Podría decirse que mientras Salinas llevó a cabo la reforma económica neoliberal, Zedillo inició, y dejó inconclusa, la reforma social neoliberal.
El “bienestar de la familia” fue solamente un slogan de campaña; la población fue sacrificada; la desigualdad fue en aumento; el ingreso nacional continúo concentrándose en grupos vinculados estrechamente con el gobierno y siguieron prevaleciendo márgenes muy altos de ineficiencia y corrupción en el aparato administrativo.
Los saldos políticos, sociales y económicos que hasta hoy seguimos viviendo son sobre todo la disminución del nivel de vida de la población, debido a que política del sexenio Zedillistas se ajusto a los dogmas del neoliberalismo. Donde uno de los primeros dogmas que trato de aplicarse fue el desarrollo de la teoría del capital humano, que concibe el subdesarrollo y la pobreza como consecuencia de la carencia de capital humano (educación y habilidades productivas) entre las mayorías de la población. El segundo dogma es la búsqueda de la eficiencia productiva evitando el desperdicio de los recursos. De ahí la focalización de los esfuerzos y recursos del estado deberían ser canalizados sólo a los pobres en extremos, para evitar el desperdicio, que supone, según esta ideología, apoyos a quienes no lo necesitan, como ocurre con los subsidios generalizados.
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la cual pertenece México, en términos comparativos con las naciones integrantes de ese organismo, el ingreso por habitante de aquel entonces estaba prácticamente en la lona, pues el promedio de ingreso era apenas de 4 mil 386 dólares anuales, lo que contrastaba con los 38 mil 616 dólares de Luxemburgo.
Vemos que los salarios reales durante todo el sexenio, bajaron casi 25% entre 1994 y 1999. En cifras oficiales, se demostró también que el gasto social en el año pasado sólo representaría 7.8% del PIB, que era la proporción más baja desde 1992.
Para 1999 -señala un documento elaborado por la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados- se propuso que el gasto social ascendiera a 413 mil 963.9 millones de pesos, que representaba 8.9% del PIB, cuando en 1994 representó 9.1%.
Sabemos que funcionarios del gobierno saliente tramposamente establecieron el comparativo de 1995, año en que el país sufrió los efectos de una severa crisis económica, y por tanto los niveles de gasto fueron muy bajos. Esto se reflejo directamente en la reducción de gastos en educación, salud y subsidios alimentarios, que tan sólo en los años del 96 a 98 decrecieron 6%, 7% y 10%, respectivamente.
Dicho estudio mostró que se favorecía al Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), dirigido a las familias extremadamente pobres, tuvo un aumento presupuestal de 72%, al pasar de 4 mil 489.5 millones de pesos en 1998, a 7 mil 724.4 millones en 1999.
Sin embargo, el presupuesto general para la educación se redujo en 251.2 millones de pesos (6%); el de salud, 305.3 millones (7%), y el de subsidios alimentarios, 622.8 millones de pesos (10%). Esto significó que más de la tercera parte del incremento del Progresa se dio a costa de las reducciones en otros renglones de la política social. La pobreza afecto cuando menos al 70% de la población, y lo más grave es que su dinámica de crecimiento es acelerada: los últimos datos oficiales señalaron que de 1992 a 1994, por ejemplo, la pobreza creció alrededor de 40%, o sea 15 millones de nuevos pobres.
Esta pobreza se vio reflejada en entidades del país como Puebla, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, el estado de México, Chiapas y Veracruz, en los cuales la pobreza creció más de 80% en esos años.
Cabe advertir que Ernesto Zedillo al inicio de su gestión señalo que: “el éxito o el fracaso de mi política social se verá reflejada en Oaxaca” (La Jornada, 15 Mayo de 1995). Oaxaca representa, pues, el fracaso de la política social neoliberal del entonces mandatario.
