Eduardo Jorge Arnoletto
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El concepto de representación política puede ser tratado desde varios puntos de vista. Jurídicamente, es la relación entre una comunidad humana jurídicamente organizada (representada) y una institución (representante). En virtud de esa relación se considera que la voluntad de esta última expresa (vuelve a hacer presente, que es lo que significa "re-praesentare" ) la voluntad de aquélla. Sociológicamente, la representación es un fenómeno de "procuración social", basada en la afinidad entre el sentir político de la sociedad y el de los representantes que ella ha seleccionado o consentido. En la práctica política, la representación se construye mediante la elección periódica de los gobernantes.
En el plano semántico tiene muchos significados: volver a hacer presente, sustituir, actuar en lugar de, actuar en nombre de, cuidar intereses ajenos, reflejar las características de alguien, evocar simbólicamente, personificar, etc. Estos significados pueden agruparse en dos categorías: los que indican acción y los que indican reproducción de imágenes o contenidos. La representación política participa de ambas, con predominio de la primera.
Desde un punto de vista politológico, la representación política es un atributo de un sistema de gobierno, según el cual la acción política de la sociedad se produce por medio de instituciones integradas por personas que son elegidas para ello mediante voto popular. En esta óptica, la autenticidad política de la representación depende de dos factores: la legalidad de la elección (que es legitimidad de origen) y la legitimidad de desempeño, basada en la concordancia de la actuación de los representantes con el sentir y voluntad de los representados.
Por su parte, el concepto de participación política parece evocar una idea opuesta a la de representación política. Estrictamente hablando, ser parte o tomar parte en algo es lo opuesto a actuar en nombre de, o en lugar de alguien.
La participación política pareciera ser propia sólo de los regímenes de democracia directa (prácticamente inexistentes) y no de la democracia representativa. En un sentido más amplio, dentro de los regímenes democráticos representativos (únicos que existen), se usa la expresión participación política para referirse a aquellas actividades en las que la gente común toma o puede tomar parte, tales como votar en las elecciones, militar en un partido político, asistir a actos políticos, hacer contribuciones monetarias a partidos o a campañas políticas, discutir sobre asuntos políticos, presionar sobre los dirigentes, apoyar a candidatos, difundir información política, etc.
El ideal democrático participativo estaría definido por una actitud generalizada de atención a los asuntos públicos, información veraz, capacidad de elección y compromiso participativo. La realidad muchas veces indica otra cosa: muy escaso interés por los asuntos públicos, nivel muy bajo de información política, participación limitada a votar en las elecciones, y a veces ni siquiera eso, a juzgar por los frecuentes altos índices de abstención electoral.
Hay diversos niveles de participación, que van desde la presencia (comportamientos receptivos o pasivos, como asistir a reuniones, receptar mensajes, etc.), a la activación (asumir actividades políticas, ser delegado para ellas, promoverlas) hasta la participación propiamente dicha (contribuir directamente a la estructuración y dinamización de situaciones políticas).
En este último nivel se insertan las modalidades de planificación participativa y de gestión asociada de las que nos estamos ocupando en este ensayo.