimiento se evitarán el uso inapropiado de la evaluación, debido a que esta situación afecta al sistema educativo en general. También, el tener un buen programa de capacitación fortalecerá las competencias de planificación educativa y permitirá establecer un modelo que responda a las necesidades actuales del sistema. Todo lo anterior genera calidad en la educación, ya que la misma no es generada únicamente por los recursos económicos.     
Por otro lado, este análisis identifica que el gasto en la educación de México es ineficiente y las razones que generan esta situación se asocian a la estructura rígida del financiamiento educativo, puesto que esta tiene amplios compromisos con el pago de servicios de carácter personal. En tal sentido, es oportuno recordar que las principales fuentes de financiamiento son el gobierno federal y los gobiernos estatales, y estos se disputan los montos a invertir en gasto educativo. En consecuencia, no hay claridad en las funciones y atribuciones de las partes involucradas con relación al tema educativo público. De igual modo, el sistema educativo cuenta con faltas graves con relación al financiamiento, ya que carece de información para valorar la eficiencia con que se realiza el proceso educativo. Todo lo anterior mencionado, afecta significativamente la calidad y los niveles de equidad de la educación, principalmente para las familias que tienen un aumento adicional en el costo educativo.
Sin embargo, según el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y/o Evalúa (2011) la educación es un factor fundamental en la promoción del desarrollo de México al igual que en cualquier otro país de Latinoamérica y el mundo. En tal orden, las políticas públicas con relación al financiamiento y gasto en educación tienen que ser claras y precisas para de tal modo garantizar los resultados con planes correctamente alineados a resultados concretos en términos educativos. Al respecto, el gasto educativo ha crecido en los últimos 20 años, por ejemplo para el año 1990 se invertía el 4.1% del PIB en educación. Mientras que para el año 2010 se elevó al 6.7% del PIB. Lo anterior demuestra que entre 1995 y 2004 el gasto en educación se incrementó en 47%. Por lo cual, es propio cuestionar, sí el incremento en gasto educativo impactó significativamente los resultados del sector educativo. En ese orden, al analizar estas cifras se puede comparar el aumento porcentual de la inversión en financiamiento de la educación. De igual modo, se capta el interés por los legisladores y servidores públicos por trabajar directamente los problemas educativos a partir de la inversión en el sistema educativo, aunque la misma no resulte ser suficiente y logre las aspiraciones de estos.    
Además, un análisis comparativo que se realizó según Evalúa (2011) demuestra que la inversión en los estudiantes mexicanos sigue quedando por debajo de otros países; por ejemplo Estados Unidos, ya que en términos relativos el esfuerzo del gasto público puede ser considerado como alto, pero en términos absolutos México necesita mayores inversiones en el sistema educativo. En consecuencia, el sistema educativo enfrenta retos en términos de calidad y equidad, ya que esto amplía la brecha de rezago del país y se necesita trabajar en términos cualitativos y cuantitativos para ampliar la cobertura y aumentar los niveles de calidad educativa.
Por su parte, con relación al rendimiento escolar el problema es grande, puesto que México ocupa el último lugar en las pruebas de aprovechamiento escolar y/o Programme for International Student Assessment (PISA) para el año 2009, según Casanova y Navas (2015) la mayoría de los estudiantes de 15 años de edad no cuentan con las habilidades mínimas en los renglones fundamentales de comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos de la prueba previamente referida. Igualmente, la población registra un nivel promedio de escolaridad de 9.7 años, lo que se traduce como educación secundaria no concluida. Lo anterior mencionado, demuestra que los esfuerzos por financiar el gasto educativo público no son suficientes y que el impacto de la inversión en la educación no se traduce en buena calidad de acuerdo a los resultados de los logros académicos. Por lo cual, las autoridades del gobierno de México deben crear un presupuesto más puntual y propiciar las condiciones para que los procesos educativos sean más eficiente y de mayor calidad en términos integrales.        
