Observatorio Economía Latinoamericana. ISSN: 1696-8352
Ecuador

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IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS EN EL ECUADOR AL MARGEN DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

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Introducción.

Según indica (Wilson Miño, 2013) “el origen del cooperativismo en el Ecuador se viene a dar como parte de la sociedad humana, ya que siempre ha existido el cooperativismo como una práctica en el desarrollo, que en si está relacionado con un comportamiento totalmente coordinado e organizado con la finalidad de conseguir un objetivo o meta común”.

Pero para ser más exactos el cooperativismo en el ecuador remota desde la organización comunitaria indígena que básicamente tuvo como instrumentos una forma cautelar de cooperación ya sea para la construcción de caminos, viviendas o diversas obras de muy larga duración.

En la época del periodo colonial todo lo que eran las comunidades indígenas cooperaron para establecer comunidades de tierras comunales, esto quería decir que se repartían las tierras para hacer hacendados y así poder resistir el avance territorial, luego al pasar el tiempo los vecinos urbanos, o grupos artesanales y así un sin número de sociedades ya sea con propósitos de protección social abdujeron o mantuvieron estas formas de colaboración, que en si son de vital relevancia para el desarrollo histórico de la sociedad y del Ecuador.
           
Se puede decir que durante las primeras tres décadas del siglo XX en lo que respecta a la sociedad ecuatoriana se dio a conocer ya a un nivel más laboral o empresarial, político, lo que es un mensaje cooperativo, todo eso se debió a que en ese entonces se manifestó densos problemas en la educación y capacitación doctrinaria del país, a pesar de esto ya desde un punto de vista cultural la sociedad ecuatoriana se apropió del modelo cooperativo para el país.

El origen del cooperativismo ecuatoriano se remonta a fines del siglo XIX, cuando se organizan las primeras instituciones mutualistas de la mano de artesanos, industriales, obreros, comerciantes, empleados y patronos; instituciones caracterizadas por ser entidades gremiales y multifuncionales (Da Ros, 2007). Efectivamente, a decir de Jácome y Cordovéz (2004) en aquellas épocas las organizaciones gremiales conforman las primeras cooperativas con el objetivo de contribuir al bienestar de sus asociados.

En los inicios del cooperativismo, su progreso fue lento y registró inconvenientes para su consolidación, que ha decir de Miño (2013) los problemas son propios de una débil participación estatal y de un gobierno dominado por un modelo de libre mercado, lo cual sumado a la ausencia de un marco jurídico e institucional que regule y resguarde la operatividad y crecimiento de las cooperativas, generó una existencia precaria y temporal de estas organizaciones.

Según (Robert, 2015) indica “Se debe tener en claro que el cooperativismo sencillamente es un ligado de diversas personas ya sea naturales o jurídicas que forman o pertenecen a una parte de una sociedad ya que si es el caso del Ecuador deben estar legalizada por la Superintendencia de bancos que es aquella entidad que busca respaldar y beneficiar las actividades micro empresariales del país”.

Para 1937 el cooperativismo retoma importancia con la expedición de la primera Ley de Cooperativas en el gobierno de Alberto Enríquez Gallo, quien impulsa el sector cooperativo con el objetivo de racionalizar la economía tradicional y modernizar su estructura de producción, patrocinando la cooperación.
En el mismo año también se expidieron la Ley de Comunas y el Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas, por la necesidad de transformar las formas de producción agrícola, tras la expedición de la normativa, en 1948 ya se encontraban inscritas 159 organizaciones, sin embargo, esto fue producto de un interés lucrativo por las ventajas tributarias otorgadas por el Estado (Da Ros, 2007).

En los años 50, el desempleo y la pobreza fueron factores determinantes en la no consolidación del sector cooperativo (Miño, 2013). A pesar de ello, para los años sesenta se da un importante crecimiento del cooperativismo ecuatoriano producto del impulso del Estado y de las agencias norteamericanas de desarrollo AID, CUNA y CLUSA (Da Ros, 2007).

Con estos antecedentes, a decir de Miño (2013) y Da Ros (2007) la constitución del sector cooperativo en Ecuador se llevó a cabo con la intervención varios actores:

Acción Estatal: inicia por definir a las cooperativas como un instrumento de cambio agrario, para luego brindarles legitimidad jurídica mediante la expedición de una segunda Ley de Cooperativas en 1966.

Mediante esta ley el Estado muestra su predisposición por apoyar e impulsar el crecimiento del sector cooperativo, mediante una serie de concesiones especiales, tales como exención de impuestos, exoneración de gravámenes a las exportaciones, preferencias en licitaciones llevadas a cabo por instituciones públicas, entre otras.
 
En 1961 se crea la Dirección Nacional de Cooperativas (DNC) como ente de regulación y control del sector cooperativo, y con la expedición de la nueva ley, en 1969, se conforma el Consejo Cooperativo Nacional encargado de la planificar, coordinar y fomentar el cooperativismo en Ecuador.

