INTRODUCCIÓN

En líneas generales y de acuerdo con la estructura agraria y la evolución del producto agrícola de México, es posible distinguir tres etapas de crecimiento: la primera cubre desde 1940 a mediados de la década de los sesenta -época del milagro agrícola mexicano- y se caracteriza como una etapa de notable crecimiento de la agricultura; la segunda etapa inicia en 1966 y se extiende hasta 1981 en la que se registró un importante avance agrícola pero inferior al de los quince años anteriores; la tercera etapa abarca de 1982 hasta la actualidad, y se caracteriza por un crecimiento lento de la agricultura en un contexto general de crisis económica en el que se inició un proceso de transformación estructural de la economía dirigido a la apertura comercial.

1.- DESARROLLO

Etapa extensiva de acumulación: 1940-1965

Durante los años previos a este periodo, específicamente en el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se instauró un proyecto de amplia participación popular basado en una política agraria dispuesta a atender las demandas de la población campesina a través del reparto de la tierra, al mismo tiempo que se reforzaba a la “nueva” burguesía agraria, mediante el apoyo a las empresas agrícolas capitalistas; en la búsqueda de una base que consolidara el equilibrio económico y político se creó entonces una estructura agraria con una base mixta de tenencia de la tierra y dos formas diferenciadas de producción: una con un perfil agroempresarial sustentado en la propiedad privada y otro basado en el modelo campesino que tenía un perfil basado en la propiedad social y con hondas raíces socioculturales (Aguirre, 2003).

En 1940 al finalizar el gobierno de Cárdenas se inició un proceso de transformación política y económica que marcaría el destino de nuestro país. Gran cantidad de campesinos fueron integrados al mercado, al tiempo que se convertían en reserva de fuerza de trabajo que era absorbida según las necesidades la expansión capitalista. 1

Sobre las décadas de los cincuenta y sesenta hay que señalar que en América Latina empieza a discutirse y ejecutarse planes de desarrollo económico que aunque con una perspectiva macroeconómica, constituyen el principio de la aplicación de proyectos de planeación, en Colombia, México, Chile, Venezuela y El Salvador. 2  Para entonces, México había pasado por el proceso sustantivo del reparto agrario de 1930-1940 lo que tendría efectos precisamente durante las dos décadas posteriores; a partir de este periodo las políticas de reparto fueron reducidas y ejecutadas bajo otros parámetros y otros propósitos.

Hay que precisar que la política económica de los 50 y 60 favoreció la modernización del sector capitalista de la agricultura, particularmente en el norte del país (Morales, 2007). Lo que consiguió ampliar la frontera agrícola, aumentar la productividad, satisfacer la demanda de materias primas industriales y alimentos a bajos costos, con los consecuentes salarios caídos, además de incidir positivamente en el volumen de las exportaciones. El sector campesino también contribuyó a este proceso, pero al no contar con los apoyos suficientes y al no lograr desarrollar su  producción y ser participe activo de los encadenamientos productivos y de comercialización, fue entrando en una fase de degradación constante (Aguirre, 2003).

Es importante agregar que uno de los pilares básicos en los que descansó dicho proceso, además de la ampliación de la superficie cosechada, fue el incremento de la superficie bajo riego. Al respecto hay que señalar que la inversión estatal se canalizó en gran medida a la construcción de obras de irrigación, siendo las tierras más beneficiadas las del noroeste y Golfo de México, fundamentalmente las de propiedad privada (ver cuadro 1).

CUADRO 1 EXPANSIÓN HECHA POR EL GOBIERNO DEL ÁREA IRRIGADA PERÍODO 1934-1988 (Miles de Hectáreas)
Periodo	Irrigación nueva	Acumulada	Cambio porcentual
1934-1940 1941-1946 1947-1952 1953-1958 1959-1964 1965-1970 1971-1976 1977-1982 1983-1988	63,5 272,5 386,7 551,1 174,4 218,6 381,8 776,1 413,9	147,4 419,9 806,6 1.357,7 1.522,1 1.740,7 2.122,5 2.898,6 3.312,5	75.7% 184.9% 92.1% 68.3% 12.1% 14.4% 21.9% 36.6% 14.3%
Fuente: Martínez B., Estela, “México: cambios en la estructura agraria y en la participación social y política de los campesinos”, 209, en: Zamosc, León, E. Martínez y M. Chiriboga (coords.) Estructuras agrarias y movimientos campesinos en América Latina (1950-1990). Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Madrid, 1996.

