Los postulados en torno a la persona son en general bastante escasos en nuestro ordenamiento jurídico.
A pesar de los esfuerzos del Estado cubano para poder ofrecer un tratamiento justo y equitativo a toda la población, las propias limitaciones en el ejercicio de la autonomía de los discapacitados físicos y mentales se deben en muchas ocasiones a la estigmatización de que son objeto, independientemente del grado de severidad de su afección y los acompaña en cada acto de sus vidas, además del desconocimiento ético y jurídico de los agentes que interactúan con estas personas, de la vulneración de sus derechos al considerarlos un estorbo o carga.
No existe un modelo único para el tratamiento de la discapacidad en Cuba, ni se ha elaborado el Cuaderno de Trabajo, como ya se ha expresado existe políticas, directrices, planes, normas de menor nivel y una dispersión en los organismos que atienden o desarrollan el cuidado a los discapacitados.