Intervención norteamericana: los convenios celebrados entre la Dirección Nacional de Cooperativas y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) a partir de 1961, permitió la creación de numerosas cooperativas gracias al apoyo técnico y financiero brindado por estas entidades. Entre 1961 y 1966 se registró un crecimiento de más de cuatro veces del número de cooperativas con respecto a 1960.

Por otro lado, en junio de 1963 se constituye la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador (FECOAC). La conformación de este organismo se logró gracias a la acción de las agencias norteamericanas AID y CUNA y constituye la primera organización de integración de las cooperativas que se estableció legalmente en el Ecuador.

Presencia de la iglesia: la iglesia se convirtió en promotora de organizaciones populares y en especial de cooperativas enfocadas a la agricultura, ahorro y crédito, vivienda y forestales. Con la presencia de la iglesia en 1967 se constituye la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) y en 1970 el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) para desarrollar los sectores campesinos y urbanos de escasos recursos, a través de servicios financieros, asistencia técnica y capacitación.

Movilización social: representado por organizaciones sindicales y campesinas, con el objetivo de transformar la estructura agraria mediante la cooperación.

Hay que destacar que el desarrollo y expansión de sector cooperativo se ve fortalecido a raíz del auge petrolero que inició en 1972, a partir de lo cual, el número de socios pasó de 87 a 445 mil en el período 1973-1982. Así mismo, los aportes y depósitos se multiplicaron por 16 veces aproximadamente, mientras que los préstamos se multiplicaron en alrededor de 23 veces en el mismo período (Miño, 2013).

No obstante, la expansión de las cooperativas de ahorro y crédito con poca regulación estatal y la falta de una normativa actualizada hizo que estas instituciones sean consideradas de mucho riesgo para el sistema financiero. Por ello, a decir de Jácome y Cordovéz (2004), en 1985 mediante una resolución de la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) sería el ente encargado de controlar a las cooperativas de ahorro y crédito y precautelar los intereses del público en general. Para 1985, 23 cooperativas de ahorro y crédito grandes ya eran controladas por la SBS, mientras que más de 300 cooperativas medianas y pequeñas, seguían bajo la supervisión de la Dirección Nacional de Cooperativas (Miño, 2013).

A inicios de los años 90, uno de los hechos que sobresale es la intervención de la cooperativa más grande del país en esa época, la cooperativa San Francisco de Asís de Quito, la cual, tras haber sido acusada de irregularidades en un proyecto de vivienda en el año de 1989, entró en un proceso de desestabilización y paralización (Miño, 2013).

Como es de esperarse, este hecho afectó significativamente al sistema financiero cooperativo. Entre los años 1989 y 1990, el total de activos del sistema de cooperativas de ahorro y crédito disminuyó en un 32,64%, al igual que los depósitos de ahorro y la cartera de créditos, que disminuyeron en 26,73% y 36,32% respectivamente (Jácome y Cordovéz, 2004).

Según Miño (2010) a estos eventos los acompaña el cierre del Banco de Cooperativas (cierre como entidad cooperativa y futura privatización) y la conversión en sociedad anónima de la Cooperativa de Coopseguros, en el año de 1993.

Por otro lado, en el año 1994 se emite la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la cual ratifica a las cooperativas que realizan intermediación financiera con el público como parte del Sistema Financiero Nacional. Además, en el año de 1998 se emite el Reglamento de constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las COAC’s el cual establece que para la constitución de nuevas cooperativas abiertas al público se requerirá un patrimonio técnico de al menos de 300 mil UVC (unidades de valor constante).

En el año de 1999, Ecuador sufre la más grande crisis económica y financiera de su historia económica; crisis que no solo comprometió al sistema financiero en su conjunto, sino también al sistema productivo; provocando un severo racionamiento del crédito, así como una reducción de la capacidad adquisitiva de la población, entre otras consecuencias.

Jácome y Cordovéz (2004) advierten que, por efectos de la crisis, durante los años 1997 y 1999, la cartera de crédito del sistema de cooperativas de ahorro y crédito disminuyó en un 63,81%, al igual que los depósitos de ahorro que disminuyeron en un 59,86%. A pesar de ello, las cooperativas de ahorro y crédito no presentaron una crisis sistémica y conservaron los fondos de sus socios y ahorristas (Miño, 2013).

Luego de un período de desestabilización de la economía ecuatoriana a finales de los 90, el sector cooperativo de ahorro y crédito “por su propia característica y la fidelidad de sus socios presentó un proceso de recuperación mucho más rápido, al menos mediante la apertura del crédito, que otro tipo de instituciones financieras, como por ejemplo los bancos privados” (Jácome y Cordovéz, 2004).