En efecto se implementaron programas enfocados al desarrollo agrícola en varios países subdesarrollados -entre ellos México- pero no resolvieron los fuertes rezagos que presentaba el sector agropecuario.

Algunos de estos planes fueron el Modelo de Extensionismo y el de Desarrollo Comunitario. En el caso del primero se dio una extensa difusión de las innovaciones tecnológicas provenientes de países industrializados, en tanto que en el segundo se puso énfasis en los servicios, asignándole un importante volumen de subsidios a la población; sin embargo estos dos programas no tuvieron un impacto significativo a mediano plazo dado que no lograron incidir en su intento de elevar la producción y brindar servicios de asistencia que repercutieran en las condiciones sociales de existencia de la población. En todo caso se dio un proceso de consolidación de lo que conocemos como el corporativismo y que tuvo resultados significativos en términos políticos durante varias décadas (Aguirre, 2003).

Los resultados llevaron a considerar que no bastaba con introducir innovaciones tecnológicas debido a que existían grandes obstáculos estructurales y que más bien había que crearla o adaptarla según las necesidades de cada país o región.

1.2.- El comienzo de la crisis: 1966-1981

Todavía durante parte de este periodo, fundamentalmente durante la década de los sesenta, bajo el impulso de la llamada “Revolución Verde”, el incremento en la producción alcanzó niveles elevados, lo que le permitió al país ser autosuficiente en la producción de granos y aún ser exportador de los mismos (ver cuadro 2).

CUADRO 2 SUPERFICIE COSECHADA DE PRODUCTOS BÁSICOS 1965/1969-1985/1989 (Hectáreas)
Producto	1965/1969	1985/1989	Cambio porcentual
Maíz Trigo Frijol Arroz Sorgo Soya	7.679,182 799,870 1.946,607 150,152 655,302 89,552	6.888,203 1.096,379 1.774,528 159,618 1.753,129 394,369	-10.3% 37.1% -8.8% 6.3% 167.5% 340.4%
Fuente: SARH, tomado de Héctor Lugo et al, Modernización del Sector Agropecuario       Mexicano, México, IPE, 1990, p.47.

Durante este periodo hubo cierto dinamismo en el producto agrícola con un 3.3% promedio anual, que desafortunadamente no se correspondió con el ya notorio crecimiento demográfico, lo que ocasionó una importante caída del PIB agrícola percápita, cosa que tuvo como consecuencia una mayor dependencia de la importación de productos agrícolas, principalmente de básicos.

La agricultura se consideraba aún como eje importante del desarrollo económico sobre todo tomando en consideración que buena parte de la población residía aún en localidades rurales; se le dio importancia a la investigación empírica microeconómica destacándose que los países siguen distintas vías de crecimiento con base en la dotación relativa de factores: por ejemplo, Japón basó su desarrollo con poca tierra y mucha mano de obra en tanto que Estados Unidos lo hizo con mucha tierra y poca mano de obra (Aguirre, 2003).

Se crearon instituciones como el Centro Internacional para el Mejoramiento del Maíz y el Trigo (Cimmyt)3 que tenía como objetivo fundamental contribuir a elevar la producción de cereales como el arroz, trigo y maíz. Se implementó una modificación de la política de precios que propició una estabilización entre la agricultura y la economía.

Hacia fines de los sesenta y durante los setenta, empieza a reconocerse y a hablarse de la crisis en el sector rural, de hecho, cuando el presidente Echeverría asumió el poder en el año 1970, el 60 por ciento de los 21,000 ejidos en México se encontraban en serias dificultades, lo que hacía indispensable una intervención urgente por parte del Estado (Martinez, 1996). No obstante, diversos factores políticos impidieron que los intentos reformistas de los años 1970 produjeran los resultados esperados.

En lo económico, el efecto más importante durante este periodo fue la disminución del ritmo de crecimiento de la producción del sector campesino, que paulatinamente fue entrando a una fase de deterioro, en algunos casos, subordinándose cada vez más a la agricultura comercial y en otros quedando francamente al margen de la dinámica de esta última.

La propia agricultura comercial experimentó una etapa de cambios, sobre todo en aquellas regiones que todavía producían alimentos básicos bajo condiciones proteccionistas económicas y comerciales por parte del estado. Con una economía cada vez más dirigida hacia el ámbito internacional, y en un contexto de cambio en el modelo de acumulación a nivel mundial, los productores comerciales incursionaron en un proceso de sustitución de cultivos, alejándose cada vez más de las prioridades sociales (Aguirre, 2003).