Con relación al párrafo anterior, y de acuerdo a Campos y Santibañez (2010) se observa una discordancia entre los altos niveles de financiamiento y los resultados educativos derivados de las ineficiencias en el ejercicio del gasto. Realmente, el apalancamiento que utiliza el gobierno para desarrollar las operaciones del sistema educativo es vital, siempre y cuando este produzca los resultados que se buscan o pretenden. En ese sentido, los funcionarios de México han demostrado un nivel de incapacidad para lograr buenos resultados en los logros educativos y eso se asocia a que áreas importantes se encuentran desatendidas. Asimismo, la preocupación aumenta al analizar que el problema no radica en el monto gastado, sino en el uso que se les proporciona a dichos recursos en el sector y en períodos de tiempos estimados y establecidos. En consecuencia, se ha comprobado que la mayor parte del gasto educativo se destina a gasto corriente, básicamente al pago de servicios personales.
Por su parte, para elevar la calidad del gasto educativo público se deben crear mecanismos más eficaces para la rendición de cuentas, debido a que el gobierno mexicano posee pocos instrumentos de rendición de cuentas para exigir un cierto desempeño de maestros y directores. Por lo cual, los medios actuales para estos fines se califican como débiles dado por los resultados que están proporcionando hasta el momento. De acuerdo a Braslavsky y Cosse (1996) es imposible sancionar a un empleado del sector, dígase un maestro o director, ya que el sistema de rendición de cuentas posee mecanismo pobres e incompetentes para evaluar las acciones de los actores del proceso.
Asimismo, la actual estructura del gasto educativo plantea insuficiencias para financiar infraestructura, equipamiento, operación, y mantenimiento de las escuelas. Según Guichard (2005) las escuelas mexicanas presentan problemas con el suministro de electricidad, puesto que el 9% de las escuelas primarias y el 5% de escuelas secundarias tienen esta dificultad. Lo anterior debe propiciar la reflexión, ya que el trabajo de la escuela se dificulta en gran medida si no se posee servicio de electricidad. De igual modo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INEE (2014), sostiene que el 75% de las escuelas mexicanas carecen de biblioteca y salón de cómputos. Por esos factores la eficiencia del proceso educativo se ve afectado de manera importante e impacta el trabajo de los maestros y también, los logros educativos de los estudiantes, ya que no cuentan con los recursos suficientes y apropiados para sostener procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por recursos TIC que garantizan la calidad de los aprendizajes. Lo anterior denota que hace falta mayor inversión en el sector educativo lo que debe motivar a las autoridades del gobierno mexicano a revisar y analizar su inversión y financiamiento en el sector. 
Otra limitante para el sistema educativo público son las proporciones invertidas por cada sector del gobierno en México. Por ejemplo, la mayor parte del gasto público educativo es financiado por el gobierno federal, mientras el gobierno estatal y municipal hace aportaciones mínimas. En tal sentido, se recomienda que la participación en la inversión de cada sector del gobierno sea más equilibrada y que su rol sea más activo con relación a las propuestas de mejora y seguimiento al sector educativo. Actualmente, se carece de una retribución clara de funciones entre órdenes de gobierno en materia de gestión y uso de los recursos. Por lo cual, es vital trabajar en base a la eficiencia del gasto y la calidad de los proceso. En tal sentido, se busca descentralizar las funciones de los actores de estos procesos para de tal manera mejorar la calidad de los servicios educativos. Lo anterior, fomenta una estructura menos burocrática en donde se logre dar un mejor seguimiento a partir de tener personas que se empoderen y sean responsables de los procesos y servicios escolares.
Por su parte, es viable trabajar en la eficiencia del uso de los recursos, puesto que el uso que se le proporciona a estos no está orientado a los resultados. Según UNESCO (2004) existen problemas múltiples en esta área y la mayoría de estos se deben a que no se conoce con cuales recursos se cuentan, puesto que la información disponible es poco confiable por su falta de exactitud.
Por otro lado, parte de la ineficiencia del gasto educativo se traduce en costos adicionales para las familias mexicanas. En tal orden, los mexicanos pagan un costo por la educación pública lo que indica que la misma no es gratuita. De acuerdo al CEPAL (2004) las familias de este país gastan en: inscripciones, colegiaturas, material escolar, estancias infantiles, enseñanza adicional, educación especial, imprevistos y transporte escolar. En consecuencia, el gasto en servicios educativos resulta poco más de la mitad que el gasto en educación de las familias cuyos miembros asisten a escuelas públicas. Igualmente, se destaca que el gasto en imprevistos de las familias del sistema público es mayor que en el privado por una diferencia de un 17%. Lo que deriva una inversión sustancial de las familias que tienen a sus hijos en el sistema de educación público, debido a que estos gastan más en imprevistos y tienen menos posibilidades económicas. 
