LAS NUEVAS FORMAS DE GOBERNABILIDAD TRANSNACIONAL EN EL ESCENARIO DE LA RACIONALIDAD ECON?MICA DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACI?N

Los movimientos sociales populares como “expresión” de la gobernabilidad.

La misma idea de integrar los movimientos populares en alianzas políticas orientadas por la izquierda, señala la importancia particular de los partidos políticos para servir de conexión entre el sistema político y otros movimientos sociales populares que operan al nivel de sociedad civil, mediante los diferentes mecanismos de representación que establezcan y que afecta la gobernabilidad.

Las alianzas posibles entre los movimientos globalifóbicos y los de izquierda, si se convierten en movimientos políticos pueden representar un frente de resistencia y oposición fuerte a los avances de los procesos de globalización económica promovidos por las grandes corporaciones transnacionales y por los acuerdos entre los Estados. Los movimientos establecen demandas para luchar en contra de sistema explotativos, o bien para ampliar y profundizar la democracia.

No obstante, todas las instituciones del sistema político tales como los partidos y los movimientos políticos están perdiendo credibilidad y legitimidad, mientras que los niveles de inestabilidad se incrementan. En este sentido las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos tienen funciones complementarias, más que antagónicas y los proyectos alternativos de partidos políticos diferentes al proyecto dominante hegemónico, tienen que ofrecer estructuras de movilización para tener acceso al poder político.

En el futuro aparecerán instituciones en el ámbito global que sustituyan las funciones que actualmente realizan los partidos políticos en donde los políticos serán los intermediarios entre la ciudadanía global y los tomadores de decisiones en las organizaciones internacionales. No obstante, los elementos de análisis de la globalización de los movimientos sociales siguen siendo, muy subjetivos.

La mayor parte de los movimientos populares latinoamericanos encuentran apoyo ideológico y político a sus demandas en los partidos de izquierda, a pesar de que estos no han podido reponerse y menos fortalecerse, después de las transformaciones profundas que sufrieran durante la década de los ochenta en Latinoamérica. Las consecuencias de estas políticas tienen relación con los efectos de la recesión de las economías de los ochentas y noventas. Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la población cuando las redes de seguridad son débiles.

La izquierda ha asimilado y repetido la retórica de la doctrina del libre mercado aunque se ha concentrado en la denuncia del desmantelamiento de las funciones del Estado. Pero ante el descrédito de las políticas de ajuste estructural implantadas, la izquierda Latinoamericana empieza a recobrar posiciones y está en posibilidades de ser capaz de crear nuevos mecanismos para la participación popular y tolerar e incluso impulsar un papel más fuerte e independiente para los movimientos populares (Schönwälder, 1997: 762)

Una política de descentralización exitosa debe crear estructuras de auto-gobierno regional al mismo tiempo que permitir el desarrollo de actores sociales capaces de auto-administrarse y de desarrollar una identidad, lo cual implica la necesidad de “construir” la región en términos sociales (Boisier, 1987: 143; Schönwälder, 1997:763). Hay escasas evidencias de que la región consiste de “sociedades postmodernas” o que se está moviendo a una era postmoderna.

Es el estado el principal actor social que debe promover un crecimiento económico y un desarrollo social equilibrado y equitativo entre las diferentes regiones. La falta de flexibilidad del Estado nación para reaccionar a los acelerados cambios de la globalización económica y la inercia de sus pesadas estructuras que no responden a las actuales demandas de la ciudadanía, hace necesario fortalecer a las regiones.

La región se define en general como un área de territorio sobre la que puede identificarse una marcada unidad de problemas humanos y caracteres físicos con una fuerte tendencia hacia tal unificación. La palabra región proviene del latín que significa línea o demarcación, es decir, la región es el territorio comprendido entre varias líneas de demarcación, y por tanto, es “la unidad o porción de superficie inmediatamente menor que la unidad nacional cuyas características o propiedades socioeconómicas le determinan una identidad económica y socialmente significativa en el conjunto nacional (Tarapuez Chamorro, 2001).

Es decir, con el predominio de ciertos factores tanto comunes como complementarios, que generan una suerte de identidad” siguiendo a Boisier (1988). Una nueva delimitación del espacio territorial del gobierno local es un requerimiento para promover una gestión pública orientada a lograr la participación social de los principales actores y agentes en la solución directa de sus problemas. Las ilusiones acerca de los bajos costos de cooperación pueden prevalecer. Los grandes actores pueden iniciar acción y subsidiar otros participantes. La gestión pública es un factor importante en la toma de decisiones que afectan las accione gubernamentales. Los actores políticos que persiguen la estrategia de consolidación apuntan a la excesiva polarización del proceso político, mientras que aquellos que descansan en puntos adicionales del veto experto no están obviamente satisfechos con el resultado de la toma de decisiones democrática en una escala más general.