Para el año 2001, un nuevo hecho que sobresale es la intervención por parte del Estado en el reglamento sobre el funcionamiento y constitución de las cooperativas a través del Decreto Ejecutivo No. 2132, el mismo que deroga el reglamento emitido en 1998 y lo sustituye por uno nuevo.

En este decreto se establece que el capital social mínimo para constituir una cooperativa será de 200 mil dólares, y que se requiere contar, al menos, con 50 socios para su funcionamiento. Estos requisitos debían ser alcanzados en un período de tiempo máximo de cuatro años, caso contrario la cooperativa tendría que liquidar. Este hecho significó una difícil situación para las pequeñas y medianas cooperativas que funcionaban en el país, las mismas que desaprobaron esta legislación al sostener que las cooperativas pequeñas no representan un factor de riesgo para el sistema nacional, sino que, por lo contrario, han brindado estabilidad durante los últimos años. Es así que, gracias a la acción del Comité Interministerial de Empleo del Estado, así como a la intervención de la FECOAC se logró aprobar que las cooperativas de ahorro y crédito cuyo patrimonio técnico se encontraba por debajo de los 200 mil dólares pudieran establecerse y continuar operando (Miño, 2013).

El sistema cooperativo en el Ecuador es sumamente una extensa tradición histórica debido a que ha ejecutado operaciones de una gran influencia para el desarrollo de sus habitantes, se puede decir que los miembros de este desarrollo también han obtenido un lucro personal ya que el país a lo largo de la historia su crecimiento económico fue lento.

Pero cabe recalcar que en los últimos años el país ha obtenido un crecimiento muy relevante ya que se ha dejado atrás el sistema financiero que era administrado o controlado por gobiernos cooperativos con fines de lucro propio, pero el hecho de que haya destituido gobiernos cooperativos no quiere decir que establece un peligro para la economía popular y solidaria en el Ecuador.

El gobierno actual cuenta con la creación de una estructura jurídica que en si contribuye al cooperativismo para que así pueda nacer una alternativa eficaz que pueda beneficiar las condiciones de vida de la sociedad del país, esto quiere decir que a través del cooperativismo se ha logrado componer  totalmente un movimiento socioeconómico que permite un gran volumen de  crecimiento para los sectores  sociales políticos y culturales, ejecutando poder incrementar la escala a nivel de vida, que así en la sociedad pueda nacer con principios, valores de solidaridad, equidad y justicia social.

En la actualidad es incuestionable, que las cooperativas y en general el asociativismo que es la inclinación socioeconómica más grande de la humanidad, es por este motivo que la economía solidaria es un sistema económico, social, político y cultural, que permitirá escalar el nivel de la humanidad principalmente de la clase media y baja, efectuando en ellas los valores y principios de la solidaridad, imparcialidad e igualdad (Derecho Ecuador.com, 2014, pág.3).

La economía solidaria se sustenta en los siguientes principios:

Este principio institucional florece la justificación en la constitución en el que indica que el desarrollo de las actividades económicas, de manera individual o agrupada, conforme a las nociones de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.

En noviembre del 2012, mediante comunicado de la agencia informativa Andes, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador inició el proceso de adecuación de los estatutos sociales de las cooperativas y asociaciones, con lo que se busca organizar mejor el sistema de control de estas entidades, que tendrán hasta mayo de 2013 para regularizarse.

Para el Intendente de ese entonces el cumplimiento de esta norma permitirá “brindar mayor seguridad y confianza a los socios y clientes de esas cooperativas. Hay que recordar que estas entidades reciben dinero de sus clientes y estos deben conocer que detrás de sus cuentas existe un proceso de supervisión”.

La Superintendencia puso a disposición de las cooperativas y asociaciones su página web, en donde se puede iniciar el proceso de adecuación, que empieza con el registro y obtención de las claves.  

Durante el tiempo que tardó el proceso, 181 organizaciones entre asociaciones de producción y consumo y cooperativas de vivienda, producción, servicios, y ahorro y crédito empezaron a adecuar sus estatutos.

En la página oficial existe un modelo de estatuto tiene todos los componentes que requiere una institución, que van desde el objeto social, las atribuciones como el consejo de administración, la asamblea de socios, los consejos de vigilancia”, manifestó el Superintendente de Economía Popular y Solidaria.

Según información de esta entidad, en Ecuador al mes de diciembre del 2012 según último dato oficial, existen más de 5.000 cooperativas, de las cuales 980 son de ahorro y crédito, alrededor de 2.800 funcionan en el sector no financiero, es decir en transporte, producción, servicios y vivienda, 1.600 asociaciones.

Las cooperativas y asociaciones están en la obligatoriedad de registrarse en la Supertintendencia, caso contrario serán sometidos a lo que dispone la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, que entre las sanciones consta el cierre definitivo.

Paralelamente la Superintendencia está supervisando el sector de la economía popular y solidaria, solicitando la información de balances financieros, el listado de los socios y visitas de control a las organizaciones.

