Revista académica de economía
con
el Número Internacional Normalizado de
Publicaciones Seriadas ISSN
1696-8352
Reflexiones sobre la caducidad de los grados académicos
Por: Mtro. Gerardo Daniel Juárez Mtz
. (CV)Universidad EDEC de Monterrey
juarezmty@hotmail.com
Resumen: El presente artículo expone la opinión del autor, respecto de la propuesta de ponerle término de vigencia o caducidad al grado académico que se obtiene en la universidad, ya que lo anterior atenta contra el verdadero espíritu del quehacer universitario, además de que el mercado por sí solo, ya hace su proceso de selección entre los profesionistas que acceden a una plaza laboral.
Palabras clave: Caducidad, IPN, Capacitación, Actualización profesional, Sistema Educativo Mexicano, Competencias laborales.
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siguiente formato:
Introducción
Se pensaba hace tiempo, que la
educación era un factor de movilidad social. Muchos padres de familia hicieron
hasta lo indecible, con tal de financiar la educación universitaria de sus
hijos. En algunos casos, la movilidad
social llegó a presentarse, pero en muchos otros no. En una dinámica con sobre
oferta de profesionales universitarios, que el mercado laboral no puede
absorber, es evidente que los otora orgullosos universitarios, formamos parte
del desempleo o subempleo. El presente artículo argumenta
contra la propuesta que emana de la autoridad central del Instituto Politécnico
Nacional (IPN), que pretende que los títulos y grados académicos tengan una
caducidad de cinco años, algo a todas luces impráctico y sobre todo, clasista.
I. La propuesta de caducidad del IPN
Se ha mencionado hasta la
saciedad que la educación es un asunto de clase social, de dinero. Solo las
personas con mayores recursos pueden darse el lujo de pagar una educación
pretendidamente mejor para sus hijos, o al menos, con mayores alcances
tecnológicos, en escuelas con ciertas comodidades, contrario sensu a lo
que ocurre con muchas escuelas públicas, que tienen serias carencias en
infraestructura. Nos pondrán por ahí muchos
ejemplos de cómo la cultura del esfuerzo, logró hacer que algunos pudieran
superarse, evitando así el trágico destino que su condición social y económica
les deparaba para el futuro. Sin embargo, no dejan de ser garbanzos de a libra.
Por otro lado, ha sido una
discusión algo frecuente, el peso psicológico que un título o grado académico
puede tener en algunas comunidades, donde se tiene una cultura que valora los
grados académicos, como antes se hiciera con los títulos nobiliarios. Así, el
licenciado o el ingeniero, antepuesto al nombre de la persona, es una suerte de
título de Conde, Barón o Marqués, infundiendo cierto temor en algunas personas,
otros más lo consideran de elemental justicia, porque su dinero y su tiempo les
costó hacerse del grado académico. Otra postura defiende que es
preferible tener profesionistas sin título, que títulos sin profesionista
detrás, que respalde lo que supuestamente dice el grado académico. Para quien
esto escribe, el título no es lo primordial, es algo si bien importante, hasta
cierto punto adjetivo. Hay personas que son a pesar del título y universidad en
que lo obtuvieron, hay otros que fueron a la universidad por un título que la
sociedad les exigía, pese a que su desempeño laboral y/o profesional, era ya de
calidad. Lo anterior viene a colación,
porque el director del Instituto Politécnico Nacional, tuvo la feliz ocurrencia
de proponer la caducidad de los títulos y grados académicos. Llama la atención
la propuesta que hace Enrique Villa Rivera, a la sazón director general del
Instituto Politécnico Nacional (IPN) (según una nota publicada por Notimex), en
el sentido de que los títulos y diplomas académicos tengan una caducidad de
cinco años. Si no fuera por lo serio del
asunto, lo anterior movería a la risa. Según Villa Rivera, su propuesta se hace
para: Garantizar la calidad que ofrecen los profesionistas y por la necesidad de
alta competencia que impone el mercado laboral nacional y extranjero. En un comunicado del IPN se
informó que una vez concluido el período, "el profesionista deberá actualizarse
y cumplir con las nuevas exigencias del conocimiento que se generen en México y
el mundo, a fin de contar con una fuerza laboral vigente" Ignoro en lo personal los
antecedentes académicos y/o administrativos del director del IPN, pero al leer
su propuesta en lo general, sin conocerla en lo específico, me parece que yerra
en lo fundamental, paso a explicarme.
II. Argumentos contra la
propuesta
Por principio de cuentas la
propuesta me parece inútil, el hecho de obtener un grado académico NUNCA ha
garantizado que lo que dice el papel que la persona sabe, realmente lo sepa. Un
título certifica cierto nivel de conocimientos, pero no necesariamente un nivel
de competencia profesional. Para nadie es un secreto que la desvinculación
entre escuelas y empleadores, existe[2],
de hecho, fue uno de los factores que impulsó la creación del Sistema de
Competencias Laborales, que en México opera el Conocer, en el cual se vinculan
educadores, empresarios y autoridades laborales y educativas.