Estos cambios en la orientación de la producción agrícola configuraron un escenario que cada vez más fue imponiéndose con mayor fuerza y que se hizo evidente a partir de la década de los ochenta, los cambios en los hábitos de consumo y la dieta alimentaria mexicana, sobre todo de los conglomerados urbanos.

La sustitución del maíz por el sorgo se dio en gran medida en las tierras bajo riego; promoviéndose la agricultura comercial y la ganadería extensiva, orientadas a los sectores urbanos, capas de altos ingresos y al mercado externo; también se fomentó la producción de hortalizas y frutas destinadas a la exportación: tomate, cebolla, fresa, melón y café. Todo lo anterior, en detrimento de la producción destinada al grueso de la población y con repercusiones en el crecimiento de las importaciones de granos básicos.4

Cabe agregar además, que aunque durante este periodo el gasto público en el sector fue importante, hay que dejar claro que los mayores beneficiarios fueron los agroempresarios, que fueron los más favorecidos con la inversión en infraestructura, asistencia técnica y acceso al crédito.

Durante este etapa tuvo lugar un proceso de cambio del modelo de reproducción extensiva a una fase intensiva de acumulación, que se basó en el aumento de la productividad del trabajo a través de la mecanización; entre tanto, la pobreza y el desempleo se agudizaban en el sector rural, condiciones que impulsaron la migración hacia los centros urbanos del país y hacia los Estados Unidos (Aguirre, 2003).

1.3.- Consolidación del ajuste estructural y liberalización de la economía: 1982-2003

A partir de 1982 los derroteros de la política económica encaminaron al país hacia una modalidad de desarrollo en la que el sector rural no tendría cabida; en agosto de ese mismo año se empieza a llevar a la práctica una serie de programas de estabilización y de ajuste estructural.

Esta nueva fase para el sector primario se vio reflejado en la liberalización de los precios de los insumos agrícolas -energéticos, fertilizantes y maquinaria. En términos de asignación de recursos presupuestales se redujeron la inversión y el gasto en apoyos, extensión e investigación. Todo lo anterior al mismo tiempo que se iniciaba el proceso de apertura a las importaciones agroalimentarias (Aguirre, 2003).5

Paradójicamente, durante este periodo el sector primario empezó a tener un dinamismo aceptable y en algunas ocasiones tuvo un producto más elevado que el conjunto de la economía. Salvo los años 1982, 1986, 1988, 1989, 1992 y 2002,6 el resto de los años que conforman el periodo 1982-2002 registraron avances positivos en el producto primario.

Sin embargo, un fenómeno de enorme peso afectaría el resultado del comportamiento del sector primario en el conglomerado global de la economía, el incesante y apabullante crecimiento demográfico que durante las últimas décadas experimentó el país. De tal suerte que si consideramos la tasa de crecimiento promedio anual del PIB por habitante, ésta registra saldos negativos, debido a que durante el lapso mencionado, el ritmo de crecimiento de la población ha sido superior al de la producción de alimentos (Aguirre, 2003).

La segunda generación de medidas del ajuste estructural se dio en el año de 1988 cuando se redujeron aún más los apoyos al campo y se disminuyeron los productos agrícolas que estaban sujetos al control de los precios de garantía.

Algunos datos de 1989 nos muestran claramente la situación que imperaba en el país en dicho año y con la que México se insertaba de lleno al proceso de globalización: la propiedad social estaba constituida por más de 101 millones de hectáreas -es decir el 51.5% del total de la superficie- distribuidos entre 27 mil ejidos y 2 mil comunidades, integrados por 2.6 millones de ejidatarios y 346 mil comuneros. La propiedad privada estaba constituida por 67.5 millones de hectáreas -34.3% del total-, y contaba con 2.3 millones de propietarios. El resto, más de 27 millones de hectáreas, se distribuían entre colonias, terrenos nacionales, federales, estatales, municipales y zonas urbanas e industriales. Del total de hectáreas pertenecientes al sector social sólo el 2% aproximadamente era de riego y 12.1% de temporal, el 58% de agostadero y el resto consideradas no laborables (Carrasco y Hernández, 1990).