Materiales y métodos

El presente trabajo corresponde a una investigación no experimental de tipo transversal, su propósito es describir variables y analizar su importancia en un momento dado (Hernández y otros, 2014).    Es de tipo exploratoria, debido a que el tema y la información recolectada será de interés exclusivo para el tiempo y el lugar donde se realizó. Es de carácter descriptiva porque mediante las variables estudiadas se podrá analizar de manera detallada la importancia de las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador.

Resultados
Tipos de cooperativas
Cooperativa de producción
Este tipo de organización tiene como meta principal la fabricación agraria, industrial o artesanal de capitales mediante el esfuerzo agrupado de los asociados.
La cooperativa de producción brinda mucho apoyo a los asociados en todo el proceso productivo que llevan a cabo. Se encarga de proveerles las semillas y otros insumos. La utilización de las maquinarias de la cooperativa es compartida entre los asociados y así también, en muchos casos se les provee para el sustento familiar mientras dura al proceso de siembra. Posteriormente, cuando llega el tiempo de levantar la cosecha, la misma es entregada a la cooperativa, que acumula así la producción de todos sus socios y se encarga de encontrar las mejores alternativas para la colocación de la producción. La cooperativa realiza la gestión de comercialización y el resultado de las operaciones, ya descontado los gastos, es distribuido entre los asociados. (Fiscalito puntocom, 2016).
Además, el gran volumen producido por la acumulación de cierta comercialización de la producción, que es producida por los socios, se lleva a cabo mejor por la cooperativa, cada uno por cada socio. La cooperativa también proporciona la suficiente infraestructura asociada y la contratación de personal de servicio técnico y asesoramiento tanto en términos de la producción y la gestión de los recursos financieros de las familias 1 (Fiscalito Puntocom, 2016).
Como puede verse, los fondos proporcionados por la cooperativa son instalaciones para los pequeños productores, que difícilmente pueden acceder de forma individual. La organización de cooperativas de producción es una herramienta de desarrollo muy eficaz para que los agricultores se aprovechen de una empresa común (Fiscalito 2016).

Cooperativas de ahorro y crédito

Las cooperativas de ahorro y crédito o como sus siglas en ingles Saving and Credits Cooperative son entidades que tienen como finalidad suplir con las necesidades financieras de un tercero, la organización está conformada por personas naturales o jurídicas que unen sus capitales para formar la cooperativa, en la actualidad se rigen bajo La Superintendencia de la Economía Popular y solidaria y por ende deben sujetarse bajo la presente ley 2 (LOEPS, 2011).
Las cooperativas de ahorro y crédito están estructuras de acuerdo a las leyes establecidas por cada País, es fundamental que toda cooperativa deba tener una gama de servicios financieros accesibles para crear oportunidades de negocio a sus socios, cabe recalcar que los socios tienen derecho a postularse para consejo.
El objetivo de las cooperativas de ahorro y crédito es contribuir con personas de los sectores menos favorecidos a prosperar por medio de un préstamo con tasas moderadas y así que ellos implementar un negocio para surgir en su vida personal.
Las características de una cooperativa de ahorro y crédito es que sus socios tienen la confianza que poder invertir su dinero estableciendo ideas claras y los objetivos a cumplir en un determinado tiempo, así mismo establecer los beneficios que le corresponde a cada uno.
Es importante mencionar la misión de estas instituciones es ofrecer un servicio de calidad y rentabilidad financiera y social, que a la vez están comprometidos en el desarrollo socioeconómico de las zonas de influencia.

Cooperativa de comercialización

Las cooperativas de comercialización 3 tienen como objetivo primordial brindar a los socios cualquier tipo de mercaderías que sean de libre comercio, con el fin de mejorar el servicio de compra y venta para de esta forma ofrecerle al pueblo precios cómodos y justos.

Cooperativa de vivienda
Se comprende por cooperativas de viviendas cuando se tiene como naturaleza la compra de bienes para la realización de obras, construcción y otras actividades que sean de utilidad de los socios.

Cooperativa de servicios

Las cooperativas de servicios son creadas con el fin de cumplir con las diferentes necesidades de los asociados o socios, existen diferentes tipos como lo son: de alquiler de maquinaria agrícola, de transporte, de seguros.

Cooperativas d transportes
Las cooperativas de transportes es una asociación de transportistas que se proponer en trabajar de manera organizada para así brindar un servicio de calidad y eficiente hacia un pueblo para mejorar dicho transporte y realizar prestamos de tipo internos.
 
