Observatorio Economía Latinoamericana. ISSN: 1696-8352
Latinoamérica

---

LOS MODELOS DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA DESDE LA PERSPECTIVA DE ECUADOR Y BOLIVIA

---

INTRODUCCIÓN
Desde la década de los años 80, los países latinoamericanos fueron sometidos a políticas económicas basadas en los preceptos del Consenso de Washington(Willianson, 1990), que estableció 14 recetas encaminadas a combatirlos problemas existentes y debilitar al Estado. En consecuencia, en estos países se incrementó la pobreza y la exclusión económica y social entre otros elementos negativos. A partir de ellolos pueblos autóctonos rompieron el silencio y se hicieron visibles con un proyecto político de gran alcance, elevándose la conciencia social. Se crearon entonces condiciones para armonizar alianzas con el movimiento campesino y ampliar la lucha1 .
Las acciones colectivas en algunos países de Latinoamérica, han llevado a la elección de gobiernos denominados “progresistas”, con plataformas políticas “alternativas” al paradigma económico hegemónico. Los procesos emergentes visibilizan a diversos grupos excluidos y postergados convirtiéndolos en los verdaderos protagonistas en la construcción de alternativas.
Un punto de encuentro de todas las alternativas propuestas es la instrumentación del concepto de Economía Social, con diversos enfoques teóricos desde los países del centro (con Europa a la cabeza) por un lado y por otro, en la periferia o semiperiferia2 . Las propuestas para la construcción de otra economía oscilan entre aquellas más reformistas y poco rupturistas como Brasil y Argentina, y otras que formulan cambios sustanciales y pretendidamente estructurales como Bolivia y Ecuador.
Este trabajo analiza la aplicación de la economía solidaria en Bolivia y Ecuador, destacándose los aspectos más relevantes en relación a los nuevos cambios en materia económica en estos países para identificar qué transformaciones reales se están dando, y si se alejan de las políticas económicas neoliberales.
DESARROLLO

Diferentes conceptos sobre la economía social como alternativa.
La historia de la economía social está generalmente asociada a las luchas de los trabajadores en su confrontación con el capital. Las iniciativas transitan desde lo anárquico y anti sistémico a estar bajo las directrices de modelos explícitos de construcción de otro sistema social acompañado de liderazgo y poder político.

Existe una importante diferencia entre la concepción de economía social en los países del centro y la de la periferia y semiperiferia, particularmente en Latinoamérica. En los países centrales, el concepto es polisémico: tercer sector 3, etc. y data del siglo XIX en Europa; surge durante la expansión del capitalismo, de la mano de las escuelas liberal, solidarista y del cristianismo social.

Su desarrollo se detiene en los años 30, - avance del fordismo, auge de los sindicatos y aparición del Estado de Bienestar-.Se retoma con la crisis del modelo de desarrollo fordista y del Estado Benefactor. En Francia, en la década de los años setenta, la Charte de l’économie sociale, define a la economía social como: “El conjunto de entidades no pertenecientes al sector público que, con funcionamiento y gestión democráticos e igualdad de derechos y deberes de los socios, practican un régimen especial de propiedad y distribución de las ganancias, empleando los excedentes del ejercicio para el crecimiento de la entidad y la mejora de los servicios a los socios y a la sociedad”. De esta manera, la economía social puede ser entendida como aquellas actividades económicas que no forman parte de los sectores públicos y privados tradicionales(Monzón, 1998).
La economía social indica un camino hacia otra forma de hacer economía, más social y humana, que contribuya a la solución de viejos y nuevos problemas que afectan a la sociedad y no pueden resolverse satisfactoriamente por la acción de empresas capitalistas, empresas públicas y sector público en general. Este sector no tiene la finalidad de sustituir el sistema capitalista liberal, sino que emerge como una institución más, necesaria para mejorar la asignación de recursos, la redistribución de la renta, consolidar la estabilización económica, genera un crecimiento equilibrado y sostenido, respetuoso del medioambiente(Monzón, 1998).
Perola economía social europea no se desliga de las prácticas capitalistas tradicionales pues, a pesar de que sus principios están sustentados en la solidaridad, aún no logra abordar temas fundamentales como la priorización del trabajo sobre el capital y la relación del ser humano y la naturaleza, ya que su dinámica aún se desenvuelve en e mercado.
Frente a la crisis actual, sistémica, del capitalismo, la economía social vuelve a surgir como respuesta. Los principales organismos internacionales, gobiernos y el ámbito académico, han incorporado en sus discursos la necesidad de fomentar y apoyarla economía social para generar empleo y bienestar social.
En la periferia y la semiperiferia, se destacan dos enfoques teóricos de economía social, los que se detallan a continuación.