Se supone que la obligación de
capacitar al trabajador recae en el patrón. Si el trabajador se entrena en
cierta función que ocupe sólo un área de conocimientos de su carrera, es obvio
que lo hace en detrimento del resto de su formación, ¿podrá entonces a los cinco
años sustentar nuevamente el examen general de conocimientos de su carrera y
aprobarlo? Entre el mantenerse a él o a su familia, laborar horas extras,
trasladarse entre las enormes distancias que existen en las zonas urbanas, ¿le
dará tiempo para ello? ¿Y su derecho al descanso? ¿Será acaso que quieren agotar
la fuerza física y mental del trabajador, en aras de no dejarlo pensar en nada
que no sea su trabajo? ¿Es acaso una nueva forma de explotación disfrazada de
buenas intenciones? Reconozco que la necesidad de
capacitación y actualización es imperativa, pero ponerle caducidad a algo
logrado, equivaldría como el hecho de descertificarle la educación básica a la
gente, cinco años después de egresar de primaria, al cabo que la realidad
demuestra que muchos universitarios son analfabetas funcionales (somos, dijo el
otro), ignorantes de la historia, geografía y gramática castellana, que les
fueron enseñadas precisamente en el ciclo de educación básica. Lo preocupante del asunto es que
el director de un plantel público, con gran tradición histórica en las luchas
sociales De por sí los pobres no van a la
escuela, en muchos hogares machistas se saca a las mujeres de la escuela, para
que los hijos varones sean los que la atiendan, en un afán de "ayudar a la
familia", argumentando que ellas se van a casar pronto, etcétera. Pero en una economía no
precisamente boyante, con 4 millones de migrantes en los últimos seis años, con
una pérdida de 8 millones de empleos, complicarle la existencia a personas que
no van a poder financiar su actualización, es poner en desventaja a las clases
populares, considerando que los posgrados y la educación continua, se han
vuelto la caja chica de algunas universidades públicas. Que conste, no se está en contra
de la actualización y capacitación, pero es evidente que la actualización
profesional cuesta y no poco, si algunos patrones escamotean y eluden su
responsabilidad de capacitar al personal, y éste tiene que trabajar dobles
jornadas, para complementar su ingreso, la posibilidad de que pierda su grado
académico, según propone el director del IPN, está latente. Esto perjudica más a las mujeres
con hijos, ya que por el doble rol que deben jugar, la posibilidad de disponer
de tiempo para su actualización profesional, se diluye con el tic tac del reloj.
III. ¿Qué puede hacerse?
Lo propuesto por las autoridades
del IPN es impráctico, improcedente, contradictorio con el mismo espíritu del
quehacer universitario. Tendríamos que irnos a un plano
incluso filosófico, teleológico, ¿cuál es el fin?, ¿cuál es el ser y quehacer de
la educación en general y de la educación universitaria en lo particular?[5]
¿Se estudia la universidad para
acrecentar la cultura o para tener una habilitación profesional? Ambas posturas
son perfectamente válidas. Lo interesante de la postura a asumir, es cuánto nos
cuesta que la gente se eduque y cuál es el costo de oportunidad por que no lo
haga. ¿Es válido que la universidad
pública se financie de los recursos solo para acrecentar la cultura? ¿Es válido
que la finalidad de la universidad sea tan solo ser parte del engranaje
productivo, como "fabricante" de mano de obra? Ambas y ninguna, según del lado
en que nos encontremos. La universidad, y sobre todo la
universidad pública, debe ser un espacio para la formación y libre discusión de
las ideas, un espacio generador del pensamiento y solución a los problemas, pero
no puede limitarse tan solo a un papel maquilador de mano de obra. La solución al problema
planteado por las autoridades centrales del IPN es algo que ya existe, por el
lado de las cédulas profesionales y por el lado de la certificación de
competencias laborales. En el caso de profesiones
liberales como contaduría, derecho, arquitectura, ingeniería civil o medicina,
los colegios profesionales exigen ciertos requisitos de ingreso y permanencia,
para mantenerlos como profesionistas certificados, es decir, algo más allá del
simple grado académico y cédula profesional (patente para ejercer). El asunto puede abordarse desde
la cédula profesional. Un universitario puede estudiar una carrera por gusto,
aunque no le interese ejercerla. Otro universitario puede estar alquilando su
cédula profesional, prestando su firma para procedimientos administrativos o
ante las autoridades, aunque desconozca el alcance o siquiera entienda lo que
está firmando. Si el gobierno controla la
expedición de cédulas, basta con subir los requisitos para otorgarlas, exigirla
