3. La erradicación de la pobreza y el hambre.

En la búsqueda de un compromiso universal firme para alcanzar el desarrollo, Colombia y 188 naciones más acordaron en la Cumbre del Milenio de septiembre de 2000, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ocho Objetivos de Desarrollo de largo plazo, comprometiéndose a definir metas nacionales para ser alcanzadas en el año 2015. El primero de estos objetivos propone erradicar la pobreza extrema y el hambre y las metas nacionales establecidas en el CONPES Social 091 plantean como retos reducir al 28.5 el porcentaje de personas en pobreza y al 8.8% el de aquellas que viven en pobreza extrema.

En el ámbito de la discusión conceptual sobre pobreza se observan dos nociones básicas . De un lado, ella es concebida como una falta de recursos personales, individuales o del conjunto de los miembros del hogar. De otro lado, la pobreza es entendida y estudiada en su dimensión relacional, en cuanto implica unos modos de vida caracterizados por ciertas carencias o privaciones básicas que suelen ir acompañadas de una inadecuada participación e integración social de las personas que sufren dichas carencias.

En relación con esta primera noción, los conceptos de pobreza de aceptación corriente se han referido a la subsistencia y las necesidades básicas, relacionándolas con el ingreso. El criterio mínimo de necesidades (por ejemplo, requerimientos nutricionales) equipara el consumo de ese nivel inferior a una línea de pobreza.

En concreto, el concepto de subsistencia hace referencia al ingreso que una persona debe obtener para satisfacer sus necesidades nutricionales y así mantener su eficiencia física. De ese modo, deja de lado otras necesidades sociales de las personas, como miembros que son de una compleja red de relaciones sociales .

El concepto de necesidades básicas, por su parte, es una extensión de la percepción de subsistencia y se centra en el conjunto de necesidades requeridas por una comunidad como un todo, y no ya con base en necesidades individuales o de las familias, para su sobrevivencia física. Ambos conceptos terminan justificando la idea de que el crecimiento de la riqueza material es todo lo que se requiere para superar el problema de pobreza.

En una perspectiva relacional, y a la luz del enfoque de capacidades y derechos (Corredor, 1999), se plantea como problema la inserción precaria de la población pobre en las dinámicas económica, social y política, fenómeno que les impide beneficiarse del valor que contribuyen a generar socialmente.

Para esta visión teórica la pobreza es expresión de un escaso desarrollo de capacidades y derechos. Tiene su origen en la incapacidad de la sociedad y del Estado en permitirles a todas las personas un igual acceso a las oportunidades y en ofrecer condiciones adecuadas para aprovecharlas. La carencia de dotaciones iniciales y la ausencia de condiciones para poder garantizar el ejercicio efectivo de los derechos, inhiben el desarrollo de las capacidades y conducen a una inserción precaria de importantes sectores de la población.

Esa carencia de dotaciones iniciales se traduce en una situación en la cual la persona pobre se muestra incapaz de satisfacer sus necesidades vitales, no sólo en términos de sobrevivencia física (alimentación, salud, vivienda) sino también en términos de su desarrollo como persona: participación en los procesos culturales, sociales y políticos; identidad; autoestima; sentido de pertenencia; acceso a la formación y a la información.

En síntesis, la pobreza entendida y estudiada en su dimensión relacional lleva a concluir que los pobres son aquellos cuyos recursos materiales e inmateriales no les permiten cumplir con las demandas y hábitos sociales que como ciudadanos se les exige. De este modo, la pobreza es sobre todo pobreza de ciudadanía entendida como "aquella situación social en la que las personas no pueden obtener las condiciones de vida - material e inmaterial - que les posibilite desempeñar roles, participar plenamente en la vida económica, política y social y entender los códigos culturales para integrarse como miembros de una sociedad" (Bustelo 1999, 87). Es no pertenecer a una comunidad en calidad de miembros plenos.

No obstante, esos logros y avances en la definición de pobreza no han modificado en forma sustancial la contabilización de los pobres y no pobres, en parte porque las distintas dimensiones de la pobreza como ingreso, salud, educación, nutrición y derechos, entre otras, a menudo están correlacionadas. Estos desarrollos conceptuales lo que han permitido es una mejor caracterización y comprensión del fenómeno, favoreciendo de esa forma el diseño y la implementación de programas orientados hacia su mitigación.