Durante este periodo se reformó el artículo 27 constitucional, por lo que a partir de 1992, se despejó el camino para que las tierras ejidales pudieran enajenarse y las compañías por acciones pudieran poseer propiedades rurales. 7 Con base en los resultados que tenemos, parece que este proceso no ha sido generalizado a nivel nacional, por lo que el régimen de tenencia todavía conserva de manera importante el carácter de propiedad social de la tierra, ya que relativamente pocas tierras ejidales se transformaron en propiedad privada. No obstante, los tratos agrarios se diversificaron e incrementaron en diversas partes del territorio nacional (Mazabel y Gómez, 2013).

Por otra parte, tampoco hubo un incremento en la inversión pública ni privada y a lo más que llegaba la Inversión Extranjera Directa canalizada a la agricultura era alrededor del 1 por ciento.

Otro punto de suma importancia que hay que señalar es que durante este periodo se negoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, que ha resultado tan controvertido en relación con su impacto sobre la economía nacional y que ha sido blanco de severas críticas de importantes sectores de la sociedad.

Luego de la crisis de 1994, se acentuaron las políticas de ajuste estructural: desaparecen los pocos precios de garantía que quedaban, así como el último mecanismo de regulación de precios en esta actividad: la Conasupo. Se consolida la apertura comercial y se le apuesta a un modelo de economía de exportación -en detrimento de la economía interna- cada vez más dependiente de los Estados Unidos (Aguirre, 2003).

1.4.- Una lectura de la época actual

Las tendencias de la producción agropecuaria esbozadas desde periodos previos no han podido reorientarse hacia nuevos escenarios que tomen en cuenta la heterogeneidad de los productores rurales en México. Desafortunadamente, se ha privilegiado a un sector reducido de grandes agricultores, que en periodos recientes se ha articulado a los grupos agroindustriales de Estados Unidos, por lo que la esperada transformación y desarrollo del sector agrario, nunca se concretó, como acertadamente se señala a continuación:

El comercio agrícola de México ha crecido de manera significativa y permanente durante el periodo de reformas y liberalización comercial, y lo mismo ha sucedido con los rendimientos de los principales granos básicos producidos en México y con la emigración rural. También hay evidencia estadística que los precios al productor mexicano de los llamados cultivos básicos o no competitivos (gramíneas y oleaginosas) han bajado significativamente a partir de la apertura comercial con EE. UU. No obstante lo anterior, la esperada reducción de la oferta nacional de estos cultivos sólo se ha cumplido para el arroz y las oleaginosas. Destaca el maíz (el principal cultivo y alimento en México), cuya producción en el país ha estado creciendo a lo largo del periodo, fenómeno que contrasta con lo esperado. Lo anterior, entre otros aspectos de la evolución del sector, conduce a proponer que no se ha hecho realidad la esperada transformación del agro mexicano después de veinte años de reformas y liberalización. Lo que ha estado sucediendo es la aceleración de las tendencias en la producción agropecuaria iniciada desde la década de 1980. Persiste, además, la polarización productiva y regional que ha caracterizado al sector, así como la pobreza rural, y ha crecido la necesidad de los habitantes del campo de buscar trabajo en los EEUU (Yúnez, 2010).

Para el caso concreto del maíz dentro de la denominada Agricultura Familiar AF y específicamente en la Agricultura Familiar de Subsistencia AFS, la producción no sólo se ha sostenido, sino que ha jugado un importante papel dentro de lo que se ha denominado “recampesinización”, pese al contexto de adversidad que ha venido soportando desde décadas atrás:

Un acontecimiento inesperado a más de 12 años de puesta en práctica del TLCAN es que, no obstante la continua reducción del precio del maíz hasta el 2006 -el cultivo más importante de México, no competitivo y cultivado por la AF mexicana-, su producción no se ha desplomado.
Hay dos propuestas en la literatura para explicar la estabilidad de la producción de maíz entre los pequeños productores de temporal; es decir, para proponer que la oferta campesina del grano es inelástica ante cambios en su precio. La primera, conocida como hipótesis de “costos de transacción”, sugiere que la falta de infraestructura y de canales de comercialización aíslan a los productores de subsistencia de las fluctuaciones en los precios. Con base en la posibilidad que tienen los hogares rurales de comprar maíz a precios bajos a través de las tiendas DICONSA de la Secretaría de Desarrollo Social, la otra explicación descarta el papel de los costos de transacción para el mercadeo de maíz, sin dejar de reconocer el valor del autoconsumo en la producción. De acuerdo a esta propuesta, que podría nombrarse “hipótesis de la recampesinización,” cambios en los mercados de factores rurales (tierra y trabajo) provocados por la caída en el precio del maíz han favorecido las actividades de autoconsumo en determinadas zonas del país y por parte de la AFS. Validamos la segunda hipótesis con base en los resultados de un experimento que simula la reducción del precio del maíz usando un modelo de equilibrio general aplicado a hogares rurales y microeconómico o MEGAHRUM. Una implicación de nuestros resultados al respecto es que la profundización apertura comercial no necesariamente reduce la producción de maíz por parte de la AFS. Esto sugiere que la liberalización no conducirá, necesariamente, a la extinción de la producción familiar o campesina de alimentos básicos.  Sin embargo, ello no significa necesariamente aumento en sus ingresos, por lo que la pobreza rural persistiría (Yúnez, 2007).