La implementación de políticas de descentralización y la creación de nuevos espacios para la participación popular de movimientos sociales operando en el ámbito de sociedad civil, deben estar respaldados ampliamente por la voluntad política de una administración local que delimita el voluntarismo inherente de una participación popular que queda restringida solamente a la consulta, información y cooperación, pero que deja la responsabilidad de la toma de decisiones en los representantes electos (Schönwälder, 1997)

Ninguno de los dos acercamientos de la descentralización, el pragmático o el político, puede dar una explicación suficiente si los espacios para la participación popular pueden ser ampliados por la descentralización política. Esto repercutiría en la formación y reinvención de instituciones políticas más eficaces y eficientes, más contestatarias y responsables de las demandas populares, y por lo tanto más involucradas en procesos democráticos. El sistema político que incluye a las instituciones políticas y al estado deben ser los depositarios de “lo público”. No obstante, las instituciones del sistema político, tales como los partidos y los movimientos políticos están perdiendo credibilidad y legitimidad en todas las sociedades, al mismo tiempo que se incrementan los niveles de inestabilidad.

Las ideologías (La ideología es el sustituto ateo de la fe, según Novak, 1999) que sustentan el nihilismo y relativismo antropológico del poder de los Estados o de los mercados totalitarios se neutralizan cuando los individuos adoptan actitudes contestatarias y se organizan en movimientos populares. El totalitarismo fue definido por Mussolini como la feroce volontá o “ansia de poder desenfrenado sin respeto alguno a la verdad” (Novak, 1999) Pero entre el relativismo moral y el control político del totalitarismo existe el autocontrol en el marco de una sociedad libre que fortalece su cultura moral. Los sistemas de sociedades totalitarias, ya sea porque tienen un partido único en el poder, por ser economías centralmente planificadas o por que son sistemas monárquicos, etc., entran en la caracterización del “Estado soy yo”.

Sin embargo, las relaciones conflictivas de las diferentes expresiones de los movimientos populares siempre sujetas a condiciones de incertidumbre, no pueden ser totalmente predeterminadas sin que se sometan a tácticas de control político y manipulativo. Así los movimientos populares pueden representar la crítica radical social y su rechazo sistemático a todo aquello que signifique la dirección de un globalismo neoliberal. En otros casos, los movimientos son manipulados y manejados con ciertos fines estratégicos que benefician a los poderes económicos hegemónicos. Los movimientos establecen demandas en contra de sistema que son de explotación, o bien por la profundización y ampliación de la democracia.

Ya sea que los movimientos populares elijan entre el camino de la violencia o una estrategia cliententelista, cuando se trata de participar en la política local, al menos tienen otras cuatro opciones posibles: pueden tomar la decisión de participar en contra de las instituciones estatales, participar en los partidos políticos y en las instituciones del Estado, formar alianzas más amplias con otros actores y operadores políticos enfatizando sus roles específicos más que liderazgos individuales o bien formar coaliciones con otros actores simultáneamente.

Para insertarse en los procesos de globalización es necesario enfatizar la importancia de formular e implementar una política local para el desarrollo, la cual debe complementar los esfuerzos en las lógicas propias del gobierno local, la sociedad local y el mercado local. Tarapuez y Chamorro (2001) define la política local para el fortalecimiento empresarial como “la organización de los esfuerzos y las acciones de los agentes sociales para el logro de un objetivo amplio y genérico: el desarrollo, competitividad, promoción y fortalecimiento de las MIPYMES”, (micro, pequeñas y medianas empresas).

Los regímenes de gobierno presidencialistas que logran coaliciones mayoritarias multiparidistas contribuyen a alcanzar la gobernabilidad democrática. Las coaliciones multipartidistas que logra la cooperación entre sus diferentes actores políticos pueden lograr avances en la estabilidad del régimen político, presidencialista o no, mediante el apoyo popular y una adecuada formulación e implementación de políticas y estrategias para el desarrollo. Tanto los actores políticos estratégicos como los sociales y económicos aprovechan las estructuras de poder para ejercer influencia en los procesos de tomas de decisiones que favorezcan sus propios intereses. Las redes de poder atrapan a los ciudadanos y los somete a la lógica de una esfera de influencias y competencias con altos costos para quienes optan por alternativas diferentes que implican la negación de las telarañas de poder. Ramos (2001) concluye que la red de poder democrático se activa en un proceso cíclico que fluctúa entre la mercantlización y la estatalización, la adhesión y la apatía, la participación y la inhibición”.