Para determinar si una persona es pobre, es posible adoptar un enfoque “directo” o uno “indirecto”. En el enfoque “directo”, una persona pobre es aquella que no satisface una o varias necesidades básicas, como por ejemplo una nutrición adecuada, un lugar decente para vivir, educación básica, entre otras. El enfoque “indirecto”, en cambio, clasifica como pobres a aquellas personas que no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

Podría decirse entonces que, mientras el primer método vincula la pobreza con el consumo efectivamente realizado, el método “indirecto” evalúa dicha pobreza a través de la capacidad para realizar consumo. Por ende, al fijarse en distintos indicadores del fenómeno, ambos métodos pueden generar clasificaciones de pobreza que no son necesariamente compatibles. Bajo el método “directo”, una persona que cuenta con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades podría ser pobre; bajo el método “indirecto”, una persona que no haya satisfecho varias necesidades básicas podría no ser considerada pobre.

Entonces, para observar la situación que presenta el departamento de Risaralda, se recurre tanto a los indicadores indirectos, la Línea de pobreza (LP) y la Línea de indigencia (LI), como a los directos, los índices de Necesidades básicas insatisfechas (NBI) y de calidad de vida (ICV), teniendo presente que en este último caso se considera pobre un hogar cuyo valor esté por debajo de 69 (Cuadro 4).

En general, aunque los indicadores evidencian un mayor avance del objetivo de erradicación de la pobreza en el departamento frente a la situación nacional, en Risaralda este fenómeno sigue siendo un problema que afecta a cerca de la mitad de su población. No obstante, deben resaltarse ciertos hechos que tienen que ver con la situación de esta entidad territorial frente a sus similares y las diferencias entre zonas rurales y urbanas.

En primer término, y como ha sido resaltado en el Informe para Colombia sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (PNUD - Colombia, 2007), Risaralda se destaca como uno de los cinco departamentos del país con mejores indicadores de Línea de Pobreza, Línea de Indigencia e ICV (gráfico 4 y anexos 3 y 4). Sin embargo, al interior del departamento persisten las desigualdades en las condiciones de vida, tanto entre las personas como entre los territorios. Con relación a esto último, según el censo de población de 2005 el 31.3% de los habitantes de la zona rural de Risaralda presentaba necesidades básicas insatisfechas, mientras que ese porcentaje era sólo del 12.3 en los habitantes urbanos.

En relación con el componente de hambre y desnutrición del primer objetivo de desarrollo del milenio, cuya meta nacional es reducir al 3,0% los niños menores de cinco años con peso inferior al normal, cabe destacar que Risaralda presenta una tasa de desnutrición global en menores de cinco años inferior al promedio nacional (gráfico 5). En el mismo sentido, según las estadísticas del pasado censo (mapa 1) , el departamento aparece como una de las entidades territoriales con menor proporción de personas con ingresos insuficientes para acceder al consumo de tres comidas básicas.

No obstante, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud –ENDS- de 2005, en Colombia el promedio de duración de la lactancia materna es de 14.9 meses, período levemente mayor a los 13.1 meses del año 2000; sin embargo, en Risaralda ese promedio sólo fue de 11 meses. Los mayores promedios de lactancia se presentaron en los departamentos de Vaupés - 27 meses, Casanare - 21 meses, Guainía y Nariño - 20 meses, mientras que Caldas y San Andrés reportaron el menor tiempo de lactancia con 7,9 meses cada uno.

En síntesis, Risaralda se destaca como uno de los departamentos colombianos con mayores avances en el objetivo de desarrollo del milenio “erradicar la pobreza extrema y el hambre”. Sin embargo, persisten las desigualdades y la inequidad al interior del territorio, en tanto persisten los desequilibrios en la evolución de las condiciones de vida urbana y rural; por lo que resulta necesario insistir en la importancia de una política de desarrollo regional que favorezca la desconcentración de las oportunidades de inversión en la entidad metropolitana, uno de los grandes propósitos planteados en la Visión Risaralda 2017.