Actualmente en Oaxaca 448 municipios de 570 que existen en la entidad, viven en pobreza extrema, concuerdan investigadores, religiosos y campesinos. Pero según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), de 596,225 hogares de esta entidad, el 35.3% no recibe ningún ingreso, 19.9 % capta menos de un salario mínimo, 17.4 % menos de dos y sólo 14.5% recibe tres o más salarios mínimos (INEGI, Anuario Estadístico 2000).
Por lo tanto, la desigualdad en México se da en todos los órdenes y no sólo por el ingreso de las personas, sino también por las escasas oportunidades de acceso a la vivienda, trabajo, salud y educación.
La población económicamente activa en México en ese tiempo era de casi 35 millones de personas, el uno por ciento de esa población lo formaban los más ricos que poseían el 13.9 por ciento del ingreso total, con 10 mil 669 dólares mensuales, mientras que los grupos más pobres reciben sólo 38 dólares al mes.
Por otra parte, el deterioro de la vida de más de 15 millones de indígenas en toda la República que se debatían entre la miseria y la explotación, por lo que, según un reporte de la FAO, estaban propensos a rebelarse por lo menos en cinco regiones del país, con una “violencia incontrolable”.
Donde el 80% de los indígenas pertenecen a unas 56 etnias, de estas se ubican en la categoría de pobreza extrema, según un informe presentado por la Confederación Nacional Campesina, organismo perteneciente al Partido Revolucionario Institucional.
Además, alrededor de 5 millones de indios -hombres, mujeres y niños-, son obligados por las circunstancias a trabajar más de doce horas al día como jornaleros, a cambio de menos 20 pesos, mientras que el salario mínimo de ese tiempo era de 34.45 pesos.
Este rezago y falta de oportunidades genero a su vez una creciente migración internacional, donde entidades como Oaxaca, Chiapas y Michoacán han sido las principales zonas de expulsión de mano de obra desocupada. Hay que señalar que en estas entidades, históricamente, siguen existiendo deficientes sistemas sociales de asistencia médica y nutricional, más los bajos desarrollos del nivel educativo que condicionan la aparición del fenómeno migratorio.

LA REFORMA DEL ESTADO Y PROCESOS DE DEMOCRATIZACIÓN

Zedillo se presentó durante su gestión como un “Gran Estadista”, como el gran hombre, como un patriota que todo lo hizo por dar la alternancia política y sembrar las bases de la democracia y el pluralismo. Ernesto Zedillo Ponce de León quiso demostrar que en el país existía realmente la división de poderes, trató de demostrar que la existencia de la libertad de expresión e igualdad de oportunidades era una realidad. Y que la miseria fue combatida de modo frontal. Llego a mencionar al finalizar su gestión gubernamental “que la división de poderes fue una realidad”. También manifestó que él se marchaba con la satisfacción del deber cumplido, de haber modificado el rostro de la nación.
Pero sabemos que esto no fue cierto, su gabinete trató de simular, casi por completo, el cavar la tumba para darle cristiana sepultura al viejo sistema que en alguna ocasión brilló como ejemplo de “La Dictadura Perfecta”.
Donde la terquedad presidencial de someter a la Suprema Corte de Justicia y a los órganos Legislativos definió por mucho tiempo la institucionalización del presidencialismo sin límites.
Pero este ejercicio de apertura de las estructuras político-gobernativas no fue cedido y propiciado por el PRI y Ernesto Zedillo. Si no que esté fue arrancado de sus manos por acontecimientos sangrientos que marcaron huella en la historia de nuestro país.
Donde organizaciones sociales como ONG´s, grupos y asociaciones civiles, grupos de presión formal e informal, partidos políticos de oposición refrendaron su cuota de sangre, dejando en la transición a la democracia a muchos militantes y líderes de esas organizaciones, como si de una guerra se tratara.
Esta democracia que aún hoy sigue sin cuajar, no es producto de la “buena voluntad” de régimen Zedillista ni de la voluntad del PRI, sino que tuvo costos muy altos. Y es falaz decir o atribuirle a Zedillo que con él se inicio el periodo de docratización.
