5. Promoción de la equidad de género y la autonomía de la mujer

En el tercero de los objetivos acordados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cumbre del Milenio de 2000, se establece como propósito “promover la equidad de género y la autonomía de la mujer”, y como meta se define la eliminación de las desigualdades en educación primaria y secundaria entre los géneros, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles antes de finalizar el año 2015.

En Colombia no se presentan diferencias importantes en asistencia escolar por género, por lo que se propuso como metas mejorar la capacidad de evaluación que permita orientar políticas y programas de manera acertada, ya que los instrumentos con que cuenta el país para monitorear y evaluar la situación de equidad de género en diferentes ámbitos son aún deficientes; implementar y mantener en operación una estrategia intersectorial de vigilancia en salud pública de la violencia intrafamiliar; incorporar y mantener el seguimiento a la equidad de género en materia salarial y calidad del empleo; e incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público (CONPES Social 091).

Aunque no se tiene una línea de base para hacer seguimiento a este fenómeno de violencia intrafamiliar y de género, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2005 ofrece información que permite comparar la situación del departamento de Risaralda con lo que se observa en el ámbito nacional. Dicha encuesta consultó ampliamente sobre la situación de violencia intrafamiliar con perspectiva de género, encontrando que en los hogares de Risaralda el 27.5% de las mujeres que han convivido en pareja han experimentado alguna forma de violencia física por parte del esposo o compañero, en tanto a nivel nacional esa proporción fue del 39%.

En el mismo sentido, la encuesta revela que el 21,5% de las mujeres risaraldenses que han estado en unión han recibido alguna vez de su compañero o esposo un trato en términos desobligantes y el 17% de ellas ha sido amenazada de alguna forma, mientras que a nivel nacional esos porcentajes son del 26.3% y 20.8% en forma respectiva. De otro lado, en el departamento el 6.3% de las mujeres han sido violadas por su pareja, en tanto a nivel nacional esa situación se reportó en el 11.5% de los casos.

Lo anterior evidencia que, a pesar de la existencia de un marco constitucional e institucional que pretende garantizar los derechos de la mujer, ello resulta aún insuficiente para protegerla de la violencia de pareja. Si bien en el ámbito departamental se observan menores índices de esa violencia contra la mujer, la presencia del fenómeno sigue siendo elevada y se requiere avanzar en su seguimiento para crear consciencia sobre el mismo, más si se tiene en cuenta que una buena parte de éste permanece oculto por falta de denuncia.

En materia laboral, en el departamento persiste, como condición estructural según se ha mostrado en otros trabajos (Gaviria y Sierra, 2000), la inequidad de género en materia de oportunidades de empleo. Como se observa en el cuadro 6, la tasa de desempleo femenina sigue siendo ampliamente superior a la de los hombres, a pesar de que su participación en el mercado laboral es menor y, en promedio, presenta un mayor nivel de educación formal.

Respecto a lo primero, si bien la participación de la mujer risaraldense en el mercado laboral ha sido históricamente alta y sigue aumentando , ella sigue siendo muy inferior a la de los hombres. De acuerdo con la Encuesta de Hogares del DANE, mientras en junio de 1998 el 48% de las mujeres en edad laboral participaron de manera activa en el mercado de trabajo, en septiembre de 2005 el 52% de ellas estaba participando, pero esa proporción en los hombres era del 76%.

En cuanto a lo segundo, según la Encuesta de Demografía y Salud de 2005, en la población mayor de seis (6) años la mediana de educación para las mujeres es de 4.9 años y para los hombres de 4.7 años; a su vez, de manera sostenida las Encuestas de Hogares del DANE han encontrado un mayor promedio de educación en la Población Económicamente Activa femenina frente a la masculina. En ese sentido, si se ignora la presencia de una situación de inequidad de género en las oportunidades, no resulta fácil explicar por qué el grupo poblacional con menor tasa de participación laboral y mejores promedios de educación enfrenta las más altas tasas de desempleo.