Importancia social de las cooperativas en el ecuador
La importancia social de las cooperativas en el Ecuador es de suma importancia ya que debido a esto nace el sistema cooperativo en el Ecuador siendo esto una considerable respuesta social para sustituir las considerables faltas de préstamos y en varios casos para impedir prestamos de personas avaras, mediante fue pasando el tiempo el área de las cooperativas fue experimentando diversos tipos de transformaciones, las zonas sociales que cuentas con pocos recursos en el pasado no han podido acceder a las cooperativas  por carencia de prestigio y garantías de tipo económicas (Andes, 2013).
El sistema privado financiero ha tenido mayor preferencia directamente al comercio y a las áreas de mayores ingresos económicos. El cooperativismo desde principios de los años 70 ha tenido varias modificaciones en correlación a los grupos originales, los cambios están vinculados con el área urbana y proyectando movimientos a las empresas de clase económica medias y altas.
En conclusión, desde los años 70 se menciona un crecimiento en las zonas urbanas 4 y clases altas creciendo a los transportistas, oficinistas y militares, pero por otro lado disminuyen los agricultores, obreros, artesanos, entre otros. Estos métodos han contribuido a que sectores que antes eran excluidos puedan tener más beneficios.

El sector de las cooperativas en el marco de la dolarización
Es importante mencionar que, a partir del año 2000, año en el cual se inició la dolarización hubo un sinnúmero de problemas ya que la economía del país no estaba pasando por su mejor momento, al establecerse una nueva moneda en la que las personas tendrían que acoplarse a este nuevo sistema monetario.
La primera cooperativa en el Ecuador fue en el año de 1910 subscrita con el nombre “Compañía de Prestamos y Construcciones”. Ya con la presidencia de Isidro Ayora aprueba con los estatutos que pertenecen a la cooperativa de consumo. Cabe recalcar que las iniciativas de las cooperativas fueron por parte de los artesanos, comerciantes que se vieron afectados por la crisis y por falta de capital y que gracias a estas iniciativas se han formado diferentes mecanismos para el sector de las cooperativas, dando hincapié a la aportación de capital por parte de los socios. 5 (W. Miño Grijalva, 2013).
En la actualidad en el Ecuador existe alrededor de treinta y nueve cooperativas calificadas al sistema nacional de Pagos. El cooperativismo al pasar del tiempo y de afrontar obstáculos promovió acceso a diversos sectores que necesitaban capital para formar diferentes asociaciones de producción en el campo de ahorro y crédito, esto significa que en la actualidad representa un  instrumento de innovación socioeconómica y una garantía de servicio que afirmó las bases de un crecimiento futuro que ya  para el año 2013 en el Ecuador representa el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera el 64% de empleo a nivel nacional, es decir que esta economía dinamiza la política económica y productiva del país.

Interacción con el desarrollo socioeconómico en Ecuador
Según (Were, Nzomoi y Rutto, 2012), la relevancia del sistema financiero en el fomento del desempeño económico ha sido tratada en la literatura mediante modelos de crecimiento endógeno, puesto que brindan un buen punto de partida para analizar el impacto de la actividad financiera sobre los resultados económicos.
A diferencia de los modelos neoclásicos, los modelos de crecimiento endógeno no consideran que el progreso técnico este determinado desde fuera de la esfera económica, sino más bien, que puede ser explicado como resultado de factores endógenos.
Arévalo (2004) manifiesta que, para explicar el crecimiento endógeno de un país se debe tener en cuenta dos conceptos: (a) las externalidades positivas en la producción, donde los resultados de las empresas pueden verse afectados positivamente por el propio desarrollo de la actividad económica en general; y (b) el capital humano, que, mediante la acumulación del aprendizaje y la propagación de la tecnología, se lograría incrementar la productividad del trabajo.
En alusión al papel del sistema financiero, Were, Nzomoi y Rutto (2012) exponen que los servicios financieros, tales como la disponibilidad de crédito, pueden influir sobre el crecimiento económico a través de su impacto ya sea sobre la acumulación de capital o sobre la innovación tecnológica, por lo que, asumiendo que el progreso técnico este correlacionado con la disponibilidad de crédito.

