Exclusión educativa

La exclusión educativa, sea cual sea su origen –condiciones socioeconómicas, características raciales, capacidades de aprendizaje, etc.- ha coexistido a la par con la historia de la educación en nuestro país. Aun cuando hay cierta equidad en el sentido estricto del derecho –todos pueden participar, cualquiera puede tener acceso a la enseñanza básica-, en términos reales no existe tal justicia natural ya que las circunstancias o condiciones de los grupos sociales son diferentes, varían de un colectivo a otro.

Diversos estudios han demostrado (Cordero, 1998; Sánchez, 1983; SEP, 2000) que dos tipos de espacios como el urbano y el rural, por ejemplo, tienen modos distintos de organizar sus actividades socioeconómicas, su vida y por ende, su sistema educativo, lo que repercute ya sea positiva o negativamente, según el caso, en la formación integral de los alumnos. En términos de los estudiantes procedentes del campo, frecuentemente enfrentan problemas varios de deserción, rezago y pérdida de identidad, entre otros, al momento de ingresar al sistema de educación superior, y eso si logran hacerlo.

En la educación superior, la inequidad es tan evidente que mientras en la población urbana de mediano ingreso, el 80% de los jóvenes tiene acceso a la educación superior, en la población rural sólo el 3% puede aspirar a ella, pero sólo el 1% ingresa a instituciones de educación superior y menos del 0.2% egresan y se titulan (ANUIES, 2002).

Así, esta exclusión educativa, se convierte en exclusión social, toda vez que los individuos son privados del acceso al sistema, y por ende, de la posibilidad de disfrutar de ciertos bienes y recursos esenciales para vivir con dignidad o para aspirar a mejores condiciones de vida. Y viceversa: aquellos jóvenes que son excluidos de las posibilidades de participación social, suelen serlo también de la educación, ya que quienes carecen de una preparación profesional útil para la vida en común, difícilmente logran su inserción al mercado laboral; satisfacen pobremente las necesidades sociales y/o con mucho trabajo pueden alcanzar sus aspiraciones personales.

Y esta imposibilidad y/o dificultad que enfrentan algunas personas de integrarse a la sociedad y de participar en la vida comunitaria, constituyen verdaderos obstáculos para lograr el desarrollo humano. Sen establece que “… una persona excluida sería, entonces, la que no es libre para acometer aquellas actividades importantes que cualquier persona desearía elegir” (en Escudero, 2006), y se considera que la vía más rápida y efectiva para obtener dichos logros esenciales en la vida –y para la vida- es la educación.

De aquí que en años recientes el tema de la exclusión educativa haya adquirido especial relevancia, toda vez que se ha identificado que no se circunscribe a casos individuales o aislados, sino que son resultado de esta interacción que se postula entre el contexto social y el individuo que pretende ingresar a un centro educativo, en cualquier nivel de estudios. En palabras de R. Castell (2004):

La exclusión responde a un determinado orden racional que no es arbitrario ni accidental. Está inscrita y obedece a sistemas de valores y códigos que constituyen un determinado tipo de sociedad que utiliza, entre otras cosas, para protegerse de quienes, por las razones que fueren, no se adaptan a ella.

De hecho puede afirmarse que los individuos no nacen siendo excluidos; sin embargo, sí puede ocurrir que desde el momento en que nacen, su seno familiar presente condiciones de marginación y, por lo tanto, el nuevo ser sea propenso a ella. Pero la exclusión social se va agudizando o tomando nuevos matices a medida que el sujeto se va insertando en su entorno social y económico el cual, por su inherente condición dinámica y cambiante, se vuelve cada vez más difícil e impredecible.

Y este “orden natural” se transfiere en consecuencia a los espacios educativos, donde la enseñanza homologada como lo es la mexicana, aquélla que no distingue diferencias, y que ignora orígenes, desigualdades e inequidades, es la más común. De hecho, el sistema escolar a nivel nacional está plagado de obstáculos para aquel estudiante que no posee los derechos de un ciudadano común y corriente, o que es distinto de alguna manera, a aquéllos miembros de la comunidad en la cual se desenvuelve.

Un ejemplo de dichos obstáculos es el Examen General de Ingreso a la Licenciatura (EXANI), el cual no está diseñado para distinguir estas cualidades especiales de los alumnos, toda vez que este examen nacional determina el ingreso de los estudiantes al nivel superior, sin importar origen, condiciones, etc., y sin ofrecer posibilidades de una enseñanza preparatoria y/o de “poner a la altura” a los aspirantes para lograr el mismo nivel de condiciones.

Otra de las dificultades que suelen enfrentar los estudiantes procedentes de otros contextos o de otras culturas al momento de querer ingresar al sistema educativo, es que la propia comunidad académica –léase investigadores, docentes, alumnos-, por razones de ignorancia o indiferencia (inclusive ambas), es incapaz de reconocer, aceptar y/o valorar las diferencias culturales entre sus miembros, propiciando la aparición y manifestación de actitudes de discriminación o bien, problemas de identidad.

Entonces, lo que se requiere instaurar en todo el sistema educativo nacional, es una política de inclusión que trate de superar las barreras y conflictos sociales desde un punto de vista sistémico, es decir, abordando simultáneamente los diversos aspectos relacionados con los problemas de exclusión ya que se trata de un conjunto de factores heterogéneos que, al mismo tiempo, se relacionan entre sí. Se deben diseñar directrices de Compensación y a un mismo tiempo de Afirmación para lograr la inclusión.

Se considera que, si no se aborda el problema de la exclusión social y, por ende, de la inclusión educativa a través de todos los elementos en conjunto que intervienen en ellas, se corre el riesgo de continuar ejecutando acciones que lejos de integrar, contribuyan a perpetuar el patrón de exclusión tradicional. A continuación se presentan algunas medidas tomadas por los distintos gobiernos del mundo, dirigidas a la integración de las múltiples identidades y culturas que convergen no sólo en los espacios sociales sino, y sobre todo, en aquellos lugares que constituyen los medios de expresión, diálogo, conocimiento y aceptación del individuo por excelencia: las instituciones educativas.

Esto, con la intención de favorecer la reflexión en torno a las estrategias que podrían adaptarse o servir de base para el diseño de políticas nacionales (que a nivel internacional se han denominado políticas de Compensación y de Acción Afirmativa) que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso educativo, la nivelación de las condiciones socioculturales y económicas de los individuos, su rescate identitario y el reconocimiento de sus respectivas culturas, entre otros aspectos, los cuales constituyen hoy en día los principales obstáculos para el logro de una educación intercultural e inclusiva que demandan las sociedades contemporáneas.