a) La economía social es una economía de “pobres para pobres”, se postulan estrategias, políticas y programas de alivio a la pobreza y se relaciona con las políticas sociales neoliberales paliativas y focalizadas. Estos postulados descansan en las teorizaciones del “enfoque de activos”, representado por exponentes neoliberales, considerando como “activos” a cualquier cosa o característica valorable que sea útil. (Miller- Adams, 2002). Sostienen que todos poseen algún activo y la razón por la que los pobres siguen siendo pobres, está en que no han hecho un uso adecuado de sus potencialidades de desarrollo.
Para combatir la pobreza, se plantean políticas socioeconómicas, impulsadas y gestionadas por la sociedad civil, que apuntan a la generación y distribución de activos entre los individuos más pobres de la sociedad. Estas intervenciones mayoritariamente son propuestas y financiadas por organismos internacionales, que brindan ayuda económica para llevarlas adelante, pero con condicionamientos.
b) La economía social es interpretada como sistema de garantía de derechos sociales, para reconstituir espacios propios del Estado de Bienestar. El adelgazamiento del estado y la consecuente abolición del estado de bienestar originaron una importante transformación de la vida social y de las instituciones sociales. En un primer momento, el estado asistencialista fomentó la tercerización de las intervenciones sociales, delegando a terceros (organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, etc.) los servicios sociales no rentables (Grassi, 2003) 4.En este contexto, muchas políticas económicas y sociales garantistas de derechos sociales también fueron concebidas como economía social.
c) La economía social es interpretada como el fomento y conformación de cooperativas, en la línea del citado primer enfoque pero adaptado a la realidad de cada país. Este enfoque postula a las cooperativas como entidades representativas de la economía social. Pone énfasis en la eficiencia y eficacia en la gestión, y en la responsabilidad social cooperativa.
2- El segundo enfoque hace referencia a la economía social como práctica transformadora, emancipadora y que apunta al desarrollo de “otra economía” alternativa al sistema capitalista.
Se complementa la economía con la cualidad social, entendiendo que “produce sociedad y no sólo utilidades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades – generalmente de base territorial, étnica, social o cultural – y no está orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites”(Coraggio, 2007). Las prácticas económicas que caracterizan la economía social, contribuyen a “asegurar la reproducción con calidad creciente de la vida de sus miembros y sus comunidades de pertenencia o, por extensión, de toda la humanidad”(Coraggio, 2007), en contraposición al principio de acumulación de capital y de la erosión de las bases de la vida: el sujeto trabajador/ productor y la naturaleza.
Las experiencias de economía social conforman un campo heterogéneo de prácticas, donde las relaciones de trabajo, la distribución de recursos y del producto se organizan fundamentalmente en torno de la reciprocidad, la vida social y las prácticas sociales cotidianas de las comunidades implicadas(Quijano, 2002), Estas prácticas de resistencia del trabajo al capital, se enmarcan actualmente en “organizaciones y prácticas sociales que se presentan a sí mismas como opciones económicas alternativas a la dominante”(Quijano, 2002). Para (Singer, 1999) la economía solidaria es el “modo de producción y distribución alternativo al capitalismo, creado y recreado periódicamente por los que se encuentran(o temen quedarse) marginados del mercado de trabajo”.
Este autor propone una caracterización de la economía solidaria basada en a) el principio de unidad entre quienes poseen y usan los medios de producción y distribución, y el principio de la socialización de estos medios, b) el modo solidario de producción y distribución, c) las prácticas basadas en la posesión colectiva de los medios de producción, autogestión y gestión democrática y distribución de ingresos y excedentes según criterios acordados.
Según Singer (2000), la economía solidaria apuesta por principios distanciados de la lógica capitalista, aunque se yuxtaponen cuando se considera necesario garantizar las bases de sustento (fuentes de financiamiento, redes de comercialización, asesoría técnico-científica, formación continua de los trabajadores y apoyo institucional y legal). En el capitalismo existen experiencias que incluyen formas de concebir y organizar la vida económica basadas en principios no capitalistas y que apuntan a una transformación gradual de las formas económicas de producción, intercambio y consumo existentes.(Ramirez, 2008).
Estas experiencia se basa en 3 principios: a) igualdad, toma de decisiones democrática por los trabajadores, distribución equitativa de los frutos de la producción, b) solidaridad, no basada en competencia feroz, c) protección del medio ambiente. Asimismo, para (Guerra, 2004)el concepto de economía social posee identidad propia y da cuenta de uno de los mayores cambios ocurridos en los últimos años en todo el mundo; la irrupción de experiencias económicas solidarias guiadas por una racionalidad alternativa en el contexto de una fuerte crisis de legitimidad del modelo de desarrollo imperante.
En este sentido, la economía social surge, desde este enfoque, ligado con un nuevo horizonte basado en teorías cuestionadoras del desarrollo y del crecimiento económico, en la sintonía de las propuestas andinas del Vivir Bien o Buen Vivir (Walsh, 2010), o de las tesis de la economía, de la ecología profunda (Naes, 1988), de convivialidad(Ilich, 2006), de decrecimiento (Latouche, 2009).No ha resultado tarea fácil identificar los distintos enfoques, dado que en la práctica, los argumentos no pueden clasificarse como compartimentos estancos. En muchos casos se encuentra una suerte de sincretismo de los enfoques previamente enunciados.
El análisis desarrollado permite reforzar la tesis de que no existe una definición única de economía social. Sumado a ello, puede decirse que esta categoría está impregnada de procesos políticos, sociales, económicos, culturales e históricos, que la determinan y que unen países pese a sus diversidades, como es el caso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América (ALBA) 5 y el desarrollo de instrumentos como el Sistema Único de Compensación Regional de pagos (SUCRE)6 .
No se puede obviar la epistemología del concepto. A continuación, se analizarán a la luz de los enfoques teóricos propuestos, los casos que intentan reflejar la complejidad del tratamiento de la economía social como campo empírico, teórico y político. El debate en relación a ello, queda abierto.
Otra economía en América Latina: la Economía Social como sistema transformador.