La población y el sector cooperativista
Ecuador tiene una amplia trayectoria de cooperativismo de más de un siglo, vinculado no solo al ahorro y crédito sino también al sector no financiero, es decir, cooperativas de transporte, producción, servicios, de comercialización, entre otros.
La superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), destacó que esto permitió que con el transcurso del tiempo se consolide un sector que ha permitido a través de estas formas de organización, procesos de redistribución de la riqueza más interesantes.
Hasta junio de este año se registraron cerca de 3.176 cooperativas, tanto del sector financiero como no financiero, y alrededor de 2.839 asociaciones.
En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito en el país funcionan cerca de 888 que pertenecen al sector financiero, mientras que 2.288 son del no financiero. Este sector económico popular y solidario tiene alrededor de 5 millones de socios Jácome precisó que del sector cooperativo el 55,7% está concentrado en el área de servicio, es decir son cooperativas de transporte, 27,6% de ahorro y crédito, 8,9% de producción, 7% de vivienda y 0,3% de consumo.
Las cinco cooperativas financieras más grandes que existen en Ecuador prácticamente representan al tamaño de cerca de doce bancos privados, es decir en el sector cooperativo también existen organizaciones grandes e importantes que tienen relevancia, además, que el sector cooperativo maneja alrededor de 6.000 millones de dólares en activos, relacionados con ahorro y crédito.
Se precisó mediante canales oficiales que el trabajo de la SEPS es insertar a las cooperativas en los procesos de control y supervisión que establece la entidad.
Adicionalmente se agregó que los canales que había antes no eran los más adecuados, sobre todo a través de la desaparecida Dirección Nacional de Cooperativas, y ahora hay un proceso para que se adapten, manejen y reporten información de una manera ética y transparente, de acuerdo al marco legal vigente, que comprende la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, como las diferentes leyes conexas que son las tributarias y de prevención de lavado de activos.
Se detalla que cuentan con un plan anual de supervisión que se realiza de manera periódica, consistente en visitar todos los meses las cooperativas para ver si cumplen lo establecido en la normativa, para evitar que se pongan en riesgo los depósitos y el dinero de los socios, y también   velar por el buen manejo económico y financiero de las organizaciones.
La superintendencia aclaró que si se detectan irregularidades, siendo que la función de la SEPS es denunciar y comunicar de manera inmediata a las autoridades competentes, sea a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) o a la Fiscalía General del Estado, dependiendo  del caso.
Hasta junio de este año  se reportaron  3.176 cooperativas, según el informe de la Superintendencia, la cooperativa es una buena gestión cuando se la maneja con total transparencia.
En este sentido es importante que a través de leyes o reglamentos se permita una mayor participación de los usuarios y de los accionistas de las cooperativas en el control de las mismas.
El control no solo debe estar en manos de las superintendencias, sino también de otros organismos, si bien es cierto las instituciones de control realizan un buen trabajo y manejan las cosas desde un punto de vista determinado, sería importante educar   la mentalidad de los socios que  forman parte de la cooperativa para que sientan que son  los propietarios de las mismas, porque todavía hay el viejo criterio entre los cooperados de que el presidente o los miembros del directorio son los dueños de la cooperativa.
En este sentido, se resalta la importancia de que se realicen encuentros o seminarios dirigidos no solo a los gerentes de las cooperativas, sino también a las bases.
Es importante saber que en Ecuador el cooperativismo es bueno porque implica el primer paso hacia la solidaridad, hacia el rompimiento del criterio individualista y personal que el sistema impulsa.
Esto tiene buenos resultados cuando quienes participan tienen plena conciencia de lo que significa su participación.
La cooperativa de Ahorro y Crédito Jep, tiene 400.000 socios en el país, y afirma que los controles son importantes dentro del sistema para evitar que ingresen fondos de dudosa procedencia, indica que se realizan cuatro auditorías cada año en todos los procesos y áreas de la institución de riesgos.
La cooperativa, cuya matriz funciona en la provincia de Azuay, posee 600 millones de dólares en activos y desde 2007 es la más grande del país. La cartera de crédito hasta mayo de este año supera los 500 millones de dólares, y desde noviembre del año pasado la SEPS inició sus actividades de regulación en las cooperativas que antes estaban a cargo de la SBS y del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Desarrollo local con la economía popular y solidaria
                La Constitución de 2008, cuya filosofía principal se fundamenta en el principio del “Buen Vivir”, en su artículo 283, establece que el sistema económico en el Ecuador es social y solidario y se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria   en   el   cual   pasan   a   integrarse   los   sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.
De esta manera en nuestro país se da origen a la aplicación de enfoques integrales que ya venían practicándose en varios países de América Latina, orientados   hacia   el   crecimiento   de   los   países   a   través   del fortalecimiento social.
Concatenadamente, se articularon políticas complementarias a la Carta Magna que permitieron la vinculación del componente económico con otras dimensiones de desarrollo integral, para propiciar el balance social con respeto a la cultura, la ecológica, y la ética. 
Estos nuevos esquemas cuyo propósito ulterior es mejorar la calidad de vida y la erradicación de la pobreza, fijan un sistema inclusivo con la participación de los actores considerados vulnerables, para desarrollar las capacidades de las personas, garantizar la calidad de vida, lograr la cohesión social, el desarrollo institucional, el respeto a la heterogeneidad y diferencias culturales, construyendo identidades y futuros comunes.
Tal como la entendemos, la Economía popular y solidaria no es meramente un programa para aliviar la pobreza en una coyuntura de crisis, tampoco es una utopía, se fundamenta en un diagnóstico planteado por los investigadores del largo período histórico: el sistema capitalista organizado que experimentamos después de la Segunda Guerra Mundial ya sea como estado de bienestar en el norte o como estado desarrollista en el sur, no es una opción segura para un futuro incierto.
Los treinta años regidos por el neoliberalismo han aplicado la nueva revolución tecnológica de acuerdo con un modelo centrado en la acumulación de los grupos económicos más concentrados y la degradación de los derechos sociales ganados durante las tres décadas anteriores, y esto ha ido penetrando el imaginario de la sociedad y ha llegado incluso a pequeños ahorristas atrapados por la crisis de los fondos de inversión.
Para hacerlo, se ha ahondado en la tendencia natural de una economía de mercado a conformar un mercado mundial, supuestamente autorregulado, en la práctica dirigido por estos conglomerados concentrados. En este contexto, los países de América Latina, que circunstancialmente gozan de términos de intercambio favorables en cuanto a materias primas y alimentos, pueden procurar generar nuevas bases estructurales que superen la sociedad dual que las caracteriza en la mayoría de los casos.