Veamos que hasta el día de hoy la distancia entre el poder ejecutivo y el judicial no existe, ya que siguen existiendo una simbiosis enfermiza de estos dos poderes. Ya que el ejecutivo tiene la atribución de nombrar a los ministros de la suprema corte de justicia como al presidente de la misma, creando involuntariamente una muestra de lealtad extrema al hombre quien los asigna.
Los partidos de oposición buscaron en ese entonces crear la figura del Instituto de la Judicatura para brindar la carrera profesional dentro del poder legislativo, con el fin de romper con este idilio, hecho que hasta el día de hoy sigue sin concretizarse.
Un revés que presenta el constreñir la dependencia del ejecutivo-legislativo se encuentra en la duración del cargo de ministro que es de 15 años, aspecto que genera al interior del poder, la formación de “grupos de intereses” en cuestiones legislativas. Traba para poder remover a los ministros si incurrieran en alguna falta, y la remoción sólo se puede darse por dos vías: por mandato presidencial o por juicio político. De ahí que muchos de los ministros deban su lealtad al poder ejecutivo.
Y en el caso de las cámaras de Diputados y Senadores (poder legislativo) existe una virtual separación del ejecutivo. Ya que al haber una representación mayoritaria del partido de estado en ambas cámaras, el ejecutivo no tendrá problema alguno por formular y promover sus iniciativas o reformas a ciertas leyes. Por tanto, el control del poder y del Estado esta garantizado.
Con la propuesta de la reforma del Estado iniciada por los partidos PAN y PRD, hoy sé ve difícil que el ejercicio democrático sea una realidad.
Asimismo los procesos de ciudanización promovidos por el Instituto Federal Electoral en algunos casos han quedado cortos, sobre todo en los asuntos que trata el Tribunal Federal Electoral al resolver controversias de orden electoral. No hay que confundir que la reforma del estado en cuanto al ejercicio político no debe verse con el triunfo de Fox, sino que esta va más allá, y esta tiene que ver con la autonomía de los poderes del Estado Mexicano.

EL SURESTE Y CHIAPAS

El general Mario Arturo Acosta Chaparro delineó las causas del origen y los móviles de la guerrilla en México son: económicas, desempleo, carencia de servicios y políticas sociales, analfabetismo, frustración, concentraciones urbanas, falta de democracia, injusticia, baja capacidad adquisitiva, alta inversión extranjera, problemas agrarios, corrupción, delincuencia y problemas económicos
Zedillo lidió seis años con los zapatistas donde jamás gobierno alguno invirtió más recursos en tierra chiapaneca y, nunca, antes miles de soldados del Ejército Federal invadió territorio tan inerme como el de los tzotziles, tzeltales, tojolabales, lacandones. El alzamiento de la guerrilla indígena en las montañas del sureste mexicano atrajo la atención del mundo que se entera de la existencia de una guerra de exterminio en contra de los pueblos indios.
A muchos nos sorprende que en estos últimos meses los zapatistas, particularmente su comandancia general, vuelva a la escena política tratando de hacer una distinción entre los proyectos de los partidos que se autodenominan de Izquierda y la “Izquierda Verdadera” que Subcomandante Marcos señaló.
Consideramos que está aparición del EZLN responda a una nueva forma de resistencia activa, por aquello de los tiempos políticos de los partidos políticos, recordemos que el tiempo de los zapatistas, no sólo por su fuerza sin rostro y su resistencia armada sino, sobre todo, por su afán en encontrar una nueva forma de hacer política es que se encuentra nuevamente en el escenario político.