para ciertos trámites y exigir su renovación cada cierto tiempo (anual
inclusive), bajo ciertos parámetros. El término propuesto de cinco años, no
ayuda en nada, ante la veloz obsolescencia de la tecnología, en algunas
profesiones, cinco años pueden ser demasiado. En el caso de la contaduría, las
reformas a las leyes hacendarias se hacen anualmente, ¿son prudentes cinco
años? Volviendo a lo anterior, la idea
es que los parámetros no excluyan a las personas por su clase social y
posibilidades económicas. Las personas deben ser actualizadas en sus empleos,
tener tiempo para formarse, leer libros y revistas profesionales y acceder a
formación virtual. Se podría aprovechar internet y
los centros comunitarios de aprendizaje, para que los colegios profesionales de
las distintas carreras, pongan en línea y con acceso gratuito o con mínima cuota
de recuperación, los materiales de actualización necesarios para ser un
profesionista vigente, ahí ya sería responsabilidad de los profesionistas
liberales o de los empleadores y los trabajadores, cerciorarse de que la
actualización se esté aprovechando. Otra de las vertientes en que ya
se está aplicando la necesidad de tener profesionales con conocimientos
actualizados y vigentes, es la certificación del "saber hacer", mediante las
Normas Técnicas de Competencia Laboral, las cuales tienen su vigencia
establecida. En ellas, un grupo de
profesionales, empresarios y trabajadores, definen un trabajo y cómo se expresa
la competencia del saber hacerlo, así, un trabajador puede certificarse en
saberes específicos, sin importar cómo aprendió dichos conocimientos, ni si
tiene o no, un grado universitario[6].
Conclusiones
Ignoro el motivo de la propuesta
de las autoridades del IPN, pero en los mismísimos Estados Unidos, la
certificación profesional es posterior al grado académico, así, un graduado de
Bachiller en Economía, puede estudiar los cursos para certificarse como Contador
Público, decisión que tomará el Colegio de Contadores, una vez que apruebe su
examen. O quizá prefiera estudiar el
Doctorado en Jurisprudencia, pero mientras no apruebe el examen de la Barra de
Abogados, no podrá ejercer como tal. Se agradece la creatividad, pero
al menos en este caso, la propuesta parece poco atinada y falta de sensibilidad
social. Quizá haga más falta:
¨
Incrementar la
investigación aplicada, para ofrecer solución a los problemas locales y
regionales.
¨
Aumentar el grado
de vinculación escuela - empresa, mediante la instauración de laboratorios,
residencias profesionales y cátedras apoyadas por empresas.
¨
Un diseño
curricular basado en el modelo de competencias laborales, para que los egresados
realmente sepan hacer algo, y que tengan la ventaja de que, si se ven obligados
a desertar, tengan al menos la posibilidad de demostrar que saben algo.
¨
Proveer materiales
de actualización profesional, mediante los medios tecnológicos o impresos
adecuados, a un costo de recuperación no lucrativo, que permita a las clases más
desfavorecidas, acceder a ella sin que se sufra un grave desembolso financiero.
¨
Incrementar la
vigilancia a los patrones, para que cumplan realmente con los programas de
capacitación y actualización laboral.
Así, y solo así, se podrá
preparar a los profesionales adecuados, para apuntalar el desarrollo nacional,
pero insisto, el mercado laboral por si solo, ya hace su selección natural,
quedando vigentes solo aquellos que responden a las necesidades del mercado de
trabajo.
No se está en contra de la
certificación y actualización permanente, pero si no se tiene un acceso
equitativo a ellas, como en tantas otras cosas, se convertirán en asunto de
clase social, condenando a la eterna pobreza, a quienes menos tienen.
[1] Propone Villa Rivera
caducidad de cinco años en títulos profesionales según cable de Notimex el
20-06-06, a las 8:28 horas, según
http://mx.news.yahoo.com/060621/7/1s9ok.html
[2] Véase: La catástrofe
silenciosa de Gilberto Guevara Niebla, y El Sistema Educativo Mexicano de
Carlos Ornelas, publicados por el Fondo de Cultura Económica.
[3] En uno de los actos que cabe
reconocer, el gobierno federal de México, lanzó un sitio web con información
de las profesiones y sus perspectivas laborales a futuro. El sitio se llama
Observatorio Laboral de México, se encuentra en
www.observatoriolaboral.org.mx
[4] Parte de los estudiantes
agredidos, desaparecidos y asesinados por el gobierno mexicano el
10-Jun-1971, en el trágico Jueves de Corpus, pertenecían al Politécnico
Nacional.
[5] Cfr. Agustín Basave en Ser y
Quehacer de la Universidad. Ed. UANL y a Fullat y Sarramona en Cuestiones de
Educación, Barcelona: CEAC.
[6] Valle Flores (2000).
Formación en Competencias y certificación profesional. México: UNAM.