El caso boliviano

Las políticas neoliberales en Bolivia fueron todo un ejemplo de buena práctica por ser llevadas a cabo tal como se diseñaron desde los países centrales. Los retrocesos en las condiciones de vida de la gran mayoría del pueblo boliviano fueron el germen de muchas demandas y movilizaciones en defensa de otros objetivos sociales y económicos.

La mayoría de las voces coincidían en un núcleo común: cambiar Bolivia, refundarla. Las demandas de los movimientos sociales giraban en torno a dos grandes ejes vertebradores del reciente proyecto, la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE). En el primer año de mandato Evo Morales convoca una Asamblea Constituyente, y después de muchas complicaciones y vicisitudes (Serrano & Acosta, Bolivia en proceso, como capítulo de libro La Paz en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio: Las nuevas estrategias de reducción de la pobreza en América Latina, 2008), la propuesta final fue refrendada por el soberano con un 61,43% de los votos, el 25 de enero del 2009.

El nuevo modelo económico boliviano aprobado en la NCPE es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien (Artículo 306, NCPE). Tal propuesta está constituida por diversas formas de organización económica: comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. La NCPE postula la economía social y comunitaria como el sistema económico responsable del interés individual en complemento con el Vivir Bien colectivo (apartado III del artículo 306).

El concepto de economía social, en este escenario se encuentra ligado fuertemente a lo comunitario sin que se pueda determinar con precisión que hace referencia a un término u otro. La economía social y comunitaria se convierte en un pilar central de la nueva organización económica, queriendo así superar el sistema económico colonial, neocolonial y neoliberal. El Estado retoma un papel más protagónico en la economía para ajustar los desequilibrios ya existentes, con el desafío de propulsar esa economía social y comunitaria en todas las relaciones económicas para el Vivir Bien del pueblo boliviano (Morales, Serrano, & Montero, 2008).

En este orden de cosas, el Estado reconoce, respeta, protege y promueve la organización económica comunitaria, que comprende los sistemas de producción y reproducción de la vida social, fundados en los principios y la visión de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinas 7. Se prioriza el apoyo a la organización de estructuras asociativas de pequeños productores, urbanos y rurales, y promociona el desarrollo productivo rural como fundamento de las políticas de desarrollo del país.

Por tanto, el Estado juega un papel clave para cambiar el régimen de acumulación, sentando las bases de la democratización de los medios de producción, y a su vez, llevando a cabo políticas de redistribución que lo facilite. Su rol no es redistribuir lo que el mercado no asigna; al contrario, es el ámbito del pacto social para convertirse en el principal promotor del Vivir Bien y en el agente distribuidor de la riqueza, y de los medios de producción para alcanzarla. (Serrano, Viejas políticas fiscales para una Nueva Constitución Política del Estado, 2009). El Estado conduce la planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana, y participa en la economía mediante la producción directa de bienes y servicios económicos y sociales (Serrano, Bolivia en proceso, como capítulo de libro La Paz en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio: Las nuevas estrategias de reducción de la pobreza en América Latina, 2008).

El Plan Nacional de Desarrollo (2006-2010) en Bolivia también proyecta un nuevo Estado social comunitario con aspiraciones de cambio en función del Vivir Bien. Este plan manifiesta claramente cómo la economía social es entendida como instrumento básico para alcanzar metas distintas del crecimiento económico y otros indicadores desarrollistas más ortodoxos. En cuanto al propósito de una Bolivia digna, destaca la propuesta de desarrollo social que implica la concepción de la protección social con la incorporación de activos y el acceso irrestricto a los servicios sociales.

En el nuevo modelo económico social, comunitario y productivo (2010-2015) vuelve a surgir el término de lo social y lo comunitario como base de la transformación estructural del sistema económico, poniéndose énfasis en la industrialización de los recursos naturales, la profundización de las políticas redistributivas, el apoyo al sector productivo e incremento de la inversión pública.