Este esquema abstracto se concreta de diversas maneras en cada uno de nuestros países, por ejemplo, Brasil tiene un fuerte sector empresarial, apoyado activa e institucionalmente por los recursos del Estado y políticas, parciales, pero co-construidas, de apoyo a una economía solidaria basada en micro emprendimientos asociativos.
Venezuela es altamente dependiente de las importaciones y en ella tiene un fuerte peso la economía pública fundada en la extracción y uso de la renta del petróleo bajo propiedad estatal, redirigida a crear una economía popular orgánica con mayor control de la actividad productiva.
Argentina desindustrializada en la que la economía pública capta parte de la renta agraria y la dedica a realizar transferencias y subsidiar programas para aliviar la penuria de los sectores populares, a la vez que se erosionan fuertemente los ecosistemas.
Por último, Bolivia y Ecuador son altamente dependientes de las importaciones y presentan un sector histórico de economía popular con fuerte peso del campesinado y las comunidades indígenas.
En cuanto a tendencias, en todos se verifica un “retorno del Estado”, es decir, un crecimiento de la economía pública, así como procesos de redistribución importantes del sector empresarial a la economía popular mediados por el Estado.
En Bolivia, Ecuador y Venezuela han tenido lugar movilizaciones fundadas en los movimientos de los actores de la economía popular que plantean un cambio estructural, no del esquema de economía mixta, pues subsisten las formas de organización económica de los tres sectores, sino del papel regulador y redistribuidor del Estado y del peso relativo de los tres sectores, en el que se privilegia el de una economía popular orgánica y solidaria.

De conformidad con el trabajo de (Singer, Coraggio, 2007) se evidencia que no se limita el alcance de la economía solidaria a las organizaciones asociativas (internamente solidarias) de la economía popular, sino que incluimos al estado como parte de una economía solidaria, principalmente a través de la aplicación del principio de redistribución (de ingreso, de bienes públicos, de medios de producción), pero también como garante del cumplimiento de los derechos sociales y rector del proyecto de construir un sistema económico que sustente una sociedad no dual, integrada, socialmente justa.
Más problemático es asumir que una parte del sector empresarial tiene características de solidaridad. Sin embargo, existen y de algún modo se están expandiendo acciones de solidaridad filantrópica, de manera directa o a través de fundaciones y ONG.
Siguiendo este diagrama podemos sugerir que, mientras que en el caso de Argentina y Brasil se trata de formar organizaciones asociativas y autogestionadas de trabajadores a partir de la economía popular y en particular de los sectores excluidos, en el caso de Venezuela se apunta a crear empresas cooperativas, comunitarias, populares, mixtas y familiares, todas ellas como parte de la categoría empresas de producción social y sin estar conformadas necesariamente por los más pobres. Esto se realiza tanto por iniciativa de comunidades locales constituidas a tal fin como mediante la transformación de empresas privadas y públicas, incluida la posibilidad de formas mixtas público comunitarias.
En el caso de Ecuador se puede afirmar, por un lado, que todo el sistema de economía mixta debe ser social y solidario, y por el otro se da prioridad (como manda la Constitución) a desarrollar formas solidarias desde el interior de la economía popular (que no es por naturaleza solidaria). Finalmente, en Bolivia se habla explícitamente de una economía plural, otorgando un peso particular a la economía comunitaria, parte de la economía popular.
En Brasil y Argentina, la Economía social y solidaria y sus instituciones surgen o se abren paso como un elemento más de estrategias sociales y políticas de inserción o reinserción de sectores excluidos al mismo régimen económico que los excluyó.
En Venezuela, Bolivia y Ecuador, los recientes procesos constituyentes incorporan la Economía social y solidaria como parte central de una ruptura institucional, enmarcada en una propuesta de cambio en el régimen social de acumulación.
En el caso de Bolivia y Ecuador, esto es parte a su vez de una propuesta de mayor alcance: la de revertir el proceso histórico de modernización incompleta y contrarrestar su pretensión de uniformización de las formas productivas según el prototipo ideal de la empresa privada o pública de capital y la proletarización de los trabajadores.