Desde diversas posturas y enfoques se ha elaborado un discurso que tradicionalmente ha señalado los altos niveles de vulnerabilidad y el agravamiento de la agricultura mexicana en el contexto de la liberalización económica, destacando las condiciones de vulnerabilidad de las familias en el medio rural, así como las limitaciones y dificultades de la agricultura familiar. No obstante, desde otra óptica se plantea que la agricultura familiar constituye un sector estratégico que permitiría asegurar la alimentación de los más de 112 millones de mexicanos. De hecho, en los años recientes se ha venido planteando la necesidad de un cambio a la visión que se le debe dar a este sector, pues debería ser parte de la solución por medio de la generación de alimentos, ingresos y trabajo; y no parte de los problemas del campo mexicano (FAO, 2013). Como se señala enseguida:

La agricultura familiar se sitúa en una posición estratégica para hacer frente a los problemas de oferta de alimentos a precios accesibles para la población. Su desarrollo competitivo y sustentable representa una oportunidad para transformar lo que se ha considerado como un problema en el campo mexicano (pobreza, vulnerabilidad, inseguridad alimentaria, etc.) en una solución del mismo (aprovisionamiento local de alimentos básicos, incremento en el ingreso) (SAGARPA & FAO, 2012).

Lo anterior, implicaría el atender y enfrentar retos, condensar diálogos y aterrizar visiones sobre el país que queremos, sobre la base de compromisos y acuerdos sociales, económicos y políticos.

El futuro de la sociedad rural no puede ser unilateral, en el sentido de que tenga que ser determinado por la globalización y los tecnócratas que han dirigido las políticas agrícolas de México en los últimos cuatro sexenios. No, el análisis sociológico de los escenarios de futuro que le deparan al campo mexicano tiene que incorporar a los actores sociales, ¿quiénes?, las organizaciones campesinas, los políticos comprometidos con las demandas rurales, los movimientos urbanos, indígenas, ambientalistas, de derechos humanos y la sociedad en general (Valdés, Hurtado y Rosas, 2013: 192-194).

1.5.- Retos actuales del Campo Mexicano

México se enfrenta a diversos retos estructurales: la propiedad de la tierra y la certeza jurídica; problemas de financiamiento y debilidades institucionales; responder a los cambios en la dinámica demográfica; esquemas organizativos que puedan aterrizar iniciativas de grupos de población –de ejidos, pequeños productores- y que puedan llegar a un nivel asociacionismo como una condición necesaria para promover el crecimiento, la responsabilidad social y la sustentabilidad.

En la actualidad se estima que 60% de las unidades de producción agropecuaria, cuyo promedio de propiedad es de apenas 2.5 ha tiene 15% de la superficie cultivable, en tanto que 40% de las unidades, cuya extensión promedio es de 16 ha, posee 85% de la superficie (Torres y Morales, 2011).

 Dicho sea de paso que tanto la atomización como la concentración de la propiedad, afectan la conformación de economías de escala, y los niveles de rentabilidad, lo que a su vez incide en los procesos migratorios, de donde se ha venido a generar o consolidar el arrendamiento de tierras, situación que si bien existía antes de la reforma al artículo 27 constitucional, a partir de ella se han intensificado los tratos agrarios en algunas regiones (Mazabel y Gómez, 2013; Flores, 2011). Algunos datos señalan que actualmente alrededor del 42% de la superficie trabajada en el país es rentada (Torres y Morales, 2011).