En la nueva propuesta económica se apuesta por una nueva Economía Social Comunitaria que tiene como principios fundamentales: la reciprocidad, la solidaridad, la complementariedad, la sustentabilidad, el equilibrio y la justicia. En esta nueva organización económica los modos de producción comunitaria conviven con lo público y la iniciativa privada, y con lo social corporativo. La nueva política económica pretende invertir la matriz productiva vigente, con el objetivo de lograr un Vivir Bien de todos. Se trata de fortalecer los sectores productivos “más equitativos en la generación de ingresos” en detrimento de sectores muy concentrados.

La política económica pretende diversificar la matriz productiva, cambiando el actual patrón primario exportador de materias primas sin valor agregado, y a veces, importando el producto acabado a partir de la misma materia prima. Sólo se ha dado el primer paso para conseguir ir más allá de la economía del gas (Gray, 2005) con el Decreto Supremo del proceso de Nacionalización del Gas que ha permitido obtener importantes ingresos derivados de éstos. No obstante, existen dos fuertes tensiones aún por resolver: a) la industrialización de la materia prima (gas y litio fundamentalmente), y b) la excesiva extracción que contradice el modelo del Vivir Bien, basado en la armonía con la naturaleza con valor primordial.

Los resultados de estos cuatro años de otras políticas económicas han sido satisfactorios, aunque aún restan mejoras, y sobre todo, cambios estructurales. A pesar de que el  crecimiento dejó de ser objetivo sobre el papel en la última constitución y en el primer Plan Nacional de Desarrollo, en los últimos cuatro años, la economía boliviana ha crecido más que en las últimas tres décadas (Weisbrot, Rebecca, & Johnson, La economía bajo el gobierno de Morales, 2009).

Por su parte, la mayor intervención del Estado se puede observar especialmente en la política fiscal, que ha incrementado los ingresos del Estado a partir de una mejor gestión de la bonanza internacional derivada del precio del gas. Mucho de lo sucedido en política fiscal se explica por el nuevo decreto sobre el proceso de nacionalización de los hidrocarburos. En materia estrictamente tributaria, no ha tenido lugar ninguna reforma que permita ajustar los viejos impuestos a los nuevos principios constitucionales en esta materia, y que contribuya a disponer de mecanismos de redistribución más eficaces y equitativos sin la necesidad de reducir el gasto público durante ese periodo.

Producto del neoliberalismo las condiciones de vida de la población boliviana continúan deterioradas, de ahí que en el corto plazo se ha exigido poner en práctica políticas sociales propias del Estado de Bienestar; la atención se vuelca hacia los quintiles más pobres, quienes lideran la lucha en las calles y promueven el respeto a las cuestiones distributivas, tomándose determinadas medidas, entre ellas, cabe destacar:

a) El Bono Juancito Pinto para niños: este bono consiste en una ayuda económica escolar para los niños. El beneficio debe ser distribuido en dos cuotas, cada una de 100 pesos bolivianos (unos 15 dólares). Este bono está concebido como subsidio a la permanencia escolar, que servirá para mejorar las condiciones de vida de la niñez y se ejecuta con recursos generados por la nacionalización de los hidrocarburos.

b) La Renta Dignidad para ancianos; a finales del año 2007, el gobierno del MAS aprobó este programa que otorga una pensión vitalicia a las personas mayores de 60 años. Algo más que necesario teniendo en cuenta que Bolivia ocupa el penúltimo lugar de esperanza de vida en Latinoamérica (OMS, 2007). El nuevo programa Renta Dignidad permite que los mayores de 60 años que tengan un ingreso mensual bajo reciban 1.800 bolivianos anuales (alrededor de 260 dólares), en tanto que aquellos que no perciban una renta de jubilación podrán contar con 2.400 bolivianos cada año (unos 350 dólares).

c) El Bono Juana Azurduy de Padilla para embarazadas. Tiene como objetivo reducir los índices de mortalidad materna infantil. Se puso en marcha con el registro de las embarazadas y los niños menores de un año en todos los centros de salud del país, y consiste en que durante el proceso prenatal, se entregan 50 bolivianos por cada uno de cuatro controles, luego, se apoya en el parto con 120 bolivianos, y finalmente, se reciben cada dos meses 125 bolivianos para la alimentación de la criatura hasta los dos años de edad.

En este mismo sentido, aparece el nuevo Plan Vida –anunciado por el gobierno- para erradicar la extrema pobreza en el país, que supone un presupuesto de 2.900 millones de dólares que será distribuido en soberanía alimentaria, en servicios sociales y en servicios básicos. Mucho se ha hecho en materia de aumento de cobertura de electricidad (del 68% al 80%) y de alcantarillado (del 45% al 50%). Importantes son los avances en educación mediante el programa de alfabetización Yo Sí Puedo que logró resultados muy positivos. En materia sanitaria, también ha habido un importante incremento de las partidas sanitarias, creación de muchos hospitales así como introducción de nuevos tratamientos para enfermedades.