Y a propósito del balance del sexenio Zedillista, vale el recuento muy general dentro de la óptica de la Comandancia General del EZLN (comunicado del 19 de junio de 2000) sobre los seis años del zedillismo que dice a la letra: “Con Zedillo ocurrió la crisis de diciembre de 1994 (¡Costó al país más de 300 mil millones de pesos! Estiman economistas del PRI), la fuga de capitales, la devaluación del peso, el Fobaproa-IPAB, la quiebra masiva de pequeñas y medianas empresas, el aumento del desempleo y la carestía. También la reanudación de la guerra en el sureste mexicano, la militarización de zonas indígenas, el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, las matanzas de Aguas Blancas y El Charco, en Guerrero. La matanza de Acteal en Chiapas. La proliferación de grupos armados activos, lazos más estrechos entre el crimen organizado y el gobierno federal, impunidad para los delincuentes de cuello blanco, aumento del narcotráfico. Además, la entrada de la Policía Federal Preventiva a la UNAM y los intentos recurrentes de privatización del patrimonio cultural, la educación superior, la indutria eléctrica y el petróleo... En suma, la destrucción de México como país libre y soberano", por eso es que con los zapatistas miles de compatriotas opinan que "lo bueno del sexenio del señor Zedillo es que ya casi termina”.

INSEGURIDAD

En el sexenio de Ernesto Zedillo no sé logró abatir la delincuencia ni la impunidad, y el país se tornaba cada vez más convulsionado.
Hay que reconocer que las autoridades federales invirtieron en ese momento más recursos y reformo gran parte del marco jurídico para atacar el delito, e inclusive había habido una disminución del índice delictivo de 1.5 al año, pero "la meta anual debiera consistir en bajar un 15%. Por lo tanto, la mejoría es real, pero insuficiente y ridícula".
Consideramos que las causas del fenómeno la corrupción policíaca y el hecho de que existieran una falta de voluntad de cambio en las agencias del Ministerio Público y en los tribunales se debió en parte a la existencia de grupos de influyentes priístas que torcieron la justicia y frenaron los programas para combatir la delincuencia.
Desde entonces existió un vacío en la aplicación de la ley ya sea por la mala integración de la averiguaciones previas, el tipificar los delitos del orden común o federal y de no aplicar la ley por los encargados de las agencias del Ministerio Público y los tribunales.
Era común escuchar que los legisladores realizaron tal o cual reforma, pero experimentaron en los hechos que la legislación no se aplicaba; se supo que hubo más dinero para atacar a la delincuencia y más policías, pero continuaron los robos y los asaltos, como hasta hoy.
Después de varios años de que se reformaron los artículos 16 y 19 de la Constitución, y que se aumentaron algunas penalidades y se cambió el esquema de los elementos del tipo penal por el cuerpo del delito no se han visto resultados concretos siguen existiendo criminales que están libres y gente inocente en prisión. Y en el caso de la puesta en operación la Policía Federal Preventiva (Enero de 1999 y a partir de la reforma de los artículos 21 y 73 de la Constitución) esta no ha dado los resultados esperados. Este cuerpo paramilitar ha sido utilizado más como aparato represor hacia la sociedad civil (UNAM, PRD, Normales, Magisterio y bases de apoyo del EZLN) que como órgano preventivo contra la delincuencia.
Es un hecho que desde la administración Zedillista el crimen organizado rebaso a las Instituciones encargadas de impartir justicia.
En muchos casos de secuestros e incluso de operaciones de narcotráfico, siguen apareciendo policías activos como protagonistas. Esto pone en duda que los programas de renovación y mejoramiento de los cuerpos policíacos estén cumpliendo con la depuración que tan se ha prometido.
Por lo tanto, las promesas hecha por Sr. Zedillo en este rublo fueron incompletas.
El gobierno de Ernesto Zedillo no es el último de una larga época neoliberal; es el tercero de una nueva época iniciada en 1982. Sabemos que el gobierno de Vicente Fox no será el primero de una nueva época, sino la continuidad de un período de esa misma orientación económica iniciada por Miguel de la Madrid. Por ello, en el mensaje final del presidente Ernesto Zedillo, resulto claro entender que los postulados de la Revolución Mexicana de 1910 concluyeron. Hoy existe una contrarrevolución fincada en el proyecto neoliberal que él presidente defendió e impulsó aparejado al opuesto de la revolución que él ahora pretendió reivindicar.