2.3. El Estado de Río Grande do Sul.

El Estado de Río Grande do Sul, que está compuesto por 497 municipios distribuidos en 22 sub-regiones realiza el proceso de Presupuesto Participativo desde 1999. Cada año, los ciudadanos opinan y debaten las Políticas Públicas, la totalidad de los ingresos y los gastos y deciden las prioridades para la aplicación de los recursos estatales.

Este espacio de relación permanente y democrática del Estado con la comunidad, donde el pueblo tiene voz, es un rico ejercicio de la ciudadanía y de aprendizaje sobre el funcionamiento y el papel del Estado, que capacita a los ciudadanos al control de la gestión pública, asegurando seriedad y transparencia en el gasto de los recursos estatales”(1)

El Reglamento operativo define el Presupuesto Participativo como: “... el espacio de relación permanente del Gobierno del Estado con la población, un modelo de gestión pública democrática implantado en Río Grande do Sul, en que los ciudadanos participan, de forma directa, voluntaria y universal. Por este proceso de participación popular, la comunidad gaucha, discute y decide sobre el Presupuesto Estatal y las políticas públicas y después da seguimiento a la aplicación de los recursos en sus comunidades (...) En este proceso de co-gestión del Estado con la sociedad, el Gobierno elabora la propuesta de Presupuesto Público a partir de las decisiones de la comunidad y la envía a la Asamblea Legislativa. La participación popular directa en la gestión pública promueve la democratización del Estado y el control social en las acciones del Gobierno, asegurando transparencia en el gasto de los recursos y la destinación del dinero público en las áreas más carentes y de necesidad de la mayoría de la población” (2).

Así entendido, el proceso pone al ciudadano en el máximo escalón de las decisiones políticas gubernamentales que se pueden clasificar en los siguientes escenarios:

Primero. Destinación de recursos para gasto e inversión. La realización del ejercicio abre todo el presupuesto, los gastos de personal, servicios esenciales, inversiones y proyectos de desarrollo, así como los recursos extra-presupuestarios disponibles para financiamiento a través del Banco del Estado.

En Porto Alegre, por ejemplo, se crea una comisión tripartita -gobierno, Consejo Popular y sindicato de los funcionarios municipales- que discute y decide la creación de nuevos cargos públicos, realizando un control interno y externo sobre el aumento de personal. También se desarrolló la conciencia de que las inversiones en las áreas sociales como educación y salud llevan a nuevos gastos de costo -personal y servicios-, que necesitan ser acompañados del aumento del ingreso público.

La Matriz Presupuestaria y el Plan de Inversiones y Servicios es diseñada con base en los indicadores de planeación resultantes de las prioridades de la base regional, de las prioridades de la base temática de desarrollo del Estado, de las necesidades del gobierno para mantener los servicios esenciales y proyectos/ obras en marcha, considerando la estimativa del ingreso y presenta una distribución detallada de los gastos de personal, gastos corrientes, gastos de capital, servicio de deuda, para cada órgano del Poder Ejecutivo e inclusive de los otros poderes -Legislativo, Judicial y Ministerio Público-.

Segundo. La relación Estado - Región – Municipio. Las realidades entre cada región y cada municipio tienen diferencias sustanciales que se reflejan en la población, el desarrollo económico y las carencias en infraestructura y servicios. Así mismo, la distribución de los recursos se realiza buscando equidad en cuanto a la focalización de los recursos, en los territorios que mayores carencias albergan, bajo criterios que son ampliamente discutidos y ajustados por cada uno de los actores.

Por estas razones se abrió un espacio de calificación de las relaciones entre el Gobierno del Estado y las Alcaldías con la participación y el control de la población. Las apropiaciones voluntarias del gobierno estatal para políticas en sociedad con los gobiernos municipales pasan por las prioridades establecidas en el Presupuesto Participativo y por criterios objetivos de distribución regional. Los Consejos Municipales de Salud, Asistencia Social, Agricultura, Habitación, entre otros, junto con los Delegados Municipales pasan a tener un papel preponderante no solo en la elaboración del Presupuesto, sino principalmente en su ejecución, fiscalización tanto a las intervenciones realizadas directamente por el Estado como a las ejecutadas en sociedad con los Municipios. Las relaciones políticas tradicionales y clientelistas comienzan a ceder espacio en todos los niveles hacia una nueva forma de gestión pública con control social, calificando el pacto federativo Estado - Municipios.

Tercero. La participación urbano – rural. Para calificar su participación, las comunidades urbanas y rurales, a través de sus consejos municipales o regionales, delegados y consejeros del Presupuesto Participativo, sindicatos, movimientos populares y sociales, asociaciones de moradores, clubes, pastorales, iglesias, ONGs, etc., pueden promover reuniones preparatorias en sus localidades para discutir propuestas para ser presentadas en las asambleas.