Todos estos programas han sido creados en aras de paliar dificultades en el corto plazo. No obstante, este objetivo no debe descuidar los problemas estructurales a medio y largo plazo. Mucho queda por hacer. Por ejemplo, la distribución de algunos medios de producción; entre ellos, algo tan esencial en la economía boliviana como es la tierra. En Bolivia, este factor está extremadamente mal distribuido; 100 familias tienen un total de 25 millones de hectáreas (PNUD, 2005)8 .

Frente a este desigual panorama, a mitad de noviembre del año 2006, tuvo lugar otro suceso no menos importante en este camino de cambios: las modificaciones de la Ley del Instituto Nacional de la Reforma Agraria que pretendía fundamentalmente: a) regular de manera justa y equitativa los procesos de reagrupamiento y redistribución de la tierra, b) corregir y agilizar el proceso de saneamiento de la propiedad agraria, y c) tramitar rápidamente la personalidad jurídica de las comunidades indígenas campesinas. Este cambio no suponía la expropiación a los latifundios como muchos escribieron, sino que revertían socialmente los latifundios improductivos, lo cual suponía que muchos pequeños campesinos pudieran aprovechar colectivamente tierras ociosas. Es algo a medio camino para una verdadera democratización de los medios de producción.

No se puede dejar de encomiar el esfuerzo por establecer un nuevo horizonte económico en cuanto al rol del Estado, a la soberanía alimentaria, a la soberanía energética y a otros objetivos alejados del convencional crecimiento económico. No obstante, la nueva organización económica no sólo debe ser un garante de muchos derechos básicos universales, sino que ha de incorporar otros aspectos adicionales, que sí representen un quiebre con el régimen de acumulación, y que además, supongan una importante nueva relación con la naturaleza, en mayor armonía y equilibrio.

A pesar de las enfáticas declaraciones a favor de otra economía hacia el Vivir Bien, hasta el momento, los cambios de facto en cuanto a políticas económicas desempeñadas son extremadamente tibios. Se pueden destacar algunas medidas que permiten confeccionar un Estado más protagónico, pero aún falta profundizar en el cambio en las relaciones de los medios de producción y en otras estructuras económicas. Se ha apostado por políticas asistencialistas, que si bien son necesarias en el corto plazo debido a las deficitarias condiciones actuales de vida de gran parte de la población boliviana, aún no supone ninguna ruptura estructural con el capitalismo, ni ayudan a introducir la lógica de la economía social comunitaria bajo el enfoque teórico más transformador.

No resulta tarea sencilla cambiar en un periodo tan cortoplacista las estructuras derivadas de la historia acumulada de colonialismo y neocolonialismo. Por ello los próximos años serán decisivos para trasladar los ejes de la economía hacia ese modelo social comunitario, pero entendido éste desde la teoría de transformación estructural, y sobre todo, el desafío de formar lideresas y líderes comprometidos con sus pueblos y convencidos de la economía social con características propias de la realidad boliviana, ya que no solo basta el conocimiento y las ganas de implantarlo, sino el poder político para mantenerlo en el tiempo y estructurarlo como eje fundamental del desarrollo de esta nación andina.

El caso ecuatoriano
En el año 2005, Ecuador se enfrentaba a la difícil reprimarización de la economía, con escasa inversión productiva, una competitividad centrada en la reducción de costos y en la obtención de rentas extractivas a costa del deterioro de los ecosistemas, ineficacia de un sistema tributario con una alta dependencia de los recursos naturales, y un elevado nivel de desigualdad y de pobreza. Rompiendo con la vieja “partidocracia”, Rafael Correa y Alianza País ganaron las elecciones presidenciales a fines de 2006, con una plataforma política denominada Revolución Ciudadana, dando un nuevo paso en el camino de derrotar la larga noche neoliberal9 .

Las constituciones ecuatorianas han excluido sistemáticamente a una importante cuota de la población (Ramirez, Igualmente pobres, desigualmente ricos, 2008), y por ello, de inmediato, el nuevo gobierno convocó una Asamblea Constituyente, dando lugar a una nueva Carta Magna que contó con el respaldo del 64% de la población. En este nuevo periodo, el objetivo central es el Buen Vivir y no meramente el crecimiento. La nueva Constitución recoge la implantación de una economía social y solidaria (artículo 281) como base para la transformación estructural. La propuesta del sistema económico social y solidario reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada de la sociedad, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales para el buen vivir.

Asimismo, se reconoce a la economía popular y solidaria como parte del sistema económico, lo que se concreta en un proyecto de ley, pero aún visto de manera parcial, y no integralmente. Cabe preguntarse si esta futura ley tiende a la transformación de las estructuras, o si acabará llevando a esta economía a la marginalidad, lo que dependerá en gran medida del acompañamiento y complementariedad de las demás políticas en el resto de los sectores económicos, y comprobar si existe concordancia con los objetivos marcados en la nueva Constitución.