No obstante, entre las principales recomendaciones está renovar la gestión institucional como estrategia para incrementar el financiamiento educativo. En tal orden, el apoyo de las organizaciones internacionales que luchan por mejorar la calidad de la educación y su acceso pueden ayudar de manera significativa en la renovación de la gestión, el financiamiento y en la mejora de los procesos educativos. En tal orden, De Mello (2003) propone la profesionalización de los ejecutivos de los cuerpos burocráticos, puesto que necesitan mayor información y conocimiento para evaluar procesos y lograr monitorear cambios. Para el trabajo previamente referido, se necesitan instrumentos objetivos y la asignación de capital humano calificado y entrenado junto a la infraestructura y los materiales para el aprendizaje.
De igual manera, es fundamental avanzar hacia un sistema educativo más articulado en funciones entre el sistema federal y estatal para asegurar la transparencia en el gasto ejercido por los gobiernos locales. Al respecto, se pretende trabajar en la calidad de las evidencias recolectadas y crear un régimen disciplinario para aquellos actores que no sean responsables con las funciones que se le han delegado. Todo lo anterior, en la búsqueda de optimizar la calidad de los datos y las informaciones desde la fuente de donde provienen las mismas. En consecuencia, un sistema que fortalezca el área de presupuestos, registros de gastos y financiamiento permitirá mayor calidad y transparencia en el ejercicio de las funciones de las personas responsables de estas partidas. Igualmente, se sugiere implementar un sistema que permita calcular el costo de los servicios educativos ofrecidos por escuelas, distritos escolares y regionales educativas.
No obstante ˝El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios sociales, económicos y tecnológicos. Debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos y la incorporación de las nuevas tecnologías, ha de hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios que sustenten el desarrollo de los conocimientos y de las competencias necesarias para la inserción social y profesional˝ (Guerrero, 2014).           

CONCLUSIONES
Finalmente, el análisis teórico permitió analizar los principales problemas del financiamiento de la educación en México, puesto que estos afectan la calidad de la educación de este país. En ese orden, se entiende que el financiamiento y sus requerimientos son una dificultad básica que posee el sistema educativo mexicano, ya que genera consecuencias que afecta las oportunidades educativas de la ciudadanía y asimismo, influye en la calidad del trabajo docente. De igual modo, las políticas educativas vigentes no satisfacen, ni facilitan los procedimientos operativos de la gestión educativa. En consecuencia, las informaciones generadas por la gestión de la educación no son confiables. También, los gestores del sistema educativo presentan una responsabilidad pobre sobre los recursos financieros y eso es el resultado de un régimen de responsabilidades y consecuencias que se caracteriza por ser débil y permisivo.
También, la visión de los funcionarios gubernamentales en materia de educación y financiamiento es limitada y los resultados así lo demuestran, tanto en su gestión financiera como en la gestión educativa. En tal sentido, para vencer las desigualdades, falta de oportunidades, garantizar el derecho a la educación y el  acceso a todos los ciudadanos se debe trabajar para la calidad en todos los aspectos con una política educativa integral que permita optimizar la gestión y los resultados del sistema en todos los ámbitos ya referidos.         
Por lo anterior referido, se recomienda y es de orden prioritario analizar e introducir un óptimo sistema de información escolar que resulte ser una herramienta para la toma de decisiones en la gerencia educativa. En ese mismo orden, se deriva que es fundamental trabajar con el sistema financiero, contable y de monitoreo que permita obtener evidencias puntuales sobre las partidas, los costos, la inversiones y los gastos en materia de educación; todo lo anterior, para superar las dificultades que se identificaron en este análisis teórico con relación a la carencia de evidencia con fortaleza para darle seguimiento y buscar responsables de incumplimiento e ineficiencia del gasto educativo. De igual modo, resulta de primer orden redefinir roles, funciones y responsabilidades de los funcionarios que conforman la burocracia del sistema educativo. Por lo cual, se sugiere trabajar en base a metas e indicadores de logros educativos para de tal modo incentivar la inversión y el financiamiento tanto del gobierno como de los organizamos internacionales que ayudan y cooperan con fondos para el sector educativo.

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