El bajo acceso al financiamiento y a los sistemas crediticios, aunado a la asimetría existente en relación con los socios y competidores de los agricultores mexicanos afecta la competitividad del campo mexicano. “Los expertos destacan que de 1,800 millones de pesos colocados por la banca para el financiamiento en el primer trimestre de 2010, apenas 2% fueron destinados al sector agropecuario” (Torres y Morales, 2011). Alrededor de la tercera parte de los municipios en México no cuentan con servicios financieros adecuados, y presentan insuficiencia o ausencia de cajeros automáticos (CEPAL & FAO & IICA, 2010, citado en Torres y Morales, 2011).

Además de atender los retos estructurales, el Estado mexicano deberá tener una visión hacia el futuro en la que la marginación y la pobreza deberán ser vistas desde otras ópticas y abordadas con otras estrategias y métodos, Yúnez et al (2004) han puesto énfasis en la gran disparidad que existe entre el mundo rural y urbano en términos del ingreso y la escolaridad. Por lo que será necesario evaluar las aportaciones del gasto social a la superación efectiva y de largo plazo del rezago social. A partir de ello replantear las políticas sociales y orientarlas hacia la formación de capital humano, inversión productiva y desarrollo territorial.

La degradación ambiental y los efectos diferenciales del Cambio Climático sobre las regiones, constituyen un reto enorme que no podrá ser atendido solamente desde una visión científico-técnico, o con base en decisiones políticas descontextualizadas, sino que tendrán que contar con esquemas de participación social y comunitaria de gran envergadura y articulados a las culturas locales y regionales, con mecanismos de responsabilidad social de los diversos agentes sociales, económicos e institucionales, circunscritos a procesos territorialmente situados.

2.- CONCLUSIONES

Dadas las condiciones de la agricultura mexicana, el TLCAN ha generado muy probablemente incrementos en las desigualdades sociales y económicas en México. No obstante, es importante precisar que la actual situación del campo no es posible entenderla única y exclusivamente por los efectos del TLCAN, sino que los problemas se han venido gestando desde décadas pasadas, en un proceso en que los modelos de desarrollo consideraron al sector rural como un sector residual en muchos aspectos, al que sólo se le podían extraer excedentes para financiar el avance del sector urbano-industrial. En todo caso el TLCAN exacerbó un proceso que se venía experimentando en el sector rural desde hace varias décadas (Yúnez, Barceinas, Soto, 2004).

Desde otra perspectiva podemos señalar que nuestros modelos y parámetros de planeación privilegiaron un desarrollo sustentado en la primacía de unos pocos núcleos urbanos y con un centralismo exacerbado en la Ciudad de México que contribuyó al sostenimiento de las desigualdades y desequilibrios regionales.

Aún más podría sostenerse que el cambio institucional propiciado desde el Estado ha agudizado el cambio en el uso de suelo rural a urbano y el rentismo de la tierra, fenómenos que ya existían desde la década de los setenta. Ello encuentra su explicación en la gran revolución demográfica que el país experimentó a lo largo del siglo pasado y que actualmente continúa (Torres y Morales, 2011). Las proporciones de la población rural y urbana se han invertido. A principios del siglo xx la población rural era más de 70% y la urbana menos de 30%. Con base en los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2010, actualmente es exactamente al revés.

3.- CONSIDERACIONES FINALES

Pese a todos los cambios experimentados en la estructura agraria, que como vimos tiene sus antecedentes muchos años atrás, la importancia socioeconómica del campo no sólo adquiere vigencia en términos de la necesidad de la recuperación de la soberanía alimentaria y del papel que puede desempeñar como articulador de la economía interna. Otro aspecto tiene que ver con la importancia de las actividades asociadas a la producción agrícola y al manejo de los ecosistemas en términos de los servicios ambientales que ofrecen y que en la actualidad están siendo cada vez más reconocidos: en la búsqueda de un adecuado manejo de recursos naturales, que integre la racionalidad ambiental y la sustentabilidad social.

Actualmente, el 48% de la agricultura de riego y el 52% de la agricultura de temporal, se encuentran asentados en tierras consideradas en México como propiedad social; es decir, ejidos y comunidades donde viven y laboran los campesinos del país (RAN, 2012).

En un nuevo escenario post industrial, marcado por la globalización económica y por el creciente interés por la problemática ambiental, los espacios rurales se convierten cada vez más en áreas estratégicas, y en donde por tanto las poblaciones asentadas en ellos tienen un nuevo margen de acción política y de maniobra en la búsqueda de alternativas de autogestión del desarrollo desde el nivel local y regional (Mazabel y Romero, 2010).

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