Sin embargo se está viendo cada vez más que la lealtad al partido cuenta más que la eficiencia y la competencia en muchos países La formación de alianzas políticas entre el gobierno y la sociedad, al margen de la estrategia clientelar, es un requisito indispensable para la implementación de programas con alcance socioeconómico. Las coaliciones políticas de gobierno, de acuerdo con la teoría de los eventos, terminan en forma impredecible. No obstante es posible estimar las relaciones de cooperación y conflicto entre las partes involucradas.

La primera estrategia consiste en participar en la política local oponiéndose abiertamente en contra de las instituciones del Estado y presionar a través de alianzas con otros movimientos sociales. Para contrarrestar el influjo de los procesos de globalización económica, es necesario enfatizar la importancia de formular e implantar una política local para el desarrollo, la cual debe complementar los esfuerzos en función de las lógicas de la sociedad, el gobierno y el mercado locales. Para ello, es necesario seguir protegiendo la autonomía del movimiento y dejando las mínimas oportunidades de cooptación, aunque los alcances de éxito en sus demandas sean limitados, a menos que se trate de un movimiento fuerte capaz de arrancar concesiones importantes del Estado.

Las cooptaciones son pequeñas concesiones por los poderes hegemónicos a fin de diluir el criticismo y la oposición a los proyectos de expansión de la economía del mercado. Esta estrategia pone demasiado énfasis en las movilizaciones populares desde afuera del sistema político y descuida las relaciones entre los diferentes movimientos populares, derivándose en una tendencia que termina en la propia marginalización de los movimientos populares.

Cuando los movimientos sociales penetran las instituciones políticas y estatales para influir sus políticas, los líderes pueden alcanzar posiciones en el sistema político local. Lograrlo les permita el acceso a más recursos y a institucionalizar los cambios, aunque corren el riesgo de ser cooptados para entregar el movimiento a las estructuras clientelistas, comprometiendo su lealtad hasta que finalmente pueden perder la base de su propio movimiento.

Una tercera estrategia consiste en la formación de alianzas con otros actores y operadores políticos con la misma conversión ideológica. De tal forma que se enfatice más el desempeño de papeles específicos con un mayor peso en las demandas populares que los liderazgos individuales, en situaciones tales como vivienda, educación, sanidad, etc. Este tipo de alianzas permite a los movimientos populares crear y agrandar las oportunidades institucionales para la participación en la planeación y ejecución de políticas y programas de gobierno local.

En las alianzas entre los diferentes movimientos populares se manifiestan posibles transferencias de la autonomía en beneficio del más dominante, derivándose en las consideraciones de un viejo dilema para los movimientos absorbidos, entre la decisión de permanecer totalmente autónomo o cooptado. El movimiento popular cooptado y controlado pierde su autonomía en favor de los aliados, de quienes se hace más dependiente, relegando a segundo término a sus propias bases políticas de apoyo.

La creación de coaliciones con aliados preferidos y simultáneamente con otros actores políticos, permiten aprovechar mejor sus fortalezas, ya sea en disponibilidad de recursos o bien en capacidades específicas. Por otro lado, al mismo tiempo que las coaliciones pueden ayudar a proveer una mayor protección a los movimientos sociales, también los hace menos vulnerables frente a los cambios desafortunados y a las vicisitudes de un medio ambiente desfavorable. Schönwälder (1997) considera que las alianzas múltiples de los movimientos populares que operan en el ámbito local con una variedad de otros actores parecer ser la salvaguardia de la autonomía relativa y la forma mas apropiada para maximizar los recursos a su disposición.

La sociedad civil puede también ser tipificada por los bienes mixtos que genera, los cuales pueden ser privados como los servicios exclusivos para los miembros, solidarios como los servicios de una organización de ayuda mutual, o públicos. Las actividades típicas de la sociedad civil generan como externalidades positivas, el capital social y el discurso público, también considerados como beneficios colectivos de la asociación voluntaria. El capital social fortalece las relaciones y capacidades de la sociedad civil.

El capital social es una forma de reducir los costos de transacción mediante el involucramiento de las relaciones económicas en las relaciones sociales. La participación en redes sociales genera una externalidad positiva mientras que el status genera una negativa. El desarrollo de las redes sociales están determinadas por un desplazamiento existente de las relaciones fuertes, permanentes y estables por otras más débiles, flexibles y pasajeras. El discurso público, de acuerdo con Wuthnow (1991b), se refiere a la habilidad de una sociedad para articular valores colectivos, para reflejarse en los problemas sociales, y para desarrollar metas políticas.