Cuarto. Las relaciones individuo – organización social y política – gobierno. El Presupuesto Participativo es un proceso de negociación y de acuerdo entre múltiples niveles de Participación Social y Representación Política, en donde se pueden establecer claramente los intereses y demandas de cada uno de los actores.

En tales condiciones, aparecieron opositores y resistencia a la realización del ejercicio, en ocasiones de actores políticos. Ello hizo necesario a la creación de otro estamento denominado “Foro Democrático” en el que la Asamblea Legislativa(3) discute con la sociedad y el gobierno lo relacionado, no solo con el presupuesto, sino también lo concerniente a otros proyectos de ley que cursan en el parlamento.

Etapas e instancias organizativas.

A. Plenarias regionales de directrices. Todos los ciudadanos deciden las directrices regionales, con carácter indicativo, para calificación de la discusión de los Programas de Desarrollo, Servicios y Obras, a partir de diagnósticos y directrices del Gobierno y de la comunidad en las áreas de infraestructura, políticas sociales y desarrollo económico.

B. Asambleas regionales temáticas de desarrollo. Los ciudadanos de manera universal proponen, debaten e inician decisiones sobre los programas prioritarios de la Temática de Desarrollo Estatal para la región, que será concluido en las Asambleas Públicas Municipales, entre 9 temas: Agricultura, Ciencia y Tecnología, Desarrollo del Turismo; Generación de Trabajo e Ingreso; Medio Ambiente, Gestión Urbano-Ambiental y Saneamiento; Gestión y Acciones de Calificación en el Uso y Ocupación del Suelo; Transporte y Circulación, Minas y Energía y Educación. Cada ciudadano puede votar en tres programas prioritarios entre tres temas diferentes. También elige delegados temáticos que representan las regiones en las Plenarias Regionales de Delegados.

C. Asambleas públicas municipales. Todos los ciudadanos residentes en cada municipio proponen, discuten y votan sus prioridades en Servicios y Obras de competencia estatal, entre 10 temas: Agricultura, Transporte y Circulación, Cultura, Educación, Asistencia Social y Promoción de la Ciudadanía, Energía, Seguridad, Gestión Ambiental y Saneamiento, Salud y Habitación. También discuten y votan en los Programas de la Temática de Desarrollo de cubrimiento estatal prioritarios para la región, entre 9 temas: Agricultura; Ciencia y Tecnología; Desarrollo del Turismo; Generación de Trabajo e Ingreso; Medio Ambiente, Gestión Urbano-Ambiental y Saneamiento; Gestión y Acciones de Calificación en el Uso y Ocupación del Suelo; Transporte y Circulación; Minas y Energía y Educación.

D. Plenarias de los Foros Regionales de Delegados. Los delegados temáticos y los delegados municipales del Presupuesto Participativo en la 1ª Plenaria, reciben la estimativa preliminar de la renta corriente y de los agregados del gasto público y la relación de todas las demandas prioritarias de los municipios de su región, para realizar con el gobierno la compatibilización y sistematización de la jerarquía establecida por las votaciones con los diagnósticos de carencia, viabilidad técnica, legal y financiera.

Los delegados eligen entre ellos los consejeros que representan la población de las 22 regiones en las reuniones del Consejo Estatal del Presupuesto Participativo. Eligen también Comisiones Representativas de los Delegados, compuesta por delegados de todos los municipios, que coordinan el trabajo de compatibilización y sistematización de las demandas en las regiones. Para eso, se realizan el número de reuniones necesarias, así como debates en los municipios y micro regiones con los demás delegados. Este trabajo colectivo, realizado conjuntamente con el gobierno, con miras a la construcción del Plan de Inversiones y Servicios del Estado, que es debatido y deliberado por la 2ª Plenaria de los Foros Regionales de Delegados.

E. Consejo Estatal del Presupuesto Participativo. El Consejo Estatal de Presupuesto Participativo está formado por 69 consejeros electos por las 22 regiones, proporcional a la población de cada región; 69 consejeros electos por las 22 regiones, proporcional a la participación en las asambleas del Presupuesto Participativo; 22 consejeros electos entre los delegados de la Asamblea Regional Temática de Desarrollo (1 por región); 44 consejeros (2 por región) indicados por los Consejos Regionales de Desarrollo (COREDES).

Esta es la instancia máxima de la representación popular de la sociedad en el proceso del Presupuesto Participativo. En varias reuniones con el Gobierno, los consejeros discuten y deliberan el Plan de Inversiones y Servicios y la Propuesta Presupuestaria del Estado que es enviada a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

1. DE SOUZA, Ubiatan. El Reglamento del Presupuesto Participativo 2001. Secretaría Especial del Gabinete de Presupuesto y Finanzas del Gobierno del Estado de Río Grande do Sul. Abril 2000. spi.

2. IBIDEM.

3. Asamblea Legislativa puede entenderse como la corporación pública.