Hugo Daniel Ramos

Eduardo Rivas

eduardorivas07@gmail.com

Cuando en 1991 se firmó el Tratado de Asunción (TA) que marcó el inicio del MERCOSUR, la cuestión parlamentaria fue abordada de manera sumamente limitada, reducida a tan solo un artículo entre las Disposiciones Generales del Tratado. En éste se señala que “Con el objeto de facilitar el avance hacia la conformación del Mercado Común se establecerá una Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR. Los Poderes Ejecutivos de los Estados Partes mantendrán informados a los respectivos Poderes Legislativos sobre la evolución del Mercado Común objeto del presente Tratado”.
Esta Comisión no estaba incluida entre las instituciones del bloque y, como se desprende del artículo citado, no se avanzaba en ningún aspecto sobre la tarea a desarrollar por la CPCM. En este sentido, el camino para transformar a la CPC en una auténtica institución regional estuvo en manos de los legisladores de los respectivos Estados. La voluntad de conformar una instancia parlamentaria regional se hizo evidente ese mismo año,  cuando los legisladores de los Estados parte se reunieron en tres oportunidades, dos de ellas antes de que el Tratado fuese aprobado por los Congresos de los cuatro Estados. El objetivo era constituir la CPCM, meta rápidamente alcanzada luego de aprobar su reglamento interno en diciembre de ese mismo año.
Un paso adelante se dio con la firma del Protocolo de Ouro Preto, en diciembre de 1994. La constitución del nuevo entramado institucional del MERCOSUR incluyó a la CPCM entre las seis instituciones regionales, especificando sus funciones y atribuciones. Poco tiempo después, la Comisión adecua su reglamento interno avanzando incluso sobre las disposiciones del POP y delimitando más claramente su composición.
Durante los años siguientes, la CPCM procuró incrementar su influencia en las diversas instancias referidas a la integración. Sin embargo no logró consolidarse dentro de la estructura institucional del bloque como un órgano de relieve, de manera homóloga al Consejo del Mercado Común o del Grupo Mercado Común. Entre otras razones, por su ausencia de capacidad de decisión y la influencia del presidencialismo característico de los regímenes políticos de los Estados Parte del MERCOSUR. En esta línea se inscriben algunos de los aportes más relevantes en relación con la dimensión parlamentaria de la integración de Caetano y Perina (2003); Caetano (2006); Filadoro (2006); Malamud y Schmitter (2006) y Vigevani, Pasquariello y Fernandes de Oliveira (2001).
Esta situación, manifiesta claramente en las funciones que el POP le asigna a la CPCM es reiterada además en diversas normativas emanadas de otras instituciones mercosureñas. La noción común es que la CPCM tenía por objeto “acelerar los procedimientos internos correspondientes en los Estados Partes para la pronta entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos del MERCOSUR”. De esta forma, se negaba a la CPCM una función propiamente legislativa, reduciéndola a constituirse en una institución “facilitadora” de decisiones tomadas en otros ámbitos y, en el límite de esta interpretación, a mera “ejecutora” parlamentaria de los acuerdos labrados por los Poderes Ejecutivos. Desde esta perspectiva, los instrumentos emanados de la CPCM no constituirían mucho más que declaraciones políticas sobre el proceso de integración regional sin efectos prácticos.
Pese a esto es importante reconocer que con el transcurso del tiempo, y fomentando la ampliación de la integración a terrenos más amplios que los inicialmente previstos en el TA, la CPCM actuó como disparador de discusiones y temáticas novedosas procurando generar una interacción regional que no se limitara tan sólo a cuestiones económicas. El objetivo era superar los limitados alcances de una integración centrada en los planos comercial y económico para embarcarse en una integración política más amplia que la soñada por quienes firmaron los primeros acuerdos de integración en 1991. La CPCM intentó, aunque con fuertes limitaciones, la generación de un interés regional por encima de la suma de intereses nacionales, aunque la propia lógica del bloque de integración conspiraba contra dicha voluntad.
Entre estas tareas, una de las más importantes que encaró la CPCM fue la de constituirse en la genuina representante de los ciudadanos del MERCOSUR, procurando generar un canal de participación más amplio y democrático que el de los restantes órganos del bloque. En este sentido, sus reiterados reclamos en pos de constituir un Parlamento regional se vieron finalmente escuchados con la creación del Parlamento del MERCOSUR en el año 2006. El Parlamento, que sustituye a la CPCM, es sin lugar a dudas un paso importante para la democratización del proceso de integración, y una de las tareas que el nuevo órgano tiene, sin lugar a dudas, es “acercar el MERCOSUR a la gente”.
Ahora bien, si hablamos de transformar al MERCOSUR en un verdadero proyecto societal una de las primeras tareas todavía pendientes es traducir los avances del proceso en información disponible para todos. Como bien señala Cecilia Alemany, “una participación efectiva requiere de un sistema de información claro. Se supone que todos los documentos elaborados en el ámbito de los órganos del MERCOSUR son públicos, sin embargo muchos anexos no se encuentran disponibles en la página web, y los actores sociales no siempre acceden a los mismos antes de su aprobación” (Alemany, 2008).
En este sentido, y desde sus orígenes, el acceso a la documentación de los órganos del MERCOSUR ha sido confusa, compleja y limitada. En lo referente a la propia CPCM, no existe hasta el momento ningún trabajo que sistematice y ordene la totalidad de los actos normativos sancionados durante sus años de existencia. Peor aún, es claro que una parte del acervo documental se ha perdido y que la documentación disponible al público en general es fragmentaria y dispersa.   
Es en este contexto en el que se inscribe la presente propuesta: acercar a la ciudadanía mercosureña la recopilación completa de documentos emanados de la Comisión Parlamentaria Conjunta del MERCOSUR durante sus años de existencia. El objetivo es difundir información hasta el momento ignorada o en manos de unos pocos actores. Creemos firmemente que de esta manera, en particular si hablamos de la dimensión parlamentaria de la integración, contribuimos a la consolidación del proceso político en el que estamos inmersos a través del MERCOSUR.