En este sentido, un hecho resaltable es que el nuevo Plan ya no se llamará de Desarrollo, sino del Buen Vivir, marcando un punto de inflexión después de tantos años apegados al paradigma desarrollista. El Plan Nacional para el Buen Vivir pretende asentar las bases para un cambio en el régimen de acumulación, y favorecer la distribución y redistribución de los medios de producción que conlleve a una economía social y solidaria, como base de la nueva estructura de las relaciones económicas.

Este nuevo plan se sustenta en un Estado Plurinacional y promueve la participación social y el poder ciudadano. Proyecta las bases de un Ecuador post petrolero y post agro exportador para realmente gozar de una triple dimensión de la soberanía: alimentaria, energética y tributaria. Esto evitaría en gran medida los efectos derivados de la volatilidad internacional de muchas variables, así como de los males de la enfermedad holandesa10 .

La presencia del estado en la economía se ha hecho notar en los últimos años con la llegada de las nuevas políticas económicas abandonando las prácticas neoliberales. En el año 2009, el sector público no financiero acumuló ingresos por 18.372 millones de dólares, lo que representa un importante aumento desde el año 2006. Aunque ha habido una contracción al año anterior debido a la caída del precio del petróleo11 , cabe resaltar el incremento de los ingresos no petroleros. Este hecho muestra el adecuado camino para ir abandonando la senda de dependencia extractivista de los últimos años. El sector público aumenta su dimensión ganando soberanía tributaria: la presión fiscal ha aumentado desde 11,9% en el año 2006 a 14,8% en el año 2009 (FLACSO, 2010).

Los ingresos públicos han aumentado, lo que ha permitido otra forma de hacer política social, sin cambios estructurales pero sí incrementando las cantidades asignadas en cuanto a programas y personas. El gasto social ha pasado de 4,5% entre los años 2001 y 2006, al 8,4% en el año 2009. Los programas sociales que contempla el presupuesto sectorial de bienestar social son: el Instituto de la Niñez y la Familia (INFA), el Programa Aliméntate Ecuador (PAE) y el Bono de Desarrollo Humano (BDH).

El BDH incentiva a los beneficiarios a salir de la pobreza extrema, centrándose en la educación de los niños menores de 18 años y la obligatoriedad de la atención en salud de todos los miembros de este grupo familiar, otorgando becas equivalentes a un salario básico unificado a los hijos de los beneficiarios del BDH que accedan a la Universidad.

Para este modelo el desarrollo profesional es uno de los principales ejes para superar la pobreza, incentiva a las cooperativas solidarias con ventajas, a contratar con el sector público, o adquirir, como economías solidarias e indivisibles mediante la constitución de fideicomisos, las grandes empresas con la ayuda y presencia del Estado, teniendo en cuenta que estas permanecieron improductivas por años, fruto de la quiebra del país y de su sistema financiero en 1999 y así como por la posterior dolarización de la economía.

En el presupuesto sectorial de educación, un rubro importante es el de infraestructura escolar y los programas Hilando el Desarrollo. El BDH sigue siendo el programa estelar. En el 2007 su transferencia fue condicionada al cumplimiento de los requisitos establecidos por el Programa de Protección Social para las madres, los adultos mayores y personas con discapacidad. Este programa se centra en mejorar la alimentación, la salud y la educación en hogares pertenecientes a los quintiles primero y segundo de pobreza. Esta tipología de programas podría considerarse en el enfoque teórico primero para los países periféricos, es decir, políticas focalizadas para pobres.

Pero esta política no puede ser eje de una transformación económica. Una economía social como propuesta alternativa no puede tener como objetivo incrementar este tipo de ayudas, sino realizar los cambios estructurales para que éstas no se necesiten(Serrano & Acosta, Ecuador frente a la crisis internacional, un reto de múltiples aristas, 2009).

En materia productiva, la política económica pretende desarrollar un importante giro para robustecer el mercado interno y el aparato productivo doméstico, y acorde a esto, intentar la inserción en el mercado mundial priorizando los esfuerzos de integración regional (reciente entrada en el ALBA). En esta línea, las nuevas políticas económicas se replantean como una estrategia que contempla tanto la sustitución de importaciones, como la diversificación y también la sustitución de las exportaciones tradicionales, sobre todo aquellas propias de una economía extractivista (Serrano & Acosta, Ecuador frente a la crisis internacional, un reto de múltiples aristas, 2009).

Para ello, no hay lugar para volver a abrirse al exterior sin condiciones (o con condiciones desde afuera) derivados de otro cualquier tratado de libre comercio (sea estadounidense o europeo, tal como sucede en el Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina de Naciones y la Unión Europea). El nuevo régimen económico defiende sin titubeos la soberanía alimentaria en el nuevo texto constitucional.
Con relación a la tierra, aún falta una verdadera democratización de este factor. Aún no se ha llevado a cabo ningún cambio en la distribución agraria, algo que resulta crucial para una verdadera transformación del modelo económico debido a que según el Censo Agropecuario del año 2002, las propiedades de menos de una hectárea representan el 30% de las Unidades de Producción Agropecuaria (UPAs) y controlan el 0,78% del total de las hectáreas, mientras que en el otro extremo, apenas el 2.3% de las UPAs (propiedades de más de 100 has.) controlan por sí solas el 42,57% del total de la tierra.