Finalmente, y en relación con la meta de incrementar por encima del 30% la participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, ni en los cargos directivos del sector público departamental, ni en aquellos de elección popular, se cumple de manera plena con la ley de cuotas. En la actualidad sólo el 25% de las secretarías de despacho de la gobernación de Risaralda y el 36% de la alcaldía de Pereira están en cabeza de una mujer; en tanto la Asamblea Departamental y el Concejo Municipal de Pereira tienen una participación femenina del 25% y 10% en forma respectiva.

En anteriores trabajos (Gaviria, Sierra y Buchelli, 2007) se han encontrado evidencias sobre la incidencia que está teniendo esa inequidad de género en las oportunidades laborales en el fenómeno de feminización de la pobreza en el ámbito local. En el estudio referido se observó que la probabilidad de que un hogar sea pobre aumenta cuando el mismo está encabezado por una mujer, lo cual es explicado desde distintos autores por factores relacionados con el fenómeno de discriminación de género:

• Una buena proporción de las mujeres trabajadoras en el mundo están vinculadas a actividades mal remuneradas y de carácter informal (Kliksberg, 2003)

• En todos los hogares y culturas es menor el acceso de la mujer a activos y recursos productivos como la tierra, el crédito, las divisas y el capital financiero, físico y humano (Buvinic, 1998; Idárraga, 2005)

• Las mujeres perciben, en promedio, un ingreso menor por igual trabajo, en comparación con los hombres (Kliksberg, 2003; Idárraga, 2005)

• Es menor el tiempo “libre” del que disponen las mujeres para invertir en un trabajo adicional que les genere mayores ingresos (Buvinic, 1998). De manera casi que exclusiva las mujeres tienen a su cargo las responsabilidades domésticas.

La mujer está así sobre-representada en los grupos de pobreza, dado que recibe menos apoyo que el hombre para actividades productivas y accede más difícilmente al crédito y a la asistencia técnica, lo cual la hace menos productiva. Por esta causa, la mujer está en inferiores condiciones para participar en las grandes tareas de la sociedad (Vallejo, 1998), con costos evidentes para su bienestar individual, pero también con un costo social para el bienestar y la eficiencia de la sociedad como un todo (principalmente por la vía de las carencias producidas en el capital humano).

La igualdad de género supone que los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consideren, valoren y promuevan de igual manera. Esto no significa que ellas y ellos deban convertirse en iguales, sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no dependan de si han nacido hombres o mujeres; implica que todos los seres humanos enfrenten condiciones similares para desarrollar sus capacidades personales y para tomar decisiones.

En una perspectiva contractual, el medio para lograr la igualdad es la equidad de género, entendida como la justicia en el tratamiento a mujeres y hombres de acuerdo a sus respectivas necesidades. Por tanto, la equidad de género implica la posibilidad de tratamientos diferenciales para corregir desigualdades de partida; medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades.

¿De qué oportunidades se trata? De aquellas que permitan el acceso de las mujeres al mundo de lo público y lo privado, escenarios de los cuales han sido en alguna forma excluidas. Oportunidades que les permitan, tanto en el ámbito público como privado, el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, y el Estado es el llamado a ofrecer estas garantías ante la imposibilidad de confiarlas al mercado.

Lo anterior exige entonces trabajar por un estado y una condición de equidad de género, a través de la cual, entre otras, se amplíen las oportunidades de acceso al poder público, a la propiedad y al trabajo para la mujer. La cultura de género es una perspectiva, una forma de entender la sociedad y el desarrollo y, como tal, no puede ser confundida con un capítulo de los planes de desarrollo (el dedicado a solucionar los problemas de equidad o de asignación asociados con ella). En realidad se trata de un enfoque que debe estar presente en toda la propuesta de desarrollo, puesto que se exige el reconocimiento efectivo de que hombres y mujeres, por igual, tienen derecho a la realización de sus proyectos de vida en lo personal, lo económico, lo social y lo político.

De otro lado, no solo es necesario generar el convencimiento de que hay que cambiar la perspectiva de género y restaurar la equidad en todos los ámbitos de la actividad humana para optimizar el bienestar de la sociedad; también es necesario generar el convencimiento de que ese cambio es posible, porque se trata de una construcción cultural e histórica.