Conclusiones y reflexiones
Las nuevas constituciones de Bolivia y Ecuador reconocen la diversidad de formas de organización económica empíricamente verificadas (por ejemplo, las formas de economía de autoconsumo, como la economía familiar en Ecuador o el sistema comunitario en Bolivia y Ecuador) y proponen institucionalizarla como propia de una economía plural, reconociéndola jurídicamente, haciéndola sujeto e interlocutor de políticas de promoción y consolidación.
En el caso de Venezuela, la innovación se da dentro de un proyecto estatal que busca el desarrollo de la productividad y una distribución más equitativa de la riqueza mediante formas autogestionadas a cargo de los trabajadores-propietarios o las comunidades locales en conjunción con las empresas públicas, donde estas nuevas formas responden a un modelo prefigurado casi ingenierilmente.
En los tres casos existe una voluntad política expresa de transformación importante del sistema económico, reorientándolo hacia la resolución de las necesidades de todos.
En esos tres países y en Argentina se reafirma el papel del estado como representante de un proyecto popular y como director del proceso económico, pero la planificación integral solo vuelve a ser puesta en el centro del proceso de desarrollo de un nuevo régimen económico en los tres países andinos.
Brasil puede definirse como una consolidación exitosa de un régimen económico capitalista más centrado, pero con un reconocimiento, por presión de sus actores, de la Economía social y solidaria como forma de la actividad económica.
En cuanto a los recursos para la acumulación y redistribución, en las Constituciones de Bolivia, Ecuador y Venezuela se plantea la nacionalización de la renta de los hidrocarburos.
En Argentina, las políticas recientes se basan en la captación de las rentas agraria y minera resultante de los altos precios del mercado mundial como fuentes para alimentar un modelo de acumulación más autocentrado.
En el caso de Brasil no hay novedades en este sentido que se basa en la profundización de la industrialización combinada con la exportación de productos primarios.
En Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela se verifica, por un lado, una tensión entre las declaraciones de respeto al equilibrio ecológico y de deseos de superación del carácter extractivista del modelo económico capitalista periférico, y por el otro, las urgencias de generación y captación de grandes excedentes para invertir en la mejoría inmediata de las condiciones de vida de las mayorías y la inversión para diversificar la economía.
Puesto que se trata de economías básicamente primario exportadoras, esta captación rápida de un mayor excedente implica la permanencia e intensificación del modelo extractivista y una nueva apertura a las inversiones del capital global que se mueve en ese título.
El proyecto de una Economía social y solidaria se desenvuelve en medio de estas tensiones, pues a la vez que se admite la virtuosa relación entre inserción laboral y satisfacción de necesidades básicas, en el conjunto se aprecia como forma subordinada en este momento de la transición, pero el proceso tiene un fuerte dinamismo y hay grandes mayorías que no podrán ser integradas productivamente en el régimen de acumulación capitalista extractivista, lo cual señala el potencial, basado en la necesidad.
En América Latina, la Economía Popular y sus formas de resistencia o de supervivencia proveen la base socioeconómica y cultural sobre la cual puede construirse una economía solidaria, el campesinado, así como sus organizaciones renovadas (MST en Brasil, Vía Campesina, etc.), el movimiento argentino de piqueteros, los movimientos de género, los movimientos étnicos y las corrientes de la teología de la liberación constituyen fuerzas sociales que pueden tanto inducir la voluntad política como dar fuerza y sentido desde las prácticas solidarias de la Economía Popular.
Cabe anticipar que, dada la situación social extremadamente grave con que se inicia el siglo XXI, las nuevas políticas de economía social y solidaria no se separarán tempranamente de una matriz de política social asistencialista, más o menos eficiente a corto plazo.
De hecho, la experiencia latinoamericana indica que la política social y las políticas públicas de desarrollo de formas de producción diversas de la empresa de capital no son una opción, sino que hay que ver el lado de la distribución de ingresos y bienes públicos como parte de una política integral de economía social y solidaria.
Al mismo tiempo, la conciencia de que se ha llegado a esta situación por las deficiencias profundas de integración social derivadas de un régimen de acumulación capitalista periférico puede inducir a que organizaciones políticas propongan transformaciones importantes y de larga duración en el sistema institucional.
Adicionalmente, la transición a un nuevo régimen económico, orientado a la vida digna de todos, no parece viable sin acumulación e inversión adecuada del excedente, lo que tensiona los objetivos estratégicos de superar un sistema extractivista ruinoso no solo para el ecosistema sino también para las futuras generaciones.
La cuestión central es cómo se reestructurará la hegemonía de cada sector de la economía mixta y, en particular, cómo será la jerarquización entre los principios de institucionalización del proceso económico: el de mercado (hoy hegemónico) y principios como el de la reciprocidad, el comercio justo, la redistribución, la no explotación del trabajo, el no extractivismo y el consumo responsable.

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Recibido: 28/06/2017 Aceptado: 03/07/2017 Publicado: Julio de 2017

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