Respecto al agua, sucede algo similar12 , aunque este es un tema abordado en la nueva ley de Aguas, que pretende realmente democratizar mucho más el acceso a este bien básico. La soberanía energética está en camino; se pretende un cambio de la matriz energética con mayor importancia de la energía hidroeléctrica, pero aún restan varios desafíos, entre lo que más destaca es tener la energía necesaria para la demanda interna, así como satisfacer la demanda nacional de derivados de petróleo con la refinación interna, sustituyendo importaciones muy caras.

En cuanto al medio ambiente, Ecuador ha avanzado mucho con la constitucionalización de los derechos de la naturaleza (Gudynas, 2009). Por ejemplo, la fracasada propuesta Yasuni-ITT, que buscó dejar el crudo en tierra a cambio de una compensación internacional, que como se sabe, por la hipocresía de las potencias mundiales y su falta de compromiso con el ambiente no prosperó, a consecuencia de lo cual el Gobierno decidió dar paso a su explotación pero con restricciones principalmente ecológicas, estando obligado a usar a través de la empresa pública de petróleo, tecnología de punta amigable con el ambiente, no interviniendo en las áreas donde se ha registrado presencia de los pueblos no contactados y con el compromiso de que los dólares que allí se generen, fruto de la extracción de petróleo, no saldrán de la Amazonía hasta que se hayan superado las necesidades básicas de sus pueblos, llevándoles así al desarrollo y no replicando los modelos fracasados del pasado.

No obstante, aún falta profundizar en la política de minas y de otros recursos naturales en consonancia con ese objetivo de armonía con la naturaleza que debe orientar a esa otra economía. El equilibrio entre las necesidades cortoplacistas, el cambio estructural del modelo productivo y la armonía con la naturaleza, no es una labor sencilla en la construcción de esa otra economía. Además, se requiere tiempo, correlación positiva de fuerzas internas y condiciones geopolíticas favorables para ello, lo cual no siempre se dispone simultáneamente en una misma dirección.

Conclusiones

Acorde al análisis presentado, se puede notar un fuerte soporte político y de liderazgo que hace posible el cambio de paradigma económico en Ecuador y Bolivia con la obtención ya de sus primeros resultados, siendo esta la base para superar las desigualdades sociales  tan marcadas en la población y empezar a redistribuir la riqueza de estos países privilegiando al ser humano por encima del capital, y entendiendo que el camino para superar la pobreza no es la falta de dinero sino la voluntad política de sus mandatarios.
Además, en base al análisis realizado, se puede notar que en el siglo XXI no habrá un modelo de economía de tipo socialista único para exportar o para copiar, habrá muchas formas de realizar la construcción del estado tendientes a un cambio de época en cada uno de sus entornos y realidades, ya que tendrán que responder y respetar los sistemas ecológicos, las tradiciones culturales y nacionales, incorporando los aportes de otros pueblos del pasado y del presente; e igualmente asumiendo lo más avanzado de la ciencia y la tecnología, pero valorando su idiosincrasia, sin olvidar que en el centro de este nuevo paradigma está el ser humano y su bienestar, traducidos en las propuestas andinas del Vivir Bien o Buen Vivir de Bolivia y Ecuador respectivamente.
La economía social se manifiesta con fuerza en países como Bolivia y Ecuador, entre otros, que han debido soportar las políticas neoliberales de los organismos internacionales y la presión de las multinacionales, que han aprovechado la apertura privatizadora de los bienes y servicios por parte del Estado, y a raíz de la llegada al poder de los gobiernos progresistas de Evo y Correa, han humanizando la economía con profundos cambios estructurales, basados en un modelo social-solidario en sus distintas acepciones.
El futuro de la economía social y solidaria se centra no sólo en conocerla de manera profunda y científica, sino principalmente en la alianza que la misma genera entre quienes la practican a pesar de las diferencias naturales y culturales; y el poder político que se requiere para insertarla con todas las particularidades de cada sociedad y Estado, mantenerla en constante perfeccionamiento y expandirla acorde al cambio de época que se experimenta. Esto se logrará con la generación de líderes que perpetúen una idea y un modelo socialista del siglo XXI en la comunidad ecuatoriana, boliviana y andina principalmente.
METODOLOGÍA
Los métodos utilizados para la realización del presente trabajo fueron los siguientes:

A partir de la evaluación de la bibliografía disponible, fue posible estructurar la lógica de la exposición de los diferentes juicios y hechos acaecidos en el país y en Bolivia en esta nueva corriente de la patria grande, la nueva izquierda o países progresistas.
Fue determinante, igualmente, la experiencia del autor durante sus años de trabajo relacionado con esta temática.

BIBLIOGRAFÍA

Acosta, A., Gudynas, E., Mártinez, E., & Vogel. (2009). Dejar el crudo en tierra o la búsqueda del paraíso perdido. Elementos para una propuesta política y económica para la Iniciativa de no explotación del crudo del ITT. Polis Revista académica de la Universidad Bolivariana , 23.
Antunes, R. E. (2006). Los sentidos del trabajo. Buenos Aires: Taller de Estudios Laborales/Ediciones.
Arrighi, G. (1999). El Largo Siglo XX. Madrid: Akal Ediciones.
Coraggio, J. (2007). Economía Social, Acción Pública y Política (Hay vida después del neoliberalismo). Buenos Aires: Editorial CICCUS.
Defourny, J. (1992). «Orígenes, Contextos y Funciones de un TercerGran Sector». Buenos Aires: Colección Lecturas de Economía Social, UNGS – Editorial Altamira.
FLACSO. (2010). Informe de Coyuntura, Una lectura de los principales componentes económicos, políticos y sociales durante el año 2009. Quito : La Prensa.
Grassi, E. (2003). Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal; La otra década infame (I). Buenos Aires: Editorial Espacio.
Gray, G. (2005). La economía boliviana más allá del gas. La Paz: PNUD.
Gudynas, E. (2009). El mandato ecológico. Derechos de la Naturaleza y políticas ambientales en la nueva Constitución. Quito: Ediciones Abya Yala.
Guerra, P. (2004). Economía de la Solidaridad: Consolidación de un concepto a veinte años de sus primeras elaboraciones. OIKOS, Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez , 103.
Laville, J. (2005). Economía Social y Solidaria. Una visión europea. Colección lecturas sobre la Economía Social. Mexico: UNGS – Editorial Altamira – Fundación OSDE.
Lora, E. (2001). Las reformas estructurales en América Latina: qué se ha reformado y cómo medirlo.París: Banco Interamericano de Desarrollo.
Miller- Adams, M. (2002). Owning Up: Poverty, Assets, and the American Owning Up Poverty, Assets, and the American.Miami: Poverty, Assets, and the American.
Monzón, J. (1998). La economía social: tercer sector de un nuevo escenario. Buenos Aires: Altamira - Fundación OSDE.
Morales, T., Serrano, A., & Montero, A. (2008). Organización Económica del Estado en la Nueva Constitución Política del Estado. La Paz: Oxfam.
Quijano, A. «. (2002). ¿Sistemas alternativos de producción? Buenos Aires: Contribuciones latinoamericanas. UNGS – ALTAMIRA.
Ramirez, R. (2008). Igualmente pobres, desigualmente ricos. Quito: PNUD.
Ramirez, R. (2008). Igualmente pobres, desigualmente ricos. Quito: PNUD.
Sen, A. (2000). Desarrollo y Libertad. Barcelona: Editorial Planet.
Serrano, A. (2008). Bolivia en proceso, como capítulo de libro La Paz en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio: Las nuevas estrategias de reducción de la pobreza en América Latina. La Paz: Fundación APY.
Serrano, A. (2009). Viejas políticas fiscales para una Nueva Constitución Política del Estado. La Paz: En prensa.
Serrano, A., & Acosta, A. (2009). Ecuador frente a la crisis internacional, un reto de múltiples aristas. Revista de Economía Crítica , 28.
Serrano, A., & Acosta, A. (2008). Bolivia en proceso, como capítulo del libro La Paz en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio: Las nuevas estrategias de reducción de la pobreza en América Latina.Quito: Fundación APY.
Singer, P. .. (1999). Uma Utopia Militante. Repensando o socialismo. Porto Alegre: Vozes.
Torrado, S. (2004). La herencia del ajuste. Cambios en la sociedad y la familia.Buenos Aires: Capital Intelectual.
Walsh, C. (2010). Development as Buen Vivir. París: Development.
Weisbrot, M., & Sandoval, L. (2007). La economía boliviana y su evolución reciente. Center for Economic and Policy Research. Washington: Center for Economic and Policy Research.
Weisbrot, M., Rebecca, R., & Johnson, J. (2009). La economía bajo el gobierno de Morales.New York: Center for Economic and Policy Research.
Willianson, J. (1990). What Washington means by policy reform, How Much Has Happened.Washington: Institute for International Economics.

Recibido: 10/06/2015 Aceptado: 09/07/2015 Publicado: Julio de 2015

---

Nota Importante a Leer:

Los comentarios al artículo son responsabilidad exclusiva del remitente.

Si necesita algún tipo de información referente al articulo póngase en contacto con el email suministrado por el autor del articulo al principio del mismo.

Un comentario no es mas que un simple medio para comunicar su opinion a futuros lectores.

El autor del articulo no esta obligado a responder o leer comentarios referentes al articulo.

Al escribir un comentario, debe tener en cuenta que recibirá notificaciones cada vez que alguien escriba un nuevo comentario en este articulo.

Eumed.net se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios que tengan lenguaje inadecuado o agresivo.

Si usted considera que algún comentario de esta página es inadecuado o agresivo, por favor,pulse aqui.